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Etiqueta: ISFODE

El papa, la religión y los sindicatos

ISFODE

El sindicalismo cristiano como aliado moral contra la derecha antiobrera

La derecha invoca a Dios para justificar las reformas laborales retrógradas. Los papas invocan a Dios para condenarlas. Esa contradicción, que muchos prefieren disimular, es el punto de partida de este artículo: ¿qué dice realmente la máxima autoridad de la Iglesia Católica sobre el trabajo, los sindicatos y la economía? La respuesta, sostenida de Francisco a León XIV, no deja margen para la ambigüedad.

«El trabajo es con derechos o es esclavo»

El papa Francisco dejó una fórmula que condensa todo el debate: «El trabajo es con derechos o es esclavo». No hay término medio. Cuando se debilita la indemnización, cuando se limita la negociación colectiva, cuando se disfraza la precariedad laboral de modernización, el juicio es claro: eso no es libertad, es la forma contemporánea de la esclavitud.

La defensa papal del sindicato no es decorativa. En 2017, ante la CISL italiana, Francisco lo definió como «expresión del perfil profético de la sociedad», porque «da voz a los que no la tienen» y «desenmascara a los poderosos que pisotean los derechos de los trabajadores más vulnerables». En 2021, ante la Organización Internacional del Trabajo, denunció la «asimetría entre trabajadores y empresarios» como una «flagrante injusticia». Y en materia de propiedad estableció una jerarquía que incomoda a cualquier defensa irrestricta del mercado: la propiedad privada es un «derecho secundario», subordinado al «destino universal de los bienes». Si la propiedad es secundaria, ninguna reforma laboral puede invocar el Evangelio para sacrificar derechos en nombre de la inversión o la competitividad.

La mercantilización como «estructura de pecado»

El papa León XIV retomó esta línea con la misma claridad. En su encuentro con el mundo del trabajo en Buenos Aires, en noviembre de 2026, definió al sindicato como «institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz y cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza de trabajo». La palabra «mercantilización» nombra con precisión el efecto central de las reformas laborales retrógradas: reducir al trabajador a un costo ajustable.

León XIV fue más lejos al calificar moralmente el modelo: «Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión». No es una metáfora: es una categoría teológica que juzga un sistema, no solo intenciones individuales. Y describió el resultado concreto: «Allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación… A los trabajadores solo se les valora por su eficiencia». Sentenció, además: «Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social».

El contexto importa: pronunció estas palabras en Buenos Aires, ante el presidente Milei, mientras se consolidaba en Argentina una reforma laboral que el propio oficialismo describió como «antisindical». No fue un gesto abstracto: fue una intervención moral directa sobre un modelo que él mismo calificó como generador de exclusión.

La contradicción, punto por punto

El caso argentino permite documentar el contraste sin eufemismos. La reforma aprobada reduce indemnizaciones, permite jornadas de hasta 12 horas, limita el derecho de huelga, desprotege a los delegados sindicales y habilita que las empresas negocien directamente con empleados por encima de los convenios colectivos. El CELS advirtió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la norma «reduce la negociación colectiva a una expresión residual».

El contraste con el magisterio es directo. La reforma limita la huelga y debilita a los delegados; Francisco dice que el sindicato «da voz a los que no la tienen» y León XIV lo llama «institución indispensable» para resistir la mercantilización. La reforma precariza y reduce protecciones; Francisco responde: «El trabajo es con derechos o es esclavo». La reforma se justifica en nombre del beneficio y la competitividad; Francisco recuerda que la propiedad es secundaria y León XIV advierte que el beneficio absolutizado se vuelve «estructura de pecado». Y el resultado social —más de 32.000 empresas y 465.000 empleos perdidos, con desempleo del 7,9%, según datos de CEPA— coincide con lo que León XIV describe: privar de trabajo es sumergir en la exclusión social.

La opción por los pobres como criterio de juicio

Francisco fue explícito en que esta posición no es partidaria, pero precisamente por eso juzga a todos los partidos. Afirmó que «la opción preferencial por los pobres está en el centro del Evangelio» y que «no es una opción política; ni tampoco una opción ideológica, una opción de partidos». Y advirtió: «si hay estructuras sociales enfermas que les impiden soñar por el futuro, tenemos que trabajar juntos para sanarlas, para cambiarlas». Quien legisla contra los derechos de los trabajadores no puede reclamar coherencia con ese criterio. La opción por los pobres no es una etiqueta que se invoca: es una medida que se aplica.

