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Etiqueta: inseguridad ciudadana

¿En contra de qué y a favor de qué votó Costa Rica?

Un análisis a partir de encuestas del CIEP-UCR, IDESPO-UNA y Demoscopia permite comprender por qué el enojo social, la inseguridad y la decisión tardía pesaron más que los cuestionamientos éticos en el voto presidencial y legislativo.

SURCOS. El resultado de las recientes elecciones nacionales, que dio el triunfo al Partido Pueblo Soberano en la Presidencia de la República y le otorgó una amplia bancada legislativa, ha generado una pregunta insistente en amplios sectores sociales, académicos y organizativos: ¿cómo es posible que, pese a denuncias éticas graves, cuestionamientos públicos a candidaturas electas, un estilo confrontativo desde el Poder Ejecutivo y afectaciones visibles a instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social, la educación pública y los organismos de seguridad, una mayoría del electorado optara por esa opción política?

Los estudios de opinión elaborados por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (IDESPO-UNA) y la firma Demoscopia permiten ofrecer algunas explicaciones sólidas, sin recurrir a descalificaciones simplistas del electorado ni a interpretaciones basadas únicamente en impresiones posteriores al resultado.

Prioridades sociales: inseguridad, enojo y costo de vida

Uno de los hallazgos más consistentes en los estudios de Demoscopia y del CIEP es la centralidad de la inseguridad ciudadana, la violencia criminal, la corrupción, el desempleo y el costo de la vida como los principales problemas percibidos por la población. En esas mediciones, temas como salud pública y educación, aunque importantes, no ocuparon los primeros lugares en la agenda inmediata de preocupación ciudadana.

Este orden de prioridades ayuda a comprender que una parte significativa del voto fue emitida a favor de promesas de orden, control y ruptura con lo que se percibe como ineficacia del sistema, y en contra del miedo, el enojo y la frustración acumulada, más que como una adhesión explícita a propuestas orientadas a debilitar derechos sociales.

Decisión tardía y uso de atajos emocionales

Otro elemento clave es el alto nivel de indecisión hasta las últimas semanas, documentado tanto por Demoscopia como por los informes del CIEP publicados en enero. Una proporción relevante del electorado decidió su voto en el tramo final de la campaña, cuando el tiempo para evaluar programas de gobierno, trayectorias personales y consecuencias institucionales es limitado.

En contextos de decisión tardía, las personas tienden a recurrir a atajos cognitivos y emocionales: liderazgo percibido como fuerte, discursos confrontativos, promesas simples, narrativas de castigo a “los de siempre” o identidades políticas definidas más por oposición que por proyectos programáticos. Este fenómeno ayuda a explicar por qué denuncias éticas graves no siempre se traducen en castigo electoral inmediato, especialmente cuando la prioridad está puesta en resolver problemas urgentes.

Seguridad y símbolos de “mano dura”: un refuerzo contextual

En este escenario, es razonable considerar que determinados gestos y anuncios simbólicos asociados al tema de la seguridad hayan reforzado percepciones de autoridad y control. Dado que la inseguridad aparece de forma reiterada como la principal preocupación ciudadana en las encuestas, propuestas divulgadas como la construcción de una megacárcel, así como la visita al país de figuras internacionales asociadas a políticas de “mano dura”, pudieron haber reforzado emocionalmente la idea de orden y firmeza, aun sin que existiera una evaluación detallada de su viabilidad, costos o consecuencias.

Metodológicamente, las encuestas no permiten afirmar una relación causal directa entre estos hechos y el resultado electoral. Sin embargo, en un contexto donde la inseguridad ocupa un lugar central en la agenda ciudadana, estos símbolos pueden actuar como catalizadores que inclinan percepciones y refuerzan decisiones ya frágiles o poco consolidadas.

Cuando la política no se conversa: el peso del silencio social

Un factor menos visible, pero crucial, aparece en los estudios del IDESPO: amplios segmentos de la población hablan poco o nada de política en sus entornos cercanos, ya sea en familia, con amistades o en espacios comunitarios. Este silencio cotidiano limita la posibilidad de procesar colectivamente información compleja, incluidos los cuestionamientos éticos.

Cuando no hay conversación social sostenida, las denuncias tienden a quedar aisladas, fragmentadas o absorbidas por un clima generalizado de desconfianza en la política, donde predomina la idea de que “todos son corruptos”. En ese contexto, lo ético no desaparece, pero pierde fuerza como criterio de decisión, frente a emociones más inmediatas como el miedo, el enojo o la sensación de urgencia.

Normalización del descrédito político

Los estudios del IDESPO y del CIEP muestran también altos niveles de acuerdo con afirmaciones como “la política es corrupta”. Esta percepción generalizada contribuye a que denuncias concretas sean relativizadas o normalizadas. Para una parte del electorado, el dilema no se formula como “quién es éticamente intachable”, sino como “quién puede enfrentar —o al menos confrontar— los problemas que más me afectan”.

¿Votaron entonces contra la CCSS, la educación o la democracia?

Las encuestas no permiten sostener que la mayoría del electorado haya votado explícitamente para debilitar la seguridad social, la educación pública o la división de poderes. Más bien, sugieren que muchas personas votaron priorizando otras urgencias, aun cuando esas decisiones puedan tener consecuencias negativas sobre derechos sociales históricamente conquistados.

La diferencia es fundamental: no se trata necesariamente de un voto de aprobación consciente, sino de un voto condicionado por el miedo, el enojo, la desconfianza y la percepción de crisis.

Desafíos para los movimientos sociales y la ciudadanía

El resultado electoral deja una lección clara: la disputa democrática no se resuelve solo en redes sociales ni en el plano de la denuncia ética. Los movimientos sociales y la ciudadanía organizada enfrentan el reto de reconstruir la conversación política en las comunidades, en los hogares, en los barrios y en los espacios cotidianos donde se forma la conciencia ciudadana.

Escuchar antes de convencer, vincular la ética con experiencias concretas de la vida diaria —salud, seguridad, empleo, educación— y fortalecer la organización territorial aparecen como tareas urgentes. Sin diálogo social sostenido, la ética se diluye; sin trabajo comunitario, el enojo puede ser capitalizado por discursos autoritarios.

Para complementar este análisis le invitamos a leer la nota de este lunes 2 de febrero:
Cuando la ética no circula: indecisión, voto silencioso y silencios cotidianos explican el resultado electoral. https://wp.me/p6rfbZ-y5B

¿Qué falta para que “la cosa se ponga fea”?

