Como parte de los riesgos que se observan en el proyecto de ley se mencionan los siguientes:
1- Interpretaciones jurídicas y trámites legislativos que permiten a distintos actores del mundo político, empresarial, financiero y de otros sectores de la economía legislar en beneficio propio y lejos de ayudar al objetivo inicial de aspirar a promover la formalidad y dar sostenibilidad al sistema de financiamiento to de la CCSS, generar el efecto contrario en el marco de aprovechamiento de la crisis de la pandemia, escenario sanitario que termina siendo una oportunidad para «ayudar» a evasores y elusores de la CCSS. Siendo esto una modalidad más de corrupción ya abierta, si vemos los abordajes de diputados en la Asamblea, lo cual dinamita más la institucionalidad.
2- Posibilidad de acciones legales contra la ley cuando cumpla su trámite legislativo, pues parece que esta nueva aberración jurídica contiene roces de legalidad y constitucionalidad.
3- Incentivos inadecuados: La amnistía genera el incentivo de aquel trabajador y patrono que ha cancelado oportunamente sus obligaciones con la Seguridad Social observe como los que no cumplen se ven beneficiados con la amnistía de sus deudas; entonces surge la pregunta, ¿qué incentivos tengo para ser responsable con mis obligaciones, si al cabo de un tiempo puede ser que aprueben una amnistía?
4- La ley tiene riesgo de violentar la autonomía de la CCSS; esperemos la consulta a la Sala Constitucional y lo que vaya a indicar al respecto.
5- La ley no discrimina entre patronos y trabajadores de bajos ingresos y altos ingresos para que les otorgue la amnistía; esto podría tener efectos regresivos, pues patronos físicos y jurídicos, y trabajadores de altos ingresos se puedan ver beneficiados en forma importante.
6- Es conocido que hay legisladores de diferentes partidos que tienen deudas con la CCSS y probablemente se vayan a ser beneficiados con esta ley. Esto es una situación donde el legislador legisla en beneficio propio y profundiza el tema de la corrupción y sin duda este enfoque y trámite tan oscuro agranda el proceso de fetichización y lo hace verse como normal, enviando una pésima señal al pueblo, que por demás no entiende del todo y el fondo del problema.
8- Podría este proyecto conducir a favorecer a grandes evasores y elusores de los pagos a la. CCSS y golpeando más a los sectores de trabajadores independientes que posiblemente sean más en lo cuantitativo, lo cual podría distorsionar el espíritu del proyecto.
8- Podríamos además estar en un posible escenario en el cual haya una confluencia de agendas e intereses, no tan visibles que posiblemente sean pagos de favores a algunos actores representantes de sectores en la Junta Directiva de la CCSS en razón de nombramientos en alguna Gerencia.
9- Finalmente, es sin duda necesario que los estudios o similares que haya elaborado el personal técnico de la CCSS sobre este proyecto sean de conocimiento público y se sometan a un escrutinio profesional externo antes de que se convierta en ley un proyecto con tantas oscuridades que conducen posiblemente al camino de la corrupción y los conflictos de intereses.
Puede solicitar la documentación oficial a nuestro correo.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Al ejecutar el arquero rival el saque de puerta un enorme grito homofóbico se deja sentir. En las imágenes de primer plano, abundan risas de burla luego del grito ejecutado al unísono, un concierto desafortunado. Estas risas y muecas fueron parcialmente apagadas recientemente: la FIFA transnacional multó a México con dos partidos a puerta cerrada y 60.000 francos suizos por la reiterada conducta discriminatoria de sus aficionados.
Esta aparente acción correctiva, sin embargo, no es suficiente para detener la escalada de violencia conservadora que campea a nivel planetario. El mismo México experimentó en junio anterior el asesinato de un joven que, en una actividad social, confesó su estado serológico y portador del VIH. Fue torturado, quemado y finalmente asesinado.
Ya lo decía con algo de pena el cantautor español Víctor Manuel en una de sus composiciones: “nuestra sociedad es un buen proyecto para el mal”. Y es que efectivamente estas acciones de rechazo van minando las posibilidades reales de construir una experiencia distinta de colectividad, basada en la comprensión y aceptación del otro, de la otra.
Hoy se producen otras pandemias que no aplanan su curva. Se instala la naturaleza de las superioridades que, como ha dicho la historiadora costarricense Patricia Alvarenga, constituyen alteridades biológicas, de género y étnicas. Es necesario reconocer los discursos de odio como enclaves, como espacialidades simbólicas donde se vierten todo tipo de ideas discriminatorias y se produce un peligroso precedente que podría generar más violencias y actos peligrosos para la integridad y la vida de las personas.
Dos estudios realizados en Costa Rica en 2020 y 2021 deben considerarse parte de una tendencia regresiva, instalada quizá con mayor amplitud al tenor de una escalada conservadora, en aumento e irreversible.
Ambos encuadres señalaban la reproducción de discursos xenofóbicos y discriminatorios en redes sociales. El estudio más reciente publicado por la ONU, identificó más de 500.000 conversaciones vertidas en estos espacios virtuales, en las cuales se emite lenguaje fuerte y excluyente en contra de poblaciones específicas. Preocupa en demasía la alusión directa a la nacionalidad (xenofobia) al género (mujeres) y las identidades sexuales (personas homosexuales).
