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Etiqueta: Jeanine Añez

Bolivia: justicia por la vía ordinaria para las víctimas de la masacre de Senkata

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

*Galo Amusquivar

Familiares de asesinados, siendo gasificados por militares y policías, en plena ciudad de La Paz – Bolivia.

Después de argumentar en varias oportunidades que la Ex Presidenta de Facto de Bolivia, Jeanine Añez, debe ser procesada por un Juicio de Ordinario y no por un Juicio de Responsabilidades (o de Privilegio), imaginé que con la Resolución del caso de la Empresa Boliviana de Alimentos – EBA, el debate había concluido, pero nuevamente afloran supuestos intelectuales, políticos de derecha y hasta algunos afines al Proceso de Cambio, señalando que Añez merece ser privilegiada con un Proceso que solo es para Presidentes Constitucionales.

Fíjense que el discurso de la derecha y de algunos afines al Movimiento al Socialismo – MAS (primera fuerza partidaria en Bolivia), responden a una operación ideológica revestida de un formato pseudojurídico, con la utilización de los grandes medios de comunicación, intentando mostrar únicamente el efecto del Golpe suscitado el año 2019; estas personalidades critican únicamente los últimos acontecimientos, sin contar con el contexto histórico y político que llevó a la masacre y matanza en Sacaba, Senkata y El Pedregal; las opiniones que emiten a través de sus cuentas personales en redes sociales, alimentan el discurso de una derecha neoliberal y conservadora. Por lo que voy a argumentar, una vez más, por qué Jeanine Añez tiene y debe ser procesada en Juicios Ordinarios.

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Previamente recordemos algunos hechos históricos. En noviembre del 2019, se llevó a cabo un Golpe de Estado en Bolivia, a la cabeza de militares, policías, políticos de derecha, la iglesia católica e “intelectuales”, ocasionando una ruptura constitucional. Todo este plan se inició con diferentes demandas de forma específica en la ciudad de Santa Cruz, el desprestigio en redes sociales del Ex Presidente Evo Morales Ayma, mediante la creación de Fakes News, lo que derivó en la ciudad de Santa Cruz en un paro de 21 días, por un supuesto Fraude Electoral –nunca fue comprobado–, ocasionando un vacío de poder político, un motín policial y una solicitud cohercionada del Alto Mando Militar para que Evo Morales Ayma renuncie como Presidente Constitucional. Una vez ejecutado el plan, un grupo reducido tomó el Palacio y la Casa Grande del Pueblo (sede del Gobierno), atrincherándose por casi un año, con una falsa bandera de democracia, fraude electoral y pacificación, con la utilización de la fuerza policial y militar, asesinando a los ciudadanos movilizados y auto-convocados para defender al gobierno democrático en Sacaba, Senkata y El Pedregal.

El 11 de noviembre de 2019, Jeanine Añez, publicó un vídeo en sus redes sociales, en el que instruía a las Fuerzas Armadas coordinar con la Policía Boliviana Nacional y realizar acciones represivas en contra de los sectores sociales movilizados, que clamaban por nuevas elecciones y el retorno de Evo Morales Ayma; además, Añez llamó criminales y delincuentes a las Organizaciones Sociales; las mismas organizaciones que días más tarde se sentaron con Añez en la mesa de “pacificación”. El 19 de noviembre, policías y militares reprimieron a civiles en la ciudad de El Alto, donde se registraron 10 muertos por proyectiles de arma de fuego y 31 personas heridas; recordarán aquel Ministro de Gobierno de Jeanine Añez, que realizó una conferencia de prensa, declarando que las personas se habían dispararon entre ellos, los golpistas inventaron que querían explotar la Planta de Gas de Senkata, no sabían cómo justificar los delitos que habían cometido y que ahora la justicia los persigue uno por uno. No olvidemos que el 14 de noviembre, Jeanine Añez junto a su gabinete, promulgó el Decreto Supremo N° 4078 (llamado “Decreto de la Muerte”) otorgando impunidad a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Boliviana; precisamente en cumplimiento de este Decreto ocurrieron las masacres en Senkata, Sacaba y el Pedregal.

Ingresando al debate de qué juicio merecería Añez, el mismo se inició al momento de su detención en marzo de 2021; entonces se discutía si la deberían procesar en un Juicio de Responsabilidades (Privilegio) o un Juicio Ordinario, por el último se argumentó que la imputada no tuvo una asunción constitucional; existió una autoproclamación vulnerando la Constitución Política del Estado y el Reglamento de la Cámara de Senadores; no llegó a contar con ninguna credencial que es otorgada por el Tribunal Electoral Plurinacional; no cumplió con el formalismo requerido para la posesión de Presidentes o Presidentas Constitucionales; y por sobre todo, los delitos de lesa humanidad (entre los que se encuentra el genocidio), conforme Jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no deben contar con ningún tipo de privilegio o fuero. Con estos argumentos, Jeanine Añez, está siendo procesada por la Vía Ordinaria en un Juzgado Anticorrupción de La Paz, por la designación irregular de Karina Leiva Añez como Gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos – EBA, en mayo de 2020, cuando Añez se encontraba de Presidenta de Facto e Inconstitucional; la Jueza de la causa procesal, se declaró competente y rechazaron todos los incidentes planteados por la defensa de la imputada. Entre los principales argumentos de la competencia de la Jueza señaló que Áñez: “No acreditó de manera documentada” –que en 2019, tras la renuncia de Evo Morales– “hubiera adquirido la investidura presidencial siguiendo los rituales constitucionales previstos”. En ese marco, justificó que: “La asunción de facto deslegitima las prerrogativas para ser sometida a juicio de responsabilidades” y que los juicios de privilegio solo corresponden para los “funcionarios que asumen el cargo de forma constitucional”, en el marco de la Ley N° 044. El Tribunal de Alzada argumentó que: “ninguna persona puede autoproclamarse Presidenta o Presidente y menos atribuirse mandatos para los que no fue designada y/o elegida”, siendo que esto infringe los postulados de la Constitución Política del Estado.

