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Despidos colectivos a la carta y al por mayor

Escrito en 28/01/2021. Publicado en Análisis, Trabajo.

Manuel Hernández

El Proyecto de Ley Marco de Empleo Público tiene cuatro objetivos: el primero, de carácter político, otro fiscalista, el tercero, de corte antisindical.

Pero, además, sobresale el cuarto objetivo, cuyo propósito es acelerar el desmantelamiento del Estado y la privatización de los servicios públicos.

Una de las herramientas diseñadas para alcanzar este espurio objetivo es la desregulación y flexibilización de los procesos de reorganización y reestructuración de las instituciones públicas.

Esta flexibilización se consolida aún más con la exorbitante moción que aprobó la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, el día de hoy, que relajó el correspondiente requisito, bastando que la reorganización afecte por lo menos el 50% de los servidores de la respectiva dependencia pública, en lugar del 60% que exigió el anterior texto dictaminado.

De esta forma, por una parte, se facilitan, como en feria al por mayor, los despidos colectivos, que será suficiente, y nada más, cualquier remedo de estudio “técnico”, para justificar la pretendida reorganización institucional, con el consecuente sacrificio masivo de los empleos.

Por otra parte, a expensas de la reestructuración, se desmantelan los servicios que presta la institución o entidad a la comunidad.

Además, las indemnizaciones tendrán un costo muy barato, porque la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635, derogó varias normas del Estatuto de Servicio Civil, que dispusieron que a los cesados por los anteriores motivos, les correspondía una indemnización tasada, a razón de un mes por cada año de servicio prestado. En lugar de estas normas derogadas, se ha interpretado que la regla que ahora aplica es la contenida en el artículo 29 del Código de Trabajo, que preceptúa un tope de 8 años, norma a la que expresamente remite la Ley N° 9635.

Por último, es importante recordar que el Memorando Técnico de OIT, rendido a solicitud de la misma Comisión Legislativa, advirtió los alcances de esta lesiva propuesta legislativa y recomendó la inclusión de un mecanismo de consulta previa con las organizaciones representativas de las y los trabajadores, cuando la Administración pretende cesar personal por motivos económicos o estructurales.

Esta recomendación de la prestigiosa OIT fue totalmente despreciada por la comisión legislativa -como la gran mayoría de las observaciones y recomendaciones de ese memorando, que tuvieron la misma desafortunada suerte-, dejándose a las y los servidores en una situación totalmente vulnerable y sin ninguna clase de protección legal.

En conclusión, con esta regulación se expulsa de nuestro ordenamiento la estabilidad laboral de los y las funcionarias públicas, cuyo derecho subjetivo se elimina y sustituye por un régimen abusivo de despido colectivo, a la carta, unilateralista, a libre discreción de la Administración, sin garantías de protección para el servidor, devaluado, excluyéndose toda instancia de consulta a los sindicatos que representan los intereses colectivos de las personas trabajadoras afectadas.

Así, se consuma el derrumbe de la institucionalidad pública y la afectación del sistema democrático, porque los servicios públicos constituyen la infraestructura de la democracia.

De esta manera, avanza incontenible, en clave cada vez más regresiva, la consolidación del Derecho de la Función Pública del Enemigo, fundado en la construcción ideológica de una cultura de odio y violencia institucional contra la clase trabajadora del sector público.

27/01/2021

Rescate Nacional hace llamado para salir nuevamente a las calles

Escrito en 18/01/2021. Publicado en Derechos, Trabajo.

