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Etiqueta: jornada laboral

Reflexiones sobre el Reglamento de Teletrabajo de la Universidad Técnica Nacional

Luis G Martínez Sandoval.

MBA Lic. Luis G Martínez Sandoval
Académico Universitario, Escritor
Sede Central UTN
www.utn.ac.cr

Este Reglamento – en proceso de aprobación por el Consejo Universitario- en sus lineamientos legales, técnicos y administrativos se guía por lo establecido en la Ley 9738, Ley para Regular el Teletrabajo, del 18 de setiembre de 2019 y publicada en la Gaceta del 30 de setiembre de 2019, según Alcance 211, Gaceta 184.

El teletrabajo es la prestación de servicios de carácter no presencial fuera de las instalaciones del patrono. La jornada laboral se desarrolla desde su propio domicilio o lugar que se destine tal fin. En su alcance es aplicable a las personas servidoras UTN cuyas funciones y tareas respondan al perfil de un puesto teletrabajable. La modalidad de teletrabajo es voluntaria.

Se establecen tres modalidades de teletrabajo. Modalidad Externa (domicilio establecido y autorizado por la institución) Modalidad Intermitente (las tareas se alternan en distintos días de la semana en la institución o domicilio) Modalidad Extraterritorial (previa aprobación de la Rectoría, se le autoriza ejecutar sus funciones, en un plazo definido, fuera del país).

Se rige por un contrato y lo firma la persona teletrabajadora. En su jornada laboral esta ajustado a las cuarenta horas semanales establecidas en la institución. Se debe contar con un puesto teletrabajable. El teletrabajo modifica únicamente la organización y forma en que se efectúa el trabajo y, bajo ninguna circunstancia, afecta las condiciones de relación laboral de la persona servidora. No genera derechos adquiridos. En cuanto a los riesgos de trabajo aplicarán las condiciones y pólizas previstas para el trabajo presencial. Se firmará un contrato o addendum de teletrabajo que contiene las labores a ejecutar, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos, los mecanismos de comunicación con la persona teletrabajadora, la forma de ejecutar la labor y, los días y horarios.

La vigencia del contrato de teletrabajo son dos años. Tiene criterios de medición, evaluación y control de la persona teletrabajadora. Es potestad de la UTN otorgar y revocar la modalidad de teletrabajo, cuando así lo considere conveniente.

En cuanto a los requisitos para ingresar a la Modalidad de Teletrabajo se debe cumplir con el perfil y los lineamientos que definirá la Dirección de Gestión de Desarrollo Humano. Algunos de ellos son: estar nombrado al menos seis meses de manera continua, al menos el 50% de las actividades, tareas y funciones que se realizan en el puesto, sean teletrabajables, aprobación de la jefatura, disponer de un espacio de teletrabajo acondicionado, contar con la conectividad y accesibilidad (DGTI), estar dispuesto a que se realicen inspecciones y, firmar un contrato.

Hay deberes y responsabilidades que se adquieren. Por ejemplo, proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos y programas propiedad de la UTN. Si el equipo informático es propiedad de la persona teletrabajadora, esta deberá permitir a la UTN el libre acceso a la información propiedad de la misma, ya sea durante el desarrollo de la relación laboral, o bien, al momento de finalizar el vínculo contractual. La persona teletrabajadora deberá guardar confidencialidad respecto a la información propiedad de la UTN. Se brindará capacitación en uso de los equipos y programas necesarios para desarrollar sus funciones. Se debe cumplir con las normas y directrices relacionadas con la salud ocupacional y prevención de los riesgos de trabajo.

En cuanto a las obligaciones y responsabilidades de las Jefaturas estas deben coordinar, dar seguimiento y evaluar a la persona servidora en teletrabajo. Atenderlas y aclaración de dudas, contratiempos, conflictos, entre otros.

Las personas teletrabajadoras deben comprometerse a que su lugar de trabajo, cumpla con las condiciones mínimas establecidas en el contrato de teletrabajo, relacionadas con la seguridad, ergonomía e higiene, así como de conectividad. Cumplir con los criterios de medición, evaluación y control determinados en el contrato o addendum, así como sujetarse a la normativa institucional. Cuando las fallas en el equipo y/o herramientas impidan el normal desarrollo de las funciones de la persona teletrabajadora y se afecte el adecuado cumplimiento de sus labores, se podrá suspender temporalmente el teletrabajo. La persona teletrabajadora debe cumplir con el horario establecido, su jornada laboral y estar disponible para la institución durante dicho horario y jornada. El incumplimiento de la jornada u horario de trabajo, o bien, el no estar disponible para la institución durante dicho horario y jornada serán considerados como abandono de trabajo. Permitir el acceso de la persona servidora de la UTN designada para realizar la inspección de las condiciones ergonómicas, de seguridad y de higiene del puesto de trabajo. Participar y aprobar de las pruebas psicológicas, que eventualmente la Dirección de Gestión de Desarrollo Humano, aplique a las personas teletrabajadoras. Son causas de reincorporación a la modalidad de trabajo presencial la disolución del contrato de teletrabajo como la revocatoria o incumplimiento de algunos de los requisitos establecidos en el contrato. Y queda prohibido solicitar incorporación presencial cuando la modalidad de teletrabajo ha sido acordada desde el inicio de la relación laboral. Corresponde a la autoridad competente en todos los casos en que se solicite la reincorporación a la modalidad presencial, resolver las solicitudes con base en lo normado por este Reglamento y en los principios de conveniencia y oportunidad, rectores del instituto del teletrabajo. Por último, se establecen Disposiciones Transitorias que definen plazos para la elaboración y comunicación de los perfiles de los puestos sujetos a la modalidad de teletrabajo y la cantidad de horas laborables.

Es urgente su aprobación por el Consejo Universitario dado el entorno pandémico, la inflación en ascenso, las tasas de interés subiendo, el tipo de cambio fluctuante y el aumento en el precio de los combustibles que incide en los salarios de los funcionarios de la UTN y que en presencialidad genera aún más gastos para las economías domésticas.

