Etiqueta: inseguridad ciudadana

Un presente costarricense que niega y olvida su pasado

Escrito en 10/06/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Huaylupo Alcázar¹

1 Catedrático pensionado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

En apariencia los ciudadanos costarricenses estamos tranquilos, como siempre respetando el civilismo heredado de otros tiempos, del equilibrio entre la sociedad civil y el Estado, en una época que confiábamos de la estabilidad laboral, seguridad social, vivienda popular, participación ciudadana, con un Código de Trabajo digno y leyes justas. Nunca imaginamos el incremento de la pobreza, inseguridad ciudadana, precariedad en los servicios de salud públicos ni su atención privada solo para pudientes, además de ser una atención mercantilizada y corrupta. También se tenía un sistema judicial oportuno, consistente y pertinente, mientras que en la actualidad existe una negligente práctica administrativa que absurdamente regula el cumplimiento jurídico y como tal, sometida a las jerarquías y procesos inventados para eludir reglamentos, leyes e incluso la propia Constitución de la República. Así, la Sala Constitucional con cientos de resoluciones contradictorias e inapelables y con muchas otras demandas que esperan años sin resolver, a pesar de las evidencias que violentan el espíritu y letra de nuestra Carta Magna. Ello, viola la democracia, los derechos ciudadanos, al orden institucional, al estado social de derecho y de lo mucho que enorgullece moral y socialmente nuestro pasado.

Tampoco conocimos gobernantes que amenazaran a la ciudadanía y la sociedad con la creación de hordas fascistas entre las fuerzas policiales, ni inducir el descontento social contra la institucionalidad pública, que paradójicamente, el propio gobierno estrangula, agudizando su crisis y liquidación. Los fantoches del poder que transgreden permanentemente las históricas conquistas sociales se creen omnipotentes e inmunes por haberse debilitado y liquidado las diversas formas organizativas defensoras de los trabajadores, de la ciudadanía y de la democracia, efectuada por el poder estatal, los partidos políticos y por la traición y corrupción de quienes los representaban.

Los jóvenes de hoy que no conocieron ese Estado ni sociedad sobre nuestro inédito pasado, en parte, por la precariedad de la educación y porque la historia nacional no es la historia del pueblo costarricense que ha sido invisibilizado e ignorado por los individuos que se han impuesto como los hacedores de la historia nacional. La historia es una construcción por el pueblo, no de individuos de rancias familias ni partidos que se han apropiado del pasado costarricense y que aun gozan de privilegios y monopolizan la vida política. Reivindicar la actuación del pueblo es una necesidad en momentos que otros buscan usurpar y privatizar el futuro nacional.

El poder político y económico oculta y desconoce la voluntad capacidad de actuación del pueblo en la historia, para inventar e imponer que el pasado costarricense fue obra de individuos, nunca de pensamientos y actuaciones concientes y consecuentes de la colectividad popular, al que imaginan, aun en nuestros días, ser solo objetos del poder racista y segregacionista.

La relativa inercia y responsabilidad es de los jóvenes, no los culpabiliza, es el sistema, la educación y de los medios, que sistemática e intencionalmente, nos quieren ignorantes e intentan borrar la historia y cultura de los pueblos, para destacar exclusivamente el amarillismo, el fascismo y el poder geopolítico dominante, como expresión de la tiranía política y delincuencial existente.

Un pueblo que ignora su pasado está condenado a perder su identidad, su futuro y humanidad. Conocer nuestra historia trasciende el ámbito cognoscitivo, porque no se trata solo de conocimiento sobre la verdad de los procesos ocurridos, es la impronta que otorga significación, responsabilidad y compromiso al devenir colectivo del pueblo. Es el sello peculiar y característico que va más allá de los acontecimientos sociales que marcaron, no solo su pasado, también contribuyen a conocer el presente y que guían su futuro. Asimismo, analizar el pasado a partir del presente, nos permite interpretar y descubrir muchos de los dilemas y luchas del presente.

Historia y cultura se confunden en una unidad política identitaria, peculiar e inédita, quizás por ello, la dominación política actual aun lucha contra la legitimidad social del pasado, como un fantasma que amenaza su existencia, no solo como parte de la historia, sino porque los intereses, ambiciones, conflictos políticos y de clase, no han desaparecido, por el contrario, se han radicalizado contra los subalternos, la sociedad y la humanidad. La historia oficial ha formalizado, ideologizado y privatizado el poder del presente en un pasado inventado.

Desde luego, esta reflexión no será comprendida por el gobierno actual, por los liberales empiristas ni por los tecnócratas de la economía, que todo lo reducen a magnitudes sobre las finanzas del estado y de la riqueza privada, nunca sobre las repercusiones sociales que causa el mecanicismo economicista promovido y protegido por las tiranías políticas, tampoco han comprendido que la economía como ciencia es una relación social e histórica, que no son cantidades ni representan realidades complejas. Las tragedias sociales y ambientales ocasionadas por esas técnicas solo son vistas como daños colaterales inevitables, como si la sociedad y el mundo estuviera gobernado por una máquina que no puede ser modificada, reprogramada ni destruida. La estupidez de los tecnócratas económicos y de los funcionarios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, son máquinas robotizadas con algoritmos, pero no son esclavos del poder, son simplemente cosas sin vida ni conciencia, por ello se sustituyen y se olvidan, por inservibles.

Una economía sin sociedad, cultura ni historia, nunca podrá ser ciencia. Las mediciones económicas son vacías y superficiales, como el medir el valor de la producción con el Producto Bruto Interno (PIB), o el pseudo equilibrio fiscal, de ningún modo representan la complejidad de una sociedad, como tampoco la riqueza nacional, el bienestar social ni la suficiencia económica estatal. El enriquecimiento privado a través de los bienes y servicios finales en el mercado nacional, generados en un periodo temporal, de ningún modo es progreso nacional ni da cuenta de la situación económica de un país, como fue reconocido por su propio creador Simon Kuznets (1901-1985), a quien el Congreso de EE.UU le encomendó medir la crisis económica mundial de 1929-1932, «… el bienestar de una nación difícilmente puede inferirse de una medida del ingreso nacional» (Kuznets, 1934).

El repetir incesantemente, como verdades absolutas, la situación cuantitativa y las previsiones económicas nacionales de los organismos internacionales, no solo muestra el mecanicismo tecnocrático de la economía, también son evidencias del absurdo desconocimiento del impacto del dinámico devenir político internacional, que inciden en el ámbito económico nacional, a la vez pone de manifiesto el corrupto e interesado compromiso geopolítico, del gobierno y de los partidos del poder, con el cómplice silencio ante la debacle humana con el genocidio contra el pueblo palestino y la confrontación bélica mundial.

Los propietarios del capital ni la jerarquía burocrática estatal crean riqueza ni son autosuficientes, como expresan algunos candidatos, que se disputarán la Presidencia de la República. De este modo, manifiestan su transparente ignorancia e incapacidad previsible, si obtienen los votos de aparente validez.

Explotar a los trabajadores y apropiarse de los recursos del pueblo y de la nación, son auténticos atentados contra la vida y el futuro nacional. Costa Rica nos pertenece a todos, no es un espacio social con dueño, ni el poder estatal es privado. No somos esclavos, somos ciudadanos creadores de nuestro presente y futuro común.

La beligerancia política, la guerra civil que ruge en Zapote y el camino al auto golpe de Estado

Escrito en 21/05/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El inquilino de Zapote viene insistiendo desde hace varias semanas en el tema de la violencia nacional que puede desatarse alrededor de su figura, en caso de que pueda ser inquirido, indagado, sometido a trámite judicial para que la Asamblea Legislativa le levante la inmunidad de su cargo, y pueda ser sometido, en caso de que así proceda, ante los jueces de la República.

La Fiscalía de la República y el Ministerio Público, siguiendo los trámites constitucionales y legales ha elaborado las investigaciones pertinentes para con ellas solicitar el trámite de levantamiento de inmunidad, para enjuiciar a Rodrigo Chaves Robles, quien se desempeña en el cargo de la Presidencia de la República.

Reiteradamente el presidente ha venido deslegitimando al Poder Judicial, a sus altas autoridades, los Magistrados en pleno, enfatizando su ataque contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de la Sala Constitucional, que tienen que ver con los asuntos relacionados con la Constitución Política y los Derechos Ciudadanos, y contra los magistrados de la Sala III de la Corte que atiende los asuntos penales.

Obviamente, sus ataques están dirigidos, especialmente contra aquellos Altos Jueces, que les toca atender asuntos relacionados con acusaciones contra miembros de los Supremos Poderes, como es el caso del presidente de la República.

Los rugidos del Jaguar no solo se orientan a deslegitimar a la Corte, a sus Magistrados y Jueces de la República, sino a sembrar la imagen de la corrupción alrededor de ellos, la desconfianza a la labor que realizan, al trabajo general de la Corte Suprema de Justicia, ante la ciudadanía.

En la última conferencia de prensa montada que dijo claramente, en lenguaje enardecido de plaza pública, que en febrero próximo se cambiaría la Asamblea Legislativa, y que la nueva Asamblea a partir del primero de mayo del 2026, ante quien se dirigiría ñor última vez, estaría integrada por una mayoría de 38 diputados nuevos, totalmente nuevos, fuera de los partidos tradicionales, en capacidad de destituir a los Magistrados de la Corte, con ellos a los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, a la Contralora General de la República, porque era el parte del camino que había que realizar para cambiar el régimen y el sistema político del país, para según él hacerlo más eficiente y moderno.

No satisfecho con los ataques a la Corte Suprema de Justicia, ha mantenido en alto los ataques contra el Poder Legislativo en la figura de los diputados que no le apoyan, que no fueron elegidos por el partido que lo llevó a la Presidencia, contra los partidos, que por su naturaleza legislativa son de oposición política a las fuerzas políticas que se agrupan alrededor del actual mandatario.

Su discurso envenenado contra todo lo que significa partidos políticos históricos, tradicionales o representados en la Asamblea Legislativa lo ha hecho caer claramente en la beligerancia política.

Su discurso contra los partidos políticos, contra los presidentes que esos partidos políticos pudieron elegir, contra los dirigentes políticos del pasado y del presente de esos partidos, y su llamado simultáneo a sustituirlos en el próximo proceso electoral, es como manifiesta su beligerancia política.

