Etiqueta: irregularidades

Continuará presión para archivar el PH San Rafael

Escrito en 25/08/2017. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Madre Tierra.

Génesis Santiago R.Cruz (1)

El Proyecto Hidroeléctrico San Rafael podría ser archivado por no gestionar sus permisos en el plazo establecido y corre el riesgo de que se anule su viabilidad ambiental y los permisos de uso de suelo otorgados por una funcionaria municipal de forma irregular. Mientras tanto, el Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica presiona para que se declare una moratoria municipal a las hidroeléctricas en Pérez Zeledón, que sea incluida en el Plan regulador del cantón.

El Estado costarricense parece apostar cada vez más por la apertura y liberalización de la generación de energía eléctrica. Esto ha propiciado la expansión de proyectos hidroeléctricos, tanto públicos como privados, sin la debida planificación y evaluación de sus impactos. Además, el otorgamiento de permisos y los procesos de consulta a las comunidades han detonado cuestionamientos y oposición por parte de diversos sectores sociales de todo el país.

El Proyecto Hidroeléctrico San Rafael, presentado por la empresa Grupo H Solís, obtuvo viabilidad ambiental el 27 de octubre del 2016. Este proyecto pretende represar el Río San Rafael, que se ubica en el cantón de Pérez Zeledón, al sur de Costa Rica. En teoría, este permiso significa que es posible desarrollar el proyecto sin generar un costo social y ambiental mayor a los beneficios que produciría en la comunidad.

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) es el ente que otorga las viabilidades ambientales, tomando en cuenta “supuestos” criterios técnicos. No obstante, ha sido cuestionada en muchísimas ocasiones por sectores académicos y ambientalistas, que han denunciado que actúa movida por influencias políticas y económicas, más que por criterios técnicos.

En el caso del PH San Rafael, los cuestionamientos a la viabilidad ambiental otorgada por la SETENA no se hicieron esperar. El trámite del expediente de este proyecto fluyó con inusitada rapidez: el estudio sociológico se realizó en menos de un mes y la viabilidad ambiental fue otorgada al día siguiente de haberse presentado dicho estudio. Esto levantó sospechas entre vecinas y vecinos de la zona, ya que este tipo de estudios demoran varios meses e incluso años para ser aprobados para proyectos similares.

Por eso, varios comités defensores de los ríos de las comunidades de Buenos Aires, Pérez Zeledón y Coto Brus, aglutinados en el Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica, han unido esfuerzos para detener el avance del Proyecto Hidroeléctrico San Rafael.

Si bien la viabilidad ambiental de SETENA es uno de los requisitos más importantes para que este proyecto tenga luz verde e inicie las obras de construcción, hay otros permisos y trámites pendientes que, afortunadamente, han obstaculizado la construcción de esta hidroeléctrica.

Aún están pendientes de aprobar: la concesión de aguas de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE); los permisos municipales que están en proceso de juicio por haberse otorgado de forma irregular; y la declaratoria de conveniencia nacional, que debe emitir el Poder Ejecutivo.

Además, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) debía dar la concesión para la prestación del servicio público de suministro de energía eléctrica; es decir, el permiso para que el proyecto pueda vender la energía que produzca. Afortunadamente, la ARESEP emitió un dictamen negativo en relación al proyecto el 1ero de agosto de 2017, debido precisamente a que el PH San Rafael no tiene, a la fecha, la concesión de aguas del MINAE aprobada.

Ahora la empresa deberá presentar una solicitud de prórroga del tiempo para la gestión de sus permisos, lo que dichosamente atrasará la aprobación de este proyecto. Si el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no renueva en octubre dicha solicitud de prórroga al proyecto, el PH San Rafael sería archivado por no gestionar sus permisos en el plazo establecido.

Como parte de los esfuerzos para frenar el avance de este proyecto, la Comisión Defensora del Río San Rafael, que forma parte del Movimiento Ríos Vivos, presentó una nota al Poder Ejecutivo, dirigida directamente al presidente de la república Luis Guillermo Solís, donde se solicitó que no se otorgue la conveniencia nacional al proyecto.

