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Etiqueta: José Manuel Arroyo Gutiérrez

Justicia penal: de la visión a la ceguera

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

El Poder Judicial costarricense de hoy, en materia penal, es resultado del proceso de reforma institucional y legal más relevante de su historia. Hace poco más de 50 años un grupo de juristas y políticos visionarios impulsaron la promulgación de un nuevo Código Penal (1970), un Código de Procedimientos Penales (1974), renovaron leyes orgánicas para el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial; se reorganizó y fortaleció también la Defensa Pública y se puso en marcha un modelo penitenciario transformador mediante el proyecto de “La Reforma”.

Se requirieron muchos años de estudio y planificación por parte de personas expertas y autoridades, nacionales y extranjeras, para que el país contara con una legislación penal sustantiva -entonces modernizada-, conforme los principios republicano-democráticos; el proceso penal abandonó los oscuros gabinetes de la inquisición medieval (escrito y secreto), para abrir la puerta a los juicios orales y públicos, cuyo aporte principal fue el control político que la ciudadanía podía ejercer sobre los tribunales a la hora de impartir justicia. Por otra parte, se trasladó la función de perseguir y acusar delitos desde el Poder Ejecutivo (Procuraduría General) al Poder Judicial (como órgano auxiliar de justicia), ubicando el Ministerio Público en un lugar más neutral, otorgándole mayor independencia, rango y recursos, así como procurando que el proceso penal no fuera más un arma político-partidaria para perseguir adversarios y proteger correligionarios. Se fundó el OIJ, para la investigación técnico-científica de los hechos criminales, dejando atrás el barbarismo de cuerpos policiacos de detectives improvisados, subordinados al Gobierno de turno, proclives a la arbitrariedad, el abuso y hasta la tortura. Una Defensa Pública eficiente y eficaz, superó los tiempos en que este derecho era un simple nombramiento en el papel, para asegurar en adelante que toda persona acusada pudiera contar con un acompañamiento profesional de calidad, que garantizara el respeto a sus derechos fundamentales. Por último, se abandonó el concepto de cárceles como meros depósitos de desechos humanos, y se apostó por un régimen penitenciario resocializador, profesionalmente asistido (psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, educadores), régimen además, progresivo y humanista, capaz de superar la ideología del punitivismo vengador, al ofrecer mecanismos de superación para los privados de libertad por medio de la educación y el trabajo.

Semejantes transformaciones le dieron a Costa Rica su prestigio y renombre como nación respetuosa y defensora de los derechos humanos, convirtiéndola en líder continental que albergó la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), convirtió nuestro país en sede de la Corte Interamericana (CIDH) y su Instituto, así como del Instituto de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD). También fuimos el ejemplo a seguir cuando las dictaduras militares asolaron la región latinoamericana y nos dieron autoridad para impulsar y mediar en procesos de democratización y negociación que trajeron paz a Centroamérica y a merecer un Premio Novel en la materia. Por cierto, muchos connacionales, dado ese mismo prestigio, asesoraron los poderes judiciales y sus escuelas de capacitación en las democracias nacientes de la región, así como también muchos otros tuvieron oportunidad de servir en organismos internacionales, trabajar como asesores en centros universitarios de alto nivel y en programas de desarrollo humano en múltiples especialidades.

Sin duda, en estos últimos 50 años se ha vivido en el campo penal –y conseguido en parte- una aspiración democrática fuerte, resultado de liderazgos con visión de futuro, con doctrinas sólidas y propuestas de políticas públicas de largo alcance, en dirección hacia décadas por delante, que alcanzaran a muchas generaciones futuras.

Estos esfuerzos no han podido mantenerse lo suficiente en los últimos tiempos. La confianza en la democracia se ha debilitado. Han fallado las instituciones en la prestación de servicios básicos y se ha deteriorado el acceso a derechos fundamentales. La corrupción público/privada ha generado una indignación difusa contra la política en general. Grandes mayorías se han ido quedando fuera del reparto de la riqueza social y todo ese complejo panorama nos ha traído donde estamos: la pesadilla de la demagogia, la mentira y el populismo irresponsables. La cuestión política a resolver siempre ha sido la misma. Ayer como hoy lo fundamental ha sido construir, incluir, avanzar, actualizar derechos para todas las personas, dar un mínimo de calidad de vida a las mayorías y cultivar el sueño de un futuro mejor. Más temprano que tarde seremos juzgados, como generación, por lo que hicimos tanto como por lo que dejamos de hacer. Hay realidades que no pueden esconderse tras discursos virulentos, descalificaciones o insultos destemplados. La realidad siempre terminará imponiéndose con datos duros, evidenciando avances o retrocesos, logaros en paz y justicia o una conflictividad social cada vez más exacerbada.

El contraste entre lo mejor que hemos sido y el presente, sobre todo a partir de mayo de 2022, es desolador y dramático. La incapacidad de pensar y proponer soluciones de largo plazo es evidente. En el pasado gobierno y el presente, en materia de inseguridad y violencia social, así como sus respuestas penales, sólo hemos oído estridentes ocurrencias como encerrar a cada vez más gente (al estilo Bukele), pintar a los presos y presas de naranja fosforescente, llevar de paseo a escolares de barriadas pobres a visitar cárceles para que escarmienten sobre lo que les espera, asestar un golpe a la independencia del Ministerio Público otorgándole a la Asamblea Legislativa el nombramiento de su jerarca, propuesta inaceptable por regresiva, improvisada y con aroma a desquites personales. La capacidad de visión ha desaparecido, la ceguera es total.

Además, como de antemano el oficialismo sabe que nada de todo esto funcionará, le han declarado la guerra al Poder Judicial. Lo culpan de la inseguridad que se vive ignorando el mandato constitucional de que la prevención y el orden público son tareas a cargo del Poder Ejecutivo, y no de fiscales o jueces. En el colmo de un ejercicio de poder irresponsable, nos quieren llevar al caos institucional boicoteando el nombramiento de magistrados suplentes en la Sala Constitucional. Con esto no sólo quieren impedir que los jerarcas del oficialismo rindan cuentas ante la justicia, sino que buscan deteriorar el servicio público para continuar en su campaña de desprestigio contra la Administración de Justicia. No les importa que cientos o miles de ciudadanos se queden sin resolver reclamos en defensa de sus legítimos derechos. Pero además, la otra estrategia de “gobierno” es asfixiar presupuestariamente al Poder Judicial y demás órganos estatales de control. De nuevo no hay claridad sobre los propósitos últimos de estas estratagemas, dado que el único perjudicado es un público que requiere de servicios indispensables que le serán retardados o denegados.

Pero quizá lo que mayor desconsuelo provoca es el legado que ya nos está dejando el chavismo: la imagen de una Costa Rica en el mundo degradada y deteriorada. Evaluaciones de la OCDE, Transparencia Internacional, el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, muestran claros retrocesos en los últimos años en materias como educación, seguridad y percepción de la corrupción. También se incluyen dictámenes alarmantes de observadores externos sobre libertad de prensa y amenazas inéditas a la independencia judicial. La cereza de este pastel en franco proceso de descomposición es ver a nuestros representantes ante Naciones Unidas del lado de quienes defienden el bloque inhumano a Cuba, o quienes justifican el genocidio de Israel sobre Palestina, o las declaraciones oficiales contra los derechos de las mujeres o de las minorías identitarias.

El pasado viernes 17 julio un grupo de costarricenses nos congregamos en el bulevar de los Tribunales de Justicia de San José, en defensa del Poder Judicial. Fue una oportunidad para recordar el origen histórico de las instituciones judiciales en el campo penal y un homenaje a los hombres y mujeres visionarios que sentaron las bases de una justicia democrática sólida, respetuosa de la legalidad y los derechos humanos. Una justicia que 50 años después vale la pena conmemorar y defender. Nadie se acordará, dentro de otro medio siglo, de quienes hoy quieren arrasar con todas esas conquistas históricas con medidas improvisadas, intrascendentes e irresponsables.

