¿Es posible que la familia sustituya a la ciudadanía? Género, clase y restauración conservadora en las Américas
Por MSc. Rodrigo H. Campos Hernández
Una propuesta que hasta hace poco habría parecido confinada a los márgenes más excéntricos del fundamentalismo religioso ha comenzado a circular con inesperada naturalidad en Estados Unidos: sustituir el sufragio individual por un único “voto por hogar”. Según sus promotores, cada familia debería expresarse políticamente como una sola unidad, representada por quien ejerza su jefatura. Aunque el lenguaje utilizado evita algunas veces decir abiertamente que las mujeres deben perder el derecho al voto, la consecuencia material resulta difícil de ocultar: dentro del modelo tradicional defendido por estos sectores, la voz política del hogar sería ejercida normalmente por el esposo.
La controversia adquirió mayor visibilidad durante la Women’s Leadership Summit de Turning Point USA, celebrada en junio de 2026. La reunión, encabezada por Erika Kirk, directora ejecutiva de esa organización, presentó como oradora a Savanna Faith Stone, una joven influenciadora que cuestiona abiertamente el sufragio femenino y defiende la representación política por hogares. Algunas asistentes declararon incluso que estarían dispuestas a renunciar a su voto si ello contribuyera al triunfo de un proyecto político más conservador. El encuentro combinó activismo electoral, religiosidad cristiana, maternidad idealizada, rechazo del feminismo y exaltación de los papeles tradicionales de género.
No existe, hasta el momento, una declaración inequívoca de Erika Kirk solicitando formalmente la derogación de la Decimonovena Enmienda. Pero la responsabilidad política no se determina solamente mediante confesiones literales. También se infiere de las ideas a las que se concede tribuna, de los públicos que se organizan, de las sensibilidades que se educan y de los límites que deliberadamente se hacen retroceder. Dirigir una organización que legitima y amplifica una doctrina supone algo más que permanecer neutral ante ella.
La Decimonovena Enmienda prohíbe que el Gobierno federal o los estados nieguen o restrinjan el voto por razón del sexo. Una reforma directa de esa disposición enfrenta enormes obstáculos constitucionales. Sin embargo, reducir el problema a la improbabilidad inmediata de su derogación sería un grave error. La amenaza más profunda no consiste en que mañana desaparezca jurídicamente el sufragio femenino, sino en que la desigualdad política de las mujeres vuelva a ser presentada como una opción legítima, discutible y hasta moralmente virtuosa.
Las regresiones democráticas rara vez comienzan con la aprobación de su medida más extrema. Comienzan haciendo imaginable aquello que una sociedad había aprendido a considerar inadmisible.
La familia no habla: alguien habla en su nombre
La expresión “voto por hogar” puede parecer, a primera vista, una propuesta para fortalecer la familia. Su formulación contiene palabras afectivamente poderosas: unidad, compromiso, responsabilidad, tradición. Pero debajo de ellas se oculta una transformación radical del concepto moderno de ciudadanía.
La democracia reconoce, al menos normativamente, a cada persona adulta como sujeto autónomo de derechos políticos. El voto por hogar reemplazaría a la persona por una entidad colectiva llamada familia. Esa familia tendría una sola voluntad y una única voz. Pero la familia no habla. Alguien habla en su nombre.
Dentro de la antropología cristiana patriarcal que sostiene la propuesta, esa persona no sería escogida mediante una deliberación democrática entre sus integrantes. La autoridad vendría definida de antemano por una supuesta ley natural o divina: el marido representa, la esposa acompaña y los hijos obedecen.
La mujer no sería necesariamente expulsada de la comunidad política. Su personalidad política sería absorbida por la del esposo. Se recuperaría así, bajo formas contemporáneas, la antigua lógica jurídica de la coverture, según la cual la personalidad civil de la mujer casada quedaba subsumida en la de su marido.
La pregunta fundamental no es, entonces, si la familia debe tener reconocimiento social. Por supuesto que debe tenerlo. La pregunta es quiénes integran esa familia, cómo se distribuye el poder dentro de ella y qué ocurre con quienes no se ajustan al modelo declarado como natural.