Su discurso contra la institucionalidad política, en su conjunto, como la presenta contra todos los Poderes Públicos, contra la estructura e integración de esos poderes, contra los cimientos democráticos de la sociedad y nacionalidad costarricense son las manifestaciones de su beligerancia política, orientada a sustituirla, si pudiera por la fuerza, convocando a los ciudadanos a integrar el movimiento de los jaguares, que trata de inscribir en varios partidos políticos, apoyando de esa manera electoralmente, con todo el aparato institucional que maneja, a quienes sí participen a su alrededor, o alrededor de quien él llegue a señalar o a escoger como el indicado para continuar desde el próximo gobierno sus políticas.

La beligerancia es su activa participación en esta campaña contra todos los partidos políticos, sus diputados y sus dirigentes, como la realiza desde su púlpito de los miércoles. Su beligerancia es la guerra que tiene declarada contra instituciones, poderes públicos, partidos políticos y personas que las identifica y presenta como sus enemigos, como enemigos públicos, como personas que hay que eliminar del escenario político nacional. Para ello acude también a señalar, y exhibir algunos en vallas publicitarias, como si fueran delincuentes, que así los llama, y los presenta al público fanatizado que altera, agita, excita, impacienta y eriza orientándolos a actuar por la fuerza, con violencia, provocándoles la idea y el sentimiento de la sedición, de la sublevación popular, de la rebelión política contra toda la institucionalidad que dice le afecta para gobernar en favor de esos sectores populares.

No satisfecho con esto ha señalado que todos los presidentes, que le precedieron desde 1953 hasta su gobierno, han sido tiranos y dictadores, que no han gobernado a favor del pueblo. Que solo han gobernado a favor de grupos económicos y camarillas de poder alrededor de esos gobernantes y partidos, mientras que él se presenta, al estilo de Hitler y de Mussolini, como representante genuino del pueblo, enfatizando que es el pueblo quien le manda, a quien le sirve, pero que “esas fuerzas” no le dejan gobernar.

En su última perorata llamó a prepararse para la guerra civil. Hizo comparaciones con la Campaña Nacional contra los filibusteros estadounidense que llegaron hasta la Hacienda Santa Rosa y a Sardinal en donde fueron derrotados y echados del territorio nacional el 20 de marzo y el 10 de abril de 1856, y finalmente expulsados de Nicaragua y de Centroamérica el 1 de mayo de 1857.

En este sentido llamó filibusteros a los representantes de los partidos políticos tradicionales y parlamentarios, a sus presidentes, dirigentes de los partidos políticos y a los diputados, a quienes el Jaguar de Zapote considera que hay que echar de los escenarios políticos nacionales. Cuando los trató de filibusteros seguramente se igualó a la pareja nicaragüense, que gobierna autoritariamente en Nicaragua, cuando ha echado de su país a opositores políticos de todo tipo, pensando que los puede echar de Costa Rica para que le dejen gobernar sin controles, sin oposición de ninguna especie.

Constantemente ruge el Jaguar contra políticos de esos partidos que él considera deberían estar en prisión, privados de libertad, por sus prácticas de gobierno.

En la letanía política que hizo el miércoles, invocando a Dios casi como su testigo, como todos los miércoles le cita, llamó a prepararse para la guerra civil, como se hizo en 1948.

No se anduvo por las ramas. Su mensaje fue claro: no le jalen el rabo a la ternera, la gente está preparada para una guerra civil, para defender no el resultado de unas elecciones, como fue la causa principal de la Guerra Civil de 1948, sino para defenderlo a él, al Jaguar, de cualquier trámite judicial que pudiera invocarse para llevarlo a los estrados de la Justicia, para defenderlo a él, por la fuerza del alzamiento militar, de cualquier situación que pudiera afectarlo como presidente de la República.

No contento con el llamado a la guerra civil señaló que las personas que están en su contra, que lo critican, que lo quieren someter a un proceso judicial, solo tienen un componente armado de 1000 oficiales del Organismo de Investigación Judicial, como lo afirmó, mientras él tiene 17.000, diecisiete mil oficiales, en toda la Fuerza Pública nacional. Claramente dijo que todo el aparato policial del país actuará como su ejército privado a su servicio. Enfatizó: “1 a 17”, señalando la cantidad de miembros del OIJ y de la Fuerza Pública. ¿Qué les parece? Así lo dijo.

El trámite de destitución de un presidente es de carácter constitucional, legal. No es por la fuerza. Por la fuerza puede ser que el presidente no acepte ser destituido y en ese sentido invoque a la rebelión popular, a la sedición, al alzamiento colectivo y violento contra lo dispuesto judicialmente, contra el orden público que emana de la propia Constitución Política, alterando la disciplina militar que debe estar orientada a apoyar la Constitución Política y a lo que constitucionalmente así se establezca.

Si se llegare a destituir al presidente, quedan los dos vicepresidentes que le sucederían en el orden de su nombramiento, para acabar con el ejercicio de su gobierno.

Pero, no olvidemos que tenemos un proceso electoral en marcha. Ya iniciado legalmente, con partidos en trámites finales de su inscripción. Algunos ya con candidatos presidenciales acordados. Igualmente, entendamos que algunos de los partidos que se impulsan al amparo de la piel del jaguar, que son varios, no están cumpliendo con los requisitos formales de inscripción y que pueden ser rechazados, como les anularon los partidos que habían presentado para las elecciones municipales. Ante esto el rugido del Jaguar ha empezado su campaña de desprestigio contra el Tribunal Supremo de Elecciones, contra su presidenta y magistrados.

En su campaña y beligerancia política institucional contra el Tribunal Supremo de Elecciones, el presidente ha señalado que se fragua un Golpe de Estado contra él, al tratar de impedirle participar con sus partidos y movimientos Jaguar. Este ha sido otro de sus argumentos para compararse con los sucesos de 1948.

En las elecciones de 1947, que culminaron en febrero de 1948, participaron, como candidatos principales a la presidencia Rafael Ángel Calderón Guardia y Otilio Ulate Blanco. Alrededor de Calderón Guardia se unieron los comunistas y con Ulate se unieron tres fuerzas políticas, los partidos Unión Nacional, el Demócrata y el Social Demócrata. La legislación de la época obligaba a que el resultado electoral se pasara en conocimiento al Congreso, a la Asamblea Legislativa, que debía avalar o no dicho resultado. El Congreso al conocer el informe que trasladó el Tribunal Nacional Electoral, que se había constituido en 1946, que declaraba presidente a Otilio Ulate anuló su triunfo, lo que constituyó la causa del levantamiento militar que jefeó exitosamente José Figueres, durante los meses de marzo y abril de 1948. Un mes de lucha militar y un saldo de 3000 muertos en términos generales fue el resultado de ese enfrentamiento.

¿Qué hubiera pasado si Figueres no se alza en armas? Lo que correspondía era una negociación política entre los diputados para escoger entre los candidatos que participaron. Si no hubiera habido acuerdo aún, probablemente se hubiera usado la fórmula de 1913, cuando no hubo acuerdo entre los tres candidatos presidenciales, y el Congreso procedió a nombrar a los Designados a la Presidencia, los vicepresidentes, y nombrado el Congreso decidió llamar a ejercer la Presidencia al designado Alfredo González Flores. Probablemente esto es lo que hubiera ocurrido parecido en 1948. Pero, los sucesos armados impidieron este desenlace.

La guerra se detuvo gracias a la inteligencia de quienes acordaron acabarla, reconociendo el triunfo de Ulate, y de terminar el gobierno de Teodoro Picado el 8 de mayo. Las Conversaciones del Pacto de Ochomogo y el Pacto de la Embajada de México sellaron ese final. Teodoro abandonó el país, quedando a cargo el Designado a la Presidencia, en ejercicio, Santos León Herrera, quien el 8 de mayo entregó oficialmente el Gobierno. ¿A Otilio Ulate? No. A José Figueres, que era el jefe del Ejército de Liberación Nacional, como se llamó su grupo insurgente. ¿Por qué a Figueres y no a Ulate? Porque Figueres le impuso a Otilio Ulate el Pacto del 1 de mayo, diciéndole que él iba a gobernar el país por un plazo de 18 meses, al término del cual le entregaría el poder, la presidencia. Así lo hizo. El Pacto Ulate-Figueres fue fácticamente un golpe de Estado contra Ulate. El presidente en ejercicio, Santos León el 8 de mayo le entregó el poder presidencial a José Figueres. El gobierno de Teodoro Picado había durado los cuatro años constitucionales de su ejercicio.

Eso si fue un golpe de estado.

¿Pero, qué Golpe de Estado invoca Rodrigo Chaves que le pueden hacer o dar? ¿Su fuerza pública, sus 17.000 armados, los que considera su fuerza militar para un conflicto? ¿Los grupos militares y armados de las organizaciones narco criminales, que al amparo de su gobierno ejercen controles territoriales en el país, que lo conocen y denominan como “Papa Chaves Republic”? ¿Los grupos armados que están tratando de reunirse, por convocatorias públicas, en los próximos días en la zona norte del país?

Lo que puede ocurrir no es un Golpe de Estado sino un autogolpe de estado, o el establecimiento de un estado de excepción forzado, que es lo que el presidente Chaves ha venido finamente preparando. ¿Cómo? Creando un ambiente de inseguridad nacional, política y electoral, que azuza todos los miércoles.

El presidente Chaves ha venido preparando un estado de inseguridad ciudadana, de inseguridad jurídica, de debilitamiento de la institucionalidad, de desprestigio de todos los organismos e instituciones democráticas del Estado y del país. La violencia social se ha cargado y ha sobresalido como parte de esa inseguridad.

Con las políticas de debilitamiento del bienestar social, presupuestos públicos de educación, de las universidades, la eliminación de subsidios sociales, como los comedores escolares, los transportes escolares, las becas a los estudiantes de escuelas y colegios públicos, el congelamiento de salarios y pensiones, el desempleo creciente e informal, la alta deserción escolar nacional, el encarecimiento real de la canasta básica con relación a los salarios.

Con el debilitamiento consciente de los servicios públicos para todos los usuarios de ellos, en salud, atrasos de citas, contrataciones de personal calificado, en educación, por los malos y caros transportes públicos, entre otros servicios.

Con los retenes de calles, por parte de cuerpos policiales y de tránsito, que hacen están acostumbrando a los ciudadanos a los registros personales, en carreteras, como los hacían en Centroamérica, hace algunos años los gobiernos militares y dictaduras. Están realizando golpizas y torturas, probablemente como prácticas de educación en este campo, con algunos detenidos, algunos de los cuales han fallecido en “custodia” policial, amedrentan sutil y subliminalmente a la población. ¿Quién ordena estas prácticas en los centros de detención? ¿Cuáles son los instructores policiales y dënde han sido preparados para estas prácticas?

