¿Peligra la institucionalidad democrática de Costa Rica?
80 años de derechos y garantías: CCSS
Este lunes 3 de julio a las 5 pm por ONDA UNED
Etiqueta: institucionalidad democrática
Peligra la institucionalidad democrática de Costa Rica – Reformas del gobierno neoliberal de Rodrigo Chaves
Vladimir de la Cruz
El gobierno neoliberal de Rodrigo Chaves en Costa Rica ha arremetido violentamente contra la estructura del Estado Social de Derecho costarricense. Parte de sus ataques son el debilitamiento de ciertas instituciones claves y básicas de la cultura y vida democrática nacional. Ha reducido el presupuesto nacional del Ministerio de Cultura, ha afectado de manera parecida al Ministerio de Educación y mantiene un ataque sostenido contra los presupuestos de las universidades públicas.
A ello suma el congelamiento real de salarios y de pensiones, que están seriamente afectados desde hace tres años y su proyección es por un plazo igual, sin que se controle el aumento de precios en los artículos de mayor necesidad de las personas, sin que se congelen en paralelo los costos de los servicios públicos, provocando en la práctica que los salarios suban por escalera y los precios por ascensor, haciendo cada vez más costosa la vida.
La reducción de estos presupuestos, en parte, lo justifica diciendo que es para destinar más recursos a las fuerzas policiales y del Ministerio de Seguridad Pública del país, frente a una ola creciente de homicidios e inseguridad ciudadana. Lo que es verdaderamente peligroso es que el Presidente Chaves ha insinuado las posibilidades de gobernar por la fuerza, mostrando sus rasgos autoritarios e intimidatorios de gobernante, retratándose acompañado de oficiales policiales que parecieran más guardaespaldas de un jefe mafioso, por la forma y ostentación de su indumentaria y sus armas de combate. Costa Rica ha sido un país que enarbola su régimen democrático sobre la base de que no tiene Ejército, de que el país ha tenido históricamente más maestros que soldados, lo que ya no es prácticamente cierto. Los cuarteles tradicionales del Ejército han sido transformados en museos e instituciones culturales, pero el aparato de seguridad del Estado se ha fortalecido exponencialmente comparado con esos otros rubros culturales y educativos. Los cuerpos policiales que operan privadamente, en varios miles de policías, el Presidente ha insinuado la posibilidad de llamarlos a cooperar y colaborar en la lucha contra el crimen organizado que debe atender el Ministerio de Seguridad Pública. El Presidente mismo ha dicho que le habría gustado gobernar por decreto, con lenguaje engañoso de que defiende la democracia y que él no se convertiría nunca en un dictador.
Parte de esta táctica es el ataque constante al prestigio y al papel de la Corte Suprema de Justicia, como un poder independiente, que quizá él quisiera controlar, como lo hacen algunos gobernantes latinoamericanos. Ha planteado esto dentro del lamento de no poder convocar una Asamblea Nacional Constituyente donde se estructuren estos poderes públicos como él quisiera.
En sus ataques institucionales enfrenta constantemente también al Poder Legislativo, especialmente a los diputados que le cuestionan y a los de la única fracción parlamentaria, de 6 de 57 diputados, que son francamente opositores, advirtiendo todos los días que no tiende puentes, que no escucha ni solicita opinión, ni desea acuerdos con quienes, como esos diputados lo critican, desconociendo totalmente la práctica de un régimen democrático y de una institución, como el Poder Legislativo, que en sus funciones, además de hacer leyes tiene la del control político sobre el Gobernante y sobre toda la institucionalidad político administrativa.
En sus ataques a diputados ha acudido al expediente del ataque personal, íntimo, que linda con aspectos que parecieran obtenidos por los aparatos de seguridad nacional, y de espionaje, del gobierno, policía adscrita a la Presidencia de la República, lo que evidencia violación elemental de derechos humanos y del derecho a la privacidad. Es la forma como ha venido minando poco a poco la seguridad pública ciudadana, y estableciendo un régimen de terror reverencial institucionalizado en sus mesas de prensa de todos los miércoles. Recientemente atacó a una destacada periodista, de mucha tradición nacional, seria, que en respuesta a sus ataques prepara una acusación al Presidente Chaves ante la Corte Suprema de Justicia. La periodista Vilma Ibarra ha recibido el apoyo del Colegio de Periodistas, de diputados, de una llamada de atención elegante que le hizo el Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez al Presidente de la República, y de distintas personalidades nacionales.
El ataque feroz contra el Estado Social de Derecho lo conduce hacia la reforma de las jornadas laborales, de carácter constitucional, de 48 horas semanales en tiempos de ocho horas diarias. La jornada de ocho horas en Costa Rica se estableció en diciembre de 1920. Se llevó a la Constitución Política de 1871, mediante las Reformas aprobadas como Capítulo de Garantías Sociales, en 1943, año y misma fecha que se aprobó también el Código de Trabajo. En la Constitución Política de 1949, vigente en este momento, se mantuvo y amplió esa Reforma Social, que ha sido uno de los pilares de la estabilidad política y social del país. En lugar de jornadas de ocho horas diarias quiere establece jornadas de 12 horas diarias por 4 días a la semana, para el total de las 48 horas semanales establecidas en la Constitución Política. En la propuesta real del Presidente el régimen de las 12 horas viola una serie de derechos sociales, relacionados con pago de jornadas extras, con disminución de derechos de pago de cesantía, de salario escolar, de aguinaldos, y de futuras pensiones entre otros. Violando con ello Derechos Humanos, Convenios internacionales, rebajándose ante los países de la OCDE, a la que pertenece Costa Rida como uno de los países con jornadas de trabajo más altas, cuando en Europa, y en otras partes del mundo, la tendencia es ir hacia la jornada de 35 y 36 horas semanales, y menores de las ocho horas diarias.
