La Internacional de Servicios Públicos (ISP) se ha sumado a cientos de sindicatos y aliados de la sociedad civil de todo el mundo, pidiendo a la Organización Mundial del Comercio que suspenda las negociaciones comerciales durante la pandemia Covid-19 y que, en su lugar, dé prioridad a las políticas que refuercen los sistemas de salud pública.
La ISP solicita a las afiliadas que escriban a sus gobiernos antes del 29 de abril pidiéndoles que suspendan las negociaciones.
En una influyente Carta Abierta presentada en la reunión virtual de la OMC el 17 de abril, los firmantes, incluida la ISP, señalaron cómo: «La primera y única prioridad para los negociadores comerciales en este momento debería ser eliminar todos los obstáculos, incluidas las normas de propiedad intelectual, de los acuerdos existentes que impiden el acceso oportuno y accesible a los suministros médicos, como medicamentos, dispositivos, diagnósticos y vacunas que salvan vidas, y la capacidad de los gobiernos para tomar las medidas necesarias para hacer frente a esta crisis».
En la reunión, la OMC postergó la decisión de continuar las negociaciones para consultar con los estados miembros durante esta semana.
La ISP pide a los sindicatos afiliados que se pongan en contacto con sus ministerios, para apoyar la suspensión de las negociaciones de la OMC y promover una política comercial en favor de la salud pública.
Rosa Pavanelli, secretaria general Internacional de Servicios Públicos
La ISP constata que el momento que vivimos requiere que todo el movimiento sindical se centre en dos frentes: un conjunto de acciones de emergencia inmediatas y específicas y una respuesta económica (compuesta por 8 puntos cada una)
a ISP se enfrenta a la crisis más grave que sus miembros han confrontado. Lxs trabajadorxs de la salud representan alrededor del 12% de la población infectada en todo el mundo, y el número de muertes es intolerable.
La falta de preparación de los sistemas de salud, incluida la escasez de personal, las agotadoras jornadas de trabajo y la falta de equipo de protección personal (PPE) están exponiendo a lxs trabajadorxs de la salud a peligros mortales que también socavan la capacidad de los sistemas de salud para responder a la emergencia.
La escasez crónica de ventiladores, camas en la UCI, camas de reanimación, equipos de pruebas, laboratorios y biólogos está impidiendo las posibilidades de salvar vidas y empeorará las ya peligrosas condiciones de trabajo del personal sanitario.
Además, los años de privatización de los establecimientos de salud han ejercido una presión aún mayor sobre los sistemas de salud pública, hasta que (algunos) gobiernos decidieron obligar a los proveedores privados a unirse a los hospitales públicos en su respuesta a la emergencia.
Rosa Pavanelli, secretaria general Internacional de Servicios Públicos
En este momento, el movimiento sindical debe centrarse en la respuesta inmediata a la emergencia:
1. Utilizar todos los medios para proporcionar EPP a todxs lxs trabajadorxs expuestxs a un alto riesgo de contagio (atención sanitaria, cuidado de ancianos, atención domiciliaria, transporte, ambulancia, policía, bomberxs, prisiones y centros de detención, incluidos los campamentos de refugiadxs y de migrantes, dependientes y cajerxs, trabajadorxs de la producción esencial, etc.). Para lograr esto, los sindicatos deben pedir a los gobiernos que soliciten a las fábricas locales para que conviertan su actividad a la producción de estos bienes. La requisa también debe aplicarse a la producción de ventiladores, equipos de prueba y todos los equipos y dispositivos necesarios para que el sector de la salud pueda trabajar de manera eficiente.
2. Aumentar el número de camas en la UCI. Esto significa que debemos pedir a los gobiernos que requisen los hospitales y clínicas privadas para responder a las necesidades de la población.
3. Contratar, capacitar y equipar a enfermerxs y médicxs para aliviar la carga de trabajo del personal hospitalario actual y reducir el riesgo de contagio.