Una advertencia necesaria: el riesgo de la cooptación

El artículo quedaría incompleto si no señalara un riesgo que el propio magisterio advirtió: la cooptación del sindicato por el poder político. Francisco alertó en 2017 que el sindicato «corre el peligro de perder esta naturaleza profética y de volverse demasiado parecido a los poderes que debería criticar», y señaló dos tentaciones: el «individualismo colectivista» —proteger solo a los representados e ignorar a los excluidos— y «el cáncer social de la corrupción». Un sindicato que dialoga con gobiernos autoritarios o firma acuerdos funcionales a políticas antisindicales deja de resistir la mercantilización: la administra. La independencia frente al poder político es condición de su misión profética.

Conclusión

El sindicalismo cristiano encuentra en este magisterio tres legitimidades convergentes. Teológica: el sindicato continúa la misión profética. Moral: resistir la mercantilización es defender la dignidad humana. Política: la confrontación con la derecha antiobrera no es una disputa partidaria, sino fidelidad a un juicio evangélico. Cuando la derecha ataca a los sindicatos en nombre de Cristo, ataca exactamente la institución que los papas han confirmado como indispensable. Esa contradicción no debe disimularse: debe señalarse. Ese es el sentido de este artículo y la tarea de ISFODE.

13 noviembre de 2026

La elección del director general de la OIT: entre la estabilidad institucional y la urgencia de los trabajadores del mundo

ISFODE

La elección del próximo director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), prevista para el 16 de noviembre de 2026, no es un trámite burocrático más. Es una decisión que definirá si la agencia tripartita de Naciones Unidas encargada de los derechos laborales será capaz de responder, con normas vinculantes y capacidad de supervisión, a una realidad global que castiga a cientos de millones de trabajadores con la informalidad, la pobreza laboral y la pérdida de libertades sindicales. El actual director general, Gilbert Houngbo, busca un segundo mandato. Su respaldo mayoritario en la Confederación Sindical Internacional (CSI), confirmado el 29 de octubre de 2026, consolidó su posición frente a la candidatura de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social de España. Pero ese respaldo, lejos de cerrar el debate, lo profundiza: ¿estabilidad para gestionar la crisis, o cambio para recuperar la centralidad regulatoria de la OIT?

La importancia de una elección bajo presión

El contexto en el que se celebra esta elección es el de una OIT financieramente asediada. Estados Unidos adeuda alrededor de 173 millones de dólares en contribuciones obligatorias de 2024 y 2025, lo que ha llevado a la organización a proponer recortes del 12,5% del presupuesto y la eliminación de 120 puestos de un total de 3.400. Houngbo ha defendido explícitamente la continuidad como garantía de estabilidad frente a un multilateralismo desafiado, y ha propuesto la creación de un fondo rotatorio para evitar que crisis como la actual se repitan.

La CSI justificó su apoyo en avances concretos de su primer mandato: nuevas normas internacionales del trabajo sobre trabajo en plataformas digitales y riesgos biológicos, el reconocimiento de un entorno de trabajo seguro y saludable como principio y derecho fundamental, y la remisión de la disputa sobre el derecho de huelga a la Corte Internacional de Justicia. Para la CSI-África, el respaldo se basó además en un argumento de legitimidad histórica: Houngbo fue el primer africano en dirigir la OIT, y su liderazgo durante una de las peores crisis financieras de la organización merece un segundo mandato para consolidar reformas.

Sin embargo, la decisión de la CSI no fue unánime. La Confederación Europea de Sindicatos (CES) expresó su «enfado» con la cúpula mundial, señalando que el apoyo a Houngbo no fue adoptado por el Consejo General sino mediante una votación «indicativa» y no formal, y que la candidatura de Díaz contaba con simpatías en organizaciones americanas, asiáticas y africanas. La división sindical es real y refleja una tensión de fondo sobre el modelo de actuación de la OIT.

La crítica que no puede ignorarse

Las posiciones críticas, recogidas en el debate interno sindical, cuestionan que bajo el mandato de Houngbo la OIT haya tendido a priorizar una agenda de «gestión de crisis de estabilidad» en lugar de afianzar su vertiente regulatoria e impulsora de normas globales sobre condiciones de trabajo decente. Se señala también una pérdida de centralidad del diálogo social tripartito tradicional frente a soluciones burocráticas o presupuestarias de carácter pragmático.

Estas críticas no son abstractas. La propia OIT reconoce que solo el 37% de las evaluaciones de impacto en empleo incluyeron alguna consulta con los interlocutores sociales, y apenas el 7% los involucró activamente. El 34% de los Estados miembros registró un deterioro de la libertad sindical y la negociación colectiva entre 2021 y 2024. Si la gobernanza laboral global se debilita precisamente cuando más se necesitaría para corregir las asimetrías del sistema económico internacional, la pregunta sobre el liderazgo de la OIT adquiere una urgencia que trasciende la coyuntura administrativa.