El 24 de enero de 2023, el Juez de la causa de los asesinatos cometidos en Senkata de la ciudad del El Alto, durante el gobierno de Facto de Jeanine Añez, declaró tener competencia para conocer el proceso y llevarla a Juicio Ordinario por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves. Se ratificó así el primer Suceso Histórico del caso EBA, marcando nuevamente jurisprudencia nacional e internacional, enviando el mensaje que ninguna persona volverá a autoproclamarse como Presidenta de un Estado y asumir funciones que no le fueron delegadas y/o designadas; y que además quiera gozar de un privilegio (el Juicio de Responsabilidades) que únicamente es para los Presidentes elegidos por la vía democrática y constitucional. Ante esta situación, un Ex Presidente de Bolivia (Eduardo Rodríguez Veltzé), señaló que hay un desconocimiento y vulneración abierta a la Constitución, mencionando que las competencias se encuentran establecidas en la Constitución Política del Estado, dando entender que Jeanine Añez, debería ser juzgada por un Juicio de Responsabilidades. Definitivamente con total desconocimiento de la realidad y de los hechos, el Ex Presidente, no dice nada de los delitos de lesa humanidad y que estos no cuentan con fuero o privilegio para su juzgamiento; asimismo, se olvida que ya existió una Resolución anterior por el Caso de EBA; tampoco menciona qué articulados infringió el Juez que se declaró competente; igualmente señala que existiría un desprecio a las víctimas del 2019. Es que ese desprecio para el Ex Presidente, seguramente es el estancamiento de un proceso de mínimo 10 años, como sucedió con el Juicio de Responsabilidades en contra del dictador Luis García Meza que comenzó en 1984 y culminó en 1993 y que se efectuó con la antigua y vetusta Constitución, por los delitos cometidos en la época de dictadura. Por último, al ex presidente habría que recordarle que Jeanine Añez, no cumplió con los Artículos 166 y 169 de la Constitución Política del Estado, por lo que nunca fue proclamada y posesionada como Presidenta Constitucional.

Coincidiendo con el expresidente de derecha, una ex Diputada del MAS del año 2019, da a entender que Jeanine Añez debería contar con un Juicio de Responsabilidades. A ambos personajes les pregunto: ¿Qué documentos son acreditables para ser Presidente o Presidenta Constitucional? ¿Será que cuenta con estos documentos Jeanine Añez? ¿Será que Jeanine Añez, cumplió con el Reglamento de la Cámara de Senadores? ¿La banda presidencial la colocan en la Asamblea Legislativa o lo puede hacer un militar? ¿Cumplió con lo establecido en la norma suprema? ¿Debería irse a un Juicio de Responsabilidades, al igual que podría irse Carlos D. Mesa o algún otro ex Presidente Constitucional? ¿Por qué le dan la misma categoría de Presidenta de Facto y Presidenta Constitucional?, Lo que si estoy seguro, es que Jeanine Añez no cumplió con lo establecido en la norma suprema y normas conexas como ha definido la Sentencia Constitucional 0052/2021, para determinar que merezca un Juicio de Responsabilidades.

Con la detención y enjuiciamientos de Jeanine Añez y de Luis Fernando Camacho, tenemos que exigir llevar a la justicia a Carlos D. Mesa (Presidente del Partido Político, Comunidad Ciudadana), Samuel Doria Medina (ex aspirante a la Vicepresidencia de Jeanine Añez, por la agrupación Política, JUNTOS), Jorge Quiroga (ex Vicepresidente del dictador fallecido, Hugo Banzer Suarez), Oscar Ortiz (ex candidato a la Presidencia por la Coalición “Bolivia Dijo No”), Ricardo Paz (asesor de Carlos D. Mesa), Waldo Albarracín (ex Rector y candidato a la Alcaldía por la Ciudad de La Paz), Aurelio Pesoa (obispo), Giovani Arana (monseñor) y León de la Torre (ex Embajador de la Unión Europea) y a todos los que directa o indirectamente fueron cómplices y autores de las acciones violentas que suscitaron en quema de casas, 38 asesinatos, miles de heridos y detenidos arbitrariamente.

AHORA TOCA EL TURNO DE ENJUICIAR A LOS RESPONSABLES DE LAS MUERTES DE SACABA Y EL PEDREGAL.

*Galo Amusquivar es analista de la situación y la realidad boliviana.

García-Sayán, defensor de los derechos de Jeanine Añez

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Fotografía: García-Sayán y Jeanine Añez.

