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Etiqueta: intereses privados

Gobierno excluye ecologistas de comisión que tramita permisos de liberación de transgénicos

Escrito el . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad

  • MAG incorpora a la CNAA en la CTNBIO pese a evidente conflicto de intereses.

  • Se excluye por decreto la participación de la Red de Coordinación en Biodiversidad.

  • Por medio de decreto se violentaron principios constitucionales, la ley Orgánica del Ambiente y el Convenio de Diversidad Biológica.

14 de junio 2023. Vía decreto el gobierno de Rodrigo Chaves excluye a la Red de Coordinación de Biodiversidad (RCB) de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), y a cambio, introduce a la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA). Esta grave decisión realizada sin consulta previa reduce la participación ciudadana, e incrementa la influencia de intereses privados sobre un espacio de decisión fundamental que regula la biotecnología agrícola. Este cambio en la balanza sucedió vía decreto N° 44020-MAG publicado en la Gaceta N. 105, este martes 13 de junio, donde se reformó el artículo 112 del Reglamento del Servicio Fitosanitario del Estado.

El gobierno de Rodrigo Chaves elimina una representación del sector ambiental para sumar la participación de la CNAA, que dicho sea de paso tienen entre sus filas a las grandes transnacionales de los agrotóxicos y los transgénicos. Es decir, el MAG incorpora a la CTNBio una representación que tiene conflicto de intereses dentro de la comisión, pues la mayoría de los permisos en revisión por la misma son solicitados por los miembros de la Cámara de Agricultura y Agroindustria.

Es importante recordar que gracias a la participación de integrantes de la Red de Coordinación en Biodiversidad y de la Federación Ecologista (FECON) en la CTNBio, se pudo alertar en el 2012 a la población costarricense sobre la solicitud hecha por la subsidiaria de Monsanto, Delta & Pine Land Semillas Ltda., para sembrar maíz transgénico en Chomes de Puntarenas. Lo cual fue recibido como una amenaza a la cultura del maíz muy presente en la zona. Gracias a esta alerta, organizaciones sociales y ambientales gestaron distintas acciones, como la Caminata en Defensa del Maíz, logrando detener el maíz de Monsanto y así proteger las semillas nativas o campesinas de una posible contaminación genética. Las movilizaciones sociales presionaron para que se lograra el 25 de julio del 2014, «Declarar al maíz (Zea mays), en sus variedades autóctonas (nativas y criollas) como Patrimonio Cultural de Costa Rica» (Nº 38538-C-MAG). Además, se ganó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional expediente 12-017013-0007-CO en el cual los magistrados dieron la razón a los argumentos ecologistas para proteger el maíz criollo de la amenaza de contaminación transgénica. Gracias a la participación de las organizaciones ecologistas se ha podido contar con la participación de especialistas en la materia como el Dr Jaime García, catedrático de la Universidad de Costa Rica.

Entre el 2013 y el 2015, alrededor del 92% de las municipalidades adoptaron declaratorias de territorios libres de transgénicos. En el año en curso, se sumaron los cantones de Los Chiles y Paraíso de Cartago. En total, 74 cantones, de los 81 existentes, han emitido declaraciones municipales declarándose libres de cultivos transgénicos.

Este decreto de la administración Chaves-Robles contradice la resolución Nº 15017 – 2014 de la Sala Constitucional, que dispuso en un voto histórico, como obligatoria la participación social en materia de liberación de transgénicos al ambiente. Además, el artículo 47 de la Ley de Biodiversidad, que se complementa con el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ambiente, para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones y en las acciones cuyo propósito sea la protección del ambiente.

La participación ciudadana en el proceso de tramitación implica el acceso a la información relacionada con dichos procesos, posibilidad de incidir en la toma de decisiones y la fiscalización de las acciones en cuerpos colegiados. Este decreto ejecutivo representa un retroceso y una afrenta a tratados internacionales ya ratificados por Costa Rica como: el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y el Protocolo de Cartagena, específicamente en temas de evaluación de riesgos, tecnologías y participación ante la protección de la salud humana y los ecosistemas frente a posibles efectos adversos de los OGMs.