Según Melvin Solís, representante de la Comisión Defensora del Río San Rafael, el presidente Solís: “se comprometió ante quienes entregaron la nota, que durante su mandato no iba a haber conveniencia nacional para este proyecto”. Sin embargo, estando en periodo pre electoral, esta decisión del ejecutivo sería incierta en el 2018. Para Melvin Solís “es una clara amenaza; hay partidos y hay candidatos a la presidencia que ya dijeron ‘vamos para adelante con este tipo de proyectos’. Por eso estamos corriendo para lograr acuerdos importantes con esta administración y que el proyecto quede enterrado antes de que llegue alguien más a dirigir el país”, dijo.

En la Dirección de Aguas del MINAE, el expediente de concesión de aguas del proyecto está en proceso de estudio. Un Informe Técnico emitido el 19 de julio del 2017 por el Ingeniero Francisco Vargas, de la Unidad Hidrológica Térraba- Pacífico Sur, fue favorable para otorgar la concesión, argumentando que las 950 oposiciones que interpusieron vecinos y vecinas de las comunidades afectadas, no tienen fundamento técnico. Este informe indica que las afectaciones ambientales y sociales del PH San Rafael ya fueron tomadas en cuenta por la SETENA al aprobar la tan cuestionada viabilidad ambiental (que recordemos que se aprobó tan sólo un día después de presentado el estudio sociológico). Ahora le corresponde al MINAE tomar la decisión de otorgar o no la concesión de aguas a este proyecto.

Con respecto a la Municipalidad del cantón de Pérez Zeledón, el 8 de enero del 2016 se presentó a la SETENA un acuerdo del Concejo Municipal, indicando que no se otorgarían permisos municipales, ni certificados de uso de suelo a ninguna construcción del PH San Rafael, en el deslizamiento Zapotal, Quebrada Mollejones y en toda la extensión del río San Rafael, por las condiciones de riesgo en el terreno. No obstante, la anterior alcaldesa de Pérez Zeledón, Vera Violeta Corrales, firmó los permisos de uso de suelo, sin criterio técnico y pasando por encima del acuerdo del concejo. Extrañamente, la misma Comisión Nacional de Emergencias (CNE) desmintió que hubiera riesgo en la zona.

Por eso, actualmente el Movimiento Ríos Vivos está solicitando a las y los regidores de las distintas fracciones, que retomen el acuerdo de no otorgación de permisos al PH San Rafael y que se declare una moratoria municipal a las hidroeléctricas en Pérez Zeledón, que sea incluida en el Plan Regulador del cantón.

También se está exigiendo que se anulen los permisos de uso de suelo otorgados por la ex-alcaldesa de forma irregular, mediante un juicio que se desarrolla ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Si se logran anular estos permisos de uso de suelo, se anularía también la viabilidad ambiental del proyecto otorgada por SETENA.

Finalmente, Ríos Vivos ha gestionado reuniones con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para que se emita una declaratoria de las cuencas de la zona como fuentes prioritarias para consumo humano y así garantizar a futuro el derecho humano al agua de las comunidades del Sur de Costa Rica. Para Geovanny Arias, del Movimiento Ríos Vivos, “esto va para largo. Vamos a empezar a hacer cadenas y alianzas, y eso es lo que pretendemos. Esto apenas empieza y ahí estamos, humildemente en la lucha”, expresó.

Los grupos de poder de la institucionalidad costarricense, así como diversos grupos empresariales privados, han propiciado la expansión de proyectos hidroeléctricos como el PH San Rafael, amparados en la excusa de que existe un aumento de la demanda energética y de que es necesario producir más energía para reducir las tarifas y hacerlas más competitivas.

Ambos argumentos han sido refutados por sectores ambientalistas y académicos, ya que los datos demuestran que el país ya tiene cubierta la demanda energética. Por lo tanto, este tipo de generación de energía está estrechamente ligada al interés privado de ampliar la oferta exportable a partir de la venta de energía en el Mercado Eléctrico Regional en Centroamérica (MER).