Todo este ambiente, que prepara paso a paso el gobierno de Chaves, está orientado a justificar el malestar ciudadano que le permita, con su discurso violento, antisistema, antidemocrático, a invocar la posibilidad de un Estado de Excepción, de gobernar por la fuerza, de realizar de esa manera un auto Golpe de Estado, que pueda incluso, crear un clima de inseguridad política nacional que le permita, in extremis, suspender las elecciones y quedarse gobernando unos meses más a la fuerza.

Esto es lo que parece que está en marcha por parte de los grupos militares privados y oficiales que gravitan a las órdenes directas de Rodrigo Chaves Robles.

Esto es lo que hay que detener, el ambiente de miedo, de inseguridad, de terror, de dinamitar, como dijo una vez el presidente Chaves, todos los puentes del diálogo, de los acuerdos, que se genera con parlantes desde Zapote.

El presidente exacerba sistemáticamente la violencia y la inseguridad

Escrito en 16/05/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marco Vinicio Fournier

En los últimos meses, diversas encuestas muestran que la población costarricense coloca la inseguridad ciudadana como el principal problema del país. Esta es una percepción muy realista de la situación nacional, puesto que el análisis de cualquier indicador de violencia señala claramente un aumento abrupto a partir de finales de la década pasada. Las estadísticas muestran un descenso importante durante la pandemia de COVID-19, para volver a incrementarse en los últimos años, alcanzando en muchos casos cifras récord.

El problema actual de la violencia abarca todos los ámbitos y dimensiones del fenómeno. Además de la conocida tasa de homicidios, el incremento en la violencia cubre cualquier ámbito de la interacción social, de modo que el aumento se refleja de forma crítica en la violencia doméstica y en la cantidad de femicidios, en los accidentes de tránsito y las muertes en sitio, los conflictos en las comunidades o las agresiones en los centros educativos. Es natural entonces que las y los habitantes de nuestro país vivan un ambiente de alta inseguridad y con la sensación de su constante agudización.

La violencia, como cualquier fenómeno social, tiene múltiples y diversas causas; sin embargo, nuestros estudios muestran una relación muy importante con los niveles de desigualdad social, el deterioro del sistema educativo, la deslegitimación del sistema político y el desgaste de la confianza en las instituciones. Cada una de estas dimensiones viene mostrando indicadores negativos en lo que va del presente siglo. Una consecuencia muy importante de este proceso de deterioro es la acumulación de estrés, resentimiento y frustración que redunda en un enojo que se generaliza y que refuerza a su vez la deslegitimación. Todo lo anterior redunda en mayor individualismo, menor respeto por las leyes, por el sistema de valores y normas culturales y por los principios políticos de la democracia, facilitando que una proporción creciente de la población busque seguridad y refugio en una figura autoritaria. Esta coyuntura política, cultural y social estuvo en la base del triunfo electoral del actual presidente, quien utilizó como una de sus propuestas más importantes el combate a la corrupción.

Pero la labor del presidente dista mucho de acercarse a un real enfrentamiento de la corrupción en el país. Hasta el momento, no existe ni una sola iniciativa importante por parte del gobierno para combatir situaciones pasadas o presentes de corrupción. Por el contrario, abundan las denuncias de actos ilícitos asociados a una cantidad importante de sus principales colaboradores y a él mismo.

Lejos de combatir la corrupción, el presidente ha reaccionado en la inmensa mayoría de los casos negando la situación y cuestionando directamente a los entes estatales que han manejado las denuncias, entre otros, OIJ, Fiscalía, Tribunal Supremo de Elecciones y Contraloría General de la República. El ataque a estos entes tiende a generalizarse a todos los poderes y a todas las instancias de fiscalización y control. En lugar de buscar un mejor enfrentamiento de la corrupción, ha insistido en debilitar los mecanismos estatales que precisamente se encargan de los hechos ilícitos, de los abusos de poder y de las opciones de encubrimiento.

En lugar de reforzar y sistematizar la lucha contra la corrupción, el actual gobierno ha debilitado y deslegitimado aún más todo el sistema político y jurídico del país. Situación que, como vimos más arriba, no hará más que incrementar los niveles de estrés, enojo y frustración en la población, para estimular a su vez las manifestaciones de violencia y la correspondiente sensación de inseguridad y miedo. Al perder respeto por las leyes y los sistemas de control, mayor será la probabilidad de manifestar directamente las emociones de enojo y frustración y más débiles serán los mecanismos de autocontrol, produciéndose un círculo vicioso, porque la violencia engendra violencia.

Para agudizar aún más la situación, las políticas fiscales del actual gobierno han reducido significativamente el presupuesto de instituciones claves como el Ministerio de Educación, se han negado a pagar la deuda de la Caja Costarricense de Seguro Social y han debilitado los principales mecanismos de redistribución de la riqueza y el combate a la pobreza. A la postre, la desigualdad social se incrementa y la calidad de vida se deteriora para la mayoría de la población, facilitando aún más la deslegitimación del sistema y los niveles de emociones negativas.

Pero, además de todo el desmoronamiento del Estado, el presidente está dando un pésimo ejemplo sobre la manera de manejar el enojo. Lejos de canalizarlo mediante mecanismos de diálogo y búsqueda conjunta de soluciones, cada vez muestra mayores niveles de agresividad y de irrespeto y menor control racional de sus impulsos emotivos. ¿Cómo pretender reducir los niveles de violencia en el país cuando su presidente actúa cada vez de manera más agresiva?

A mi parecer, la conferencia de prensa de ayer sobrepasó todos los límites de violencia. El presidente planteó ayer amenazas bastante explícitas sobre una solución armada a su conflicto con los otros poderes de la República y con los principales mecanismos de control. ¿Cómo pretender reducir los niveles de femicidios cuando el presidente pretende legitimar soluciones armadas ante conflictos sociales?

Por otra parte, también en estos días el presidente ha vetado importantes iniciativas para combatir el crimen organizado y la corrupción y amenaza con seguir vetando cualquier iniciativa que provenga de los otros poderes de la República. ¿Cómo pretender reducir el poder del crimen organizado cuando el presidente rechaza cualquier iniciativa para enfrentarlo?

En conclusión, puede fácilmente comprobarse que el presidente ha contribuido de manera sistemática al aumento de la violencia en el país y por ende a los niveles de inseguridad percibidos por la población. Específicamente, el presidente ha deslegitimado aún más los sistemas estatales de control y fiscalización, ha facilitado un mayor deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la población, está dando un muy mal ejemplo al mostrar un inadecuado manejo y control del enojo, una incapacidad para relacionarse positivamente con otras personas y un rechazo de las posibilidades de diálogo y búsqueda conjunta de soluciones, tan importantes en una democracia.

Seguridad, cultura y educación pública esenciales para el desarrollo humano

Escrito en 20/01/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vivian Rodríguez Araya
Activista social y sindical
Presidenta
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal

Desdichadamente hoy vivimos graves impactos negativos en nuestra sociedad, tal es el severo deterioro de las oportunidades educativas para la niñez y juventud, el retroceso y eliminación de espacios de la cultura y recreación y el evidente aumento de la violencia, criminalidad e inseguridad ciudadana.

La esencia de un país de paz, democracia y libertad se ven reflejadas a través de la cultura, la educación y la seguridad, mismos que hoy se encuentran en un inminente riesgo, por la disminución, violencia y congelamiento al presupuesto nacional para programas sociales y poderes de la república, demuestran la nula atención y poca importancia que el actual gobierno tiene hacia el desarrollo social y económico de nuestro país.

Costa Rica se ha fundado bajo la premisa de contratos sociales, instaurados bajo mecanismos de diálogo que hoy más que nunca son necesarios y legítimos para enfrentar la crisis del país, por lo que desde diversos grupos organizados como la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras y la Mesa Nacional de Dialogo Social y Productivo hemos levantado la voz y continuamos insistiendo propositivamente que la democracia de nuestro país se fortalece si construimos un dialogo franco y respetuoso hacia una verdadera trasformación social con enfoque de justicia y respetando los derechos humanos y la legalidad constitucional que nos funda como republica democrática.

Reflexionar hoy que como ciudadanía debemos hacer un vehemente llamado a las autoridades de gobierno hacia el respeto de nuestra Constitución Política y a la división de poderes, apelar por el descongelamiento de los presupuestos que fueron aprobados por el primer poder de la república, nuestra Asamblea Legislativa, donde los representantes legítimamente aprobaron la tramitación del Presupuesto Nacional 2025, donde la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó mediante 24 mociones que trasladaban diversas partidas presupuestarias para becas del programa Avancemos, comedores estudiantiles, transporte de estudiantes, importantes obras viales, programas del Ministerio de Cultura y Juventud, nuevas plazas para policías del Ministerio de Seguridad Pública, y para el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), así mismo invitar a las autoridades gubernamentales que se permita la apertura real y efectiva de canales de diálogo que hagan posible el fortalecimiento de nuestro Estado Benefactor que nos cobija como una viva democracia.

¿Cuándo fue que se jodió este país?

Escrito en 28/05/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Adriano Corrales Arias

Hasta hace muy pocos años jamás pensé que en este, “mi país”, escaseara el agua o se tuviese precaución a la hora de tomarla directamente del tubo, porque podría estar contaminada. O que no se pudiera salir por la noche con la seguridad de la que siempre gozamos en nuestra loca juventud cuando, chicas y chicos, deambulábamos a pie, hasta la madrugada, sin preocupación ni zozobra; o en nuestra niñez, cuando jugábamos en potreros, terrenos baldíos, parques, calles, callejones, alamedas, hasta altas horas de la noche. Mucho menos que hubiese apagones ni asaltos o crímenes en la vía pública y a plena luz del día.