Acción urgente: Ataque a las normas de salud y seguridad en la industria cárnica brasileña

Imagen: Allan McDonald – Rel UITA

El establecimiento, en 2013, de la norma de salud y seguridad (NR 36), para la industria de procesamiento de carne y sus derivados, fue un gran avance para los derechos de trabajadores y trabajadoras en Brasil.

UITA

Actualmente las empresas cárnicas están presionando al Gobierno brasileño para que retire o debilite la normativa. Pulse AQUÍ para enviar un mensaje urgente al Gobierno.

La NR 36 entró en vigor tras 15 años de campaña nacional e internacional en favor de la seguridad y salud en la industria frigorífica y se promulgó para frenar la epidemia de lesiones por esfuerzo repetitivo y otras enfermedades profesionales, regulando una revisión de las prácticas laborales para prevenir dichas lesiones; entre estas medidas destaca la estipulación de pausas durante la jornada laboral.

La NR 36 establece además la participación de trabajadores y trabajadoras y sus representantes en el desarrollo y el control de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, de acuerdo con las normas internacionales, incluido el Convenio 155 de la OIT.

El secretario general Adjunto de la UITAJames Ritchie, declaró «Hoy, en medio de una pandemia mundial, el gobierno brasileño, respaldado por poderosos intereses empresariales, se prepara para retirar o debilitar seriamente la NR 36.

Instamos a todas las afiliadas de la UITA y organizaciones hermanas a enviar un mensaje a las autoridades de Brasil, para pedirles que no retiren o modifiquen la legislación.»

 

Fuente: http://www.rel-uita.org/

Trabajadores de plantaciones agrícolas reciben capacitación sobre afectaciones del proyecto para modificar jornada laboral

El pasado domingo 24 de octubre, trabajadores de plantaciones agrícolas de la zona de Siquirres y Sarapiquí, afiliados al SITRAP y la ANEP, recibieron una capacitación sobre las afectaciones que conlleva el proyecto de ley N° 21182, que se discute en el plenario legislativo, el cual busca modificar la jornada laboral. 

Adjunto se encuentra un vídeo, en donde se explica mejor el objetivo de la capacitación: https://fb.watch/8OH12yguw7/

Hacia la revolución lúdica

El momento más importante es el momento de la creación, es el momento de la emoción, no cuando la obra se termina y firma puesto que entonces, ya no tiene importancia. Leopoldo Flores Valdés (1934-2016)

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

El Cosmovitral Jardín Botánico, en Toluca México, es una obra artística monumental que recoge y expresa la rica tradición muralista mejicana. Una obra excelsa y maravillosa que narra el origen de la humanidad. Fue realizada por el pintor, muralista y escultor Leopoldo Flores Valdés.

En la placa que se erigió en su honor quedó consignada la frase que utilizamos como epígrafe de este artículo, donde se expresa con elocuencia el sentido y el significado del quehacer artístico. Para Leopoldo Flores, el “momento más importante”, en el que se disfruta emocionalmente, se da en el proceso de creación de la obra. El momento en que se concluye y se estampa la firma “no tiene importancia”.

 Efectivamente, es deseable que en el quehacer humano prevalezca la dimensión lúdica sobre la dimensión utilitaria y mercantil. Sin embargo, en el sistema productivista actual, por la primacía que se da al valor de cambio y a la acumulación, el acento se pone en los resultados más que el proceso de producción. El trabajo tiende a degradarse y deshumanizarse ahí donde persisten concepciones y condiciones de trabajo que no contribuyen a la realización emocional y vital del ser humano.

Los avances científico-tecnológicos que aceleran y maximizan los procesos productivos deberían, por eso mismo, contribuir a humanizar el trabajo. Es decir, ofrecer condiciones laborales donde el trabajador-creador (homo faber) disfrute emocionalmente y lúdicamente del mismo (homo ludens). Esta sería, por ejemplo, la sana expectativa de la modalidad de “trabajo en casa”, pero resulta, en la mayoría de los casos, que las jornadas se alargan con impactos negativos para el tejido afectivo familiar.

En el sistema productivo dominante, lo lúdico se concibe al margen del proceso de producción. Por eso se habla del “tiempo libre” destinado a las actividades recreativas. La alternativa sería crear las condiciones óptimas para que el proceso productivo también se convierta en una actividad lúdica, que produzca placer y, como tal, que permita y facilite el despliegue del mayor potencial del ser humano, como sujeto creador-productor. Sin embargo, la tendencia es a hacer del trabajador un apéndice de las nuevas tecnologías, es decir, hacia la robotización del ser humano.

En este aspecto, debemos apostar por la revolución lúdica, que reivindique el derecho que tiene todo ser humano a disfrutar plenamente del trabajo creativo y productivo. Para ello, es necesario que el Estado impulse políticas que garanticen condiciones de trabajo digno. Es decir, que vele por la defensa de los derechos humanos de los trabajadores, y que no permita, bajo ninguna circunstancia, que se aproveche la crisis de desempleo para que se devalúen las condiciones de trabajo, y se legitime la sobreexplotación del trabajador. No habrá verdadera reactivación económica sin trabajo digno y decente.

Asimismo, la crisis fiscal y de la deuda pública no deben convertirse en una excusa más para la sobreexplotación del trabajador público, ahora a punto de ser sometido a los dictámenes de una “Ley de Empleo Público” que pretende precarizar más el salario e impedir la negociación de mejores condiciones para el desempeño de un trabajo digno y saludable. Para ello, hay que contrarrestar la campaña mediática de subterfugios que buscan presentar los derechos de los trabajadores como privilegios inmerecidos.