Parte de esas reformas sociales vigentes, surgidas a principios de la década de 1940, fueron la creación de la Universidad de Costa Rica, que es uno de los blancos preferidos de tiro del Presidente Chaves, y la Caja Costarricense del Seguro Social, una institución emblemática del país, también pilar de la democracia política y social que se disfruta como parte de la estabilidad social y política que Costa Rica exhibe internacionalmente., que permite por sus alcances nacionales que los costarricenses tengan un alto nivel de expectativa de vida, superior a los 80 años, con algunas regiones, zonas azules las llaman, donde los ciudadanos pasan con regularidad los cien años.
Quedan recursos a la población costarricense frente a estas políticas laborales que se quieren imponer. Están los recursos de inconstitucionalidad que puede poner la misma Asamblea Legislativa, como consulta obligada que haga ante la Sala Constitucional de la República y la que pueden hacer un pequeño grupo de diputados. Si la ley se llegare a aprobar, igualmente cualquier ciudadano, uno solo, podría acudir ante la Sala Constitucional, demandando su inconstitucionalidad. Del mismo modo se puede llevar esta ley a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Costa Rica, para que también se pronuncie. Y, como un instrumento más de lucha ciudadana en defensa del Estado Social de Derecho del país se puede convocar a un Referéndum Revocatorio de esta ley, de esta jornada que establece el trabajo esclavo al estilo del siglo XIX. En los próximos días se definen estos caminos a seguir.
Artículo publicado en la revista MEER.com el 23 de junio del 2023 y compartido con SURCOS por el autor.
El Foro Encuentro Democrático condena actos violentos contra la ANEP
Cuando la irracional intransigencia le gana a la razón
San José, 14 de junio de 2023:
“La violencia es el miedo a los ideales de los demás.” Mahatma Gandhi.
Costa Rica fue testigo, el pasado 12 de junio, de uno de los peores síntomas de la enfermedad que ya contagió a nuestra democracia, otrora la más consolidada de América Latina. Sin que mediara provocación alguna por parte del movimiento sindical ̶ más que la defensa del derecho de los trabajadores a una jornada laboral justa, a la institucionalidad democrática y a los ideales propios de nuestro Estado Social de Derecho ̶ , un grupo de enardecidos acólitos del oficialismo, desplegaron un oprobioso e injustificable acto de violencia política-simbólica en su contra, para lo cual llegaron a provocar a las inmediaciones de la sede de la ANEP (Asociación de Empleados Públicos y Privados), en la ciudad de San José.
Estos energúmenos buscaron irracionalmente generar una espiral de violencia con oscuros propósitos y con el fin de intimidar, coaccionar e imponer la agenda Neoliberal y Neoconservadora, en detrimento de las libertades básicas individuales, los derechos ciudadanos y las conquistas de la clase trabajadora. Está demostrado en los videos públicos exhibidos, que fueron estos fanáticos de alquiler quienes hicieron uso de la única herramienta que les quedaba ante su falta de razón y argumentos, y que muestra su verdadero rostro: el insulto, la descalificación personal, la amenaza mediante el grito y su retórica violenta.
Hacemos un llamado general a toda la Sociedad Civil costarricense para que, en aras de la cordura ciudadana y la tolerancia, no se deje llevar hacia este bajo y peligroso nivel de polarización antidemocrático.
Sin embargo, a la vez, instamos vehementemente al Ejecutivo a entender que esta no es la histórica vía costarricense de solucionar las diferencias políticas.
Les pedimos respetuosamente a todos los miembros del Ejecutivo y, en particular, al Sr. Presidente, que varíen su estilo de comunicación tan confrontativo y violento, pues es un pésimo ejemplo cívico y empodera y arenga a estos confundidos y manipulados costarricenses. Les solicitamos respetuosamente, que, por el contrario, dirijan al país, como es el deber constitucional de la Presidencia de la República y de acuerdo con la altura de su alta investidura nacional.
No se trata de alardear más en sus discursos de “quemar puentes” (sic), ni de llamar gratuitamente “Filibusteros” (sic) a la Oposición. Así no se gobierna en democracia.
La única vía costarricense históricamente exitosa, ha sido, es y será el Diálogo Social, el respeto al criterio disidente de la oposición y, sobre todo, a las organizaciones civiles y movimientos sociales, que son la base de cualquier democracia moderna y de su paz social.
Podemos y debemos manifestarnos, diferir y debatir, pero siempre con respeto por el Otro. Los “discursos de odio” y su lógica sólo han llevado a grandes tragedias sociales.
Los efectos de la violencia irracional no pueden ser otros que más irracional violencia hasta llegar a una espiral de violencia creciente al decir del gran pensador brasileño y latinoamericano, el arzobispo Hélder Câmara. Latinoamérica y Centroamérica están llenas de estos ejemplos trágicos; y nuestra Patria no fue la excepción en 1948.
Ningún grupo humano es dueño de la verdad absoluta; por lo que el respeto, en medio de las diferencias, es la única forma racional y ética de lograr consensos y construir el País más justo y solidario que todos y todas anhelamos.
Finalmente, hacemos un público y enérgico llamado a todas las fuerzas sociales y políticas costarricenses, a no instrumentalizar más el Fanatismo religioso, para no manipular a ciertos grupos desinformados y extremistas. Los Fundamentalistas e Integristas religiosos siempre han sido adalides no sólo de su propia agenda cultural y social Neoconservadora, sino que, además, son peones ciegos de la agenda económica Neoliberal. Para esto precisamente fueron creados, financiados y fue estimulado su crecimiento internacionalmente, en medio de la anomia social y los vacíos colectivos existentes.
Recordamos que algunos pocos de estos grupos Fundamentalistas se han infiltrado no sólo en el Sector Público sino incluso, desafortunadamente y frente a los vacíos ideológicos existentes, hasta en una minoría del Sindicalismo. El Sindicalismo debe ser diverso y plural ideológicamente, pero hacemos un llamado de atención a todas las organizaciones sociales y sindicales en general, a estar siempre vigilantes frente a la intromisión del Fundamentalismo y del Fanatismo religioso, y su agenda Neoconservadora. La Desinformación ideológica, la despolitización reinante y los prejuicios socialmente inerciales tampoco ayudan.