4. Suspender las patentes de los medicamentos que resulten necesarios para el tratamiento de COVID 19. Crear un consorcio/agencia a nivel mundial, bajo la OMS, para coordinar la investigación de una vacuna y evitar la explotación comercial.
5. Imponer el cierre de todas las actividades de fabricación y comerciales no esenciales.
6. Pedir a los gobiernos que apoyen a lxs trabajadorxs y los ingresos familiares, incluidos lxs trabajadorxs informales de todo tipo, y que garanticen licencias remuneradas. Del mismo modo, prestar apoyo para el cuidado de los niñxs a todxs lxs trabajadorxs que deban seguir trabajando. En la ISP creemos que debe haber una respuesta colectiva de los estados a una emergencia mundial con la inyección de recursos para apoyar los ingresos familiares y de las pequeñas empresas, y que el sector privado debe contribuir de acuerdo con las directrices del gobierno.
7. Comprometerse con los organismos gubernamentales de desarrollo y las IFI para garantizar la inyección de recursos adecuados, sin condicionalidades, para apoyar la emergencia en los países en desarrollo, incluido el suministro a todxs de agua limpia y jabón para el lavado de manos.
8. Instar a la comunidad internacional a que proporcione una solución urgente, inclusiva y basada en los derechos a lxs migrantes detenidxs, lxs que están atrapadxs en las fronteras y lxs refugiadxs, lxs solicitantes de asilo, lxs migrantes y las personas desplazadas que viven en campamentos. Además de la situación humanitaria y de derechos humanos, que nos preocupa como sindicatos, existe el alto riesgo de que la concentración de miles de personas en zonas restringidas sin acceso a servicios de atención de la salud y a agua potable y saneamiento se convierta en una catástrofe de salud pública de una magnitud inimaginable.
Es necesario tomar medidas para hacer frente a los problemas derivados de las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. La situación se ha visto agravada por la falta de preparación y por los cambios en el sistema económico mundial en los últimos 30 años. La profunda conmoción económica resultante puede crear muchas dificultades para lxs trabajadorxs y marcar el comienzo de otro ciclo de austeridad. Debemos prepararnos ahora para dar forma a la respuesta económica.
Este será el momento de decir que hay una emergencia mundial que necesita ser financiada, y que deben adoptarse medidas rápidas y radicales si queremos evitar la paralizante austeridad, la dislocación social y el extremismo político de derechas que siguió a la crisis financiera mundial. Lxs trabajadorxs ya están haciendo sacrificios y las pequeñas empresas también están sufriendo: es hora de que quienes se han beneficiado del sistema paguen ahora y contribuyan inmediatamente para reparar el daño que han hecho. Entre las cuestiones que deben abordarse podrían figurar las siguientes:
1. El alivio y la reestructuración de la deuda para las economías más vulnerables, de manera que no se vean obligadas a enfrentarse a crisis monetarias y de reembolso al mismo tiempo que tratan de hacer frente a la crisis sanitaria y económica.
2. Cambios en el sistema mundial de rescate de la deuda para garantizar que pueda producirse una reestructuración ordenada de la deuda, cuando sea necesario, que comparta la carga entre los acreedores y los deudores y no socave el crecimiento económico ni exacerbe las crisis sociales.
3. Eliminar los topes legislativos de deuda y gastos, como ocurre en Europa y el Brasil.
4. Exigir que los préstamos concedidos a los países (del Banco Mundial, el FMI, los bancos regionales de desarrollo o los acreedores privados) no contengan condicionalidades como la liberalización del mercado laboral, la privatización o las desgravaciones fiscales para los más ricos.
5. Implementar impuestos sobre la riqueza para asegurar que aquellos que han almacenado riqueza en el período previo a la crisis ahora contribuyan.
