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Etiqueta: institucionalidad social pública

La violencia económica

Álvaro Vega

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Cuando se aborda el tema de la violencia se tiende a pasar por alto que buena parte de la misma, en sus diversas expresiones: psicológica, política, simbólica y física, tiene como una de sus causas fundamentales a la violencia económica, que ejercen los poderes fácticos globales con la complacencia de los gobiernos y estados nacionales, cada vez menos soberanos y más sometidos a sus mandatos.

Es tal el grado de violencia económica, que un ínfimo porcentaje del 1% concentra más del 80% de la riqueza del mundo. Cuando los niveles de desigualdad y pobreza crecen exponencialmente, estamos ante el fenómeno de una “pandemia económica”. Y mientras las pandemias menores, como la del Covid 19, tienen efectos epidérmicos sobre el tejido social, la económica hace metástasis.

Dadas estas condiciones, el sistema requiere cirugía mayor y de urgencia, tanto en los niveles de la gobernanza global como local. Sin embargo, con poquísimas excepciones, se continúa aplicando medidas paliativas, apelando al altruismo de los superricos, propiciando el libertinaje del mercado y la privatización de la institucionalidad social pública. Es decir, contradictoriamente, se continúa apostando por las mismas políticas económicas neoliberales que son las principales responsables de generar la violencia económica.

Por otra parte, campea un discurso político, con la fuerza retórica propia de un populismo de rasgos autoritarios y neofascistas, que buscan culpar de la violencia al delincuente y al sicario callejeros, esos que “se matan entre ellos”, sin considerar que en muchos casos se trata de jóvenes a quienes se les han negado oportunidades para el estudio y para un empleo digno. En este sentido, es la violencia económica, que empobrece y precariza a la sociedad, la responsable principal de este otro tipo de violencia. Efectivamente, el país ha venido devaluando el papel de la institucionalidad social, particularmente en salud y educación, que son las vías fundamentales para la movilidad social.

El desafío es construir una sociedad global y local sobre una nueva política económica al servicio de la vida, es decir, que propicie una mejor distribución de la riqueza, niveles más elevados de equidad, solidaridad y de afectividad, así como el respeto a los derechos de la naturaleza. Lamentablemente, ya hace bastante tiempo venimos aceptando como inevitable y natural la muerte por hambre, guerras, desastres naturales, racismo, machismo y discriminaciones de todo tipo. No podemos permitirnos continuar legitimando la violencia bajo ninguna de sus formas.

Frente a esta realidad Raimon Panikkar, plantea que “hoy las alternativas son ineludibles: o bien la humanidad arriba a una nueva fase y la abraza, una fase a la que podríamos llamar posthistórica y que supone una mutación de ser humanos mismo, o bien una minoría de la especie humana continúa destruyendo la Tierra, provocando finalmente un aborto cósmico que malogrará por completo cualquier posibilidad de que la vida prospere en este planeta”.

Costa Rica, a diferencia de países que se dejaron avasallar por las políticas privatizadoras de los “vendedores de prosperidad” (Paul Krugman), ha logrado preservar conquistas sociales fundamentales que contribuyen a la paz social.

Cuando la violencia económica se ha convertido en más que una amenaza para la paz social, debemos prestarle más atención, si es que pretendemos enfrentar y contrarrestar las diversas formas de violencia que sufrimos hoy.

Reactivación económica sin reactivación social

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

         El estallido que estamos viviendo es una respuesta desesperada de una ciudadanía que ha visto cómo se le han venido violentando sus derechos sociales: empleo decente, vivienda digna, salarios justos, educación pública de calidad, atención en salud oportuna, etc.

         Por lo tanto, la agenda de un verdadero diálogo intersectorial amplio y transparente debería colocar en primer lugar esas demandas y desafíos humanos y sociales. La atención al problema fiscal y a la reactivación económica tiene que estar orientado a encarar este desafío. De no ser así prevalecería el sesgo economicista que nos tiene atascados en este lodazal.

         Este sesgo puede percibirse en las propuestas que solo se han dedicado a considerar ajustes económicos y financieros, dando por descontado que con ellos automáticamente se atienden a las demandas sociales.

         El Dr. Jorge Arturo Chaves del Centro Dominico de Investigaciones (CEDI) apela a la búsqueda de una concepción integradora para construir, de manera dialogal, políticas públicas en donde “lo éticamente deseable, sea técnicamente posible y políticamente viable”: “La inserción de la racionalidad económica dentro de la racionalidad humana; la consiguiente articulación de lo político en la sociedad y en la comunidad; la integración de esta economía política en el ecosistema; la renuncia a la pretensión “imperial” de la economía y la apertura al trabajo interdisciplinar”[1].

         En este enfoque ético-social de las políticas públicas, interpretamos nosotros, no se parte de lo estrictamente económico sino de lo “éticamente deseable”, del desafío humano-social fundamental para adecuar las medidas o políticas a ese desafío.

         Ya algunos analistas han comentado que la propuesta gubernamental ponía la carreta delante de los bueyes. Es decir, primero la negociación con el FMI y después la reactivación económica y el desempleo. Lo que planteamos recoge algo de esta idea, pero señala que no se trata tampoco de pensar solamente en reactivación económica per se, sino en la reactivación social. O sea, atender prioritariamente a la calamidad social en que se encuentran viviendo las mayorías de este país, que ya está tocando los límites de lo humanamente soportable.

         Así como la pandemia es una enfermedad biosocial, donde es insuficiente una respuesta sanitaria sin considerar el contexto de vulnerabilidad de los sectores más afectados, una reactivación económica sin considerar ese contexto es también insuficiente. El virus del Covid19 al igual que el dengue también crece y se reproduce en los charcos de pobreza.

         Hoy requerimos una respuesta integradora y acorde con un contexto que exige elevar los niveles de calidad y competitividad colaborativa en los diferentes campos. Por ejemplo en educación, no podemos tener alcance social sustantivo si no modernizamos el sistema con base tecnológica y acceso gratuito a internet en la educación pública. Asimismo, en salud tenemos que fortalecer la base científico-tecnológica para generar conocimiento y mejores respuestas preventivas y de tratamiento.

         De ahí que la apuesta sigue siendo el fortalecimiento de la institucionalidad social pública y no su debilitamiento, como algunos pretenden.

         El contexto actual se asemeja a los años 1930 y 1940, donde se vivieron las consecuencias de una profunda depresión económica mundial y fueron años de gran agitación social. La respuesta fue una Reforma que atendió a las demandas de mejores condiciones laborales, de salud y educación para la clase trabajadora.

El desafío de hoy es muy similar. Por eso necesitamos una Segunda Reforma Social, que también tendrá que ser económica, pero no cualquier “reactivación económica”. Ya hemos tenido reactivación económica sin reactivación social. No recetemos más de lo mismo.

[1] Chaves, Jorge A. (1999) De la utopía a la política económica. Para una ética de las políticas económicas. Salamanca, Editorial Sam Esteban, pp. 236-237. El destacado es del autor.