SURCOS comparte el siguiente pronunciamiento y video:
Las personas, organizaciones y sectores abajo firmantes, hacemos de conocimiento público considerando:
PRIMERO. En el año de la conmemoración nacional del Bicentenario de la Independencia de la Patria, el 2021, la institucionalidad democrática costarricense está más vulnerable que nunca:
Cada vez más, miles de compatriotas sufren las consecuencias del desempleo, del aumento del costo de vida, de la reducción o congelamiento salarial, de la falta de oportunidades, de la exclusión de la economía, de la pobreza y de la desigualdad social.
Esta situación, que desde inicios del año anterior (2020), alcanzaba números preocupantes, se ha visto agravada llegando a cifras record alarmantes, ante la situación generada por “la llegada” del COVID-19 al país, por una parte; y por otra, la inoportuna respuesta del equipo económico del Gobierno y sus partidos aliados en la Asamblea Legislativa, a la situación antes descrita.
SEGUNDO. Quienes deciden las políticas públicas, han visto en el doloroso momento nacional actual, una oportunidad para profundizar un modelo económico concentrador y excluyente:
Cada vez más, cientos de miles de compatriotas vemos con preocupación, indignación e impotencia, cómo a pesar de experiencias que vivió la sociedad costarricense el año anterior; el 2021 inicia con la insistencia desde Gobierno y desde la Asamblea Legislativa, en impulsar como respuesta a la crisis sanitaria, económica y social, decisiones cuyo rumbo y consecuencias no hacen sino convertir el difícil momento que atraviesa el país, en una oportunidad para profundizar la receta económica que concentra riqueza en pocas manos, la cual viene en marcha en nuestro país desde los últimos 30 años, descartando cada vez más compatriotas de la economía.
Ante la exclusión social y económica en ascenso, las decisiones económicas que se impulsan nos colocan, nuevamente, a la sociedad costarricense en un punto delicado de polarización relacionada con la distribución del ingreso. Un gobierno, cuya gestión genera el mayor rechazo ciudadano de la última década y cuya imagen continúa en caída libre; y un grupo de diputados que siguen perdiendo legitimidad política real por su excesiva y descarada inclinación a favorecer al gran capital; ni unos ni otros tienen la autoridad moral para seguir polarizando al país que requiere soluciones equilibradas.
TERCERO. Las medidas económicas que impulsan el Gobierno y sus partidos aliados en la Asamblea Legislativa golpean a sectores claves para dinamizar la economía:
Es de suma preocupación, considerando el actual mega-período de sesiones extraordinarias que le otorga al Gobierno ocho meses para “mover sus hilos” en la Asamblea Legislativa, que lo inicie con iniciativas que afectan a sectores que dinamizan el mercado interno, el comercio, la producción, y a la sociedad costarricense en su conjunto; pero sin respuesta efectiva a problemáticas sectoriales reiteradamente señaladas. A saber:
a) Negociaciones de Gobierno de cara a convenio con el FMI: Costa Rica no necesita de convenio alguno con el Fondo Monetario Internacional. ¡Sobran alternativas! Como sectores sociales representativos de las diversas expresiones organizadas del pueblo costarricense, vemos con enorme preocupación que se descarte la enorme cantidad de aportes, procedentes de diversas fuentes, que se han venido planteando a fin de que, desde lo nacional, nos aboquemos a construir las soluciones hacia la crisis fiscal del país, sin necesidad de que tengamos que atarnos a organismos financieros internacionales y, mucho menos, cuando se ha venido demostrando que hay recursos financieros internos para que, de modo, paulatino, diseñemos un camino costarricense de salida a esa crisis sin abruptos procesos de agudización del clima social nacional.
Las negociaciones con el FMI se darán en un momento totalmente inoportuno, de considerable potencial provocador a un desasosiego social más intenso y extendido que el del año anterior. Particularmente, la naturaleza del desafío tributario que tenemos por delante, con su marcado sesgo regresivo; nos involucra en cuanto las características de los sectores sociales que estamos representando, castigados por ese sesgo de injusticia impositiva; de modo tal que no podemos aceptar más impuestos de orden regresivo. Por el contrario, llegó la hora nacional de que nos aboquemos a las transformaciones tributarias profundas que tengan como eje central, la progresividad fiscal.
b) Impuestos regresivos: Rechazamos, con vehemencia absoluta, que se pretenda imponerle más impuestos, todos de un profundo carácter regresivo, al pueblo trabajador en todas sus dimensiones (con empleo y salario fijo, el que está en la informalidad, el que sufre el dolor del desempleo, el que a duras penas subiste con emprendimientos micro-pequeños y/o de economía social); recargándole el peso abrumador de un sistema tributario perversamente injusto. Lo anterior no sólo aumenta la desigualdad social sin atender la evasión fiscal y las exenciones tributarias; sino que, además, encarece el costo de la vida al pueblo trabajador; a la vez que pone en grave aprieto las actividades económicas-productivas de las micro, pequeñas y medianas empresas, castigándolas con nuevas cargas tributarias.
c) Venta de activos del Estado: Integrantes del equipo económico del Gobierno han insistido en días anteriores que no han renunciado a la venta de FANAL. Desde las distintas expresiones organizadas de los sectores sociales hoy reunidas expresamos un NO rotundo a la venta de FANAL. Así mismo rechazamos con contundencia, las intenciones anunciadas en diferentes oportunidades por la fracción legislativa del PUSC y otros grupos políticos, sobre sus intenciones de impulsar venta de activos en Instituciones como activos como el Banco de Costa Rica (BCR), Instituto Nacional de Seguros (INS) y telecomunicaciones del ICE.
d) El proyecto de Ley de reducción de beneficios fiscales y ajustes de tarifas en rentas de Capital (expediente 22.369) que pretende elevar la renta, generar impuestos al trabajo y gravar los intereses sobre rendimientos del FCL y rentas de capital en cooperativas. Lo anterior afecta especialmente al movimiento Cooperativo y al Movimiento Solidarista con nuevos impuestos. Tal iniciativa debe desecharse, radicalmente,
e) El proyecto de ley Marco de Empleo Público (expediente 21.336) que concentra en manos del Poder Ejecutivo potestades excesivas, que perjudican los derechos de las personas trabajadoras estatales, poniendo en riesgo la calidad de los servicios públicos, para que el Gobierno de turno pueda manipular a su antojo el régimen de empleo del Estado costarricense. Iniciativa contraria a la institucionalidad democrática costarricense porque violenta la Constitución Política, los derechos humanos, laborales y sociales. Este proyecto junto a dos legislaciones ya aprobadas (conocidas como el combo fiscal (2018) y la ley anti-huelgas (2019), forma parte de la tríada de legislación que pretende la destrucción del modelo de Estado surgido a partir de 1949, con la denominada Segunda República.
f) Incumplimiento Gubernamental del artículo 19 de la Ley sobre Desarrollo de la Comunidad (Ley 3859). Por ley el Estado incluya en el Presupuesto Nacional, una partida equivalente al dos por ciento del estimado del impuesto Sobre la Renta de ese período, para girar las asociaciones de desarrollo de la comunidad debidamente constituidas. Lo anterior no se ha cumplido dada la reducción unilateral e inconsulta de recursos para el desarrollo comunal. Situación que atenta contra la reactivación económica en las barriadas, contra la seguridad de las comunidades y hasta contra la lucha en la atención de la pandemia, ya que estas organizaciones están involucradas en todo lo que tiene que ver con su comunidad.
g) Desinterés del Gobierno en dar solución a la condonación de deudas del sector agropecuario. En nuestro país un sector significativo de la producción agropecuaria nacional, prácticamente se encuentra en la quiebra por las altas deudas, impagables todas, de productores, a quienes la contracción adicional del mercado interno producto del Coronavirus-19 terminará de llevar a la banca rota, con su impacto negativo consecuente en la soberanía alimentaria nacional. Ante esta situación, el Gobierno no ha mostrado interés alguno, en impulsar el avance legislativo para aprobar el expediente No. 21.935 para condonación de deudas del sector agropecuario, y el expediente No. 21.960 sobre texto sustitutivo en relación a la soberanía alimentaria.
h) Falta de política integral para atender el comercio de la micro-pequeña empresa del mercado interno: El Gobierno sigue debiendo una estrategia de acompañamiento real al comercio, especialmente a la micro y pequeña empresa orientada al mercado interno; que garantice la no extinción de su actividad económica, que no le contraiga aún más el consumo afectando la capacidad adquisitiva de sectores que dinamizan su flujo de caja, o bien a través de disposiciones no dialogadas o arbitrarias sobre su actividad económica.
i) Inexistente control político sobre el abuso en reducción de jornadas y salarios o suspensión de contratos en el sector privado: A pesar que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) tiene en estudio 1047 casos de empresas por supuesto abuso en reducción de jornadas y suspensión de contratos durante la pandemia del Covid- 19; la Asamblea Legislativa aprobó en recientes días el expediente 22.265, que permite una ampliación de tres meses más al mecanismo que permite que a trabajadores del sector privado se les suspenda o reduzca jornada y salario. Lo anterior sin que exista control político alguno ni atención expedita a este tipo de irregularidades, por parte de quienes impulsan este tipo de iniciativas en el Congreso.
POR TANTO: Anunciamos al pueblo trabajador, a la opinión pública nacional, a la clase política de todo signo:
1- Nuestra decisión de unir esfuerzos, para hacer frente de forma conjunta, a las recién mencionadas iniciativas de ley y problemáticas irresueltas orientadas a golpear aún más el ya afectado ingreso del pueblo trabajador en todas sus dimensiones (con empleo y salario fijo, el que está en la informalidad, el que sufre el dolor del desempleo); de la población productiva (micro y pequeña empresa y agricultura campesina), y de sectores sociales representativos de las diversas expresiones organizadas del pueblo costarricense, que a través de diversos encadenamientos productivos dan su aporte al consumo del mercado interno y la activación de la economía.
2- Nuestra férrea oposición a: las negociaciones y el convenio que impulsa el Gobierno con el FMI, los impuestos regresivos con que pretenden cargar más la crisis sobre las espaldas de los sectores populares, al proyecto de ley 22.369 que afecta con nuevos impuestos al movimiento Cooperativo y al Movimiento Solidarista, al proyecto 21.336 ley marco de empleo público que violenta los derechos sociolaborales, y a la venta de activos del estado.
3- Nuestra exhortación urgente al Gobierno y a los diputados y diputadas de la República: aprueben el expediente 21.935 para condonación de deudas del sector agropecuario y el expediente No. 21.960 sobre texto sustitutivo en relación a la soberanía alimentaria. aprovechando además el sistema bancario nacional para el refinanciamiento de la agricultura campesina, trasladen al movimiento comunal los recursos que por ley le corresponde, necesarios para desarrollar proyectos en sus comunidades, implemente una política integral para atender el comercio de la micro y pequeña empresa del mercado interno, y atienda y regule abusos en reducción de jornadas y salarios o suspensión de contratos en el sector privado.
4- Nuestra convicción profunda que el país requiere que la clase gobernante implemente soluciones orientadas a la reestructuración de la deuda pública, la revisión del pago y de las tasas de interés que la misma ha venido demandando; así como a considerar los casi 15 mil millones de dólares que el Estado tiene en custodia en sus diversas modalidades institucionales para impulsar una solución nacional al manejo de la crisis fiscal con acción paralela en la reactivación de la economía y en la protección del empleo.
5- Nuestra disposición de unir esfuerzos y establecer una agenda de mínimos comunes, con otros actores, organizaciones y/o comunidades que compartan lo aquí expresado.
6- Nuestro vehemente y urgente llamado a nuestras propias bases sectoriales, a las organizaciones sociales, populares, cívicas y patrióticas para prepararse desde ya para dar su aporte a las distintas acciones conjuntas en fechas que estaremos anunciando en los próximos días.