*Galo Amusquivar

Recordemos el 2020, la posición de Diego García-Sayán (Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la ONU), cuando emite el Comunicado N° BOL 1/2020, expresando: “preocupación por el patrón de persecución política y judicial, con fines de represalia, así como actos de hostigamiento en contra de antiguas autoridades, líderes políticos y sociales”, “Así como a la posible falta de respeto a las debidas garantías procesales y de defensa”, cuando mencionó persecución política e instrumentalización de la justicia, se refirió al accionar del ex Ministro de Gobierno de Jeanine Añez, Arturo Murillo, quien dijo que fueron a la “cacería” e iniciaron varios procesos penales contra ex autoridades y personalidades políticas del gobierno de Evo Morales; el Gobierno de Facto de Añez, respondió al Comunicado y trató a García-Sayán de ser activista político y defender ideológicamente el socialismo del siglo XXI. Los que participaron en ese gobierno de Facto, en la actualidad toman las declaraciones de García-Sayán para arremeter contra el Gobierno de Luis Arce, algo que no debe sorprendernos, por su falta de horizonte ideológico.

Del 15 al 22 de febrero de 2022, García-Sayán visita Bolivia, emite un informe y menciona: “finalmente, el drama de la impunidad y de la falta de resultados efectivos frente a graves violaciones de derechos humanos. (…) Mucho se ha escrito sobre las violaciones de derechos humanos del último trimestre de 2019, cuando al menos 37 personas fallecieron y centenares fueron heridas. Como constató el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales”. Lamentó que hayan pasado más de dos años sin que las víctimas de la masacre del Gobierno de Jeanine Añez logren justicia; respaldó el informe del GIEI y le preocupó la impunidad que se estuviera generando; se colocó en defensa de los derechos humanos de las víctimas del Golpe de Estado del 2019; sin embargo, en ninguna parte del informe, menciona que Jeanine Añez merece un Juicio de Responsabilidades, es más, le preocupó que la justicia avance tan lentamente y se encuentre con detención preventiva desde marzo de 2021.

A la posición del informe emitido públicamente, García-Sayán se contrapone a su propia postura y se coloca del lado de los derechos de Jeanine Añez, por encima de los derechos de las víctimas de Sacaba, Senkata y El Pedregal, cuando en su Twitter menciona que: “Un tribunal de La Paz condenó a la expresidenta Jeanine Añez a 10 años de prisión. Aún no se conoce el texto que sustenta la sentencia, pero tienen derecho a juicio de responsabilidades quienes hayan ejercido la presidencia, al margen de cómo surgió su mandato”, Esta declaración es cínica y sin vergüenza, cuando anteriormente se preocupaba por su detención preventiva, ahora que Jeanine Añez, tiene sentencia, menciona que tiene derecho a un juicio de responsabilidades; pero algo peor es, que no le interesa cómo surgió el mandato de Jeanine Añez, para los bolivianos es de vital importancia esta situación, porque a partir de la sentencia del proceso penal “Golpe de Estado II”, se mandó el siguiente mensaje: “ninguna persona puede autoproclamarse Presidenta o Presidente y menos atribuirse mandatos para los que no fue designada y/o elegida”.

Al mencionar García-Sayán que Jeanine Añez, merece y debe ir a un Juicio de Responsabilidades, no solo toma una postura a favor de la sentenciada, sino que manda un lineamiento político. Para lo que voy a cuestionar su contraposición jurídica y política. Si bien el Derecho Internacional Público, garantiza que las altas autoridades de un Estado, gocen de inmunidad Personae y Ratione Materiae (protección frente a los tribunales nacionales y/o extranjeros en relación con todos los actos, tanto de carácter oficial, como de naturaleza privada realizados durante el desempeño del cargo, o con anterioridad al mismo) esta inmunidad en muchos casos se traduce en impunidad, por lo que se establecieron ciertos limitantes; es así que en el caso de Almonacid Arellano y otros, sentencia del 26 de septiembre de 2006, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se menciona que: “Ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos. Un Estado no puede otorgar protección directa o indirecta a los procesados por crímenes que impliquen violaciones graves contra derechos humanos mediante la aplicación indebida de figuras legales que atenten contra las obligaciones internacionales pertinentes”. A los delitos de lesa humanidad (persecución política, detenciones indebidas, procesos penales fabricados, masacres, ejecuciones extra sumarias y genocidio), los Estados no pueden otorgar privilegios a partir de Juicios de Responsabilidades; no se puede otorgar una figura legal que contraponga la defensa de los derechos humanos y la investigación penal en favor de las víctimas, esta posición se encuentra ratificada en el documento “Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Impunidad” emanado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, cuando señala: “la inmunidad oficial ratione materiae, no puede abarcar conductas condenadas como delitos graves por el derecho internacional».

Los actos que atentaron contra los derechos humanos en el Gobierno de Facto de Jeanine Añez, deben ser juzgados por la vía Ordinaria, sin la otorgación de ningún privilegio, por dos razones: 1) Que la asunción a la Presidencia no fue constitucional, demostrado en la sentencia del Caso “Golpe de Estado II”; y 2) Que Jeanine Añez, cometió delitos de lesa humanidad, por lo que la ley no deben y no pueden otorgar protección directa o indirecta, la norma no puede aplicarse a figuras legales de privilegio que generé impunidad.

