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Etiqueta: José Manuel Arroyo Gutiérrez

Mientras Chaves-Fernández apenas van, Bukele ya regresa

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Para lo que juzgará la Historia ya todo está escrito: la propuesta del continuismo Chaves-Fernández admira, venera, imita y añora ser como Bukele, concentrar todo el poder político, borrar la separación de poderes, eliminar los controles republicanos y, además, gobernar mediante decretos en medio de la suspensión de garantías constitucionales. Estas no son acusaciones de adversarios malévolos, son confesiones explícitas de quienes por desgracia nos gobiernan.

El “gran logro” del tiranillo tropical ha sido crear un enorme campo de concentración-exterminio, reduciendo ciertamente la tasa de homicidios y otros delitos, pero a cambio de encerrar a 120 mil personas (más del 2% de la población), de manera atolondrada, sin las mínimas garantías del debido proceso, sin importar su inocencia o culpabilidad, con denuncias de tratos crueles, torturas y 500 personas fallecidas (¿asesinadas?) a lo interno del sistema carcelario.

El modelito resulta insostenible desde el punto de vista moral y jurídico, pero también desde una perspectiva económica y política, tanto para el pueblo salvadoreño como para la comunidad internacional que observa estupefacta semejante experimento neonazi. De ahí que la manifestación de Bukele en el sentido de que está considerando –por supuesto él como consumado autócrata- la liberación de al menos el 50% de los encarcelados, deba ser analizada con lupa.

Recurro como fuente al medio salvadoreño El Independiente en artículo firmado por Walter Raudales: “El ´MODELO´ se desinfla. ¿Qué hay realmente detrás del anuncio confuso de liberar ´postes´?”:[1]

  1. La manifestación del mandatario salvadoreño es una confesión de fracaso. La férrea mano dura muestra sus fisuras y está buscando una desesperada salida a la trampa en que se ha metido. Es insostenible seguir alimentando la mentira y al fin de cuentas la verdad termina por imponerse.
  2. La propuesta bukeliana, para variar, resulta truculenta. Propone liberar a miles de presos arbitrariamente detenidos obligándolos a reconocer al menos su “colaboración” con las pandillas o el crimen organizado. En el fondo, para recuperar su libertad, los afectados han de manchar sus antecedentes penales y el régimen podrá alegar siempre que nunca fueron inocentes.
  3. A la hipócrita proclama de que “ningún inocente debe permanecer preso”, en el mismo acto, el tiranuelo advierte sobre la necesidad de prorrogar el Estado de Excepción, que ya dura más de 55 meses, como mecanismo para mantener la guerra contra las pandillas.
  4. Quedan sin explicarse las consignas originales que proclamaban el deber de detener a todo sospechoso en barrios y pueblos empobrecidos, porque todos eran potenciales terroristas.
  5. El tiempo ha dado la razón a defensores de derechos humanos y asociaciones de víctimas: combatir a los pandilleros no justifica las detenciones arbitrarias y la eliminación de garantías procesales. Tampoco es válido tachar a estos defensores como cómplices de los delincuentes.
  6. Ahora Bukele empieza a hablar de liberar inocentes, reparar en los distintos “grados de participación”, establecer quiénes han cometido delitos leves, estudiar cada expediente y determinar quiénes han sido “colaboradores involuntarios” para aplicarles la figura de la “libertad asistida”. Pero precisamente esa es labor de fiscales y jueces en un Estado de derecho. Bukele no puede seguir arrogándose facultades que no le corresponden.
  7. En este repentino ataque de empatía con los prisioneros sin debido proceso, pueden estar gravitando los siguientes factores:
    7.1. El próximo proceso electoral en El Salvador donde Bukele busca perpetuarse en el poder de conformidad con las reformas constitucionales hechas a su medida. Pacificar las calles no es suficiente si la pobreza y la extrema pobreza crecen, si la educación y la salud públicas se deterioran, si no hay fuentes de empleo, si no hay una Fiscalía independiente que investigue las denuncias de corrupción público/privada, si el mayor terrateniente es la familia presidencial, etc, etc.
    7.2. En ese contexto pre-electoral se puede estar negociando otro acuerdo territorial entre gobierno y estructuras criminales para asegurarse el voto en zonas rurales y periurbanas.
    7.3. Puede que la liberación precipitada y en desorden de prisioneros busque provocar, a corto plazo, un “rebrote delictivo” que justifique de nuevo la perpetuación del Régimen de Excepción.
    7.4. Los eventuales cambios en la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos en las próximas elecciones, pueden provocar cuestionamientos al modelo bukeliano, así como investigaciones y denuncias por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional de La Haya.
  8. En definitiva, el articulista Raudales recomienda en todo caso aceptar la oferta de Bukele, liberar de inmediato a los inocentes, garantizar debido proceso a quienes tienen elementos de prueba en su contra, liberar también a presos políticos y, dado que el argumento principal para sostener un Estado de Excepción se ha resquebrajado –eliminación de derechos a cambio de orden y seguridad-, terminar de una vez con esa situación de excepcionalidad y recuperar el orden democrático.

Lo que resulta vergonzoso y patético del continuismo Chaves-Fernández, es verlos alabando y copiando un modelo que se desinfla y hace aguas por todas partes. No es casualidad que ni Bukele ni De la Espriella se hayan ausentado de la famosa inauguración de nuestra caricatura de mega-cárcel. Tampoco es casual que la reciente visita de Fernández a El Salvador haya sido inmediatamente seguida por la salida de Bukele a Washington, donde muy probablemente tenga oficios que diligenciar ante el incendio que lo amenaza.

[1] Los “postes” son colaboradores involuntarios, coaccionados por mareros militantes, pero que el régimen igual encierra indiscriminadamente.

Con la Presidencia de la Corte nos jugamos la Democracia

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Las Cortes Supremas de Justicia, en casi todo el mundo, son organismos en esencia conservadores, estrechamente vinculados y determinados por el poder político-partidario del que deriva su propia legitimidad, independientemente de si se trata de regímenes democrático-liberales o autoritarismos de todo signo ideológico. De ellas no es dable esperar grandes movimientos de cambio generales y, a lo sumo, cuando se apartan de sólo mantener el statu quo, nos pueden brindar algunas sentencias que afirmen el bien común, defiendan derechos fundamentales o condenen los más grandes crímenes.

En épocas de estabilidad democrática, el Poder Judicial puede fortalecerse y la interpretación jurisprudencial de la Constitución y las leyes puede contener destellos de progresismo en dirección al reconocimiento y ampliación de derechos. Eso fue precisamente lo que pasó en Costa Rica a partir de la Constitución del 49 y hasta el umbral del siglo XXI. Entre otros hitos de este proceso positivo podemos mencionar la incorporación de un buen número de juristas de alto perfil a la Corte, el aseguramiento de un mínimo del 6% del presupuesto anual, el reconocimiento de los derechos de las mujeres, la creación de nuevas jurisdicciones (contenciosa, familia, agraria, constitucional), y de nuevas instituciones auxiliares a la materia penal (Ministerio Público, Policía Judicial, Defensa Pública).

En otro orden de consideraciones, se puede decir en síntesis que en una Corte Suprema se reflejan, con relativa claridad, la influencia y dominio coyunturales de las principales fuerzas políticas e ideológicas de una determinada época. En el marco de un Estado Social de Derecho la designación de los más altos jueces y juezas, aunque mediada por la afinidad ideológica o partidaria de quienes nombran o son nombrados, hay mucho mayor margen de asegurarse la independencia funcional de la justicia, afianzando su identidad contralora sobre los otros poderes; en tanto que en los regímenes totalitarios, los tribunales de justicia, comenzando por los de mayor rango, son entidades incondicionales al régimen político imperante, quedando desdibujado o desnaturalizado su rol contralor y su independencia.