Envidia

Escrito en . Publicado en Lucha Cultural.

Dedicado al Dr. Alfredo Chirino Sánchez

José Manuel Arroyo Gutiérrez

El diccionario de la Real Academia define la envidia como la tristeza o pesar que puede sentir alguien por el bien ajeno, en razón del deseo frustrado de poseer lo que otro sí tiene.

Al pobre de don Quijote de la Mancha, a ratos el Caballero de la Triste Figura, a ratos el Caballero de Los Leones, lo persiguió obsesivamente un “encantador” (Frestón) que, por pura ojeriza, le tergiversaba y malograba sus hazañas y proezas, sus ideales de belleza femenina (transformando a Dulcinea en una ruda campesina), o echando a perder sus luchas justicieros (haciendo parecer molinos de viento lo que eran malvados gigantes).

Por otra parte, la tradición teológica cristiana, desde muy temprano enlistó siete pecados capitales, entre ellos, la envidia, junto a conductas también reprochables como la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula y la pereza. En esa misma tradición cultural de Occidente, Dante Alighieri, si bien no concibe al envidioso como un pecador imperdonable, digno de ir directo al Infierno, sí lo considera un sujeto merecedor de pasar su buen rato en el Purgatorio, cosidos sus párpados con alambres de hierro y su cuerpo vestido con túnica gris a modo de penitencia.

La virtud contraria a la envidia es la generosidad. Si aquélla se duele del éxito o bienestar ajeno, ésta en cambio la reconoce y se alegra sin resentimientos. Ambas reacciones están en la naturaleza humana y se producen de muy variadas maneras. El problema es cuando la envidia se cultiva como pasión incontrolable, en una mente desequilibrada o en un espíritu mezquino. Se vuelve entonces manía obsesiva contra quien el envidioso percibe como persona dotada de talentos especiales o logros sobresalientes, que quisiera tener o alcanzar y que no lo conseguirá jamás.

Todos podemos revisar y encontrar ejemplos en nuestras propias biografías. La envidia cunde entre hermanos, “amigos”, compañeros de escuela o colegio, y con especial rigor, entre compañeros de trabajo y colegas profesionales. Una carrera destacada atrae la sigilosa serpiente de la envidia y su veneno puede ser muy dañino. Curiosamente puede provenir de personas que también han logrado lo suyo, pero viven en un pantano de frustración –nunca sabremos porqué- en el que no encuentran la paz ni la alegría de vivir sus propios logros. Es proverbial que uno de los hombres más poderosos de la tierra, como Donald Trump, no disimule la inquina que siente contra quienes han sido premiados, homenajeados, o distinguidos con el Premio Novel de la Paz. En la Costa Rica de nuestros días, decir que hemos vivido en una dictadura los últimos 70 años, o promover el despojo de visas estadounidenses a adversarios políticos, son acciones hijas de la peor envidia.

Quizá eso explica por qué un buen refugio para los envidiosos es el terreno del poder político. Con facilidad, pueden trepar con pocas luces y menos talentos. Ahí campean a sus anchas y pueden, acuerpados por aparatos de propaganda, obtener la influencia que da la mentira, la difamación y la calumnia, enlodar honras, dañar reputaciones y agraviar a quienes perciben como enemigos, sólo por “el delito” de pensar distinto, defender sus ideas y albergar concepciones del mundo contrarias a las suyas, brillando, en definitiva, con luz propia a donde quiera que vayan.

Poseer un Doctorado en Derecho en una Universidad alemana, haber sido Letrado de la Sala Tercera, Director de la Escuela Judicial y Juez de Apelaciones, además de ser profesor con grado de catedrático y ejercer la Decanatura de la Escuela de Derecho de la UCR, tener a su haber una lista inmensa de libros y artículos especializados en Derecho Penal que se estudian y citan dentro y fuera del país, haber redactado sentencias sobresalientes que de igual manera han sentado jurisprudencia, dominar cuatro idiomas (o más) y litigar con éxito ante los tribunales de justicia, todo eso, en una sola vida, es definitivamente envidiable. Aparecen entonces los enemigos gratuitos, con su extravío y mediocridad a cuestas, disparando desde el poder político contra el mérito ajeno que no soportan contemplar. La desgracia es que puedan influir a otros que prefieren, por temor o cálculo político, volverse cómplices de tan malas artes.

«El cuchillo para el propio pescuezo»: la miopía política de las mayorías de turno

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

El error político más grave y frecuente de las mayorías electorales es legislar y gobernar, como si la correlación de fuerzas nunca fuera a cambiar, es decir, actuar bajo la ilusión de que han llegado para quedarse por siempre.

Así, el chavismo boicotea la elección de magistraturas indispensables, propone reformas penales para despojar a los jueces de sus competencias y dárselas a la policía, y pretende que el fiscal general sea escogido por una mayoría partidista en la Asamblea Legislativa, entre otros muchos despropósitos.

Son tan poco visionarios e incompetentes, que no pueden ver que el día de mañana, bajo otras mayorías coyunturales, podrán ser víctimas del boicot para paralizar la justicia, perderán las garantías y libertades de un Estado de Derecho convertido en un régimen policiaco, y serán víctimas de un Ministerio Público partidarizado que persigue oponentes y premia amigotes.

En fin, como dice el refrán popular, lo que está haciendo el gobierno del continuismos es afilar un “cuchillo para el propio pescuezo”.

La confesión y el detector de mentiras como medios de prueba

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Alcanzar la verdad de lo ocurrido es la finalidad esencial del proceso penal. Esta tarea sin embargo es muy compleja y por ello tiene que ceñirse a estrictas reglas de actuación. No todo se puede demostrar, ni por cualquier medio.

Hace ya siglos se superó la confesión como “reina de las pruebas” en el proceso penal. Cuando un acusado confesaba, todos los intervinientes en el juicio, desde los jueces y verdugos, hasta las partes, quedaban satisfechos y aliviados por haberse alcanzado “la verdad”.

El razonamiento crítico de Beccaria en su célebre “Dei delitti et de le pene” buscó cuestionar este medio probatorio con una argumentación de naturaleza pragmática: la confesión, obtenida como era la regla, mediante la tortura, sólo servía para absolver al culpable fuerte, capaz de resistir el tormento, y por el contrario, significaba condenar al débil inocente, cuya fragilidad sellaba su destino sin remedio.

La enseñanza histórica es simple pero trascendental: la obtención de la verdad no puede convertirse en un fin en sí mismo, ni puede convertirse en una obsesión para calmar conciencias. Por mucho que haya avanzado la tecnología, no contamos aún, por ventura, con un instrumento que ingrese al alma humana y que pueda leer con certeza lo que un ser humano guarda en su conciencia. El día que eso ocurra seremos cualquier cosa, menos esta humanidad que somos.

Ahora que en este país vivimos de las ocurrencias e improvisaciones en materia penal, debemos revelar el parangón inevitable entre la tortura/confesión de antaño y los famosos detectores de mentiras de ahora.

En primer lugar, estos mecanismos ni de lejos determinan la certeza de nada. Ningún sistema penal serio los incorpora como prueba fiable. Pero además, su aplicación ignora un elemento esencial de la psicología delincuencial: la aplicación del detector puede hacer sudar y acelerar las palpitaciones del interrogado inocente, por una serie de factores distintos de su culpabilidad; en tanto el verdadero psicópata o sociópata criminal puede superar la prueba porque está tranquilamente convencidos de “su” verdad.