García-Sayán manda línea política y jurídica a la oposición boliviana, para desgastar al Gobierno de Luis Arce, por lo que es importante tomar en cuenta el escenario que se está fabricando, a fin de tomar acciones preventivas.

 

(*) Galo Amusquivar es analista de la situación y la realidad boliviana. (gat96@hotmail.com)

Bolivia: 15 años para Jeanine Añez y la apertura de otros procesos ordinarios

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Personas en la puerta del Juzgado en la ciudad de La Paz, pidiendo justicia.

*Galo Amusquivar

Un Gobierno de Facto carece de dos elementos esenciales para la democracia, la legalidad y la legitimidad, porque él o la cabecilla que se autoproclama Presidenta o Presidente, incumple con lo establecido en la Constitución Política del Estado (voto directo, delegado y/o sucesión constitucional); y al no contar con ningún respaldo social, utiliza la fuerza, la violencia, la persecución política, la justicia y el encarcelamiento indebido, para perpetuarse en el poder.

Las autoridades investidas constitucionalmente, tienen por misión, garantizar la eficacia de los derechos humanos de todas las personas, requisito que no fue cumplido con la asunción de Jeanine Añez; puesto que su conducta estuvo orientada a desconocer y quebrantar las determinaciones del ámbito jurisdiccional y administrativo, sus acciones no estuvieron enmarcadas en derecho, fueron decisiones de hecho y fueron pura expresión de la arbitrariedad, la discrecionalidad, la ilegalidad y el abuso de poder.

Con la sentencia condenatoria de 15 años, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes en el juicio del caso «Golpe II», en contra de Jeanine Añez, marcaremos un hito histórico desde Bolivia para el mundo, que a partir de la sentencia, si alguna persona desea autoproclamarse Presidenta o Presidente de un Estado democrático, tendrá que pensarlo dos veces.

Pero me pregunto: ¿Es la única responsable?, obviamente que no, se necesita llevar a Juicio Ordinario a Carlos D. Mesa (Presidente del Partido Político, Comunidad Ciudadana) Luis Fernando Camacho (actual gobernador para el Departamento de Santa Cruz y Presidente de la Agrupación Política, CREEMOS), Samuel Doria Medina (ex aspirante a la Vicepresidencia de Jeanine Añez, por la agrupación Política, JUNTOS), Jorge Quiroga (ex Vicepresidente del dictador fallecido, Hugo Banzer Suarez), Oscar Ortiz (ex candidato a la Presidencia por la Coalición “Bolivia Dijo No”), Ricardo Paz (asesor de Carlos D. Mesa), Waldo Albarracín (ex Rector y candidato a la Alcaldía por la Ciudad de La Paz), Aurelio Pesoa (obispo), Giovani Arana (monseñor) y León de la Torre (ex Embajador de la Unión Europea) y a todos los que directa o indirectamente, apoyaron y motivaron las renuncias coercitivas y las acciones violentas que suscitaron en quema de casas, 38 asesinatos, miles de heridos y detenidos arbitrariamente.

Así mismo, quedará demostrado que el Juicio Ordinario, avanzó con mayor celeridad, que las acusaciones de Juicios de Responsabilidades, motivados por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Se escribirá en las páginas de la historia que la promotora de enjuiciar a Jeanine Añez, por su asunción inconstitucional, fue Lidia Paty, y no así algunos que quieren llevarse el trofeo a último minuto, aprovechando los megáfonos, los parlantes y los micrófonos para salir a la palestra pública.

A partir de esta Sentencia, tenemos un largo camino por recorrer. Debemos consolidar y procesar, hasta su sentencia por la vía ordinaria a Jeanine Añez por los asesinatos de Sacaba, Senkata y el Pedregal; y aperturar nuevos procesos por todas las actuaciones ilegales e irregulares mediante Juicios Ordinarios, sin el otorgamiento de ningún tipo de privilegio.

Esta Sentencia devolverá, parte de lo robado durante mucho tiempo, “JUSTICIA DEL PUEBLO, PARA EL PUEBLO”.

*Galo Amusquivar es analista de la situación y la realidad boliviana.

Añez en Bolivia, ¿Debe ser Procesada y llevada a Prisión?

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Lic. José A. Amesty R.

El año pasado redactamos un artículo titulado: “Jeanine Añez: candidata a ser enjuiciada”, en el cual mostramos una serie de actuaciones y acusaciones contra Añez, las cuales deben ser denunciadas, para someterla a juicio y ser privada de libertad. Hoy esto último, se hace realidad, no somos profetas, pero se dio.

Refresquemos la memoria a quienes ahora, salen en apoyo a la “expresidenta” (OEA, evangélicos, figuras políticas de derecha, otros/as), sobre aquellas acusaciones contra ella. Yo soy de la idea que no hay que hacer leña del árbol caído, pero en este caso, no se pueden obviar hechos tan concretos.