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

El proceso eleccionario 2026 en Costa Rica será recordado sin duda como aquel en el que se quebraron las narrativas del juego democrático, para dar paso a una serie de discursos afincados en el más absoluto de los peligrosos populismos.

Como si no fuera suficiente con el tema de invitar al exilio al que piense distinto o endosar a las poblaciones migrantes la responsabilidad por una crisis que es sistémica y estructural, aparece ahora una propuesta que me parece desproporcionada y peligrosa.

Decir en un país como Costa Rica, que habría disposición a “limitar las garantías individuales” para hacerle frente a la inseguridad y la violencia es, por mucho, un salto al vacío.

Para que “la cosa se ponga fea” como dijo la interlocutora de la propuesta, no falta nada. Es más: ya llegamos a “lo feo”. Este 2025 es el tercer año con cifras alarmantes en materia de homicidios. Al escribirse esta columna el país ya contabilizaba 709 asesinatos, a un ritmo de un asesinato cada diez horas.

¿Qué falta entonces para que la cosa se ponga fea?

Dejar hacer, dejar pasar, para legitimar políticas de mano dura, sin control y como reza la propuesta que comentamos, limitar en extremo libertades básicas como movimiento, reunión, comunicación.

¿Nos imaginábamos este escenario? Es posible que a la desafección por el sistema político le siguieran estos momentos de desproporción y afán populista. La gente, el pueblo, ya cansado de abandono, corrupción y desigualdad, quiere escuchar lo que quiere escuchar.

Por eso me parece sumamente peligroso el recurso discursivo que podría llevarse a la práctica. Estamos en una hora decisiva en el país y nos toca analizar, pensar y proponer lo mejor para ese proyecto, que poco a poco se nos va de las manos.

La lógica del gobierno es entre más presos menos delincuencia

Óscar Madrigal

Oscar Madrigal

El país se desangra, las balaceras son pan de todos los días, nos convertimos en uno de los mayores exportadores de drogas del mundo y alcanzamos números récord en homicidios y tasas de criminalidad. El problema de la seguridad o inseguridad golpea diariamente al ciudadano

El gobierno de Chaves les echa las culpas a otros poderes: al Legislativo por no aprobar leyes más estrictas que meta a la gente a la cárcel y al Judicial por no mantener a los detenidos en la cárcel.

Chaves quiere más gente en la cárcel como el antídoto o la medicina contra la delincuencia. Su lógica es: entre más privados de libertad, menos delincuencia.

Sin embargo, la realidad indica que los detenidos han aumentado considerablemente en el periodo de gobierno de Chaves y sin embargo la inseguridad en vez de disminuir aumenta.

Según datos del propio ministro de Justicia, Gerald Campos que el Semanario Universidad publica en 2022 había una población penitenciaria de 14.718 personas, mientras que en 2025 existen 18.507, sea que los privados de libertad aumentaron en 3.789, mientras los homicidios pasaron en esa misma época de 654 en el 2022 a 907 en el 2023 y para este año el OIJ estima que la cifra superará los 900 homicidios.

La población privada de libertad crece aceleradamente, se considera que en el 26 llegará a 20 mil y, sin embargo, los delitos no parecen disminuir.

Hay varias conclusiones ante estos hechos:

1-. Meter la gente a la cárcel no resuelve por sí misma el problema de la seguridad pública.

2-. Que el Poder Judicial manda a la cárcel cada vez a más personas.

3-. Que, sin embargo, los índices de delincuencia no disminuyen, sino que aumentan.

4-. Que la falla principal del aumento de la inseguridad pública es del Poder Ejecutivo, sea del gobierno de Chaves.

En términos generales, lo que los números, sea la realidad, están indicando es que no basta con meter a la gente a la cárcel si el gobierno falla y no cumple con las tareas de prevención social y policial.

El Poder Judicial, los fiscales, los jueces, cumplen con su deber (la población carcelaria ha aumentado considerablemente) por lo que la excusa esgrimida por Chaves, que los jueces “sueltan a los delincuentes”, no es real.

La democracia no se defiende ni construye con insultos ni mentiras

Por JoseSo

José Solano-Saborío
Analista

En Costa Rica, la democracia no nació por accidente. Se forjó con luchas sociales, debates intensos y una vocación institucional que ha resistido golpes, crisis y tentaciones autoritarias. Por eso, resulta alarmante que desde la silla presidencial se lancen ataques sistemáticos contra pilares fundamentales del Estado Social de Derecho: la prensa independiente, los órganos de control, el Poder Judicial, y cualquier voz crítica que se atreva a disentir.

Rodrigo Chaves Robles, presidente en ejercicio, ha convertido el discurso público en un campo de batalla moral, donde solo existen “patriotas” y “defensores de corruptos”. Esta narrativa binaria, simplista y profundamente peligrosa, no es nueva. Es parte de una estrategia bien conocida en el repertorio de líderes neoconservadores y populistas autoritarios que, desde diferentes trincheras ideológicas, buscan erosionar la institucionalidad democrática para consolidar poder personal.

El método es casi calcado: desacreditar a los medios de comunicación que no se alinean con el relato oficial, sembrar sospechas sobre jueces, fiscales y contralores, y presentar cualquier forma de oposición como enemiga del pueblo. Lo hemos visto en figuras como Jair Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador, y también en autócratas que se autodenominan de izquierda, como Daniel Ortega en Nicaragua, quien ha destruido sistemáticamente las libertades civiles bajo el disfraz de una revolución popular.

Chaves no ha llegado a esos extremos, pero el guion es inquietantemente familiar. Su estilo confrontativo, su desprecio por el diálogo institucional y su afán por dividir a la ciudadanía entre “los buenos” y “los malos” no son simples rasgos de personalidad: son herramientas políticas. Y como toda herramienta, tienen un propósito. En este caso, debilitar los contrapesos democráticos para gobernar sin rendir cuentas.

La prensa libre no es enemiga del pueblo. Es su aliada más incómoda. Su función no es aplaudir al poder, sino vigilarlo. Y cuando desde el Ejecutivo se promueve la idea de que los periodistas son parte de una conspiración corrupta, se está sembrando el terreno para la censura, la autocensura y el miedo. Lo mismo ocurre cuando se descalifica a jueces o diputados por ejercer su rol fiscalizador: se erosiona la confianza en el sistema, se promueve el caos, y se abre la puerta al autoritarismo.