¿Qué persona representaría a un hogar encabezado por una mujer? ¿Qué sucedería con las personas solteras, viudas o divorciadas? ¿Quién votaría en una vivienda compartida por varios adultos? ¿Qué posición ocuparían las parejas del mismo sexo? ¿Se reconocería como familia a un matrimonio igualitario? ¿Quién sería considerado su cabeza? ¿Tendría el mismo valor político una casa habitada por seis personas adultas que una persona que vive sola?
Estas preguntas muestran que el voto por hogar no es únicamente un ataque contra las mujeres. Es el borrador de un orden político en el que la ciudadanía dependería de la pertenencia a una familia heterosexual, reproductiva, jerarquizada y religiosamente legitimada.
Una vez aceptado ese principio, la distancia entre restringir la autonomía de las mujeres y negar el reconocimiento de las familias constituidas por personas del mismo sexo se vuelve muy corta. Si existe una única familia natural, todas las demás formas de convivencia quedan reducidas a excepciones toleradas, arreglos privados o desviaciones carentes de igual dignidad pública.
Reconocer una incomodidad sin convertirla en prohibición
En este punto debo admitir algo que puede resultar incómodo. Como hombre homosexual, no todas las expresiones contemporáneas del género me producen identificación o cercanía. Algunas representaciones que observo constantemente en las redes sociales, la televisión y el espacio público me generan distancia, desconcierto e incluso cansancio.
Negarlo para cumplir con una expectativa de corrección política sería intelectualmente deshonesto.
También sería deshonesto suponer que esa reacción existe únicamente entre personas conservadoras o religiosas. Dentro de las propias diversidades sexuales hay diferencias generacionales, culturales, estéticas y políticas. No todas las personas homosexuales se reconocen en las mismas expresiones, símbolos, lenguajes o formas de representar el género. La sigla LGBTIQ reúne experiencias distintas, pero no elimina sus tensiones.
Ahora bien, una incomodidad personal no constituye un argumento jurídico ni una autorización para excluir.
Es necesario distinguir entre tres planos. El primero corresponde al gusto, la afinidad o la identificación personal: nadie está obligado a sentirse representado por todas las manifestaciones de la diversidad. El segundo pertenece al debate político: los movimientos sociales pueden discutir críticamente sus estrategias, lenguajes, prioridades y formas de presentación pública. El tercero corresponde a la dignidad y los derechos: ninguna persona puede quedar desprotegida porque su apariencia, su identidad o su manera de habitar el cuerpo produzcan extrañeza en otras.
La igualdad democrática no exige que todas las formas de vida nos resulten familiares. Exige que la falta de familiaridad no se convierta en inferioridad jurídica.
Judith Butler ha mostrado que aquello que una sociedad reconoce como masculino o femenino no surge exclusivamente de una esencia inmutable, sino de normas, actos y repeticiones históricas. Esto no significa que todas las personas deban abandonar las categorías de hombre o mujer, ni que debamos sentirnos emocionalmente cercanos a cualquier expresión de género. Significa que las fronteras entre lo masculino y lo femenino han sido socialmente producidas y, por tanto, están sometidas a transformaciones, conflictos y resistencias.
También debemos considerar que las plataformas digitales no ofrecen una representación equilibrada de la realidad. Los algoritmos privilegian aquello que produce sorpresa, indignación, admiración o rechazo. Las expresiones más intensas, teatrales o polémicas obtienen mayor circulación y terminan presentándose como si fueran la totalidad de un colectivo enormemente diverso.
Por eso es legítimo analizar críticamente la espectacularización o mercantilización de ciertas identidades. Lo que no sería legítimo es trasladar esa crítica hacia la negación de derechos de las personas que las encarnan.
Mi incomodidad puede hablar de mis códigos generacionales, de mi historia y de mi propia socialización. También puede señalar problemas reales de comunicación y representación dentro de los movimientos. Pero no determina la dignidad de nadie.
El conservadurismo político opera precisamente sobre estas zonas de incomodidad. No necesita inventarlas: las recibe, las organiza y les proporciona una explicación. Stuart Hall mostró cómo el autoritarismo puede convertir ansiedades dispersas en un nuevo “sentido común”. El malestar deja de ser una experiencia abierta a la reflexión y se transforma en una certeza política: alguien está destruyendo nuestra familia, nuestra cultura o nuestra forma de vida.