  1. Se autoproclamó como presidenta, sin haber sido electa por el pueblo boliviano. Asume la Presidencia, en una sesión parlamentaria sin quorum, que apenas obtuvo un 4% de los votos en la última elección.
  2. La eligió un grupo liderado por la cúpula de la iglesia católica boliviana, partidos políticos minúsculos, la Embajada brasileña, representantes del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS- IPSP, designados para el caso, y la Fundación Jubileo (que confirmó esos hechos), pero fundamentalmente fue apuntalada por la cúpula del Ejército y la Policía y sin duda tuvieron la garantía de EEUU. No se debe olvidar que fue un militar quien le colocó la banda presidencial, hecho inaudito y antidemocrático.
  3. Su gestión presidencial, muestra números rojos, tales como el 6% del Producto Interno Bruto PIB, en la caída de su economía. Lo que equivale a la generación de más de un millón de nuevos pobres (1.059.672); y casi medio millón más si lo medimos por pobreza extrema.
  4. Y si consideramos los efectos de la pandemia, que ha sido mal gestionada por el gobierno de facto, esto ocasionó una pérdida de ingresos de entre 30-50%, entonces tendríamos más de dos millones de nuevos pobres en Bolivia (2.739.826). De estos, 2 millones vivirían en condiciones de extrema pobreza. Mientras tanto, Bolivia ya ha había superado las 8.000 personas fallecidas por el COVID-19 y las exportaciones han disminuido a 4.217 millones de dólares hasta agosto, cifra menor en 1.680 millones de dólares a la registrada en el mismo período de 2019. No se responsabilizó por la crisis humanitaria-sanitaria de Bolivia, ocasionada por la pandemia, generada por su mala gestión de gobierno, ocasionando la muerte, al menos, a 500 bolivianos, tirados en las calles, y el colapso del sistema de salud boliviano.
  5. La corrupción llegó a los niveles más altos, en empresas de hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones, ministerios como el de Salud y Obras, el incremento de la pobreza, y la ilegalidad e ilegitimidad en la política. En diez meses, Jeanine Áñez, juramentó a 36 ministros, y algunos juraron dos veces.
  6. Intentó inhabilitar, la personería jurídica del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS- IPSP, alegando fraude electoral en octubre 2019 y por haber participado en un golpe de Estado institucional. Ha declarado vilmente: “Si se prueba el delito electoral tiene que tener su sanción y una de ellas es que el partido de Evo Morales pierda su personería jurídica”. Ha agregado además, la inhabilitación del MAS-IPSP por: sedición, y por la difusión de una encuesta de intención de voto.
  7. Renunció como candidata a aquellas elecciones, para esquivar los cargos en su contra, por las masacres de Sacaba y Senkata. Se conocen como masacres de Senkata y Sacaba a los hechos sucedidos en dichas localidades bolivianas, durante las intervenciones militares ante las protestas sociales emergidas luego de la asunción de Jeanine Áñez a la presidencia de Bolivia en noviembre de 2019, en el marco de la crisis política y social de 2019.
  8. También por la represión de las fuerzas policiales y militares, durante su gestión, así como por hechos de corrupción en los que se ha visto envuelta. Según el medio Bolivia TV del Pueblo, en noticia verificada, la “senadora demócrata Warren de EE.UU denunció con documentos y pruebas que una lujosa mansión cotizada en $u$ 28.3 millones apareció en agosto a nombre de Carolina Ribera Añez, quien es hija de la presidente interina Jeanine Añez”, cuestionando que esa compra pudo ser con dinero desviado de Bolivia.
  9. Y para no hacer la lista más larga: Cometió nepotismo: trató de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos; para su propio beneficio y obtener favores.
  10. Perpetró persecución contra grupos sociales, contra la prensa extranjera, partidos políticos, medios de comunicación, entre otros, contrarios a su gestión.
  11. Se develó una lista con nombres de los militares bolivianos en servicio activo y pasivo adictos al Gobierno golpista de Jeanine Añez, que estarían detrás de la organización de situaciones de extrema violencia para impedir que se realizaran las elecciones en Bolivia. Estos escenarios de violencia se registrarán antes, durante y después de las elecciones. Incluso, violación de DDHH.

El Defensor de Derechos de la Madre Tierra y Derechos Humanos desde Abya Yala, Ollantay Itzamná, señala además que los delitos que se le imputan a Añez, y a sus cuatro ex ministros, son: terrorismo, sedición y conspiración. Pero, estos no son todos los delitos, ni están todos los y las que cometieron estos delitos de lesa humanidad.

La pena máxima en Bolivia es de 30 años sin derecho a indulto. Pero, esta máxima pena, por la magnitud de los delitos cometidos por la usurpadora, motivados por el odio a la identidad indígena (confeso) es insignificante.

Añade además, no es venganza, es justicia mínima. Quienes asumen que la justicia por las masacres de Senkata y Huayllani es venganza, externalizan sus profundas convicciones que las y los indígenas en Bolivia y Abya Yala no somos seres humanos. Muchos menos nos consideran sujetos del derecho a la justicia.

¿Qué nos queda? ¡Hacer justicia! Por justicia debemos sacar, expulsar a todos los y las golpistas de Bolivia, devolver a los pueblos los bienes y patrimonios mal habidos que éstos acumularon.

Finalmente, lanza una propuesta fuerte: las y los golpistas, incluyendo sus comunicadores, sus religiosos, sus ONG, quieren conocer lo que es venganza, pues, debemos mostrarles lo que por justicia aritmética les corresponde. No sólo cárcel. Les corresponde el destierro, si no quieren morir en la cárcel.

El sólo hecho de tratar de esconderse en una caja y/o debajo de su cama, evidencia que ella sabe de sus tracalerías y que puede ser encausada por sus delitos y casos de corrupción.

Hoy, la Organización de Estados Americanos OEA, sale en defensa de Añez, tratando de imponer una Comisión Internacional, que investigue su gestión de gobierno, de paso incluyen a Evo Morales, “sin tener velas en ese entierro”.

Ayer, mediante un entramando conformado por hordas fascistas, sectores de la policía y de los militares, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, los medios hegemónicos de comunicación, la Unión Europea (UE), las agencias de inteligencia de Estados Unidos (principalmente la Agencia Central de Inteligencia, CIA) y algunos gobiernos regionales (entre ellos, el argentino de Mauricio Macri y el brasilero de Jair Bolsonaro), en noviembre de 2019, concretaron el golpe de Estado a Evo Morales.

Como teólogo protestante, me da pena y pesar, las declaraciones de César Vidal, evangélico, abogado, periodista y escritor, nacido en España y nacionalizado norteamericano, de gran renombre entre los hispanos de EEUU y en América Latina: la detención de Jeanine Añez es un atentado a la libertad en Bolivia, “La actuación contra Añez y varios exministros, es un ejercicio despótico del poder que afecta a Bolivia y su democracia, y a todo Latinoamérica. La OEA y la Unión Europea deben reaccionar, no espero nada de Biden”.

Finalmente señalamos, Jeanine Áñez fue parte del golpe contra Evo Morales en Bolivia, de la represión que causó decenas de muertes, de las detenciones arbitrarias, de las proscripciones, de la persecución política y de los negociados que se hicieron a costa de la vida de los bolivianos (como la compra de respiradores con sobreprecio en medio de la pandemia. Respiradores que, además, nunca llegaron a Bolivia). Hoy la Justicia le empieza a pedir, que dé cuenta de todos sus crímenes.

Nota Última hora. En febrero pasado 2020, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz señaló a Áñez como responsable de estas masacres y recordó que el 15 de noviembre de 2019, la expresidenta de facto firmó un decreto, el 4.078, que autorizaba a las Fuerzas Armadas a reestablecer el orden público, sin que esto generara responsabilidad penal. Dos semanas después, lo derogó.

El régimen de Añez adoptó políticas que buscaban echar por tierra todos los avances de Evo, algo que logró en solo 6 meses.

 

Imagen: http://latlibre.org/

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Jeanine Añez: candidata a ser enjuiciada

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Lic. José A. Amesty R.

El próximo 18 de octubre 2020, son las elecciones presidenciales en Bolivia. Luego de aquel fatídico día de noviembre de 2019, en que Jeanine Añez, la inepta autoproclamada, asumiera como presidenta, sin haber sido electa.

Y es que ella no eligió ser presidenta, la eligió un grupo liderado por la cúpula de la iglesia católica boliviana, partidos políticos minúsculos, la Embajada brasileña, representantes del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS- IPSP, designados para el caso, y la Fundación Jubileo (que confirmó esos hechos), pero fundamentalmente fue apuntalada por la cúpula del Ejército y la Policía y sin duda tuvieron la garantía de EEUU. No se debe olvidar que fue un militar quien le colocó la banda presidencial, hecho inaudito y antidemocrático.

Así asume la Presidencia, en una sesión parlamentaria sin quorum, Jeanine Añez, Senadora de Santa Cruz que apenas obtuvo un 4% de los votos en la última elección.

Su principal motivación para irrumpir en el poder radica en la cuantiosa riqueza del subsuelo boliviano (en reservas gasíferas y de litio) nacionalizada por el gobierno del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS- IPSP, su ubicación estratégica en el continente y su exitosa política económica antineoliberal, a contrapelo de los dictados del Fondo Monetario Internacional FMI.

Y recientemente, la autoproclamada Jeanine Áñez afirmó categóricamente que el “populismo autoritario”, como llaman a los líderes con arraigo popular como Evo Morales, no regresaría a Bolivia.

En estos momentos, su dictadura se resquebraja y es objeto del mayor repudio popular, y es que quienes le dictan a Añez lo que debe decir y hacer, y quienes la manipulan son: Jorge Quiroga, Carlos Mesa y todos los cuadros y operadores políticos de la derecha boliviana y el Departamento de Estado estadounidense. Jeanine Añez es la marioneta mortal de la restauración neoliberal en Bolivia.

De allí que su gestión presidencial, muestra números rojos, tales como el 6% del Producto Interno Bruto PIB, en la caída de su economía. Lo que equivale a la generación de más de un millón de nuevos pobres (1.059.672); y casi medio millón más si lo medimos por pobreza extrema.

Y si consideramos los efectos de la pandemia, que ha sido mal gestionada por el gobierno de facto, ésta ocasionaría una pérdida de ingresos de entre 30-50%, entonces tendríamos más de dos millones de nuevos pobres en Bolivia (2.739.826). De estos, 2 millones vivirían en condiciones de extrema pobreza.