Ha trascendido la remoción o degradación de un grupo importante de jerarcas en la Fuerza Pública por no superar esta prueba. Es absurda, ilegítima y violatoria de derechos fundamentales la decisión. Esta obsesión por depurar y alcanzar verdades absolutas -sea en el derecho penal, el administrativo o laboral- es un síntoma de estado dictatorial y, de hecho, ajeno a nuestro orden constitucional.

¿Tomar el Poder Judicial?

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

El Poder Judicial democrático es ejercido por cada una de las personas jueces y juezas de la República. De manera que, desde el juez contravencional del lugar más remoto del país, hasta quienes ejercen la magistratura en la Corte Suprema, son todos Poder Judicial.

También tiene que estar claro que, en el ámbito de sus competencias, cada juez tiene plena posibilidad para decidir según su ciencia y conciencia, no tiene “jefes” que lo obliguen o condicionen a resolver de determinada manera, y sus resoluciones solo pueden ser corregidas o declaradas ineficaces conforme los recursos que existan para ello.

Puede entenderse entonces que esta verdad sea de imposible comprensión para una mentalidad autocrática, convencida de que el poder sólo se puede ejercer ordenando, conminando y hasta gritando o insultando para imponer su criterio.

El principio de división de poderes no solo tiene que ver con la separación funcional entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sino que se trata de un principio que involucra a otros órganos con misiones especiales como el Tribunal Supremo de Elecciones para organizar, dirigir y determinar los procesos electorales, y la Contraloría General de la República en la vigilancia y control de la legalidad de la hacienda pública.

Pero además la división de poderes desciende, transversalmente, a lo interno de todo el sistema republicano y de cada poder en particular. Por eso hay decisiones que no puede tomar quien ejerce la Presidencia de la República sin que concurra la firma del ministro del ramo, o el criterio del Consejo de Gobierno. Por eso también en el proceso penal, dentro del Poder Judicial, por ejemplo, hay un órgano que investiga y acusa, otro que defiende y jueces imparciales que resuelven.

Nadie, absolutamente nadie, puede decirle a un fiscal, estando legalmente obligado a hacerlo, si investiga o si acusa, o a un defensor si cumple con sus deberes defensivos, o a un juez a que no actúe conforme sus obligaciones.

Decir que ya se han tomado el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y que sólo falta tomar el Poder Judicial, no es sólo un propósito dictatorial, sino una muestra de ignorancia de cuál es la naturaleza de la función judicial, cómo está distribuida en numerosos actores y cómo esa distribución asegura un funcionamiento democrático de la justicia.

La democracia es el sistema político en el que sus jerarcas tienen el menor poder arbitrario. A todo peso le acompaña un contrapeso. Por esta razón existen los vetos, los resellos con mayoría calificada. las consultas obligatorias, el control de legalidad, el control de constitucionalidad y el control irrestricto de cada facultad para evitar el abuso de poder y el atropello a los derechos fundamentales de las personas.

“Tomar” el poder judicial no es tan sencillo como controlar la Corte Suprema mediante magistraturas dóciles o adeptas, siempre existirán jueces y juezas que preserven su integridad y no se amedrenten, ni se vendan.

El odio a las instituciones democráticas

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Resumen y recreación de lo expuesto por el autor en la Mesa Redonda: Las Tribus del Odio-Odio contra la Justicia. Evento realizado en el Centro de Cultura de España (El Farolito), 6 de mayo de 2026.

1. El concepto

El sentimiento de odio es una pasión humana dirigida a destruir a la persona que enfrenta, identificada como enemiga, de manera simbólica o material. El insulto, la mentira, la manipulación, la deshumanización, la agresión y el exterminio son los medios más frecuentes para alcanzar ese objetivo.

2. La causa

La raíz del odio contra la democracia liberal se debe a que este régimen político ha defraudado a muchísima gente. Hay malestar y resentimiento por las promesas incumplidas, por la mayor desigualdad e inequidad, por la mayor discriminación y pobreza; por no poderse acceder a derechos fundamentales o a los servicios públicos básicos; por no soportarse más la corrupción de políticos coludidos con grandes empresarios.

En el caso del Poder Judicial, a los problemas crónicos como el retardo en el trámite de expedientes o la mala calidad técnica del servicio, se ha unido la renuencia de la cúpula (Corte Suprema) a realizar las reformas urgentes de fondo (separación de gobierno/administración de la función jurisdiccional; despolitización de nombramientos; uniformidad en carrera, escala de puestos y salarios, régimen disciplinario). La desconexión de esa misma cúpula con las necesidades de los usuarios del sistema y la falta de transparencia para rendir cuentas, completan un panorama difícil de defender.

3. El efecto

Emerge como vendaval el populismo demagógico; el “mesías” que promete llevarnos a la tierra que mana leche y miel – tan explícitamente que él mismo se ha comparado con Moisés, Juanito Mora y don Pepe Figueres- ; el mismo “guía” o “conductor” que levanta la nueva promesa; el que convence a importantes mayorías; el que ya no representa sino que encarna al pueblo, su voluntad y aspiraciones. Por supuesto, es quien proclama que “Dios está de su lado” para lo cual cuenta con pastores y sacerdotes dispuestos a manipular la buena fe de la gente. Su ignorancia en casi todos los temas, sin embargo, le impide ver que este camino ya lo trazó, paso a paso, un tal Adolfo Hitler en momentos y con consecuencias trágicas para la humanidad.

La tarea demoledora hasta ahora ha resultado sencilla, aunque de la reconstrucción se dice poco y se hace menos. No se va más allá de las consignas: acabar con la corrupción (lo que suena a estas alturas cínico, dadas las decenas de denuncias penales bajo investigación); resucitar la “mano dura” (estrategia fracasada en todo tiempo y todas partes); impulsar una “tercera república” (cuyo contenido nunca lo hemos conocido). Lo evidente es la ambición por acabar con las instituciones, ocupar o remover los órganos de control, concentrar todos los poderes en su persona, y estar en condiciones de hacer lo que le dé su santa gana. En resumen, cambiar la democracia por la dictadura.

4. El método

Hay una estrategia política que tiene dos propósitos: (a) ocultar la incapacidad –ya manifiesta, porque han gobernado por 4 años sin poder exhibir nada relevante-, y (b) esconder la inexistencia de una visión del país a mediano o largo plazo.

Este pasado 8 de mayo hemos alcanzado la cúspide de la ola. A partir de este momento ya no vale echar la culpa a otros, decir que no los han dejado gobernar, mentir para no reconocer ineptitudes y errores. Todos las y los oportunistas, viejos militantes de tiendas tradicionales –empezando por la propia presidenta-, se han subido al barco ganador. Es gente sin escrúpulos ni principios. Lo único que les ha movido son sus propias carreras políticas y las migajas de poder que puedan recoger del suelo. Con la misma facilidad con la que se han subido a bordo, no dudarán en tirarse de cabeza al agua cuando las primeras fisuras de la nave se abran. Si creen que las genuflexiones y reverencias los ponen a salvo, ignoran que el autócrata no tiene amigos ni conoce de lealtades, en el momento que haga falta los tirará por la borda.

5. Odio contra instituciones de control democrático

Hay una estrategia de sobrevivencia. Al mejor estilo nazi-fascista, el delirio embelesador de las masas se sostiene con una retórica incendiaria y un aparato mentiroso de propaganda y manipulación bien aceitado. En este plano, el objetivo es identificar enemigos, deshumanizarlos y en cualquier caso inocular odio en su contra. También se trata de negar méritos ajenos y exagerar, cuando no inventar, logros propios.