6. Aumentar los tipos de los impuestos de sociedades al 50% para los que obtengan beneficios excesivos, es decir, por encima del 5%. En un momento en el que las empresas están fracasando, los servicios públicos no tienen fondos suficientes y lxs trabajadorxs están haciendo sacrificios, las empresas que están obteniendo beneficios excesivos tienen la obligación moral y económica de contribuir a la recuperación. A diferencia de otros impuestos o gravámenes, un impuesto sobre el exceso de beneficios no puede hacer más vulnerables a las empresas en dificultades, ya que sólo se aplica sobre los beneficios ya generados, y a niveles excesivos. Las empresas en dificultades no pagarían más impuestos, pero se beneficiarían del estímulo fiscal proporcionado al garantizar que los beneficios excesivos se reorienten inmediatamente al estímulo fiscal.
7. Introducir inmediatamente un impuesto sobre los servicios digitales para que las empresas de tecnología que han obtenido beneficios masivos, que antes evitaban los impuestos y que almacenaban dinero en efectivo en paraísos fiscales (y que ahora obtienen aún más beneficios debido al confinamiento, es decir, Netflix, Amazon, etc.) paguen su parte justa de inmediato. Muchos países querían introducir esos impuestos, pero se les convenció de que esperaran a los resultados del proceso BEPS de la OCDE. El proceso BEPS no es ahora capaz de proporcionar una propuesta creíble, y ciertamente no en el plazo requerido para una reparación fiscal urgente. Se debería instar a todos los países a que los introduzcan inmediatamente como instrumento de recaudación de ingresos.
8. No se deberían tomar medidas de rescate financiero a ninguna empresa que no proporcione un CBCR público (informe país por país), ni a ninguna que opere a través de paraísos fiscales. La respuesta a la crisis financiera mundial y los recientes regalos fiscales en los EE.UU. muestran que sin estas medidas muchas empresas redirigirán estos beneficios a los accionistas, directores y gerentes y no los utilizarán para proteger el empleo y las condiciones de los empleados.
A largo plazo es necesario repensar profundamente el sistema económico mundial, incluyendo el sistema de producción y el papel de las cadenas de suministro mundiales, que fracasaron en esta crisis. También deberíamos reconsiderar el papel del gobierno en las políticas industriales, incluida la necesidad de producir internamente bienes que son esenciales para garantizar el interés y el bienestar públicos. Es fundamental reconsiderar el papel de los servicios públicos e invertir en los sistemas de salud pública, la educación pública, el agua potable, el saneamiento y la protección social. Esto significará defender el argumento de que el actual sistema de gobernanza financiera y el poder desmesurado de las empresas multinacionales deben terminar.
Por eso creemos que debemos cambiar el discurso ahora mismo.
No queremos que lxs trabajadorxs de la salud que salvan vidas sean llamadxs héroes. ¡No son héroes! Son profesionales que reclaman y merecen respeto, dignidad, el derecho a ser protegidxs y el reconocimiento de salarios y condiciones de trabajo decentes.
Queremos dejar claro de una vez por todas quiénes son los que se benefician y cómo deben cambiarse las reglas del juego si queremos evitar desastres en el futuro y si queremos trabajar realmente por un mundo mejor y más justo para todxs.
No entender esto bajo estas circunstancias no es sólo un error, es irresponsable. Ya perdimos la oportunidad en 2008. No podemos perderla esta vez.
Como dijo el Papa Francisco, «pensamos que podíamos estar seguros en un mundo enfermo». La crisis mundial generada por COVID-19 demuestra que no estamos ni podemos estar seguros en un planeta enfermo.
Debemos reflejar las numerosas políticas que los gobiernos se ven obligados a adoptar ahora para ayudarnos a hacer frente a la crisis climática. Un enfoque estrecho en el empleo y la transición impulsada por las empresas seguramente condenará a la humanidad a una crisis sistémica y al fracaso del sistema.