La realidad socioeconómica que la elección no puede ocultar

La reflexión sobre la elección del director general debe anclarse en la situación concreta de los trabajadores, sin perder la perspectiva de la dependencia global. Los datos de la OIT para 2026 son elocuentes: el desempleo mundial se mantiene en 4,9%, pero cerca de 300 millones de trabajadores viven con menos de 3 dólares al día y se prevé que 2.100 millones estén en la informalidad. El problema no es principalmente la falta de empleo, sino la calidad del empleo que el sistema global produce y distribuye.

Esa dependencia opera a través de tres canales que fracturan la situación de los trabajadores según su ubicación en la economía mundial. Primero, la brecha de productividad y la desaceleración de la transformación estructural: la productividad laboral en los países de bajos ingresos crece débilmente, profundizando las desigualdades geográficas. Segundo, la incertidumbre comercial: las reglas del comercio global y los cuellos de botella en las cadenas de suministro erosionan los salarios, aunque el comercio sostiene 465 millones de empleos. Tercero, la presión demográfica asimétrica: mientras las economías ricas envejecen, los países de bajos ingresos deben absorber un crecimiento poblacional rápido con empleos productivos insuficientes.

El resultado es una divergencia radical. En América Latina, el Índice de Mejores Empleos del BID muestra una mejora histórica de la calidad del empleo (40,6 sobre 100), pero siete de cada diez trabajadores no cotizan a la seguridad social y la informalidad ronda el 69%. En la Unión Europea, uno de cada doce trabajadores (8,2%) sufría pobreza laboral en 2024. En los países de bajos ingresos, la tasa de jóvenes que no estudian ni trabajan alcanza el 27,9%, frente al 12,4% global de desempleo juvenil. El mismo sistema global que genera crecimiento agregado produce resultados radicalmente distintos para un trabajador formal europeo, un informal latinoamericano y un joven africano o asiático sin empleo productivo.

Conclusión: la estabilidad no basta

La elección del 16 de noviembre no es solo una disputa entre dos candidaturas. Es una decisión sobre si la OIT seguirá gestionando la crisis con criterios de supervivencia institucional o si recuperará la capacidad regulatoria que la dependencia global exige. Houngbo ha demostrado que puede mantener la organización a flote en aguas hostiles, y ese mérito no es menor. Pero la estabilidad administrativa, por necesaria que sea, no corrige por sí sola las condiciones de cientos de millones de trabajadores cuya situación depende de decisiones que se toman muy lejos de sus lugares de trabajo.

La CSI y la Organización Internacional de Empleadores (OIE) valoraron esa estabilidad; los críticos europeos señalaron que la centralidad del tripartismo se erosiona frente a lógicas burocráticas. Los datos sobre la mesa sugieren que ambos tenían razón en algo: la OIT efectivamente sobrevive en un entorno hostil, pero esa supervivencia no está corrigiendo las asimetrías que la dependencia global reproduce. El próximo director general, sea quien sea, heredará una organización financieramente frágil y un mandato constitucional que exige mucho más que gestión de crisis. La pregunta que el movimiento sindical debe seguir planteando es si la OIT será capaz de estar a la altura de esa exigencia.

El significado del 7 de noviembre de 1889

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli
Instituto Sindical de Formación Democrática

Al acercarse los años finales del siglo XIX, los costarricenses habíamos desarrollado una mentalidad que nos ha distinguido a través de nuestra Historia Patria: somos un pueblo pacífico, pero no cobarde, individualista pero no egoísta, respetuoso del derecho, pero no sojuzgado a la voluntad del Estado; se forjaron hombres libres que, en definitiva, comprendieron que la democracia es algo más que un acto electoral que se repite cada cierto tiempo y con una determinada periodicidad. Lo anterior lo escribí en 1989, a raíz de la conmemoración del centenario de aquella fecha gloriosa.

Sin embargo, aquel 7 de noviembre de 1889 algo faltaba para depurar los procesos electorales, pues hasta ese momento, el país había vivido una etapa de políticos personalistas que habían impuesto su impronta en la vida política nacional y de la mano de la naciente oligarquía cafetalera, que los impuso, bien fuera por medio de procesos electorales o golpes de Estado, como el ejecutado el 27 de abril de 1870 por don Tomás Guardia quien, al negarse a entregar el poder a don Mariano Montealegre, uno de los más relevantes personajes de aquella oligarquía, instauró un periodo de dictadura que, singularmente, empieza con la aprobación de la Constitución de 1871, la más liberal y longeva de nuestra historia a tal punto, que nuestra actual Constitución de 1949 se fundamenta en ella. Guardia no solo nos heredó la Constitución, o el inicio de la construcción del ferrocarril al Atlántico, sino que abrió el periodo que podríamos llamar «liberal» que se incrementa a su muerte durante el gobierno de Próspero Fernández (1882-88 su yerno) y el de Bernardo Soto (1886-1890 el yerno de este), con lo cual se culminan veinte años de dominio de la familia Guardia.