No podemos olvidar el itinerario de las campañas de descalificación y odio contra los mecanismos e instancias de control, propios del sistema democrático y su Estado de Derecho. Aquí menciono sólo algunos de los ejemplos más relevantes:

a. Primero fue la denuncia en ciertos medios de prensa, en plena campaña política del 2021-2022, de la condena por abusos y acoso sexual contra el candidato Chaves Robles en el Banco Mundial. De ahí se derivó lo de “prensa canalla” y la burda venganza contra La Nación por el Parque Viva, una vez asumido el gobierno.

b. Primero se dieron las denuncias por manejos presuntamente irregulares e ilícitos en esa misma campaña, así como la declaratoria de inviabilidad del referéndum para la llamada Ley Jaguar. Ante las decisiones ineludibles del Tribunal Supremo de Elecciones, vino la andanada de descalificaciones, insultos y calumnias contra esta institución y sus jerarcas, sembrando incluso dudas sobre su integridad y objetividad.

c. Primero fue la presentación chapucera e ilegal de los proyectos de “Ciudad Gobierno” y la marina de Limón, que no pasaron el examen fundado de la Contraloría, y después vino la andanada de improperios y humillaciones dirigidos contra la señora Contralora y la institución a su cargo.

d. Primero fueron las denuncias penales interpuestas contra Chaves y algunos de sus ministros y asesores por supuestos delitos contra la probidad en la gestión pública y, ante la obligada intervención del Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, no se hizo esperar la avalancha de improperios, infundios, descalificaciones y calumnias contra esas instituciones y sus jerarcas.

e. También fue primero el rechazo de los rectores al intento de desfinanciar la educación pública superior a propósito de la negociación del FEES, y después los ataques personales y los intentos por denigrar al entonces rector de la UCR.

En fin, se dieron cronológicamente con anterioridad las conductas indebidas e inaceptables en la gestión de Chaves Robles; actuaciones arbitrarias, ineficaces y hasta presuntamente ilícitas, y luego se activaron, por obligación de la Constitución y las leyes, los mecanismos de control propios de un Estado de Derecho. Sólo en la mente de “El Señor Presidente”, de “Yo, el Supremo” y de “El Tirano Banderas”, existieron las conspiraciones de sus enemigos, las motivaciones políticas espurias y las estrategias de persecución.

6. Lo peor: de los dichos a los hechos

No conviene repetir aquí la lista interminable de insultos que han salido de boca de Chaves Robles contra personas que lo critican o lo controlan. No conviene caer en la tentación de rebajar el debate público a una guerra de descalificaciones, ni es políticamente acertado quedarse en ese nivel, mientras los grandes problemas nacionales siguen sin resolverse.

Pero debemos dejar constancia de una preocupación mayor, relacionada con el hecho de que la agresividad, las amenazas y el odio verbal han ido más allá, para transformarse en reales atentados a las libertades y derechos de las personas. Y lo que resulta más grave aún: para consumar esos atentados, se ha hecho uso de las instituciones públicas. Estoy seguro que muchos hechos se me quedan por fuera:

a. Utilización de Tributación Directa. La acusación falsa de que un empresario de la comunicación opositor al gobierno (L. Baruch), había perpetrado una enorme evasión fiscal, escándalo originado en rencillas personales y venganzas por críticas hechas al gobierno.

b. Utilización del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). En plena campaña electoral del 2026 se aprovechó la manifestación, por lo demás legítima, de la hija del candidato Álvaro Ramos, para allanar, aislar, interrogar y amedrentar a esa persona menor de edad y a su familia.

c. Utilización de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS). Contra diputaciones de la Asamblea Legislativa, mediante la ejecución de seguimientos ilegales, se dejaron mensajes implícitos de amenaza y control

d. Presiones desde Casa Presidencial para dejar sin trabajo al esposo de la ex ministra de Comunicación del propio Chaves, cuando ésta denunció supuestos actos de corrupción en casos específicos.

e. Propaganda desde la misma Casa Presidencial señalando y burlándose de las decisiones de una Jueza de Ejecución de la Pena, identificándosela con nombres, apellidos y lugar de residencia, y acusándola de tomar decisiones complacientes con los delincuentes y el crimen organizado. La señora jueza terminó siendo víctima de una agresión brutal (Tentativa de Homicidio) por parte de un sujeto fanatizado.

f. Utilización de la Embajada Trumpista en el país para cancelar o denegar visas a los Estados Unidos de América, contra, ¡Oh, casualidad! diputaciones, magistraturas, dueños de medios de comunicación, identificados como opositores al gobierno.

No sé si los costarricenses estamos midiendo la gravedad de estas actuaciones, lo cerca que estamos de dejar de ser un Estado de Derecho y sumirnos en uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia. Los que se arrastran solícitos no son los únicos responsables. También lo son quienes vuelven a ver para otro lado, y los que simplemente guardan silencio, por cálculo o cobardía.

 

¿Circo y caridad, o políticas públicas?

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

La actividad política en Costa Rica se parece cada vez más a la presentación inicial de un gran escenario circense: exóticos especímenes circulando; maromeros y saltimbanquis brincando de aquí para allá; expertos equilibristas esforzándose por no caer; perversos lanzadores de puñales contra mujeres atadas; engendros con dos cabezas; domadores de fieras enjaulados… y por supuesto payasos (empezando por el director del espectáculo), muchos payasos de todos los tamaños y colores, azules, verdes, celestes y turquesas.

Hoy quiero abordar lo que percibo en un rincón de ese alborotado jolgorio. Me refiero a la supuesta “caridad cristiana” convertida en manipulación de la buena fe de la gente, e instrumento burdo de la peor politiquería.

Porque sí, cuando la caridad pacta con el poder político-económico, se presta para la foto y bendice a un gobierno o partido a cambio de dinero, deja de ser una misión desinteresada y altruista, para convertirse en una de las formas más peligrosas de pasar por bueno y santo, lo que está contaminado y en proceso de descomposición.

En nuestros días, sobre todo, la acumulación de privilegios como donaciones extraordinarias de gente poderosa, la traslación desmedida de recursos públicos a ciertas organizaciones, la promulgación de leyes hechas a la medida, sólo pueden terminar, tarde o temprano, mal, muy mal.

Los riesgos son muchos, desde el secretismo y la ausencia de controles y auditorías confiables (porque no se obligan las supervisiones de lo público y porque todo se hace en nombre de Dios), hasta abusos, enriquecimientos personales o de allegados, y cuidado, mucho cuidado, captación de donaciones que no se sabe con exactitud de dónde proceden y que se podrían blanquear mediante sacrosantos métodos.

Pero lo peor de lo peor en esa estrategia, muy acomodada al neoliberalismo en auge, es barrer al Estado y las políticas públicas, como agentes constitucionales imprescindibles en la atención y promoción de los sectores más débiles de la sociedad: infantes, mujeres y familias en condiciones de pobreza, marginados, jóvenes en conflicto con la ley penal. Todo para entregarlo a manos particulares que, en resumen, sustituyen las obligaciones estatales, usurpan sus funciones básicas, lavan conciencias, y por supuesto, montan el show frente a las cámaras, exhibiendo lo buenos que son, lo bien que lo están haciendo. En la gaveta queda aquello de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha (Mateo 6; 1-4) porque las enseñanzas del Evangelio también son grotescamente burladas.

Cuando pase esta ya larga noche, los costarricenses tendremos que retomar la senda de auténticos próceres y líderes políticos que apostaron por la construcción de un Estado de Derecho, de una instrucción pública de calidad para todos y todas; de leyes laborales avanzadas; de casas baratas para las familias de escasos recursos; de seguridad social y atención médica pública, financiada por los aportes solidarios de trabajadores, patronos y el propio Estado. Una estrategia de convivencia democrática que, entre otras instituciones clave, creó el Patronato Nacional de la Infancia, al que hay que fortalecer como principal recurso estratégico para la atención de la niñez necesitada, en lugar de socavarlo, sustituirlo o desfinanciarlo.