Nadie puede afirmar ahora que los cambios rápidos en las políticas son imposibles o que las crisis futuras pueden ser mejor tratadas por los mercados. Pero la gente puede ignorar las advertencias y volver a los negocios como de costumbre. Nuestro trabajo es asegurarnos de que esto no suceda. Es asegurarnos de que el sufrimiento actual no sea en vano y utilizar las advertencias que ahora tenemos para convencer a la gente de que debemos construir una nueva economía radical y desarrollar políticas que pongan a las personas y al planeta por encima del lucro.
SURCOS recibió la siguiente carta dirigida al Presidente de la República:
Señor
Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República de Costa Rica
COVID-19: Comité de Mujeres de las afiliadas a la
Internacional de Servicios Públicos en Costa Rica llama al gobierno a decretar Cuarentena
Nacional
Ante la altísima propagación en nuestro país del COVID-19
(117 contagiados) a pesar de las medidas tomadas por el Gobierno para contener la
pandemia, El Comité de Mujeres de los sindicatos afiliados a la Internacional
de Servicios Públicos (ISP) en Costa Rica –ANEP, ANEJUD, ANPE, SINDHAC, SITUN –
llaman a las autoridades costarricenses a resguardar la salud y la vida de las
y los trabajadores de nuestras organizaciones y del país en general, decretando
a la brevedad, Cuarentena Nacional Obligatoria, como lo han hecho ya otros
países latinoamericanos con cantidades menores de contagiados, dada la
facilidad con que el virus se propaga en la población, lo cual ha sido evidente
en nuestro país.
No existe duda alguna, en cuanto a que deben extremarse las
medidas higiénicas recomendadas, pero particularmente el aislamiento
obligatorio al que deben someterse los costarricenses para lograr contener la
expansión del COVID-19 ya que de no ser así, la propagación sería inevitable
con los lamentables resultados en cuanto al deterioro y quebranto en la salud
de la población que incluso puede desencadenar en el fallecimiento de los afectados,
registrando a la fecha dos lamentables pérdidas humanas.
Como lo ha señalado reiteradamente nuestro Ministro de
Salud, ya no hay un rango estrecho de personas vulnerables, ya está incluida
casi la totalidad de la población al registrarse ya contagiados que se ubican
entre los 2 y los 87 años, quedando exento un pequeño grupo de habitantes, que
en cualquier momento podrían formar parte de las estadísticas. Nuestro Ministro
de Salud y los expertos en el tema han sido enfáticos en advertir la posible
propagación de la enfermedad así como la responsabilidad compartida entre el
gobierno y la ciudadanía en cuanto a limitar el crecimiento expansivo de la
pandemia en nuestro país, ya que de no extremarse las medidas “ordenadas”
pronto tendremos saturada la capacidad diagnóstica de los hospitales públicos,
y el evidente fracaso de la estrategia del gobierno para contener el contagio
rápido de nuestra población.
Por otro lado, la falta de insumos y elementos de prevención
para el personal de salud -a nivel centralizado y de atención primaria- aumenta
el riesgo de contagio de aquellas trabajadoras y trabajadores, que están por
estos días en la primera línea de nuestro sistema público de salud, y que ante
esta crisis sanitaria, ha dejado en evidencia no sólo la falta de gestión del gobierno
que ha tomado decisiones priorizando la economía y la libre competencia, por
sobre la vida de las personas como la cuarentena total – para aplanar la curva
y evitar el colapso del sistema-, sino que han dado la razón, en cuanto a la
insuficiencia de recursos que a diario experimenta este sector. La experiencia
internacional nos ha demostrado que, cuando no se proporciona equipo de
protección personal (EPP) completo y adecuado a todas las trabajadoras y
trabajadores que puedan entrar en contacto con personas infectadas; cuando no
se les proporciona una licencia por enfermedad adecuada; cuando no se les paga
adecuadamente si se ponen voluntariamente en cuarentena, y cuando los gobiernos
y los empleadores se niegan a aplicar el principio de precaución, no
proporcionan información transparente y detallada sobre el estado del virus y
los riesgos; y no involucran a los sindicatos en las políticas de seguridad y
salud públicas, los riesgos aumentan considerablemente.