En la semana que se dan a conocer los resultados preliminares de este abordaje, una jueza de familia declinó su trabajo al enterarse de la posibilidad de casar a dos hombres. Está en todo su derecho de hacerlo, es cierto, pero esta actitud constituye un ejemplo más del carácter profundamente regresivo y excluyente instalado en la sociedad costarricense en estos temas.
En un contexto marcado por la incertidumbre de los relatos, en los que categorías como Estado, institucionalidad y sistema democrático experimentan reconfiguraciones importantes y los impactos demoledores para la convivencia social producto de la pandemia y la pérdida de sentido colectivo se han hecho sentir, los discursos de esta naturaleza deben revisarse con detenimiento.
Son esas las otras pandemias que deben ser aplanadas en su curva exponencial.
Uno de los desafíos más amplios en esta materia atraviesa el sistema educativo nacional. No es exagerado decir que los requerimientos a la presencialidad en el sistema educativo costarricense, exigidos por voces supuestamente defensoras de los derechos a la educación, deben ir acompañados de la solicitud expresa para implementar procesos intensos de trabajo con niños, niñas y adolescentes sobre el valor de las interrelaciones con esas otredades presentes en nuestra sociedad. Y el desafío alcanza tanto la educación privada como la pública.
Es desde estos niveles educativos donde se puede tratar de detener esa marca registrada de cierto ADN regresivo instalado en las profundidades de la identidad costarricense. Construir desde allí otro proyecto de sociedad. Aplanar la curva de esas otras realidades que amenazan con llevarse todo a su paso.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
En la segunda mitad de los años noventa un medio de comunicación hegemónico realizó un programa especial televisivo sobre el déficit fiscal en Costa Rica. Llamó a los invitados de su panel “Comisión de alto nivel” y desde ese espacio, en una especie de “consejo de mayores”, decretaron sin reparo y sin contrapeso, que el problema que enfrentaba Costa Rica tenía que ver con el tamaño del Estado, la ineficiencia de sus instituciones, el mal desempeño de los funcionarios públicos, lo que había convertido el déficit fiscal un problema inmanejable. Esa noche acordaron que para reducir ese déficit había que hacer reingenieria, reducción, desmantelamiento del sector público.
La construcción del discurso, de la agenda mediática, caló en la opinión pública. La idea del elefante público empezó a cristalizar sobre la base de una muy bien cimentada estrategia de comunicación. A lo mejor el discurso no se apegaba tanto a la realidad. Pero era efectivo. Al decir de personas académicas de la calidad de la economista costarricense María Eugenia Trejos, lo del déficit fiscal era «un problema inventado».
Se abría así una agenda permanente y sistemática que cumple ya 25 años de haber sido instalada en la discusión pública.
En este periodo han transitado distintas administraciones que palabras más palabras menos adhieren las tesis de esa agenda mediática feroz y disolvente. Sin embargo el escenario actual no tiene comparación: llegamos a un momento histórico en el cual intereses privados, medios de comunicación empresariales y un conjunto de tecnócratas mal preparados o mal intencionados y políticamente torpes ubicados en esferas gubernamentales, han empezado a asestar un golpe letal a esa comunidad imaginada, horizontal y abarcadora, llamada sociedad costarricense.
También hay que decirlo: la estocada no solo proviene desde una recomposición aglutinadora de la hegemonía neoliberal que ha encontrado por primera vez en mucho tiempo una caja de resonancia en amplios sectores de la población, dado el trabajo incansable de los medios de comunicación y los formadores de opinión que un día sí y otro también posicionan sin reparo la idea que el sector público, sus instituciones, sus empleados, son cuasi delincuentes que deben ser alineados estandarizando y precarizando sus condiciones laborales a la baja, tal y como sucede en muchas actividades del sector privado.
El ejemplo de las condiciones infrahumanas de las personas trabajadoras en el sector piñero que saltó a la vista en los primeros meses de pandemia es una muestra de hacia donde quieren estandarizar los derechos laborales de todos y todas quienes suscriben la tesis del desmantelamiento del sector público, o como han dicho de forma elegante, «poner en cintura ese elefante». Ahora, con la negociación de un nuevo préstamo con organismos financieros como el FMI, las tesis monetaristas y reduccionistas han ganado espacio, junto a esa construcción permanente de descrédito a las instituciones públicas y sus personas trabajadoras.
La estocada es efectiva no solo por un periodo prolongado de agenda mediática, empresarial y política o por el poder desestabilizador e inmovilizador de la pandemia y sus efectos en las subjetividades políticas; también se recrea por una debilidad estructural y estratégica notable en sectores sociales, gremios, organizaciones de las personas trabajadoras que se ha venido acrecentando durante los últimos años en materia de respuesta, estrategia y comunicación hacia la ciudadanía. Años de despolitización, amedrentamiento y producción del miedo a la acción colectiva han dado finalmente resultados.
Es incuestionable la necesidad de apuntalar procesos de revisión internos en muchas instituciones públicas, que equilibren algunas distorsiones creadas en el pasado en materia de distribución, atinencia, remuneración. Pero el punto es que la opinión pública ha sido orientada a una sola dimensión (la del tema salarial) sin reparar abiertamente en otros procesos relacionados con los aportes de la institucionalidad al desarrollo costarricense.