Hoy, a las puertas de la revolución de la Inteligencia Artificial, se empiezan a ver señales de una “revolución” más, que al parecer tampoco alcanzará a superar las condiciones del trabajo alienado. Todo parece indicar que hay un convenio tácito entre algunos sectores empresariales y gobiernos, dirigido a deteriorar las condiciones de trabajo. La lógica productivista es conducida a los extremos de una sobrexplotación “esclavista” del trabajo humano, algo que también ha evidenciado la pandemia del Covid19.

La revolución de la Inteligencia Artificial tendrá que ser lúdica o no será una verdadera revolución humanista. No podemos permitirnos un avance científico-tecnológico más, acompañado de un retroceso humano y social.

Urge aprobación seguro universal gratuito

Recursos no requieren de nuevos impuestos
Busca evitar colapso de pacientes crónicos en salas de emergencias

Comunicado SINAE

Con el fin de proporcionar salud a todos los costarricenses y prevenir un colapso de pacientes con enfermedades crónicas en las salas de emergencias es necesario la aprobación de un Seguro Universal gratuito que se extienda de manera temporal hasta por 12 meses a todos los trabajadores y sus núcleos familiares que se vieron afectados por la modificación de la jornada laboral suspensión temporal o finalización de contratos.

Así lo solicitó el Presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) Lenin Hernández Navas al Presidente Carlos Alvarado Quesada, en una nota suscrita, el 4 de noviembre, con copia a la Junta Directiva y a la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

De acuerdo con Hernández Navas durante esta pandemia es necesario fortalecer nuestro estado social de derecho y la salud juega un papel fundamental.

Por lo anterior la labor de prevención, de diagnóstico a tiempo y brindar el tratamiento médico o quirúrgico a los costarricenses, así como el control de las enfermedades crónicas debe ser prioridad de la CCSS; se hace imprescindible la implementación de un Seguro Universal gratuito por hasta 12 meses que le permita a los afectados continuar recibiendo su atención y tratamientos sin ningún contratiempo.

Durante la pandemia del Covid19 el Seguro de Salud es el que hace frente a la atención de los contagiados y se estima que sus finanzas se verán afectadas por sus ingresos y egresos por lo que se propone una serie de acciones tendientes a llevar recursos a este pilar fundamental que permita su sostenibilidad durante la emergencia y crear un Seguro Universal gratuito por un lapso de hasta 12 meses sin tener que crear nuevas cargas sino redistribuir los destinos de algunos recursos:

  • Que la Junta Directiva de la CCSS tome el acuerdo de publicar un artículo transitorio en el Reglamento de Salud que permita la cobertura de un aseguramiento universal y gratuito por el lapso, de hasta 12 meses, para cubrir a aquellos trabajadores que perdieron el empleo o sufrieron modificaciones en sus contratos.
  • Que el listado de posibles beneficiados con el Seguro Universal se alimente de la base de datos del MTSS donde se reportan los trabajadores con reducción de la jornada laboral, así como con la suspensión o finalización de los contratos de trabajo.
  • Se contemple una reducción porcentual o se exima del pago del 6% de 3 a 6 meses sobre las planillas reportadas por los empleadores a la CCSS que dispone un 4.75% para financiar el Régimen de Pensión Complementaria y un 1.25% para el Fondo de Capitalización Laboral. La exención sería solo al sector privado, y en el caso del sector público, se mantendrían los rubros establecidos de ley, pero ingresarían al Seguro de Salud.
  • Realizar una reforma transitoria a la Ley No.9028 Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud para que se aumente el aporte a la CCSS del impuesto a los cigarrillos y pase de un 55% a un 75% por los siguientes cinco años.
  • Que la CCSS disponga, al menos, del 50% de las reservas acumuladas de la Ley No.9028 del Tabaco para fortalecer el Seguro de Salud. En la actualidad el uso de los recursos está condicionado a proyectos de equipamiento e infraestructura y no con gastos corrientes. A enero las reservas ascendían a ¢103 mil millones producto de esa ley y podrían convertirse en una inyección para el aseguramiento universal gratuito.
  • Crear por una única vez una contribución solidaria financiada con las reservas técnicas del Instituto Nacional de Seguros de las pólizas de Riesgos Laborales para fortalecer el Seguro de Salud. A diciembre del 2019 se estimaba estaban en ¢795 mil millones.

El CORONALUJO y su medicina

Hernán Alvarado

            Un Corona-virus (COVID-19) amenaza mayoritariamente a los abuelos. Pero algo peor amenaza sus vidas: el Corona-lujo (CORO-19), engendro neofascista que logró ya su primera ley despótica. Hay que verlo en detalle y comprender su contexto, ahora que los mayores merecen vuestra atención.

Breve apunte sobre el COVID-19

            Este virus trae una potencia interrogativa descomunal, cuestiona nuestra relación con Estado, familia, cuerpo propio y naturaleza. Todo lo sólido, después de licuarse, se está disolviendo en el aire, sin que sepamos a dónde conduce este trastorno de la «globalidad del mundo». Por ejemplo, confronta la economía actual para la concentración de riqueza con otra que prioriza la vida[1].

            También implica reconsiderar nuestra relación con la tercera y la cuarta edad (80 años o más). No podemos abandonar a los más débiles para que mueran en la calle con una sábana encima; como hacen médicos y enfermeras, debemos defender con todo y entre todos cada vida. Los mayores constituyen nuestra memoria viva, cada muerte es una pérdida incalculable. Ellas y ellos representan el trabajo que construyó el presente. Honrarlos es honrarnos. Solo una sociedad enferma desprecia a sus abuelos. En Costa Rica, hay unos 300 ancianos en indigencia, 350 abandonados por sus familiares en hospitales y 2400 en albergues, que forman parte del hueco de pensiones dignas.