La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica se ha visto afectada por las transformaciones de carácter sociológico experimentadas en los últimos 50 años. En la Corte de hace medio siglo el peso interno de la Sala Primera (derecho privado, derecho público y contencioso-administrativo) era evidente. De ella salieron sus presidentes (Baudrit Solera, Odio Santos, Coto Albán, Blanco Quirós y Cervantes Villalta), así como también salieron de aquí las principales políticas públicas en materia de justicia. Con la relevancia de la refundación de la jurisdicción constitucional, un largo período presidencial recayó en don Luis Paulino Mora, de origen penal y consolidado constitucionalista. Hasta ahí la época de gran solidez del Poder Judicial costarricense. A los siguientes presidentes no se les ha dado la oportunidad de reelegirse, e incluso uno de ellos –devenido presidente cabalgando el corcel del punitivismo más rancio-, se jubiló anticipadamente después de haber recibido una sanción disciplinaria. Hasta esas profundidades hemos descendido, ya que, coincidiendo con un clima nacional general de decadencia en tema de liderazgos, cualquiera –tenga o no objetivamente méritos- se siente hoy con derecho a presidir un poder de la República. Priva aquel devastador principio que dice: “si Fulano ha sido Presidente, Magistrado, Ministro, Diputado… ¿por qué yo no?”. De ahí, por ejemplo, los 29 candidatos y candidatas a la Presidencia de la República en las últimas elecciones.

Pero ante todo me interesa llamar la atención en punto a que el peso específico del poder a lo interno de la Corte en Costa Rica ha virado de la Sala Primera a la Sala Constitucional (en cuanto a determinación de derechos fundamentales) y, en especial medida, a la Sala Tercera (Penal) en punto a la llamada seguridad ciudadana y sus respuestas represivas. No es de extrañar entonces que tres de los cuatro aspirantes a presidir hoy este poder de la República pertenezcan a esta última cámara, sobre todo porque para un magistrado constitucional resulta, en las actuales circunstancias, inviable, por no decir irresponsable, asumir la presidencia de la Corte dadas las dificultades generadas por la falta de suplencias.

Esta realidad social está marcada, entonces, por lo que podríamos llamar la justicia en los tiempos del narco. Me refiero a que la renuncia al Estado Social de Derecho o Estado Benefactor (hijo del social cristianismo y la social democracia tradicionales), sobrevino en el peor momento. Con la adhesión de Costa Rica al modelo neoliberal, -impuesto desde los centros de poder económico mundiales- coincidió la irrupción del narcotráfico y el crimen organizado (con una guerra declarada por el presidente Nixon como mecanismo de control geopolítico, más que como sincera preocupación por la producción y consumo de drogas). A esto se unió la corrupción público-privada en la gestión gubernativa (que golpeó fuerte al bipartidismo PLUSC), y el creciente protagonismo de la inseguridad ciudadana, que tuvo como única respuesta la reforma y ampliación de lo penal: más figuras penales y mayores penas, restricciones procesales y penitenciarias, fortalecimiento de la Fuerza Pública y organismos auxiliares penales del Poder Judicial. De manera que al día de hoy, la cárcel colma toda estrategia e imaginación programática de nuestras clases dirigentes. Si el modelo económico-político no puede resolver las grandes carencias de la población, entonces se ha inventado un enemigo (el delincuente) y una “solución”: la cárcel, la mega-cárcel, la agresión y la tortura dentro de las prisiones, el escarnio, la venganza, la exhibición pública del tormento, la quema simbólica de los chivos expiatorios. El retroceso es hasta la Edad Media y más allá. La Revolución Francesa ha sido borrada de la Historia. Todo para solaz de un pueblo anestesiado, con el propósito inconfesable de los gobernantes de tapar su incapacidad para resolver los problemas que apremian a la gente y encubrir también los actos de corrupción que mantienen plena vigencia.

En ese contexto, y para el tópico que nos interesa, a saber, cuán independientes son nuestros máximos jueces, la actual integración de la Corte Suprema costarricense contiene tres categorías de magistrados o magistradas: (a) quienes al margen de los apoyos políticos con los que llegaron o han sido reelectos, se toman en serio su independencia y no obedecen a consignas partidarias; (b) quienes profesan creencias religiosas cristianas, ya neo-pentecostales, ya católicas ultraconservadoras, que tienden a subordinar sus decisiones a su credo y no estrictamente a la Constitución Política; y (c) quienes están al servicio del poder político dominante de turno, cualquiera que éste sea, y cuyo objetivo es asegurarse su futuro dentro del más alto tribunal de la República mostrando toda su reverencia y servilismo. Las dos segundas categorías se develaron con claridad en el tema de enviar -o no- las causas penales contra Rodrigo Chaves a la Asamblea Legislativa. No son una clara mayoría, pero entre ellos están los hoy dos aspirantes a la Presidencia, doña Damaris Vargas Vázquez y don Gerardo Alfaro Vargas. Tal vez algún otro espera agazapado que el fraccionamiento termine desgastando las candidaturas actuales. En todo caso, confiar la cabeza de la Corte en alguna de estas personas sería una entrega, desde dentro, a las aspiraciones del chavismo de controlar al último bastión que le falta para liquidar nuestra democracia republicana. Ya el último movimiento del Sub-contralor General, señor Aragón, nos advierte que no toda toma institucional tiene que venir desde fuera.

Es hora de instar con respeto a una mayoría de Corte a que en última instancia se depongan aspiraciones personales, se respeten pequeñas mayorías que al final puedan sumar, y se logre colocar en la Presidencia a quien esté dispuesto a defender la independencia e integridad del Poder Judicial. En esto se nos va la Democracia misma.

80 años del juicio de Núremberg

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1º de octubre de 1946, en la ciudad de Núremberg, Alemania, se llevó a cabo el proceso judicial más relevante del siglo XX. Por vez primera en la Historia, se sentó en el banquillo de los acusados a jerarcas de un Estado, por sus conductas individuales en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

Esta empresa judicial no estuvo exenta de dificultades y cuestionamientos. Hubo que improvisarlo prácticamente todo. Por medio de los llamados Acuerdos de Londres (agosto de 1945) fue preciso redactar un Estatuto rector; constituir el Tribunal Militar Internacional que se encargaría del juzgamiento; designar a los cuatro jueces titulares y sus respectivos suplentes, uno por cada una de las potencias vencedoras (Gran Bretaña, los Estados Unidos de América, la Unión Soviética y Francia); se estableció asimismo el sistema procesal a emplear (acusatorio anglosajón); se definieron cuatro figuras penales a aplicar: Plan Concreto o Conspiración para la Guerra, Crímenes contra la Paz, Crímenes de Guerra y Crímenes contra la humanidad, y por último se levantó la lista de líderes del nacional-socialismo capturados, donde figuraron militares, ideólogos, jefes claves del Partido y del Estado, ejecutores responsables de programas de exterminio, e incluso diplomáticos y economistas con responsabilidades especiales. Por último se enlistaron también las organizaciones, entidades estatales, de seguridad y militares que debían rendir cuentas.

El juicio duró aproximadamente un año. En total se celebraron 403 audiencias, se incorporaron más de 4.000 documentos (informes, actas, memorandos, fotografías y documentales cinematográficos), se escuchó a 33 testigos de la acusación y a 61 de la defensa, y 19 de los acusados decidieron declarar sobre los cargos que soportaban.

En las etapas previas al inicio del Juicio, hubo cuestionamientos que superar. El primero consistió en la pertinencia de llevar a cabo un proceso penal formal. Se discutió por parte de los Aliados vencedores si simplemente se debía identificar e interrogar a los acusados para de inmediato fusilarlos o ahorcarlos, conforme los protocolos tradicionales militares y de guerra; o bien, se conducía el juicio formal, conforme principios y normas del debido proceso legal. Esta segunda tesis fue la que finalmente se impuso por insistencia de la delegación soviética y aceptación final de las otras potencias aliadas.