Muchos ríos de Costa Rica hoy son sitios de sacrificio que están atravesados, no por uno, sino por varios proyectos hidroeléctricos. Esto ha reducido los caudales de forma tan significativa y abrupta que, en muchos casos, los daños ambientales son irreversibles. La zona norte de Costa Rica ha visto sus ríos desaparecer con el avance de las hidroeléctricas y piñeras, que hoy amenazan también a los ríos vivos del Sur.

Para el Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica, la defensa del Río San Rafael trasciende el nivel local y convoca a muchos sectores a nivel nacional e internacional, alrededor de la defensa la naturaleza, los ríos y del derecho humano al agua de todas y todos.

Más información: https://www.facebook.com/riosvivosmovimiento/

1 Comunicadora popular y facilitadora de procesos en la Asociación Voces Nuestras

Enviado por la autora.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Decreto de agrovenenos: Organismo Técnico advierte falta de consulta y posibles ilegalidades

Escrito en 08/04/2017. Publicado en Madre Tierra.

Irregularidades están en estudio en la Sala Constitucional

No acaba la polémica con el paquete de decretos aprobados a inicio de año favor del sector de agrotóxicos por las irregularidades y la falta de consulta de uno de los decretos el N°39995 que se encuentra en tribunales por un recurso legal interpuesto por personas ecologistas y de la ciudadanía en general (ver más).

El decreto no fue consultado ni con los ministerios de Salud, Ambiente y Economía y tampoco con el órgano de Reglamentación Técnica (ORT) del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que aseguró que su criterio no fue solicitado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería ni por el Presidente de la República y por ello omitieron el procedimiento legal y establecido para la emisión de reglamentos, como el que ha sido recurrido en tribunales. Por tanto, el ORT señala que el proceso para decretar el reglamento pueda incurrir en ilegalidades.

Tanto las empresas interesadas y el MAG ha defendido el secretismo y la falta de transparencia mintiendo públicamente al asegurar que el decreto no es técnico para justificar la omisión. Al mismo tiempo han dicho que no se debió consultar a MINAE y Ministerio de Salud porque no es su competencia a pesar que el mismo decreto les crea potestades en el artículo 7.

La falta de consulta fue confirmada por el mismo Ministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez el 19 de enero en La Prensa Libre y ese mismo día lo confirmó el jerarca del MEIC Welmer Ramos en el programa de Amelia Rueda.

La ORT consultada por el diputado Edgardo Araya que acompañó la presentación del amparo contra el decreto aseguró que: “La propuesta de reglamento no fue remitida formalmente a la ORT, de hecho este órgano tuvo conocimiento de la existencia de dicha regulación cuando fue publicada en la Gaceta” por lo tanto aseguraron que “la regulación en cuestión no cumplió con el proceso formal de emisión de reglamento técnico, tal como dispone la regulación vigente y en apego con las disposiciones del acuerdo de obstáculos técnicos al comercio de la Organización Mundial de Comercio contemplado en la ley 7475”.

La ORT acordó enviar una nota al MAG para informar que “el reglamento el 39995-MAG: Reglamento para la Actualización de la información de los expedientes de registro de ingrediente activo grado técnico y plaguicidas formulados es un reglamento técnico y debió cumplir con el reglamento para la emisión de reglamentos técnicos, de conformidad con la ley 8279, el reglamentos de la ORT y otros decretos aplicables, ya que dicha medida podría generar acciones de ilegalidad en contra del citado reglamento, por tanto recomienda realizar un análisis de dicha reglamentación. De igual manera insta a cumplir con el procedimiento establecido para elaborar reglamentos técnicos” (resaltado es nuestro).

El Órgano de Reglamentación Técnica (ORT) del MEIC, encargado de coordinar con los respectivos ministerios la elaboración de sus reglamentos técnicos, de modo tal que su emisión permita efectiva y eficiente protección de la salud humana, animal y vegetal, del ambiente, de la seguridad, del consumidor y de los demás bienes jurídicos tutelados.