Así llegamos a las elecciones de 1889 para las que, como bien lo señala don Rodrigo Facio en su libro Estudio sobre economía costarricense, la oligarquía cafetalera había comprendido que los golpes de Estado y una política personalista, no eran el mejor medio para llegar al poder o estar cerca de él y que era necesario buscar otro camino y reforzar los sistemas electorales y para ello, era necesario la organización de partidos políticos como los instrumentos que en una democracia, median entre el poder y la gente. Por ello, en aquellas elecciones del año 89 aparecen los dos primeros partidos políticos en la escena electoral: el Partido Constitucional Democrático que postula al Lic. José Joaquín Rodríguez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, conservador y opositor a las reformas liberales que se habían aprobado en 1886 y 1888. Por otra parte, surge del Liberal Progresista, con el apoyo oficial pues era el designado a la Presidencia de la República y liberal, que desde el principio gozó, como era de esperar, del apoyo del presidente Bernardo Soto quien llegó al extremo, pocos meses antes de las elecciones de traspasarle el poder, ante la obvia reacción del partido opositor.

Las elecciones, bajo el sistema de voto indirecto, se realizan en un ambiente de tensión, como era de esperar. El triunfo fue del Partido Constitucional Democrático en las votaciones efectuadas el 3 de noviembre, lo que provocó que el 5 de noviembre policías se lanzaran a la calle en una manifestación a favor de Esquivel, lo que produjo la consecuente consternación en la oposición. Ahí surge la figura de don Rafael Yglesias, yerno de don José Joaquín Rodríguez, que organiza a los vecinos de diferentes poblaciones, sitia la ciudad de San José y se lanza a las calles a defender el derecho al voto y a la voluntad popular. Ante la presión popular aquel 7 de noviembre, don Bernardo Soto renuncia a la presidencia y nombra al Dr. Carlos Durán, quien era el tercer designado, para ocupar el cargo y hacer la transición al nuevo gobierno de José Joaquín Rodríguez.

En aquella ocasión, por primera vez, el pueblo defendió uno de los más sagrados derechos en una democracia: la elección libre de sus gobernantes y el respeto a la pureza del sufragio. Pero el proceso de purificación electoral y consolidación democrática apenas comenzaba fundamentándose en los valores cívicos y espíritu de libertad que desde la independencia en 1821 se venían forjando lentamente, en el seno de nuestra cultura, patrimonio y mentalidad costarricense, unas veces cayendo y levantándose de nuevo, pero siempre con la mirada puesta en conquistar y defender el derecho a ser hombres y mujeres libres.

Esa herencia bendita está en sumo peligro, y no podemos terminar estas líneas sin advertirlo. Si en 1856 Juan Rafael Mora Porras calificó a los filibusteros como tiranos y falange impía, hoy son aspirantes a neofascistas, igualmente impíos irrespetuosos de nuestros valores y democracia, queriendo ser tiranos y negarnos lo que tanto nos ha costado: el derecho a ser libres. Por eso no podemos ni debemos los costarricenses seguir con la irresponsable actitud de la indiferencia, de volver la mirada hacia otro lado mientras nos roban la Patria. ¡No!, es la hora de indignarse y como lo hicieron los héroes del 56 y los ciudadanos del 7 de noviembre, tomar calles y ciudades, porque la democracia es nuestra, no de unos pocos advenedizos y forajidos creadores de odio contra las instituciones que fueron creadas por nuestros antepasados, para que pudiéramos tener un Estado Social de Derecho, que nos garantice prosperidad y paz; esa herencia, no la podemos dilapidar por una minoría que se ha dejado engañar y no supo elegir.

San José, 4 de noviembre de 2026

¡Solidaridad combativa con el pueblo colombiano! ¡Viva la CUT! ¡Viva la lucha obrera y estudiantil!

Pronunciamiento del Instituto Sindical de Formación Democrática (ISFODE)

El Instituto Sindical de Formación Democrática (ISFODE), organización sindical costarricense comprometida con la solidaridad internacional, el internacionalismo proletario y la defensa irrestricta de los derechos de la clase trabajadora, se pronuncia con firmeza y combate en respaldo de las marchas obreras y estudiantiles convocadas para este miércoles 14 de octubre en Colombia, y extiende su más combativo apoyo a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y a todas las organizaciones sindicales, sociales, campesinas, estudiantiles y comunitarias que hoy levantan su voz contra las políticas de ajuste, precarización y represión del gobierno de Abelardo de la Espriella.

CONSIDERANDO:

Que la CUT, junto a organizaciones sindicales, sociales, campesinas, estudiantiles y comunitarias, ha convocado una Jornada Nacional de Movilización para este 14 de octubre en las principales capitales del país, en defensa de los derechos laborales, humanos, las libertades democráticas, la justicia social y la soberanía nacional.