Defensa de la institucionalidad desde un movimiento cívico-patriótico nacional

Escrito en 08/01/2021. Publicado en Derechos, Trabajo.

Comunicado de Juan Carlos Durán Castro, secretario de Seguridad Social de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum

Ante la reunión que se ejecutara el día 07 de enero de 2020 en el local del Sindicato Nacional de Enfermería en relación a la formulación de una táctica y estrategia de cara al Proyecto de Ley de Empleo Público, se pretende hacer un balance político para avanzar en los 4 elementos que se exponen a continuación:

El movimiento sindical de Costa Rica y en general el movimiento social, tiene que aspirar a una rearticulación para construir un gran movimiento cívico-patriótico nacional, que tiene que tener una visión más allá del sector público y en esta coyuntura estar posicionado en los territorios con los actores hombres y mujeres que están ahí, para apostar a ese movimiento antes mencionado, sin excluir ningún actor o dirigencia de nuestros territorios.
Hacer un llamado general y concreto a que los empleados públicos y sus familias no voten por ningún partido político tradicional tales como: PLN, PUSC, PAC, evangélicos-cristianos y en general a cualquier partido político que en los últimos dos años ha castigado a los empleados públicos y privados. El país ocupa un viraje hacia el humanismo, el progresismo y hacia la solidaridad, y eso incluye la necesidad urgente de hacer un cambio dentro del marco democrático entre los diferentes estamentos de la institucionalidad, lo que incluye a la Asamblea Legislativa.
Es urgente que se reconfigure desde una táctica y estrategia jurídica el escenario de lucha en términos de fortalecer nuevamente el tema del derecho de huelga en el sector público. Lo anterior, es un elemento que puede inclinar la balanza hacia una correlación de fuerzas no pensando en esa huelga como instrumento desfavorecedor de la gente, sino más bien de inclinar la balanza para que el país empiece a caminar por una ruta distinta.
Por último, que se tenga como consigna la urgente necesidad de la defensa de la institucionalidad y plantearse una agenda país para modificar en el 2022 y en el marco democrático la asamblea legislativa. Se debe hablar claramente con empleados tanto públicos como privados y exponer con toda contundencia que se necesita una ruta que vuelva a poner a Costa Rica en la vía hacia un Estado benefactor, ya que el mercado no resuelve los problemas de las personas. La pandemia es un ejemplo claro de lo mencionado anteriormente, la pobreza, el desempleo y la concentración de la riqueza sigue siendo un tema imperante en el país y en el mundo.

Escuela de Danza de la UNA rechaza reducciones presupuestarias a educación, cultura, arte y juventud

Escrito en 30/10/2020. Publicado en Derechos.

Acuerdo tomado en sesión extraordinaria 09-2020 de la Asamblea de Unidad Académica de la Escuela de Danza UNA celebrada el viernes 23 de octubre de 2020.

CONSIDERANDO:

Que tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política de la República de Costa Rica y la Política Nacional de los Derechos Culturales 2014-2023 se estipula el resguardo, acceso y la garantía de los derechos culturales y a la educación.
Que la Universidad Nacional, en su vocación humanista, asume compromisos sociales con la ciudadanía costarricense para contribuir con la transformación democrática y progresiva de las comunidades y la sociedad hacia planos superiores de bienestar.
Que dicho bienestar supone una educación integral, en lo cual las humanidades, las artes y las expresiones culturales son claves en la creación de valores y habilidades para una sana convivencia, la movilidad social y el desarrollo humano.
Que desde el CIDEA, la Escuela de Danza se sabe parte un sistema institucional educativo, artístico y cultural, cuyo espíritu es contribuir con el desarrollo integral de las personas y los pueblos de Costa Rica y Centroamérica mediante sus múltiples quehaceres: la producción artística, la investigación, la extensión y la formación de profesionales que aportan al desarrollo cultural nacional y regional.
Que los recortes formulados por la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa al presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud son injustos y desproporcionados, siendo que a este ya se había aplicado una rebaja en el anterior presupuesto, lo que terminaría afectando importantísimos programas cuyos debilitamientos o supresiones sólo tendrán efectos negativos.
Que ante la crisis que se atraviesa, lejos de desatenderse y cercenarse arbitrariamente sus presupuestos, la educación y la cultura deben resguardarse y promoverse, pues estas constituyen valiosas herramientas para enfrentar los desafíos de los tiempos actuales y de invertir en el bienestar y realización de las futuras generaciones.
Que el gobierno debe atacar seriamente los problemas de evasión y elusión fiscal, así como asegurar un mayor aporte de los grandes capitales con el fin de buscar la justicia tributaria que contribuya a paliar la crisis de forma más equitativa y que no sean los sectores más desfavorecidos quienes vean profundizada su situación por el debilitamiento de la institucionalidad social costarricense.

POR LO TANTO, SE ACUERDA:

COMUNICAR A LOS PODERES DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA POR PARTE DE ESTA ASAMBLEA ACADÉMICO-ARTÍSTICA EL RECHAZO CATEGÓRICO A LAS REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS DESTINADAS A LOS SECTORES DE EDUCACIÓN, CULTURA, ARTE Y JUVENTUD. ACUERDO FIRME Y UNÁNIME.
COMUNICAR A LAS PERSONAS REPRESENTANTES DEL SECTOR CULTURA EN LA MESA DE DIÁLOGO NACIONAL, LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, CONARE Y LA SOCIEDAD CIVIL EL PRESENTE ACUERDO. ACUERDO FIRME Y UNÁNIME.
NOMBRAR UNA COMISIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN QUE EVIDENCIE Y SENSIBILICE SOBRE EL ALCANCE INTEGRAL DEL ARTE DE LA DANZA Y LA CULTURA EN LA SOCIEDAD COSTARRICENSE, CON MATERIALES DERIVADOS DEL QUEHACER ACADÉMICO-ARTÍSTICO DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y LA EXPERIENCIA PARTICULAR DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA QUE SE DISTRIBUYAN POR LOS DIFERENTES CANALES INSTITUCIONALES, ASÍ COMO POR REDES SOCIALES. ACUERDO FIRME Y UNÁNIME.

Dra. María Ávila Aguilar
Presidenta
Asamblea de Unidad Académica
Escuela de Danza

*** Más información 8998-2182.
Oficina Comunicación UNA
Teléfonos: 2277-3224/ 2237-5929
comunica@una.cr

¿No más impuestos?

Escrito en 27/10/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Arabella Salaverry

Hoy escribe el presidente. Se manifiesta @Patricia Mora. Y se desatan las redes.

Algunos se quejan porque Célimo, acuerpado por la UCCAEP y su movimiento infiltrado por el narco no son los protagonistas de los diálogos y que pobrecitos, han sido reprimidos. Si de represión hablamos, tenemos que dar una miradita a Chile, a Estados Unidos, a Bolivia para entender lo que es represión. Creo que es importante no romantizar la protesta. Ver de qué sector viene y tratar de entender a qué responde. ¿No más impuestos? Y las cámaras y los grandes evasores se pliegan, felices, porque así quedan excluidos. Y luego dirán que el único camino es la venta de activos del Estado.

¿No será que lo que se está cocinando es un ataque a la institucionalidad y poder arrasar con lo poco que nos queda? Pesca de arrastre; ya hay en la Asamblea un proyecto apoyando la minería, seguirá el gas, el petróleo, el agua.

Debilitar la institucionalidad es el primer paso para abrir una puerta nefasta.