La modernidad tripartita

            Harari sugiere que liberalismo, socialismo y fascismo son tres versiones distintas de la misma ideología: el modernismo[2]. Las tres son «humanistas», más precisamente antropocéntricas; con una fe ciega en el Homo Sapiens, creen que el «superhombre» viajará a las estrellas (¿después de depredar por completo este hermoso planeta?). Profesan un credo cientificista, el «dataísmo», que confía al algoritmo nuestro futuro.[3] Hacen votos sagrados en el altar de la tecnología (como virtud de la máquina y no como saber corporal, según la entendían los griegos) y apuestan al robot, suma moral de todo mundo posible. En tanto creyentes del PIB, las tres comparten el dogma del crecimiento infinito, principal amenaza para el futuro de los nietos. Ninguna ha cuidado a la Madre Tierra, nuestra «casa común» (Papa Francisco). Las tres han menospreciado el saber ancestral, como siervas que son del imperialismo. Las tres se han alimentado mutuamente el letal virus de la guerra.

            La relación entre ellas es compleja, cada una lucha por dominar a las otras; se combaten y contienen, se oponen y complementan. Por su matriz común, el liberalismo puede parecer socialista y éste fascista, o viceversa. En sus últimos estertores, por ejemplo, el neoliberalismo muestra su verdad, su faceta neofascista. Pero tomarlas como una y la misma cosa sería un craso error que impediría superarlas. Tema fascinante que se deja ahí, para seguir con dos conocidas tácticas fascistas que se han ensañado contra las personas mayores.

Ese eterno retorno

            Aunque Adolfo Hitler (1889-1945) lo articuló, el fascismo no comenzó ni terminó con él, tampoco puede reducirse a su pensamiento. Las ideas no mueren, transmutan, como los virus. El nazismo no cayó del cielo, ni fue la obra aislada de un genio diabólico. Después de la primera guerra mundial, el pueblo alemán fue humillado por el Tratado de Versalles; así que el discurso de un Führer que reivindicaba ambiciones imperiales encontró terreno fértil. Al austriaco lo financiaba un clan de familias que se beneficiarían con su victoria; pero al margen de cualquier conspiración, el fascismo renace cíclicamente porque viene inscrito en el ADN de la modernidad.[4]

            Creer que la catástrofe pasó hace más de 75 años tranquiliza, pero es engañoso. Evita descubrir el dictador que llevamos dentro, latente como un herpes. Cualquiera puede actuar como un desalmado, es la «banalidad del mal» que reveló Hannah Arendt (1906-1975). El machismo moderno, verbigracia, conforma un neofascismo patriarcal contra las mujeres, tan persistente que la epidemia de feminicidios no merma. Otro ejemplo es ese Facebook quedestila soberbia, intolerancia e ira. Todo elitismo, clasismo, racismo y colonialismo modernos, incluso todo autoritarismo, comparten el mismo germen ideológico. El miedo y el odio lo nutren, sufragando crueldades y violencias cotidianas. Hoy el neofascismo ha vuelto a las altas esferas del poder, cruz en mano acá, águila enarbolada acullá.

Las campanas del odio

            El populismo y las campañas de odio, hoy de moda, son estratagemas complementarias de manipulación de «masas» de clara inspiración neofascista. El populismo consiste en engañarlas ofreciendo soluciones falsas, el «plan fiscal» es el mejor ejemplo. Pero también lo es la renuncia del Presidente a una pensión que todavía no tiene y el reparto del «ahorro» logrado con la Ley 9796 cuando todavía ni ha entrado en vigencia.

            La falsa propaganda alimenta miedos que se transforman en odio dirigido contra algún grupo minoritario, vulnerable o indefenso. El paradigma sigue siendo la campaña dirigida por Joseph Goebbels (1897-1945) que orquestó las consabidas atrocidades. La técnica consiste en exagerar una característica del grupo meta, o en inventar una que parezca amenazante. Se degrada a las personas reduciéndolas a ella, procedimiento que Friedrich Nietzsche (1844-1900) llamó «moralina». Así es como se fabrican también chivos expiatorios y monstruos.

            Alrededor de la característica se teje un relato que motiva las agresiones posteriores, para que parezcan defensivas, preventivas o vengativas. Se manipula a la «opinión pública» para que los fuertes actúen contra los débiles. Los ejecutores del ataque creen estar haciendo bien. Cuando la verdad emerge, descubren demasiado tarde que fueron instrumentos de causas deleznables. Así se ha cometido toda clase de injusticias, masacres y crímenes de lesa humanidad. Según los estudiosos detrás suelen hallarse beneficiarios que, con un aparente objetivo religioso, ideológico o racista, persiguen un interés material concreto.[5]

El CORO-19

            Cualquier parecido con la campaña contra los pensionados no es mera coincidencia, el neofascismo está más entrometido que el narcotráfico. A continuación sus principales hitos:

  1. Aparece el término «pensión de lujo», contra algunas personas de la «clase» política que consiguieron varias pensiones para las que no habían cotizado.
  2. Circulan volantes con fotos y memes anónimos, que divulgan nombres asociados a pensiones nominales altas. Sin fuente de datos.
  3. Se agrega a algunas personas de «izquierda».
  4. Se divulgan listas que omiten las contribuciones de ley, práctica continuada hasta el final.
  5. Se suma el término «pensionado de lujo», personificando el «mal».
  6. Desde páginas Web y Facebook se atiza el desprecio contra algunas personas tratadas como ladrones.
  7. Los medios de comunicación se suman a la campaña propagando el falso estereotipo.
  8. Se comparan pensiones altas y bajas. Una pensión alta se presenta como una injusticia.
  9. Se inyecta miedo a una inminente «crisis» fiscal.
  10. Se repite por distintos canales las mismas noticias para crear esa ilusión llamada «opinión pública».
  11. Se repite diariamente «pensión de lujo», separado de cotización y tributación; se generaliza a todas las pensiones altas.
  12. Todas las pensiones merecen ahora ser topadas, recortadas, uniformadas.
  13. Se formulan y divulgan proyectos que la misma prensa se encarga de ordenar y priorizar.
  14. Los diputados aprueban el primer proyecto, en medio de una fuerte presión mediática (Ley 9796).
  15. Se prepara el segundo proyecto de la fila.
  16. Se aprueba dar el «ahorro» a los pensionados más pobres (el Estado traslada su responsabilidad a los mismos pensionados)
  17. Se mantiene estricto silencio sobre el interés de privatizar los fondos de pensiones y sobre el incumplimiento del Estado de la Ley 2248 desde 1958.

            No se olvide que esto es eco de la campaña sistemática contra los empleados e instituciones públicas, los héroes de hoy. Incluidas las universidades, cuya autonomía se ha irrespetado como nunca antes. El objetivo «oculto» es obvio: distraer del verdadero problema fiscal.

Una zozobra ingrata

            Más angustiante que el Corona-virus ha sido, para las personas adultas mayores, es este Corona-lujo (CORO-19) coronado por un coro de diputados que no ha reparado en los efectos psicológicos devastadores que ha tenido sobre los más vulnerables. No son pocas las personas mayores entrando en pánico al ver licuados sus derechos adquiridos, en riesgo su patrimonio familiar y amenazado su proyecto de vida. Atrapadas en un limbo, entre un mercado que ya no las necesita (excepto como compradores) y un Estado que ha confiscado insaciablemente su ahorro. Depreciadas injustamente, se les ha confinado en la mayor inseguridad jurídica y económica. A estos contribuyentes puntuales, se les ha vejado como sujetos de derecho y ninguneado como ciudadanos. ¿Sabrán sus gratuitos detractores que el estrés debilita el sistema inmunológico, en especial, de esa población?

            Cualquiera puede intuir el impacto de esa cruzada terrorífica con solo que se haga esta pregunta: ¿cómo se sentiría usted si le dijeran que el Estado le seguirá confiscando su salario, ingreso o dividendo, hasta un máximo del 55%? ¿Cómo creen que reaccionaría la UCAEP al respecto? Techo que el diputado Muñoz insiste que se debe romper, aunque ya sea un porcentaje que mejor se vería como la tasa de usura que no quieren poner. Sin embargo, es más duro cuando se trata de un ahorro generado con una parte del propio salario, por tres o más décadas, o de los intereses que ha ganado a la fecha. ¿Cuál ahorrante está dispuesto a que lo carguen de impuestos, una y otra vez, de esta brutal manera?

            Ahora, esos mismos diputados, en media crisis sanitaria, aprobaron una ley que autoriza a las empresas a recortar, hasta un 75%, la jornada laboral, si sus ingresos brutos bajan un 20% o más. O sea, les preocupa una reducción del 20% en el ingreso de una empresa, por unos meses, pero se enorgullecen de poder tajarle el ingreso a un pensionado, durante el resto de su vida hasta un 55%. ¿Cómo se llama un Estado que cuida a los que más tienen mientras golpea a quienes más debe proteger?; ¿un Estado que legisla a su favor para lavarse las manos como Estado-patrón? Pero, tranquilo, don Alfredo, no es un buen momento ni para salir de la tumba.[6]

Un Estado sin vergüenza

            La Ley 9796 no pudo ser más abusiva, veremos si aguanta una objeción jurídica seria. En particular, las pensiones del Magisterio eran ya los ahorros más gravados de la historia patria. Elaborar leyes justas es la tarea política más importante, pero también la más difícil, máxime si se hace con prisa, presión y soberbia. Cada una requiere estudios técnicos precisos y, sobre todo, en una República «participativa», negociación con afectados o beneficiarios. Esta ley no cumple esos requisitos (tampoco el plan fiscal, impuesta contra buena parte del pueblo en la calle). La llamaron cínicamente «contribución especial solidaria», como si una imposición pueda portar semejante nombre. En realidad, es una confiscación discriminatoria, arbitraria y reiterada de ahorros a personas adultas mayores; esperpento jurídico que cuesta describir, salvo como un atraco «legal».

            Pero no es ingenua, ni neutral, complace a quienes se embolsan el impuesto de ventas, a quienes evaden y eluden (8% del PIB), causantes directos del déficit fiscal. Para estos ladrones del erario público, probablemente los mismos que no pagan la CCSS, solo hay una solución fiscal: reducir el gasto. Los neoliberales lo gritan a coro. Hasta implantaron una «regla fiscal». O sea, satisface a quienes aprovechan la inversión pública y los servicios del estado para hacer sus jugosos negocios privados, mientras dejan de pagar sus obligaciones y protegen sus fortunas en paraísos fiscales. Pero a ellos se les trata como ciudadanos VIP.

            Si hubieran recortado las verdaderas pensiones de lujo, las truculentas, las que no se cotizaron, todos estaríamos hoy aplaudiendo de pie. Pero solo las usaron de pretexto. En febrero pasado, la comisión eximió a los expresidentes de la segunda reforma de pensiones, premiando a los principales responsables del mal manejo de las finanzas públicas. Lo justificaron diciendo que esas pensiones ya tributan, argumento que ignoraron para los demás pensionados. El diputado Villalta presentó una moción para rectificar, pues le pareció una «bofetada a la ciudadanía», como lo fue la amnistía y las exenciones del «plan fiscal». Como si fuera poco, se nombra superintendente de pensiones a la heroína de esta hazaña, burlándose de la Contraloría, para seguir confabulando contra el futuro de las personas mayores, con un salario de más de nueve millones de colones. ¿Acaso no parece una película del conde Drácula? Mientras unos luchan por salvarles la vida, otros se dedican a ver cómo se la convierten en un infierno.

            Para colmo, en uno de los países más felices del mundo, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado se da el lujo de desfalcar a sus maestros más de 4 billones de colones, desde 1958, desviando sus respectivos aportes hacia la caja única, en vez de crear el fondo de pensiones exigido por la ley 2248.[7] O sea, lo que debiera servir para un fondo solidario de pensiones se usa, gobierno tras gobierno, en cualquier otra cosa, sin rendir cuentas a nadie. De este crimen de Estado son sospechosos, actualmente, el Presidente y su ex Ministra de Hacienda. Esta, además, por haber sido Contralora.