Por lo demás, y en medio de nuestras naturales particularidades, queremos proclamar que éste es el momento justo y necesario para, precisamente, articular nuestras diferencias en un interés común superior y patriótico. Hacemos un llamado urgente al Diálogo Social y a la amplia unidad de todas las fuerzas populares con vocación democrática y humanista, para juntos/as rescatar y defender al Estado Social y Democrático de Derecho y al mismo Estado de Derecho.
Por todo lo anterior, insistimos en hacer un llamado público nacional e internacional a la solidaridad militante con los y las compañeros/as de la ANEP, sindicato histórico de lucha sociopolítica en Costa Rica, así como a rechazar cualquier acto violento e irracional contra cualquier otra organización sindical y social.
Responsabilizamos de todo este clima de polarización política nacional directamente al estilo de Gobernanza de la administración Chaves, a sus imposiciones Neoliberales causantes de la creciente, aunque heredada, Desigualdad y a su Campaña de Desinformación sostenida.
En consecuencia, nos declaramos vigilantes del carácter del ejercicio del poder de esta Administración con franca vocación autoritaria. Tal y como lo habíamos advertido de forma consecuente, previo a la Segunda Ronda Electoral del 2022.
Fraternalmente, por la Mesa Coordinadora del Encuentro Democrático:
Sr. José Solano Saborío, Sra. Johana Hernández, Sra. Tatiana Herrera Ávila, Sr. Jiddu Rojas Jiménez-
SIFUPCR deplora del presidente Chaves nombramiento de personas antilaborales y antihumanas
Tras la renuncia del representante de la CCSS por parte del Estado, Guillermo Hernández Ramírez, se juramentó este 26 de noviembre a Juan Ignacio Monge Vargas como el nuevo representante del Estado. Con esto las inquietudes no se hicieron esperar por parte del Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica (SIFUPCR), la cual señalo:
“Declaramos Non grato a este señor puesto por el Presidente Rodrigo Chaves Robles en la Junta Directiva de la CCSS , ya que la moción por él presentada, para que se nos pagase el ajuste salarial hasta 2024 revela su irrespeto por el esfuerzo humanizado de la gran familia laboral de la CCSS. SIFUPCR deplora del Presidente Chaves Robles nombramientos de personajes de corte antilaboral y antihumano y será vigilante de las futuras actuaciones de este destructor del Estado Social de Derecho, la institucionalidad y la democracia.”
Por cuánto, la SIFUPCR mantiene sus declaraciones hechas anteriormente el 23 de noviembre, cuando se seleccionó a Vargas como nuevo representante del Estado, como una persona no grata, donde las intenciones establecidas por este han sido malintencionadas.
Costa Rica en la encrucijada
Por Arnoldo Mora
Las elecciones presidenciales y del Congreso constituyen uno de los acontecimientos mayores, si no el mayor, de la vida política en nuestro régimen republicano. No hace mucho ese acontecimiento sobrevenía cada cuatro años; ahora, en la práctica, se ha fragmentado en dos eventos, ambos de gran importancia para el normal funcionamiento de la institucionalidad democrática del país, pues bajo este procedimiento se eligen a quienes han de regir los poderes sujetos a la elección directa del Soberano. En el primer domingo de febrero se elige a quienes van a conforma el primer poder de la nación; los ciudadanos escogen entre listas confeccionadas por los partidos políticos; es un ejercicio de democracia representativa; el pueblo no elige directamente a quienes nos representarán en el parlamento sino a quienes proponen los partidos; ni siquiera el pueblo sabe a quién está eligiendo, pues vota no por un individuo sino por una lista escogida dentro de la estructura del partido. Esta vez nuestro pueblo será representado por 6 partidos; llama la atención la desaparición del partido que ha gobernado el país en los dos últimos cuatrienios; la causa de ese insólito cataclismo debe verse como un castigo al gobierno saliente, cuyo presidente es el peor calificado por la opinión pública desde los lejanos días de la dictadura de Tinoco. Dos meses después –¿demasiado tiempo?- de nuevo la ciudadanía es llamada a elegir a quien será la cabeza del Poder Ejecutivo. Como ya se dio en las dos últimas elecciones, el presidente no cuenta con mayoría en la Asamblea Legislativa, aunque esta vez los cinco partidos de derecha se unieron para presidir el Congreso, por lo que excluyeron al Frente Amplio, llamado por ello mismo a convertirse en la única y auténtica oposición; para lograrlo, el Frente Amplio dependerá en mucho de su capacidad para ligarse a un movimiento popular que, sin duda, será muy dinámico, dadas las condiciones de empobrecimiento que la administración saliente ha dejado a la entrante como hipoteca social. Pero Zapote no debe hacerse muchas ilusiones, la situación se le puede complicar porque en Cuestas de Moras nadie quiere aparecer ante la opinión pública, a riesgo de despilfarrar su capital político, como un furgón de cola de un gobierno que, más temprano que tarde, dará signos de un evidente desgaste en el ejercicio del poder.