La idea sistemática, por ejemplo, sobre las universidades públicas como «territorios libres» que deben ser corregidos por esos tecnócratas mal preparados y mal intencionados, es quizá una de las mayores nociones instaladas en el imaginario colectivo, que se ha volcado cual vocero de los sectores privados a pedir cuentas y poner el dedo acusador sobre dichas instituciones.
La guerra está declarada. Una polarización mas profunda que la política electoral se ha instalado en la sociedad costarricense y pareciera no tener retorno. La hegemonía neoliberal ha encontrado sustancia en el encono de unos contra otros y a partir de allí todo le ha resultado más sencillo, empezando por el desmantelamiento del pensamiento crítico y cuestionador, que es la base de toda acción universitaria autónoma.
25 años de agenda continua han dado sus frutos. Stanley Cohen (1972) introdujo por primera vez el término «pánico moral» que luego encontraría polisemias y varios significados. Para el autor, este concepto refiere a un episodio que surge y se convierte en amenaza latente para los intereses de grupos o valores sociales y pueden ser sostenidos en el tiempo.
El discurso desestructurador de lo público en Costa Rica tiene hoy su corolario porque ha generado incertidumbre, ha construido miedos del tipo «sino se cierran instituciones estatales y se regulan los salarios de todas las personas funcionarias del sector público, Costa Rica se enrumba a una crisis irreversible». De nuevo, la responsabilidad recae en los sectores trabajadores pero nada se menciona sobre el comportamiento rapaz, acumulador y extractivo de las elites que se amparan bajo un sistema tributario desigual y castigador para los grupos bajos y medios. Al mismo tiempo la idea de la amenaza para el sistema democrático e institucional costarricense se ha fortalecido proponiendo una responsabilidad unívoca, de nuevo, en el tamaño del estado, sus instituciones y las condiciones sociolaborales persistentes.
El trabajo simbólico, ideológico y discursivo ha sido ejecutado a la perfección.
En una época de notables aportes desde lo público, tales como la salud y seguridad social, el trabajo serio de las universidades en la investigación científica para abordar la pandemia desde diversas aristas entre las cuales el acompañamiento a las poblaciones y comunidades continua siendo impulsado, corresponde anteponer nuevas formas colectivas y ciudadanas de respuesta a la hegemonía neoliberal conjuntada en gobierno, medios de comunicación y sectores empresariales deslocalízados y articulados hacia afuera.
Antes de exponer la posición del movimiento sindical sobre el tema, es importante que conozcamos aspectos generales que se plantean dentro de la formulación de la Ley de Empleo Público. Lo primero, es que es un proyecto de 28 páginas, que aborda aspectos en materia laboral, se trata según Alfaro (2019) de “una nueva conceptualización de las redes laborales con el Estado desde la etapa de contratación hasta la de despido” (párr.2). Lo segundo, es que desde la institucionalidad y el Ministerio de Planificación se argumenta que la propuesta es necesaria para modernizar el Estado actual. Por último, específicamente se dice que lo que se quiere con este proyecto de ley es la aplicación de un sistema de salario único para todos los empleados públicos, poner un tope a los incentivos y bajar la curva de crecimiento por el pago de las remuneraciones.
Los cambios estructurales que se planean ejecutar están íntimamente relacionados con las siguientes áreas: reclutamiento y selección del personal, según se indica para garantizar idoneidad comprobada para los puestos que se asumen; alta dirección pública que va aunada al área anterior pues lo que se requiere es que cada unidad y departamento esté liderado por personas aptas y capacitadas; cambios en la movilidad pública; la desvinculación de los funcionarios del sistema por bajo rendimiento; modificaciones en materia de salarios con el fin de lograr una igualdad entre los altos jerarcas y los profesionales de menor rango; vacaciones; permisos de cuido; licencias de maternidad; otros incentivos laborales; condiciones de aplicación y de contratación temporal (Alfaro, 2019. párr.1-33).
Ahora bien, con respecto a esta ley han surgido diferentes posicionamientos tales como el de los movimientos sociales y el movimiento sindical de Costa Rica, que refiere su disconformidad con el proyecto debido a una posible recarga de la crisis fiscal sobre el sector laboral y que terminará afectando la calidad que ofrecen los servicios públicos y la estabilidad del Estado Social de Derecho.
Parte de las acciones que se han tomado desde estas entidades sindicales y sociales son las manifestaciones que se han llevado a cabo en las afueras de la Asamblea Legislativa, donde han participado algunas figuras que están inmersas dentro de la institucionalidad como lo es el actual rector de la Universidad de Costa Rica Gustavo Gutiérrez Espeleta, el SINDEU, la APSE, UNDECA, ANDE, SEC, CTRN, SINAE, sindicatos del AyA, entre otros. Estas manifestaciones tienen como objetivo preservar el empleo público, el Estado Social de Derecho y la calidad de vida de las personas ciudadanas y funcionarias del Estado y sus familias.
En el video publicado por Marcela Zamora-Cruz en su página de Facebook hace un llamado a las federaciones estudiantiles a sumarse a la causa, ya que estos proyectos como la Ley de Empleo Público y las negociaciones con el FMI, afectan no solo a la clase trabajadora, también a la educación pública, específicamente a las universidades públicas.
