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Solicitud para investigar a la presidencia ejecutiva del INA por presunto incumplimiento de deberes

Escrito en 21/04/2025. Publicado en Derechos, Educación.

Con fecha de hoy 21 de marzo de 2025 la vicepresidenta de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje INA, Eleonora Badilla Saxe, solicitó al Auditor Interno de dicho Instituto, Alfredo Hasbum Camacho, realizar una investigación por presunto incumplimiento de deberes por parte del presidente ejecutivo, Christian Rucavado Leandro.

La vicepresidenta Badilla Saxe se refiere al artículo 8 de la Ley Orgánica del INA, que indica que su Junta Directiva debe sesionar ordinariamente una vez por semana, y al artículo 9 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, que establece que el presidente ejecutivo de la institución tiene el deber de:

b. Convocar a sesiones Ordinarias y Extraordinarias.

c. Abrir, suspender y levantar en cualquier momento, con causa justificada, las sesiones.

Manifiesta la vicepresidenta Badilla Saxe que la Junta Directiva no ha sesionado desde el pasado 17 de marzo; que ha habido convocatorias y cancelaciones sucesivas de al menos cuatro, y que las razones para las cancelaciones no son justificación suficiente para que la Junta Directiva no sesionara.

Las razones dadas por la secretaria técnica a.i. siguiendo instrucciones del presidente ejecutivo Rucavado Leandro incluyen problemas técnicos con los equipos (sin que se hayan buscado alternativas emergentes) e imposibilidad de “algunos miembros” de asistir a sesiones presenciales, (sin que se indique cuántos y quiénes no podrían asistir, ni las justificaciones dadas para no hacerlo).

La última cancelación para la sesión de este hoy 21, se refiere a que el Consejo de Gobierno podría ver en su siguiente sesión, la solicitud enviada por UCCAEP para que la vicepresidenta Badilla Saxe sea destituida como su representante ante la Junta Directiva del INA.

Considera la señora Badilla Saxe que, además del incumplimiento de deberes por parte del presidente ejecutivo Rucavado Leandro, podría haber una persecución laboral, siendo que se está actuando en su perjuicio, aún antes de que sesione el Consejo de Gobierno y tome cualquier decisión.

Jefe de Recursos Humanos presentó denuncia penal contra Catalina Crespo y Mario Zamora

Escrito en 11/08/2022. Publicado en Trabajo.

La denuncia fue presentada por presuntos delitos relacionados con el deber de probidad, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, entre otros.

Jueves 11 de agosto del 2022. El jefe de Recursos Humanos de la Defensoría de los Habitantes, Hernán Rojas Angulo, presentó una denuncia penal contra la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, y Mario Zamora Cordero, Director del Despacho, por posibles delitos relacionados con el deber de probidad, tráfico de influencias, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, entre otros.

En cumplimiento del artículo 281 del Código Procesal Penal, el Sr. Rojas Angulo interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, transparencia y Anticorrupción por presuntos actos irregulares e ilegales cometidos por Catalina Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes, y Mario Zamora Cordero, quien al momento de los hechos fungía como Director del Despacho de Crespo.

Los delitos denunciados tienen relación con faltas al Deber de Probidad, incumplimiento de deberes, faltas al deber de control interno, abuso de autoridad, conflicto de intereses, tráfico de influencias, enriquecimiento y favorecimiento ilícitos.

Es importante señalar que cada uno de esos actos fueron debida y oportunamente advertidos por el Sr. Rojas Angulo directamente al Despacho de Crespo, sin embargo, nunca fueron atendidos como en derecho corresponde; por el contrario, la respuesta prepotente fue el hostigamiento y las constantes amenazas para que obedeciera, se callara y acatará las “ordenanzas” del Director del Despacho presuntamente emitidas con “órdenes superiores”.

El Sindicato de Funcionarios y Funcionarias de la Defensoría, es conocedor de las numerosas advertencias que ha realizado el Jefe de Recursos Humanos para que los procedimientos se ajusten a derecho, cuando se ha incurrido en nombramientos sin el cumplimiento de requisitos, el pago prolongado de recargos injustificables, el favorecimiento a asesores y allegados al Despacho, los traslados forzosos de directores y funcionarios sin una justificación específica, las insinuaciones infundadas de corrupción, entre tantas otras estrategias de hostigamiento laboral.

No estamos ante un conflicto interno entre el funcionariado y la Defensora de los Habitantes y su despacho, no estamos ante un conflicto personal, cientos de voces de la sociedad civil organizada nos dan la razón: estamos ante una crisis en la Institución Nacional de Derechos Humanos de Costa Rica, provocada por el autoritarismo de una jerarca que violenta los derechos laborales del personal y que ha desmantelado la Defensoría de los Habitantes, a la vista y paciencia de las autoridades nacionales e internacionales.

Punto y Seguimos…