Otro cuestionamiento que hubo que superar, resuelto de hecho, fue de orden ético. Se cuestionaba si el bando vencedor tenía autoridad moral para juzgar a los vencidos, dado que se habían perpetrado abusos y crímenes de guerra por parte de los Aliados, tanto como por parte de los nazis. Se cuestionaba la presencia de la Unión Soviética en el tribunal juzgador, cuando en su momento había firmado un Pacto de No-agresión con Hitler y había participado en el hecho generador de la guerra al repartirse el territorio de Polonia con Hitler. Se acusaba a los soviéticos también de haber perpetrado la matanza de quince mil oficiales polacos detenidos en la localidad de Katyn. Y se señalaba que el juez titular soviético (Nikitchenko) había fungido como juez en las parodias judiciales mediante las cuales Stalin llevó a cabo las purgas de sus oponentes internos. A los Aliados se les reclamaba el haber tolerado los avances de Hitler antes de iniciarse la guerra, además de haber bombardeado ciudades indefensas, como Dresde, en las que murieron miles de civiles, amén de los entonces recientes lanzamientos de bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, con cientos de miles de víctimas, también civiles.

Estas importantes objeciones fueron contestadas argumentándose que la Alemania nazi fue, sin duda alguna, la responsable del inicio y desarrollo del conflicto bélico, en especial por las agresiones militares para invadir y anexarse territorios extranjeros. Además, no podían compararse moralmente, las campañas deliberadas de odio racial y exterminio contra poblaciones enteras, como la judía, la gitana, los eslavos y las minorías identitarias, con las acciones propias de la guerra como bombardeos y estrategias militares defensivas. Por último, se alegó que no era admisible dejar en impunidad las atrocidades cometidas por el nacionalsocialismo alemán, debiéndose pedir cuentas y sentar responsabilidades por los crímenes contra la humanidad. Se trataba en consecuencia de una reivindicación ética, espiritual y pedagógica para que lo ocurrido no volviera a suceder. En resumen, había que sentar un precedente y al menos prevenir a futuro situaciones semejantes.

El último gran cuestionamiento fue de naturaleza jurídica. Al tenerse que improvisar prácticamente todo, se pusieron en entredicho los principios rectores del derecho procesal penal moderno. Empezando por la creación de un Tribunal Militar Internacional ad-hoc, para el caso de Núremberg, y en contradicción con el principio de juez previo o juez natural. De igual manera se tuvieron que confeccionar las figuras penales contra el mandato clásico de Nullum crimen sine lege, y por supuesto, prever las penas a contrapelo del presupuesto Nulla poena sine lege. Es decir, se percibía un quebranto del principio de legalidad en su conjunto y todo parecía contradecir la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal.

La respuesta a estas cuestiones capitales se levantó con bastante solvencia. Se alegó que se procuraba conducir un juicio reglado, conforme los principios del debido proceso con el propósito de responder con legalidad a quienes se habían comportado con brutal arbitrariedad. Se trataba también esclarecer los hechos para que luego no fueran a minimizarse o negarse del todo. Se contestó la crítica de violación al principio de legalidad argumentándose que sí existía normativa internacional previa que condenaba las principales acciones emprendidas por la Alemania nacionalsocialista, tales como el Convenio de la Haya (1899) para la solución arbitrada de los conflictos; el Tratado de Versalles (1919) que creó la Sociedad de Naciones; la VI Conferencia Panamericana (1928) en la que se califica la guerra de agresión como un crimen contra la especie humana; el Tratado General de Renuncia a la Guerra o Pacto de París (1928) en el que se reiteraba el peligro mortal de una nueva conflagración mundial. En la mayoría de estos acuerdos internacionales participó y se comprometió Alemania, razón por la cual podía pedírsele cuentas por lo ocurrido.

La defensa de los acusados esgrimió argumentos de distinta índole: ninguno de los imputados aceptó su culpa; ninguno aceptó haber conocido los crímenes atroces –sobre todo matanzas masivas en centros de exterminio-; y por el contrario alegaron haber actuado siempre por honor y lealtad al pueblo alemán y su Führer; incluso alegaron haberlo hecho por Dios y por amor a la Patria. Desde una perspectiva más técnica, algunos de ellos intentaron defenderse alegando que estaban amparados a una especie de “legítima defensa putativa” por cumplirse los supuestos de esta causa justificante, a saber, el haber respondido a agresiones previas; o bien alegaron haber actuado sólo por órdenes superiores, lo que conformaba la “obediencia debida” puesto que estaban sometidos a enormes presiones y hubiera sido mucho peor desobedecer y arrastrar a sus tropas y a sí mismo a disciplinas letales. Un último argumento defensivo esgrimió razones de “seguridad militar”, tratando de explicar que los grupos operativos móviles (Einsatzgruppen), verdaderos comandos de exterminio, lo que hicieron en la retaguardia, conforme el ejército alemán avanzaba, fue eliminar todo riesgo de revuelta, razón por la cual fue necesario acabar con judíos, comunistas, eslavos y otros.

En sentencia todas estas argumentaciones fueron rechazadas. Destaca el establecimiento de las responsabilidades individuales de cada acusado, así como la inadmisión de la supuesta “obediencia debida” en vista de que los hechos consumados fueron gravísimos, todos los acusados conocían y querían voluntariamente participar de ellos, y en ningún caso podía aceptarse una excusa exculpatoria.

La sentencia condenó a 12 acusados a la pena de muerte (Göring, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Streicher, Jodl, Frank, Frick, Sauckel, Seyss-Inquart y Bormann en ausencia). Se pronunciaron 3 cadenas perpetuas (Hess, Funk y Raeder). Además, sobre 4 imputados recayeron condenas de prisión prolongadas entre diez y veinte años (Speer, Von Schirach, Von Neurath y Dönitz). Por último, el Tribunal absolvió a 3 acusados (Schacht; Von Papen y Fritzch).

El Juicio de Núremberg terminó siendo reconocido como un formidable precedente en el campo de la legalidad internacional. Voces autorizadas como la de René Cassin, se refirieron a él como un evento que “arrojó luz incuestionable sobre el acontecimiento bélico”. Se reconoció también que se había constituido un proceso al que se llamó “la condena de la memoria” porque serviría para no olvidar lo sucedido en materia de crímenes contra la humanidad.

A partir de su realización, se desencadenaron otros procesos y otras instituciones que conforman hoy el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como los Institutos, Sistemas Regionales y Tribunales Internacionales en esta materia: (a) durante y después del Juicio de Núremberg se llevaron a cabo otros juicio en Alemania y en las zonas de ocupación; se juzgó a generales y otros militares, a miembros de los cuerpos de seguridad, a profesionales como médicos, abogados, administradores, economistas, funcionarios de campos de concentración y exterminio. Miles de personas fueron acusadas (5006), cientos condenadas a pena de muerte (794) de las cuales fueron efectivamente ejecutadas 486. En diciembre de 1945 con la Ley No. 10 del Consejo de Control, los Aliados crearon una base jurídica estandarizada para el procesamiento de los crímenes de guerra en las respectivas zonas de ocupación que de base para los posteriores juicios al de Núremberg; (b) Incluso se llegó a juzgar a líderes nazis que habían declarado como testigos en el proceso principal de Núremberg (Ohlendorf, Höss, Wisliceny) sobre los que recayeron posteriormente sentencias de muerte; (c) El proceso de Núremberg sirvió también de modelo y heredó pautas procesales y principios normativos que guiaron la realización de muchos juicios posteriores, así como inspiró la normativa internacional emitida a partir de 1946 en el seno de la Organización de Naciones Unidas (UNO); (d) Por ejemplo, la Resolución de 11 de diciembre de 1946 de la ONU confirmando los principios del derecho internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Núremberg y por la sentencia de ese Tribunal; (e) En Noviembre de 1947 se crea una Comisión especializada en Derecho Internacional de la ONU. (f) El 9 de diciembre de 1948 se produce la adopción por parte de la Asamblea General de la ONU de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; (g) el 10 de diciembre de 1948, en París, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 217 A (III), adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos; (h) el 26 de noviembre de 1968 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad (con particular mención al delito de Genocidio); (i) se crearon dos tribunales internacionales en La Haya para conocer los crímenes en la antigua Yugoslavia (TPIY), 1993-2017 y el Tribunal de Arusha, Tanzania (TPIR), 1994-2015. (j) En 1998, con el Tratado de Roma, se adoptó en principio la creación de un Tribunal Penal Internacional que comenzó a funcionar en el 2002. Los Estados Unidos de América y otras potencias se abstuvieron de apoyar su creación y, aun así, comenzó a funcionar en el 2002.