Capítulo aparte merece el nuevo presidente, Rodrigo Chaves, doctor en economía y, por muchos años, alto funcionario del Banco Mundial en la isla de Indonesia, una potencia emergente situada geográfica y culturalmente en las antípodas de la diminuta Tiquicia; allí se forjó la personalidad del nuevo inquilino de Zapote. Pero no resulta difícil intuir lo que será su estilo de gobierno. Acostumbrado a los hábitos burocráticos y autoritarios de un organismo que acostumbra situarse por encima y más allá de las normas democráticas, Rodrigo Chaves, a pesar de adolecer de una casi total carencia de experiencia personal en el teje y maneje de la política criolla, muy pronto ha mostrado sin ambages en la escogencia de los jerarcas que lo han de acompañar en el complejo ejercicio del poder, lo que pretende hacer; el presidente Chaves no delegará su autoridad, quiere funcionarios-ejecutivos, leales hasta la sumisión, el típico ”mandarín”, que el imperio chino creó desde hace milenios como figura ideal de ser humano, al decir de Max Weber. Es de notar que en la segunda elección o balotaje, en que se elige al presidente de la República, no se trata de optar por un partido, su ideología y su programa, sino de escoger entre dos personalidades. En la campaña recién pasada ambos candidatos hicieron gala de un obsceno abuso de una retórica malsonante, en que la ausencia de una propuesta seria, como se espera que haga alguien que aspira a gobernar un país, fue sustituida por una plétora de insultos mutuos en que procazmente se aludía, incluso, a la vida privada del uno contra el otro; en este abyecto juego incurrieron por igual los dos candidatos; pésimo ejemplo de carencia de civismo, forma corrupta de despilfarrar los millones que, con los impuestos del pueblo, se contribuye a pagar una campaña electoral; cualquier ciudadano que ame su patria podría cuestionarse si valía la pena escoger, para regir los destinos de la Patria, entre dos individuos de tan bajo perfil cívico; esto constituye una de las causas de por qué el abstencionismo creció. Menos de un tercio del electorado eligió a un advenedizo; para explicar esta insólita decisión, hay que verla como un repudio frontal a la clase política, lo cual representa el mayor desafío para el nuevo gobernante; el pueblo espera que con Rodrigo Chaves se respiren nuevos aires en Zapote y que no sea más de lo mismo. De mi parte, mucho me temo que en no mucho tiempo, nuestro sufrido pueblo sea víctima de una nueva decepción.
Esto explica también el inusitado interés mostrado por la opinión pública en la designación de los nuevos jerarcas de los ministerios, instituciones autónomas y demás organismos que por ley, debe nombrar el jefe de Estado. Llama la atención la heterogeneidad de las personas escogidas, que pone de manifiesto que, quienes llevaron al poder al nuevo presidente, no configuran un partido organizado sino un conglomerado heteróclito sin una propuesta clara de país. Algunos de los elegidos poseen poca experiencia en el ejercicio del poder, al menos a un alto nivel, si bien parecen ser profesionalmente competentes; por eso considero que, en cuanto pase “la luna de miel” que el pueblo suele otorgar a todo nuevo gobierno, aunque sospecho que ésta será breve dada la magnitud de desafíos y problemas que debe afrontar, se empiece a desgranar la mazorca. Los mayores desafíos los tiene la Ministra de Educación, pues carece del más elemental conocimiento de ese elefante burocrático que debe jinetear; los responsables de la seguridad deben afrontar el serio desafío de la alarmante presencia del narcotráfico, que amenaza con controlar vastas regiones del país, como los escándalos en la zona Sur lo han demostrado; el equipo económico no debe limitarse a lo fiscal, debe tener muy en cuenta las implicaciones sociales de las medidas que implemente; la desigualdad, el desempleo y la pauperización de amplios sectores de la población, incluida la clase media, son causantes de un descontento generalizado, que podría convertirse en cólera incontrolable. El pacto social y político forjado después de la sangrienta guerra civil de 1948, se ha roto. Hoy vivimos en una Costa Rica fragmentada. La casi mitad del electorado lo ha demostrado mediante la abstención; ese sector que podría convertirse en mayoría, mira con desconfianza pero no con indiferencia este cambio de gobierno, pues sospecha que son arreglos de cúpula. Para solucionar este desafío sólo hay un camino: que esos sectores se organicen en un frente patriótico que rescate el Estado social de derecho. La democracia directa, participativa y popular debe perfeccionar a la democracia formal y representativa actual…Tal es la encrucijada en que hoy se encuentra nuestra querida Costa Rica.
DE VERDAD, EL SUEÑO DE LA RAZÓN SIGUE PRODUCIENDO MONSTRUOS
COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (27)
Tercera época
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
Observando la puesta en escena del cambio de mando legislativo del día domingo 1 de mayo de 2022, en el horripilante edificio de la sede de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, la que puede ser caracterizada como un despliegue de las fuerzas más conservadoras y reaccionarias dispuestas a acabar con lo poco que queda de nuestra democracia y la institucionalidad de la Segunda República, no pude evitar la tentación de que viniera a mi mente aquel grabado de don Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828), tan caro a mi querido colega y compañero en la UNA, además de poeta y artista consumado Maynor Antonio Mora, a propósito de que EL SUEÑO DE LA RAZÓN PRODUCE MONSTRUOS, donde el color negro y el tono sombrío de las imágenes y los personajes operó en mi memoria, de manera inmediata: 51 diputados reaccionarios a más no poder se agruparon para aislar, denostar y ningunear a los seis jóvenes diputados del Frente Amplio allí presentes, quienes por un prodigio de la naturaleza, me parecieron como una bocanada de aire fresco, en medio de aquel despliegue de lo más sombrío que se ha venido acumulando a lo largo de nuestra historia republicana, por un momento reparé en ellos y me puse a averiguar ¿quiénes son estos jóvenes diputados, que hoy representan de alguna manera al más desperdigado conjunto de fuerzas progresivas que aún quedan y a una izquierda o izquierdas cada vez más desorientadas que no son ni han sido de mi agrado? Las que en su errático andar han venido siendo demolidas, desde adentro y desde afuera, a lo largo de los últimos años de gobiernos del PAC, en los que la centroizquierda que nunca fue se mostró como la ultraderecha más feroz y taimada, con su disfraz presuntamente progre.