Y hubiese jurado que la seguridad social –seguro universal y gratuito– crecería y gozaríamos de ella para siempre, cada vez con mayor eficiencia y más oportuna; que, por ejemplo, las ciudades capitales de cada región contaran con un hospital como el México o el Calderón Guardia, asunto para nada inalcanzable si no se hubiese desfinanciado a la Caja (CCSS). Lo mismo con la educación pública, gratuita y costeada por el estado, con estándares de calidad semejantes a cuando cursaba mis estudios secundarios en el otrora prestigioso Liceo San Carlos, el cual, para entonces, por la calidad de sus docentes, no tenía nada que envidiar a cualquier colegio privado de San José. O que las telecomunicaciones y la electricidad podrían exportarse a toda Centroamérica y más allá, contando con una institución como del ICE, por mucho tiempo la mejor empresa en su línea en América Latina y con las tarifas más baratas. (Recuerdo, en mis épocas de hippie, cuando un profesor francés que me hizo raid hasta Sámara, Nicoya –se daba el lujo de vacacionar en Costa Rica y alquilar un auto con su salario– me asegurara que estábamos mejor que en París puesto que, con unas cuantas monedas y sin la mediación de una operadora, podía llamar desde una cabina en la playa directamente a su casa en Lyon). Tampoco podía imaginar un banco privado, o decenas de universidades privadas atacando a las públicas en pos del presupuesto estatal que se les asigna(ba), aunque el estado no cumpla a cabalidad con el mandato constitucional. A pesar de ello, continúan siendo las más prestigiosas, solventes y eficientes; las únicas que aún pueden llamarse “universidades”.

En fin, presumía, con amigos y conocidos latinoamericanos, usamericanos y europeos, porque generalmente ocupábamos los primeros lugares del continente en cuanto a salud –atención médica, erradicación de enfermedades, campañas de vacunación, prevención–, educación –eliminación del analfabetismo, nutrición escolar, infraestructura escolar, cobertura nacional–, vivienda popular, agua potable, telecomunicaciones y electricidad –cobertura nacional–, distribución del ingreso, producción agrícola –con el orgullo de los estancos del CNP–, eliminación de la pobreza, etc. Casi siempre al lado de los también buenos índices de Cuba. (Hoy, vergonzantemente, somos el país más desigual del mundo).

Trato de decir que el Estado Social de Derecho erigido a finales de la década del cuarenta del siglo pasado, luego de una cruenta guerra civil (1948) y de un pacto social inédito (oligarquía, clase media y trabajadores, representados por socialcristianos, socialdemócratas, iglesia católica y comunistas), parecía alzar vuelo y funcionar al margen de la guerra fría, de las dictaduras y de las guerras civiles que asolaban a Centroamérica y al resto del subcontinente. Un estado que, a pesar de errores y corruptelas, se presentaba como el proyecto político más logrado y solvente de la región prometiendo mayor estabilidad social en un marco geopolítico sumamente violento y de agudas contradicciones sociales. ¡Pero llegó la contrareforma!

Luego de la lúcida defensa de dicho estado y de la soberanía nacional por parte de Rodrigo Carazo Odio (1978-1982), misma que le fuera cobrada sin indulgencia por parte del FMI y el BM, hincándonos con la devaluación de la moneda, lo que provocó ira en el pueblo costarricense (pero no contra el FMI o el BM, desafortunadamente, sino contra el gobierno defensor de la soberanía, ¡habrase visto!), sobrevino el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986) que implementa los primeros planes de ajuste estructural (PAEs), iniciando así la contrareforma neoliberal y la ruptura de un estado que, hasta entonces, operaba –mal que bien– con un rostro humano y sin tanta sangría social, ofreciendo oportunidades para los sectores sociales más desprotegidos.

Más tarde los neoliberales, con Óscar Arias a la cabeza, asaltan el Partido Liberación. Nacional (PLN), trastocando lo que aún le quedaba de socialdemócrata. Con un “bazoocazo constitucional” –paradoja: así lo bautizó Luis Alberto Monge Álvarez– y sin oposición, logran reelegir al susodicho. Igual sucede con el partido Social Cristiano (PUSC) con la llegada del junior –Calderón Fournier–, quien, junto al otro junior –Figueres Olsen– firmarán un pacto para repartirse el pastel tratando de cerrar y privatizar instituciones. El segundo logra quebrar y eliminar el Banco Anglo Costarricense, entre otros desmanes concertados. Dicho de otra manera, el bipartidismo se alía y conforma un sólo partido –que, cual máscara de Jano, intercambiará el mangoneo del gobierno: el PLUSC. Cuando el jueguito se les agota, entonces deciden crear el Partido Acción Ciudadana (PAC) dilapidando muy pronto su caudal electoral, ya que los dos gobiernos que logran posicionar –atizando la hoguera del fundamentalismo y embobando a izquierdistas parlamentarios y progresistas pro derechos humanos– aceleran la contrareforma de manera agresiva, ganándose la animadversión de una masa ya confundida e intoxicada con el discurso único de esa entente y de la globalización bajo esquema neoliberal administrada por USA. Entonces, ya casi desesperados, inventan una nueva candidatura y envían por un desconocido ávido de poder y de riquezas. Solo que, al parecer, les salió un poco careto aliándose con nuevos ricos y fuerzas espurias. Lo demás lo estamos padeciendo.

Es este un recuento, grosso modo –quizás de manera harto gruesa– para comprender el galopante proceso de desmontaje del Estado Social de Derecho y el avance de la contrareforma neoliberal dirigido por la plutocracia nacional –con sus contradicciones interclase (grupos de poder que reclaman su tajada), claro está– agenciada por franquicias políticas cada vez más de derecha rayanas en un alarmante y criollo proto fascismo. Es lo que hay. Lo que se lamenta es que el período de desmontaje y deterioro del estado y de la república en general, haya sido tan vertiginoso y virulento; tanto que todavía nos preguntamos cuándo fue, exactamente, que empezó a joderse este paisito. Lo peor: con el apoyo de miles de fanáticos que aplauden dicho desmontaje desconociendo la gravedad del asunto, toda vez que serán ellos los más castigados cuando esta ínsula se privatice en absoluto y pase a ocupar la vanguardia en términos de concentración de capital en pocas manos, bancarrota social y violencia criminal. Lo que se avizora es más que patético. A no ser que demos un golpe de timón y enderecemos la barca en busca de los principios que hicieran de este país un ejemplo mundial en la segunda mitad del siglo XX; algo así como el trapito de dominguear de las democracias capitalistas, una rareza en una Centroamérica convulsa y desangrada. ¿Tendremos los arrestos espirituales, políticos y socioculturales para ello todavía? ¿Será posible la conformación de un verdadero frente político y social que enfrente la, hasta ahora, imparable contrareforma?

El negocio de las drogas

Escrito en 14/03/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Óscar Madrigal

Decía ayer el director del OIJ en un noticiario que un búnker que habían desmantelado en un barrio del sur de San José “producía” 15 millones de colones al día y subrayaba que era al día. Imagínense, decía, lo que puede producir al mes.

Ese búnker le genera a los narcotraficantes alrededor de 450 millones, al mes, 5.400 millones de colones al año. ¿Cuántos búnkeres existirán en todo el país? Podríamos calcular que pueden existir unos mil, siendo conservadores. La cifra generada por la venta de narcóticos, en el mercado interno, en Costa Rica, es astronómica: 5.400.000 de millones (casi 5 y medio billones) de colones al año. Como sucede con estas cifras tan enormes (igual pasa con la cantidad de millones que poseen los Gates y compañía), el cerebro humano no está en capacidad de imaginar semejantes sumas.

De esta revelación se deducen varias interrogantes: ¿Qué se hace con toda esa enorme cantidad de dinero? ¿A dónde va a parar? ¿Cómo y dónde se lava? ¿Cuánto representa ese monto de dinero en kilos de coca? ¿Cómo no se decomisa?

El país está escandalizado por el aumento de la inseguridad, ligada sobre todo al comercio de las drogas y los llamados “especialistas” solo proponen medidas para encarcelar a los pequeños traficantes, pero ¿por qué no seguirle la pista al dinero? Porque lavar 5 y medio billones de colones no debe ser tarea fácil. ¿O por qué no fortalecer las policías encargadas de evitar la entrada de las drogas?

Históricamente, Costa Rica se convirtió en santuario de los narcotraficantes y mercado de la cocaína desde 1983 en el gobierno de Luis Alberto Monge, cuando la CIA y la DEA intercambian armas por coca en el Norte del país para ayudar a la contra. Desde ese tiempo -que ahora nadie recuerda o se hacen los tontos- se montó la estructura narco nacional, con la complicidad de las autoridades nacionales y la embajada estadounidense.

Está totalmente comprobado que el negocio de la cocaína y demás drogas fue montado, tolerado y promovido por la CIA y el gobierno de EEUU.

Ahora nuestros países están soportando las consecuencias de esos actos y, como es evidente, poniendo los muertos, la desgracia y la inseguridad ciudadana.

Al final se termina pensando si realmente hay un interés del Gobierno, de los altos mandos policiales y de las agencias internacionales como la DEA y la CIA, por querer poner fin al contrabando y comercio de las drogas.

Elecciones municipales: ¿Qué sacamos en conclusión?

Escrito en 10/02/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

El examen de quién ganó, quién perdió.

Se ha cerrado el telón de las elecciones municipales, enseguida con afán y curiosidad me he puesto a leer y prestarle atención a todo aquello a lo que he tenido acceso, tanto en las redes sociales, como en los medios de comunicación escritos y televisivos. Observo que el acento de los comunicadores y analistas, en general, ha estado puesto desmedidamente en quién ganó, quién perdió entre los partidos políticos nacionales y cantonales, cuáles dirigentes cayeron o cuáles más bien se catapultaron hacia la cima de las estructuras de poder local.

Entre los análisis más interesantes y con observaciones muy atinadas dentro de esta perspectiva del examen de los partidos políticos y sus estructuras, destaco el artículo del calificado profesional en Gobierno y Políticas Públicas y en economía, Dr. Luis Paulino Vargas Solís. El artículo se intitula: “Algunos apuntes sobre las elecciones municipales.” En mi opinión, la reflexión sigue teniendo este sesgo que he mencionado de hacer prevalecer en el escrito, sobre todo el relevante tema de la corrupción, junto al otro relativo a la crisis u obsolescencia de algunos de los grandes partidos políticos, en particular del Partido Liberación Nacional. Además, se adentra en la mención de las debilidades territoriales de otros partidos (FA, PAC), que provoca tanto su incapacidad de convocatoria en el plano cantonal, así como para establecer alianzas en ese mismo ámbito local. Luis Paulino aborda también el auge de los partidos de extrema derecha con su ideología de “sálvese quien pueda”, y cómo están capturando mucha de la población joven. Destaca como un hecho sobresaliente, el triunfo del joven y talentoso profesional, el historiador Diego Miranda en el cantón central de San José, que lo menciona como la derrota de un estilo político corrupto e inepto, el de Johnny Araya. Finalmente, alude a la mengua de la tendencia del abstencionismo a crecer. Por lo que lo conozco, como un analista muy profundo y con gran capacidad de análisis, sé que es apenas, como se advierte en el título, una aproximación a la trama de las elecciones cantonales que acabamos de presenciar.