Así, la persona trans, el hombre femenino, la mujer masculina, la feminista, el migrante o la pareja homosexual son convertidos en rostros visibles de una crisis que no produjeron.
El reconocimiento jurídico y sus límites
Las luchas feministas y de las diversidades sexuales han conseguido transformaciones jurídicas fundamentales. El matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad de género, la protección contra la discriminación y la ampliación de los derechos sexuales y reproductivos no son concesiones superficiales. Modifican vidas concretas, protegen vínculos afectivos, permiten heredar, acceder a la seguridad social, tomar decisiones médicas, formar familias y vivir con mayor libertad.
Sería profundamente injusto minimizar esas conquistas.
Sin embargo, también es necesario reconocer los límites de una política centrada exclusivamente en el reconocimiento legal. Nancy Fraser advirtió hace décadas que la justicia requiere articular dos dimensiones inseparables: reconocimiento y redistribución. Una sociedad puede reconocer simbólicamente ciertas identidades y mantener intactas las estructuras económicas que producen explotación, pobreza y exclusión.
Lisa Duggan utilizó el concepto de homonormatividad para describir una política sexual compatible con el neoliberalismo: determinados gays y lesbianas pueden ser incorporados como parejas respetables, propietarios, consumidores y contribuyentes, sin que esa inclusión cuestione las relaciones dominantes de clase, raza, trabajo y propiedad.
El problema no radica en que las personas homosexuales puedan casarse. El problema aparece cuando el matrimonio se convierte en el horizonte máximo de la emancipación y se pierde de vista que muchas personas LGBTIQ continúan enfrentando desempleo, pobreza, expulsión familiar, violencia policial, falta de vivienda, precariedad laboral y dificultades para acceder a servicios públicos.
El reconocimiento jurídico puede integrar a algunas personas sin emancipar al conjunto.
Aquí adquiere importancia la interseccionalidad formulada por Kimberlé Crenshaw. No se trata de confeccionar una lista cada vez más extensa de identidades, sino de examinar cómo diferentes relaciones de poder actúan conjuntamente. Una mujer lesbiana, indígena y empobrecida no experimenta por separado el género, la orientación sexual, la etnia y la clase. Estas condiciones se entrecruzan y producen una posición social específica que no puede comprenderse atendiendo solamente a una de ellas.
Lo mismo ocurre dentro de las diversidades sexuales. No vive de igual manera su ciudadanía un empresario homosexual con acceso a vivienda, educación y servicios privados que una mujer trans migrante, racializada y excluida del mercado laboral formal. Ambos pueden experimentar discriminación, pero no poseen los mismos recursos para enfrentarla.
Una política verdaderamente interseccional no sustituye la clase por la identidad ni la identidad por la clase. Estudia cómo se construyen mutuamente dentro de relaciones históricas de poder.
La institucionalización de los movimientos
También debemos examinar críticamente el proceso mediante el cual numerosos movimientos sociales se han convertido en organizaciones profesionales dependientes de proyectos, consultorías, indicadores y financiamiento internacional.
Fundaciones como Open Society han apoyado litigios, organizaciones y programas que han resultado esenciales para comunidades perseguidas o abandonadas por sus Estados. Reconocerlo es necesario para evitar explicaciones conspirativas o simplificaciones alrededor de la figura de George Soros.
No obstante, el financiamiento institucional produce efectos políticos, aunque no exista una orden directa del donante. Sonia Álvarez y autoras vinculadas a la crítica de la “oenegización” de los movimientos sociales han mostrado que la profesionalización puede transformar las formas de militancia, las prioridades y los lenguajes.
Los proyectos financiados suelen exigir objetivos delimitados, resultados medibles, informes, productos jurídicos y poblaciones específicas. Esto puede favorecer campañas sobre una ley determinada, una sentencia, una capacitación o una política pública concreta. Resulta mucho más difícil traducir en indicadores un proceso político prolongado que cuestione la concentración de la riqueza, la explotación laboral, la propiedad, la deuda, la privatización de los cuidados o la subordinación económica de América Latina.
Además, cuando cada organización debe competir por fondos destinados a una población o problema específico, la fragmentación puede institucionalizarse:
unas organizaciones trabajan sobre matrimonio igualitario;
otras sobre identidad de género;
otras sobre violencia contra las mujeres;
otras sobre derechos reproductivos;
otras sobre racismo;
otras sobre pobreza o trabajo.