El fascismo neoliberal/neoconservador de Costa Rica se mostró así, por primera vez, en toda su miseria y desnudez, hasta con sus rasgos de hipócrita y taimada santurronería, siempre bien calculada para engañar a un gran sector de la población, biblia en mano, algunos dicen ser oposición o gobierno aunque todos ellos, en el fondo, demuestran ser la misma cosa: los sepultureros de los restos de la Segunda República y de nuestro estado social de derecho, estamos avisados.
La vieja dinámica del juego político parece haber consistido en una especie de artificio, según el cual se trata de que todo cambie para que todo siga siendo igual, al menos en la superficie de las cosas. Eso es al menos lo que se planteaba en aquella célebre novela acerca del gatopardismo de Giuseppe Tomassi di Lampedusa(1896-1957), a propósito de la transición italiana del feudalismo siciliano o calabrés al capitalismo piamontés que tuvo lugar durante el ressorgimento, a partir de 1860, con la unificación de Italia como un estado nación y su entrada, un tanto tardía a la modernidad. La creatura de Garibaldi, Massini y otros patriotas dio lugar a la monarquía liberal con la que Italia entró al siglo XX, aunque el juego político se entrabó dando lugar al totalitarismo fascista, con la famosa Marcha de los Camisas Negras sobre Roma, en 1922 y el ascenso de Mussolini al poder.
Los monstruos continuaron asediando a la razón ilustrada y las expectativas de Kant y de Hegel de que la humanidad había llegado a su madurez se diluyeron en medio de la barbarie, la que no ha dejado de asecharnos, a pesar de la derrota del nazifascismo en aquella fecha lejana de 1945.
Mientras, en lo local, la mediocre y mentirosa prensa costarricense, siempre al servicio de unas élites angurrientas y desalmadas, se dedicó al satanizar al candidato presidencial que no era de su agrado, ahora ante lo inevitable se prepara para tenderle un cerco ideológico al tecnócrata del FMI, hoy convertido en presidente de la república. Lo atacan para obligarlo a actuar de acuerdo con sus intereses, engañando y confundiendo al grueso de la población a propósito de unos decretos y unas mascarillas, cuando en realidad el juego no pasa de ser una mascarada de muy mal gusto: deberá seguirles facilitando la evasión y la elusión tributarias, también el juego con las tasas de interés de la deuda interna que estos especuladores han comprado, la realización de sus negocios fraudulentos con la obra pública y las grandes compras del estado, continuarán con sus monopolios y oligopolios privados mientras se preparan para asaltar al ICE, la CCSS y el CNP, se asegurarán de que continúe el saqueo de los dos regímenes de la CCSS, el de enfermedad y maternidad y el de Invalidez, Vejez y muerte que vienen siendo saqueados desde hace medio siglo, las pensiones de la Caja así saqueadas seguirán bajando sus perfiles de beneficios como los montos y la edad para retirarse y la medicina será incosteable para la gran mayoría de la población. Por otro lado, se están preparando para la eliminación de las prestaciones de los trabajadores que se jubilan (Pedro Muñoz y Yorleni León, esa que no le teme al pueblo), los salarios nominales continuarán congelados, la inflación alcanzará varios dígitos y así sucesivamente, mientras que el PLN y el PUSC, junto con algunas sectas neoliberales, seguirán cogobernando en contra y de espaldas a las mayorías, al igual que durante estos ochos años de gobiernos progre, avalados por una cierta izquierda boba y dada a recibir instrucciones del diario La Nación y de cierta embajada que antes sólo daba directrices a una derecha, mucho más ilustrada que la de este cambio de siglo. La chusma reaccionaria e ignorante se refocila en su juego liberticida, seguimos en la Torre de Babel y los monstruos están desatados en su desenfreno totalitario, los cortesanos abundan y nos insultan un día sí y otro no.
Fragmentación y Desunión de la Derecha Venezolana
Lic. José A. Amesty R.
02-noviembre-2021
El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Pedro Calzadilla, anunció que las elecciones regionales y municipales de gobernadores, alcaldes, legisladores y concejales, se realizarán el próximo domingo 21 de noviembre de 2021.
Inmediatamente, los principales partidos de oposición de Venezuela anunciaron su participación en las elecciones de alcaldes y gobernadores de noviembre 21, rompiendo tres años de boicot y llamados a la abstención por falta de garantías.
Más recientemente, el gobierno de Venezuela se estuvo reuniendo en México, con una de las nueve fracciones de la derecha, estrechamente vinculada al gobierno estadounidense. Un acuerdo puede abrir las compuertas para volver a la política centrada en la gente y que la política de los políticos deje de hegemonizar la cotidianidad de los y las venezolanas. También para ver la realidad, de la oposición venezolana de verdaderamente sí participarán en las próximas elecciones de noviembre 21-2021.
Sin duda alguna, por decir algo, las oposiciones venezolanas, no tienen iniciativa propia, cada vez más desprestigiadas, quizás por su doble discurso y doble moral, y un verbo radical.
Pero veamos una descripción breve y caracterización de la derecha venezolana, según el escritor Luis Bonilla, en su artículo, “Venezuela, hacia una nueva aproximación geopolítica”, para determinar su rol y posibilidad de triunfo en las elecciones, así como su pertinencia en el amplio espectro político venezolano.
La Primera de las oposiciones, es la conformada por los factores reunidos en México, cercanos a las fracciones políticas originales de Primero Justicia (Borges-Capriles), Voluntad Popular (Leopoldo López-Guaidó), Nuevo Tiempo (Manuel Rosales) y Acción Democrática (Allup).
Se trata de partidos que han sido intervenidos por la vía judicial y cuyas autoridades han sido designadas ad hoc; de hecho, uno de los puntos de negociación es la devolución de las siglas, cuentas y propiedades de esos partidos. A esta derecha se la denomina “G-4”.