            Ahora nos urge saber, también, qué hacía realmente la UPAD con los datos de los pensionados ¿cuándo, cómo y para qué se usaron, diputado Morales? ¿Cuándo lo sabremos, doña Emilia? Contrario a lo que pueda parecer, este pueblo no está «domesticado», don Pepe. Solo espera a que se aclaren los nublados del día, porque un mandato constitucional contiene ya la medicina contra el CORO-19 que debilita el sistema inmunológico de la Patria, es decir, el sentido de justicia. La norma superior exige una nueva democracia que supere esta democracia «representativa», corroída hasta sus tuétanos por la miseria moral de la «clase» política. Gracias a doña Jocelyn Sawyers Royal, maestra pensionada, no hay que buscar alternativa en ninguna otra parte. Solo hay que entender qué significa que el pueblo ejerce el gobierno, no solo lo elige[8]. «Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria os lo demanden»[9].

Foto: Alejandro Aguilar Sura


[1] Hinkelammert, F; Mora, H (2016 ) Hacia una economía para la vida. Preludio a una segunda crítica de la Economía Política. Bolivia: Vicepresidencia. 5ta.

[2] Harari, Y.N. (2017) Homo Deus. A Brief History of Tomorrow. Australia: Harpercollins Publishers. Específicamente, págs. 99 y 199.

[3] Inaugurado por el experimento «científico» más terrible de la historia (1945), crimen de lesahumanidad contra el pueblo japonés aún impune: Hiroshima y Nagasaki. Prueba que Hitler no era el único malvado de la época.

[4] Graziano, W (2004) Hitler ganó la guerra. Buenos Aires: Editorial Suramericana.

[5] Stemberg, R. y Stemberg, K. (2010) La naturaleza del odio. Barcelona: Paidós, p. 18-19.

[6] Alfredo González Flores (1877-1962), depuesto por sostener que los ricos debían pagar como ricos y los pobres como pobres.

[7] Según estudio actuarial revelado por Róger Porras, director ejecutivo de JUPEMA, el 10 de setiembre de 2018. «El Estado nunca conformó las reservas para pagar las pensiones. Esa plata siempre entró a Hacienda y se gastó en otras cosas (…).» La Nación, pág. 6A.

[8] «ARTÍCULO 9- El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial (…)» Constitución de la República. Así reformado en 2003.

[9] Ibid, art. 194.

Proyecto de ley que autoriza reducción de jornada laboral por emergencia nacional precariza las condiciones de trabajo

El Proyecto de ley responde en exclusiva a los intereses económicos del sector empresarial, su contenido adolece de una serie de falencias que terminan perjudicando, aún más, al sector obrero.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en conjunto con el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), se pronuncian sobre la propuesta de legislación que está presentando el Gobierno de la República mediante el proyecto de ley denominado “Ley que autoriza la reducción de jornadas ante la declaratoria de emergencia nacional por emergencia sanitaria ocasionada a causa de una pandemia”, el cual afecta considerablemente a la clase obrera.

Es importante resaltar que esta misma propuesta había sido ya planteada en el proyecto de ley 18.080 denominado “Ley que garantiza la aplicación de medidas temporales para la protección del empleo en los tiempos de crisis”, mismo que se tramitó, sin éxito, en la Asamblea Legislativa durante la Administración de Laura Chinchilla Miranda, con el apoyo decidido de las cámaras empresariales.

Ahora, aprovechando el contexto de la actual crisis que vive el país a causa de la pandemia del Covid-19, el empresariado nacional y su Gobierno, retoman la iniciativa de ley que nos la presentan como una medida “necesaria” para proteger el empleo.

La ANEP y el SITRAP ven con buenos ojos cualquier medida tendente a proteger el empleo, pero hace ver que, en orden de prioridad, se debe proteger a los trabajadores y a las trabajadoras. Desde esta perspectiva, criticamos este proyecto de ley, precisamente, porque lejos de proteger a las personas trabajadoras, no hace otra cosa que precarizar las condiciones de trabajo, pero sí favorece los intereses económicos de las empresas

En nuestra opinión, el Gobierno debería dirigir sus esfuerzos por ayudar a las empresas, especialmente a las micro, pequeñas y medianas; dándoles facilidades para que puedan enfrentar la crisis, pero sin cargar la factura a los trabajadores y a las trabajadoras que es lo que, a la postre, hace este proyecto de ley. Además, de que el contenido de este último adolece de una serie de falencias que terminan perjudicando, aún más, al sector obrero.

Para empezar, como es ya estilo en todas las propuestas de reforma legal al marco jurídico que regula las relaciones laborales del país que promueven los grupos de poder económico y las cámaras empresariales; el proyecto omite, por completo, tener en cuenta la negociación colectiva como instrumento idóneo para resolver los problemas del mundo del trabajo.

La propuesta de ley parte de la visión autoritaria y unilateralista de las relaciones de trabajo, donde la participación de los trabajadores y de las trabajadoras, así como la representación sindical, no tienen cabida.

El proyecto de ley no prevé, si quiera, la posibilidad de que la reducción de la jornada sea negociada con los trabajadores y con las trabajadoras en aquellas empresas donde existe organización sindical que, si bien es cierto son pocas en el país, las hay. Es la visión antisindical que prevalece en el Gobierno.

A parte de lo anterior, nos preocupa puntualmente ver que los requerimientos exigidos en el artículo 3 del proyecto para la autorización de la reducción de la jornada, son muy laxos.

Basta con que el empresario presente una declaración jurada manifestando afectación en sus ingresos y que aporte “los datos correspondientes”, para que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), otorgue la autorización. Si bien el artículo prevé que dichos datos pueden ser verificados por el MTSS, la consabida limitada capacidad de gestión que tiene este ministerio, nos permite entender que el sistema de control no funcionará y las autorizaciones serán dadas de manera automática.