Que el movimiento obrero colombiano enfrenta una arremetida sin precedentes: el gobierno pretende implementar el pago por horas y aumentar la jornada laboral sin reconocimiento salarial adicional; derogar decretos que protegen la negociación colectiva y la intermediación laboral; y aplazar la reforma pensional para convertirla en una contrarreforma que atenta contra los derechos de los trabajadores.

Que el movimiento estudiantil colombiano se ha declarado en asamblea permanente y ha protagonizado movilizaciones masivas en rechazo al nuevo protocolo que permite militarizar los centros educativos, violando la autonomía universitaria y criminalizando la protesta social. La comunidad educativa denuncia esta medida como una violación directa a la autonomía universitaria y un intento de criminalizar el derecho a la protesta.

Que el gobierno colombiano impulsa un “estatuto antiterrorista” que, según la CUT, representa una amenaza para el Estado social de derecho, podría aumentar la estigmatización de los ciudadanos, restringir las garantías para ejercer la defensa legal y penalizar la protesta social.

Que la educación pública enfrenta un recorte presupuestal que pone en riesgo la gratuidad para los estudiantes de universidades públicas, y se suspenden los concursos de mérito para el ingreso y ascenso en la carrera docente.

POR TANTO, PRONUNCIAMOS:

Primero: Nuestro apoyo irrestricto e inclaudicable a la CUT y a todas las organizaciones que marchan este 14 de octubre. Reconocemos en la CUT a la central obrera que dignifica la lucha de la clase trabajadora colombiana. ¡Viva la CUT! ¡Viva la unidad de los pueblos!

Segundo: Respaldo combativo a las justas demandas del movimiento obrero y estudiantil colombiano. Exigimos el respeto a los derechos laborales conquistados, el rechazo al pago por horas y a la flexibilización que precariza el empleo. Defendemos la educación pública, gratuita y de calidad, y rechazamos la militarización de las universidades y la criminalización de la protesta social.

Tercero: Repudio enérgico a la represión y a las políticas neoliberales del gobierno de Abelardo de la Espriella. Las medidas de ajuste fiscal, el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y los recortes presupuestales no son más que una agresión contra los sectores populares. La solidaridad de clase no conoce fronteras.

Cuarto: Llamado a la unidad internacional de los trabajadores. Hacemos un llamado fraterno y combativo a todas las organizaciones sindicales y populares de Nuestra América a expresar su solidaridad con el pueblo colombiano, a denunciar la represión y a unir fuerzas en la lucha contra el neoliberalismo y el imperialismo.

Quinto: Condena a cualquier intento de estigmatizar la protesta social. La CUT ha sido clara: “No aceptamos estigmatizaciones”. Las marchas serán pacíficas y legítimas. Rechazamos los intentos de calificar a los dirigentes sindicales y sociales como “instigadores”.

¡La solidaridad de clase no se detiene ante fronteras!
¡Viva la CUT! ¡Viva la lucha obrera y estudiantil colombiana!
¡Por la defensa de los derechos laborales, la educación pública y la soberanía de los pueblos!
¡Ni un paso atrás en la lucha por la justicia social!

JUNTA DIRECTIVA
INSTITUTO SINDICAL DE FORMACIÓN DEMOCRÁTICA (ISFODE)
San José, Costa Rica — 13 de octubre de 2026

Francia: estudiantes y sindicatos tomarán la Bastilla

Instituto Sindical de Formación Democrática

Hoy resuena La Marsellesa en las calles de París, no como ritual oficial, sino como grito revolucionario que de nuevo reclama la República. La melodía, que es himno oficial, hoy se convierte en canto de insurrección. Y junto a ella, la bandera francesa ondea en las marchas: no como adorno protocolario, sino como río de telas rojas, blancas y azules que se mezclan con pancartas estudiantiles y estandartes sindicales. La República, arrebatada por las políticas antisociales de austeridad y la represión, vuelve a ser reclamada por su propio pueblo.

Desde mediados de septiembre de 2026, Francia vive una nueva insurrección de la dignidad. Lo que empezó como bloqueos en los liceos de Créteil y Bretaña —por aulas saturadas, techos que se caen y profesores ausentes— se ha convertido en un movimiento nacional que sacude universidades, sindicatos y plazas públicas. Entre el 15 y el 17 de septiembre, los estudiantes encendieron la chispa: exigieron más docentes, menos hacinamiento y edificios dignos. Los sindicatos de educación respondieron con huelgas el 21 de septiembre, y pronto se sumaron los del sector público. La protesta dejó de ser solo educativa: se convirtió en una denuncia contra la austeridad y el abandono social. Como una represa que intenta contener el cauce de un río desbordado, el poder levantó muros de silencio y represión; pero cada obstáculo anuncia la inundación.