Informes: Fabián Pacheco Agrobiólogo Ambiental y Ecologista, 88262270 o Mauricio Alvarez, presidente FECON, 88709165

Enviado a SURCOS por FECON.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Ciudadanía comprometida preocupada por campaña contra ICE

Escrito en 29/06/2015. Publicado en Derechos.

Ante la campaña contra el ICE que ha iniciado la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), en la cual condena a dicha institución nacional a una multa de 2.157 millones de colones (4 millones de dólares) por supuestamente monopolizar el servicio de telefonía celular, esto por una promoción realizada por el ICE años atrás, denominada como “Chip Extremo”, con tarifas bajas que vendrían, presuntamente, a perjudicar a ciertas empresas privadas, varios ciudadanos comprometidos manifestaron su preocupación sobre si esta demanda es realmente fundamentada, ya que es “demasiado dinero”, por lo que se cree que el motivo principal es el de “ahogar económicamente a la empresa nacional”.

Uno de los argumentos que sostiene el movimiento Costa Rica Solidaria en contra de dicha multa es que mientras que la SUTEL acusa al ICE de competencia desleal, es permisiva con las empresas transnacionales Claro y Movistar, ya que, les permite la venta de celulares en la vía pública sin pagar patente; uso del suelo, violentando las leyes de tránsito y las leyes laborales, ya que los empleados trabajan por comisión, entre otras acciones, las cuales han sido denunciadas ante la Policía Municipal, la Policía de Tránsito y la misma SUTEL, sin respuesta alguna.

Otro de los argumentos expuestos por los ciudadanos es que debe considerarse dentro de la competencia desleal a la promoción de una de las transnacionales sobre llamadas a Centroamérica sin costo alguno, ya que estos tienen sucursales en otros países, lo cual pone en desventaja al ICE.

Se solicita dar fuerza a la denuncia contra dichas irregularidades enviándolas a info@sutel.go.cr esperando obtener respuesta, como es su deber.

Información enviada a SURCOS Digital por Arturo Fournier.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Estudio de la Contraloría General de la República llama la atención sobre el caos y el desorden en la administración del patrimonio de la Municipalidad de Barva

Escrito en 22/12/2014. Publicado en Comunidad.

Comunicado de Prensa

El Área de Fiscalización de la Contraloría valora realizar un estudio adicional con el propósito de determinar la existencia de hechos que puedan originar el eventual establecimiento de responsabilidades.

Fotos muestran irrespeto a recurso agua en Heredia2 — Imagen con fines ilustrativos

Barva de Heredia, 22 de diciembre del 2014. La Contraloría General de la República, mediante el Informe No. DFOE-DL-1124 del Área de Fiscalización de Servicios para el desarrollo local, hecho público el día 11 de este mes, indica que para las autoridades municipales de Barva “ no ha sido prioridad el establecimiento de procedimientos de control interno efectivos para la administración de la tesorería, la proveeduría y la contabilidad, dada la existencia de una serie de debilidades en esta materia, las cuales no permiten garantizar, de manera razonable, la protección y conservación efectiva de su patrimonio contra la pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal”.

El órgano contralor concluye que las carencias y debilidades de las autoridades municipales se extienden a todos los componentes y áreas de la administración financiera. El Informe señala que “El sistema de administración financiera municipal resulta carente de una serie de mecanismos de control en los componentes de tesorería, contabilidad y proveeduría, en menoscabo de la protección y conservación del patrimonio municipal y de contar con información fiable y oportuna para la toma de decisiones”.

A pesar de que la Tesorería de Barva maneja todos los días más de mil quinientos millones de colones, los auditores señalaron que las prácticas administrativas torcidas y la improvisación han remplazado a los manuales, los reglamentos y los principios técnicos elementales. La Contraloría señala que además de que la Municipalidad de Barva no cuenta con los libros contables de ley (Diario, Mayor e Inventarios y Balances) ni Manuales de procedimientos para los funcionarios, existen figuras y procedimientos que riñen con la legalidad y la técnica, como sucede con el denominado “ Cajas chicas temporales” y el mal llamado “Trámite de pagos por servicios y otros en procesos exentos de procedimientos ordinarios de contratación administrativa”.