Toda esta temática es importante, claro está, puesto que los partidos políticos nacionales y cantonales son el mecanismo por medio del cual se accede al poder local. Además, nos quejamos de la corrupción en muchos de los gobiernos locales que, se ha atribuido en gran parte a la “eternización de muchos de los liderazgos locales”. Convengamos en que, siendo cierto lo anterior, constituye solamente una parte de las múltiples causas de la corrupción en la esfera de lo local y, de la debacle o ruina, en medio de la cual viven una mayoría de los vecinos de una enorme cantidad de cantones costarricenses.

El análisis desde la perspectiva de la realidad local

Parte de la realidad del mundo local está determinada ciertamente por esta dinámica de los partidos políticos nacionales y cantonales y el entramado de la corrupción en los poderes locales, pero la cuestión tiene mucha más hondura. Hemos detectado un artículo muy interesante, el del economista Roberto Jiménez Gómez (Cfr. Jiménez G., R. “Guía para los gobiernos locales” La Nación,6.02.24, Pp 26) y una eminente entrevista que realizó el comunicador Ferlín Fuentes, miembro de “Noticias Repretel” y “La Nación”, al ministro y presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, señor Luis Barroso (Cfr. Fuentes, Ferlín. “Los excluidos son las presas más fáciles del autoritarismo.” LN. 4.02.24. Pp.21). Ambos, el artículo de Roberto Jiménez y la entrevista realizada a Luis Barroso hacen aportes, a mi modo de ver, desde una perspectiva diferente que la que dejamos planteada supra y que conviene rescatar ahora.

El aporte del economista Roberto Jiménez al examen de los gobiernos locales. Una Cruda realidad de desigualdad e inequidad que, a los costarricenses no nos gusta ver.

Roberto se nutre de varias instituciones para acopiar datos de las realidades locales y presentar un panorama francamente desolador:

1. En primer término, retrotrae un dato que tiene como fuente de información al Banco Central de Costa Rica, mostrando que del Producto Interno Bruto Cantonal (PIBC), el 77,4% lo aportan una minoría de los cantones de la región central del país. Esta “brutal diferencia” entre las comunidades del Valle Central del país y las restantes que constituyen la periferia, determina la imposibilidad de que los habitantes de los cantones más pobres y rurales puedan tener acceso a una vida digna, con bienestar. Esta realidad tan cruda impide que los gobiernos locales de los entornos rurales de Costa Rica hayan logrado contribuir a sacar adelante a miles de familias que viven por debajo de la línea de pobreza; muchas otras familias que están en peores condiciones aún, ya que padecen la miseria extrema, están verdaderamente postradas, las cabezas de familia y sus hijos.

2. Luego el Dr. Jiménez acude al “Atlas del Desarrollo Humano de la Universidad de Costa Rica”, para afirmar que en concordancia con los datos del PIBC del BCCR, son los cantones de la Gran Área Metropolitana o GAM, los que poseen los mejores índices de desarrollo humano, dejando completamente rezagados a los cantones fronterizos concretamente, que se encuentran en el extremo opuesto.

3. En la misma dirección de desigualdad e inequidad apunta el índice de “Promoción de la Competitividad”; en este caso, el Consejo aporta indicadores de los 82 cantones (hoy 84), de diversas instituciones públicas que permiten hacer una valoración de la totalidad, dejando patente que, los cantones de la GAM poseen por mucho la mayor competitividad respecto de los cantones de la periferia, porque Costa Rica, a pesar de los esfuerzos emprendidos por las organizaciones que trabajan por auspiciar el desarrollo socioeconómico en los cantones rurales y urbanos más pobres, continúa siendo un país muy centralista.

4. Como corolario Jiménez adopta el término de la “Patria Desigual” para referirse a Costa Rica. El profesional resalta como factores críticos de los últimos años, las migraciones, la inseguridad ciudadana (hoy espoleada por el flagelo del narcotráfico agrego yo), los riesgos climáticos y el desempleo como carlancas que impiden el desarrollo en las realidades locales rurales pobres y urbano marginales. Frente a todos estos retos y otros no mencionados, advierte el Dr. Jiménez, se requiere una cohesión territorial institucional, en conjunto con los gobiernos locales -agrego yo- para modificar esta realidad tan ominosa. Tal es el contexto en el que se acaban de desenvolver las elecciones municipales donde, en lugar de continuar descendiendo el abstencionismo, como lo mencionó el Dr. Luis Paulino Vargas, volvió a subir hasta alrededor de un 68%.

El hermoso aporte por medio de una entrevista del juez y magistrado brasileño que nos visitó. ¡Qué hermoso pensamiento nos dejó! Lo secundo. Veo las cosas muy parecido a él.

El planteamiento del Dr. Luis Barroso lo expongo de la siguiente manera:

1.El profesor Barroso sentó primero la siguiente premisa: En muchas regiones del mundo, de manera particular en varios países de América Latina, hay una fuerte emergencia del pensamiento conservador, capturado (mucha atención a esto) por la extrema derecha no democrática, no constitucional y no pluralista. Como cuando un liderazgo del ejecutivo intenta fagocitarse o tragarse al sistema judicial y al legislativo juntos, y si puede y lo dejan, anula al ente contralor de la República y al Tribunal Electoral. ¿Cómo les va sonando? No sean mal pensados no es un atributo solamente de Costa Rica, ha ocurrido en Brasil con Jair Bolsonaro; en los propios Estados Unidos con Trump. Barroso agrega en otra parte de la entrevista que, el populismo puede ser de izquierda o de derecha, pero más recientemente lo hemos visto en la derecha.

2. Los líderes populistas aparecen con mayor frecuencia cuando se produce lo que Barroso llama “disfunciones del sistema democrático”, que es cuando hay una “recesión del sistema democrático” que, no puede garantizar el desarrollo con bienestar para toda la ciudadanía. En estas condiciones, a lo Bukele se imponen los legalismos autoritarios, en los que “…líderes carismáticos con posturas anti institucionales y anti pluralistas son quienes manipulan los sentimientos y temores de la sociedad…” (Cfr. Ibidem). Se debilitan los ideales democráticos, principalmente, como lo reflejan las encuestas -dice Luis Barroso- entre las poblaciones más jóvenes, por diferentes razones, entre otras porque desconocen la historia. El ascenso del populismo autoritario, como en Costa Rica hoy, penetra con más fuerza entonces, cuando la propia democracia no puede garantizar la prosperidad e igualdad de oportunidades para todos, así lo expresa Barroso textualmente. Pero, (mucha atención con esto también), en tales condiciones los excluidos son las presas más fáciles de los discursos autoritarios.

3. También expresa Barroso, los discursos populistas ofrecen “soluciones simples y erróneas” ante problemas complejos, como cuando se intenta exacerbar prejuicios y sentimientos de la gente en contra de las poblaciones de inmigrantes y la Suprema Corte. ¡Qué cierto es esto!!! Luis Barroso profundiza aún más y nos deja un pensamiento profundo, que nos debe hacer meditar en estas circunstancias en que vive nuestro país: “La erosión de la democracia…ya no se manifiesta con golpes de Estado (ojo)…sino mediante cambios incrementales que, de manera aislada no son dictatoriales, pero que, en conjunto y con el tiempo, revelan un carácter autoritario y dictatorial (…) La frase termina magistralmente con lo siguiente: “Si se debilita la prensa y los órganos de la sociedad civil, gradualmente se instala el autoritarismo.” (Ibid. La frase en negrita es de mi peculio personal, he querido dejarla resaltada).

4. El Juez Barroso, casi concluyendo la entrevista, nos lega un fragmento de su sabiduría, que cito textualmente, pues no lo podría expresar de mejor manera: “Quizás -expresa- el gran problema en América Latina radica en que, pese a tener buenas constituciones, teorías sólidas, destacados constitucionalistas y cortes constitucionales competentes, no se han alcanzado niveles mínimos de igualdad social en las oportunidades de participación.” (Cfr. Id. la Negrita también es mía). Y, asimismo afirma que: aunque en Costa Rica se percibe una mayor presencia de la clase media, las estadísticas de desarrollo humano en nuestro país confirman la siguiente realidad, la riqueza se concentra cada día más en un grupo social muy pequeño, y la distancia social y económica del resto de la población hoy es más abismal que nunca. La anterior constituye una verdad como un templo y algunos de nosotros, investigadores sociales, lo venimos constatando y repitiendo en el terruño desde hace mucho tiempo.

En conclusión, con respecto al tema de las elecciones municipales, tenemos que estas se han desarrollado en un ambiente político crispado por la polarización, con una diferencia entre municipios ricos y pobres del cielo a la tierra, en medio de una erosión tremenda de todos o casi todos los partidos políticos, y los que no, o los que parecen tener un repunte, es prematuro todavía afirmar si ello es debido a un mejor clima de participación y organización popular, en el cual estas agrupaciones políticas hayan tenido algo que ver, o por el contrario, repuntan a expensas de la erosión de los otros partidos políticos y por circunstancias aleatorias. No observo un mejoramiento general del sistema municipal, aunque existen ejemplos en contrario de ciertos gobiernos locales que han tenido éxito en su gestión, como podría ser el caso de la Municipalidad de Acosta que conozco. No ocurre así en la Municipalidad de San José, donde más bien se acusa un clima de turbiedad en el manejo de los recursos públicos locales que, explica la erosión del liderazgo. Tampoco se puede decir que se siguió abatiendo el índice de abstencionismo como ocurrió al final de los dos cuatrienios anteriores, sino que más bien, ese índice subió. Ello, no obstante, una campaña del Tribunal Electoral muy acertada y linda, consistente en tocar el corazón de los ticos llamándonos a votar por nuestro “pedacito de Costa Rica”. La contrapropaganda en muchas de las redes sociales parece haber tenido su efecto contraproducente.

Enviado a SURCOS por el autor.

Carta política enviada por la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo al presidente de la República

Escrito en 25/10/2023. Publicado en Derechos.

Miércoles 25 de octubre de 2023
San José, Costa Rica

Sr. Rodrigo Chaves Robles
Presidente de la República de Costa Rica

Señor presidente:

De parte de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo reciba un saludo respetuoso, pero a la vez cargado de una profunda preocupación por la destrucción sistemática de las conquistas, como nuestro sistema democrático, en el que se fundamenta nuestro Estado Social de Derecho y que, por ende, afectan la supervivencia de diversos sectores sociales de nuestra amada Patria.

Desde las organizaciones sociales y productivas que agrupamos, así como desde el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y cada suscribiente, hacemos de su conocimiento nuestras posiciones con respecto a distintos ámbitos de la vida nacional.