La Nación ha hecho montones de estudios y análisis sobre el empleo público para querer demostrar que los problemas del país se deben a los trabajadores y trabajadoras del sector público. Hoy publica un nuevo análisis que lógicamente manipula, pero que indica lo siguiente:
1-. El 90% de los empleados de todo el sector público (poderes del Estado, instituciones autónomas, universidades, sea de todas las instituciones) reciben un salario menor a 2 millones de colones.
El 33% tienen un sueldo entre 1 millón y 2 millones.
El 35% entre ¢500.000 y un millón.
El 21% ganan menos de ¢500.000. Dentro de este grupo se encuentran un grupo importante de profesores universitarios que no tienen jornada completa.
Observen que el 56% -más de la mitad- de los trabajadores públicos ganan MENOS de un millón de colones al mes.
¿Son estos salarios de lujo?
2-. Los que ganan más de 2 millones (el 10%) trabajan principalmente en:
43% en la Caja. Son principalmente médicos especialistas.
12% en la Corte. Principalmente jueces.
6% cada uno en UCR, ICE y MEP.
Como se aprecia son profesionales muy importantes, médicos, catedráticos, jueces, técnicos especializados, que han dado una gran contribución al desarrollo económico-social del país.
¿Les rebajarán el salario como pretenden algunos?
3-. Ahora bien, sí hay que señalar que 107 empleados reciben más de 10 millones de sueldo al mes, que son a los que siempre recurre La Nación para denigrar a los trabajadores públicos. Habrá que analizar quiénes son, porque siempre se citan algunos médicos especialistas a los que les obliga la Caja a hacer guardias y estar en disponibilidad; hay que ver cómo la Caja logra reducir esas remuneraciones con la contratación o formación de más especialistas.
Sin embargo, llama la atención que uno de esos 100 funcionarios de más de 10 millones de salario mensual sea el señor Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, que un día sí y otro también claman por la austeridad y otro sea el embajador en Japón.
Por otra parte resulta claro que no es posible comparar instituciones o poderes del Estado ya que la realidad de cada uno es muy distinta: en el Poder Judicial y en las universidades predominan los profesionales mientras que en otras instituciones no.
Si alguno quiere comparar el sector público con el sector privado, deberá hacerlo por categorías de puestos. En el sector público, el 21% gana menos de ¢500 mil colones, sea los oficinistas, encargados de mantenimiento, etc.
La Nación echa por tierra lo que se ha venido diciendo desde hace muchos años, que los salarios de los empleados públicos son privilegiados. La realidad es otra como la reflejan los números: 56% de los trabajadores públicos, más de la mitad, reciben un salario menor a 1 millón de colones.
Una vez más queda claro, hasta con los estudios de La Nación, que los trabajadores no son los culpables del déficit fiscal ni de los problemas de las finanzas públicas y que el proyecto de empleo público no es más que una medida para congelar los salarios de los trabajadores y trabajadoras.
El Proyecto de Ley Marco de Empleo Público tiene cuatro objetivos: el primero, de carácter político, otro fiscalista, el tercero, de corte antisindical.
Pero, además, sobresale el cuarto objetivo, cuyo propósito es acelerar el desmantelamiento del Estado y la privatización de los servicios públicos.
Una de las herramientas diseñadas para alcanzar este espurio objetivo es la desregulación y flexibilización de los procesos de reorganización y reestructuración de las instituciones públicas.
Esta flexibilización se consolida aún más con la exorbitante moción que aprobó la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, el día de hoy, que relajó el correspondiente requisito, bastando que la reorganización afecte por lo menos el 50% de los servidores de la respectiva dependencia pública, en lugar del 60% que exigió el anterior texto dictaminado.
De esta forma, por una parte, se facilitan, como en feria al por mayor, los despidos colectivos, que será suficiente, y nada más, cualquier remedo de estudio “técnico”, para justificar la pretendida reorganización institucional, con el consecuente sacrificio masivo de los empleos.
Por otra parte, a expensas de la reestructuración, se desmantelan los servicios que presta la institución o entidad a la comunidad.
Además, las indemnizaciones tendrán un costo muy barato, porque la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635, derogó varias normas del Estatuto de Servicio Civil, que dispusieron que a los cesados por los anteriores motivos, les correspondía una indemnización tasada, a razón de un mes por cada año de servicio prestado. En lugar de estas normas derogadas, se ha interpretado que la regla que ahora aplica es la contenida en el artículo 29 del Código de Trabajo, que preceptúa un tope de 8 años, norma a la que expresamente remite la Ley N° 9635.
Por último, es importante recordar que el Memorando Técnico de OIT, rendido a solicitud de la misma Comisión Legislativa, advirtió los alcances de esta lesiva propuesta legislativa y recomendó la inclusión de un mecanismo de consulta previa con las organizaciones representativas de las y los trabajadores, cuando la Administración pretende cesar personal por motivos económicos o estructurales.
Esta recomendación de la prestigiosa OIT fue totalmente despreciada por la comisión legislativa -como la gran mayoría de las observaciones y recomendaciones de ese memorando, que tuvieron la misma desafortunada suerte-, dejándose a las y los servidores en una situación totalmente vulnerable y sin ninguna clase de protección legal.