Una razón instrumental perversa

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

A esta hora, en este escenario y con la clase de actores que tenemos en juego, ningún espacio está vacío, ningún discurso es neutral, no hay nada que no quede sujetado a la dinámica del poder y sus estrategias.

En un contexto de ataques gubernamentales groseros al arte, la cultura y la educación, mediadas por la ética del recorte y la inanición como lev motiv, un nuevo capítulo en una disputa ideológica y (esta vez y por una vez más) política, se ciñe sobre los cimientos del Conservatorio de Castella, institución Benemérita de la Patria y que este año 2023 cumple 70 años de creación.

La disputa no es solo semántica ni retórica. Es política, ética, de sentido. Representa dos modelos de sociedad, dos tesis, dos idearios. No son solo modelos figurativos y organizativos, no es solamente una Junta administrativa versus una fundación: es una matriz histórica de comprensión del funcionamiento de las dinámicas sociales y culturales.

Una tesis defiende los principios, el origen público de la institución y por consiguiente su naturaleza, enfoque y perspectiva incluyente. La otra argumentación se ampara en la dimensión privada, el valor de un bien como el arte en su escala absolutamente monetaria, la mercantilización de la estética como objetivo.

Una tensión no resuelta entre ambas tesis continúa hoy, ahora, del plano discursivo al jurídico, del institucional al político. En medio de la disputa que lleva ya varios años, sobresale el ideario cuya visión defiende la posesión de los bienes patrimoniales del colegio como idea fuerza. Para esta visión, hasta el escudo pareciera adquirir valor de cambio, restándole su significado simbólico como icono representativo de la expresión del arte universal.

En su propuesta analítica acerca de la razón instrumental Max Horkheimer lo define como aquel razonamiento lógico utilizado para obtener un beneficio propio y particular. En este caso se adivina la perversión de la propuesta; una razón instrumental maniquea.

Los argumentos esgrimidos sobre el resguardo de un legado histórico, sus bienes y su significado amparado en la supuesta idea de un bien común deben ser falseados. Cualquier tesis acerca de la naturaleza privada del Conservatorio de Castella debe cuestionarse. Así lo indicó un histórico fallo de la sala constitucional en 2001. A ese fallo debemos remitirnos.

Cada vez que la tesis economicista argumenta su propiedad sobre los bienes patrimoniales y aun sustantivos de la institución debemos hacernos y hacerle algunos cuestionamientos:

¿Quién garantiza que tras la supuesta protección privada de los bienes patrimoniales del Conservatorio Castella, no se esconde una figura de voracidad empresarial dispuesta a disolver la esencia del legado del maestro Arnoldo Herrera González? ¿Quién o quiénes, con qué capital y donde se originó el mismo, están tras esta propuesta? ¿Existe articulación orgánica entre esta entidad de naturaleza privada y algunos mandos con injerencia en ministerios del actual gobierno? ¿Cuáles son sus intenciones?

No es menor que esta disputa se desarrolle justamente en un momento histórico donde la hipótesis sobre el valor subsidiario del arte y la cultura ha ganado espacio y legitimación en la opinión pública.

Muchas veces sobre este tema me he preguntado si quedarme al margen mientras otros se zanjan en la lucha por la defensa de los principios públicos y horizontales que fueron la declaración de principios con los que se creó el Castella. Ahora no me lo pregunto: acciono y aporto como sociólogo, comunicador, artista, docente surgido de las entrañas de esta emblemática institución costarricense. Esta institución me dio lo que soy: le debo por ejemplo el Premio Nacional en Literatura en la rama de ensayo sobre las movilidades humanas en 2019. Desde este lugar de reconocimiento hablo.

Los argumentos están expuestos. Al Teatro Arnoldo Herrera González hay que devolverle su garbo, su color original, su significado. No hay que pasarle candado ni mucho menos pensarlo en un futuro como meca del mercado más ambicioso y descarnado. Si eso ocurriera, habríamos enterrado el legado impulsado por el benefactor Millet de Castella y el maestro Herrera.