Cada una administra su expediente, su vocabulario y sus indicadores.
Mientras tanto, el conservadurismo articula todos estos asuntos dentro de una sola visión del mundo. Para la derecha religiosa, el feminismo, la identidad de género, el aborto, la educación sexual, el matrimonio igualitario, la secularización y la caída de la natalidad forman parte de una única crisis civilizatoria.
El adversario posee una teoría general de la sociedad. Los movimientos democráticos responden demasiadas veces con expedientes separados.
Esta asimetría ayuda a explicar por qué no se advierte todavía una respuesta pública articulada y proporcional de las principales organizaciones LGBTIQ frente al “voto por hogar”. No significa que estas organizaciones permanezcan inactivas. Muchas están enfrentando amenazas judiciales, administrativas y legislativas urgentes. Pero la especialización puede llevarlas a considerar la supresión del voto femenino como un asunto exclusivo de las mujeres, sin advertir que detrás de ella se encuentra el mismo concepto de familia que amenaza el matrimonio igualitario, la identidad de género y la ciudadanía sexual.
Neoliberalismo y restauración patriarcal
La ofensiva conservadora no puede explicarse solamente como una reacción cultural ante la visibilidad de las diversidades sexuales. Debe ser situada dentro de las transformaciones económicas de las últimas décadas.
Melinda Cooper ha mostrado que el neoliberalismo económico y el conservadurismo familiar no son necesariamente adversarios. Ambos pueden complementarse. Cuando el Estado reduce la protección social, privatiza servicios y traslada a las personas los riesgos del desempleo, la enfermedad, la vejez y el cuidado, la familia debe asumir las responsabilidades abandonadas por las instituciones públicas.
Pero no cualquier familia puede realizar ese trabajo. El modelo requiere una estructura doméstica en la que alguien —normalmente la mujer— realice gratuitamente las tareas de reproducción, crianza y cuidado.
El neoliberalismo debilita materialmente a las familias mientras el conservadurismo religioso exige que ellas resuelvan privadamente las consecuencias de ese debilitamiento.
El encarecimiento de la vivienda, la precarización del empleo, la deuda, la falta de servicios públicos de cuidado y la incertidumbre económica dificultan que millones de personas puedan sostener una vida familiar estable. Sin embargo, en lugar de cuestionar estas condiciones, la derecha traslada la responsabilidad hacia el feminismo, la autonomía de las mujeres, la diversidad sexual y la supuesta desaparición del varón proveedor.
Una crisis producida por relaciones económicas es reinterpretada como una crisis moral.
La solución propuesta no consiste en elevar salarios, garantizar vivienda, fortalecer la seguridad social, reducir las jornadas laborales o construir sistemas públicos de cuidados. Consiste en restaurar la autoridad masculina y la obediencia doméstica.
La estética que rodea encuentros como el de Turning Point USA resulta reveladora. Se presenta un universo aspiracional de bienestar, consumo, maternidad idealizada, matrimonio temprano, belleza cuidadosamente construida y religiosidad. No puede afirmarse que todas las asistentes pertenezcan a sectores económicamente privilegiados, pero el modelo ofrecido presupone condiciones materiales que millones de familias estadounidenses y latinoamericanas no poseen.
La mujer que puede abandonar su trabajo para dedicarse exclusivamente al hogar necesita que alguien genere ingresos suficientes para sostenerlo. La exaltación de la esposa dependiente oculta a las trabajadoras pobres, a las madres solas, a las migrantes, a las mujeres afrodescendientes e indígenas y a quienes realizan múltiples jornadas para sobrevivir.
La CEPAL ha identificado precisamente la desigualdad socioeconómica, los patrones patriarcales, la división sexual del trabajo, la injusta organización de los cuidados y la concentración del poder como desafíos estructurales que se refuerzan mutuamente en América Latina. Su Estrategia de Montevideo advierte, además, sobre el resurgimiento del conservadurismo y las restricciones contra el reconocimiento de la diversidad sexual, la identidad de género y las diferentes formas de familia.
Una ofensiva transnacional con actores locales
Sería equivocado considerar estas ideas como fenómenos exclusivamente estadounidenses. También sería simplista imaginar a América Latina como una región pasiva que obedece mecánicamente instrucciones procedentes de Washington.
Lo que existe es una circulación transnacional de discursos, recursos, métodos de movilización, estrategias jurídicas y modelos legislativos. Iglesias, centros de pensamiento, organizaciones conservadoras, partidos políticos, influenciadores digitales y sectores empresariales traducen esos repertorios a las condiciones de cada país.
Sonia Corrêa, Roman Kuhar, David Paternotte y Juan Marco Vaggione han estudiado la formación de campañas que utilizan la expresión “ideología de género” para reunir bajo un mismo enemigo al feminismo, la educación sexual, los derechos reproductivos, las personas trans y las diversidades sexuales. Estas campañas no se limitan a defender convicciones religiosas privadas. Buscan intervenir en la legislación, la educación, los tribunales, las políticas públicas y la definición misma de ciudadanía.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido sobre la expansión de sectores contrarios a los derechos LGBTI dentro de los propios poderes estatales, así como sobre campañas de desinformación dirigidas a obstaculizar el reconocimiento de esos derechos.
El contexto actual de Estados Unidos aumenta la relevancia regional de esta ofensiva. Desde enero de 2025, su Gobierno ha adoptado una definición federal binaria e inmutable del sexo, eliminado políticas de diversidad y empleado oficialmente la expresión “ideología de género”. Estas disposiciones no se han limitado a la administración interna. El Departamento de Estado ha incorporado condiciones relacionadas con la denominada “ideología de género” en instrumentos y programas de asistencia exterior, mostrando que este marco forma parte de la política internacional estadounidense.
Esto no significa que toda regresión latinoamericana sea ordenada desde Estados Unidos. En nuestros países existen tradiciones patriarcales, élites conservadoras, iglesias políticamente organizadas y desigualdades históricas capaces de producir sus propias formas de autoritarismo.
La influencia externa encuentra aliados internos porque responde a intereses y conflictos ya presentes.
En América Latina, la “defensa de la familia” puede vincularse con el rechazo a la educación sexual, la oposición al Estado laico, la restricción de los derechos reproductivos, la persecución de las identidades trans y la impugnación del matrimonio igualitario. Pero también puede ser utilizada para desviar la atención de la desigualdad, la corrupción, la concentración económica y el deterioro de los servicios públicos.
La cruzada moral organiza políticamente frustraciones que tienen raíces materiales.
La fragmentación como derrota anticipada
Las divisiones entre feminismos, movimientos homosexuales, activismos trans y otras expresiones de la diversidad no son inventadas por la derecha. Existen desacuerdos auténticos sobre el cuerpo, el sexo, la identidad, el lenguaje, la representación y las estrategias políticas.
El conflicto con sectores identificados como TERF, el antifeminismo presente en algunos espacios trans, la misoginia dentro de comunidades homosexuales y la transfobia dentro de movimientos gays y lésbicos muestran que ninguna sigla garantiza por sí misma una política emancipadora.
Pero una cosa es reconocer los conflictos y otra permitir que estos destruyan toda posibilidad de alianza.
La interseccionalidad no exige negar las contradicciones. Exige comprender que ninguna de las poblaciones involucradas podrá defenderse aisladamente frente a una ofensiva que pretende reorganizar la sociedad entera.
Cuando se afirma que la familia heterosexual es la célula natural de la nación, no se amenaza solamente a las personas trans. Se amenaza a las mujeres que no desean someterse a un esposo, a las personas homosexuales que han construido sus propias familias, a quienes deciden no reproducirse, a las madres solas, a las parejas divorciadas, a las personas ateas, a las juventudes que cuestionan la autoridad religiosa y a todas aquellas vidas que no caben dentro de una única moral oficial.
La restauración patriarcal distribuye sus ataques por etapas, pero el proyecto que los articula es común.
Reconstruir una ciudadanía democrática común
La respuesta no puede consistir en abandonar las identidades ni en reducir todos los conflictos a la clase social. Tampoco puede limitarse a defender cada derecho cuando ya se encuentra ante los tribunales.
Hace falta reconstruir una ciudadanía democrática común.