El Gobierno destaca un superávit primario de 0,2 % del PIB y la reducción de la deuda al 55,9 % del PIB. Asimismo, presume un crecimiento económico de 4,3 % y una inflación general de 0,8 %. Sin embargo, estos logros conviven con un empeoramiento de la distribución del ingreso. El coeficiente de Gini subió a 45,8 en 2024, y la brecha alcanza 0,49 entre los países de la OCDE, lo que sitúa a Costa Rica como la segunda nación más desigual del organismo, solo por detrás de Sudáfrica. Esta desigualdad creciente socava el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables (trabajadores informales, hogares rurales y mujeres jefas de familia) y deja al margen el supuesto bienestar que sugieren esos indicadores macroeconómicos.

Por otro lado, la inseguridad se intensifica. En 2024 se registraron 880 homicidios, frente a 905 en 2023, y más de 200 asesinatos en los primeros meses de 2025, la mayoría vinculados a ajustes de cuentas del narcotráfico, según datos del OIJ. En lugar de reforzar la vigilancia en las costas, el Gobierno trasladó la Academia Naval de Guardacostas de Quepos a Pococí y cerró el puesto en Bahía Drake. Además, reasignó a la Policía de Control de Drogas de aeropuertos y fronteras a funciones investigativas, dejando esos espacios en manos de unidades sin la especialización necesaria. Estas decisiones crean nuevos corredores para el crimen organizado y multiplican los puntos ciegos en la persecución criminal.

Costa Rica no es inmune. Nuestra historia democrática es sólida, pero no indestructible. La polarización y decadencia moral que hoy vivimos tampoco es espontánea.

Un presente costarricense que niega y olvida su pasado

Juan Huaylupo Alcázar1

1 Catedrático pensionado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

En apariencia los ciudadanos costarricenses estamos tranquilos, como siempre respetando el civilismo heredado de otros tiempos, del equilibrio entre la sociedad civil y el Estado, en una época que confiábamos de la estabilidad laboral, seguridad social, vivienda popular, participación ciudadana, con un Código de Trabajo digno y leyes justas. Nunca imaginamos el incremento de la pobreza, inseguridad ciudadana, precariedad en los servicios de salud públicos ni su atención privada solo para pudientes, además de ser una atención mercantilizada y corrupta. También se tenía un sistema judicial oportuno, consistente y pertinente, mientras que en la actualidad existe una negligente práctica administrativa que absurdamente regula el cumplimiento jurídico y como tal, sometida a las jerarquías y procesos inventados para eludir reglamentos, leyes e incluso la propia Constitución de la República. Así, la Sala Constitucional con cientos de resoluciones contradictorias e inapelables y con muchas otras demandas que esperan años sin resolver, a pesar de las evidencias que violentan el espíritu y letra de nuestra Carta Magna. Ello, viola la democracia, los derechos ciudadanos, al orden institucional, al estado social de derecho y de lo mucho que enorgullece moral y socialmente nuestro pasado.

Tampoco conocimos gobernantes que amenazaran a la ciudadanía y la sociedad con la creación de hordas fascistas entre las fuerzas policiales, ni inducir el descontento social contra la institucionalidad pública, que paradójicamente, el propio gobierno estrangula, agudizando su crisis y liquidación. Los fantoches del poder que transgreden permanentemente las históricas conquistas sociales se creen omnipotentes e inmunes por haberse debilitado y liquidado las diversas formas organizativas defensoras de los trabajadores, de la ciudadanía y de la democracia, efectuada por el poder estatal, los partidos políticos y por la traición y corrupción de quienes los representaban.

Los jóvenes de hoy que no conocieron ese Estado ni sociedad sobre nuestro inédito pasado, en parte, por la precariedad de la educación y porque la historia nacional no es la historia del pueblo costarricense que ha sido invisibilizado e ignorado por los individuos que se han impuesto como los hacedores de la historia nacional. La historia es una construcción por el pueblo, no de individuos de rancias familias ni partidos que se han apropiado del pasado costarricense y que aun gozan de privilegios y monopolizan la vida política. Reivindicar la actuación del pueblo es una necesidad en momentos que otros buscan usurpar y privatizar el futuro nacional.

El poder político y económico oculta y desconoce la voluntad capacidad de actuación del pueblo en la historia, para inventar e imponer que el pasado costarricense fue obra de individuos, nunca de pensamientos y actuaciones concientes y consecuentes de la colectividad popular, al que imaginan, aun en nuestros días, ser solo objetos del poder racista y segregacionista.

La relativa inercia y responsabilidad es de los jóvenes, no los culpabiliza, es el sistema, la educación y de los medios, que sistemática e intencionalmente, nos quieren ignorantes e intentan borrar la historia y cultura de los pueblos, para destacar exclusivamente el amarillismo, el fascismo y el poder geopolítico dominante, como expresión de la tiranía política y delincuencial existente.

Un pueblo que ignora su pasado está condenado a perder su identidad, su futuro y humanidad. Conocer nuestra historia trasciende el ámbito cognoscitivo, porque no se trata solo de conocimiento sobre la verdad de los procesos ocurridos, es la impronta que otorga significación, responsabilidad y compromiso al devenir colectivo del pueblo. Es el sello peculiar y característico que va más allá de los acontecimientos sociales que marcaron, no solo su pasado, también contribuyen a conocer el presente y que guían su futuro. Asimismo, analizar el pasado a partir del presente, nos permite interpretar y descubrir muchos de los dilemas y luchas del presente.

Historia y cultura se confunden en una unidad política identitaria, peculiar e inédita, quizás por ello, la dominación política actual aun lucha contra la legitimidad social del pasado, como un fantasma que amenaza su existencia, no solo como parte de la historia, sino porque los intereses, ambiciones, conflictos políticos y de clase, no han desaparecido, por el contrario, se han radicalizado contra los subalternos, la sociedad y la humanidad. La historia oficial ha formalizado, ideologizado y privatizado el poder del presente en un pasado inventado.

Desde luego, esta reflexión no será comprendida por el gobierno actual, por los liberales empiristas ni por los tecnócratas de la economía, que todo lo reducen a magnitudes sobre las finanzas del estado y de la riqueza privada, nunca sobre las repercusiones sociales que causa el mecanicismo economicista promovido y protegido por las tiranías políticas, tampoco han comprendido que la economía como ciencia es una relación social e histórica, que no son cantidades ni representan realidades complejas. Las tragedias sociales y ambientales ocasionadas por esas técnicas solo son vistas como daños colaterales inevitables, como si la sociedad y el mundo estuviera gobernado por una máquina que no puede ser modificada, reprogramada ni destruida. La estupidez de los tecnócratas económicos y de los funcionarios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, son máquinas robotizadas con algoritmos, pero no son esclavos del poder, son simplemente cosas sin vida ni conciencia, por ello se sustituyen y se olvidan, por inservibles.