Y todos en coro repitiendo las consignas que la propaganda orquestada por un vende patrias propone: que Carlos es comunista, y los venezolanos relamiéndose con los posibles negocios en este país hablando de chavismo. (Si de mi dependiera ya los hubiera deportado por interferir en temas de política nacional). Y la dizque izquierda diciendo que Alvarado es el hijo dilecto de la derecha…

Pareciera que creyeron que Carlos era el Che, y no la figura de un partido de centro; y no toman en cuenta que se está tratando de terminar con la corrupción, que se ha avanzado en múltiples aspectos, y que podemos no estar de acuerdo con las medidas económicas, pero ante el panorama que debimos enfrentar, era la única opción.

Creo que como país necesitamos una buena dosis de ubicación.

Luchar por mejorar lo mejorable, hacernos oír desde la reflexión y la propuesta constructiva y no perdernos y enredarnos en los juegos que la propaganda sucia propone.

¡Ah!!! Y mi agradecimiento profundo a Patricia Mora. ¡Por estar y por ser!!!

Tomado del Facebook de la autora.

Diálogos Carmen Lyra: Entendiendo SETENA

Escrito en 13/10/2020. Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

El próximo sábado 17 de octubre de 4 p.m. a 5:30 p.m. la Organización Política Carmen Lyra tiene programada la actividad “Diálogos Carmen Lyra: Entendiendo SETENA”, dentro del marco de la crisis ambiental que enfrenta el país, pues se considera urgente un análisis de la institucionalidad que desarrolla los procesos de evaluación ambiental en Costa Rica. Con el espíritu de poder entender cómo funciona, para qué y por qué fue creada la SETENA, se contará con invitados para poder responder estas y otras preguntas.

La transmisión será por medio de Facebook Live.

¿Del Consenso de Washington al del Coronavirus?

Escrito en 29/08/2020. Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

No fue, como se creyó durante mucho tiempo, una invención de artistas, una superstición de empresarios, (…). Sí, ha existido en carne y hueso, aun cuando se le dio todas las apariencias de un verdadero fantasma, es decir, de una sombra.
El fantasma de la Opera – Gastón Leroux

Hemos visto en los últimos meses entre una conferencia de prensa y la siguiente, una exposición destellante de simpatías o descontentos de diversos actores políticos, sociales o económicos a la anuencia por los préstamos internacionales. Ante esto sólo podríamos encontrarles algún sentido si los abordamos desde la pregunta ¿Hacia a donde apunta la política post-covid19?

Tal vez pocos recuerden la década de 1980, cuando a través del accionar de dos potencias mundiales Estados Unidos e Inglaterra, lograron posicionar un pensamiento y práctica de la gestión política, que al paso del tiempo se le llamó Neoliberalismo, su acta fundante (no oficial) fueron unas recomendaciones de John Williamson, que se conocieron como el Consenso de Washington.

Este consenso, a su modo y estilo sintetizó el pensamiento económico y político de una generación de profesionales de la política; los tecnócratas. Estos delinearon algunas de las posturas que hoy en nuestros países son casi “dogmas”: Disciplina fiscal, disminución del gasto público, reforma tributaria, liberalización, desregulación, privatización y derechos de propiedad, en cualquier espacio de política pública, estas palabras prácticamente son incuestionables.

¿Por qué recordar esto? Hoy, estas “recomendaciones” son denunciadas por su ineficacia o daño social, por ejemplo la privatización de los servicios de salud que han generado una agudización de la crisis sanitaria, la privatización de la educación ha marcado una brecha socioeconómica que aún no logramos vislumbrar su profundidad o paradojas tales como defender la disciplina fiscal que invoca los recortes, ante una crisis sanitaria donde se requiere un enfoque comprometido con garantizar la atención de las personas desde la salud pública.

Asistimos a un momento crucial en la construcción del sentido del pensar-hacer política para nuestras sociedades, aun cuando observamos resquebrajarse las apuestas neoliberales ante su inoperancia y por la denuncia que desde sus luchas diversos sujetos individuales y colectivos han dejado la evidencia de este fracaso. Hoy se reconfigura un sentido común desde los sectores dominantes, que procuran disputar la legitimidad de esta política.

Si hace 31 años el Consenso de Washington consolidó un tipo de política neoliberal, hoy el Consenso del Coronavirus viene a relanzar esa apuesta por una política aséptica de personas, el traslape intencionado de las medidas sanitarias a su aplicación como gestión del conflicto político es una de sus primeras manifestaciones.

Asistimos a gobiernos que virtualizan y banalizan la participación política reduciéndola a páginas web y formularios, es decir una enajenación de la voz de los sujetos, y el triunfo de esta tecnificación son elementos de cuño de este nuevo consenso.

Este enfoque apuesta por el alejamiento y atomización de las personas en los procesos de toma de decisión. El control de los aportes y la validación de los mismos se despersonaliza, se vuelven matrices de información, que pierden sus elementos de problematización, y quedan como eso que son; meros registros.

Es bajo este escenario, donde surge el interés “filantrópico” de las instituciones financieras por apoyar a nuestro país ante la pandemia, un disfraz más para aprovechar los vacíos de poder que ha generado la actual pandemia ante la incapacidad de movilización y protesta. Un escenario ideal para profundizar la política neoliberal, que tiene en nuestro país como hoja de ruta a la reforma fiscal del 2018 (impuestos, empleo público y regla fiscal).

Con el pretexto del préstamo del Fondo Monetario Internacional, asistiremos a una nueva ingeniera sobre el Estado Costarricense, el replanteamiento de la política social, incluida la educación (educación técnica como único horizonte), la salud (privatización) o la precarización del empleo público con el fin de “optimizar” el gasto, por otro lado la desregulación ambiental para la explotación de los bienes naturales o la venta de activos del Estado son parte de la agenda para promover ingresos “frescos”, estas ideas son parte de lo que se estará disputando en los próximos años.

Bajo el discurso de la inminencia de la crisis y la “inevitabilidad” del sacrificio “necesario” que todos y todas debemos asumir, procuran comprometer la institucionalidad democrática, pero en el fondo lo que más llama la atención es el aplazamiento de la responsabilidad de los sectores ricos por pagar sobre sus ganancias, es decir la legitimación de la evasión y elusión serán la columna vertebral del Consenso del Coronavirus.

Foro Propuestas y Soluciones del Sector Agroalimentario para la PostPandemia

Escrito en 10/08/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

Se realizó en la Universidad de Costa Rica el Foro Propuestas y Soluciones del Sector Agroalimentario para la postpandemia en Costa Rica, con la participación de Felipe Arauz, Decano de la Facultad de Agroalimentarias y exministro de Agricultura y Ganadería y Carmela Velázquez, directora del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos.

En su exposición Arauz, planteó que el sistema agroalimentario del país ha seguido trabajando durante la pandemia en el suministro de alimentos y no ha cesado de hacerlo.

Para el Decano, el sistema se desarrolla en todas sus dimensiones (disponibilidad, acceso, consumo, valor nutricional), desde el campo hasta la mesa del consumidor, donde todos los eslabones están muy ligados. Hay que ver el sistema como un todo.

Afirma que el sistema agroalimentario(SA) no es justo, por la participación diferenciada de distintos productores, que no reciben la retribución adecuada por su trabajo, la que se queda en otros eslabones de la actividad productiva.

También menciona que el SA es frágil, ya que, pese a que el 70% de la producción de la canasta básica se genera en el país, hay productos esenciales como el frijol y el arroz que se producen apenas en un 40 y 25% respectivamente en el país.

No obstante, el SA es estratégico para garantizar el abastecimiento alimentario de la población, por lo que debe fortalecerse como se hace en otros países.

Durante la pandemia, las cadenas de comercialización se han estresado y han tendido a afectarse, debido a la disminución del consumo en hoteles y restaurantes, pero rápidamente los agricultores han adoptado formas de comercialización directa, con el apoyo del MAG y su programa Mi Finca.