Una vez en el colegio en sus instalaciones históricas en Barreal de Heredia, Don Arnoldo detuvo a mis padres para sugerirles que me compraran libros, ya que el pensaba que yo me dedicaría a la escritura. Tenía yo 7 años. Esta impronta previsora que todavía nos alcanza es la que hay que defender con pasión y razonamiento. Restarle a esa perversa razón instrumental economicista y minimalista el poder que se ha otorgado a sí misma.

Ponerla en su lugar.

¡Defendamos el Castella!

Escrito el . Publicado en Cultura.

De nuevo la integridad del Conservatorio de Castella está en peligro. El Benemérito Conservatorio de Castella es público, siempre lo ha sido, fue fundado público y mi padre, el fundador, Arnoldo Herrera, siempre tuvo claro que la única posibilidad de existencia de la institución es que fuera público.

La planilla de educadores siempre ha sido pagada por el Estado, el teatro en La Sabana fue construido con fondos públicos (hasta placa de la administración Orlich tiene) y la finca en Barreal de Heredia se adquirió con bonos del Estado.

De nuevo hay intereses privados y privatizadores que quieren vender la propiedad del teatro en La Sabana a una corporación. Eso no puede permitirse. Las autoridades del MEP estarían cometiendo un grave error si abren la puerta a esos intereses.

En los 70 años de existencia del Castella, y en los 100 años de nacimiento de don Arnoldo, la comunidad Castella y el país debemos defender la condición pública de esta benemérita institución y su integridad.

Por favor colaboren enviando a sus contactos. Mauricio Herrera Ulloa.

Agenda setting y pánico moral: 25 años de discurso y prácticas contra el sector público en Costa Rica

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En la segunda mitad de los años noventa un medio de comunicación hegemónico realizó un programa especial televisivo sobre el déficit fiscal en Costa Rica. Llamó a los invitados de su panel “Comisión de alto nivel” y desde ese espacio, en una especie de “consejo de mayores”, decretaron sin reparo y sin contrapeso, que el problema que enfrentaba Costa Rica tenía que ver con el tamaño del Estado, la ineficiencia de sus instituciones, el mal desempeño de los funcionarios públicos, lo que había convertido el déficit fiscal un problema inmanejable. Esa noche acordaron que para reducir ese déficit había que hacer reingenieria, reducción, desmantelamiento del sector público.

La construcción del discurso, de la agenda mediática, caló en la opinión pública. La idea del elefante público empezó a cristalizar sobre la base de una muy bien cimentada estrategia de comunicación. A lo mejor el discurso no se apegaba tanto a la realidad. Pero era efectivo. Al decir de personas académicas de la calidad de la economista costarricense María Eugenia Trejos, lo del déficit fiscal era «un problema inventado».

Se abría así una agenda permanente y sistemática que cumple ya 25 años de haber sido instalada en la discusión pública.

En este periodo han transitado distintas administraciones que palabras más palabras menos adhieren las tesis de esa agenda mediática feroz y disolvente. Sin embargo el escenario actual no tiene comparación: llegamos a un momento histórico en el cual intereses privados, medios de comunicación empresariales y un conjunto de tecnócratas mal preparados o mal intencionados y políticamente torpes ubicados en esferas gubernamentales, han empezado a asestar un golpe letal a esa comunidad imaginada, horizontal y abarcadora, llamada sociedad costarricense.

También hay que decirlo: la estocada no solo proviene desde una recomposición aglutinadora de la hegemonía neoliberal que ha encontrado por primera vez en mucho tiempo una caja de resonancia en amplios sectores de la población, dado el trabajo incansable de los medios de comunicación y los formadores de opinión que un día sí y otro también posicionan sin reparo la idea que el sector público, sus instituciones, sus empleados, son cuasi delincuentes que deben ser alineados estandarizando y precarizando sus condiciones laborales a la baja, tal y como sucede en muchas actividades del sector privado.