Este artículo ha sido escrito entre junio y setiembre de 2026, tiempos en que el Derecho Internacional y la Doctrina de los Derechos Humanos están siendo sometidos a prueba como nunca antes. Se vive un auge de la extrema derecha en Europa y América, una mezcla de neo-fascismo y anarco-neoliberalismos que controla gobiernos otrora democrático-liberales. Una potencia mundial, los Estados Unidos de América, inicia impunemente guerras de agresión como la de Irán; otra potencia, la Rusia de Putin, invade a Ucrania y sostiene una guerra de invasión que lleva años; el Estado de Israel sostiene una acción de exterminio genocida contra el pueblo palestino; de nuevo los Estados Unidos fulmina lanchas en altamar con el pretexto de combatir el narcotráfico e invade y secuestra a un jefe de otro Estado como ha sido en el caso de Venezuela. Hay alarmas de claros genocidios en países africanos como Sudán y el Congo, donde conflictos internos están provocando el exterminio de etnias minoritarias o en desventaja armada. Entretanto, las más importantes instituciones internacionales, llámense ONU o Corte Penal Internacional, nacidas para que este tipo de barbaries no se volvieran a repetir después de lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, exhiben su debilidad, incapaces de ir más allá de gestos y discursos de condena, absolutamente incapaces de hacer valer el derecho internacional vigente.

El paisaje mundial es así, por completo desolador. Cuesta creer que la memoria humana sea tan frágil, impotente para imponer la razón, el derecho y la justicia por encima de la fuerza bruta. Resulta paradójico que una potencia como USA, ayer artífice del Juicio de Núremberg, en el que pugnó por introducir el delito de Conspiración para Guerra como esencial en todo el proceso, sea hoy una nación que propicia precisamente las guerras de agresión e invasión en distintas partes del mundo.

Pero aquí hemos de estar, una vez más, recordando lo que el lado positivo de esta misma humanidad ha sido capaz de responsabilizar y construir, juzgar los crímenes más atroces, apostar por el Derecho Internacional, la defensa y garantía de los Derechos Humanos y las instituciones que las respalden. Aquí estaremos para que no se extinga la memoria y para no perder el sueño de una especie, supuestamente racional, habitando un mundo donde la ambición, el egoísmo, el odio, la mentira y la agresión, cedan ante el respeto a la dignidad de cada persona por el sólo hecho de serlo, la solidaridad y empatía para los más débiles, la conciencia de que la deshumanización de un solo individuo es la deshumanización de todos, y para que, en fin, se hagan valer los derechos fundamentales de todas y todos, a pesar de las diferencias y las disidencias.

¿Qué nos espera?

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Con frecuencia, en estos días oscuros, muchos que sí tememos a la dictadura y a la desaparición de jueces independientes que garanticen nuestros derechos, nos preguntamos, con angustia, qué nos espera. Intentaré resumir algunas percepciones y los fundamentos que las apoyan.

  1. Un tsunami neoliberal, reaccionario, neofascista, antidemocrático, autocrático y de extrema derecha arrasa el mundo occidental, cuna y terreno donde por algo más de dos siglos ha florecido, con grandes altibajos, la democracia liberal/republicana clásica.
  2. Este movimiento político nefasto está en su mejor momento. Lo vemos con espanto cómo ha tomado a los Estados Unidos de América y a varios países del sur del continente. También tomó a países de la antigua Europa Oriental y conforman fuertes corrientes partidarias en el occidente europeo.
  3. No obstante, hay indicios de que esas fuerzas políticas regresivas, montadas sobre las bestias del ultra-nacionalismo, el fundamentalismo religioso, la xenofobia, la represión migratoria, el antifeminismo y la agresión a las minorías identitarias, no son sostenibles en el mediano plazo. Lo evidencia el derrocamiento, en las urnas, de Orbán en Hungría, y se concretan y anuncian fuertes golpes, también electorales, contra el trumpismo estadounidense. El desastre económico del desquiciado mental de Milei en Argentina, augura asimismo un cambio más temprano que tarde.
  4. En Costa Rica, el chavismo constituye la expresión vernácula de esa oleada antidemocrática. Hemos seguido el libreto: una democracias que no le ha llegado a amplios sectores de la población, ni para brindarle servicios básicos, ni para garantizarle derechos fundamentales. A esta realidad se ha unido la corrupción público/privada de la clase política tradicional y la emergencia de la criminalidad organizada y transnacional, sobre todo del narcotráfico.
  5. El terreno estaba por completo abonado para que surgiera el chavismo, la promesa demagógica y populista, el mesianismo que nos tiene ya hace casi cinco años en la crispación y la polarización, el espectáculo politiquero y la venta de supuestas soluciones que no alcanzan a solucionar los problemas más acuciantes de la ciudadanía. Los servicios siguen deteriorándose, la corrupción se agrava, los derechos se neutralizan o anulan.
  6. Idea cardinal y decisiva de este populismo de derecha que nos gobierna fue la necesidad de obtener una mayoría calificada (40 diputaciones) para poder llevar a cabo las transformaciones que propugna: una copia de lo que Nayib Bukele ha hecho en El Salvador: una mayoría aplastante en el Poder Legislativo que le permitiera tomar por asalto a la Corte Suprema, destituir magistrados, conformar un Tribunal Constitucional complaciente, nombrar a un amigo como Jefe del Ministerio Público; además, una supresión de las garantías propias del Estado de Derecho; una declaración –supuestamente temporal pero que ya lleva años- de un estado de sitio que se prolonga indefinidamente; y un sistema electoral que asegure el continuismo perpetuo de la élite autocrática al mando.
  7. Pero eso no sucedió en nuestro país. El Partido Pueblo Soberano, de Chaves y Fernández, aunque ganaron holgadamente, no obtuvieron la mayoría calificada a la que aspiraban. Se quedaron a siete diputaciones de poder hacer lo que les diera la gana con este Estado de Derecho y nuestro sistema democrático. La consecuencia más relevante de esta realidad política y que se ha ido develando en los últimos meses es que, llevados por el triunfalismo y la prepotencia, no previeron un PLAN-B, y ahora están dando palos de ciego en casi todos los temas transcendentales para el país.
  8. Es ya patente que el show mediático con caravanas blindadas y ruido de sirenas, las conferencias-arengas de los miércoles, las supuestas conspiraciones y atentados contra los dignatarios, y los proyectos de ley en materia penal por completo inviables por inconstitucionales, no dan abasto para legitimar la ausencia de programas de gobernanza y políticas públicas eficaces. Tampoco es suficiente la estrategia de culpar al Poder Judicial y sus órganos auxiliares por el problema de inseguridad que azota al país y que, en los últimos días ha desnudado quiénes son los que realmente están penetrados hasta el tuétano –el Poder Ejecutivo y sus cuerpos policiacos- y quiénes están cumpliendo con sus obligaciones y asestando rudos golpes al crimen organizado, a saber, el OIJ, el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia.
  9. Los escenarios que enfrenta el chavismo son básicamente tres:

    9.1. Aceptar la dura realidad de que ya no van a poder hacer aquí lo que Bukele está haciendo con el pueblo salvadoreño y, con un mínimo de sensatez y estrategia política –si es que deciden tenerlas-, aceptar que deben sentarse a negociar con el bloque democrático de oposición que se ha ido consolidando en la Asamblea Legislativa. Esto significaría, entre otros asuntos álgidos,  negociar el nombramiento de las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional, girar las partidas presupuestarias congeladas al Poder Judicial y olvidarse de nuevos recortes; archivar los impuestos a la canasta básica; devolver a los trabajadores pensionados su ROP, entre otros asuntos de urgencia. Quizá, con esa inteligencia logren obtener la aprobación de leyes y proyectos que les interesen y reconstruyan su imagen frente a quienes han confiado en ellos.