Basta ya de manipular los legítimos sentimientos religiosos de las personas con propósitos políticos, en todos los ámbitos. Debemos aprender a desconfiar de autoridades y líderes que aseguran tener línea directa con Dios, que les dicta lo que deben hacer, y que todo el que los critique o se les oponga, es poco menos que demonizado y escarnecido.

La defensa del Poder Judicial

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Corren tiempos difíciles para defender al Poder Judicial y a sus órganos auxiliares (Ministerio Público, OIJ, Defensa Pública). Pero tenemos que hacerlo sentando la primera diferenciación: una cosa es el entramado institucional y otra, muy distinta, las personas que circunstancialmente lo representan. Además, en un cuerpo tan amplio y complejo como el Poder Judicial costarricense, no es válido hacer generalizaciones. Hay de todo como en cualquier conglomerado humano. No creo equivocarme si digo que, a todo nivel, es más la gente íntegra y trabajadora que la corrupta o negligente.

Otra cuestión que debe quedar muy clara es que, en democracia, una cuestión es criticar las instituciones para mejorarlas, y otra, la opuesta, levantar señalamientos para demolerlas y arrasar con el sistema democrático mismo.

El primer gesto de defensa institucional consiste, entonces, en reconocer lo que ha andado mal por muchos años –nostra culpa-, esos crónicos males sin resolver, como la insostenible duración de los procesos; la pésima calidad de las investigaciones; la mediocre calidad jurídica de resoluciones y sentencias; la ausencia de controles efectivos sobre el rendimiento profesional del funcionariado y las abusivas prácticas de los litigantes; la tozuda resistencia de la cúpula a impulsar las transformaciones urgentes o a soportar las evaluaciones externas. Lo anterior sólo para mencionar algunas de las cuestiones más sensibles a las que no se ha dado respuesta.

A esto hay que agregar las cíclicas crisis del sistema por escándalos de corrupción, a saber, influencia de la peor política en decisiones trascendentales (reelección presidencial, manoseo de la Constitución en leyes de implementación del TLC, impunidad en el juzgamiento de líderes políticos y miembros de los supremos poderes, para solo dar algunos ejemplos) y, ahora, la amenazante infiltración del crimen organizado en la sociedad y los poderes públicos, incluido el sector justicia.

La estrategia de quienes se sienten autorizados a cuestionar el sistema tradicional en su conjunto, sea blandiendo motosierras, lanzallamas o jaguares desbocados, han alzado la bandera de cambiarlo todo… Pero como ya sabemos, para que nada cambie.

¿Qué sentido puede tener la consigna del cambio si en el fondo se trata del adagio, tan caribeño, de quítate tú pa´ ponerme yo? ¿Qué avance significativo puede haber si no le entramos, en serio, al mejoramiento del servicio público de justicia, a las respuestas en tiempos razonables, los procedimientos interminables, la calidad de las investigaciones, el control disciplinario sobre los que no dan la talla o no consiguen tener un mínimo de destrezas en resoluciones y sentencias? ¿Qué vamos a ganar si no reconocemos que a estas alturas del sigo XXI no podemos seguir arrastrando un modelo de organización y funcionamientos del Judicial anclado en el siglo XIX? ¿Hasta cuándo vamos a deslindar, de una vez por todas, la función jurisdiccional (a cargo de los tribunales de todas las categorías), de la función de gobierno y administración (ejercido por un órgano especializado que sustituya a la Corte), fuente de toda burocratización e ineficiencia del Poder Judicial? ¿De qué nos va a servir que nuevas mayorías parlamentarias aspiren a renovar la Corte Suprema si, en lugar de los amigos de otros, van a colocar a sus propios amigos, perpetuando la mala práctica de relegar a las y los mejores para asegurar influencias en caso de requerirse?

Estamos al borde de un abismo autoritario donde el ideal transformador es Nayib Bukele, caudillo salvadoreño, es decir, un Ejecutivo que concentre todo el poder, que pueda hacer y deshacer sin controles republicanos; un régimen que no dé cuentas al parlamento y menos aún a los jueces y demás entidades contraloras; un “orden” de vida cimentado en el estado de sitio y la suspensión de garantías individuales. Pero hay que reconocer, con mucha desazón, que hemos llegado hasta aquí porque por décadas no corregimos lo que anduvo mal. Estamos desmantelando el estado social de derecho a pellizcos; engendramos una sociedad cada vez más violenta, desigual e inequitativa; caímos en el dogma de la reducción del Estado y la desfinanciación de servicios públicos básicos.

Han sido muchos los expulsados del sistema escolar y quienes no gozan de garantías sociales y laborales mínimas. Las fuerzas políticas dominantes creyeron que podían hacer con las instituciones, los nombramientos y las políticas públicas lo que conviniera a sus particulares intereses, olvidándose de las grandes mayorías, los sectores más vulnerables, los marginados y desplazados, buena parte de los cuales han concurrido a votar en masa por el continuismo chavista, la voz que insulta, despotrica e injuria, pero que de alguna manera – o quizá precisamente por eso- ha logrado canalizar todo el descontento real y legítimo de la gente. Detenerse a oír las “soluciones” propuestas de la Presidenta electa, centradas en la implementación de la “mano dura”, o bien en la abrogación de derechos, libertades y garantías constitucionales, solo puede producir vértigo, ya sea por la vacuidad de las consignas, ya sea por la amenaza de vivir en una sociedad sin estado de derecho.

Cuánto tiempo proseguirán las cosas sin que nada cambie lo veremos en cuestiones muy concretas: la organización y funcionamiento del Poder Judicial seguirá siendo la misma; a las nuevas fuerzas políticas le convendrá mantener una cúpula judicial que concentre poderes, anacrónica e ineficiente, que se ponga a disposición de las mayorías legislativas y ejecutivas de última hora y a la que se le pueda echar la culpa de todo lo que no funciona; un “nuevo” Poder Judicial que le pase por encima a la Constitución y a la propia madre si con eso complace a los poderosos de turno. Ya hay un adelanto de esto si nos fijamos en el grupito de magistrados (as) que votaron en contra del pase a la Asamblea Legislativa de los casos contra Chaves.

Cuánto seguirán las cosas como están, lo sabremos cuando se entienda que la manifiesta impunidad en procesos contra gentes con poder político o económico, es un problema crónico y estructural, que juega a favor de los corruptos (empresarios en colusión con funcionarios), cálculo que ya estarán haciendo los herederos de última generación de quienes confunden la cosa pública con la privada, el interés personalísimo con el bien común, los recursos de todos con el aprovechamiento de unos pocos. Todo lo cual no es monopolio de unos u otros líderes o partidos, los tradicionales o los recién llegados, sino del modo de operar el sistema mismo, diseñado para que corrupción e impunidad se terminen consumando más allá de personajes y engranajes. La cruda verdad que tenemos que enfrentar no es que haya corruptos por aquí o por allá, lo que debemos comprender es que las reglas del sistema mismo son las corruptas: un neoliberalismo que ve oportunidades de negocio en la gestión gubernativa y en cualquier inversión con dineros públicos. Por eso su obsesión privatizadora, su famosa estrategia de alianzas público-privadas y la precarización de servicios para obligarnos a todos a pagarlos en lo privado.

