Defensoría: Reducción del financiamiento pone en riesgo el derecho a la educación
Una reciente investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes vuelve a apuntar sobre el riesgo que significa para la sostenibilidad del sistema educativo seguir por el camino de la reducción en el financiamiento.
El gasto público destinado a educación ha disminuido del 7,8% del PIB en 2019 al 5,5% en 2025, incumpliendo el mandato constitucional que establece un mínimo del 8%. Esta reducción refleja una pérdida sostenida de prioridad política y fiscal hacia uno de los pilares fundamentales del desarrollo humano y social costarricense.
El más reciente informe de la Defensoría insiste que esta contracción presupuestaria no solo debilita la capacidad institucional del Ministerio de Educación Pública (MEP), para ejecutar programas estratégicos, sino que además impacta directamente en la calidad de los aprendizajes, la infraestructura educativa y la equidad territorial. Entre 2015 y 2025, el país ha experimentado una caída sostenida en los resultados de las pruebas internacionales PISA, con pérdidas acumuladas de hasta 24 puntos en matemáticas y 28 en lectura, lo que evidencia el vínculo entre la reducción de recursos y el deterioro de los aprendizajes básicos.
Desde un enfoque de derechos humanos, la Defensoría subraya que el principio de progresividad exige al Estado avanzar de forma constante en la garantía del derecho a la educación de calidad (inclusiva, equitativa y pertinente), evitando retrocesos injustificados. Sin embargo, los recortes presupuestarios en programas esenciales —como alimentación escolar, infraestructura y formación docente— constituyen una forma de regresividad que afecta desproporcionadamente a las comunidades rurales, costeras, indígenas y a las personas estudiantes con discapacidad. En estas poblaciones, la falta de recursos compromete la permanencia escolar y amplía las brechas estructurales de desigualdad.
Asimismo, la Defensoría señala que la erosión progresiva del presupuesto educativo ha limitado el alcance de políticas de inclusión y equidad, debilitando programas como el de becas y transporte estudiantil. De esta forma, la educación pública, históricamente reconocida como motor de movilidad social, enfrenta hoy una precarización institucional que amenaza su papel como herramienta de justicia social. La Defensoría destaca que esta tendencia contradice los compromisos internacionales asumidos por el Estado costarricense ante la UNESCO y el Comité de los Derechos del Niño.
Por otro lado, la investigación identifica una creciente inestabilidad presupuestaria en el MEP, con variaciones interanuales negativas desde 2019 y una dependencia de decisiones coyunturales. Ello ha generado un efecto dominó en las Juntas de Educación y Administrativas, que hoy deben asumir con recursos limitados la continuidad de servicios básicos en las escuelas y colegios. Esta situación expone a las comunidades educativas a vulneraciones indirectas del derecho a la educación y profundiza la desigualdad entre territorios con distinta capacidad de gestión local.
La Defensoría de los Habitantes hace un llamado urgente a revertir la tendencia de desinversión educativa, priorizando la educación como inversión estratégica para el desarrollo nacional. Fortalecer la gobernanza, garantizar estabilidad financiera y asegurar la equidad en la asignación de recursos son condiciones esenciales para que la educación continúe siendo un instrumento de justicia social, cohesión y democracia.
Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes
