El día de mañana 12 de abril estaremos realizando desde el Comite de Interaméricas el Conservatorio denominado * “Contexto Sociopolítico y Sindical de las personas trabajadoras LGBTIQA+ en Interamericas*
Dicha actividad contará con la exposición de dos invitados especiales:
Lic. Marco Castillo Rojas: Organización Interseccional pro Derechos Humanos -Costa Rica
Master. Lorena Miranda Gutierrez: Chica Trans y funcionaria de la Alcaldía Mayor de Bogotá-Colombia.
Además contaremos con las intervenciones de un o una representante de los distintos comités subregionales LGBTIQA+ de la ISP para Interamericas. ( Andinos-Cono Sur-Caribe-Brasil-USA/Canadá y Centroamérica/México y República Dominicana)
El horario de la actividad es el siguiente 10hrs Centroamérica 11hrs Panama, Mexico, Colombia, Canada 12hrs Venezuela, República Dominicana, Bermudas 13 hrs Brasil, Argentina, Chile, Paraguay
Para ello podrán inscribirse en el siguiente enlace:
Este domingo, 8 de enero, un grupo de terroristas bolsonaristas invadieron y depredaron la sede de los poderes de la República brasileña en un intento de golpe de Estado. El presidente Lula decreta la intervención federal en la seguridad del Distrito Federal, unidad federativa responsable de la seguridad de la capital. Casi 300 son detenidos
Hace una semana, más de 200.000 personas ocuparon la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, la capital de Brasil, para asistir a la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, elegido democráticamente para su tercer mandato. Desde entonces, Brasil y el mundo han asistido a manifestaciones golpistas de alas más radicales del bolsonarismo, un movimiento inspirado y alentado por el expresidente Jair Bolsonaro. Estas amenazas alcanzaron su punto más grave este domingo, 8 de enero de 2023, exactamente una semana después de la gran fiesta democrática que juramentó a Lula, cuando golpistas invadieron y vandalizaron las sedes de los poderes de la República Federativa de Brasil, el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo (STF) y el Palacio de Planalto, este último sede del poder ejecutivo.
En el inicio de la tarde, los golpistas tomaron la plaza e irrumpieron en los edificios, vandalizaron el patrimonio público, símbolos de la democracia brasileña. Las imágenes muestran también que el grupo de terroristas llegó a la Explanada de los Ministerios escoltado por la policía militar y que la invasión de las sedes de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se produjo bajo una mínima resistencia policial. Las noticias apuntan a una posible omisión o incluso complicidad del gobernador y del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, exministro de Justicia de Bolsonaro, que fue exonerado pocas horas después de iniciada la intentona golpista.
Tras unas horas de invasiones y depredaciones retransmitidas en directo por los golpistas en los canales digitales y seguidas por la prensa mundial, las fuerzas de seguridad recuperaron inicialmente el control del Tribunal Supremo y del Palacio del Planalto y, poco después, de la Cámara Federal y de la sede del Senado. Hasta la siete de la noche de este domingo (08), al menos 300 terroristas habían sido detenidos.
El presidente Lula decretó la intervención federal en la seguridad pública del Distrito Federal como forma de restablecer el orden público. El secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia, Ricardo Cappelli, fue nombrado interventor hasta el 31 de enero. Lula ya está en Brasilia y se reunirá con el gabinete de crisis para evaluar las consecuencias de la invasión y tomar medidas adicionales al decreto de intervención. Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados han ordenado la creación de un grupo de coordinación de crisis que se encargará de reorganizar el trabajo del Congreso, que ha sido convocado para interrumpir el receso parlamentario y regresar a Brasilia ya el lunes 9 de enero.
Rosa Pavanelli, secretaria general de la ISP.
«No es una mera coincidencia que el simulacro brasileño de la invasión del Capitolio ocurriera prácticamente el mismo día que la invasión del Capitolio de Estados Unidos hace dos años».
La Internacional de Servicios Públicos (ISP), sindicato mundial que representa a 30 millones de trabajadores en todo el mundo, repudia enérgicamente el ataque golpista en Brasilia orquestado por grupos que no aceptan el legítimo resultado electoral.
«No es una mera coincidencia que el simulacro brasileño de la invasión del Capitolio ocurriera prácticamente el mismo día que la invasión del Capitolio de Estados Unidos hace dos años. No es mera coincidencia que Bolsonaro se encuentre actualmente en Florida e incluso haya considerado alojarse en Mar-a-Lago, propiedad de Donald Trump. Y que el ex ministro de Justicia de Bolsonaro -que desde principios de año también está a cargo de la seguridad en Brasilia- también esté allí. No es mera coincidencia que la policía de Brasilia incluso escoltara durante 6 kilómetros a quienes perpetrarían el atentado. El fascismo no conoce fronteras, especialmente cuando se ve acorralado. Corresponde al pueblo brasileño estar vigilante y defender la democracia. Y a Lula mostrar el liderazgo necesario para restablecer la confianza y la fiabilidad en las instituciones democráticas: haciendo que todos los responsables de los disturbios y los condescendientes de la policía paguen por sus crímenes», afirma Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP.
«Queda aún más claro el significado del Bolsonarismo: terroristas. Se hacen llamar patriotas, pero no son más que golpistas, vándalos, que no aceptan el Estado democrático de derecho. La ISP se une a todas las organizaciones democráticas del mundo en el repudio a este acto fascista y exige castigo a los responsables, en particular a los dirigentes políticos y financiadores de estas manifestaciones golpistas», dijo el secretario regional de la ISP para Interamérica, Jocelio Drummond.
«No aceptaremos que se falte al respeto al resultado legítimo de las elecciones en Brasil y se utilice como argumento para intentos golpistas criminales. Defendemos todas las formas de manifestación, siempre que sean pacíficas y legítimas, que no es el caso. Defenderemos el diálogo social y el respeto a las instituciones democráticas, pero nunca admitiremos la impunidad. Seguiremos luchando por las agendas sindicales y por servicios públicos de buena calidad, ante el gobierno electo y legítimo», dijo la subsecretaria regional de la ISP para Brasil, Denise Motta Dau.
La organización Internacional de Servicios Públicos(ISP), que agrupa a sindicatos del sector público que trabaja en defensa de los derechos laborales y de servicios públicos de calidad, realiza el primer Encuentro Regional Interamericano de Personas con Discapacidades.
Sea parte de este encuentro este 5 de diciembre a partir de las 5:00 p.m.
«Por un futuro inclusivo para personas con discapacidades en la esfera pública y en el mundo del trabajo».
“En este Primero de Mayo, la ISP pidió a los gobiernos que inviertan en su gente, que rechacen la austeridad y los nuevos recortes en los servicios públicos y que valoren a lxs trabajadores de los servicios públicos de urgencia (SPU), a lxs que en la mayoría de los casos se les niegan derechos fundamentales, ya sea por la legislación sobre servicios esenciales o por estar agrupadxs en lo que a veces se conoce como servicios uniformados, que incluyen a lxs bomberxs y a la policía.”
El artículo toca una variedad de temas interesantes sobre la realidad actual de muchos trabajadores alrededor del mundo, como por ejemplo, a los trabajadores de los servicios públicos de urgencia, a los cuales se les niegan los derechos fundamentales, como negociar sus condiciones de trabajo. Dentro de estos trabajadores se incluyen a policías y bomberos.
El artículo está disponible en el siguiente enlace:
Se le invita a unirse a la reunión: Webinario América Latina «¿Cuál es el futuro de la tributación internacional de las empresas? Un análisis sindical del acuerdo G20/OCDE».
A partir del anuncio del acuerdo para la creación un impuesto mínimo global sobre corporaciones anunciado por la OCDE/G20 a fines de 2021, la ISP quiere discutir y presentar desde una perspectiva sindical: lo qué es ese acuerdo inédito, qué significa en términos de justicia fiscal para las distintas realidades nacionales latinoamericanas, los próximos pasos de implementación y cómo el movimiento sindical puede incidir al largo de ese proceso.
Fecha/Hora: 4 de mayo. 11h00 Argentina / 9h00 México, Colombia / 8h00 Guatemala.
Para diversas organizaciones sindicales costarricense afiliadas a la Internacional Servicios Públicos (ISP), el proyecto de Ley Marco de Empleo Público representa un ataque a la Constitución Política costarricense y quebranta la propia democracia, ya que limitaría la autonomía de los poderes Legislativo y Judicial, universidades públicas, municipalidades y instituciones estatales. Por Eugenio Guerrero Cascante
Nuevamente Costa Rica se ve envuelta en un ambiente político-social bastante convulso, tónica que se ha repetido durante el actual gobierno del presidente Carlos Alvarado Quesada, primero con la entrada en vigencia del Impuesto al Valor Agregado (13%) en 2018, lo que provocó grandes movilizaciones que se extendieron por 89 días a lo largo y ancho del país, principalmente con la participación de trabajadores públicos, además de ciudadanos y organizaciones sociales.
Esta gran movilización laboral, que no se observaba en Costa Rica desde la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (TLC) en el año 2007, llevó al gobierno Alvarado Quesada y a la Asamblea Legislativa a modificar lo establecido en la Ley de la Reforma Procesal Laboral respecto al derecho de huelga de los trabajadores, implementando la “Ley para brindar seguridad jurídica a las huelgas y sus procedimientos”, denominada por los sectores sociales como ley “anti huelgas”; ya que se impusieron una serie de modificaciones y limitaciones al ejercicio efectivo del derecho fundamental a la huelga. Para los sectores sociales esto representó una clara estrategia gubernamental y de los sectores económicos más poderosos del país para allanar el camino para lo que venía.
La situación económica que enfrenta Costa Rica desde hace varios años por la falta de leyes y controles en contra de la evasión y elusión fiscal, así como los altos intereses de la deuda pública provocaron que el país cerrara en el año 2019 con un déficit fiscal de 6.96% del Producto Interno Bruto (PIB), el cual se incrementó a finales del 2020, cerrando en 8.1% de PIB. Cifra que representa la diferencia entre ingresos y gastos más alta de los últimos 40 años, según el Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
Esta situación allanó el camino para que en el país se desatará una “guerra” ideológica en contra de los funcionarios públicos, achacándoles toda la responsabilidad de la situación fiscal del país, aunque esta última aseveración fue desmentida por varios Ministros de Hacienda de turno, sindicatos e incluso algunos diputados costarricenses.
Sin embargo, esto no impidió que actualmente se discuta en la Asamblea Legislativa el proyecto Ley Marco de Empleo Público (Expediente Legislativo 21.336), bajo esa misma estampa ideológica. Incluso fue utilizado por el propio presidente de la República para condicionar un préstamo por 1.750 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), asegurando que, “de no aprobarse dicho proyecto de ley, el FMI no giraría el dinero”; situación que fue desmentida por el propio FMI.
Trabajdorxs afiliadxs al SITUN y organizaciones de BUSSCO protestan en las afueras de la Asamblea Legislativa contra el Proyecto Ley Marco de Empleo Público. Foto: SITUN.
ATAQUE A LA INSTITUCIONALIDAD Y A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Para diversas organizaciones sindicales costarricense afiliadas a la Internacional Servicios Públicos (ISP), como el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional (SITUN), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUD), el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda (SINDHAC) y la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE), el proyecto de Ley Marco de Empleo Público representa un ataque a la Constitución Política costarricense, la autonomía institucional y quebranta la propia democracia.
Esto por cuanto los tres poderes supremos del Estado costarricense (el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial), son vulnerados, de manera peligrosa, en el proyecto Ley Marco de Empleo Público; puesto que será el Ejecutivo el que tenga el poder sobre los otros dos (Legislativo y Judicial), en todo el ámbito de las políticas de gestión de los recursos humanos, integralmente conceptuada.
Para las organizaciones sindicales anteriormente mencionadas, la aprobación del Proyecto Ley Marco de Empleo Público traería consigo, implicaciones profundas que contaminarán los procesos administrativo-financieros de esos dos poderes que, de un modo u otro, pasarán a sufrir un control ejecutivo desde la Casa Presidencial de turno a través del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y Dirección General de Servicio Civil (DGSC). A esto se suma la autonomía institucional que perderían cinco universidades públicas, ochenta y dos municipalidades e instituciones como la emblemática Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Para Álvaro Madrigal Mora, Secretario General del SITUN, es claro que el proyecto Ley Marco de Empleo Público atenta flagrantemente la Constitución Política, donde está establecida la autonomía universitaria, la cual a través de los años ha fungido como una herramienta para ser un baluarte en la creación del Estado Social de Derecho Costarricense.
“El proyecto hace una intromisión en la potestad que se le ha dado a las universidades para su propia forma de organización y administración. Incluso toca hasta la libertad de cátedra. Sin embargo, independientemente de que este proyecto afecte de una forma diferente a las universidades públicas, debemos luchar por la defensa del Estado Social de Derecho de este país, que con este proyecto y otros que se han aprobado, más los que vienen haciendo fila, buscan la destrucción total de ese estado social de derecho” detalló Madrigal.
Por su parte Rebeca Céspedes Alvarado, representante sindical de la ANEP en la Municipalidad de Goicoechea, detalló que el proyecto Ley Marco de Empleo Público quita toda potestad de decisión a los alcaldes o alcaldesas, así como a los Concejos Municipales afectando el desarrollo de los cantones y comunidades.
“Exigimos a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa que excluyan a las municipalidades de dicha ley, ya que viene a afectar la autonomía municipal que nos otorga la Constitución Política, esto perturbaría gravemente el desempeño administrativo, económico y comunal. Prácticamente las municipalidades pasarían a manos del Poder Ejecutivo por medio del MIDEPLAN, incluso atentando contra la elección popular de los alcaldes y alcaldesas por medio del voto”, manifestó Céspedes.
Trabajadorxs del Poder Judicial colocan carteles en las puertas de ingreso de los edificios judiciales para mostrar su rotunda oposición al proyecto de ley y mostrar a la ciudadanía sus efectos. Foto: ANEJUD
Otro de los sindicatos en alzar la voz en contra de este proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa es ANEJUD, organización sindical del Poder Judicial, que califica el proyecto de ley como un ataque directo en contra del empleo público y la clase trabajadora.
“Creemos que es una ley con la finalidad de reconfigurar el Estado y centralizarlo, desde el Poder Judicial. No vemos como pueden [gobierno] tener el poder sobre los jueces, fiscales o defensores, eso sería peligroso para la democracia de este país, esto es completamente inconstitucional, como también lo es, por ejemplo, el tema del salario global, que no exista ahora ya el principio de la retroactividad de la ley”, indicó Mario Mena, presidente de ANEJUD
Otra de las instituciones que se vería vulnerada con la Ley Marco de Empleo Público es la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), por lo que los sindicatos de esta emblemática institución también alzan la voz en defensa de su institución, calificándola como una legislación desregulatoria y que atenta contra las garantías sociales.
“Esta ley es una de las maniobras más descaradas del gobierno que viene a romper y golpear las garantías sociales y la solidez en la autonomía de la institucionalidad costarricense, la cual ha brindado una estabilidad en temas como educación, salud, gestión municipal y acceso a servicios esenciales como agua y electricidad. Claramente esto tiene un trasfondo más grande, y es servir en bandeja de plata las prestatarias de los servicios públicos en Costa Rica hacia la tercerización o privatización, lo que significaría un duro golpe a la Caja Costarricense del Seguro Social y las Garantías Sociales”, aseveró Rodrigo López, Secretario General de ANPE.
Para las organizaciones sindicales costarricenses integrantes de la Internacional de Servicios Púbicos (ISP), es claro que las autoridades gubernamentales han decidido ignorar lo establecido en la Constitución Política, por lo que de aprobarse este proyecto será elevado de forma inmediata a la Sala Constitucional.
Además, no se descartaría iniciar acciones internacionales, ya que este violenta las obligaciones del país, establecidas por la propia Asamblea Legislativa de Costa Rica, con entidades de peso a nivel mundial, como lo es la Organización Internacional del Trabajo (OIT), parte esencial del sistema de las Naciones Unidas (ONU).
Imagen principal: Trabajadorxs municipales afiliadxs a la ANEP rumbo a la Asamblea Legislativa por la defensa de la autonomía municipal y en contra del proyecto Ley Marco de Empleo Público. Foto: ANEP.
La Internacional de Servicios Públicos (ISP) y el Comité de Mujeres de la Subregión Centro América y México, realizará el próximo 11 de noviembre a las 09:00 horas, el Encuentro Subregional virtual “Hacia una América Latina libre de Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo”, en el marco del proyecto FORSA que se está implementando en la región.
La actividad, tienen como propósito reflexionar sobre la política de la ISP en materia de violencia y problematizar la nueva normalidad; dar a conocer algunos conceptos sobre género y cuidado, y la lucha por erradicar la violencia de género en un contexto de crisis; debatir sobre las oportunidades y desafíos que representa para los sindicatos de los servicios públicos la ratificación del Convenio 190 de la OIT; y finalmente, compartir experiencias sindicales de las campañas contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo que haya experimentado la subregión andina.
Participarán: Verónica Montufar, responsable mundial de la ISP en materia de Género (Ecuador); María Fernanda Villegas, del Centro de Estudios del Trabajo (CETRA – Chile); Viviana García, especialista en género y Convenio 190 de la OIT (Argentina); y Nayareth Quevedo, Coordinadora del proyecto FORSA.
Puede seguir la actividad por el Facebook Live que se indica en el afiche.
Compartimos la carta enviada por Rosa Pavanelli, secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) a sus afiliadas en Costa Rica, expresando su preocupación con respecto a la negociación del gobierno de nuestro país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aplanar la crisis financiera y su deseo de que el gobierno de Carlos Alvarado replantee su estrategia para recuperar empleos destruidos por la actual pandemia basándose en los planteamientos que los sindicatos y otros actores sociales han propuesto para dar solución a los problemas de evasión y elusión fiscal.
OFICINA SUBREGIONAL PARA AMÉRICA CENTRAL Apartado postal: Heredia Santo Domingo 100-3100 COSTA RICA T/: +506 22448522 psi.central.america@world-psi.org
ALBINO VARGAS SECRETARIO GENERAL DE LA ANEP RODRIGO LÓPEZ PRESIDENTE DE ANPE ALVARO MARIGAL SECRETARIO GENERAL DEL SITUN DENNISE BALLESTEROS SECRETARIA GENERAL DEL SINDHAC MARIO MENA AYALES PRESIDENTE DE ANEJUD
23 de septiembre del 2020
Estimada y estimados compañeros,
Deseando que ustedes y sus familias estén protegidos y seguros ante la pandemia del COVID-19, reciban un afectuoso saludo.
Aprovecho la ocasión para hacerles saber nuestra preocupación y solidaridad ante los acontecimientos que en los últimos días han sido objeto de discusión y repudio por las organizaciones sindicales y sociales costarricenses; así como de una buena parte de la opinión pública nacional, a las negociaciones que el Gobierno de ese país está entablando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aplanar la crisis financiera que desde hace aproximadamente una década se ha venido acrecentando en forma exponencial hasta llegar en estos tiempos como consecuencia de la pandemia a un déficit fiscal que se proyecta peligrosamente hasta un 10% del PIB o más al cierre de este año.
Quiero ser enfática -una vez más- al mencionar que una solución estructural a las finanzas públicas no pasa por una mayor carga impositiva-regresiva a los salarios de la clase trabajadora y de quienes aún no se sobreponen a la grave situación económica que atraviesa el país.
Si bien es cierto que el presidente Carlos Alvarado y su equipo económico, requieren de un urgente aumento de los ingresos y de un mayor “control del gasto público”, esto no significa necesariamente echar mano de los recursos financieros asignados a los servicios públicos esenciales y de otras entidades públicas estratégicas para el país y mucho menos erosionar más en la actual coyuntura, la estabilidad y paz social costarricense.
Desde la ISP, daremos respaldo a todas aquellas propuestas e iniciativas que desde un diálogo social real y efectivo sea establecido con los sindicatos, en cuyo caso esperaríamos que el Gobierno de Costa Rica dé marcha atrás a las propuestas encaminadas con el FMI y replantee su estrategia de reforma estructural de manera integral a fin de bajar gradualmente el déficit fiscal en un plazo deseable y ponga en marcha una estrategia de recuperación de los empleos destruidos por la pandemia y genere otros a partir de un mayor aseguramiento de la economía nacional con miras a favorecer a los sectores más afectados de la micro, pequeña y mediana empresa (Micropyme´s), así como el sector productivo nacional, las cooperativas y las municipalidades alicaídas por la crisis sanitaria.
Desde la experiencia de la ISP y en mi propia perspectiva, no son tiempos para provocar una crispación social y política más, toda vez que se pueden encontrar soluciones prácticas al problema central de la crisis económica que atraviesa el país. Estoy segura, que los sindicatos y otros actores sociales, políticos y empresariales progresistas y académicos desde hace algún tiempo atrás, habrán aportado propuestas interesantes, que entre otros aspectos, darían solución a los problemas de evasión y elusión fiscal, en cuya aplicación estricta disminuiría en significativos puntos porcentuales el insostenible déficit fiscal que mantiene al país en esta insondable situación.
Cómo expresado antes, estamos en desacuerdo que como soluciones inmediatas al crecimiento del déficit fiscal, se recorte el presupuesto de las universidades públicas, así como también se implemente una reforma al empleo público que mina los derechos laborales y restringe el derecho a la negociación colectiva en el sector público.
Por último, una imposición del 0,3% las transacciones bancarias con trazabilidad general como medida de regla fiscal, es regresiva e injusta para las y los trabajadores. Siendo, por el contrario que una medida como esta, debería estar centrada en la recaudación de un impuesto a las especulaciones bursátiles, así como también a las transacciones monetarias y de otros valores de gran cuantía provenientes del gran capital nacional y transnacional.
En estos difíciles momentos, la ISP no comparte el criterio del Gobierno que un acuerdo con el FMI es un hito necesario en el proceso de consolidación fiscal y de estabilidad macroeconómica para garantizar el bienestar social y económico del país, cuando se está empujando a lo imposible para que un sector dominante de las élites económicas, continúe descansando su riqueza en el sacrificio injusto e inequitativo del resto de la población. En consecuencia, alcemos nuestras voces para que el pueblo costarricense continúe en la senda del bienestar con una mayor calidad de vida de sus habitantes y en buena gobernanza social en respeto a las garantías sociales y en observancia a un contrato social perdurable en el tiempo.
En solidaridad, Rosa Pavanelli Secretaria General de la ISP
El Covid-19 puso de relieve la importancia de contar con sólidos sistemas de salud pública en tiempos de crisis sanitaria. Sin embargo, las políticas de América Latina destinadas a este sector han evolucionado en sentido contrario.
Este vídeo, producido por la Internacional de Servicios Públicos (ISP) en asociación con Le Monde Diplomatique Brasil, y apoyado por la Fundación Friedrich Ebert (FES), presenta los discursos e intereses que han apoyado el agotamiento de la financiación de la salud en la región durante las últimas décadas y cómo las políticas neoliberales, especialmente las medidas de austeridad fiscal, perjudican la lucha contra la pandemia.
Este 12 de agosto a las 4 p.m. el Comité Nacional de Juventudes de la ISP en Costa Rica, en el marco del DIA INTERNACIONAL DE LAS JUVENTUDES le invita a participar del foro “El papel de las Juventudes en la lucha contra el COMBO DEL ICE y Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos-TLC, desafíos en la actualidad”.
Con la participación de Eugenia Romero Mata y Carlos Gómez Córdoba.
