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Etiqueta: irregularidades administrativas

Señalamientos contra presidencia ejecutiva de JAPDEVA escalan a presuntas responsabilidades penales y administrativas

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Denuncias apuntan a desviación de poder, afectaciones a la Hacienda Pública y conflictos laborales en la institución portuaria. Así se desprende de un comunicado del Consejo de Delegados y Delegadas de SINTRAJAP.

La comunicación señala una serie de cuestionamientos dirigidos contra la gestión de la presidenta ejecutiva de JAPDEVA, Sucy Wing Ching, han encendido las alertas sobre posibles responsabilidades administrativas y penales en el manejo de la institución. Las denuncias, respaldadas por documentación y testimonios según sus promotores, sostienen que la actual administración habría incurrido en presuntas prácticas que trascienden la ineficiencia operativa y podrían configurar irregularidades graves en el ejercicio de la función pública.

De acuerdo con el pronunciamiento emitido por representantes sindicales, las actuaciones señaladas apuntan a un uso indebido de la estructura estatal para fines distintos al interés público. Entre los aspectos más sensibles se menciona la presunta planificación de acciones destinadas a generar crisis mediáticas con fines políticos, lo que, de comprobarse, podría constituir una desviación de poder y un eventual fraude de ley.

En el plano financiero, las denuncias también advierten sobre posibles afectaciones a la Hacienda Pública. Se señala, por ejemplo, la omisión en el cobro de servicios por el retiro de aproximadamente 16.000 toneladas de acero, así como la supuesta modificación de condiciones tarifarias sin la autorización de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Estas acciones, según los denunciantes, podrían implicar no solo pérdidas económicas para la institución, sino también un ejercicio indebido de competencias regulatorias.

Otro eje de preocupación gira en torno al cumplimiento del deber de probidad en la función pública. El pronunciamiento cuestiona el manejo del Fondo de Ahorro y Capital de los trabajadores de JAPDEVA, así como el condicionamiento del pago de un 3% de reintegro laboral, lo que, a criterio de los firmantes, podría constituir una vulneración de derechos laborales y una práctica de presión indebida sobre el personal.

En paralelo, se advierte sobre un deterioro en la eficacia institucional, particularmente en la ejecución del Canon de Desarrollo destinado a la provincia de Limón. Según las denuncias, el estancamiento en la gestión de estos recursos compromete el cumplimiento del mandato legal de JAPDEVA y afecta directamente las perspectivas de desarrollo regional.

Las acusaciones han derivado en acciones ante instancias como el Ministerio Público y la ARESEP, así como en señalamientos de la Auditoría Interna de la institución, lo que podría abrir la puerta a procesos de investigación más amplios.

En este contexto, el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP), a través de su dirigencia, planteó una serie de exigencias, entre ellas la intervención de la Contraloría General de la República en las decisiones tarifarias, la agilización de las investigaciones penales en curso y el pago inmediato de los derechos laborales reclamados. Asimismo, solicitaron el cese de lo que califican como persecución laboral dentro de la institución.

Hasta el momento, la presidencia ejecutiva de JAPDEVA no se ha pronunciado públicamente sobre estos señalamientos. La evolución de las investigaciones determinará el alcance de las responsabilidades en un caso que vuelve a colocar bajo escrutinio la gestión de una de las entidades clave para el desarrollo del Caribe costarricense.

Puede ver en SURCOS declaraciones de distintas agrupaciones sociales en torno a este tema:

Crisis institucional en JAPDEVA: organizaciones de Limón exigen un nuevo liderazgo para el Caribe

FONAMAFROCR pide nueva conducción en Japdeva basada en diálogo, respeto y desarrollo para Limón

Recurso de nulidad e informe de la Contraloría General de la República cuestionan proyecto de embarcadero en Puerto Viejo de Talamanca

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Un recurso de nulidad presentado ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), junto con recientes observaciones de la Contraloría General de la República, evidencian serias irregularidades técnicas, ambientales y administrativas en el proyecto denominado “Embarcadero Vecinal en Puerto Viejo”, en el cantón de Talamanca.

El recurso, interpuesto por el abogado Walter Brenes Soto, solicita la nulidad absoluta de la viabilidad ambiental otorgada mediante la resolución N.° 1879-2024-SETENA, señalando vicios graves en el estudio ambiental que sirvió de base para su aprobación. Según el documento, la evaluación presenta fallas estructurales que comprometen su validez, al haberse realizado sin el rigor científico mínimo requerido para una obra ubicada en un área ambientalmente frágil.