Indica Arauz, que fue acertado no cerrar las ferias del agricultor, para mantener el suministro de alimentos frescos y que ha sido importante el trabajo del programa de abastecimiento institucional(PAI) que ha suministrado los alimentos a los hogares de los estudiantes, que antes los recibían en los comedores escolares.

Según su criterio, el impacto de la pandemia sobre el empleo y la reducción de ingresos de la población, disminuyó el acceso a alimentos y ha generado inseguridad alimentaria, pero el surgimiento de bonos y ayudas ha contribuido a mantener el consumo de alimentos.

La amenaza al comercio se ha convertido en una oportunidad para crear nuevos mecanismos de comercio y es fundamental reforzar la institucionalidad del sector agropecuario.

La Facultad de Agroalimentarias trabajaba ya desde antes de la pandemia en proyectos como el diagnóstico de plagas, análisis de suelos, calidad de semillas, producción orgánica urbana y huertas en comunidades, servicios para la alimentación animal, mercadeo y comercialización directa con frijoles,

La FA tiene una gran actividad de investigación y acción social (cerca de 250 proyectos), en producción primaria, para mejorar la productividad y reducir costos de producción, en prácticas de sostenibilidad ambiental de la producción, generando variedades nuevas de frijol, arroz, hortalizas, gestión empresarial de la empresa agrícola, además de incursionar en agricultura de precisión y agrícola 4.0.

Considera que es necesario generar soluciones pertinentes y útiles para la producción agroalimentaria, con tecnología al servicio de la gente para una vida mejor.

Para Carmela, el sector agroalimentario no ha parado de trabajar, porque tiene que seguir trabajando para llevar alimentos a la población.

Durante la pandemia, el CITA ha apoyado en el diseño y aplicación de protocolos, en el acompañamiento para que su aplicación garantice la inocuidad de los alimentos, dando apoyo técnico y científico al sector agroalimentario.

También ha estado asesorando en problemas que se han dado en el abastecimiento de alimentos, en relación a la reducción en la disponibilidad de materias primas o el desecho de productos no utilizables.

Además, ha apoyado al Gobierno en el procesamiento de materias primas, en protocolos para la donación de alimentos y en la creación del espacio virtual de comercio.

Velázquez considera, que en la industria se han dado riesgos debido a la reducción del comercio y el consumo, generado por el desempleo, situación que ha afectado la producción sobretodo de las pequeñas y medianas agroindustrias.

Muchas pymes por la reducción de ventas, han tenido que cerrar, lo que afecta otros eslabones de cadena, como la adquisición de materias primas, de insumos, empaques, etc

Afirma que las industrias han tenido que desarrollar procesos más eficientes, tratar de optimizarlos y reducir costos de producción para sostener su funcionamiento.

Agrega que los hábitos de consumo han cambiado en la población, lo que ha tenido un costo asociado, por ejemplo, en un aumento de cantidad de empaques (muchos importados), lo que también ha tenido un impacto ambiental importante. La estructura de las industrias ha debido adaptarse a esos cambios en los hábitos y en el comercio.

Reconoce que este es un momento crítico a nivel socioeconómico, y que el propósito de los actores de la industria alimentaria es evitar que falten los alimentos en los hogares, ya que las donaciones son insuficientes.

Sugiere que la estructura de la seguridad alimentaria debe revisarse y fortalecerse, teniendo en cuenta que las preocupaciones son respecto a la cantidad de alimentos disponibles, no porque no haya, sino porque no hay recursos para adquirirlos.

Finalmente, establece que el CITA va a seguir trabajando de mejorar el valor agregado de los productos, apoyando y dando soporte sobre características de los productos, para que las industrias sean más competitivas en la producción de alimentos.

Que este Centro, estará acompañando permanentemente con conocimiento y tecnología al Gobierno y al sector productivo, procurando alianzas en los sectores productivos, entre productores e industrias procesadoras y en el desarrollo y estímulo al emprendimiento en la producción agroalimentaria.

*Imagen ilustrativa, UCR.

Igualdad de oportunidades en la educación en contexto de la pandemia

Escrito en 24/05/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

Luis Muñoz Varela[1]

En marzo de 2020, de un día para otro la vida cotidiana costarricense amaneció enmarcada en un cuadriculado de emergentes temores, ansiedades, incertidumbres, restricciones. Había llegado una amenaza invisible de la que, según lo apuntaron la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las autoridades sanitarias de diversos países del mundo y los informes de investigación de distintos centros e institutos científicos especializados, nada se sabía. Un virus al que se le dio por nombre Covid-19, originado por zoonosis y cuyas causas se atribuyen a los desequilibrios provocados en la naturaleza por la depredación de los recursos naturales y la destrucción humana de los ecosistemas. A cien años de la “gripe española”, la pandemia del coronavirus Sars Cov-2 se había instalado planetariamente.

En Costa Rica, al tiempo que se establecieron las medidas sanitarias y diversas restricciones dictadas por el gobierno (confinamiento en casa, restricción a la movilización vehicular, cierre de diversos establecimientos comerciales, paralización de múltiples actividades económicas y productivas, el teletrabajo), también llegó, lógicamente, la pérdida de empleos, la reducción de la jornada laboral, la clausura de ingresos para pequeños negocios y empresas; la crisis económica.

La llegada de la pandemia trastocó y puso en estado de quiebra toda la “normalidad” en la que se vivía hasta inicios de marzo. Las primeras reacciones estuvieron determinadas por una ambivalencia entre cuidarse de los contagios y respetar las medidas sanitarias, o si aventurarse a seguir en las mismas dinámicas de la vida cotidiana tal como se hallaban definidas y estructuradas hasta ese momento. Pronto dicha ambivalencia quedó resuelta, al irse tomando conciencia de la gravedad de la situación y, sobre todo, a partir del momento en que las autoridades de gobierno establecieron medidas drásticas cuyo desacato implicaba penalizaciones de diversa magnitud.

Trascurridos poco más de dos meses desde la aparición del primer contagio de Covid-19 en Costa Rica, los acontecimientos ocurridos en este tiempo han revelado con claridad varios aspectos importantes y, por cierto, algunos de ellos también bastante preocupantes.

En primer lugar, seguramente quepa destacar las capacidades de respuesta desplegadas por las instituciones del sistema de salud del país; capacidades de organización hospitalaria, de competencias y solidez profesional del personal médico y de enfermería; de acervo de conocimiento científico y de capacidad tecnológica instalada en materia de salud; la seriedad asumida por las autoridades de salud en el ámbito de la gestión para controlar y contener la propagación de los contagios. La pandemia, en resumen, ha puesto de manifiesto el valor y la importancia de contar con un sistema de salud pública bien articulado y con capacidades de cobertura universal. La sociedad costarricense despertó de una especie de modorra y de indolencia en la que estaba, para empezar de pronto a comprender que hay instituciones a las que se debe proteger, cuidar y defender.

Asociado a este aspecto positivo, la pandemia también vino a transparentar, por otra parte, una realidad nacional de profunda desigualdad social y económica. Aunque ya claramente se percibía esta situación desde hace mucho tiempo, sin embargo, había pasado a quedar marginada de la sensibilidad social e institucional del país; se había normalizado. La pandemia no solo ha venido a poner de manifiesto de manera clara y contundente la magnitud de las desigualdades sociales prevalentes en Costa Rica, sino que, además, las profundiza aún más y las coloca en un plano de incremento y de reproducción en una proyección de largo plazo.