En su mayoría (salvo AD), son expresiones políticas renovadas de los intereses de la vieja burguesía cuarta republicana. Su agenda está profundamente vinculada a la relación de sus intereses de clase con el capital trasnacional; procuran la integración armónica entre capital nacional y capital trasnacional, una tarea que ha tenido dificultades desde los ochenta. Ante el nuevo reparto geopolítico en el mundo buscan controlar el Estado (o una fracción de él) para capturar la renta producto de la exacerbación extractivista que le ha asignado el capital a la región en el marco de la cuarta revolución industrial y del consumo de bienes importados. Es un sector sin proyecto productivo capitalista alternativo al extractivismo.
La Segunda es una derecha empresarial, que actúa como su propia representación ya que no confía en las mediaciones políticas que pretenden representarla. Su cara más visible es Lorenzo Mendoza, quien no descarta ser una opción presidencial.
La Tercera aparece conformada por la llamada Alianza Democrática, que reúne a Avanzada Progresista (Henry Falcón) y los llamados “alacranes” (autoridades designadas por la intervención judicial de partidos) de Acción Democrática (Bernabé), Primero Justicia (Primero Venezuela), Voluntad Popular, COPEI, Venezuela Unida, Movimiento ecológico de Venezuela, Unidad Visión Venezuela, Compromiso País, Bandera Roja, UPP89, Opina, Soluciones (Claudio Fermín), Movimiento Republicano, NVIPA, Prociudadanos, MAS, Min-Unidad, Alianza Centro.
Este grupo de la derecha es el que más acuerdos y negociaciones parciales con el gobierno ha realizado; por ello, son considerados por el G-4 como una derecha relacionada al gobierno.
En la Cuarta están los factores más radicales (María Corina Machado, Antonio Ledezma y Andrés Velásquez), quienes promueven la aplicación del TIAR y la invasión norteamericana.
Están prácticamente aislados después del abandono del republicanismo en la Casa Blanca.
La Quinta es la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), liderada por el Partido Comunista, y de la cual hacen parte una larga lista de exintegrantes de partidos que fueron intervenidos, como el PPT (Patria Para Todos) y Tupamaros, pero también el Partido REDES, Izquierda Unida, Nuevo Camino Revolucionario (NCR) y una pléyade de organizaciones locales y regionales que acompañaron hasta hace poco al gobierno de Maduro.
Es una disidencia por izquierda, es decir, que busca empalmar con el mundo del trabajo. Desde su conformación, la APR no ha podido mostrar capacidad de movilización ni de articulación de su discurso con la izquierda latinoamericana, razón por la cual no ha construido fuerza real para ser factor a favor del mundo del trabajo en la negociación.
La Sexta derecha, viene conformada por los factores académicos e intelectuales que se estructuran alrededor de la Plataforma en Defensa de la Constitución (PDC) y Pensamiento Crítico. Se suele aludir a ella como “chavismo disidente”, aunque no representan a todas las expresiones de este grupo. Este grupo no tiene capacidad alguna de movilización que les habilite para ser tomados en cuenta en una negociación.
La Séptima reúne a sectores de la izquierda que articulan desde el movimiento social ecológico, indígena, feminista y educacional en defensa a los dirigentes obreros presos, de la comunicación alternativa, entre otros. Este sector, aunque desarticulado en el presente, es el más dinámico y creativo. Una convergencia de sus fuerzas pueden ser factor determinante en la habilitación de una opción política con presencia real en los territorios. Pero hasta ahora no se ven signos claros en ese sentido.
Un punto aparte es lo que ocurrió en las recientes elecciones del PSUV, donde emergieron nuevos liderazgos locales y regionales (muchos de ellos alimentados por las Comunas) que en algunos casos fue respetada su elección y en otros invalidada. El movimiento de las Comunas puede significar un despertar del espíritu constituyente.
La Octava es la izquierda radical trotskista, muy débil. Después de haber producido un reagrupamiento significativo a comienzos del siglo XXI, se fracturaron a raíz de la valoración del gobierno de Chávez. En la actualidad, en el caso de Marea Socialista y el PSL vienen acompañando luchas puntuales, pero con profundas debilidades para insertarse en movimientos de masas; no han logrado construir un polo de referencia. En el caso de LUCHAS, escisión de Marea Socialista, su labor se ha centrado en la propaganda, con precaria inserción en la lucha social.
La Novena derecha es muy marginal: una derecha fundamentalista y ultraconservadora, liderada por el exministro de planificación de Chávez, Felipe Pérez Martí, que pareciera ser en el mediano plazo el germen de una derecha al estilo de Trump o Le Pen, con el añadido del mesianismo religioso.
Estas oposiciones-derechas, aliadas del capitalismo neoliberal, y cuyas elites han hecho lo imposible por destruir la iniciativa del gobierno revolucionario, quien plantea una ruta distinta al mencionado capitalismo neoliberal.
De allí que las negociaciones en México, ya destruidas, buscaban eliminar la violencia política auspiciada desde el exterior y había esperanzas que se conjure la violencia como opción política, se retomara la normalidad de la institucionalidad democrática y se levanten las criminales sanciones económicas, que solo han servido para causar sufrimiento al pueblo, y nutrir el discurso acerca del fracaso del camino socialista.
Pero esperar algo de estas derechas en Venezuela, es como pedirle peras a un olmo, algo imposible.
Réquiem por la Costa Rica democrática, culta y solidaria
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
El espectáculo legislativo de este infausto mes de abril de 2021 tiene que continuar cueste lo que cueste, no importa si sus protagonistas estén destrozando, o desmontando paso a paso, mecanismo a mecanismo, pieza a pieza, los componentes esenciales de la institucionalidad del país y los fundamentos jurídicos e incluso filosóficos que le dieron fundamento a lo largo de las siete décadas transcurridas desde el fin de la la guerra civil de 1948 y la aprobación de la Constitución Política de 1949. Para eso es que el diario La Nación y sus propietarios necesitan tener a los diputados encerrados en el horroroso búnker de Cuesta de Moras, además de que cuentan con el beneficio adicional de la gran cantidad de tontos que piensan que la Asamblea Legislativa es una fábrica de leyes, sin darse cuenta de que afilan el cuchillo que pondrán en sus pescuezos.