Entre los principales cuestionamientos se encuentra la ausencia total de estudios marinos, a pesar de que el proyecto se desarrollaría directamente en el mar. El análisis se limitó a la vegetación terrestre, omitiendo información esencial sobre el lecho marino, la batimetría, los ecosistemas bentónicos y las condiciones oceanográficas. Esta omisión resulta especialmente grave si se considera que el propio expediente reconoce la existencia de arrecifes coralinos en el sitio donde se pretende cimentar la obra, sin que exista una evaluación de impacto sobre este ecosistema.

El recurso también advierte que la viabilidad ambiental se sustentó en información desactualizada y técnicamente incorrecta, al asumir que los arrecifes de la zona se encuentran mayoritariamente muertos desde el terremoto de 1991, ignorando evidencia científica reciente que demuestra su recuperación y vitalidad. Asimismo, se señala la omisión de especies marinas en peligro de extinción, incluyendo corales como Acropora palmata y fauna como tortugas marinas, manatíes y delfines, lo que evidencia una evaluación superficial e incompleta. A esto se suman errores graves en la identificación de especies, incluyendo referencias a fauna propia del océano Pacífico, lo cual compromete la confiabilidad del estudio en su conjunto.

Adicionalmente, el recurso denuncia la falta de estudios oceanográficos que permitan prever impactos como la alteración de corrientes marinas, la acumulación de sedimentos o procesos de erosión costera, lo que incrementa la incertidumbre sobre las consecuencias reales del proyecto en las playas de Puerto Viejo. En este contexto, se argumenta que la resolución de SETENA incumple principios fundamentales del derecho ambiental, como el principio precautorio y preventivo, al autorizar una obra sin contar con información suficiente para descartar daños significativos al ambiente.

El recurso de nulidad solicita, además, la suspensión inmediata de cualquier obra relacionada con el embarcadero, el archivo del expediente y la apertura de investigaciones administrativas para determinar posibles responsabilidades de los actores involucrados. En conjunto, los elementos expuestos en ambos documentos refuerzan la preocupación sobre un proyecto que podría generar impactos irreversibles en los ecosistemas marino-costeros de Puerto Viejo, así como un uso inadecuado de recursos públicos, en ausencia de garantías técnicas, científicas y administrativas suficientes.

¿Qué dijo la contraloría del proyecto?

A estos señalamientos se suman las observaciones de la Contraloría General de la República oficio (DFOE-CIU-0584), que no aprobó la asignación de ₡674,2 millones dentro del presupuesto 2026 de la Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) destinada al diseño y construcción del embarcadero. El órgano contralor determinó que el proyecto carece de elementos esenciales para su ejecución, como la inexistencia de un convenio formal entre JAPDEVA, el MOPT y la Municipalidad de Talamanca, así como la falta de claridad sobre las responsabilidades institucionales en la administración, operación y mantenimiento de la obra.

La Contraloría también advirtió que estas omisiones impiden comprender el alcance real del proyecto y debilitan el control sobre el uso de los recursos públicos, aumentando el riesgo de conflictos institucionales y fallas en su implementación. En consecuencia, los fondos improbados deberán ser trasladados a cuentas sin asignación específica, dejando en suspenso la viabilidad financiera del proyecto.

Otros cuestionamientos:

A estos cuestionamientos técnicos se suma un fuerte señalamiento social: organizaciones ambientales y comunidades de Puerto Viejo denuncian que la viabilidad ambiental fue tramitada de forma “exprés y oculta”, en un plazo aproximado de 18 días hábiles, sin conocimiento ni participación de la población local. Según estas denuncias, el proyecto permaneció sin acceso público durante cerca de un año, y solo fue conocido tras un anuncio de la Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). Incluso, personas de la comunidad que consultaron a SETENA fueron remitidas a expedientes antiguos, sin información clara sobre el proceso vigente.

Organizaciones y actores locales cuestionan además que, una vez otorgada la viabilidad ambiental, se esté convocando a procesos de consulta que consideran tardíos y orientados a legitimar una decisión ya tomada, lo que podría vulnerar el derecho a la participación ciudadana y al acceso a la información pública.

El proyecto actual es señalado como el tercer intento de desarrollar infraestructura similar en la zona, tras iniciativas previas en 2008 y 2019 que fueron rechazadas por la comunidad debido a irregularidades, falta de estudios rigurosos y ausencia de consulta pública. En esos antecedentes también se identificaron deficiencias en los estudios de impacto ambiental y omisiones de especies marinas clave, lo que refuerza la preocupación sobre la repetición de patrones en la gestión del proyecto.