Una economía sin sociedad, cultura ni historia, nunca podrá ser ciencia. Las mediciones económicas son vacías y superficiales, como el medir el valor de la producción con el Producto Bruto Interno (PIB), o el pseudo equilibrio fiscal, de ningún modo representan la complejidad de una sociedad, como tampoco la riqueza nacional, el bienestar social ni la suficiencia económica estatal. El enriquecimiento privado a través de los bienes y servicios finales en el mercado nacional, generados en un periodo temporal, de ningún modo es progreso nacional ni da cuenta de la situación económica de un país, como fue reconocido por su propio creador Simon Kuznets (1901-1985), a quien el Congreso de EE.UU le encomendó medir la crisis económica mundial de 1929-1932, «… el bienestar de una nación difícilmente puede inferirse de una medida del ingreso nacional» (Kuznets, 1934).

El repetir incesantemente, como verdades absolutas, la situación cuantitativa y las previsiones económicas nacionales de los organismos internacionales, no solo muestra el mecanicismo tecnocrático de la economía, también son evidencias del absurdo desconocimiento del impacto del dinámico devenir político internacional, que inciden en el ámbito económico nacional, a la vez pone de manifiesto el corrupto e interesado compromiso geopolítico, del gobierno y de los partidos del poder, con el cómplice silencio ante la debacle humana con el genocidio contra el pueblo palestino y la confrontación bélica mundial.

Los propietarios del capital ni la jerarquía burocrática estatal crean riqueza ni son autosuficientes, como expresan algunos candidatos, que se disputarán la Presidencia de la República. De este modo, manifiestan su transparente ignorancia e incapacidad previsible, si obtienen los votos de aparente validez.

Explotar a los trabajadores y apropiarse de los recursos del pueblo y de la nación, son auténticos atentados contra la vida y el futuro nacional. Costa Rica nos pertenece a todos, no es un espacio social con dueño, ni el poder estatal es privado. No somos esclavos, somos ciudadanos creadores de nuestro presente y futuro común.

La beligerancia política, la guerra civil que ruge en Zapote y el camino al auto golpe de Estado

Vladimir de la Cruz

El inquilino de Zapote viene insistiendo desde hace varias semanas en el tema de la violencia nacional que puede desatarse alrededor de su figura, en caso de que pueda ser inquirido, indagado, sometido a trámite judicial para que la Asamblea Legislativa le levante la inmunidad de su cargo, y pueda ser sometido, en caso de que así proceda, ante los jueces de la República.

La Fiscalía de la República y el Ministerio Público, siguiendo los trámites constitucionales y legales ha elaborado las investigaciones pertinentes para con ellas solicitar el trámite de levantamiento de inmunidad, para enjuiciar a Rodrigo Chaves Robles, quien se desempeña en el cargo de la Presidencia de la República.

Reiteradamente el presidente ha venido deslegitimando al Poder Judicial, a sus altas autoridades, los Magistrados en pleno, enfatizando su ataque contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de la Sala Constitucional, que tienen que ver con los asuntos relacionados con la Constitución Política y los Derechos Ciudadanos, y contra los magistrados de la Sala III de la Corte que atiende los asuntos penales.

Obviamente, sus ataques están dirigidos, especialmente contra aquellos Altos Jueces, que les toca atender asuntos relacionados con acusaciones contra miembros de los Supremos Poderes, como es el caso del presidente de la República.

Los rugidos del Jaguar no solo se orientan a deslegitimar a la Corte, a sus Magistrados y Jueces de la República, sino a sembrar la imagen de la corrupción alrededor de ellos, la desconfianza a la labor que realizan, al trabajo general de la Corte Suprema de Justicia, ante la ciudadanía.

En la última conferencia de prensa montada que dijo claramente, en lenguaje enardecido de plaza pública, que en febrero próximo se cambiaría la Asamblea Legislativa, y que la nueva Asamblea a partir del primero de mayo del 2026, ante quien se dirigiría ñor última vez, estaría integrada por una mayoría de 38 diputados nuevos, totalmente nuevos, fuera de los partidos tradicionales, en capacidad de destituir a los Magistrados de la Corte, con ellos a los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, a la Contralora General de la República, porque era el parte del camino que había que realizar para cambiar el régimen y el sistema político del país, para según él hacerlo más eficiente y moderno.

No satisfecho con los ataques a la Corte Suprema de Justicia, ha mantenido en alto los ataques contra el Poder Legislativo en la figura de los diputados que no le apoyan, que no fueron elegidos por el partido que lo llevó a la Presidencia, contra los partidos, que por su naturaleza legislativa son de oposición política a las fuerzas políticas que se agrupan alrededor del actual mandatario.

Su discurso envenenado contra todo lo que significa partidos políticos históricos, tradicionales o representados en la Asamblea Legislativa lo ha hecho caer claramente en la beligerancia política.

Su discurso contra los partidos políticos, contra los presidentes que esos partidos políticos pudieron elegir, contra los dirigentes políticos del pasado y del presente de esos partidos, y su llamado simultáneo a sustituirlos en el próximo proceso electoral, es como manifiesta su beligerancia política.

Su discurso contra la institucionalidad política, en su conjunto, como la presenta contra todos los Poderes Públicos, contra la estructura e integración de esos poderes, contra los cimientos democráticos de la sociedad y nacionalidad costarricense son las manifestaciones de su beligerancia política, orientada a sustituirla, si pudiera por la fuerza, convocando a los ciudadanos a integrar el movimiento de los jaguares, que trata de inscribir en varios partidos políticos, apoyando de esa manera electoralmente, con todo el aparato institucional que maneja, a quienes sí participen a su alrededor, o alrededor de quien él llegue a señalar o a escoger como el indicado para continuar desde el próximo gobierno sus políticas.

La beligerancia es su activa participación en esta campaña contra todos los partidos políticos, sus diputados y sus dirigentes, como la realiza desde su púlpito de los miércoles. Su beligerancia es la guerra que tiene declarada contra instituciones, poderes públicos, partidos políticos y personas que las identifica y presenta como sus enemigos, como enemigos públicos, como personas que hay que eliminar del escenario político nacional. Para ello acude también a señalar, y exhibir algunos en vallas publicitarias, como si fueran delincuentes, que así los llama, y los presenta al público fanatizado que altera, agita, excita, impacienta y eriza orientándolos a actuar por la fuerza, con violencia, provocándoles la idea y el sentimiento de la sedición, de la sublevación popular, de la rebelión política contra toda la institucionalidad que dice le afecta para gobernar en favor de esos sectores populares.