Entre el 28 y el 30 de septiembre, la tensión escaló. Hubo enfrentamientos, incendios y más de 600 detenidos. El 1 de octubre, las universidades —Sorbonne, Lyon, Rennes— se unieron al paro, y la policía respondió con más de 1.900 arrestos en un solo día. Para el 10 de octubre, el balance era brutal: más de 5.000 detenidos, cientos de heridos, y un gobierno que promete “medidas rápidas” mientras la represión se intensifica. El Estado, que debería tender la mano como un puente de justicia, prefirió el garrote: disparó perdigones contra estudiantes, arrastró jóvenes por el suelo y golpeó profesores en las marchas. Pero cada golpe, cada arresto, cada perdigón, lejos de apagar la protesta, la convierte en río desbordado que anuncia nuevas inundaciones de dignidad.

El martes 13 de octubre, la Bastilla vuelve a ser símbolo. Estudiantes y sindicatos marchan hacia esa plaza histórica, no como gesto nostálgico, sino como reedición de la memoria revolucionaria. La Bastilla de hoy no son muros de piedra, sino las estructuras de un sistema que pretende domesticar la dignidad. Y como en 1789, la multitud se levanta para recordar que la libertad no se concede: se conquista en la calle, al ritmo de un himno que ya no pertenece al Estado, sino al pueblo que lo canta bajo una bandera que ha dejado de ser oficial para convertirse en estandarte de insurrección.

Día Mundial del Trabajo Decente 7 de octubre

Joaquín Meléndez
Presidente, Instituto Sindical de Formación Democrática (ISFODE)

En el marco del Día Mundial del Trabajo Decente, que se conmemora cada 7 de octubre, ISFODE reafirma su compromiso con la promoción y defensa de estos derechos fundamentales.

Según la definición de la Organización Internacional del Trabajo, entendemos por trabajo decente aquel que es productivo para mujeres y hombres, que se desarrolla en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana.

Además, implica oportunidades de empleo que generen ingresos justos, seguridad en el lugar de trabajo, protección social para las personas trabajadoras y sus familias, la recreación y la libertad de organizarse y participar en las decisiones que afectan sus vidas.

Es crucial que tengamos siempre presente este concepto de Trabajo Decente como brújula y meta a alcanzar pues resume nuestras aspiraciones y establece el estándar mínimo que debe regir toda relación laboral.

Sin embargo, la realidad frecuentemente contradice estos principios.

Ante ello, ISFODE reitera que seguiremos luchando por el respeto y la aplicabilidad plena del Trabajo Decente, ahora más que nunca.

Fallo histórico de la CIJ reafirma el derecho de huelga – Sindicatos costarricenses denuncian ley restrictiva y rezago frente al estándar internacional

Instituto Sindical de Formación Política

Comunicado

Carlos Luis Fallas (Calufa) en su discurso sobre la huelga bananera de 1934 decía: “Antes de 1934, la vida en las bananeras de la United era un horrible infierno… y ya esto es mucho decir, porque son infames las condiciones de vida que hoy soportan allí los trabajadores.”

“Fallo histórico de la Corte Internacional reafirma el derecho de huelga; sindicatos denuncian que Costa Rica mantiene una ley restrictiva y fuera del estándar global”. CSA.

Campanas al viento o días de lucha por la libertad de huelga, esa es la tarea pendiente de los sindicatos. En una noticia: La Haya, 21 de mayo de 2026. En una decisión calificada como “histórica” por la Confederación Sindical de las Américas (CSA), la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva que protege el derecho de huelga como un pilar fundamental de la libertad sindical. El máximo tribunal de Naciones Unidas determinó que la paralización laboral está amparada por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), zanjando décadas de disputas políticas y jurídicas y fortaleciendo la legitimidad del sistema multilateral de protección de derechos.

Mientras el mundo avanza en ese reconocimiento, las organizaciones sindicales costarricenses denuncian que el país se ha quedado rezagado con una legislación restrictiva que consideran contraria a los estándares internacionales. Para la CSA, el fallo adquiere una importancia particular “en un contexto internacional marcado por el avance de proyectos autoritarios, ataques a la libertad sindical y criminalización de la protesta social”. Sin embargo, en Costa Rica la normativa vigente —específicamente la Ley para Brindar Seguridad Jurídica en Huelgas (N° 9808), aprobada en 2020— impone condiciones que, a juicio de los movimientos sociales, desnaturalizan el derecho.

“El derecho a la huelga es un pilar fundamental en la defensa de la dignidad, la libertad y la democracia”, señaló la diputada Sofía Guillén (Frente Amplio) al presentar un proyecto para derogar la norma actual. La Ley 9808 impide el pago de salarios a los huelguistas desde el inicio de la protesta (salvo que un juez declare la huelga legal a posteriori), limita las huelgas contra políticas públicas a un máximo de 48 horas y declara “manifiestamente ilegal” cualquier paralización en servicios considerados esenciales, sin una definición clara que cumpla con los criterios de la OIT.