Confirmaremos que las cosas siguen como están cuando un día, –¡oh sorpresa!- las empresas constructoras de siempre sigan ganando los licitaciones de obra pública, por ejemplo, para construir la nefasta mega-cárcel o el complejo de la ciudad gobierno; sabremos asimismo que nada ha cambiado cuando veamos que la obra pública en salud (hospitales regionales, la Torre del Hospital de Niños), y en educación (el deterioro edilicio de escuelas y colegios), seguirán enfrentando trabas y retrasos, para crear necesidades artificiales que le permitan, a quienes ven en la sanidad y la instrucción una mercancía más, hacerse ricos mientras amplios sectores se quedan sin acceso a estos derechos indispensables. Y en fin, para no hacer la lista interminable, las cosas seguirán como están cuando los grandes financistas de campañas electorales sigan apostando al caballo ganador, o bien si la nueva mayoría en la Asamblea Legislativa, dicta su reglamento para hacer nombramientos de Corte y otros altos cargos, a la medida de la coyuntura que le favorece, ignorando a los aspirantes con mejores atestados y experiencia, sacrificando, una vez más, la excelencia independiente por la mediocridad servil.

No se sostiene la crítica de que los hechos irregulares o de corrupción que emergen en la Corte Suprema son responsabilidad del mismo Poder Judicial, puesto que las designaciones de magistraturas son resorte de la Asamblea Legislativa y, hasta donde lo confirman los hechos, la Corte más bien ha cumplido con los procedimientos para disciplinar y enjuiciar a los magistrados envueltos en este tipo de infracciones. Tampoco es cierto que esta cuestión sea exclusiva responsabilidad del bipartidismo PLN/PUSC, la famosa “red de cuido”, dado que desde hace 24 años han concurrido muchos partidos en la designación de miembros de Corte y, al día de hoy, la gran mayoría ya no fueron electos por esa situación política.

Tampoco puede aceptarse la crítica lanzada contra el Poder Judicial como supuesto responsable de la grave situación de violencia criminal y la consiguiente impunidad. La acusación no resiste un serio análisis porque es responsabilidad del Ejecutivo, y no del Judicial, la función constitucional de mantener la seguridad, el orden público y la prevención del delito por medio de sus cuerpos policiales. Los tribunales de justicia, los fiscales y la policía técnica judicial intervienen cuando ya el hecho delictivo ha sido tentado o consumado, en una función estrictamente punitiva. Tampoco es de recibo la crítica de que la impunidad es responsabilidad del sistema de justicia en razón de que policía administrativa (Fuerza Pública) cumple con su deber deteniendo a los presuntos responsables y, en cuestión de horas, jueces y fiscales los ponen en libertad (puerta giratoria), ya que, al formularse el señalamiento, no se da ni un solo dato de, en cuántos casos ocurre esto, si el trabajo policial ha sido bien hecho respetándose derechos fundamentales, y si las razones del actuar judicial está bien o mal justificado. Esta descalificación omite, en cambio, considerar que Costa Rica, en los últimos treinta años, no sólo se ha abusado de la prisión preventiva sino que en números macro, se ha pasado de tener una tasa de prisionización de 100 presos por cada 100 mil habitantes, a una que ronda en la actualidad los casi 400 prisioneros por 100 mil habitantes. Este es un fenómeno prácticamente implosivo, que revela una deriva punitiva centrada en el encierro, que para bien o para mal, esta es una sociedad que ha apostado por encarcelar cada vez más gente y que es falsa la acusación de indolencia o alcahuetería del sistema penal. Es evidente que el frío no está en las cobijas, sino en ese modelo económico que ha abandonado el estado social de derecho inclusivo (estado de bienestar), por el excluyente y divisivo sistema de libérrimo mercado.

En fin, cuando uno oye al Presidente de la democrática República de Costa Rica, la misma que tiene más maestros que soldados, referirse a la Corte Suprema como “…un cáncer, una bolsa de pus…”, aparte de sentir que hemos tocado fondo, sólo cabe la pregunta: ¿de dónde surge tanto odio? La respuesta es muy sencilla: es el odio del autócrata que no controla a los jueces a su gusto y antojo… al menos hasta ahora.

Una última interrogante se impone: ¿hasta cuándo los demócratas auténticos impulsaremos los cambios que nos vacunen contra el reino de los tiranuelos populistas?

Sin idealizar la democracia, rescatarla

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Quizá podamos aportar un rayo de luz en el oscuro panorama político costarricense si sentamos una premisa: toda democracia liberal-republicana y su Estado de Derecho es, en sus fundamentos, una democracia oligárquica.

Las oligarquías pueden convivir, con toda tranquilidad, ya sea con regímenes dictatoriales de facto, ya sea con gobiernos más o menos conservadores o progresistas surgidos de las urnas. Con total certeza, de sus exclusivas manos no dependerá nunca la consolidación o avance de la democracia.

La diferencia radica en si esas oligarquías monopolizan el poder político y su gobernanza, o bien, obligadas por el empuje de otros sectores de la sociedad, ceden parte de sus privilegios y deciden, -casi siempre por razones pragmáticas vinculadas a la estabilidad institucional y a la paz social-, otorgar derechos, un reparto menos injusto de la riqueza, o el ascenso social a ciertos sectores.

La historia de la democracia en Costa Rica no ha escapado a esta lógica. Dentro del bipartidismo (PLN/PUSC) tanto como dentro del pluripartidismo que lo ha seguido, los sectores oligárquicos nacionales han navegado sin sobresaltos, financiando a unos y otros, o dejando caer a unos en favor de otros, según soplen los vientos del electorerismo y las tendencias de moda; viendo con probable regocijo cómo viejos y nuevos partidos, con honrosas excepciones, se ponen a sus gratas órdenes en la Asamblea Legislativa. Por eso hemos visto cómo, financistas que fueron del PLN o del PUSC, aparecen apoyando a los improvisados liderazgos de última hora y sus partidos-taxi.

A partir de los años 80 del siglo pasado, con el surgimiento y predominio neoliberal, se frenó en seco el movimiento precedente de avances democráticos, para entran en una primera transición de estancamiento y, en los últimos años, de franco retroceso, sobre todo en cuanto a la respuesta a la violencia social mediante el sistema penal –sobre el que se quiere hacer recaer la responsabilidad exclusiva de aliviar los conflictos, las desigualdades e inequidades exacerbadas-, así como en cuanto a los derechos laborales y sociales en general –sobre todo con el deterioro de los derechos laborales y el acceso a servicios públicos de calidad-.

No son éstos tiempos, entonces, para seguir alimentando la mitología tradicional: ni somos la Suiza centroamericana –ahora que nos queremos parecer a El Salvador-; ni la patria con más maestros que soldados –en momentos que nos hemos matriculado, de manera acrítica, en la guerra transnacional contra el narcotráfico-; ni una de las pocas democracias plenas del mundo –con una mayoría electoral que amenaza en serio las instituciones de control político, la prensa independiente y toda manifestación de oposición.

Las orejas del lobo, en este último aspecto, se han asomado con claridad: campañas de odio y descalificación de las instituciones públicas; utilización del PANI para intimidar a un candidato presidencial; evidente loby ante la Embajada estadounidense para despojar de visa a adversarios políticos; propuesta para imponer suspensión de garantías individuales, legalización de allanamientos policiacos sin autorización judicial; o volver a las fracasadas políticas de “mano dura” para combatir la inseguridad ciudadana. Cuando se mutila la famosa frase de Winston Churchill de que la democracia es la peor forma de gobierno… y se omite adrede agregar: con excepción de todas las demás,… no sólo se está faltando a la verdad para sorprender ingenuos, se está manifestando un odio expreso antidemocrático y se está preparando a la gente para normalizar la destrucción total de las instituciones republicanas.

La oligarquía costarricense se ha transformado sustancialmente en el último siglo. Los cafetaleros (exportadores) y los comerciantes (importadores) han tenido que convivir con formas oligárquicas mucho más diversas y complejas, conforme los enormes cambios en la producción, importación, prestación de servicios e inversión externa en la producción agrícola extensiva, las zonas francas o productos tecnológicos especializados.