No satisfecho con esto ha señalado que todos los presidentes, que le precedieron desde 1953 hasta su gobierno, han sido tiranos y dictadores, que no han gobernado a favor del pueblo. Que solo han gobernado a favor de grupos económicos y camarillas de poder alrededor de esos gobernantes y partidos, mientras que él se presenta, al estilo de Hitler y de Mussolini, como representante genuino del pueblo, enfatizando que es el pueblo quien le manda, a quien le sirve, pero que “esas fuerzas” no le dejan gobernar.

En su última perorata llamó a prepararse para la guerra civil. Hizo comparaciones con la Campaña Nacional contra los filibusteros estadounidense que llegaron hasta la Hacienda Santa Rosa y a Sardinal en donde fueron derrotados y echados del territorio nacional el 20 de marzo y el 10 de abril de 1856, y finalmente expulsados de Nicaragua y de Centroamérica el 1 de mayo de 1857.

En este sentido llamó filibusteros a los representantes de los partidos políticos tradicionales y parlamentarios, a sus presidentes, dirigentes de los partidos políticos y a los diputados, a quienes el Jaguar de Zapote considera que hay que echar de los escenarios políticos nacionales. Cuando los trató de filibusteros seguramente se igualó a la pareja nicaragüense, que gobierna autoritariamente en Nicaragua, cuando ha echado de su país a opositores políticos de todo tipo, pensando que los puede echar de Costa Rica para que le dejen gobernar sin controles, sin oposición de ninguna especie.

Constantemente ruge el Jaguar contra políticos de esos partidos que él considera deberían estar en prisión, privados de libertad, por sus prácticas de gobierno.

En la letanía política que hizo el miércoles, invocando a Dios casi como su testigo, como todos los miércoles le cita, llamó a prepararse para la guerra civil, como se hizo en 1948.

No se anduvo por las ramas. Su mensaje fue claro: no le jalen el rabo a la ternera, la gente está preparada para una guerra civil, para defender no el resultado de unas elecciones, como fue la causa principal de la Guerra Civil de 1948, sino para defenderlo a él, al Jaguar, de cualquier trámite judicial que pudiera invocarse para llevarlo a los estrados de la Justicia, para defenderlo a él, por la fuerza del alzamiento militar, de cualquier situación que pudiera afectarlo como presidente de la República.

No contento con el llamado a la guerra civil señaló que las personas que están en su contra, que lo critican, que lo quieren someter a un proceso judicial, solo tienen un componente armado de 1000 oficiales del Organismo de Investigación Judicial, como lo afirmó, mientras él tiene 17.000, diecisiete mil oficiales, en toda la Fuerza Pública nacional. Claramente dijo que todo el aparato policial del país actuará como su ejército privado a su servicio. Enfatizó: “1 a 17”, señalando la cantidad de miembros del OIJ y de la Fuerza Pública. ¿Qué les parece? Así lo dijo.

El trámite de destitución de un presidente es de carácter constitucional, legal. No es por la fuerza. Por la fuerza puede ser que el presidente no acepte ser destituido y en ese sentido invoque a la rebelión popular, a la sedición, al alzamiento colectivo y violento contra lo dispuesto judicialmente, contra el orden público que emana de la propia Constitución Política, alterando la disciplina militar que debe estar orientada a apoyar la Constitución Política y a lo que constitucionalmente así se establezca.

Si se llegare a destituir al presidente, quedan los dos vicepresidentes que le sucederían en el orden de su nombramiento, para acabar con el ejercicio de su gobierno.

Pero, no olvidemos que tenemos un proceso electoral en marcha. Ya iniciado legalmente, con partidos en trámites finales de su inscripción. Algunos ya con candidatos presidenciales acordados. Igualmente, entendamos que algunos de los partidos que se impulsan al amparo de la piel del jaguar, que son varios, no están cumpliendo con los requisitos formales de inscripción y que pueden ser rechazados, como les anularon los partidos que habían presentado para las elecciones municipales. Ante esto el rugido del Jaguar ha empezado su campaña de desprestigio contra el Tribunal Supremo de Elecciones, contra su presidenta y magistrados.

En su campaña y beligerancia política institucional contra el Tribunal Supremo de Elecciones, el presidente ha señalado que se fragua un Golpe de Estado contra él, al tratar de impedirle participar con sus partidos y movimientos Jaguar. Este ha sido otro de sus argumentos para compararse con los sucesos de 1948.

En las elecciones de 1947, que culminaron en febrero de 1948, participaron, como candidatos principales a la presidencia Rafael Ángel Calderón Guardia y Otilio Ulate Blanco. Alrededor de Calderón Guardia se unieron los comunistas y con Ulate se unieron tres fuerzas políticas, los partidos Unión Nacional, el Demócrata y el Social Demócrata. La legislación de la época obligaba a que el resultado electoral se pasara en conocimiento al Congreso, a la Asamblea Legislativa, que debía avalar o no dicho resultado. El Congreso al conocer el informe que trasladó el Tribunal Nacional Electoral, que se había constituido en 1946, que declaraba presidente a Otilio Ulate anuló su triunfo, lo que constituyó la causa del levantamiento militar que jefeó exitosamente José Figueres, durante los meses de marzo y abril de 1948. Un mes de lucha militar y un saldo de 3000 muertos en términos generales fue el resultado de ese enfrentamiento.

¿Qué hubiera pasado si Figueres no se alza en armas? Lo que correspondía era una negociación política entre los diputados para escoger entre los candidatos que participaron. Si no hubiera habido acuerdo aún, probablemente se hubiera usado la fórmula de 1913, cuando no hubo acuerdo entre los tres candidatos presidenciales, y el Congreso procedió a nombrar a los Designados a la Presidencia, los vicepresidentes, y nombrado el Congreso decidió llamar a ejercer la Presidencia al designado Alfredo González Flores. Probablemente esto es lo que hubiera ocurrido parecido en 1948. Pero, los sucesos armados impidieron este desenlace.