A pesar de los intentos por revertir la situación en los tribunales, la Sala Constitucional (Sala IV) declaró sin lugar una acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en agosto de 2025, avalando la mayoría de los artículos impugnados de la ley. La diputada Guillén calificó la normativa vigente como una ley que “nació con un afán revanchista” tras las protestas contra la reforma fiscal y argumentó que “la huelga es un mecanismo legítimo de protesta y negociación que permite a los trabajadores exigir condiciones laborales justas”. Ahora, es la Sala Constitucional la que esté en entredicho al no respetar la libertad de huelga.

La OIT ya había recibido una reclamación formal contra Costa Rica por el incumplimiento de los Convenios 87, 98 y 135. Con esta nueva opinión consultiva de la CIJ —que reafirma “décadas de jurisprudencia”—, la comunidad internacional cuenta con una herramienta jurídica más sólida para presionar al país a armonizar sus leyes con los estándares globales. El comunicado que celebra el fallo concluye con una frase que resuena con fuerza entre los sindicatos costarricenses: “La democracia no puede existir sin libertad sindical. Y no hay libertad sindical plena sin el derecho de huelga”.

¿Por qué hoy más que nunca debemos defender los derechos humanos?

Instituto Sindical de Formación Política

Hoy los derechos humanos están bajo ataque directo. No es un discurso exagerado: es la realidad que viven millones de personas en el mundo.

Gobiernos que se presentan como democráticos persiguen la libertad de prensa, silencian voces críticas y manipulan la información. Se castiga al periodista, se intimida al que denuncia y se premia al que calla.

El derecho internacional es ignorado cuando no conviene. Las grandes potencias actúan con impunidad, mientras los países más pequeños guardan silencio o se subordinan.

Las mujeres siguen siendo víctimas de discriminación, violencia y exclusión. Mucho discurso, pocos cambios reales.

Mientras tanto, los derechos de la clase trabajadora son debilitados: salarios injustos, precarización del empleo, persecución sindical y abandono de las condiciones laborales dignas. Se gobierna para el capital, no para el pueblo.

En nuestra región, la situación es aún más preocupante. Gobiernos como los de El Salvador y Costa Rica han claudicado frente a políticas antiinmigrantes impulsadas por los Estados Unidos. Se criminaliza a quienes migran por necesidad, se les trata como enemigos, y se abandona toda noción de solidaridad.

Se violan garantías individuales, se debilita la soberanía y se instala una peligrosa lógica: mano dura contra los débiles y sumisión frente a los poderosos.

Por eso, hoy más que nunca, defender los derechos humanos es una tarea urgente. No es un tema lejano: es la defensa de la dignidad, del trabajo, de la justicia y de la democracia real.

Cuando un derecho se pierde, lo pierde todo el pueblo.

Y cuando el pueblo pierde, ganan los mismos de siempre.

Ante la desinformación, la arbitrariedad y la manipulación política

Instituto Sindical de Formación Política

Pronunciamiento público

El Instituto Sindical de Formación Política, en cumplimiento de su compromiso histórico con la defensa de la democracia, los derechos humanos, las libertades públicas y la verdad como bien social, manifiesta su profunda preocupación y enérgico rechazo ante la creciente estrategia de desinformación, manipulación y arbitrariedad promovida desde instancias del gobierno y sectores abiertamente alineados con él.

Resulta alarmante que, sin pruebas claras ni procesos institucionales transparentes, se difundan reiteradamente acusaciones sobre supuestos complots de derrocamiento y planes de asesinato contra el presidente de la República, generando un clima de miedo, confusión y polarización social. Estas narrativas, lejos de fortalecer la institucionalidad democrática, debilitan la confianza ciudadana, erosionan el Estado de Derecho y abren la puerta a prácticas autoritarias.

Advertimos que este tipo de discursos no son inocentes. Históricamente, en América Latina y en otras regiones del mundo, la invocación permanente de “enemigos internos”, “conspiraciones” o “amenazas al orden” ha sido utilizada para justificar la persecución política, el silenciamiento de voces críticas y la criminalización de la protesta social.

En este contexto, denunciamos de manera particular los intentos de desprestigiar, intimidar y silenciar a Stella Chinchilla, reconocida luchadora social, cuya trayectoria pública se ha caracterizado por el compromiso con las causas sociales, la justicia y la participación democrática. Rechazamos cualquier maniobra que pretenda convertir la crítica social y el disenso legítimo en delitos o amenazas al orden constitucional.

El Instituto Sindical de Formación Política recuerda que:

  • La crítica al gobierno es un derecho democrático, no un acto de conspiración.

  • La protesta social y la organización popular son pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática.

  • La libertad de expresión no puede ser condicionada por el miedo ni por campañas de difamación.