En la acera de enfrente, los sectores sociales que le arrancaron importantes concesiones a las antiguas élites, hasta hacer de Costa Rica una democracia con importantes progresos en muchos campos, tienen que aclarar ahora sus intereses para que le sigan recordando a esas élites económicas dominantes, que aquí convivimos mayorías y minorías que han sabido conquistar derechos, libertades y garantías en el pasado y que no estamos dispuestos a renunciar a ellas en el futuro.

Si hoy ya no están los sindicatos bananeros, los gremios artesanales urbanos, los pequeños agricultores o las asociaciones de maestros y profesores de antaño, nuevos núcleos de organización social como los colectivos feministas, los defensores del medio ambiente, los representantes de las poblaciones aborígenes y de otras minorías, deben ser hoy las que recojan el testigo para que un nuevo pacto social, inspirado en el bien común, revitalice nuestra amenazada democracia.

El proceso contra Jesús y la democracia

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez[1]

Comienzo por advertir lo que esta reflexión no es. No entraré en la difícil cuestión acerca de la verdad histórica de los hechos relatados por los evangelistas, incluida la polémica interminable sobre la existencia misma de Jesús de Nazaret. Con el debido respeto a las convicciones religiosas de cada quien, ésta tampoco es, ni por asomo, una disquisición teológica, que aborde la trascendencia religiosa o espiritual de los acontecimientos y sus personajes; ni pretendo, en este sentido, convencer a nadie de nada. Por último, no puede ser éste un ejercicio que juzgue las deficiencias de un procedimiento penal realizado hace más de dos mil años, con parámetros y criterios actuales.

Sólo he tomado los relatos adjudicados a Mateo (26-1/75 y 27-1/56); Marcos (14-1/72 y 15-1/47); Lucas (22-1/71; 23-1/56); y sobre todo Juan (1-19; 11-49/53; 18-1/40 y 19-1/42)[2], en su estricta literalidad, asumiendo las muchas diferencias, diversos énfasis y hasta abiertas contradicciones que hay entre sus distintas versiones acerca de lo sucedido hace veintiún siglos, tratando de quedarme con lo esencial de lo referido, aquello que pueda tener relevancia desde una perspectiva jurídico-procesal y política, tanto para el momento en que sucedieron los hechos, como para las enseñanzas que pudiéramos sacar aplicables a los tiempos actuales.

1. Tiempos turbulentos. El escenario geográfico-temporal de los acontecimientos es la Palestina del siglo I de nuestra Era. El Imperio Romano ha sometido ese territorio y ejerce una especie de tutelaje conforme las pautas acostumbradas por Roma: para los conflictos internos (entre judíos) tolerancia hacia su cultura, religión y respeto por sus leyes y autoridades; para conflictos externos, en todo lo que amenace el dominio imperial, brutal imposición y represión. Además, es tiempo de frecuentes rebeliones y movimientos sediciosos y revolucionarios que pretenden la liberación e independencia de los subyugados. Pero también hay servilismo y complicidad, sobre todo de las élites oligárquicas judías, que buscaban mantener su estatus y ventajas complaciendo los intereses de los dominadores.

Primera enseñanza que apuntar: las cosas no han cambiado mucho en esto de complacer a los poderes imperiales por parte de las oligarquías internas, que lucen por completo colonizadas para defender sus intereses y mantener sus privilegios.

2. La conspiración de los poderosos. Queda claro, desde un inicio, que las prédicas y actuaciones de Jesús el Galileo, han provocado escándalo e indignación en la mayoría de los miembros del Sanedrín, autoridad que concentraba el poder político y religioso del pueblo judío y que estaba integrado por sumos sacerdotes, escribas y ancianos notables. Es desde esta instancia que se genera la necesidad de acusar a Jesús, buscando sobre todo señalarlo como autor de blasfemia (por decirse Hijo de Dios, el Mesías esperado), delito que conllevaba la pena de muerte. Los relatos evangélicos apuntan a toda una conspiración para capturar al sospechoso, buscar la prueba inculpatoria y esperar al momento oportuno para justiciarlo, todo a la sombra de la noche y en lugar retirado, para evitar protestas o revueltas de la gente que lo apoyaba.

Segunda enseñanza para nuestros días: el poder constituido puede encontrar en el proceso –sobre todo penal- un instrumento para deshacerse de opositores incómodos. El “Lawfare” es tan antiguo como la Biblia.

3.La traición y el abandono del procesado. En las grandes causas judiciales no es infrecuente que la traición de gente cercana al procesado se haga patente. Con excepción de las mujeres, que aparecen acompañándolo y consolándolo siempre, en este caso se describe la entrega explícita, a cambio de unas monedas, por parte de Judas Iscariote; y se registra también el abandono de sus propios discípulos al momento de ser detenido Jesús, y la negación reiterada del principal de ellos, Pedro, que declaraba no conocerlo. Se define así una desolación del perseguido penal que lo lleva al inmovilismo, la incapacidad para defenderse, -no sólo por la explicación teológica de hacer que las profecías se cumplieran-, sino por la parálisis a que puede conducir el saberse gravemente acusado.

Tercera enseñanza para todos los tiempos: la defensa frente a la persecución penal es un derecho imprescindible, un acompañamiento necesario desde los primeros pasos del proceso, dado que el desequilibrio entre el sujeto señalado y el aparato persecutor es tremendamente desigual en la mayoría de los casos.

4. Un proceso que mezcla religión y política. A lo largo de los relatos del Evangelio, lo que inicia como un proceso judicial, poco a poco se convierte en un juicio político. Las acciones de Jesús que motivan su captura y juzgamiento, son principalmente: las prédicas sobre la urgencia de la conversión y liberación según su palabra (que llevan al cargo de que solivianta e instiga al pueblo); las radicales críticas contra escribas y fariseos (que atenta contra la autoridad constituida); la expulsión con violencia de los mercaderes del Templo; y la jactancia de poder destruir ese lugar sagrado para reconstruirlo en tres días (que afecta a la clase de los comerciantes y subvierte el orden público); su proclamación como “rey de los judíos” (que contradice los poderes políticos tanto el judío como el romano); la relativización de los rituales y tradiciones religiosas, privilegiando el testimonio de vida; y, como ya vimos, la principal prédica de que él era, en efecto, el Hijo de Dios, el Cristo que comparte su naturaleza con la del Padre, cuestión que enardecía a las autoridades judías por constituir la peor de las blasfemias por ellos concebible y por lo que merecía la pena de muerte.

Cuarta enseñanza para la posteridad: estamos frente a un proceso en el que se mezclaron razones morales o religiosas con las estrictamente legales o jurídica; riesgo en el que puede caer incluso el procedimiento penal contemporáneo. Además, el simple hecho de que se enuncie la eventual existencia de graves delitos, no alcanza, por sí solo, para comprobar su existencia y, menos aún, la culpabilidad efectiva del procesado. Este principio de separar lo religioso de lo político es extensivo al sano funcionamiento general de la democracia moderna, cuestión que como sabemos, está en seria crisis en nuestros días, dada la influencia y control de movimientos religiosos sobre instituciones y decisiones políticas.

5. Las formas de penalidad en juego. Si bien desde un primer momento lo que buscan los acusadores del Sanedrín es una condena por blasfemia e imponer la pena de muerte (por lapidación según la ley judía; por crucifixión según la romana), la situación política imperante impedía que fuera el propio Sanedrín el que la ejecutara, razón por la cual Pilatos entra en escena por ser la autoridad imperial que tenía “poder sobre vida o muerte” de un acusado. Es claro que los evangelistas han querido cargar la responsabilidad de este deicidio (el asesinato de Dios), antes que en las autoridades romanas, en el pueblo judío en general. Pero es también evidente para ellos que el propósito último de aplicar la pena capital, fue acompañado, a lo largo de este proceso, tanto en el momento de la detención, como en las comparecencias ante el Sanedrín, el pretor Pilatos y el gobernador Herodes, por una andanada de bofetadas, escupitajos, golpes, burlas y humillaciones hasta que por último, sobrevino el suplicio y la crucifixión.