Mientras tanto, Bolivia ya ha superado las 8.000 personas fallecidas por el COVID-19 y las exportaciones han disminuido a 4.217 millones de dólares hasta agosto, cifra menor en 1.680 millones de dólares a la registrada en el mismo período de 2019.

La corrupción que ha llegado a los niveles más altos, en empresas de hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones, ministerios como el de Salud y Obras, el incremento de la pobreza, y la ilegalidad e ilegitimidad en la política.

En diez meses, Jeanine Áñez, juramentó a 36 ministros, algunos juraron dos veces como Branko Marinkovic, porque se cambiaron de cartera, en este tiempo, se descubrieron al menos, 24 casos de corrupción, destacándose, la compra irregular de respiradores, gases lacrimógenos, venta de cargos, cobros ilegales; de los 24 casos, 18 son investigados en el Ministerio Público, ninguno llegó aún a la etapa de juicio oral.

A propósito de Marinkovic, un dato no menos relevante del Gobierno de Añez, es que cuenta con tres ministros con raíces croatas, en áreas clave, entre ellos el ministro del Interior Murillo Prijic, la canciller Karen Longaric y el ministro de Economía y Finanzas Branco Marinkovic. Todos ellos fueron muy activos políticamente, aunque para llegar al Gobierno necesitaron de un error histórico, pues de otra manera no lo habrían logrado.

Branko Marinkovic, fue acusado de ser parte de los violentos acontecimientos en 2009, que además involucraron al ahora exministro Oscar Ortiz. El Gobierno de Evo Morales denunció un plan separatista, del cual tomaron parte células armadas lideradas por croatas y húngaros. El juicio recientemente fue archivado, casualmente, luego de la designación de Marinkovic como ministro.

Además, se ha indicado que los padres de Marinkovic habrían sido militantes de la Ustacha, organización aliada de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, cuyos militantes llegaron a Sudamérica con ayuda de la iglesia católica, que jugó un papel importante en las negociaciones con EEUU para que croatas ligados a Ustacha y nazis alemanes lleguen a Sudamérica con el compromiso de operar para la Agencia Central de Inteligencia (siglas en ingles CIA).

Para no hacer más larga la historia de la dupla Añez-Croatas, es interesante descubrir que el candidato a vicepresidente de Carlos Mesa, Gustavo Pedraza, dijo que de ser gobierno les gustaría tener como ministros a personas como Branko Marinkovic, a quien dijo respetar pues sabe de su compromiso con el país y con Santa Cruz. Esto muestra que, en términos de programa político, nada diferenciaría a un posible Gobierno de Mesa del de Jeanine Añez.

Lo único esperanzador es que en pocos días habrá elecciones y se abrirá la posibilidad de que el pueblo boliviano elija una opción que le dé mejores condiciones de vida, en vez de empobrecerles deliberadamente.

Las siete candidaturas del bloque de Añez, sus características son: una derecha conservadora, con matices que van desde el extremismo religioso evangélico, pasando por un autoritarismo violento y racista, hasta el moderado neoliberal y aristocrático, todos alineados a la geopolítica de EE.UU.

Ahora bien, es importante mencionar que el bloque político opositor al Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS- IPSP, después del golpe nunca tuvo la voluntad política de generar un proceso electoral libre transparente y democrático, para disputarse en este ámbito el poder del Estado. Es más, la estrategia post golpe fue prorrogar al gobierno de la estólida Jeanine Añez, postergar las elecciones y aniquilar al MAS-IPSP por todas las vías posibles; una de estas vías es la de eliminarlo como contendiente en el juego electoral.

Ha intentado, inhabilitar la personería jurídica del MAS-IPSP, alegando fraude electoral en octubre 2019 y por haber participado en un golpe de Estado institucional. Ha declarado vilmente: “Si se prueba el delito electoral tiene que tener su sanción y una de ellas es que el partido de Evo Morales pierda su personería jurídica”.

Ha agregado además, la inhabilitación del MAS-IPSP por: sedición, y por la difusión de una encuesta de intención de voto.

Y sigue latente, como el año pasado, el fantasma del fraude electoral, la intervención de Washington, y la reedición de un golpe de Estado, entre otros.

Recientemente, la autoproclamada Jeanine Áñez afirmó categóricamente que el “populismo autoritario”, como llaman a los líderes con arraigo popular como Evo Morales, no regresaría a Bolivia. Es cierto que su dictadura se resquebraja y es objeto del mayor repudio popular, pero el dicho sugiere planes golpistas de la oligarquía.

Ante esto, es necesario Denunciar Actos contra el Pueblo Boliviano, por parte de la derecha opositora, sobre todo de Añez-Camacho, como:

  1. Jeanine Añez, renuncio recientemente como candidata a las elecciones venideras, (y no es solo para no dispersar el voto de la derecha boliviana), ella declaró entonces: “Hoy dejo de lado mi candidatura en homenaje a la libertad y a la democracia” que en lenguaje llano sería (dejo esta candidatura porque Washington me lo ordenó), sino para para esquivar los cargos en su contra, por las masacres de Sacaba y Senkata. Se conocen como masacres de Senkata y Sacaba a los hechos sucedidos en dichas localidades bolivianas, durante las intervenciones militares ante las protestas sociales emergidas luego de la asunción de Jeanine Áñez a la presidencia de Bolivia en noviembre de 2019, en el marco de la crisis política y social de 2019.