Su punto de partida debe ser sencillo: “la persona, y no la familia, la iglesia, el marido, el mercado o una identidad aislada, es el sujeto originario de los derechos”.
La familia debe ser protegida porque está integrada por personas, no porque posea una voluntad superior a ellas. Su reconocimiento debe abarcar la pluralidad de vínculos afectivos y formas de convivencia existentes, siempre que se respeten la autonomía, la igualdad y la dignidad de sus integrantes.
Una respuesta interseccional tendría que reunir a movimientos feministas, organizaciones LGBTIQ, sindicatos, comunidades afrodescendientes e indígenas, movimientos campesinos, defensores del Estado laico, organizaciones juveniles y luchas por los servicios públicos.
No se trataría únicamente de formar una coalición electoral o emitir comunicados conjuntos. Sería necesario reconstruir procesos de formación política, recuperar la presencia en comunidades populares y vincular la defensa de la autonomía corporal con las condiciones materiales que permiten ejercerla.
La libertad de una mujer no depende solamente de que pueda votar, sino también de que cuente con ingresos propios, educación, vivienda, seguridad social y servicios de cuidado. La libertad de una persona homosexual no termina con el derecho a casarse si puede ser despedida, expulsada de su hogar o condenada a la pobreza. El reconocimiento de una persona trans permanece incompleto mientras la discriminación le cierre el acceso al trabajo, la salud y la educación.
La CEPAL ha insistido en que una perspectiva de género rigurosa debe reconocer los efectos diferenciados de la desigualdad sobre mujeres sexualmente diversas y sobre la población LGBTIQ en su conjunto. También ha señalado que la autonomía económica, física y política se encuentra estrechamente relacionada con el acceso a recursos, la participación pública, el trabajo, los cuidados y la posibilidad de vivir sin violencia.
El frente democrático que necesitamos debe defender simultáneamente el sufragio femenino, la diversidad familiar, los derechos laborales, la seguridad social, la autonomía corporal, la educación pública, la libertad religiosa, el Estado laico y la igualdad de las personas LGBTIQ.
No porque todas estas luchas sean idénticas, sino porque están amenazadas por una misma concentración del poder.
La distopía no empieza mañana
Quizás el “voto por hogar” no llegue a convertirse pronto en una reforma constitucional. Tal vez permanezca durante algún tiempo como una idea minoritaria. Pero su importancia política no debe medirse únicamente por sus posibilidades legislativas inmediatas.
Su avance demuestra que una parte de la derecha contemporánea ya no se limita a detener nuevas conquistas. Está dispuesta a revisar derechos que parecían definitivamente consolidados.
Hoy se discute si la mujer debería votar de manera autónoma. Mañana podrá discutirse si todas las familias merecen igual reconocimiento. Después, si la identidad, la orientación sexual o la religión deben condicionar el ejercicio de la ciudadanía.
La analogía con los fundamentalismos que Occidente solía atribuir exclusivamente a otras culturas no debe formularse como una equivalencia mecánica. Existen diferencias institucionales, históricas y coercitivas evidentes. Pero la gramática profunda resulta inquietantemente semejante: autoridad religiosa, subordinación femenina, heterosexualidad obligatoria, control de la sexualidad y negación de la autonomía individual.
El fundamentalismo occidental ha aprendido, sin embargo, a presentarse con una estética moderna. No siempre utiliza uniformes, prohibiciones explícitas o tribunales religiosos. Puede hablar mediante influenciadoras, productos de bienestar, campañas electorales, conferencias juveniles y mensajes sobre el amor, la maternidad y la unidad familiar.
La dominación no se anuncia necesariamente como dominación. Puede presentarse como protección.
Frente a ella, no basta con defender nuestras parcelas ni con exigir que nadie manifieste incomodidad. Debemos ser capaces de escuchar los malestares sociales, discutir nuestras propias contradicciones y evitar que la derecha los convierta en odio organizado.
No toda manifestación de la diversidad tiene que representarnos. Pero todas las personas deben ser representadas por sí mismas en la vida política.
Ese es el límite democrático que no podemos entregar.
Porque cuando la familia sustituye a la ciudadanía, alguien adquiere el poder de hablar por los demás. Y cuando aceptamos que una persona hable políticamente por otra, la democracia comienza a convertirse en obediencia.
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