La guerra se detuvo gracias a la inteligencia de quienes acordaron acabarla, reconociendo el triunfo de Ulate, y de terminar el gobierno de Teodoro Picado el 8 de mayo. Las Conversaciones del Pacto de Ochomogo y el Pacto de la Embajada de México sellaron ese final. Teodoro abandonó el país, quedando a cargo el Designado a la Presidencia, en ejercicio, Santos León Herrera, quien el 8 de mayo entregó oficialmente el Gobierno. ¿A Otilio Ulate? No. A José Figueres, que era el jefe del Ejército de Liberación Nacional, como se llamó su grupo insurgente. ¿Por qué a Figueres y no a Ulate? Porque Figueres le impuso a Otilio Ulate el Pacto del 1 de mayo, diciéndole que él iba a gobernar el país por un plazo de 18 meses, al término del cual le entregaría el poder, la presidencia. Así lo hizo. El Pacto Ulate-Figueres fue fácticamente un golpe de Estado contra Ulate. El presidente en ejercicio, Santos León el 8 de mayo le entregó el poder presidencial a José Figueres. El gobierno de Teodoro Picado había durado los cuatro años constitucionales de su ejercicio.

Eso si fue un golpe de estado.

¿Pero, qué Golpe de Estado invoca Rodrigo Chaves que le pueden hacer o dar? ¿Su fuerza pública, sus 17.000 armados, los que considera su fuerza militar para un conflicto? ¿Los grupos militares y armados de las organizaciones narco criminales, que al amparo de su gobierno ejercen controles territoriales en el país, que lo conocen y denominan como “Papa Chaves Republic”? ¿Los grupos armados que están tratando de reunirse, por convocatorias públicas, en los próximos días en la zona norte del país?

Lo que puede ocurrir no es un Golpe de Estado sino un autogolpe de estado, o el establecimiento de un estado de excepción forzado, que es lo que el presidente Chaves ha venido finamente preparando. ¿Cómo? Creando un ambiente de inseguridad nacional, política y electoral, que azuza todos los miércoles.

El presidente Chaves ha venido preparando un estado de inseguridad ciudadana, de inseguridad jurídica, de debilitamiento de la institucionalidad, de desprestigio de todos los organismos e instituciones democráticas del Estado y del país. La violencia social se ha cargado y ha sobresalido como parte de esa inseguridad.

Con las políticas de debilitamiento del bienestar social, presupuestos públicos de educación, de las universidades, la eliminación de subsidios sociales, como los comedores escolares, los transportes escolares, las becas a los estudiantes de escuelas y colegios públicos, el congelamiento de salarios y pensiones, el desempleo creciente e informal, la alta deserción escolar nacional, el encarecimiento real de la canasta básica con relación a los salarios.

Con el debilitamiento consciente de los servicios públicos para todos los usuarios de ellos, en salud, atrasos de citas, contrataciones de personal calificado, en educación, por los malos y caros transportes públicos, entre otros servicios.

Con los retenes de calles, por parte de cuerpos policiales y de tránsito, que hacen están acostumbrando a los ciudadanos a los registros personales, en carreteras, como los hacían en Centroamérica, hace algunos años los gobiernos militares y dictaduras. Están realizando golpizas y torturas, probablemente como prácticas de educación en este campo, con algunos detenidos, algunos de los cuales han fallecido en “custodia” policial, amedrentan sutil y subliminalmente a la población. ¿Quién ordena estas prácticas en los centros de detención? ¿Cuáles son los instructores policiales y dënde han sido preparados para estas prácticas?

Todo este ambiente, que prepara paso a paso el gobierno de Chaves, está orientado a justificar el malestar ciudadano que le permita, con su discurso violento, antisistema, antidemocrático, a invocar la posibilidad de un Estado de Excepción, de gobernar por la fuerza, de realizar de esa manera un auto Golpe de Estado, que pueda incluso, crear un clima de inseguridad política nacional que le permita, in extremis, suspender las elecciones y quedarse gobernando unos meses más a la fuerza.

Esto es lo que parece que está en marcha por parte de los grupos militares privados y oficiales que gravitan a las órdenes directas de Rodrigo Chaves Robles.

Esto es lo que hay que detener, el ambiente de miedo, de inseguridad, de terror, de dinamitar, como dijo una vez el presidente Chaves, todos los puentes del diálogo, de los acuerdos, que se genera con parlantes desde Zapote.

El presidente exacerba sistemáticamente la violencia y la inseguridad

Marco Vinicio Fournier

Marco Vinicio Fournier

En los últimos meses, diversas encuestas muestran que la población costarricense coloca la inseguridad ciudadana como el principal problema del país. Esta es una percepción muy realista de la situación nacional, puesto que el análisis de cualquier indicador de violencia señala claramente un aumento abrupto a partir de finales de la década pasada. Las estadísticas muestran un descenso importante durante la pandemia de COVID-19, para volver a incrementarse en los últimos años, alcanzando en muchos casos cifras récord.

El problema actual de la violencia abarca todos los ámbitos y dimensiones del fenómeno. Además de la conocida tasa de homicidios, el incremento en la violencia cubre cualquier ámbito de la interacción social, de modo que el aumento se refleja de forma crítica en la violencia doméstica y en la cantidad de femicidios, en los accidentes de tránsito y las muertes en sitio, los conflictos en las comunidades o las agresiones en los centros educativos. Es natural entonces que las y los habitantes de nuestro país vivan un ambiente de alta inseguridad y con la sensación de su constante agudización.

La violencia, como cualquier fenómeno social, tiene múltiples y diversas causas; sin embargo, nuestros estudios muestran una relación muy importante con los niveles de desigualdad social, el deterioro del sistema educativo, la deslegitimación del sistema político y el desgaste de la confianza en las instituciones. Cada una de estas dimensiones viene mostrando indicadores negativos en lo que va del presente siglo. Una consecuencia muy importante de este proceso de deterioro es la acumulación de estrés, resentimiento y frustración que redunda en un enojo que se generaliza y que refuerza a su vez la deslegitimación. Todo lo anterior redunda en mayor individualismo, menor respeto por las leyes, por el sistema de valores y normas culturales y por los principios políticos de la democracia, facilitando que una proporción creciente de la población busque seguridad y refugio en una figura autoritaria. Esta coyuntura política, cultural y social estuvo en la base del triunfo electoral del actual presidente, quien utilizó como una de sus propuestas más importantes el combate a la corrupción.

Pero la labor del presidente dista mucho de acercarse a un real enfrentamiento de la corrupción en el país. Hasta el momento, no existe ni una sola iniciativa importante por parte del gobierno para combatir situaciones pasadas o presentes de corrupción. Por el contrario, abundan las denuncias de actos ilícitos asociados a una cantidad importante de sus principales colaboradores y a él mismo.

Lejos de combatir la corrupción, el presidente ha reaccionado en la inmensa mayoría de los casos negando la situación y cuestionando directamente a los entes estatales que han manejado las denuncias, entre otros, OIJ, Fiscalía, Tribunal Supremo de Elecciones y Contraloría General de la República. El ataque a estos entes tiende a generalizarse a todos los poderes y a todas las instancias de fiscalización y control. En lugar de buscar un mejor enfrentamiento de la corrupción, ha insistido en debilitar los mecanismos estatales que precisamente se encargan de los hechos ilícitos, de los abusos de poder y de las opciones de encubrimiento.