En conclusión, con esta regulación se expulsa de nuestro ordenamiento la estabilidad laboral de los y las funcionarias públicas, cuyo derecho subjetivo se elimina y sustituye por un régimen abusivo de despido colectivo, a la carta, unilateralista, a libre discreción de la Administración, sin garantías de protección para el servidor, devaluado, excluyéndose toda instancia de consulta a los sindicatos que representan los intereses colectivos de las personas trabajadoras afectadas.
Así, se consuma el derrumbe de la institucionalidad pública y la afectación del sistema democrático, porque los servicios públicos constituyen la infraestructura de la democracia.
De esta manera, avanza incontenible, en clave cada vez más regresiva, la consolidación del Derecho de la Función Pública del Enemigo, fundado en la construcción ideológica de una cultura de odio y violencia institucional contra la clase trabajadora del sector público.
SURCOS comparte el siguiente pronunciamiento y video: Las personas, organizaciones y sectores abajo firmantes, hacemos de conocimiento público considerando: PRIMERO. En el año de la conmemoración nacional del Bicentenario de la Independencia de la Patria, el 2021, la institucionalidad democrática costarricense está más vulnerable que nunca: Cada vez más, miles de compatriotas sufren las consecuencias del desempleo, del aumento del costo de vida, de la reducción o congelamiento salarial, de la falta de oportunidades, de la exclusión de la economía, de la pobreza y de la desigualdad social. Esta situación, que desde inicios del año anterior (2020), alcanzaba números preocupantes, se ha visto agravada llegando a cifras record alarmantes, ante la situación generada por “la llegada” del COVID-19 al país, por una parte; y por otra, la inoportuna respuesta del equipo económico del Gobierno y sus partidos aliados en la Asamblea Legislativa, a la situación antes descrita. SEGUNDO. Quienes deciden las políticas públicas, han visto en el doloroso momento nacional actual, una oportunidad para profundizar un modelo económico concentrador y excluyente: Cada vez más, cientos de miles de compatriotas vemos con preocupación, indignación e impotencia, cómo a pesar de experiencias que vivió la sociedad costarricense el año anterior; el 2021 inicia con la insistencia desde Gobierno y desde la Asamblea Legislativa, en impulsar como respuesta a la crisis sanitaria, económica y social, decisiones cuyo rumbo y consecuencias no hacen sino convertir el difícil momento que atraviesa el país, en una oportunidad para profundizar la receta económica que concentra riqueza en pocas manos, la cual viene en marcha en nuestro país desde los últimos 30 años, descartando cada vez más compatriotas de la economía. Ante la exclusión social y económica en ascenso, las decisiones económicas que se impulsan nos colocan, nuevamente, a la sociedad costarricense en un punto delicado de polarización relacionada con la distribución del ingreso. Un gobierno, cuya gestión genera el mayor rechazo ciudadano de la última década y cuya imagen continúa en caída libre; y un grupo de diputados que siguen perdiendo legitimidad política real por su excesiva y descarada inclinación a favorecer al gran capital; ni unos ni otros tienen la autoridad moral para seguir polarizando al país que requiere soluciones equilibradas. TERCERO. Las medidas económicas que impulsan el Gobierno y sus partidos aliados en la Asamblea Legislativa golpean a sectores claves para dinamizar la economía: Es de suma preocupación, considerando el actual mega-período de sesiones extraordinarias que le otorga al Gobierno ocho meses para “mover sus hilos” en la Asamblea Legislativa, que lo inicie con iniciativas que afectan a sectores que dinamizan el mercado interno, el comercio, la producción, y a la sociedad costarricense en su conjunto; pero sin respuesta efectiva a problemáticas sectoriales reiteradamente señaladas. A saber: a) Negociaciones de Gobierno de cara a convenio con el FMI: Costa Rica no necesita de convenio alguno con el Fondo Monetario Internacional. ¡Sobran alternativas! Como sectores sociales representativos de las diversas expresiones organizadas del pueblo costarricense, vemos con enorme preocupación que se descarte la enorme cantidad de aportes, procedentes de diversas fuentes, que se han venido planteando a fin de que, desde lo nacional, nos aboquemos a construir las soluciones hacia la crisis fiscal del país, sin necesidad de que tengamos que atarnos a organismos financieros internacionales y, mucho menos, cuando se ha venido demostrando que hay recursos financieros internos para que, de modo, paulatino, diseñemos un camino costarricense de salida a esa crisis sin abruptos procesos de agudización del clima social nacional. Las negociaciones con el FMI se darán en un momento totalmente inoportuno, de considerable potencial provocador a un desasosiego social más intenso y extendido que el del año anterior. Particularmente, la naturaleza del desafío tributario que tenemos por delante, con su marcado sesgo regresivo; nos involucra en cuanto las características de los sectores sociales que estamos representando, castigados por ese sesgo de injusticia impositiva; de modo tal que no podemos aceptar más impuestos de orden regresivo. Por el contrario, llegó la hora nacional de que nos aboquemos a las transformaciones tributarias profundas que tengan como eje central, la progresividad fiscal. b) Impuestos regresivos: Rechazamos, con vehemencia absoluta, que se pretenda imponerle más impuestos, todos de un profundo carácter regresivo, al pueblo trabajador en todas sus dimensiones (con empleo y salario fijo, el que está en la informalidad, el que sufre el dolor del desempleo, el que a duras penas subiste con emprendimientos micro-pequeños y/o de economía social); recargándole el peso abrumador de un sistema tributario perversamente injusto. Lo anterior no sólo aumenta la desigualdad social sin atender la evasión fiscal y las exenciones tributarias; sino que, además, encarece el costo de la vida al pueblo trabajador; a la vez que pone en grave aprieto las actividades económicas-productivas de las micro, pequeñas y medianas empresas, castigándolas con nuevas cargas tributarias. c) Venta de activos del Estado: Integrantes del equipo económico del Gobierno han insistido en días anteriores que no han renunciado a la venta de FANAL. Desde las distintas expresiones organizadas de los sectores sociales hoy reunidas expresamos un NO rotundo a la venta de FANAL. Así mismo rechazamos con contundencia, las intenciones anunciadas en diferentes oportunidades por la fracción legislativa del PUSC y otros grupos políticos, sobre sus intenciones de impulsar venta de activos en Instituciones como activos como el Banco de Costa Rica (BCR), Instituto Nacional de Seguros (INS) y telecomunicaciones del ICE. d) El proyecto de Ley de reducción de beneficios fiscales y ajustes de tarifas en rentas de Capital (expediente 22.369) que pretende elevar la renta, generar impuestos al trabajo y gravar los intereses sobre rendimientos del FCL y rentas de capital en cooperativas. Lo anterior afecta especialmente al movimiento Cooperativo y al Movimiento Solidarista con nuevos impuestos. Tal iniciativa debe desecharse, radicalmente, e) El proyecto de ley Marco de Empleo Público (expediente 21.336) que concentra en manos del Poder Ejecutivo potestades excesivas, que perjudican los derechos de las personas trabajadoras estatales, poniendo en riesgo la calidad de los servicios públicos, para que el Gobierno de turno pueda manipular a su antojo el régimen de empleo del Estado costarricense. Iniciativa contraria a la institucionalidad democrática costarricense porque violenta la Constitución Política, los derechos humanos, laborales y sociales. Este proyecto junto a dos legislaciones ya aprobadas (conocidas como el combo fiscal (2018) y la ley anti-huelgas (2019), forma parte de la tríada de legislación que pretende la destrucción del modelo de Estado surgido a partir de 1949, con la denominada Segunda República. f) Incumplimiento Gubernamental del artículo 19 de la Ley sobre Desarrollo de la Comunidad (Ley 3859). Por ley el Estado incluya en el Presupuesto Nacional, una partida equivalente al dos por ciento del estimado del impuesto Sobre la Renta de ese período, para girar las asociaciones de desarrollo de la comunidad debidamente constituidas. Lo anterior no se ha cumplido dada la reducción unilateral e inconsulta de recursos para el desarrollo comunal. Situación que atenta contra la reactivación económica en las barriadas, contra la seguridad de las comunidades y hasta contra la lucha en la atención de la pandemia, ya que estas organizaciones están involucradas en todo lo que tiene que ver con su comunidad. g) Desinterés del Gobierno en dar solución a la condonación de deudas del sector agropecuario. En nuestro país un sector significativo de la producción agropecuaria nacional, prácticamente se encuentra en la quiebra por las altas deudas, impagables todas, de productores, a quienes la contracción adicional del mercado interno producto del Coronavirus-19 terminará de llevar a la banca rota, con su impacto negativo consecuente en la soberanía alimentaria nacional. Ante esta situación, el Gobierno no ha mostrado interés alguno, en impulsar el avance legislativo para aprobar el expediente No. 21.935 para condonación de deudas del sector agropecuario, y el expediente No. 21.960 sobre texto sustitutivo en relación a la soberanía alimentaria. h) Falta de política integral para atender el comercio de la micro-pequeña empresa del mercado interno: El Gobierno sigue debiendo una estrategia de acompañamiento real al comercio, especialmente a la micro y pequeña empresa orientada al mercado interno; que garantice la no extinción de su actividad económica, que no le contraiga aún más el consumo afectando la capacidad adquisitiva de sectores que dinamizan su flujo de caja, o bien a través de disposiciones no dialogadas o arbitrarias sobre su actividad económica. i) Inexistente control político sobre el abuso en reducción de jornadas y salarios o suspensión de contratos en el sector privado: A pesar que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) tiene en estudio 1047 casos de empresas por supuesto abuso en reducción de jornadas y suspensión de contratos durante la pandemia del Covid- 19; la Asamblea Legislativa aprobó en recientes días el expediente 22.265, que permite una ampliación de tres meses más al mecanismo que permite que a trabajadores del sector privado se les suspenda o reduzca jornada y salario. Lo anterior sin que exista control político alguno ni atención expedita a este tipo de irregularidades, por parte de quienes impulsan este tipo de iniciativas en el Congreso. POR TANTO: Anunciamos al pueblo trabajador, a la opinión pública nacional, a la clase política de todo signo: 1- Nuestra decisión de unir esfuerzos, para hacer frente de forma conjunta, a las recién mencionadas iniciativas de ley y problemáticas irresueltas orientadas a golpear aún más el ya afectado ingreso del pueblo trabajador en todas sus dimensiones (con empleo y salario fijo, el que está en la informalidad, el que sufre el dolor del desempleo); de la población productiva (micro y pequeña empresa y agricultura campesina), y de sectores sociales representativos de las diversas expresiones organizadas del pueblo costarricense, que a través de diversos encadenamientos productivos dan su aporte al consumo del mercado interno y la activación de la economía. 