La constitución de aquel año, que ahora nos parece tan lejano, y su espíritu han muerto después de agonizar durante al menos las dos primeras décadas del nuevo siglo, aunque todavía nosotros todavía no terminamos de tomar nota de las consecuencias de tan infausto suceso: la separación de los poderes del estado, la autonomía universitaria y la municipal han quedado reducidas a cenizas, pero también las instancias administrativas y judiciales en materia de gobierno y empleo público, las que pasarán a estar controladas por un cada vez más poderoso y jacobino gobierno central.
El estado social de derecho que se empeñaron en plasmar en los artículos 50 y 74 del nuevo texto los constituyentes reformistas del Partido Social Demócrata, tales como Rodrigo Facio y Luis Alberto Monge, entre otros y los del Partido Constitucional Demócrata como Celso Gamboa y un numeroso grupo de ilustres constitucionalistas de entonces, que contaron con el decisivo apoyo de la mayoría más bien “conservadora” de los diputados ulatistas de entonces, es algo que ha terminado por desvanecerse en medio de la oleada cortesana, mediocre y neoliberal-neoconservadora-neopentecostal que domina a la mal llamada clase política costarricense, la que ha venido a dar al traste con la brillante defensa de la autonomía universitaria, dotándola de recursos financieros que la garanticen, plasmada plenamente en aquella constitución por Rodrigo Facio, Fernando Baudrit y otros destacados constitucionalistas de grata memoria, durante largos debates que merecen recordados, sobre todo por su perenne vigencia (Ver Óscar Castro Vega RODRIGO FACIO en la constituyente de 1949 EUNED San José CR 2003). Han quedado en olvido y reducidos casi a nada los aportes de Luis Alberto Monge, como diputado constituyente encargado por su pequeña fracción socialdemócrata, de redactar y defender el capítulo de las garantías sociales, como un capítulo de la constitución que estaban por aprobar. La obra demoledora de las yorlenis león y otros personajes de poca monta terminó por ser más corrosiva y persistente, tanto como para dar al traste con los valiosos aportes de aquellas generaciones.
Estamos en manos de las gentes de una clase política, donde predominan la ignorancia y la mediocridad, dentro de la que se mezclan las expresiones integristas de una vieja religión revelada (como en el caso neopentecostalismo con su elaborada teología conservadora del éxito y la “salvación personal”, unidos al oportunismo e ignorancia supina de sus voceros políticos) con aquellas otras, de orden secular, propias de la religión del mercado, convertido en el gran desiderátum en todos los órdenes de la vida económica, política y social al que obedecen el PLN PAC PUSC RN NR y otras franquicias electorales, también listas para cazar incautos en la próxima “campaña electoral”, hoy convertidas en el “partido único neoliberal” que desgobierna a Costa Rica.
El delirante odio populista de cierta derecha hacia los intelectuales y el pensamiento libre ha marcado el tono de la ofensiva totalitaria contra la universidad pública costarricense, a la que ven como subversiva por ser un espacio libre para una profesión de fe democrática de amplio espectro y otorgadora de “privilegios” hacia sus académicos, investigadores y funcionarios a los que desearían ver reducidos a la condición de precariedad salarial y laboral de sus pares de las universidades privadas.
Son el pensamiento auténtico y el trabajo académico libre de las manipulaciones de los poderes fácticos, como también la investigación científica seria, con sus innumerables aportes de gran calidad en beneficio del conjunto de los costarricenses, junto con una sostenida acción social dirigida hacia muchas comunidades de todo el país los componentes de lo que en su conjunto irritan a los dueños de este país: a lo sumo, para estas gentes de corta mirada y gruesos bolsillos, las universidades deben ser fábricas de graduados, donde como en el caso de la gran mayoría de las privadas (en todo hay excepciones) brillan por su ausencia las bibliotecas, los laboratorios y los institutos de investigación. Por desgracia los poderosos dueños de los grandes medios de (in)comunicación social han tenido éxito en convencer a muchas gentes incautas ocultando, detrás de supuestas preocupaciones de orden fiscal, mientras se dedican a saquear de verdad los recursos públicos, sus verdaderas intenciones totalitarias y su insaciable rapiña, como en el caso de las trochas, la ruta 27 y otros inconfesables negociados, además de la colosal evasión tributaria.
Es por eso que no nos queda, por ahora, sino exteriorizar este réquiem por la la ruina de la institucionalidad democrática de un país como este en el que hemos nacido, al que consideramos digno de mejor suerte. Las nuevas generaciones tendrán que emprender de nuevo, casi de cero, una lucha que los reformadores sociales de los años cuarenta supieron materializar en hechos y resultados positivos, al construir de esa manera un país más solidario, culto y justo que los del resto de la región, ¿vamos entonces hacia una “centroamericanización” de Costa Rica, entendida en el peor sentido del término?
Hoy: Voces y Política en Radio Universidad con Patricia Mora y Laura Martínez
Voces y Política: Hoy conversaremos sobre “El gobierno del PAC y el debilitamiento de la institucionalidad democrática costarricense” con la participación de Patricia Mora: Diputada en el periodo 2014-2018, Ministra de Condición de la Mujer del 2018 al 2020, Socióloga y Profesora universitaria y Laura Martínez: Directora del Semanario Universidad, Periodista y Profesora universitaria. Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica.
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El leviatán en el proyecto de Ley de Empleo Público
Gerardo Hernández
Son muchas las dimensiones problemáticas de un proyecto que llegó a la Asamblea con fallas de origen y que ha sido todavía más enredado durante su trámite legislativo.
Más allá de la discusión sobre salarios y la problemática fiscal que han concentrado el debate, están en riesgo elementos fundamentales de nuestro Estado Social de Derecho, de la institucionalidad democrática y del buen funcionamientos de los servicios públicos. Les comparto por ahora 4 dimensiones que considero alarmantes, sobre las que invito a reflexionar y debatir:
1.