Las denuncias también ponen en cuestión el enfoque de desarrollo detrás del proyecto, señalando que responde a intereses turísticos y empresariales, mientras se relegan necesidades urgentes de la comunidad. Entre estas destacan la falta de acceso a agua potable, la ausencia de servicios básicos de salud como un EBAIS, así como carencias en infraestructura educativa como colegios y escuelas. A ello se suma la incapacidad de resolver la conexión a la planta de tratamiento de aguas residuales, la falta de espacios públicos y la limitada inversión social para enfrentar problemáticas como la pobreza y la exclusión de la juventud.

Vista del sitio donde han querido instalar el atracadero y la marina anteriormente.
Coral del Chino afectado por atracadero.

Solicitan enviar cartas a Asamblea Legislativa cuestionando a Defensora

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS recibió esta nota sugiriendo el envío de cartas a las diputadas y a los diputados en relación con la investigación que se sigue al actuar de la Defensora de las y los Habitantes.

Se la compartimos:

“Costa Rica es un país que se ha caracterizado por su compromiso con la Defensa de los Derechos Humanos, en tal sentido es imperativo reconocer la relevancia de contar con una Defensoría de los Habitantes fortalecida, capaz de asumir con solvencia y liderazgo la incidencia necesaria y permanente, para que desde el Estado se honren los compromisos asumidos para la protección, garantía y promoción de los derechos fundamentales de todas las personas. Sobre todo, en el difícil momento que atraviesa el país, donde sin duda alguna, la intervención de una Defensoría sólida sería de gran importancia para la defensa de los sectores y grupos más vulnerabilizados.

Una institución se fortalece a través de la confianza y la credibilidad en el trabajo que realiza. En tal sentido, la persona jerarca que representa cada institución pública tiene una enorme responsabilidad de cuidar con cada uno de sus actos dicha confianza, al hacerlo está asumiendo la responsabilidad que le corresponde en la protección de nuestro Estado de Derecho. En el caso de la Defensoría, el tema de la confianza y la credibilidad reviste una mayor importancia, pues al no ser vinculantes sus recomendaciones, la eficacia de las mismas descansa en la magistratura de influencia, que no es otra cosa que la capacidad de persuasión que se sustenta en la solvencia técnica, ética y apegada siempre al marco de legalidad de las actuaciones de la persona que dirige la institución.

Por tanto, los cuestionamientos que se han venido haciendo a la señora Catalina Crespo en áreas no menores como: debilidad técnica, autoritarismo en la toma de decisiones, poca capacidad de escucha, irregularidades administrativas, falta de transparencia en muchas de sus actuaciones, han dado como resultado una preocupación generalizada que va en aumento y parece dar cuenta de la debilidad de su liderazgo, incluso a lo interno de la misma Defensoría de los Habitantes.

Parte de esas acciones cuestionadas ha sido la disolución del Consejo de Directores y Directoras que ha sido históricamente el órgano técnico en el que se discuten y analizan las situaciones que son de competencia de la Defensoría. Según lo que ha trascendido en medios de prensa, el cambio en la normativa interna transforma este órgano en una instancia en la que es la persona Defensora quien decide a quién convocar.

¿Cómo estará trabajando una Institución en la que más de la mitad de su funcionariado le ha manifestado que la Jerarca su preocupación por haber socavando la confianza?

¿Cómo puede incidir ante las instituciones públicas y exigir cuentas una Jerarca con tanto cuestionamiento? Según el Semanario Universidad en su artículo publicado el 02 de septiembre del presente año, la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa cuenta con un documento con más de 15 situaciones por las que se le está denunciando.

Además, los cuestionamientos a la labor de la actual Defensora de los Habitantes han sido manifestados en diversos discursos, publicaciones y notas suscritas por: Diputados y Diputadas de la República, personas ex funcionarias de la Defensoría, organizaciones de la sociedad civil, además de la mitad del funcionariado de esa institución. Junto a muchas personas que a título personal también se han manifestado.

Hoy más que nunca se requiere una Defensora que garanticen la confianza y credibilidad y preocupa que la señora Crespo no cuenta con estos elementos mínimos para el ejercicio de sus competencias.

Los Diputados y Diputadas de la República tienen hoy una gran responsabilidad, así como también una oportunidad de enviar un mensaje claro al país mostrando que por encima de intereses personales y políticos electorales, harán efectivo su compromiso de contribuir de devolver la confianza del pueblo costarricense en el sistema democrático”.

*Imagen: Semanario Universidad.