Consideramos pertinente que, cuando menos, se exija al empresario solicitante de la autorización que, aparte de la declaración jurada, deberá demostrar la reducción de los ingresos mediante un estudio contable debidamente certificado por un profesional competente, y que éstos sean debidamente verificados por la autoridad competente, previo a emitir la autorización.

De igual forma, echamos de menos en el proyecto la participación del Consejo Nacional de Salarios (CNS). Al considerar que la reducción de la jornada implica, en esencia, una reducción drástica de los salarios pues esto constituye el corazón de la medida; y dado que el proyecto no posibilita la participación obrera por medio alguno, cuando menos debería dársele participación al CNS a fin de que este órgano, que es de conformación tripartita, sea el que emita los lineamientos que deben seguirse para la implementación de una medida como la planteada; y que estos lineamientos respondan a criterios más técnicos y según la realidad puntual que tenga cada sector productivo frente a la crisis.

Nos preocupa, también, que se establezca la posibilidad de reducir la jornada en un 75 % en aquellos casos en los que se aduzca la reducción de ingresos al 60 %. Llama la atención ver cómo los proponentes del proyecto, en la versión definitiva del texto, han socado aún más el torniquete sobre el cuello de los trabajadores y de las trabajadoras, pues en la versión original del proyecto, la medida quedaba limitada al sector turismo y la reducción de la jornada no sobrepasaba el 70 %. Ahora, se propone como regla general que aplicaría a favor de cualquier empresa y reduciendo el salario de los trabajadores apenas al 25 %.

Esta medida, a todas luces desproporcionada, no toma en cuenta que reducir el salario de los trabajadores y de las trabajadoras a una cuarta parte, implicaría condenar a los perjudicados a una situación calamitosa, pues con el ingreso percibido no podrían atender siquiera las necesidades más elementales de subsistencia.

Esta medida, violenta de manera grosera las medidas de protección al salario previstas en la legislación laboral, y viola el derecho fundamental que tiene toda persona trabajadora a devengar un salario que le permita una existencia digna, según lo ordena el artículo 57 de nuestra Constitución Política.

Una reducción del salario como la que se plantea en este proyecto de ley, ni siquiera permitiría a la persona trabajadora sufragar los gastos que le demanda la actividad laboral como lo son la alimentación, el transporte o la vestimenta.

Mucho más preocupante es ver cómo el proyecto de ley ni siquiera establece excepciones a la reducción de la jornada, como medida para proteger a las personas más vulnerables, o a aquellas en estado de necesidad especial.

Permitir que sea el empleador quien, de manera autoritaria, unilateral y discrecional, decida a qué contratos se le aplica la reducción de la jornada sin condicionamientos de ningún tipo, es poner en manos del empleador una potestad desproporcionada que puede fomentar todo tipo de abusos.

Por las mismas razones antes expuestas, consideramos inaceptable que en el proyecto de ley se establezca, como se hace en el artículo 7, la posibilidad de aplicar la reducción de la jornada incluso a trabajadores aforados o trabajadoras aforadas, pues tal medida socava y deja sin efecto la protección especial que el ordenamiento jurídico prevé para este tipo de personas trabajadoras.

Piénsese en la grave situación en que quedarían, por ejemplo, las trabajadoras en estado de embarazo o en período de lactancia, mismas que verían sus ingresos reducidos drásticamente cuando sus familias, mayor seguridad y estabilidad económica requieren.

En definitiva, en nuestra opinión, este proyecto de ley, lejos de darnos una solución al problema que enfrenta el país, viene a agravarlo, por cuanto no hace más que trasladar a los trabajadores y a las trabajadoras los riesgos de empresa frente a una crisis que ni es culpa de ellos ni de ellas; sino que, además, frente a tal crisis son estas personas trabajadoras las más vulnerables y, por tanto, quienes mayor protección requieren por parte del Estado.

Finalmente, apuntamos una omisión que no por obvia resulta innecesaria. El proyecto de ley no contempla ninguna medida compensatoria a favor de los trabajadores perjudicados y de las trabajadoras perjudicadas con la rebaja de sus salarios.

Si la intención real del proyecto es proteger el empleo, resulta absolutamente indispensable establecer medidas especiales y reales de protección a favor de los trabajadores y de las trabajadoras, como lo podría ser la prohibición del despido injustificado a las personas que se les aplique la reducción de la jornada y su consecuente rebaja de salario; o limitar las facultades del ius variandi, de manera que el empleador, a parte de la reducción de la jornada, no pueda introducir en paralelo ninguna otra modificación a las condiciones de trabajo que hagan más gravosa la condición del trabajador o de la trabajadora.

En concordancia con lo anterior, nos preguntamos: ¿por qué no pensar, también, en medidas de carácter económico como podría ser la suspensión de pagos por deudas crediticias o readecuación de cuotas a todas aquellas personas trabajadoras que tienen créditos y se vean afectadas con la pérdida de salario que acarrea la reducción de la jornada que plantea el proyecto de ley, entre otras? En fin, existe infinidad de posibilidades para lograr una propuesta más balanceada. Desde esta perspectiva, hay que decir que el desequilibrio de intereses que se plasma en el proyecto de ley resulta algo más que odioso.

Por lo anterior, hacemos un llamado a las autoridades políticas y de Gobierno para que desistan de esta iniciativa de ley. En su lugar, se convoque a los representantes del sector productivo y sindical a discutir mejores alternativas que nos permitan enfrentar la crisis con medidas más justas y equitativas, que protejan los intereses de todas las partes y no sólo los de índole económica.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Didier Leitón Valverde, Secretario General SITRAP

Con la asesoría profesional del:

Dr. Esteban Calvo Rodríguez, Especialista en Derecho Laboral

 

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Contra la reforma laboral regresiva. Sí al paro nacional

Carlos Meneses Reyes

El Movimiento Obrero Mundial conquistó la jornada laboral, sobre base científico-social de: 8 horas de trabajo – 48 horas semanales 8 horas de estudio -48 horas semanales

8 horas de descanso -48 horas semanales.