Nuestra Constitución Política, artículo 50, señala que el Estado costarricense debe procurar el mayor bienestar para todos sus habitantes, para lo cual debe organizar y estimular la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, así como garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además, la Carta Magna reconoce el legítimo derecho de las personas para denunciar los actos que lesionen esos mandatos constitucionales.

En ese entendido, nos dirigimos a usted, ante la observancia de que tanto su Gobierno como sus alianzas en la Asamblea Legislativa, insisten en renunciar a esas responsabilidades constitucionales, sociales y democráticas, con la consecuencia inevitable de un creciente malestar social que se manifiesta de distintas formas a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto ha suscitado diversas manifestaciones de protesta, entre las que se destacan: Marcha en defensa de la Educación Pública, Marcha en defensa del Sector Agro Alimentario, Marcha en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, protestas por el acceso a vivienda, desempleo, inseguridad ciudadana, recortes al presupuesto para Arte y Cultura, demandas ambientales y derechos humanos de las mujeres, así como otras acciones colectivas desarrolladas por distintos sectores sociales y documentadas en los medios de comunicación. Estas manifestaciones evidencian los intentos legítimos de una sociedad movilizada en búsqueda de soluciones a estas problemáticas.

Pero los medios de comunicación, tanto nacionales como regionales, no son los únicos en documentar el malestar y la descomposición social palpable. Estudios serios como el Estado de la Nación, el Estado de la Educación y el Estado de la Justicia del Programa Estado de la Nación, así como observatorios de la realidad nacional, foros de análisis y organismos internacionales especializados, también registran retrocesos que amenazan la democracia costarricense.

A manera de temas prioritarios, que requieren políticas de Estado precisas, señalamos doce grandes ámbitos de incumplimiento sobre los cuales la ciudadanía, aquí representada, espera soluciones:

Democracia y autonomías institucionales: La “institucionalidad” no es un invento producto del imaginario costarricense, como tampoco la Constitución Política es un librillo sujeto a todo tipo de sátiras, cuestionamientos e incumplimientos, estableciendo por el contrario las bases para la convivencia democrática, entre ellas la división de poderes. Es necesario que su gobierno y sus alianzas respeten la división de poderes, dejen de violentar las autonomías institucionales y abandonen los intentos de vender activos del Estado que generan bienestar a la población. Mostramos nuestro total desacuerdo con la tercerización de servicios públicos básicos para hacer de ellos un negocio privado de unos pocos, por demás funesto para las finanzas públicas y privativos para las grandes mayorías. Exigimos además el cumplimiento por parte del Gobierno con la asignación del presupuesto del 2% del impuesto sobre la renta para las Asociaciones de Desarrollo Comunal. Demandamos una fuerte televisión pública por lo cual somos del criterio de que el SINART debe ser fortalecido, limpiándole de la intromisión politiquera cuatrienal, entre otras demandas; promover convivencia democrática y la libertad de expresión, y un alto a la violación de las autonomías institucionales, no más tercerización de servicios públicos básicos.
Derechos humanos: Exigimos un Gobierno comprometido con los derechos humanos, independientemente de las creencias y valores de quienes gobiernen. El Gobierno no solo está obligado a tolerar el disenso, sino a emitir información veraz y garantizar el acceso a todo tipo de información de interés público. Urge fortalecer la protección y el respecto de las libertades de expresión, tránsito y asociación, derechos de las mujeres, personas jóvenes y con discapacidad; defensa de territorios indígenas y comunidades tribales, garantías sociales e individuales, así como lo relacionado al ámbito sexual y reproductivo, derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de acceso al agua potable; al trabajo digno, decente, al ocio y el descanso, así como a un salario justo, educación de calidad y salud preventiva y curativa universales. Además, es fundamental la ejecución de los mecanismos que habilitan el derecho a la libertad de prensa, asociación y organización para el adecuado desarrollo democrático e institucional. Así como garantizar el derecho a la alimentación para todas las
Soberanía y seguridad alimentaria: Urge que Costa Rica oriente su modelo productivo hacia la soberanía alimentaria, a saber, el derecho a definir y controlar su sistema alimentario y de producción de alimentos, tanto a nivel local, en internacional de forma equitativa, soberana y respetuosa con el medio ambiente y con el modelo alimentario de los pueblos indígenas. De esta manera, las instituciones públicas deben garantizar que los instrumentos con que cuentan apoyan una política agraria integral de Estado, entre otros, en: una tenencia de la tierra justa y equitativa para los pequeños y medianos productores y el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos ancestrales; una revisión de la desarancelización del sector agropecuario (abandonando de inmediato la llamada ruta del arroz y revisando de manera exhaustiva decretos que generan desigualdades competitivas con la producción nacional, como lo son, el sector papero, cebollero, aguacatero y frijolero, entre otros); el desarrollo de infraestructura hídrica para riego y drenaje; registro de nuevas moléculas para el sector agroalimentario; fortalecimiento de agro mercados justos; fomento de prácticas agroecológicas; rescate de semilla criolla y acceso a crédito rural; uso generalizado de seguros agropecuarios; etc. La institucionalidad pública del sector agropecuario debe respetarse. Asimismo, se debe descartar de forma definitiva la incorporación del sector agropecuario costarricense al Bloque Alianza del Pacífico. De manera contundente dejamos establecida nuestra firme posición de que la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) debe seguir siendo de propiedad pública. Reiteramos además las consignas de: SÍ a la Comisión Especial Mixta para el sector Agroalimentario, en la Asamblea Legislativa; NO a la Eliminación Selectiva de Aranceles del Agro; SÍ a la Defensa de la Institucionalidad del Sector Agropecuario; NO a la Canasta Básica Importada; Si a la Defensa del PAl, un Mercado Seguro para la Producción Nacional; NO a la monopolización de los mercados agroalimentarios y pesqueros; NO al contrabando de productos agropecuarios Si a la Soberanía y Seguridad Alimentaria.
Empleo, creación de oportunidades y reactivación económica: Según la Encuesta Continua de Empleo (junio-agosto 2023) del INEC, 204 mil personas se encuentran desempleadas y 816 mil tienen un empleo informal, con una alta presencia de la población juvenil. Estos datos alarmantes reflejan que los componentes esenciales para el bienestar económico de un país no se concretan con la llegada de unas cuantas empresas transnacionales a suelo costarricense. Tampoco solo quienes cuentan con formación en altas tecnologías y dominan varios idiomas tienen derecho al trabajo. Se requieren estrategias de reactivación económica en los territorios, con perspectivas diferenciadas y en concordancia con las capacidades y oportunidades de las diversas poblaciones, y que se construyan en colectivo, con especial preponderancia de MIPYMES, organizaciones de la economía social solidaria y la llegada de recursos desde Banca para el Desarrollo a todos los territorios del país con facilidades técnicas para la población. La falta de esas estrategias hace que el Producto Interno Bruto (PIB) se concentre en el centro del país. El 77% del PIB se produce en la región Central del territorio nacional, quedando las zonas periféricas sin suficientes oportunidades productivas, a pesar de tener casi el 40% de la población. Además, debe detenerse el congelamiento salarial de los trabajadores públicos. Adicionalmente, deben fomentarse leyes y políticas que fortalezcan la dignificación laboral y garanticen condiciones dignas del trabajo para todas las personas.
Justicia económica: Exigimos un alto a la desigualdad, no existe justicia social que se traduzca en dignidad de la persona, solidaridad y valor del trabajo, sin justicia económica. La pobreza en Costa Rica aqueja al 21,8% de los hogares este 2023, y la pobreza extrema, a 6,3%, según la medición por insuficiencia de ingreso o línea de pobreza, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) por medio de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Además, la desagregación de ese promedio revela la situación desigual de la pobreza en las diversas regiones del país. Mientras la pobreza es el 18,1% en la región Central del país, en la región Brunca es el 34% y en la región Huetar Caribe es 33%, por ejemplo, se propone garantizar el fortalecimiento de los programas sociales que asignan recursos a grupos vulnerables, salario digno, reconocimiento social y remuneración del trabajo doméstico y de cuidados, así como el replanteamiento de una estructura tributaria que sea Se impone la necesidad de un nuevo cálculo del salario mínimo en Costa Rica, habida cuenta del alto costo de la vida en nuestro país; amén de decretar el retorno del reajuste salarial del mismo por costo de vida de manera semestral. Es urgente revisar las causas por las cuales viene ocurriendo una brutal concentración del ingreso y la riqueza en Costa Rica, así como las causas del alto costo de la vida que enfrentan las familias costarricenses, producto muchas veces del funcionamiento altamente concentrado de los mercados y del sobreendeudamiento de estas familias a tasas de usura y a menudo en condiciones de extorsión (préstamos “gota a gota”). El ROP exige transformaciones jurídicas urgentes para el acceso total a sus fondos por parte de las personas trabajadoras. Adicionalmente, es menester establecer un ingreso mínimo vital que permita sacar de la pobreza extrema a miles de personas que sufren de esta situación y que podrían tener una vida digna con una adecuada canalización de la inversión social.
Justicia tributaria: Mientras algunas grandes empresas siguen gozando de exoneraciones fiscales y otras se amparan en tecnicismos legales para no pagar impuestos, el país no tiene una ruta clara para combatir la evasión y la elusión tributaria, esto sucede al tiempo que los servicios públicos se deterioran y la persona ciudadana común, afronta hoy un salario precarizado, congelado en el tiempo, golpeado por políticas como la Ley de Empleo Público; mientras algunas familias ni siquiera tienen acceso a un ingreso estable. El sistema tributario costarricense debe garantizar que quien gana más,
Ambiente y energía: Proyectos extractivistas, como la exploración y explotación petrolera o de gas natural, monocultivos en territorios de vida silvestre, así como la reactivación de pesca de arrastre, entre otros; nos alejan del liderazgo mundial en temas de conservación y medio ambiente frente a la crisis climática mundial. Costa Rica debe propender a la soberanía y seguridad energética, producir en armonía con el ambiente, de manera sostenible, fomentando programas de capacitación y emprendimientos colectivos sobre economía verde, economía circular y bioeconomía. Además, deben fortalecerse las instituciones rectoras en materia administración energética y de transición, los compromisos de Costa Rica en materia de adaptación y mitigación a cambio climático. Deshacer el rechazo al Acuerdo de Escazú, e incorporar con vehemencia los esfuerzos en la materia de organizaciones de pueblos ancestrales y tribales, mujeres rurales, activistas ambientales y expertos en la Alertamos sobre el sistemático debilitamiento del papel de la política pública en el adecuado y necesario papel protector de los parques nacionales y áreas de conservación, pues los intentos por privatizarlos ya se están manifestando. Por lo que solicitamos se genere un estado de emergencia para generar la infraestructura de distribución y almacenamiento de agua para comunidades y un proceso de fortalecimiento de ASADAS en todo el país. Así como oposición a planes reguladores en zonas costeras que afecten la flora y fauna de las comunidades y sus actividades productivas.
Arte y cultura: La libre expresión de los pueblos es imperativa para garantizar bienestar y mitigar los malestares sociales. La inversión en cultura debe fortalecerse, realizando intervenciones artísticas en los territorios mediante, entre otras, las organizaciones sociales, culturales, artísticas y comunitarias de cada zona, rescatando espacios para estos fines en los centros educativos, en ambientes limpios y seguros para la libre expresión cultural comunitaria. Además, es menester el fortalecimiento del presupuesto institucional en la materia, pues su gobierno ha continuado con acciones recortistas que impiden fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, así como facilitar la participación de todos los sectores sociales, en los procesos de desarrollo cultural y artístico, sin distingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica.
Educación pública: Es clara la evidencia cualitativa y cuantitativa suministrada por distintos análisis, además del malestar ciudadano y gremial, en cuanto a que la educación pública sigue carente de rumbo estratégico y persiste el desfinanciamiento del sector, con lo cual se termina imponiendo una ruta de precarización del derecho humano a la educación, agudizando la discriminación y violencia diferenciada hacia la más de un millón de personas estudiantes, como recortes en becas, infraestructura deficitaria y cuestionados sistemas nacionales de evaluación. A partir del IX Informe del Estado de la Educación, se puede afirmar la continuada ausencia de voluntad política para avanzar hacia el 8% del PIB constitucional. Consideramos de extrema urgencia el establecimiento del Pacto Nacional por la Educación Pública, propuesto a su gobierno y a la Asamblea Legislativa meses atrás. Además, reiteramos las consignas de: No más recortes presupuestarios a la educación pública; Declarar en estado de emergencia a la educación pública; mejorar las condiciones labores de la clase trabajadora del sector educación; Salario Digno para las trabajadoras y trabajadores del Ministerio Educación Pública; reducción de cargas laborales para los docentes del MEP; Fortalecer y robustecer el régimen de pensiones de los trabajadores de la educación pública; construir una educación pública de calidad para toda la comunidad estudiantil; respeto y fortalecimiento de las convenciones colectivas del trabajo del MEP; fortalecer los programas de educación inclusiva de la enseñanza general básica.
Salud pública y seguridad social: Eventos como la pandemia por Covid-19 demostraron la eficacia de la integración de toda la sociedad en estrategias nacionales de salud pública y por supuesto, la importancia vital de contar con una CCSS fortalecida y solidaria. Distintos expertos, actores sociales y organizaciones productivas sostienen con evidencia que la CCSS no está quebrada y que la administración actual refleja impericia y oculta información. El Ministerio de Hacienda sigue adeudando billones de colones a la CCSS. Entonces, una vez más, la ruta definida por su Gobierno es la precarización del servicio. Persisten el ataque a la autonomía institucional, grandes e inhumanas listas de espera, deuda del Estado con la CCSS, faltante y fuga de especialistas, déficit de infraestructura, falta de condiciones laborales y tercerización de los servicios, ofrecida esta última como un paliativo ante la falta de soluciones estructurales reales y efectivas. Esta priorización deriva de un encuentro participativo, en el marco de la “Gran Protesta Nacional contra las políticas que destruyen el Estado Social y Democrático de Derecho”, donde diversas organizaciones suscribientes analizamos la realidad nacional, sus problemáticas y sus posibles soluciones. Al respecto, adjuntamos una serie documentos a modo de anexos que profundizan diversos aspectos de los ejes arriba mencionados.