2- Nuestra férrea oposición a: las negociaciones y el convenio que impulsa el Gobierno con el FMI, los impuestos regresivos con que pretenden cargar más la crisis sobre las espaldas de los sectores populares, al proyecto de ley 22.369 que afecta con nuevos impuestos al movimiento Cooperativo y al Movimiento Solidarista, al proyecto 21.336 ley marco de empleo público que violenta los derechos sociolaborales, y a la venta de activos del estado. 3- Nuestra exhortación urgente al Gobierno y a los diputados y diputadas de la República: aprueben el expediente 21.935 para condonación de deudas del sector agropecuario y el expediente No. 21.960 sobre texto sustitutivo en relación a la soberanía alimentaria. aprovechando además el sistema bancario nacional para el refinanciamiento de la agricultura campesina, trasladen al movimiento comunal los recursos que por ley le corresponde, necesarios para desarrollar proyectos en sus comunidades, implemente una política integral para atender el comercio de la micro y pequeña empresa del mercado interno, y atienda y regule abusos en reducción de jornadas y salarios o suspensión de contratos en el sector privado. 4- Nuestra convicción profunda que el país requiere que la clase gobernante implemente soluciones orientadas a la reestructuración de la deuda pública, la revisión del pago y de las tasas de interés que la misma ha venido demandando; así como a considerar los casi 15 mil millones de dólares que el Estado tiene en custodia en sus diversas modalidades institucionales para impulsar una solución nacional al manejo de la crisis fiscal con acción paralela en la reactivación de la economía y en la protección del empleo. 5- Nuestra disposición de unir esfuerzos y establecer una agenda de mínimos comunes, con otros actores, organizaciones y/o comunidades que compartan lo aquí expresado. 6- Nuestro vehemente y urgente llamado a nuestras propias bases sectoriales, a las organizaciones sociales, populares, cívicas y patrióticas para prepararse desde ya para dar su aporte a las distintas acciones conjuntas en fechas que estaremos anunciando en los próximos días.
Comunicado de Juan Carlos Durán Castro, secretario de Seguridad Social de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum
Ante la reunión que se ejecutara el día 07 de enero de 2020 en el local del Sindicato Nacional de Enfermería en relación a la formulación de una táctica y estrategia de cara al Proyecto de Ley de Empleo Público, se pretende hacer un balance político para avanzar en los 4 elementos que se exponen a continuación:
El movimiento sindical de Costa Rica y en general el movimiento social, tiene que aspirar a una rearticulación para construir un gran movimiento cívico-patriótico nacional, que tiene que tener una visión más allá del sector público y en esta coyuntura estar posicionado en los territorios con los actores hombres y mujeres que están ahí, para apostar a ese movimiento antes mencionado, sin excluir ningún actor o dirigencia de nuestros territorios.
Hacer un llamado general y concreto a que los empleados públicos y sus familias no voten por ningún partido político tradicional tales como: PLN, PUSC, PAC, evangélicos-cristianos y en general a cualquier partido político que en los últimos dos años ha castigado a los empleados públicos y privados. El país ocupa un viraje hacia el humanismo, el progresismo y hacia la solidaridad, y eso incluye la necesidad urgente de hacer un cambio dentro del marco democrático entre los diferentes estamentos de la institucionalidad, lo que incluye a la Asamblea Legislativa.
Es urgente que se reconfigure desde una táctica y estrategia jurídica el escenario de lucha en términos de fortalecer nuevamente el tema del derecho de huelga en el sector público. Lo anterior, es un elemento que puede inclinar la balanza hacia una correlación de fuerzas no pensando en esa huelga como instrumento desfavorecedor de la gente, sino más bien de inclinar la balanza para que el país empiece a caminar por una ruta distinta.
Por último, que se tenga como consigna la urgente necesidad de la defensa de la institucionalidad y plantearse una agenda país para modificar en el 2022 y en el marco democrático la asamblea legislativa. Se debe hablar claramente con empleados tanto públicos como privados y exponer con toda contundencia que se necesita una ruta que vuelva a poner a Costa Rica en la vía hacia un Estado benefactor, ya que el mercado no resuelve los problemas de las personas. La pandemia es un ejemplo claro de lo mencionado anteriormente, la pobreza, el desempleo y la concentración de la riqueza sigue siendo un tema imperante en el país y en el mundo.
Acuerdo tomado en sesión extraordinaria 09-2020 de la Asamblea de Unidad Académica de la Escuela de Danza UNA celebrada el viernes 23 de octubre de 2020.
CONSIDERANDO:
Que tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política de la República de Costa Rica y la Política Nacional de los Derechos Culturales 2014-2023 se estipula el resguardo, acceso y la garantía de los derechos culturales y a la educación.
Que la Universidad Nacional, en su vocación humanista, asume compromisos sociales con la ciudadanía costarricense para contribuir con la transformación democrática y progresiva de las comunidades y la sociedad hacia planos superiores de bienestar.