En lugar de reforzar y sistematizar la lucha contra la corrupción, el actual gobierno ha debilitado y deslegitimado aún más todo el sistema político y jurídico del país. Situación que, como vimos más arriba, no hará más que incrementar los niveles de estrés, enojo y frustración en la población, para estimular a su vez las manifestaciones de violencia y la correspondiente sensación de inseguridad y miedo. Al perder respeto por las leyes y los sistemas de control, mayor será la probabilidad de manifestar directamente las emociones de enojo y frustración y más débiles serán los mecanismos de autocontrol, produciéndose un círculo vicioso, porque la violencia engendra violencia.

Para agudizar aún más la situación, las políticas fiscales del actual gobierno han reducido significativamente el presupuesto de instituciones claves como el Ministerio de Educación, se han negado a pagar la deuda de la Caja Costarricense de Seguro Social y han debilitado los principales mecanismos de redistribución de la riqueza y el combate a la pobreza. A la postre, la desigualdad social se incrementa y la calidad de vida se deteriora para la mayoría de la población, facilitando aún más la deslegitimación del sistema y los niveles de emociones negativas.

Pero, además de todo el desmoronamiento del Estado, el presidente está dando un pésimo ejemplo sobre la manera de manejar el enojo. Lejos de canalizarlo mediante mecanismos de diálogo y búsqueda conjunta de soluciones, cada vez muestra mayores niveles de agresividad y de irrespeto y menor control racional de sus impulsos emotivos. ¿Cómo pretender reducir los niveles de violencia en el país cuando su presidente actúa cada vez de manera más agresiva?

A mi parecer, la conferencia de prensa de ayer sobrepasó todos los límites de violencia. El presidente planteó ayer amenazas bastante explícitas sobre una solución armada a su conflicto con los otros poderes de la República y con los principales mecanismos de control. ¿Cómo pretender reducir los niveles de femicidios cuando el presidente pretende legitimar soluciones armadas ante conflictos sociales?

Por otra parte, también en estos días el presidente ha vetado importantes iniciativas para combatir el crimen organizado y la corrupción y amenaza con seguir vetando cualquier iniciativa que provenga de los otros poderes de la República. ¿Cómo pretender reducir el poder del crimen organizado cuando el presidente rechaza cualquier iniciativa para enfrentarlo?

En conclusión, puede fácilmente comprobarse que el presidente ha contribuido de manera sistemática al aumento de la violencia en el país y por ende a los niveles de inseguridad percibidos por la población. Específicamente, el presidente ha deslegitimado aún más los sistemas estatales de control y fiscalización, ha facilitado un mayor deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la población, está dando un muy mal ejemplo al mostrar un inadecuado manejo y control del enojo, una incapacidad para relacionarse positivamente con otras personas y un rechazo de las posibilidades de diálogo y búsqueda conjunta de soluciones, tan importantes en una democracia.

¿Cuándo fue que se jodió este país?

Adriano Corrales Arias

Adriano Corrales Arias

Hasta hace muy pocos años jamás pensé que en este, “mi país”, escaseara el agua o se tuviese precaución a la hora de tomarla directamente del tubo, porque podría estar contaminada. O que no se pudiera salir por la noche con la seguridad de la que siempre gozamos en nuestra loca juventud cuando, chicas y chicos, deambulábamos a pie, hasta la madrugada, sin preocupación ni zozobra; o en nuestra niñez, cuando jugábamos en potreros, terrenos baldíos, parques, calles, callejones, alamedas, hasta altas horas de la noche. Mucho menos que hubiese apagones ni asaltos o crímenes en la vía pública y a plena luz del día.

Y hubiese jurado que la seguridad social –seguro universal y gratuito– crecería y gozaríamos de ella para siempre, cada vez con mayor eficiencia y más oportuna; que, por ejemplo, las ciudades capitales de cada región contaran con un hospital como el México o el Calderón Guardia, asunto para nada inalcanzable si no se hubiese desfinanciado a la Caja (CCSS). Lo mismo con la educación pública, gratuita y costeada por el estado, con estándares de calidad semejantes a cuando cursaba mis estudios secundarios en el otrora prestigioso Liceo San Carlos, el cual, para entonces, por la calidad de sus docentes, no tenía nada que envidiar a cualquier colegio privado de San José. O que las telecomunicaciones y la electricidad podrían exportarse a toda Centroamérica y más allá, contando con una institución como del ICE, por mucho tiempo la mejor empresa en su línea en América Latina y con las tarifas más baratas. (Recuerdo, en mis épocas de hippie, cuando un profesor francés que me hizo raid hasta Sámara, Nicoya –se daba el lujo de vacacionar en Costa Rica y alquilar un auto con su salario– me asegurara que estábamos mejor que en París puesto que, con unas cuantas monedas y sin la mediación de una operadora, podía llamar desde una cabina en la playa directamente a su casa en Lyon). Tampoco podía imaginar un banco privado, o decenas de universidades privadas atacando a las públicas en pos del presupuesto estatal que se les asigna(ba), aunque el estado no cumpla a cabalidad con el mandato constitucional. A pesar de ello, continúan siendo las más prestigiosas, solventes y eficientes; las únicas que aún pueden llamarse “universidades”.

En fin, presumía, con amigos y conocidos latinoamericanos, usamericanos y europeos, porque generalmente ocupábamos los primeros lugares del continente en cuanto a salud –atención médica, erradicación de enfermedades, campañas de vacunación, prevención–, educación –eliminación del analfabetismo, nutrición escolar, infraestructura escolar, cobertura nacional–, vivienda popular, agua potable, telecomunicaciones y electricidad –cobertura nacional–, distribución del ingreso, producción agrícola –con el orgullo de los estancos del CNP–, eliminación de la pobreza, etc. Casi siempre al lado de los también buenos índices de Cuba. (Hoy, vergonzantemente, somos el país más desigual del mundo).

Trato de decir que el Estado Social de Derecho erigido a finales de la década del cuarenta del siglo pasado, luego de una cruenta guerra civil (1948) y de un pacto social inédito (oligarquía, clase media y trabajadores, representados por socialcristianos, socialdemócratas, iglesia católica y comunistas), parecía alzar vuelo y funcionar al margen de la guerra fría, de las dictaduras y de las guerras civiles que asolaban a Centroamérica y al resto del subcontinente. Un estado que, a pesar de errores y corruptelas, se presentaba como el proyecto político más logrado y solvente de la región prometiendo mayor estabilidad social en un marco geopolítico sumamente violento y de agudas contradicciones sociales. ¡Pero llegó la contrareforma!