En contra del diseño institucional de nuestro Estado Social de Derecho, incluyendo la división de poderes, las autonomías municipales, la autonomía universitaria, la autonomía de la CCSS y las de otras entidades públicas, así como a la desconcentración y descentralización con que actúan otras tantas; la mal llamada “ley marco” de empleo público crearía un SUPER PODER regulador, centralizado y absolutista en la materia, que alcanzaría hasta a las empresas municipales:
“ARTÍCULO 2- Ámbito de cobertura
Esta ley es aplicable a las personas servidoras públicas de las siguientes entidades y órganos (…):
- a) Los Poderes de la República (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sus órganos auxiliares y adscritos y el Tribunal Supremo de Elecciones.
- b) El sector público descentralizado institucional conformado por: Instituciones autónomas y sus órganos adscritos, incluyendo universidades estatales, la Caja Costarricense de Seguro Social; instituciones semiautónomas y sus órganos adscritos y empresas públicas estatales.
- c) El sector público descentralizado territorial conformado por las municipalidades, los concejos municipales de distrito y sus empresas.”
2.
En contra incluso del discurso neo-liberal de algunos de sus impulsores, favorables a languidecer al Estado, fortalecer el mercado, eliminar regulaciones y flexibilizar las relaciones laborales, la mal llamada “ley marco” de empleo público generaría un SUPER PODER rector, burocrático y tecnocrático:
ARTICULO 6, inciso 1): “Rectoría: Toda materia de empleo del sector público estará bajo la rectoría de la Dirección General Servicio Civil, quién debe establecer, dirigir y coordinar la emisión de políticas públicas, programas y lineamientos generales que tiendan a la estandarización, simplificación y coherencia en el empleo público y que gozará de independencia en el ejercicio de su cargo y será dirigida por un Director General.”
3.
Por las nuevas funciones que le asignan, el ente rector necesitaría una reorganización, incremento de personal e inversión de grandes recursos para poder cumplirlas. Veamos solo algunos ejemplos:
ARTÍCULO 7 Competencias de la Dirección General Servicio Civil
“d) Asesorar a las entidades y órganos incluidos, bajo el ámbito de cobertura de la presente ley, para la correcta implementación de las políticas públicas, las disposiciones de alcance general, directrices, reglamentos, circulares, manuales, y resoluciones que se emitan en el marco de la rectoría en empleo público y la Ley N° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978”.
“k) Preparar una estrategia coherente e integral para el aprendizaje y el desarrollo en todo el servicio público, estableciendo cómo se desarrollará la capacidad a largo plazo para estándares de dirección y competencia profesional más altos y proporcionando orientación a las instituciones públicas sobre cómo planificar y aplicar las actividades dentro de la estrategia”.
“m) Realizar diagnósticos en materia de recursos humanos de las entidades y órganos incluidos para lograr un adecuado redimensionamiento de las planillas existentes, y la elaboración de criterios generales que delimiten los sectores cuya actividad, por su valor estratégico institucional, así como la vinculación con la actividad sustantiva, se debería reservar para que sean realizadas exclusivamente por personas servidoras públicas. Además, analizar los que sirvan de orientación para delimitar la prestación de los que podrían ser externalizados y las condiciones de prestación de estos”.
“n) Prospectar las tendencias globales del futuro del empleo público, con el propósito de informar la planificación de este.”
O sea, desde realizar diagnósticos en cada organismo público para establecer cuáles trabajos serían empleo público y cuáles podrían ser externalizados; hasta sacar la bola de cristal para “prospectar las tendencias globales del futuro”, entre otras complejas pero cantinflescamente “definidas” atribuciones, la ley de empleo público podrían generar resultados muy distantes de la “eficiencia, eficacia, economía, simplicidad y calidad” que pregonan como principios para la evaluación (Artículo 7, inciso p).
4.
En contra del desarrollo histórico de nuestro Estado Social de Derecho, que ha resultado en la creación de una gran diversidad de entes públicos; que realizan funciones y servicios muy relevantes para el desarrollo y bienestar de nuestra población; para lo cual requieren personal con muy diferentes calificaciones y especializaciones; que trabajan además en condiciones muy diferentes en todo el territorio nacional aún cuando desempeñen la misma función (ej. una maestra en una escuela rural uni-docente y otra en una urbana multi-docente); el proyecto de ley de empleo público plantea reiteradamente que se busca la “estandarización, simplificación y coherencia del empleo público” (Artículo 6, inciso 1 y 1d; Artículo 7 inciso c;).
Además propone una clasificación en solo a 8 familias de puestos para todas las personas que trabajen en la Administración Pública y establece que solo mediante una nueva ley se podrán crear otras familias, con la debida justificación “por criterios técnicos y jurídicos coherentes con una eficiente y eficaz gestión pública” (Artículo 13).
¿Serán la estandarización, la clasificación cerrada en 8 familias y los amarres de ley para crear nuevas, pasos efectivos hacia un Estado y servicios públicos más ágiles, eficientes y eficaces? A mi me parece que son todo lo contrario y pueden terminar afectando no solo la gestión de la relaciones y necesidades laborales de cada entidad pública sino también los servicios que prestan.
Y por cierto, ¿cuáles fueron los “criterios técnicos y jurídicos coherentes con una eficiente y eficaz gestión pública” que se utilizaron para crear las 8 familias de puestos?; ¿dónde está formulados?; ¿quién los formuló? ; ¿dónde y con quién se debatieron?.
En fin: concentración de poder, burocratización, funciones tan difusas en su formulación como peligrosas en sus consecuencias, estandarizar y amarrar aún más a las entidades públicas…
Me parece que no estaríamos avanzando hacia el necesario fortalecimiento de una gobernanza democrática y participativa, sino dando un paso más hacia una gobernanza tecnocrática, elitista y autoritaria.
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