El 15 de noviembre, al menos 11 civiles fueron muertos y otros 120 resultaron heridos en Sacaba. El 19 de noviembre, en cercanías de Senkata, otros 11 civiles fueron muertos y 78 heridos. En ningún caso se produjeron bajas entre los efectivos policiales y militares.

A su vez, por la represión de las fuerzas policiales y militares, durante su gestión, así como por hechos de corrupción en los que se ha visto envuelta. Según el medio Bolivia TV del Pueblo, en noticia verificada, la “senadora demócrata Warren de EE.UU denunció con Documentos y pruebas que una lujosa mansión cotizada en $u$ 28.3 millones apareció en agosto a nombre de Carolina Ribera Añez quien es hija de la presidente interina Jeanine Añez”, cuestionando que esa compra pudo ser con dinero desviado de Bolivia.

Añez, no quiere que la responsabilicen por estos hechos, y teme ser enjuiciada por el gobierno que asuma tras las elecciones.

Tampoco quiere ser responsabilizada por la crisis humanitaria-sanitaria de Bolivia, ocasionada por la pandemia, generada por su mala gestión de gobierno, ocasionando la muerte, al menos, a 500 bolivianos, tirados en las calles, y el colapso del sistema de salud boliviano.

Ella puede estar preparando una salida abrupta y rápida del país, para no verse sometida a un juicio por violación de DDHH.

Los países latinoamericanos no deben recibirla como invitada, por su malísimo papel en el gobierno de transición y los macabros e ineficientes cambios estructurales, que afectaron a todos los bolivianos y bolivianas.

  1. Manipulo y utilizó la religiosidad boliviana, al invocar el nombre de Dios, y maniobrar dentro del fundamentalismo de las Iglesias, católicas y evangélicas, para incentivar y profundizar el racismo en la Nación boliviana.

Cometió nepotismo: trato de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos; para su propio beneficio y obtener favores.

Perpetró persecución contra grupos sociales, contra la prensa extranjera, partidos políticos, medios de comunicación, entre otros, contrarios a su gestión.

Aprobó la privatización de múltiples empresas públicas del Estado boliviano.

Recientemente, se ha develado una lista con nombres de los militares bolivianos en servicio activo y pasivo adictos al Gobierno golpista de Jeanine Añez, que estarían detrás de la organización de situaciones de extrema violencia para impedir que se realicen las próximas elecciones en Bolivia. Estos escenarios de violencia se registrarán antes, durante y después de las elecciones. El objetivo central será evitar a como dé lugar el regreso de las fuerzas populares al gobierno.

La última perla de Añez, es que los militares que capturaron al Che Guevara fueron homenajeados en Bolivia, la ceremonia fue liderada por la golpista, Jeanine Áñez, que como “jefa de Estado” es capitán general de las Fuerzas Armadas del país altiplánico.

Los Beneméritos de Ñancahuazú, como se los conoce en Bolivia, fueron homenajeados este viernes como héroes del grupo militar que hace 53 años capturó en este país al revolucionario Ernesto “Che” Guevara. Un grupo de 47 militares recibió en la ciudad boliviana de Santa Cruz este homenaje por haber atrapado en 1967 al “Che”, que fue fusilado el 9 de octubre de aquel año.

Jeanine Áñez recordó en su discurso a quienes “cayeron víctimas del terror guerrillero que trajo a Bolivia el ‘Che’ Guevara”, quien había llegado al país en 1966 y organizó una guerrilla en la región de Santa Cruz. La mandataria transitoria calificó de “asesinatos cobardes” las muertes en la zona cruceña de Ñancahuazú por la guerrilla del revolucionario argentino-cubano, a quien definió como un “invasor” con “miseria moral”.

La captura y muerte del Che fue para Jeanine Áñez una lección de Bolivia al mundo en contra de “la dictadura comunista”, pues “ninguna dictadura pasará ni echará raíces en esta nación”, ni tampoco “fascista ni populista”.

Estas son solo algunas acusaciones contra Jeanine Añez, las cuales deben ser denunciadas para someterla a juicio y ser privada de libertad.

Y al pueblo boliviano le quedan pocos días para decidir su futuro político, ahí en las urnas, donde suele dilucidarse las confrontaciones políticas en las democracias representativas. Un pueblo boliviano que mayoritariamente se da cuenta de las fuerzas que amenazan a su estado plurinacional.

Por ello, en este tipo de democracia la receta, para la futura recuperación de Bolivia, es bastante simple: levántese temprano, acuda a los centros de votación y emita su voto. por el único candidato, que en el abanico de postulantes ha presentado un programa coherente, que tiene experiencia comprobada en buen manejo estatal y exhibe cifras económicas positivas bajo su gestión como Ministro de Economía, que garantizan posibilidades que Bolivia vuelva a transitar por el camino de un desarrollo sustentable.

Y a la oposición boliviana, los que les queda es seguir impulsando una situación de violencia, y preparando condiciones para frenar el ascenso nacional-popular orientado a recuperar y profundizar el proceso de liberación nacional.

 

Imagen: http://latlibre.org/