A través del primero la tesorería, al margen de las reglas para la contratación administrativa, entrega a funcionarios municipales u organizaciones comunales determinada cantidad de dinero, con el agravante de que incluso en algunos casos estos dineros se terminan gastando en actividades que no guardan relación con la naturaleza del fondo; por ejemplo el año 2013 se gastaron así más de diez millones de colones en actividades como las mascaradas. El segundo mecanismo “Trámite de pagos por servicios y otros en procesos exentos de procedimientos ordinarios de contratación administrativa” se usa para realizar compras sin la participación de la Proveeduría Municipal.

En cuanto al registro y control de los bienes propiedad municipal, la situación es alarmante ya que “ …El sistema automatizado para el registro y control de los activos propiedad de la municipalidad carece de información referente al valor, funcionario responsable de su administración, ubicación, características particulares de algunos bienes. Tampoco registra información acerca de los terrenos y edificios de su propiedad”

En relación con los materiales y suministros almacenados en las bodegas de la institución, no se cuenta con un registro sobre el ingreso y salida de los mismos y los inventarios correspondientes.

De acuerdo al Lic. Fredy Vargas Chavarría del Foro Cantonal Barveño por la Defensa del Agua, las irregularidades que más alimentan la preocupación ciudadana tienen que ver con el atraso por periodos mayores de dos años de las conciliaciones bancarias, la falta de control “ para el manejo y control de las inversiones transitorias que realiza esa administración en el sistema bancario nacional… a pesar de que … al mes de setiembre del 2014 (fue de ) unos 1.200 millones de colones…) y la ausencia de reglamentos para la compra de bienes y servicios a cargo de la Proveeduría Municipal.

Frente a este caos y desorden financiero reñido con el bloque de legalidad y la técnica contable y financiera más elemental, es claro que la Alcaldía y el Concejo Municipal lejos de garantizar a los ciudadanos barveños la protección y conservación efectiva del patrimonio municipal, propiedad de todos y todas, los expone a altísimos riesgos ante la pérdida, el despilfarro, uso indebido, irregular o delictivo, denunció Vargas Chavarría.

El Lic. Vargas Chavarría manifestó que el resultado de este lamentable y nefasto estado de cosas en la Municipalidad de Barva es que la improvisación y las ocurrencias marcan la tónica bajo la cual se adoptan las decisiones en el municipio; lo cual se refleja de manera especial en el funcionamiento y operación del acueducto municipal, como ha sido denunciado desde hace años; recordó que en estos días de fin de año, sin criterio técnico alguno, el Departamento del Acueducto acordó comprar unos macro-medidores de agua para instalarlos a la entrada a Barva y el sector de la Escuela Pedro Murillo Pérez; no solo se está quitando el agua a los usuarios en estos días de celebraciones tan especiales sino que además es un desperdicio de alrededor de siete millones de colones, contratados a una empresa llamada Hidro Tecnia.

Vargas Chavarría concluyó diciendo que diez años de gobierno de la actual Alcaldesa Mercedes Hernández han profundizado los problemas de la comunidad y mencionó que el informe indica que “el Área de Fiscalización de la Contraloría está valorando realizar un estudio adicional en la citada Municipalidad de Barva, con el propósito de determinar la existencia de hechos que puedan originar el eventual establecimiento de responsabilidades.”

En el mismo sentido recordó que la improvisación, el caos y el desorden no es exclusivo de la administración financiera municipal; sino que en informes anteriores la Contraloría ya le había llamado la atención a la Alcaldía y al concejo Municipal; apenas en octubre de este año la Contraloría los reprendió fuertemente por el desorden y el abandono en que se mantiene todo lo relativo al otorgamiento, cobro, monitoreo y control de los permisos de construcción dentro del territorio del cantón de Barva.( Informe No. DFOE-DL-1124 del Área de Fiscalización de Servicios para el desarrollo local.)

Para mayor información comunicarse con el Msc. Claudio Segura Sánchez al teléfono 85 55 25 94 y Lic. Fredy Vargas Chavarría al teléfono 83 02 23 47.