Uno de los objetivos más importantes que tiene este movimiento ciudadano, pacífico pero enérgico, es hacer un llamado vehemente a todos los actores políticos del país, y en especial al Gobierno de la República, reconociendo la importancia del diálogo social para enfrentar los flagelos que nos aquejan como sociedad y que afectan particularmente a los sectores sociales y productivos menos favorecidos.

Pero lastimosamente, y pese a que diversos sectores se han manifestado de múltiples maneras y han comunicado a las instituciones gubernamentales sus demandas, es claro que su gobierno no atiende estas iniciativas legítimas, por lo que proponemos crear mecanismos conjuntos para encontrar soluciones.

Por tanto, solicitamos del Poder Ejecutivo la convocatoria inmediata a un encuentro de alto nivel entre las autoridades del Estado y los sectores suscribientes, así como la sociedad civil organizada que decida sumarse, para hacer real ese diálogo social para la concreción de las soluciones que Costa Rica amerita y el cumplimiento pleno del artículo 50 constitucional:

“El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.”

Esperamos su disposición y voluntad para con los liderazgos y las organizaciones, quienes han demostrado una importante participación ciudadana a nivel nacional. Además, este movimiento nacional entiende la importancia de que en este espacio de diálogo de alto nivel participen los otros Poderes de la República (Judicial y Legislativo).

Por lo tanto, una vez constituido este espacio entre el Ejecutivo y las organizaciones, proponemos invitar especialmente a la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, así como la Defensoría de los Habitantes como garante. Lo anterior, puesto que la solución integral de los desafíos del país es resorte de todos los Poderes de la República, sin olvidar que la misma Carta Magna, artículo 9, establece que el gobierno también lo ejerce el PUEBLO.

Quedamos a la espera de su respuesta para las organizaciones abajo firmantes.

Con copia:

Asamblea Legislativa Corte Suprema de Justicia Defensoría de los Habitantes REPÚBLICA DE COSTA RICA

Sálvese quien pueda

Escrito en 02/09/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rafael A. Ugalde Q.

La llamada “clase media” y “alta”, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, no creen merecer los nervios con que viven al estar llegando a su fin un viejo orden y asomarse otro. Durante más de medio siglo las pequeñas élites regionales permitieron a estas clases aumentar su acumulación de la riqueza saqueando, despojando a los pueblos de sus derechos y traficando con toda clase de negocios, bajo la égida de un estado liberal, presentado politiqueramente, como “elefante reumático”.

En ocasiones, estas clases sociales de Latinoamérica y el Caribe, restringen la academia y censuran a sus matrices mediáticas, cuando tratan de recordar por qué inventaron el cuento del “elefante reumático” y la falacia mejor contada de “cuando llueve arriba se mojan los de abajo”. Estas burguesías regionales son las verdaderas responsables de la situación de hambre, desempleo, corrupción, tráfico de drogas, falta de vivienda, compra y venta de órganos humanos, impunidad, justicia lenta e incumplida e inseguridad ciudadana, entre otras desgracias, instauradas en el hemisferio.

Solo en Costa Rica hay más de 700 mil habitaciones con reparaciones urgentes y cuyos dueños si “meten mano” en ellas no comerán varias semanas. Si bien es cierto las autoridades económicas han hecho esfuerzos para bajar la inflación, los porcentajes de disminución de ella son a favor de la clase media y alta, pues los costos de pasaje de avión aparecen como los más baratos en agosto pasado. El país sigue esclavo de un círculo engañoso: está entre las naciones latinoamericanas con el salario mínimo más elevado, pero a la vez entre las más caras del hemisferio, según datos oficiales.

En gran medida el escamoteo de impuestos, el contrabando y la corrupción como forma de vida impuesta por estas élites, se traducen en la desgracia de más de una cuarta parte de la población del país en pobreza o en miseria extrema. “Hablar de justicia tributaria es subversivo en Costa Rica”, precisó recientemente el secretario General de la ANEP, Albino Vargas, al comentar la Primera Cumbre Ministerial para un Tributación Global, celebrada hace poco en Colombia. (Fuente: https://www.larevista.cr/albino-vargas-justicia-fiscal-tema-subversivo-en-costa-rica/).

Así, en el proceso de “eliminación” del “elefante reumático”, pocos ganaron y muchos perdieron en el hemisferio. Las agrupaciones autodenominadas “liberales”, “conservadores”, ”socialdemócratas”, “socialcristianas” “progres” o “nacionalistas” terminaron forjando auténticos “lobbyistas” para vender bancos, minas, privatizar el agua, patentes para farmacéuticas, permisos para exploraciones y explotaciones petroleras en parques nacionales, entrega de tradiciones de nuestros pueblos originarios, plantas medicinales, vender educación , salud y un largo etcétera. Se dio, parafraseando a Paulo Freire (1921-1997), el despojo de la “conciencia de clase” para millones de trabajadores condenados a seguir la línea “politiquera” de estos grupos de poder y, así alejarlos, lo máximo posible, de cualquier grado de politización. Es decir, despertar entre las mayorías el interés por el gobierno “de”, “por” y “para” el pueblo.

Al mismo tiempo que estos grupos van borrando de la praxis política el empoderamiento de estas mayorías y su participación directa en los grandes desafíos país, reducen todo a mercancía y mercado, no necesitan ya del “bien común” como aspiración de justicia y movilidad social; ahora es el “bien particular” como ejemplo de astucia, “emprendimiento” e “inteligencia”. El Estado Social de Derecho, en algún momento identificado como estado del bienestar capitalista, no es necesario; ahora el “estado democrático de derecho “funciona” a la perfección con las leyes protectoras del libre mercado y la “nueva normalidad”.

“Normalidad” acompañada de un discurso contra sus oponentes virulento, estigmatizador, autoritarista, antisocialista y con raíces profundas en el nazismo y el fascismo. Basta consultar los discursos de Bolsonaro contra los planes de Lula para garantizar salud como derecho a los brasileños, los opositores mexicanos al gobierno actual, contra la dotación de libros gratis en las escuelas que, según ellos, “inyectan el virus del comunismo” a los niños, o cuando el presidente Rodrigo Chaves, en medio de manifestaciones y reclamos de estudiantes de secundaria, comparó los fines de las organizaciones delictivas con los grupos de izquierda.

No se trata, pues, de un problema con un partido político o persona, legitimado por unas elecciones generales cada vez menos concurridas, porque entonces se sustituye electoralmente a uno o ambos cada cierto tiempo, y el problema está resuelto. Es más complicado que atribuye a una persona o agrupación electorera la responsabilidad por el caos; se trata de toda una estrategia concebida para someter a sociedades completas a dar sus recursos estratégicos, entregar mano de obra calificada barata y servir de parapeto a quien coloniza.