Las y los trabajadores públicos y privados de nuestro país
no pueden seguir esperando, se requiere que el gobierno responsablemente adopte
las medidas para el cuidado de la ciudadanía y de las y los trabajadores de todos
los sectores. Hoy, la única función crítica es la que se relaciona con salvar
vidas y contener el contagio, y para ello, una medida efectiva es el aislamiento
total. Otras medidas, significan seguir priorizando la actividad económica, por
sobre la seguridad, el resguardo y la vida de las y los costarricenses.
Es momento de ponderar lo realmente importante y enfatizar
que esto no es una medida exagerada sino todo lo contrario, creemos que el
Gobierno no puede dejar a la voluntad de los ciudadanos la posibilidad o no de
quedarse en sus hogares. Sino cumplir con su mandato y velar por el bienestar
de todas y todos los costarricenses.
Como trabajadores y trabajadoras del sector público y de las
mujeres de nuestras organizaciones, y como afiliadas a la ISP, nos ponemos a
disposición de nuestro país para tomar todas y cada una de las medidas
necesarias que contribuyan en la contención y control de esta pandemia. Tenemos
un compromiso irrestricto con el bienestar de la población, y llevaremos a cabo
todas las tareas posibles para hacer frente a esta emergencia.
Yadira Fonseca Jiménez, Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUD), Rebeca Céspedes Alvarado, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), María Esther Hernández Solís, Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE), Denise Ballesteros Ortega, Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Hacienda (SINDHAC), Belhkys Ugalde Arroyo, Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional (SITUN)
Enviado a SURCOS por la Internacional de Servicios Públicos, sede San José.
Compartimos la carta enviada a la ministra de Trabajo y Seguridad Social por la Internacional de Servicios Públicos referente a persecución a dirigente sindical:
“La Internacional de Servicios Públicos (ISP) es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y trabajadoras que prestan servicios públicos esenciales en 163 países. La Internacional de Servicios Públicos defiende los derechos humanos, promueve la justicia social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La Internacional de Servicios Públicos trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones.
Con profunda preocupación y asombro, hemos sido informados por nuestra afiliada, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), de cómo ha sido intensificada una campaña antisindical contra esta organización y su Secretario General, Sr. Albino Vargas Barrantes, en la que se solicita a ese Ministerio, la disolución de esta prestigiosa organización sindical costarricense, planteada por el Sr. Gonzalo Delgado, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), ante las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica. Asimismo, nos preocupa que a esta inusual campaña antisindical, se haya sumado una investigación del Ministerio Público, interpuesta por la Abogada Glorias Navas, contra el Sr. Vargas Barrantes, ante un supuesto delito de instigación pública tipificado por el código penal costarricense.
Señora Ministra, como usted sabe, esta imprudente solicitud de disolución de la ANEP de ser acogida por el Estado costarricense contraviene el principio de libertad sindical en el marco del convenio 87 de la OIT, así como también se contrapone a la “Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas”, de la cual Costa Rica se precia de ser muy respetuosa. De igual manera, nos preocupa que el Ministerio Público, abra un supuesto delito de instigación pública contra el Secretario General de la ANEP, por haber ejercido en su condición de dirigente sindical, su derecho a la libertad sindical en representación de las y los trabajadores.
Estamos confiados que estos lamentables hechos antisindicales, que son una afrenta a la institucionalidad democrática costarricense, serán desestimados por el Gobierno Nacional; así como por el Ministerio Público. Habida cuenta, nos mantendremos muy atentos a lo que pudiera acontecer contra la ANEP y el Sr. Albino Vargas Barrantes, por lo que exhortamos al Estado costarricense, ser respetuoso en todos sus extremos de la libertad sindical y los derechos ciudadanos”.