Al respecto, valga la ocasión para hacer una pequeña exposición de las cifras que dan cuenta de las desigualdades sociales en Costa Rica. Según informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), al año 2019, la tasa de pobreza en el país abarca al 20,98% de los hogares, distribuida en 15,14% de hogares en condición de pobreza no extrema y de 5,84% en pobreza extrema. La zona rural es la que presenta la mayor tasa de hogares en pobreza: un 24,17% frente a un 19,77% en la zona urbana. Por regiones de planificación, la distribución de las tasas de pobreza es como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 1: Tasas de pobreza de los hogares en Costa Rica, año 2019

Región de planificación	No pobres	Pobres
Región de planificación	No pobres	Total	Pobreza no extrema	Pobreza extrema
Central	83,01	16,99	12,68	4,32
Chorotega	79,74	20,26	14,84	5,42
Pacífico Central	70,21	29,79	20,67	9,11
Brunca	69,65	30,35	21,11	9,24
Huetar Caribe	70,76	29,24	20,34	8,90
Huetar Norte	72,41	27,59	18,70	8,89

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de Hogares, 2019a.

El término pobreza indica que los hogares están en una situación tal “cuando su ingreso per cápita es menor que el costo per cápita de una canasta de bienes y servicios, requeridos para mantener un nivel mínimo de subsistencia”. (INEC, 2020, p. 35). Se trata de una canasta básica de bienes y servicios de necesidad elemental para la subsistencia: alimentación, salud, agua potable, energía, vivienda, educación. Por su naturaleza básica, esta canasta no incluye bienes y servicios tales como dispositivos tecnológicos, computadoras, tabletas, conectividad a internet.

El término pobreza extrema, por su parte, salvando la obviedad, indica un estado socioeconómico en el que los hogares se encuentran en una situación de carencias múltiples que les impide el acceso a vivienda, alimentación, salud, higiene, servicios de agua potable y electricidad. Se trata de hogares en los que, lógicamente, el acceso a la educación y a la permanencia en el sistema educativo presentan serias y ostensibles limitaciones.

La población tipificada como no pobre, por otra parte, está conformada por hogares que, en general, cuentan con una solvencia económica al menos suficiente para tener cubiertas las necesidades básicas de alimentación y salud, vivienda, educación. Sin embargo, esta es una población altamente heterogénea, desigual en la disposición de ingresos y en el acceso a bienes de índole tecnológica como una computadora o la conectividad de internet, así como a los diversos servicios que hoy son indispensables para solventar los requerimientos de la vida actual.

Por diversas razones (monto de los ingresos, lugar de residencia, estabilidad del empleo), el hecho de tipificar como un hogar no pobre no significa que se cuente con suficientes bienes y servicios. En este mayoritario grupo social de los hogares no pobres está incluida una importante cantidad de ellos en los que las probabilidades de pasar a formar parte de los hogares en condición de pobreza son bastante altas.

De conformidad con las cifras expuestas en la tabla 1, las regiones más afectadas por la pobreza y la pobreza extrema son, en orden de mayor a menor, la Brunca, la Pacífico Central, la Huetar Caribe y la Huetar Norte. Todas estas regiones se caracterizan por ser mayoritariamente rurales y, salvo en el caso de la Huetar Norte, por ser también costeras. Con las obvias diferencias, puede decirse que, en general, en estas regiones, las actividades económicas están básicamente definidas por la agricultura, la ganadería, la agroindustria de monocultivo, la pesca, el turismo y los servicios.

Sobre la base de los principios de igualdad de oportunidades, calidad de la educación, inclusión y no discriminación, establecidos en las políticas educativas costarricenses del último cuarto de siglo, puede decirse que, en general, en todo el territorio nacional se hace necesario desarrollar acciones de política, institucionales y programáticas, para que la aplicación de estos principios conduzca, en efecto, a crear las capacidades que se requieren para reducir las desigualdades sociales y avanzar en el establecimiento de condiciones para el logro del bienestar social y el buen vivir.

Las anteriores diferencias por regiones de planificación indican que las acciones y esfuerzos por emprender no pueden ser desarrollados por medio de políticas, programas y estrategias de aplicación homogénea. Cada región amerita la atención que de manera específica demandan las propias realidades sociales, económicas, culturales e institucionales que les caracterizan. Esto también vale de manera especial para la educación.

A fin de complementar la información anterior y contar con un panorama un poco más amplio acerca de la situación socioeconómica en que se encuentran los hogares en Costa Rica, en la siguiente tabla se presentan las estadísticas sobre ocupación, desempleo, subempleo y de empleo informal.

Tabla 2: Tasas de ocupación, desempleo, personas ocupadas con subempleo, personas ocupadas con empleo informal, por regiones de planificación, año 2020.

Región de planificación	Tasa de ocupación[2]	Tasa de desempleo[3]	Porcentaje de personas ocupadas con subempleo	Porcentaje de personas ocupadas con empleo informal[4]
Central	58,7	12,3	11,4	45,8
Chorotega	46,8	15,2	12,8	44,6
Pacífico Central	52,4	9,1	16,3	54,1
Brunca	45,7	16,1	15,0	53,9
Huetar Caribe	50,9	12,0	9,9	43,4
Huetar Norte	54,7	11,7	18,6	53,7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Encuesta Nacional de Hogares 2020.

Tal como se puede observar, estas cifras develan, aún con mayor claridad, la magnitud crítica de la desigualdad social y de la precariedad e inestabilidad socioeconómica en la que se encuentra una significativa proporción de los hogares costarricenses.

La región Brunca sigue siendo la que presenta la situación más desfavorable, al exhibir la menor tasa de ocupación y la mayor de desempleo. Sin embargo, en este caso, la región Chorotega, que en los datos de la tabla 1 ocupaba la segunda mejor posición, registra ahora como la segunda de las regiones más afectadas por los bajos niveles de ocupación y los mayores de desempleo. La explicación de esta diferencia puede que resida en el hecho de que, al ser las tasas una representación de magnitudes promedio, no pueden dar cuenta de la intensidad específica en la que se distribuyen las desigualdades sociales al interior de cada región.

En general, incluso en un caso como el de la región Central, que en todos los aspectos considerados en las estadísticas del INEC aparece siempre ocupando las mejores posiciones, cabe presuponer que la magnitud de las desigualdades sociales intrarregionales es aún mayor y más intensa de lo que reflejan las cifras estadísticas.

En el actual contexto de la pandemia y de la crisis económica devenida y agudizada por ella, en materia de empleo, desempleo, pobreza y pobreza extrema, la información difundida por distintas fuentes oficiales señala la configuración de una situación que pasa a ser dramática en todo el territorio nacional. Las repercusiones económicas de la crisis sanitaria vienen a incrementar la crítica situación en la que ya de por sí se estaba antes de que ella apareciera y, en este momento, se incrementan por miles los hogares que afrontan múltiples dificultades para poder agenciarse la subsistencia del día a día.

En su informe anual 2019, Unicef- Costa Rica señaló que 470 mil niñas, niños y adolescentes viven en condición de pobreza en nuestro país. La crisis económica que ya enfrentábamos se agrava ahora por los efectos del COVID- 19 ante el aumento drástico del desempleo. (Guardia, 2020).

Según es obvio, se trata de una situación que, al mismo tiempo, desencadena afectaciones múltiples en lo que concierne a la educación. Una vez declarada la pandemia, las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) tomaron la decisión de suspender el curso lectivo presencial en todos los centros educativos del país, para pasar a implementar la modalidad de educación virtual a distancia.

A tal efecto, a fin de identificar de manera aproximada cuáles son las posibilidades que tienen las distintas poblaciones estudiantiles del país para hacer frente a los requerimientos que plantea la dinámica de la educación virtual a distancia, se presentan en la tabla 3 los porcentajes de viviendas que, por regiones de planificación, cuentan con disposición de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de necesidad básica para atender la educación virtual a distancia.