    9.2. Continuar con la estrategia contumaz y atolondrada de no dialogar, no negociar, pretender torcer el brazo al Poder Judicial, llevarlo al colapso, obligarlo a deteriorar sus servicios con la peregrina idea de que la gente clamará por su cierre, en fin… conducir a una situación caótica que, estoy seguro, el mismo chavismo no sabe a dónde con exactitud puede conducir. Los chavistas -dirigentes y bases sociales-, deben darse cuenta que de esta virtual “guerra civil” no saldrá nadie ganancioso. ¿Desplegarán efectivos de la Fuerza Pública alrededor del Congreso para que no sesione? ¿Perpetrarán esa maniobra en el Circuito Judicial de San José? ¿Asfixiarán presupuestariamente a la Administración de Justicia y los otros entes de control y contrapeso? ¿Cuál puede ser el desenlace de semejante maniobra?, ¿provocar un enojo enardecido de la población contra las agencias  judiciales, o se les devolverá como búmeran? ¿Serán capaces de desatar un enfrentamiento armado entre la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial? ¿Qué diablos estará pasando por esas cabecitas?


    9.3. Otra apuesta, que puede sonar descabellada pero que nunca se  sabe, es que el chavismo continuista esté apostando a pedir intervención extranjera, para imponer un Estado de Excepción dictatorial. Ya hemos visto a Rodrigo Chaves coquetear con el ejército salvadoreño y, en la de menos, también puede estar acariciando la ilusión de que el amo supremo, Donald Trump, se apunte a la aventura. Ya lo hemos visto asimismo medir fuerzas entre número de efectivos con los que contaría versus los efectivos de la Policía Judicial. Pero en este punto hay una cuestión medular que no debe olvidarse. Hasta ahora, los entes que han contado con la confianza y apoyo de las agencias estadounidenses (CIA, DEA, Embajada, Departamento de Estado) han sido el Ministerio Público y el OIJ, y no tanto el Poder Ejecutivo y sus instancias de policía. Además, Costa Rica no tiene el peso geopolítico suficiente como para justificar una intervención tipo Venezuela. El Tío Sam tiene en estos momentos demasiados frentes abiertos en el mundo, y en este país no se vislumbra una fuerza política alternativa, de izquierda radical y antiimperialista,  que amenace la tradicional alianza con los Estados Unidos. Así que este escenario, salvo que todos se vuelvan por completo locos, es el menos probable.


    10. Seamos pues moderadamente optimistas. Confiemos en que el tsunami neoliberal de extrema derecha siga evidenciando sus alcances limitados en todo el mundo. Confiemos en que la sociedad costarricense comience a detectar el callejón sin salida en el que nos ha metido el chavismo. Confiemos en que el populismo demagógico del continuismo se ira desgastando en sus consignas y su propia incapacidad para cumplir promesas. Confiemos, en fin, en que la gente empezará a manifestarse y organizarse para salvar la aspiración democrática, pacífica y justa que supieron heredarnos los abuelos y abuelas.

Justicia penal: de la visión a la ceguera

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

El Poder Judicial costarricense de hoy, en materia penal, es resultado del proceso de reforma institucional y legal más relevante de su historia. Hace poco más de 50 años un grupo de juristas y políticos visionarios impulsaron la promulgación de un nuevo Código Penal (1970), un Código de Procedimientos Penales (1974), renovaron leyes orgánicas para el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial; se reorganizó y fortaleció también la Defensa Pública y se puso en marcha un modelo penitenciario transformador mediante el proyecto de “La Reforma”.

Se requirieron muchos años de estudio y planificación por parte de personas expertas y autoridades, nacionales y extranjeras, para que el país contara con una legislación penal sustantiva -entonces modernizada-, conforme los principios republicano-democráticos; el proceso penal abandonó los oscuros gabinetes de la inquisición medieval (escrito y secreto), para abrir la puerta a los juicios orales y públicos, cuyo aporte principal fue el control político que la ciudadanía podía ejercer sobre los tribunales a la hora de impartir justicia. Por otra parte, se trasladó la función de perseguir y acusar delitos desde el Poder Ejecutivo (Procuraduría General) al Poder Judicial (como órgano auxiliar de justicia), ubicando el Ministerio Público en un lugar más neutral, otorgándole mayor independencia, rango y recursos, así como procurando que el proceso penal no fuera más un arma político-partidaria para perseguir adversarios y proteger correligionarios. Se fundó el OIJ, para la investigación técnico-científica de los hechos criminales, dejando atrás el barbarismo de cuerpos policiacos de detectives improvisados, subordinados al Gobierno de turno, proclives a la arbitrariedad, el abuso y hasta la tortura. Una Defensa Pública eficiente y eficaz, superó los tiempos en que este derecho era un simple nombramiento en el papel, para asegurar en adelante que toda persona acusada pudiera contar con un acompañamiento profesional de calidad, que garantizara el respeto a sus derechos fundamentales. Por último, se abandonó el concepto de cárceles como meros depósitos de desechos humanos, y se apostó por un régimen penitenciario resocializador, profesionalmente asistido (psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, educadores), régimen además, progresivo y humanista, capaz de superar la ideología del punitivismo vengador, al ofrecer mecanismos de superación para los privados de libertad por medio de la educación y el trabajo.

Semejantes transformaciones le dieron a Costa Rica su prestigio y renombre como nación respetuosa y defensora de los derechos humanos, convirtiéndola en líder continental que albergó la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), convirtió nuestro país en sede de la Corte Interamericana (CIDH) y su Instituto, así como del Instituto de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD). También fuimos el ejemplo a seguir cuando las dictaduras militares asolaron la región latinoamericana y nos dieron autoridad para impulsar y mediar en procesos de democratización y negociación que trajeron paz a Centroamérica y a merecer un Premio Novel en la materia. Por cierto, muchos connacionales, dado ese mismo prestigio, asesoraron los poderes judiciales y sus escuelas de capacitación en las democracias nacientes de la región, así como también muchos otros tuvieron oportunidad de servir en organismos internacionales, trabajar como asesores en centros universitarios de alto nivel y en programas de desarrollo humano en múltiples especialidades.

Sin duda, en estos últimos 50 años se ha vivido en el campo penal –y conseguido en parte- una aspiración democrática fuerte, resultado de liderazgos con visión de futuro, con doctrinas sólidas y propuestas de políticas públicas de largo alcance, en dirección hacia décadas por delante, que alcanzaran a muchas generaciones futuras.

Estos esfuerzos no han podido mantenerse lo suficiente en los últimos tiempos. La confianza en la democracia se ha debilitado. Han fallado las instituciones en la prestación de servicios básicos y se ha deteriorado el acceso a derechos fundamentales. La corrupción público/privada ha generado una indignación difusa contra la política en general. Grandes mayorías se han ido quedando fuera del reparto de la riqueza social y todo ese complejo panorama nos ha traído donde estamos: la pesadilla de la demagogia, la mentira y el populismo irresponsables. La cuestión política a resolver siempre ha sido la misma. Ayer como hoy lo fundamental ha sido construir, incluir, avanzar, actualizar derechos para todas las personas, dar un mínimo de calidad de vida a las mayorías y cultivar el sueño de un futuro mejor. Más temprano que tarde seremos juzgados, como generación, por lo que hicimos tanto como por lo que dejamos de hacer. Hay realidades que no pueden esconderse tras discursos virulentos, descalificaciones o insultos destemplados. La realidad siempre terminará imponiéndose con datos duros, evidenciando avances o retrocesos, logaros en paz y justicia o una conflictividad social cada vez más exacerbada.