Que dicho bienestar supone una educación integral, en lo cual las humanidades, las artes y las expresiones culturales son claves en la creación de valores y habilidades para una sana convivencia, la movilidad social y el desarrollo humano.
Que desde el CIDEA, la Escuela de Danza se sabe parte un sistema institucional educativo, artístico y cultural, cuyo espíritu es contribuir con el desarrollo integral de las personas y los pueblos de Costa Rica y Centroamérica mediante sus múltiples quehaceres: la producción artística, la investigación, la extensión y la formación de profesionales que aportan al desarrollo cultural nacional y regional.
Que los recortes formulados por la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa al presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud son injustos y desproporcionados, siendo que a este ya se había aplicado una rebaja en el anterior presupuesto, lo que terminaría afectando importantísimos programas cuyos debilitamientos o supresiones sólo tendrán efectos negativos.
Que ante la crisis que se atraviesa, lejos de desatenderse y cercenarse arbitrariamente sus presupuestos, la educación y la cultura deben resguardarse y promoverse, pues estas constituyen valiosas herramientas para enfrentar los desafíos de los tiempos actuales y de invertir en el bienestar y realización de las futuras generaciones.
Que el gobierno debe atacar seriamente los problemas de evasión y elusión fiscal, así como asegurar un mayor aporte de los grandes capitales con el fin de buscar la justicia tributaria que contribuya a paliar la crisis de forma más equitativa y que no sean los sectores más desfavorecidos quienes vean profundizada su situación por el debilitamiento de la institucionalidad social costarricense.
POR LO TANTO, SE ACUERDA:
COMUNICAR A LOS PODERES DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA POR PARTE DE ESTA ASAMBLEA ACADÉMICO-ARTÍSTICA EL RECHAZO CATEGÓRICO A LAS REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS DESTINADAS A LOS SECTORES DE EDUCACIÓN, CULTURA, ARTE Y JUVENTUD. ACUERDO FIRME Y UNÁNIME.
COMUNICAR A LAS PERSONAS REPRESENTANTES DEL SECTOR CULTURA EN LA MESA DE DIÁLOGO NACIONAL, LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, CONARE Y LA SOCIEDAD CIVIL EL PRESENTE ACUERDO. ACUERDO FIRME Y UNÁNIME.
NOMBRAR UNA COMISIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN QUE EVIDENCIE Y SENSIBILICE SOBRE EL ALCANCE INTEGRAL DEL ARTE DE LA DANZA Y LA CULTURA EN LA SOCIEDAD COSTARRICENSE, CON MATERIALES DERIVADOS DEL QUEHACER ACADÉMICO-ARTÍSTICO DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y LA EXPERIENCIA PARTICULAR DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA QUE SE DISTRIBUYAN POR LOS DIFERENTES CANALES INSTITUCIONALES, ASÍ COMO POR REDES SOCIALES. ACUERDO FIRME Y UNÁNIME.
Dra. María Ávila Aguilar Presidenta Asamblea de Unidad Académica Escuela de Danza
*** Más información 8998-2182. Oficina Comunicación UNA Teléfonos: 2277-3224/ 2237-5929 comunica@una.cr
Hoy escribe el presidente. Se manifiesta @Patricia Mora. Y se desatan las redes.
Algunos se quejan porque Célimo, acuerpado por la UCCAEP y su movimiento infiltrado por el narco no son los protagonistas de los diálogos y que pobrecitos, han sido reprimidos. Si de represión hablamos, tenemos que dar una miradita a Chile, a Estados Unidos, a Bolivia para entender lo que es represión. Creo que es importante no romantizar la protesta. Ver de qué sector viene y tratar de entender a qué responde. ¿No más impuestos? Y las cámaras y los grandes evasores se pliegan, felices, porque así quedan excluidos. Y luego dirán que el único camino es la venta de activos del Estado.
¿No será que lo que se está cocinando es un ataque a la institucionalidad y poder arrasar con lo poco que nos queda? Pesca de arrastre; ya hay en la Asamblea un proyecto apoyando la minería, seguirá el gas, el petróleo, el agua.
Debilitar la institucionalidad es el primer paso para abrir una puerta nefasta.
Y todos en coro repitiendo las consignas que la propaganda orquestada por un vende patrias propone: que Carlos es comunista, y los venezolanos relamiéndose con los posibles negocios en este país hablando de chavismo. (Si de mi dependiera ya los hubiera deportado por interferir en temas de política nacional). Y la dizque izquierda diciendo que Alvarado es el hijo dilecto de la derecha…
Pareciera que creyeron que Carlos era el Che, y no la figura de un partido de centro; y no toman en cuenta que se está tratando de terminar con la corrupción, que se ha avanzado en múltiples aspectos, y que podemos no estar de acuerdo con las medidas económicas, pero ante el panorama que debimos enfrentar, era la única opción.
Creo que como país necesitamos una buena dosis de ubicación.
Luchar por mejorar lo mejorable, hacernos oír desde la reflexión y la propuesta constructiva y no perdernos y enredarnos en los juegos que la propaganda sucia propone.
¡Ah!!! Y mi agradecimiento profundo a Patricia Mora. ¡Por estar y por ser!!!