Tabla 3: Porcentajes de viviendas que cuentan con diferentes TIC, por regiones de planificación, año 2019

Región de planificación	Con teléfono residencial	Con teléfono celular	Computadora	Tableta	Servicio de internet en la vivienda
Central	39,1	96,2	55,1	21,9	88,3
Chorotega	20,7	95,8	38,0	9,2	82,5
Pacífico Central	20,0	96,1	36,0	9,8	88,1
Brunca	15,5	96,3	37,9	6,8	83,6
Huetar Caribe	11,6	96,4	29,1	8,3	82,8
Huetar Norte	16,1	96,1	29,9	7,7	80,3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de Hogares 2019b.

Tal como refieren las estadísticas, el teléfono celular es el dispositivo TIC que en mayor proporción existe en los hogares de Costa Rica. Todas las regiones de planificación registran una tasa de más de 95% de las viviendas que cuentan con al menos un teléfono celular. Caso contrario lo es el de la telefonía residencial o fija, cuyas tasas son muy inferiores y la más alta de ellas ocurre en la región Central (39,1%), siendo ésta prácticamente el doble de la que presentan las regiones Chorotega y Pacífico Central, las dos regiones que, en este aspecto, ocupan la segunda y tercera posición.

Las estadísticas sobre la disposición de internet en las viviendas, por su parte, indican que, en todas las regiones de planificación, más del 80% de los hogares cuenta con acceso a este servicio. Las mayores proporciones las tienen la región Central y la Chorotega. Sin embargo, este dato es inespecífico; no refiere si la conexión es por la vía del servicio celular de datos móviles, o por la de la conexión fija. Es muy probable que sea lo primero.

En lo que respecta a la disposición de computadoras en los hogares, las cifras son bastante bajas y únicamente la región Central presenta una proporción ligeramente superior a la mitad de las viviendas. En las regiones Huetar Caribe y Huetar Norte, en más de las dos terceras partes de los hogares no se cuenta con una computadora. Y en lo referente a tabletas, que constituye otra herramienta de necesidad básica para atender los requerimientos de la educación virtual a distancia, las cifras son aún menores. Únicamente en la región Central superan levemente el 20% de los hogares, mientras que en las demás regiones se ubican por debajo del 10%.

Costa Rica ha desarrollado legislación, diseñado políticas y establecido programas para asegurar los principios de igualdad de oportunidades, calidad de la educación, inclusión y no discriminación. Las poblaciones estudiantiles cuentan con el acceso a los servicios de los programas de Alimentación y Nutrición (PANEA) y de Transporte Estudiantil (PTE), así como a los apoyos que brindan el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) y el Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Avancemos. Asimismo, de más reciente creación, también está la estrategia “Yo me apunto con la educación”, que tiene por finalidad brindar atención especial a los centros educativos de las comunidades que afrontan mayores niveles de pobreza, desigualdad, exclusión y marginación social.

Este conjunto de iniciativas y de acciones está asociado con el principio fundamental de la solidaridad, que junto con los de igualdad de oportunidades y de inclusión y no discriminación es constitutivo de los derechos humanos y, en particular, del derecho humano a la educación. En su enunciado formal, el principio de solidaridad establece que, en su conjunto, la institucionalidad del Estado y de la sociedad tienen el deber y la responsabilidad ineludibles de proporcionar las condiciones y proveer la dotación de los recursos necesarios para garantizar una educación de calidad que cumpla con los principios de “acceso universal”, “no discriminación” y de “igualdad de oportunidades y de trato”. En este sentido, declara la UNESCO (2016): “ningún país que se comprometa seriamente con la educación para todos se verá frustrado por falta de recursos en su empeño por lograr esa meta”.

Más allá incluso de la dotación de recursos, que son imprescindibles, el principio de solidaridad remite esencialmente a la creación y facilitación de las condiciones que permitan el acceso a la educación en igualdad de oportunidades y no discriminación. En situaciones especiales causadas por desastres naturales, guerras, crisis sanitarias, crisis económicas, el principio de solidaridad involucra la creación y sustentación de las condiciones que faciliten a las comunidades y a las poblaciones estudiantiles más afectadas poder protegerse de los daños y pérdidas que acontezcan en el marco de la coyuntura de crisis.

Se trata de afectaciones que, de no atenderse con la prontitud, alcance de cobertura y calidad que se requiere, pueden pasar a convertirse en pérdidas cuyo impacto en el incremento de la inequidad y la desigualdad social tendrá efectos que se proyectarán a largo plazo, con todas las implicaciones negativas que harán derivar para el conjunto en general de la sociedad.

La pandemia llegó de repente y obligó a las autoridades de gobierno a tomar medidas de emergencia. El establecimiento de estas medidas representó una quiebra abrupta de la “normalidad” de la vida cotidiana y de todas las actividades asociadas a ella. En materia de educación, la suspensión del curso lectivo en su modalidad presencial y su conversión a educación virtual a distancia dejó en condiciones claras de desventaja a una diversidad de poblaciones y sectores estudiantiles. Además, al tiempo que se suspendía el curso lectivo, las medidas sanitarias establecidas para contener y frenar la propagación de la pandemia (confinamiento, distanciamiento social, restricción vehicular, cierre de lugares públicos), afectaron diversas actividades económicas y productivas, de la misma manera que una cantidad significativa de familias han visto restringidas o incluso canceladas las posibilidades para agenciarse la subsistencia.

En este momento, aún cuando no existan evaluaciones de por medio respecto del trabajo que se le asigna a la población estudiantil para realizar en sus hogares, lo cierto es que hay un sector mayoritario de estudiantes que, al carecer de las condiciones necesarias para atender los requerimientos de la educación virtual, ha quedado en una clara desventaja en relación con otros sectores que sí cuentan con esas condiciones. Esta es una situación que obliga a hacer un esfuerzo amplio de análisis, en articulación y convergencia interinstitucional y multisectorial, a fin de identificar y definir las acciones inmediatas y estratégicas que permitan dar contención a las afectaciones y allegar los apoyos que contribuyan a atender y solventar en la mayor medida posible las carencias.

Las desventajas no tienen que ver únicamente con la no disposición del equipo y la conectividad. También intervienen en ellas factores como el desempleo de las jefaturas de familia, la necesidad de contribuir con la búsqueda de lo necesario para satisfacer las necesidades básicas; la carencia de una alfabetización adecuada en el hogar, que imposibilita brindar acompañamiento a las hijas e hijos en sus menesteres escolares. Se trata de carencias y desventajas “corrosivas” (Nussbaum, 2012) que, de no tomarse en consideración, inevitablemente repercutirán en un deterioro presente y a futuro del bienestar social para muchas familias y de oportunidades para distintos sectores de estudiantes.

Este panorama crítico plantea la necesidad urgente de que los diversos actores involucrados en el campo de la educación (académicos, institucionales, organizaciones de la sociedad civil, municipalidades, organizaciones productivas, colectivos de mujeres, asociaciones locales) contribuyan a buscar alternativas de atención y respuesta a esta difícil y problemática situación. La academia universitaria, en particular, la comunidad investigadora vinculada al campo de la educación se encuentra interpelada para desarrollar las acciones de investigación, análisis y reflexión sobre lo que acontece, a fin de identificar posibles soluciones y a hacer que éstas se canalicen y se pongan a disposición de las autoridades del MEP y de las demás instituciones que puedan estar convocadas a participar en la articulación y la convergencia de los esfuerzos.