El contraste entre lo mejor que hemos sido y el presente, sobre todo a partir de mayo de 2022, es desolador y dramático. La incapacidad de pensar y proponer soluciones de largo plazo es evidente. En el pasado gobierno y el presente, en materia de inseguridad y violencia social, así como sus respuestas penales, sólo hemos oído estridentes ocurrencias como encerrar a cada vez más gente (al estilo Bukele), pintar a los presos y presas de naranja fosforescente, llevar de paseo a escolares de barriadas pobres a visitar cárceles para que escarmienten sobre lo que les espera, asestar un golpe a la independencia del Ministerio Público otorgándole a la Asamblea Legislativa el nombramiento de su jerarca, propuesta inaceptable por regresiva, improvisada y con aroma a desquites personales. La capacidad de visión ha desaparecido, la ceguera es total.

Además, como de antemano el oficialismo sabe que nada de todo esto funcionará, le han declarado la guerra al Poder Judicial. Lo culpan de la inseguridad que se vive ignorando el mandato constitucional de que la prevención y el orden público son tareas a cargo del Poder Ejecutivo, y no de fiscales o jueces. En el colmo de un ejercicio de poder irresponsable, nos quieren llevar al caos institucional boicoteando el nombramiento de magistrados suplentes en la Sala Constitucional. Con esto no sólo quieren impedir que los jerarcas del oficialismo rindan cuentas ante la justicia, sino que buscan deteriorar el servicio público para continuar en su campaña de desprestigio contra la Administración de Justicia. No les importa que cientos o miles de ciudadanos se queden sin resolver reclamos en defensa de sus legítimos derechos. Pero además, la otra estrategia de “gobierno” es asfixiar presupuestariamente al Poder Judicial y demás órganos estatales de control. De nuevo no hay claridad sobre los propósitos últimos de estas estratagemas, dado que el único perjudicado es un público que requiere de servicios indispensables que le serán retardados o denegados.

Pero quizá lo que mayor desconsuelo provoca es el legado que ya nos está dejando el chavismo: la imagen de una Costa Rica en el mundo degradada y deteriorada. Evaluaciones de la OCDE, Transparencia Internacional, el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, muestran claros retrocesos en los últimos años en materias como educación, seguridad y percepción de la corrupción. También se incluyen dictámenes alarmantes de observadores externos sobre libertad de prensa y amenazas inéditas a la independencia judicial. La cereza de este pastel en franco proceso de descomposición es ver a nuestros representantes ante Naciones Unidas del lado de quienes defienden el bloque inhumano a Cuba, o quienes justifican el genocidio de Israel sobre Palestina, o las declaraciones oficiales contra los derechos de las mujeres o de las minorías identitarias.

El pasado viernes 17 julio un grupo de costarricenses nos congregamos en el bulevar de los Tribunales de Justicia de San José, en defensa del Poder Judicial. Fue una oportunidad para recordar el origen histórico de las instituciones judiciales en el campo penal y un homenaje a los hombres y mujeres visionarios que sentaron las bases de una justicia democrática sólida, respetuosa de la legalidad y los derechos humanos. Una justicia que 50 años después vale la pena conmemorar y defender. Nadie se acordará, dentro de otro medio siglo, de quienes hoy quieren arrasar con todas esas conquistas históricas con medidas improvisadas, intrascendentes e irresponsables.

Envidia

Escrito en . Publicado en Lucha Cultural.

Dedicado al Dr. Alfredo Chirino Sánchez

José Manuel Arroyo Gutiérrez

El diccionario de la Real Academia define la envidia como la tristeza o pesar que puede sentir alguien por el bien ajeno, en razón del deseo frustrado de poseer lo que otro sí tiene.

Al pobre de don Quijote de la Mancha, a ratos el Caballero de la Triste Figura, a ratos el Caballero de Los Leones, lo persiguió obsesivamente un “encantador” (Frestón) que, por pura ojeriza, le tergiversaba y malograba sus hazañas y proezas, sus ideales de belleza femenina (transformando a Dulcinea en una ruda campesina), o echando a perder sus luchas justicieros (haciendo parecer molinos de viento lo que eran malvados gigantes).

Por otra parte, la tradición teológica cristiana, desde muy temprano enlistó siete pecados capitales, entre ellos, la envidia, junto a conductas también reprochables como la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula y la pereza. En esa misma tradición cultural de Occidente, Dante Alighieri, si bien no concibe al envidioso como un pecador imperdonable, digno de ir directo al Infierno, sí lo considera un sujeto merecedor de pasar su buen rato en el Purgatorio, cosidos sus párpados con alambres de hierro y su cuerpo vestido con túnica gris a modo de penitencia.

La virtud contraria a la envidia es la generosidad. Si aquélla se duele del éxito o bienestar ajeno, ésta en cambio la reconoce y se alegra sin resentimientos. Ambas reacciones están en la naturaleza humana y se producen de muy variadas maneras. El problema es cuando la envidia se cultiva como pasión incontrolable, en una mente desequilibrada o en un espíritu mezquino. Se vuelve entonces manía obsesiva contra quien el envidioso percibe como persona dotada de talentos especiales o logros sobresalientes, que quisiera tener o alcanzar y que no lo conseguirá jamás.

Todos podemos revisar y encontrar ejemplos en nuestras propias biografías. La envidia cunde entre hermanos, “amigos”, compañeros de escuela o colegio, y con especial rigor, entre compañeros de trabajo y colegas profesionales. Una carrera destacada atrae la sigilosa serpiente de la envidia y su veneno puede ser muy dañino. Curiosamente puede provenir de personas que también han logrado lo suyo, pero viven en un pantano de frustración –nunca sabremos porqué- en el que no encuentran la paz ni la alegría de vivir sus propios logros. Es proverbial que uno de los hombres más poderosos de la tierra, como Donald Trump, no disimule la inquina que siente contra quienes han sido premiados, homenajeados, o distinguidos con el Premio Novel de la Paz. En la Costa Rica de nuestros días, decir que hemos vivido en una dictadura los últimos 70 años, o promover el despojo de visas estadounidenses a adversarios políticos, son acciones hijas de la peor envidia.

Quizá eso explica por qué un buen refugio para los envidiosos es el terreno del poder político. Con facilidad, pueden trepar con pocas luces y menos talentos. Ahí campean a sus anchas y pueden, acuerpados por aparatos de propaganda, obtener la influencia que da la mentira, la difamación y la calumnia, enlodar honras, dañar reputaciones y agraviar a quienes perciben como enemigos, sólo por “el delito” de pensar distinto, defender sus ideas y albergar concepciones del mundo contrarias a las suyas, brillando, en definitiva, con luz propia a donde quiera que vayan.

Poseer un Doctorado en Derecho en una Universidad alemana, haber sido Letrado de la Sala Tercera, Director de la Escuela Judicial y Juez de Apelaciones, además de ser profesor con grado de catedrático y ejercer la Decanatura de la Escuela de Derecho de la UCR, tener a su haber una lista inmensa de libros y artículos especializados en Derecho Penal que se estudian y citan dentro y fuera del país, haber redactado sentencias sobresalientes que de igual manera han sentado jurisprudencia, dominar cuatro idiomas (o más) y litigar con éxito ante los tribunales de justicia, todo eso, en una sola vida, es definitivamente envidiable. Aparecen entonces los enemigos gratuitos, con su extravío y mediocridad a cuestas, disparando desde el poder político contra el mérito ajeno que no soportan contemplar. La desgracia es que puedan influir a otros que prefieren, por temor o cálculo político, volverse cómplices de tan malas artes.