Exigimos al gobierno:

  1. Responsabilidad política y ética en el manejo de la información pública.

  2. Que cualquier denuncia grave se tramite por las vías institucionales correspondientes, con pruebas y respeto al debido proceso.

  3. El cese inmediato de discursos y prácticas que fomentan la estigmatización de dirigentes sociales, sindicales y ciudadanos críticos.

Finalmente, hacemos un llamado a las organizaciones sociales, sindicales, académicas y a la ciudadanía en general a mantenerse vigilantes, informadas y unidas en la defensa de la democracia, la verdad y los derechos fundamentales. El miedo y la mentira no pueden convertirse en herramientas de gobierno.

La democracia se fortalece con más participación, más transparencia y más justicia social, no con la manipulación ni el silenciamiento.

Jornada 4/3 ¿Una nueva forma de organizar el tiempo de trabajo?

Instituto Sindical de Formación Democrática

ISFODE

Introducción

¿En qué consisten las jornadas 4/3?

La jornada laboral 4/3 es un esquema en el que las personas trabajadoras laboran cuatro días consecutivos y descansan tres días seguidos. Generalmente se mantienen las 40 a 48 horas semanales concentradas en menos días, lo que implica jornadas más largas por día (10 a 12 horas).

¿Cuál es el fundamento legal?

En muchos países, la jornada ordinaria está limitada por leyes laborales que regulan tanto las horas diarias como semanales. En Costa Rica, el Código de Trabajo establece límites claros:

• 8 horas diarias y 48 semanales (jornada diurna).

• 6 horas diarias y 36 semanales (jornada nocturna).

Modificar estos esquemas requiere reforma legal o autorización excepcional.

¿Tiene razón económica para aplicarse?

Las empresas alegan que este modelo:

• Reduce costos de operación (menos días abiertos).

• Mejora la productividad concentrando esfuerzos.

• Disminuye ausentismo y mejora el balance vida-trabajo.

Sin embargo, hay dudas sobre:

• Impacto en salud por jornadas largas.

• Aumento del riesgo laboral.

• Erosión de derechos si no hay control efectivo.

¿Cuáles son las experiencias en otros países?

• Islandia probó jornadas reducidas con éxito, sin bajar salarios.

• Chile, México y Colombia discuten o aplican esquemas 4/3 en sectores específicos.

• En muchos países desarrollados, hay ensayos de semana laboral de 4 días, pero con menos horas totales, no con concentración de horas.

Jornadas 4/3 en Costa Rica

¿Legalmente se puede aplicar actualmente la jornada 4/3?

Actualmente no es legal bajo el marco del Código de Trabajo. Para aplicarse, requiere una reforma que modifique los límites máximos de jornada diaria y establezca nuevas reglas de compensación.

¿En la práctica se lleva a cabo?

Sí. En algunos sectores como:

• Call centers

• Zonas francas

• Vigilancia y seguridad

Se aplican de forma informal o mediante acuerdos internos, a veces sin cumplir los requisitos legales o sin supervisión del MTSS.

Un proyecto en discusión

Hay una propuesta legislativa que busca regular la jornada 4/3:

• Establecer hasta 12 horas diarias de jornada.

• Garantizar el pago de horas extra si se supera la jornada ordinaria semanal.

• Ajustes para sectores como salud, comercio y tecnología.

Lo legal, económico y político del proyecto

• Legal: flexibiliza el régimen laboral, requiere modificar el Código.

• Económico: apoya la competitividad empresarial, pero puede generar precariedad.

• Político: es impulsado por sectores empresariales; cuestionado por sindicatos, la academia y organismos de derechos laborales.

¿Qué piensan los trabajadores?

• Algunos valoran los tres días de descanso, especialmente si tienen doble jornada (trabajo-cuidado).

• Otros temen sobrecarga física y mental, pérdida de ingresos por horas extra y menor protección sindical.

• Hay demanda por participación en la discusión, no solo como receptores de decisiones.

La OIT y la regulación internacional

• La OIT no promueve jornadas prolongadas: aboga por la reducción del tiempo de trabajo sin pérdida de salario.

• Recomienda que cualquier cambio sea tripartito, voluntario y evaluado regularmente.

• el derecho al descanso y a la desconexión es parte del trabajo decente.

Conclusiones

• La jornada 4/3 modifica profundamente la organización del trabajo y requiere debate informado.

• Puede tener ventajas si se garantiza voluntariedad, supervisión estatal y derechos laborales plenos.

• Su implementación en Costa Rica no es legal hoy sin reforma.

• La experiencia comparada demuestra que el éxito depende del contexto y del control de riesgos.

• Es clave escuchar a las personas trabajadoras y sindicatos, así como considerar las normas internacionales.

• No se trata solo de tiempo, sino de calidad de vida, salud, equidad y justicia.

San José, 19 mayo 2025