El ejemplo de las condiciones infrahumanas de las personas trabajadoras en el sector piñero que saltó a la vista en los primeros meses de pandemia es una muestra de hacia donde quieren estandarizar los derechos laborales de todos y todas quienes suscriben la tesis del desmantelamiento del sector público, o como han dicho de forma elegante, «poner en cintura ese elefante». Ahora, con la negociación de un nuevo préstamo con organismos financieros como el FMI, las tesis monetaristas y reduccionistas han ganado espacio, junto a esa construcción permanente de descrédito a las instituciones públicas y sus personas trabajadoras.

La estocada es efectiva no solo por un periodo prolongado de agenda mediática, empresarial y política o por el poder desestabilizador e inmovilizador de la pandemia y sus efectos en las subjetividades políticas; también se recrea por una debilidad estructural y estratégica notable en sectores sociales, gremios, organizaciones de las personas trabajadoras que se ha venido acrecentando durante los últimos años en materia de respuesta, estrategia y comunicación hacia la ciudadanía. Años de despolitización, amedrentamiento y producción del miedo a la acción colectiva han dado finalmente resultados.

Es incuestionable la necesidad de apuntalar procesos de revisión internos en muchas instituciones públicas, que equilibren algunas distorsiones creadas en el pasado en materia de distribución, atinencia, remuneración. Pero el punto es que la opinión pública ha sido orientada a una sola dimensión (la del tema salarial) sin reparar abiertamente en otros procesos relacionados con los aportes de la institucionalidad al desarrollo costarricense.

La idea sistemática, por ejemplo, sobre las universidades públicas como «territorios libres» que deben ser corregidos por esos tecnócratas mal preparados y mal intencionados, es quizá una de las mayores nociones instaladas en el imaginario colectivo, que se ha volcado cual vocero de los sectores privados a pedir cuentas y poner el dedo acusador sobre dichas instituciones.

La guerra está declarada. Una polarización mas profunda que la política electoral se ha instalado en la sociedad costarricense y pareciera no tener retorno. La hegemonía neoliberal ha encontrado sustancia en el encono de unos contra otros y a partir de allí todo le ha resultado más sencillo, empezando por el desmantelamiento del pensamiento crítico y cuestionador, que es la base de toda acción universitaria autónoma.

25 años de agenda continua han dado sus frutos. Stanley Cohen (1972) introdujo por primera vez el término «pánico moral» que luego encontraría polisemias y varios significados. Para el autor, este concepto refiere a un episodio que surge y se convierte en amenaza latente para los intereses de grupos o valores sociales y pueden ser sostenidos en el tiempo.

El discurso desestructurador de lo público en Costa Rica tiene hoy su corolario porque ha generado incertidumbre, ha construido miedos del tipo «sino se cierran instituciones estatales y se regulan los salarios de todas las personas funcionarias del sector público, Costa Rica se enrumba a una crisis irreversible». De nuevo, la responsabilidad recae en los sectores trabajadores pero nada se menciona sobre el comportamiento rapaz, acumulador y extractivo de las elites que se amparan bajo un sistema tributario desigual y castigador para los grupos bajos y medios. Al mismo tiempo la idea de la amenaza para el sistema democrático e institucional costarricense se ha fortalecido proponiendo una responsabilidad unívoca, de nuevo, en el tamaño del estado, sus instituciones y las condiciones sociolaborales persistentes.

El trabajo simbólico, ideológico y discursivo ha sido ejecutado a la perfección.

En una época de notables aportes desde lo público, tales como la salud y seguridad social, el trabajo serio de las universidades en la investigación científica para abordar la pandemia desde diversas aristas entre las cuales el acompañamiento a las poblaciones y comunidades continua siendo impulsado, corresponde anteponer nuevas formas colectivas y ciudadanas de respuesta a la hegemonía neoliberal conjuntada en gobierno, medios de comunicación y sectores empresariales deslocalízados y articulados hacia afuera.

Es urgente y necesario.

 

Foto: Semanario Universidad.