«El cuchillo para el propio pescuezo»: la miopía política de las mayorías de turno

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

El error político más grave y frecuente de las mayorías electorales es legislar y gobernar, como si la correlación de fuerzas nunca fuera a cambiar, es decir, actuar bajo la ilusión de que han llegado para quedarse por siempre.

Así, el chavismo boicotea la elección de magistraturas indispensables, propone reformas penales para despojar a los jueces de sus competencias y dárselas a la policía, y pretende que el fiscal general sea escogido por una mayoría partidista en la Asamblea Legislativa, entre otros muchos despropósitos.

Son tan poco visionarios e incompetentes, que no pueden ver que el día de mañana, bajo otras mayorías coyunturales, podrán ser víctimas del boicot para paralizar la justicia, perderán las garantías y libertades de un Estado de Derecho convertido en un régimen policiaco, y serán víctimas de un Ministerio Público partidarizado que persigue oponentes y premia amigotes.

En fin, como dice el refrán popular, lo que está haciendo el gobierno del continuismos es afilar un “cuchillo para el propio pescuezo”.

La confesión y el detector de mentiras como medios de prueba

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Alcanzar la verdad de lo ocurrido es la finalidad esencial del proceso penal. Esta tarea sin embargo es muy compleja y por ello tiene que ceñirse a estrictas reglas de actuación. No todo se puede demostrar, ni por cualquier medio.

Hace ya siglos se superó la confesión como “reina de las pruebas” en el proceso penal. Cuando un acusado confesaba, todos los intervinientes en el juicio, desde los jueces y verdugos, hasta las partes, quedaban satisfechos y aliviados por haberse alcanzado “la verdad”.

El razonamiento crítico de Beccaria en su célebre “Dei delitti et de le pene” buscó cuestionar este medio probatorio con una argumentación de naturaleza pragmática: la confesión, obtenida como era la regla, mediante la tortura, sólo servía para absolver al culpable fuerte, capaz de resistir el tormento, y por el contrario, significaba condenar al débil inocente, cuya fragilidad sellaba su destino sin remedio.

La enseñanza histórica es simple pero trascendental: la obtención de la verdad no puede convertirse en un fin en sí mismo, ni puede convertirse en una obsesión para calmar conciencias. Por mucho que haya avanzado la tecnología, no contamos aún, por ventura, con un instrumento que ingrese al alma humana y que pueda leer con certeza lo que un ser humano guarda en su conciencia. El día que eso ocurra seremos cualquier cosa, menos esta humanidad que somos.

Ahora que en este país vivimos de las ocurrencias e improvisaciones en materia penal, debemos revelar el parangón inevitable entre la tortura/confesión de antaño y los famosos detectores de mentiras de ahora.

En primer lugar, estos mecanismos ni de lejos determinan la certeza de nada. Ningún sistema penal serio los incorpora como prueba fiable. Pero además, su aplicación ignora un elemento esencial de la psicología delincuencial: la aplicación del detector puede hacer sudar y acelerar las palpitaciones del interrogado inocente, por una serie de factores distintos de su culpabilidad; en tanto el verdadero psicópata o sociópata criminal puede superar la prueba porque está tranquilamente convencidos de “su” verdad.

Ha trascendido la remoción o degradación de un grupo importante de jerarcas en la Fuerza Pública por no superar esta prueba. Es absurda, ilegítima y violatoria de derechos fundamentales la decisión. Esta obsesión por depurar y alcanzar verdades absolutas -sea en el derecho penal, el administrativo o laboral- es un síntoma de estado dictatorial y, de hecho, ajeno a nuestro orden constitucional.

¿Tomar el Poder Judicial?

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

El Poder Judicial democrático es ejercido por cada una de las personas jueces y juezas de la República. De manera que, desde el juez contravencional del lugar más remoto del país, hasta quienes ejercen la magistratura en la Corte Suprema, son todos Poder Judicial.

También tiene que estar claro que, en el ámbito de sus competencias, cada juez tiene plena posibilidad para decidir según su ciencia y conciencia, no tiene “jefes” que lo obliguen o condicionen a resolver de determinada manera, y sus resoluciones solo pueden ser corregidas o declaradas ineficaces conforme los recursos que existan para ello.

Puede entenderse entonces que esta verdad sea de imposible comprensión para una mentalidad autocrática, convencida de que el poder sólo se puede ejercer ordenando, conminando y hasta gritando o insultando para imponer su criterio.

El principio de división de poderes no solo tiene que ver con la separación funcional entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sino que se trata de un principio que involucra a otros órganos con misiones especiales como el Tribunal Supremo de Elecciones para organizar, dirigir y determinar los procesos electorales, y la Contraloría General de la República en la vigilancia y control de la legalidad de la hacienda pública.

Pero además la división de poderes desciende, transversalmente, a lo interno de todo el sistema republicano y de cada poder en particular. Por eso hay decisiones que no puede tomar quien ejerce la Presidencia de la República sin que concurra la firma del ministro del ramo, o el criterio del Consejo de Gobierno. Por eso también en el proceso penal, dentro del Poder Judicial, por ejemplo, hay un órgano que investiga y acusa, otro que defiende y jueces imparciales que resuelven.

Nadie, absolutamente nadie, puede decirle a un fiscal, estando legalmente obligado a hacerlo, si investiga o si acusa, o a un defensor si cumple con sus deberes defensivos, o a un juez a que no actúe conforme sus obligaciones.

Decir que ya se han tomado el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y que sólo falta tomar el Poder Judicial, no es sólo un propósito dictatorial, sino una muestra de ignorancia de cuál es la naturaleza de la función judicial, cómo está distribuida en numerosos actores y cómo esa distribución asegura un funcionamiento democrático de la justicia.

La democracia es el sistema político en el que sus jerarcas tienen el menor poder arbitrario. A todo peso le acompaña un contrapeso. Por esta razón existen los vetos, los resellos con mayoría calificada. las consultas obligatorias, el control de legalidad, el control de constitucionalidad y el control irrestricto de cada facultad para evitar el abuso de poder y el atropello a los derechos fundamentales de las personas.

“Tomar” el poder judicial no es tan sencillo como controlar la Corte Suprema mediante magistraturas dóciles o adeptas, siempre existirán jueces y juezas que preserven su integridad y no se amedrenten, ni se vendan.

El odio a las instituciones democráticas

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Resumen y recreación de lo expuesto por el autor en la Mesa Redonda: Las Tribus del Odio-Odio contra la Justicia. Evento realizado en el Centro de Cultura de España (El Farolito), 6 de mayo de 2026.

1. El concepto

El sentimiento de odio es una pasión humana dirigida a destruir a la persona que enfrenta, identificada como enemiga, de manera simbólica o material. El insulto, la mentira, la manipulación, la deshumanización, la agresión y el exterminio son los medios más frecuentes para alcanzar ese objetivo.

2. La causa

La raíz del odio contra la democracia liberal se debe a que este régimen político ha defraudado a muchísima gente. Hay malestar y resentimiento por las promesas incumplidas, por la mayor desigualdad e inequidad, por la mayor discriminación y pobreza; por no poderse acceder a derechos fundamentales o a los servicios públicos básicos; por no soportarse más la corrupción de políticos coludidos con grandes empresarios.

En el caso del Poder Judicial, a los problemas crónicos como el retardo en el trámite de expedientes o la mala calidad técnica del servicio, se ha unido la renuencia de la cúpula (Corte Suprema) a realizar las reformas urgentes de fondo (separación de gobierno/administración de la función jurisdiccional; despolitización de nombramientos; uniformidad en carrera, escala de puestos y salarios, régimen disciplinario). La desconexión de esa misma cúpula con las necesidades de los usuarios del sistema y la falta de transparencia para rendir cuentas, completan un panorama difícil de defender.