Luego de la lúcida defensa de dicho estado y de la soberanía nacional por parte de Rodrigo Carazo Odio (1978-1982), misma que le fuera cobrada sin indulgencia por parte del FMI y el BM, hincándonos con la devaluación de la moneda, lo que provocó ira en el pueblo costarricense (pero no contra el FMI o el BM, desafortunadamente, sino contra el gobierno defensor de la soberanía, ¡habrase visto!), sobrevino el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986) que implementa los primeros planes de ajuste estructural (PAEs), iniciando así la contrareforma neoliberal y la ruptura de un estado que, hasta entonces, operaba –mal que bien– con un rostro humano y sin tanta sangría social, ofreciendo oportunidades para los sectores sociales más desprotegidos.

Más tarde los neoliberales, con Óscar Arias a la cabeza, asaltan el Partido Liberación. Nacional (PLN), trastocando lo que aún le quedaba de socialdemócrata. Con un “bazoocazo constitucional” –paradoja: así lo bautizó Luis Alberto Monge Álvarez– y sin oposición, logran reelegir al susodicho. Igual sucede con el partido Social Cristiano (PUSC) con la llegada del junior –Calderón Fournier–, quien, junto al otro junior –Figueres Olsen– firmarán un pacto para repartirse el pastel tratando de cerrar y privatizar instituciones. El segundo logra quebrar y eliminar el Banco Anglo Costarricense, entre otros desmanes concertados. Dicho de otra manera, el bipartidismo se alía y conforma un sólo partido –que, cual máscara de Jano, intercambiará el mangoneo del gobierno: el PLUSC. Cuando el jueguito se les agota, entonces deciden crear el Partido Acción Ciudadana (PAC) dilapidando muy pronto su caudal electoral, ya que los dos gobiernos que logran posicionar –atizando la hoguera del fundamentalismo y embobando a izquierdistas parlamentarios y progresistas pro derechos humanos– aceleran la contrareforma de manera agresiva, ganándose la animadversión de una masa ya confundida e intoxicada con el discurso único de esa entente y de la globalización bajo esquema neoliberal administrada por USA. Entonces, ya casi desesperados, inventan una nueva candidatura y envían por un desconocido ávido de poder y de riquezas. Solo que, al parecer, les salió un poco careto aliándose con nuevos ricos y fuerzas espurias. Lo demás lo estamos padeciendo.

Es este un recuento, grosso modo –quizás de manera harto gruesa– para comprender el galopante proceso de desmontaje del Estado Social de Derecho y el avance de la contrareforma neoliberal dirigido por la plutocracia nacional –con sus contradicciones interclase (grupos de poder que reclaman su tajada), claro está– agenciada por franquicias políticas cada vez más de derecha rayanas en un alarmante y criollo proto fascismo. Es lo que hay. Lo que se lamenta es que el período de desmontaje y deterioro del estado y de la república en general, haya sido tan vertiginoso y virulento; tanto que todavía nos preguntamos cuándo fue, exactamente, que empezó a joderse este paisito. Lo peor: con el apoyo de miles de fanáticos que aplauden dicho desmontaje desconociendo la gravedad del asunto, toda vez que serán ellos los más castigados cuando esta ínsula se privatice en absoluto y pase a ocupar la vanguardia en términos de concentración de capital en pocas manos, bancarrota social y violencia criminal. Lo que se avizora es más que patético. A no ser que demos un golpe de timón y enderecemos la barca en busca de los principios que hicieran de este país un ejemplo mundial en la segunda mitad del siglo XX; algo así como el trapito de dominguear de las democracias capitalistas, una rareza en una Centroamérica convulsa y desangrada. ¿Tendremos los arrestos espirituales, políticos y socioculturales para ello todavía? ¿Será posible la conformación de un verdadero frente político y social que enfrente la, hasta ahora, imparable contrareforma?

El negocio de las drogas

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

Decía ayer el director del OIJ en un noticiario que un búnker que habían desmantelado en un barrio del sur de San José “producía” 15 millones de colones al día y subrayaba que era al día. Imagínense, decía, lo que puede producir al mes.

Ese búnker le genera a los narcotraficantes alrededor de 450 millones, al mes, 5.400 millones de colones al año. ¿Cuántos búnkeres existirán en todo el país? Podríamos calcular que pueden existir unos mil, siendo conservadores. La cifra generada por la venta de narcóticos, en el mercado interno, en Costa Rica, es astronómica: 5.400.000 de millones (casi 5 y medio billones) de colones al año. Como sucede con estas cifras tan enormes (igual pasa con la cantidad de millones que poseen los Gates y compañía), el cerebro humano no está en capacidad de imaginar semejantes sumas.

De esta revelación se deducen varias interrogantes: ¿Qué se hace con toda esa enorme cantidad de dinero? ¿A dónde va a parar? ¿Cómo y dónde se lava? ¿Cuánto representa ese monto de dinero en kilos de coca? ¿Cómo no se decomisa?

El país está escandalizado por el aumento de la inseguridad, ligada sobre todo al comercio de las drogas y los llamados “especialistas” solo proponen medidas para encarcelar a los pequeños traficantes, pero ¿por qué no seguirle la pista al dinero? Porque lavar 5 y medio billones de colones no debe ser tarea fácil. ¿O por qué no fortalecer las policías encargadas de evitar la entrada de las drogas?

Históricamente, Costa Rica se convirtió en santuario de los narcotraficantes y mercado de la cocaína desde 1983 en el gobierno de Luis Alberto Monge, cuando la CIA y la DEA intercambian armas por coca en el Norte del país para ayudar a la contra. Desde ese tiempo -que ahora nadie recuerda o se hacen los tontos- se montó la estructura narco nacional, con la complicidad de las autoridades nacionales y la embajada estadounidense.

Está totalmente comprobado que el negocio de la cocaína y demás drogas fue montado, tolerado y promovido por la CIA y el gobierno de EEUU.

Ahora nuestros países están soportando las consecuencias de esos actos y, como es evidente, poniendo los muertos, la desgracia y la inseguridad ciudadana.

Al final se termina pensando si realmente hay un interés del Gobierno, de los altos mandos policiales y de las agencias internacionales como la DEA y la CIA, por querer poner fin al contrabando y comercio de las drogas.