El trabajo dignifica al ser humano. Es creatividad. Produce efecto social y plusvalía (ganancia) para el patrono. Falso que el neo liberalismo salvaje le da más a dedicación familiar y al estudio de los trabajadores. Para quitarles horas de trabajo, previo flexibilizaron, es decir, restaron hora-ganancias, hora productividad, horas extras, ganancia adicional, horas – nalgas (investigación, estudio), horas acumuladas para una pensión, horas para remunerar lo vacacional. Afectan los logros y conquista sociales de dignificación del trabajo, expresada en cuerpos normativos y/o en avances doctrinarios y jurisprudenciales, tales como: la jornada de trabajo comienza desde que el trabajador sale de su hogar. La teoría del riesgo laboral por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, abarca toda la jornada laboral en el concepto amplio y humano de su inicio y terminación. La rebaja de horas-trabajo, carga la planificación estratégica a espaldas del trabajador, quien ha de superar conocimiento, reconocimiento de capacidades, soluciones a mayor rentabilidad que corresponde a la formación y capacitaron de personal a cargo de las empresas (patronos). Impone la informalidad y niega la estabilidad. Suprime la concentración calificada y especializada de la producción, base de lo coordinado-organizativo. Afecta la sindicalización, la organización de los trabajadores en sindicatos, como correas de transmisión de poder popular. Aumenta la explotación al exigir la misma productividad en seis horas, que en ocho remuneradas, trayendo consigo mayor desgaste físico-mental. Aplica mayor alienación, pérdida de valor de si, enajenación e intensidad de subordinación laboral. La disminución de la jornada laboral afecta el reloj biológico del trabajador. En lugar de estabilidad, impone inestabilidad, aumentando el pie de fuerza del sub empleo, al eliminar la jornada mínima legal, calculando el incentivo al mercado laboral de tercerías, eliminando el contrato de trabajo a término indefinido. Tiende a eliminar la función social del trabajo, aumenta la plusvalía, como ganancia empresarial y consolida la imposición del capital privado explotador. Es tanto lo que le han arrebatado al trabajador que ya no cabe flexibilizar más. Con tamaña flexibilización desconocieron las relaciones del contrato laboral e impusieron las relaciones de mercado laboral como objeto o mercancía de carácter civil. Condenaron el Derecho Laboral a una caricatura y enfilan contra los derechos humanos del trabajador. !Basta ya! !Resistencia!. PURO ABOGADO. 04.12-2019.

 

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SITRAA: logramos el pago de horas extras al personal alcantarillado sanitario Puntarenas

Incumplimiento se daba desde el 2011

Comunicado SITRAA

 

Nuestra Organización Sindical desde el pasado 20 de Enero del 2016, señalo mediante el oficio SITRAA 2016-06, el incumplimiento de la jornada laboral, al personal de Alcantarillado Sanitario de diferentes Regiones, pues no se les pagó tiempo extraordinario laborado.

Gracias a nuestra intervención logramos que la Administración realizará las gestiones necesarias, para cumplir con la legislación nacional en este tema, pagando a los trabajadores los dineros dejado de percibir con el no pago de tiempo extraordinario, situación que se daba desde el 2011.

Hoy con nuestras gestiones, 14 funcionarios de la región Pacífico Central ven plasmado su justo pago.

Además hemos llamado a la Administración para el efectivo cumplimiento a futuro de las leyes nacionales en materia laboral y realizar las gestiones necesarias, para abrir los procedimientos disciplinarios a los responsables de este incumplimiento cual data desde el 2011.

 

Respeto de las normas nacionales en materia laboral, nuestro mayor trabajo como organización sindical.

¡Sanciones disciplinarias para jefaturas que incumplieron estos pagos!!!!

¡SITRAA somos todos…!!!

 

Informes: Mauricio Valverde: 85-28-92-40 / Mario Rodríguez Bonilla 71-05-25-87 / Oficina SITRAA: 2543-6537 ext. 6537

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de http://www.ameliarueda.com/

Enviado a SURCOS Digital por Central General de Trabajadores.

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Mil trescientos noventa millones de colones para la Policía Penitenciaria

Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras

Comunicado de Prensa

 

En la tarde de hoy martes 14 de abril, la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, aprobó una partida de ¢1.390.663.320 millones, para que el Estado haga frente a una parte de una deuda que mantiene con la Policía Penitenciaria.

La deuda aproximada a unos ¢2.300.000.000 millones se generó por espacio de unos 14 años, dado que las distintas autoridades Penitenciarias y del Ministerio de Justicia y Paz, abusando del régimen de disponibilidad que rige en este cuerpo policial, obligaban a todos  los policías a presentarse al menos una vez por mes a laborar en su tiempo libre.

Valga decir también, que a este cuerpo penitenciario, abusando de este mismo concepto de disponibilidad, antes del ingreso de la UNT al sistema penitenciario, se les obligaba a laborar jornadas extenuantes, muchas veces superiores a las 17 horas.

La UNT se propuso garantizar el derecho al descanso de este cuerpo policial, encontrando eco en las autoridades penitenciarias de la Administración anterior y ahora con el Gobierno actual, que debemos reconocer ha hecho esfuerzos por respetar el derecho al descanso y ahora por honrar la deuda que se tiene por el abuso cometido con el régimen de disponibilidad.

La UNT estará vigilando para que en los debates parlamentarios que restan, por el término  de un mes, se respete el destino que la Comisión de Hacendarios le ha dado a esta partida.

Con este pago al menos se hace un poco de justicia con todas las carencias y atropellos que por más de dos décadas han sufrido las y los policías penitenciarios.

 

Enviado a SURCOS Digital por Unión Nacional Trabajadoras y Trabajadores.

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