3. El efecto

Emerge como vendaval el populismo demagógico; el “mesías” que promete llevarnos a la tierra que mana leche y miel – tan explícitamente que él mismo se ha comparado con Moisés, Juanito Mora y don Pepe Figueres- ; el mismo “guía” o “conductor” que levanta la nueva promesa; el que convence a importantes mayorías; el que ya no representa sino que encarna al pueblo, su voluntad y aspiraciones. Por supuesto, es quien proclama que “Dios está de su lado” para lo cual cuenta con pastores y sacerdotes dispuestos a manipular la buena fe de la gente. Su ignorancia en casi todos los temas, sin embargo, le impide ver que este camino ya lo trazó, paso a paso, un tal Adolfo Hitler en momentos y con consecuencias trágicas para la humanidad.

La tarea demoledora hasta ahora ha resultado sencilla, aunque de la reconstrucción se dice poco y se hace menos. No se va más allá de las consignas: acabar con la corrupción (lo que suena a estas alturas cínico, dadas las decenas de denuncias penales bajo investigación); resucitar la “mano dura” (estrategia fracasada en todo tiempo y todas partes); impulsar una “tercera república” (cuyo contenido nunca lo hemos conocido). Lo evidente es la ambición por acabar con las instituciones, ocupar o remover los órganos de control, concentrar todos los poderes en su persona, y estar en condiciones de hacer lo que le dé su santa gana. En resumen, cambiar la democracia por la dictadura.

4. El método

Hay una estrategia política que tiene dos propósitos: (a) ocultar la incapacidad –ya manifiesta, porque han gobernado por 4 años sin poder exhibir nada relevante-, y (b) esconder la inexistencia de una visión del país a mediano o largo plazo.

Este pasado 8 de mayo hemos alcanzado la cúspide de la ola. A partir de este momento ya no vale echar la culpa a otros, decir que no los han dejado gobernar, mentir para no reconocer ineptitudes y errores. Todos las y los oportunistas, viejos militantes de tiendas tradicionales –empezando por la propia presidenta-, se han subido al barco ganador. Es gente sin escrúpulos ni principios. Lo único que les ha movido son sus propias carreras políticas y las migajas de poder que puedan recoger del suelo. Con la misma facilidad con la que se han subido a bordo, no dudarán en tirarse de cabeza al agua cuando las primeras fisuras de la nave se abran. Si creen que las genuflexiones y reverencias los ponen a salvo, ignoran que el autócrata no tiene amigos ni conoce de lealtades, en el momento que haga falta los tirará por la borda.

5. Odio contra instituciones de control democrático

Hay una estrategia de sobrevivencia. Al mejor estilo nazi-fascista, el delirio embelesador de las masas se sostiene con una retórica incendiaria y un aparato mentiroso de propaganda y manipulación bien aceitado. En este plano, el objetivo es identificar enemigos, deshumanizarlos y en cualquier caso inocular odio en su contra. También se trata de negar méritos ajenos y exagerar, cuando no inventar, logros propios.

No podemos olvidar el itinerario de las campañas de descalificación y odio contra los mecanismos e instancias de control, propios del sistema democrático y su Estado de Derecho. Aquí menciono sólo algunos de los ejemplos más relevantes:

a. Primero fue la denuncia en ciertos medios de prensa, en plena campaña política del 2021-2022, de la condena por abusos y acoso sexual contra el candidato Chaves Robles en el Banco Mundial. De ahí se derivó lo de “prensa canalla” y la burda venganza contra La Nación por el Parque Viva, una vez asumido el gobierno.

b. Primero se dieron las denuncias por manejos presuntamente irregulares e ilícitos en esa misma campaña, así como la declaratoria de inviabilidad del referéndum para la llamada Ley Jaguar. Ante las decisiones ineludibles del Tribunal Supremo de Elecciones, vino la andanada de descalificaciones, insultos y calumnias contra esta institución y sus jerarcas, sembrando incluso dudas sobre su integridad y objetividad.

c. Primero fue la presentación chapucera e ilegal de los proyectos de “Ciudad Gobierno” y la marina de Limón, que no pasaron el examen fundado de la Contraloría, y después vino la andanada de improperios y humillaciones dirigidos contra la señora Contralora y la institución a su cargo.

d. Primero fueron las denuncias penales interpuestas contra Chaves y algunos de sus ministros y asesores por supuestos delitos contra la probidad en la gestión pública y, ante la obligada intervención del Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, no se hizo esperar la avalancha de improperios, infundios, descalificaciones y calumnias contra esas instituciones y sus jerarcas.

e. También fue primero el rechazo de los rectores al intento de desfinanciar la educación pública superior a propósito de la negociación del FEES, y después los ataques personales y los intentos por denigrar al entonces rector de la UCR.

En fin, se dieron cronológicamente con anterioridad las conductas indebidas e inaceptables en la gestión de Chaves Robles; actuaciones arbitrarias, ineficaces y hasta presuntamente ilícitas, y luego se activaron, por obligación de la Constitución y las leyes, los mecanismos de control propios de un Estado de Derecho. Sólo en la mente de “El Señor Presidente”, de “Yo, el Supremo” y de “El Tirano Banderas”, existieron las conspiraciones de sus enemigos, las motivaciones políticas espurias y las estrategias de persecución.

6. Lo peor: de los dichos a los hechos

No conviene repetir aquí la lista interminable de insultos que han salido de boca de Chaves Robles contra personas que lo critican o lo controlan. No conviene caer en la tentación de rebajar el debate público a una guerra de descalificaciones, ni es políticamente acertado quedarse en ese nivel, mientras los grandes problemas nacionales siguen sin resolverse.

Pero debemos dejar constancia de una preocupación mayor, relacionada con el hecho de que la agresividad, las amenazas y el odio verbal han ido más allá, para transformarse en reales atentados a las libertades y derechos de las personas. Y lo que resulta más grave aún: para consumar esos atentados, se ha hecho uso de las instituciones públicas. Estoy seguro que muchos hechos se me quedan por fuera:

a. Utilización de Tributación Directa. La acusación falsa de que un empresario de la comunicación opositor al gobierno (L. Baruch), había perpetrado una enorme evasión fiscal, escándalo originado en rencillas personales y venganzas por críticas hechas al gobierno.

b. Utilización del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). En plena campaña electoral del 2026 se aprovechó la manifestación, por lo demás legítima, de la hija del candidato Álvaro Ramos, para allanar, aislar, interrogar y amedrentar a esa persona menor de edad y a su familia.

c. Utilización de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS). Contra diputaciones de la Asamblea Legislativa, mediante la ejecución de seguimientos ilegales, se dejaron mensajes implícitos de amenaza y control

d. Presiones desde Casa Presidencial para dejar sin trabajo al esposo de la ex ministra de Comunicación del propio Chaves, cuando ésta denunció supuestos actos de corrupción en casos específicos.

e. Propaganda desde la misma Casa Presidencial señalando y burlándose de las decisiones de una Jueza de Ejecución de la Pena, identificándosela con nombres, apellidos y lugar de residencia, y acusándola de tomar decisiones complacientes con los delincuentes y el crimen organizado. La señora jueza terminó siendo víctima de una agresión brutal (Tentativa de Homicidio) por parte de un sujeto fanatizado.

f. Utilización de la Embajada Trumpista en el país para cancelar o denegar visas a los Estados Unidos de América, contra, ¡Oh, casualidad! diputaciones, magistraturas, dueños de medios de comunicación, identificados como opositores al gobierno.

No sé si los costarricenses estamos midiendo la gravedad de estas actuaciones, lo cerca que estamos de dejar de ser un Estado de Derecho y sumirnos en uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia. Los que se arrastran solícitos no son los únicos responsables. También lo son quienes vuelven a ver para otro lado, y los que simplemente guardan silencio, por cálculo o cobardía.