Quinta enseñanza: tuvieron que transcurrir muchos siglos para que la humanidad comprendieran que acusar a alguien no significa que sea culpable; que el maltrato, tortura y humillación de los detenidos son prácticas inaceptables; que nadie está obligado a declarar contra sí mismo y que el silencio no puede interpretarse en su contra (es notable que Jesús en reiteradas ocasiones no responde a interrogatorios lo que es utilizado para inculparlo) y que, por último, se debe respetar la inocencia del procesado hasta que la autoridad judicial competente dicte lo contrario.

6. La cuestión probatoria. Parecen coincidir los relatos evangelistas en punto a que estamos delante de un procedimiento penal que invierte el orden natural de cualquier investigación judicial: primero se conspira y busca la pena a imponer, y luego se trata de construir los hechos y constituir la prueba que los respalde. En particular es evidente que los acusadores de Jesús anduvieron buscando testigos, aunque fueran falsos, para sostener la imputación. Como esto no lo lograron, fue mediante interrogatorios inducidos y capciosos al acusado, -ante el Sumo Sacerdote Caifás en primera instancia y luego ante Pilatos-, logrando que Jesús declare que en efecto él es “el Hijo de Dios”, confesión del delito que andaban buscando sus perseguidores y que los relevaba de procurar cualquier otra elemento probatorio.

Sexta lección para el futuro: en este punto se evidencia una práctica viciosa del proceso penal que llega hasta nuestros días: detener y acusar primero, y buscar las pruebas después. En la larga historia del derecho procesal penal, por otra parte, la confesión del acusado fue valorada como la “reina de las pruebas”. Este mecanismo para “probar” el delito endilgado, se convirtió en una obsesión de acusadores y jueces durante mucho tiempo, sobre todo porque la confesión se quiso obtener por cualquier medio, incluido el tormento o la tortura. Si el acusado aceptaba los cargos en su contra, todos podían respirar aliviados y la justicia se imponía con certeza. Hasta que Cesare Beccaria, en el siglo XVIII, se permitió señalar que la confesión mediante tortura sólo servía para absolver al culpable fuerte que podía resistir, y por el contrario, permitía condenar al inocente frágil o débil que cedía ante el dolor.

7. Las competencias y el lavado de manos. Otro tópico importante en este relato judicial es la cuestión de las competencias. A Jesús lo anduvieron de aquí para allá, unos –el Sanedrín- buscando la condenatoria más grave; otros –Pilatos- tratando de quitarse aquella braza de las manos, enviando al acusado ante Herodes, de nuevo ante el Sanedrín y finalmente lavándose las manos y entregando al acusado a sus perseguidores. Los sumos sacerdotes, escribas y ancianos del Sanedrín no podían permitir la usurpación de su hegemonía religiosa por parte de aquél predicador, -falso profeta-, según su criterio. Tienen claro que deben acabar con él mediante la pena de muerte, pero también saben que la ejecución de esta medida no puede ser llevada a cabo por propia mano en virtud de la naturaleza del castigo y de la competencia romana sobre esas decisiones. Por su parte, según los evangelistas, el pretor Pilatos, aunque no encuentra fundamento a las acusaciones contra Jesús y está convencido de su inocencia, termina cediendo ante el clamor de la muchedumbre (¡crucifícale!) y el argumento de que el César no va a ver con buenos ojos que se deje impune a quien cuestiona su poder político. Se produce entonces el gesto de lavado de manos para que sean otros los que asuman la responsabilidad de ese ajusticiamiento. Nótese que en ningún momento se pronunció una formal sentencia de muerte, sino sólo una entrega de facto del acusado a sus enemigos.

Sétima enseñanza: ha llegado hasta nuestros días la mala práctica de declarar incompetencias por parte de jueces que no quieren resolver el asunto caído en sus manos. En este expediente, además, lo que comienza como un proceso judicial, termina siendo un linchamiento político. La verdad, la justicia, los fundamentos de la acusación y la prueba que los respaldan, terminan sacrificados en el altar de las presiones sociales y el pragmatismo político. Esta es otra cuestión que llega intacta hasta nuestros días; sobre todo cuando la judicatura renuncia a su deber de objetividad, imparcialidad y verdad por intereses ideológicos o partidarios, para perjudicar a un ciudadano de oposición o crítico de los poderes vigentes.

8. El papel del “pueblo”: muchedumbre y manipulación. El pseudo-proceso contra Jesús conoce un momento decisivo cuando Pilatos, presionado por el Sanedrín, decide poner en práctica la costumbre de liberar a un delincuente para las fiestas de la Pascua. Acude a este mecanismo “democrático” para evitar reclamos, tanto internos como externos, y finalmente, para evadir responsabilidades por la muerte del acusado. Su posición es la del político pragmático y oportunista que procura conservar su autoridad a cualquier precio, aunque tenga que sacrificar la verdad y la justicia del caso, con tal de complacer el clamor de las mayorías y así conservar su poder. Los sumos sacerdotes, escribas y ancianos judíos, por su parte, convergen en el mismo objetivo: aprovechan el momento “democrático” para infiltrar, instigar y manipular a la muchedumbre convocada ante el Tribunal, cuestión que logran imponer cuando el Pretor romano les entrega a Jesús para ser crucificado.

Octava y última lección: los procesos democráticos, llámense elecciones, encuestas, sondeos, referendos, plebiscitos, etc., pueden convertirse en simples mecanismos irracionales de manipulación, cuando algunos tienen, coyunturalmente, los recursos económicos-políticos y propagandísticos suficientes para imponer sus particulares intereses.[3] Esos mismos procesos democráticos, debidamente institucionalizados y reglados, conducidos y controlados por autoridades objetivas y competentes, pueden en cambio culminar en la toma de decisiones conscientes e informadas, para el logro de una sana gestión pública, en orden al bien común y en las que las posiciones de la mayoría no impliquen el menoscabo de los derechos fundamentales de las minorías. No es posible, en consecuencia, dejar el juicio de culpabilidad o inocencia de una persona, en manos de una muchedumbre, por mayoritaria que sea. Existe en la práctica una utilización espuria de la democracia, así como una consolidación institucional de la misma según el manejo que se haga de ella. De igual manera, existen falsos demócratas, auténticos autócratas, que apelan a la supuesta voluntad del pueblo para destruir las instituciones; tanto como existen, por el contrario, verdaderos demócratas que, sin dejar de ser críticos con lo que anda mal en la democracia, proponen reformarla y corregirla para mejorarla y fortalecerla.

[1] Este artículo ha contado como bibliografía básica: Sagrebelsky, Gustavo; La crucifixión y la democracia; Editorial Ariel; Barcelona, 1996; así como: Schiavone, Aldo; Poncio Pilatro-Un enigma entre historia y memoria; editorial Trotta; Madrid, 2020; además: Piñero, Antonio; El Jesús Histórico-Otras aproximaciones; Editorial Trotta, Madrid, 2020.

[2] Biblia de Jerusalén; Editorial Española Desclée de Brouwer, S.A., Henao 6, Bilbao, 9; 1975.

[3] Recordemos, en Costa Rica, el tristemente célebre debate sobre el “SI” o el “No” en el referéndum sobre el TLC (octubre de 2007), con feroz campaña de promesas inalcanzables y memorando del miedo incluidos.