La medida adoptada de establecer la modalidad de educación virtual a distancia requiere ser evaluada de manera urgente. En esta evaluación deben participar estudiantes, docentes y madres y padres de familia. Es preciso realizar consultas localizadas, contextualizadas, en cada una de las comunidades y regiones del país. Es imprescindible conocer de qué manera las poblaciones estudiantiles, la planta docente y las familias han asumido los requerimientos de la educación virtual a distancia; cómo se ha llevado a cabo la dinámica de la “mediación pedagógica” y con qué disposición de equipo se ha contado.

Esta evaluación es necesaria y muy importante, en la medida que sus resultados permitirán identificar las dificultades que se hayan tenido, hacer los ajustes pedagógicos que se requiera, brindar capacitación a la planta docente que se haya visto más limitada para el desarrollo de su trabajo, coordinar con las instituciones y empresas prestadoras de servicios de internet para asegurar la plena cobertura nacional de este servicio.

Según se ha indicado por parte del MEP, la proyección es retornar al curso lectivo presencial a partir del próximo mes de agosto, después de concluido el período de vacaciones de medio año. El cumplimiento de esta proyección, sin embargo, depende de diversos factores y la mayoría de ellos son externos al sistema educativo y a las competencias del MEP. El comportamiento de la pandemia es incierto y el regreso a los centros educativos, además, no se podrá llevar a cabo sin el establecimiento de diversas medidas de control y vigilancia sanitaria. Este es otro aspecto en el que las autoridades educativas habrán de implementar capacitaciones al personal docente y administrativo, para lo cual desde ya se tendrían que estar desarrollando las acciones correspondientes.

De igual manera, la decisión de retornar al curso lectivo presencial, ya sea en agosto próximo o después, es una decisión que requiere de un análisis minucioso acerca de todos los factores implicados, especialmente aquellos que tienen que ver con la disposición de ingresos de los hogares, el empleo, al menos una mínima estabilidad económica de las familias.

Esta es una dimensión de la situación de crisis que no puede ser obviada y que exige una atención cuidadosa. De no tratarse con el cuidado y la atención que amerita, se estaría empujando a una proporción amplia y diversa de sectores estudiantiles a una situación de mayor desigualdad que la que ya existía antes de la llegada de la pandemia. Esta decisión, en último término, debe estar basada en un plan de contingencia y de recuperación que, como ya se indicó, demanda una formulación de políticas que puedan ser ejecutadas por medio del accionar de una plataforma de articulación y convergencia multisectorial e interinstitucional.

Referencias bibliográficas

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. Madrid: UNICEF. Recuperado de: https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

Guardia Donato, Diana. (2020). ¿Qué pasa con la infancia costarricense durante la cuarentena? Semanario Universidad, 06 de mayo de 2020. Recuperado de: https://semanariouniversidad.com/opinion/que-pasa-con-la-infancia-costarricense-durante-la-cuarentena/?fbclid=IwAR0Iz_GV18pQxGgpiZykAyHZyLQFg_x6B3Wte9RoODJvFGikFZsZMJAtpc0

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019a). Encuesta Nacional de Hogares. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.cr/pobreza-y-desigualdad/pobreza-por-linea-de-ingreso

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019b). Encuesta Nacional de Hogares. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.cr/otros-temas-ciencia-y-tecnologia/tecnologias-de-informacion-y-comunicacion-en-hogares

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020). Anuario estadístico 2016/2018. Compendio de estadísticas nacionales. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reanuario2016-2018.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020). Encuesta Nacional de Hogares. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.cr/empleo

Programa Estado de la Nación. (2019). Informe Estado de la Nación 2019. San José: Servicios Gráficos AC. Recuperado de: https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2019/11/informe_estado_nacion_2019.pdf

Nussbaum, Martha C. (2012). Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano. Barcelona: Paidós. Recuperado de: https://es.scribd.com/document/361404680/Crear-Capacidad-Martha-Nussbaum

[1] Investigador del Observatorio de la Educación Nacional y Regional (OBSED), Instituto de Investigación en Educación (INIE), Universidad de Costa Rica. Mayo de 2020. C.e.: luis.munoz@ucr.ac.cr

[2] “Porcentaje de la población ocupada respecto a la población en edad de trabajar.” (INEC, 2020). La población en edad de trabajar es la que tiene 15 años y más.

[3] “Porcentaje de la población desempleada respecto a la fuerza de trabajo. (INEC, 2020).

[4] “Porcentaje de la población ocupada con empleo informal respecto al total de ocupados.” (INEC, 2020).

Foto del Semanario Universidad. Estudiante de Sixaola, Limón.

El final del discurso del “libre mercado”, ceteris paribus – I parte

Escrito en 16/05/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marco Soto Umaña

Un abordaje de las diversas informaciones que pululan en la red, medios de información, organizaciones financieras, organizaciones internacionales, etc., abren un claro panorama de la situación actual y futura del sistema económico planetario existente y de la diversidad de formas en que política y económicamente se particulariza en cada nación, dado la diversidad de procesos históricos y proyectos de vida construidos.

El panorama no es muy positivo, se avecina una recesión de carácter global, que incidirá en cada país de manera diferente, dependiendo de sus características, de los procesos y contextos históricos particulares, de la aglutinación de fuerzas a lo interno, de la inserción al mercado global, ya sea de su total o parcial dependencia, del nivel de deterioro o destrucción del mercado y producción nacionales, causada por el modelo de desarrollo neoliberal, y por supuesto, del desarrollo de la institucionalidad propia, de cada país, es decir, el nivel de privatización, parcial o total logrado por los poderes fácticos nacionales.

Como mencioné, la incidencia de dicha recesión en cada sociedad en particular dependerá de una diversidad de factores, sin embargo, es previsible que economías que otrora fueran referentes de la ficción del “libre mercado”, de las famosas CONSTRUCCIONES elaboradas desde institutos como CATO para demostrar los logros de las “economías libres”, vayan cayendo como castillo de naipes.

Hace ya varios años, me avoqué a estudiar la realidad de Singapur, una economía netamente importadora de lo que consume y, cuestionaba en ese entonces, cómo sobreviviría Singapur en un contexto como el que se avecina, bueno, el momento llegó, esperamos, por el bien de todo un pueblo, que puedan sortear la crisis, sin llegar a, como lo vaticinaba en ese entonces, convertirse en un país fantasma.

El caso de Chile es interesante y preocupante, una economía totalmente privatizada, y peor, una institucionalidad totalmente desmantelada, con pocas capacidades de maniobra, y que ya se encontraba ante una situación de movilizaciones y protesta social, así como de represión sistemática.

En el caso particular de nuestro país, la situación, en principio, no es tan grave, partiendo de que los intereses y procesos privatizadores, no han logrado plasmar todo ese ideario en su totalidad, aún y a pesar de haber logrado, adelantándose a los acontecimientos, blindar las posibilidades en la toma de decisiones, que como ciudadanos tenemos con el instrumento del referéndum y la CRIMINALIZACIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL.

Repito, toda sociedad, depende en la coyuntura actual de sus propias capacidades y características internas, de las condiciones materiales, infraestructura, recurso humano, institucional, relativa capacidad auto alimentaria, etc., y Costa Rica reúne, considero, todas esas características, exceptuando, la social, esa base social con capacidad de EXIGIR cambios estructurales, esa aglutinación de fuerzas capaces de dirigir el barco hacia un puerto donde podamos embarcarnos todos y todas sin exclusión, y eso requiere un gran esfuerzo de construcción, dejando de lado posiciones extremas, parcelitas e intereses.

Hoy por hoy, la batuta la tienen los grandes intereses corporativos, los poderes fácticos, los que han construido la crisis, fueron llamados para arreglar lo que destruyeron, ahondando aún más el modelo, cargando sobre las espaldas del sector trabajador, público y privado, sobre los micro, pequeños y medianos empresarios, el peso de la crisis.

“Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”.