En gran medida, ello no hubiera sido posible, sin la “politiquería” como estrategia y práctica cotidiana – entendida como la capacidad para dar licencias, permisos, falsas promesas o regalías-, logrando su fin: mantener lejos de cualquier grado de “politización” a los movimientos sociales y populares.

Sin embargo, al estar llegando a su final la llamada “globalización” por el surgimiento de polos emergentes de desarrollo socioeconómico en Asía, África y América Latina, el llamado “thatcherismo, como política implementada a finales de la década de los 70 por la primera dama del Reino Unido, Margaret Thatcher, se ve profanado en su versión actualizada y su respuesta es entonces la radicalización y el rechazo a otros posibles competidores.

En el ajedrez actual africano, por ejemplo, los peones sacuden los arfiles y exigen a sus antiguos amos pagar a precios de mercado internacional para el oro, el petróleo, el gas o el uranio, sí quieren seguir construyendo coronas de lujo, autopistas asombrosas, automóviles voladores o centrales nucleares para envidia del mundo.

Por su parte, Nuestra América, cada vez más profundiza su desobediencia en Brasil, Bolivia, Perú, Venezuela, Cuba, Nicaragua, México, Honduras, Haití, entre otros, a tal extremo que la Jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, la General Laura Richardson, cayó de sorpresa en Costa Rica con un mensaje de tranquilidad para los amigos suyos en la región y renovadas promesas de no abandonarlos ante eventuales amenazas.

Durante esta visita a la casa presidencial aquí en San José, la Comandante Richardson calificó de “preocupante” la presencia de otros actores económicos en la región. La República Popular China, Irán, India y Rusia tienen grandes inversiones en el campo científico y tecnológico en Suramérica y Centroamérica, cuyo istmo es considerado por la Doctrina Monroe, como “patio trasero” del Tío Sam.

“A menudo hablo de esto, que ellos lo llaman inversión; pero yo lo llamo extracción de la República Popular China en infraestructura crítica en América Latina y el Caribe”, dijo Richardson, según reseñó el semanario Universidad.

La libertaliradicalización: violencia y mercado. Esta liberaliradicalización de la presente etapa del liberalismo está marcada por su carácter irreflexivo y autoristarista a que empuja la preponderancia del mercado y los intereses multinacionales dentro de la misma democracia representativa como sistema a perfeccionar.

Los parlamentos, otrora centros sobre los cuales giraba el debate de ideas, son ahora simples “comisiones”, cuyos integrantes llegan y levantan la mano para aprobar o rechazar el proyecto que beneficia o perjudica a los grupos de poder. Eso cuando el parlamento no es disuelto o clausurado a la primera crisis creada por el gran capital.

En realidad subyace la situación que al reducirse el Estado como lo conocíamos, los congresos deben cumplir con la agenda ágil que exigen los negocios y el mercado, mientras los presidentes de las naciones tienen ahora asignadas funciones de “gerente”.

Son estas “Gerencias” las que en realidad son encargadas de llevar a buen puerto los procesos de “singapurización” o “neocolonización” dispuestos principalmente por organismos financieros internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.

Por lo tanto, las Secretarías o Ministerios de gobierno pasan a funcionar como una especie de subgerencia, dependientes directamente de la “Gerencia” como encargada de medir la “capacidad” de obediencia de sus subalternos.

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General Laura Richardson del Comando Sur de Estados Unidos: Mensaje de tranquilidad para sus amigos.

II. Cambios geopolíticos: Los toman o los dejan. Ciertamente, por eso, durante el reciente cónclave del llamado grupo de los BRICS, celebrado en Sudáfrica, salió a relucir la situación de inoperancia del Estado globalizado para miles de millones de personas, despojadas de los derechos a la educación, sanidad, salarios dignos, jornadas laborales conforme a los derechos humanos, etc.

Para los integrantes de este influyente grupo, la “globalización” deja estragos en el llamado sur-sur, que incluye a África y América Latina, donde hay, según denunciaron durante el encuentro voces a favor del multilateralismo, auténticos procesos de recolonización.

El presidente de Brasil, Lula Da Silva, abogó por la creación de una moneda para los pagos entre al menos 40 países y así evitar la vulnerabilidad económica y social a que están sometidos innumerables Estados y miles de millones de personas en el mundo. Xi Jiping, líder de China Popular, fue más directo cuando llamó a los miembros del grupo y a los invitados de 67 países a no desvanecer en la búsqueda de nuevas formas de desarrollo y entendimiento. “El viejo orden está llegando a su fin”, sentenció, por su parte, el presidente de la Federación Rusa en su intervención en el encuentro mediante una video llamada.

El “liberalradicalización” sirve a la reneocolonización: Cuando el 19 de marzo de 2011 el mundo vio con asombro como Estados Unidos y Gran Bretaña destruían Libia con más de 110 mortíferos misiles Tomahawak, tiempo después que su presidente, Muamar Gadafi, planteara una moneda común para los países productores de petróleo, se comprendió entonces la magnitud de lo que con cierta inocentada definimos en el sur-sur como “neoliberalismo” o “filosofía” económica. El viejo liberalismo había dado pasos firmes en las naciones árabes para repetir ahora la misma historia de saqueos y el despojo.

Según Gadafi, la creación de una moneda árabe obligaría retornar al patrón oro anterior a 1971, cuando el dólar estadounidense fue impuesto como divisa para que las naciones árabes ya no respaldarán su economía con metales preciosos como el oro y la plata, sino fuera el “papelito verde” con el cual fijarían el precio del hidrocarburo. Desde entonces, el líder libio, no dejaba escapar foro para preguntar a los árabes por qué someterse a la dictadura de una sola moneda, sí ellos eran los dueños del petróleo.

Cuatro días antes – el 15 de marzo de 2011- el pueblo sirio es víctima de los intentos de partición de su territorio por terroristas del llamado estado islámico, controlados y financiados por Estados Unidos para controlar en su totalidad la llamada ruta del petróleo desde Irak. Con esta operación quirúrgica, el llamado Occidente colectivo, se garantizaría petróleo a precios de robo y seguiría colonizando la región, hasta nuestros días (Fuentes: https://actualidad.rt.com/economia/view/25395-Guerra-en-Libia-un-castigo-a-Gaddafi-por-renunciar-al-d%C3%B3lar; https://www.telesurtv.net/analisis/Yihadismo-e-industria-petrolera-20140624-0063.html)

En cambio, en nuestra América, estos procesos de renecolonización, no necesariamente está a cargo de los militares, sino son llevados a cabo por nuestras robustas oligarquías y burguesías “instrumentando” los poderes judiciales a favor de sus statu quo.

En 2017 el fundador de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, huye de Ecuador tras conocerse que su gestión sería judicializada. Un tribunal ecuatoriano saca de la política a quien amenazaba el monopolio de la matriz mediática en su país y condena a Correa a ocho años de prisión, en 2020.

A fin de sacar de la escena electoral a Lula Da Silva, en noviembre de 2019, un tribunal brasileño encierra al expresidente durante 583 días. Lula había sacado de la pobreza a 18 millones de personas, declaró la salud derecho fundamental y llenó al gigante suramericano de brigadas de médicos cubanos. Se opuso a que multimillonarios grupos de madereros siguieran desforestando la Amazonía.

En diciembre de 2022 la expresidenta argentina, Cristina Fernández, es sacada de cualquier aspiración política, luego de ser condenada a seis años de casa por cárcel, por el poder judicial argentino. El sindicalista Pedro Castillo, presidente de Perú, hasta el día de hoy, sigue en prisión e inhabilitado por el parlamento peruano y los altos tribunales de ese país.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, actualmente está amenazado de pasar toda su administración sujeta al poder judicial, luego que grupos oligárquicos vinculan a su hijo con supuestos actos de corrupción relacionados con la campaña electoral.

Un magistrado de la Suprema Corte de México, que responde a los intereses de la corrupta oligarquía mexicana atrincherada alrededor del socialdemócrata Partido Institucional Revolucionario (PRI) y Acción Nacional (PAN), amenazó la semana pasada con iniciar un juicio político contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de destituirlo. No están conformes con la política de acabar con amnistías tributarias y la recuperación de aeropuertos, la producción de electricidad, exploración y explotación de petróleo, etc. Por el gobernante votaron 30 millones de personas; por el juez ningún ciudadano.

El 29 de agosto de 2023 miles de hondureños se movilizaron para defender la elección de la actual presidenta Xiomara Castro y su programa social y económico, tendiente a que el pueblo sea actor directo y sin intermediarios en las grandes decisiones del gobierno.

“Denunció ante el mundo – dijo Castro en la versión recogida por el periódico Poder Popular- la conspiración que organizan las mafias y élites del crimen organizado con la estructura del narcotráfico para derrocar mi gobierno”.

¡Como que en todas partes cuecen habas!

Robarle la esperanza al pueblo es el acto más vil

Escrito en 22/05/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

Robarle la esperanza al pueblo es el acto más vil que se comete en contra de quienes sueñan y confían en que, por fin, las cosas cambiarán para bien de los que más necesitan.

Si bien es cierto se pueden dar actos y se pueden tomar decisiones que hacían suponer que efectivamente las cosas cambiarían, ha habido otras que llevan a pensar que será más de lo mismo y ahí es donde la ilusión y las esperanzas se hacen añicos.

El tema del desarrollo económico y generación de empleo, el ataque frontal a la corrupción y a la inseguridad, buscar el mejor de los funcionamientos de la Caja Costarricense del Seguro Social eliminando filas y haciendo que los especialistas permanezcan en la Caja con medidas oportunas… En todo ello falta mucho por hacer y el pueblo mantiene la esperanza de que se haga.

Pero el que ahora se pretenda cargar de impuestos a los que siempre son los que pagan los platos rotos, los trabajadores, y lo poquísimo que queda de clase media, es una injusticia, máxime cuando aún se dan casos de gastos excesivos y de acciones de corrupción que no son atacados en debida forma.

Aún se está a tiempo para que el gobierno enderece su rumbo, logre una estabilidad en su gabinete y se ejecuten las acciones que deparen el desarrollo económico y el bienestar social que todos esperábamos y seguimos esperando. No es tiempo de impuestos, es tiempo de control en el gasto y de ejecución de acciones que demuestren que se cumplirán las promesas de campaña, entre ellas la de no imponer más impuestos.

Dios quiera que tanto el presidente como sus ministros, especialmente el de Hacienda, enderecen el rumbo y se encaminen a lograr esas metas que se propusieron como promesas de campaña.