Enviado a SURCOS Digital por Fredy Vargas Chavarría.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Comunicado por las irregularidades ocurridas en las elecciones de Honduras

Escrito en 05/12/2013. Publicado en Derechos.

Estimados (as) compañeros(as) y amigos(as) del pueblo hondureño:

Les contamos que tuvimos reunión de nuevo.

Acordamos:

1. Hacer un comunicado posterior al fraude electoral y violación de derechos humanos para compartirlo y entregar en la embajada de Honduras el próximo jueves 28 de junio a las 11 horas.

2. Hacer un piquete informativo y re partirlos en puntos de la ciudad de San Jose, que transite bastante gente el viernes 29 de noviembre a las 4 pm. En la plaza de la cultura, frente a Carrión.

3. Hacer una nota, para solicitar a la Presidencia de la República su posición respecto al fraude y violación de derechos humanos. Cancillería eso a la 1:30 pm del mismo jueves 28 de junio.

4. Continuar monitoreando los acontecimientos.

5. Realizar un foro sobre «Honduras, después del día de las elecciones”, fecha pendiente.

Información enviada a SURCOS por Movimiento Costarricense de Solidaridad con el Pueblo Hondureño. MOCOSOH.

Por intimidación: Observadores Internacionales abandonaron vigilancia en Tegucigalpa

Escrito en 05/12/2013. Publicado en Derechos.

Dos observadores internacionales de origen costarricense, quienes supervisaban el proceso en la escuela Naciones Unidas de la colonia Villanueva de Tegucigalpa, fueron intimidados al punto de abandonar el centro de votación.

Se trata de Grace García y José Oviedo, dos observadores internacionales a quienes el Centro de Estudio para la Democracia –CESPAD- y la Federación Luterana Mundial trajeron al país para supervisar el desarrollo de las elecciones.

No obstante lo anterior, en el citado centro de votación se presentaron algunas irregularidades que comenzaron desde la apertura de las votaciones. El centro abrió el proceso a las 7:35 de la mañana y los miembros de las mesas no estaban completos; en muchas de ellas no había presidente ni secretario por lo que debieron de consensuar el nombramiento de estos cargos entre los delegados que posteriormente llegaron en representación de los partidos.

Luego de producirse algunas alteraciones, (se colocaron dos mesas en una misma aula que resultó muy pequeña y dificultó la observación) García y Oviedo reportaron problemas de acreditación y manipulación de algunos miembros de las mesas hacia las personas con capacidades disminuidas y adultos mayores para que votasen a favor del candidato oficialista.

Otro caso que les llamó la atención a los observadores internacionales fue el de una persona que ingresó a una de las mesas sin documentos y que votó en ella. La mayoría de los delegados de la mesa se pusieron de acuerdo, a excepción del representante del Partido Libertad y Refundación –LIBRE-, quien no avaló la acción y pidió ayuda para que ese hecho no se concretase, a lo que García le respondió que posteriormente podría impugnar los resultados de esa urna.

Los observadores también reportaron que hubo muchos “operadores políticos internos”, es decir activistas políticos del partido nacional, que estuvieron vigilando a los votantes, tratando de indagar por quién votaban. “Tuve dificultad con la observación en una mesa en la que no me permitieron ingresar para realizar la observación; creí que sólo era conmigo, pero le pregunté a otra observadora salvadoreña de la iglesia Luterana y me dijo que a ella le pasó lo mismo; le pedimos a una observadora nacional que hiciera la prueba y también me explicó que a ella también le negaron el acceso”.

Tras ese episodio, García denunció ante el CESPAD esas irregularidades. Sin embargo, momentos después ella junto a su acompañante, tuvo que abandonar el centro de votación ya que se sentían asediados por personas extrañas que les increparon constantemente el porqué de su papel como observadores en países como Honduras.

Los observadores costarricenses abandonaron su labor de observadores en ese centro de votación luego de toda una mañana de asediado. García y Oviedo denunciaron que la mayoría de las personas que los asecharon pertenecían al partido Nacional.

Información enviada a SURCOS por Marcela Zamora-Cruz.