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Etiqueta: Juan Carlos Durán Castro

Juan Carlos Durán Castro advierte sobre seis frentes que, a su juicio, empujan hacia la privatización de la CCSS

Juan Carlos Durán Castro, defensor de derechos humanos y dirigente sindical en el Hospital San Juan de Dios por más de cuarenta años, hizo un llamado urgente a las dirigencias sociales y sindicales para analizar a fondo los riesgos que, según su lectura, enfrenta la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). «Como nunca en la historia de la Caja […] hemos visto cómo avanzan algunas tesis realmente privatizadoras, tanto para el seguro de salud como para el régimen de IVM», afirma.

Juan Carlos Durán Castro

Las listas de espera como punto neurálgico

Durán Castro sostiene que los mecanismos institucionales para atender las listas de espera nunca han atacado sus causas estructurales. En su análisis menciona los cuellos de botella, el peso de grupos de poder dentro del gremio médico y el abandono de los mecanismos de control.

Cuestiona en particular las modalidades de pago desarrolladas durante años para reducir esas listas, como el primer reglamento de compra de servicios médicos a terceros de los años noventa, las jornadas de producción, el Modelo Único de Pago y los modelos tarifarios. A su juicio, esas modalidades han generado incentivos perversos y costos crecientes, sin resolver el problema. Las califica como una forma de «privatización endógena» y considera que nunca han sido examinadas a fondo por la Contraloría o la Procuraduría.

Seis frentes de riesgo

El dirigente resume en seis puntos lo que considera el panorama actual de riesgos:

  1. Proyectos de ley. El expediente 25.700, para crear en la CCSS una sección especializada en el reconocimiento de gastos médicos, que según Durán Castro abriría la puerta al copago y que, hasta donde entiende, habría sido retirado para modificarlo. Y el expediente 25.850, que propone crear dos juntas directivas de cinco integrantes, una para el seguro de salud y otra para el IVM.
  2. El reglamento de listas de espera del Ministerio de Salud, publicado el 26 de agosto de 2026, que entrará en vigencia en febrero de 2027 y que, según advierte, permitiría la privatización abierta del manejo de las listas de espera.
  3. El proyecto del Colegio de Médicos y Cirujanos para las listas de espera, que, según Durán Castro, se vincula con intereses de un sector del gremio médico.
  4. La reforma al reglamento de nombramiento de las representaciones en la Junta Directiva de la CCSS, que a su juicio podría derivar en un control total del gobierno sobre la institución. Esto coincide con el diálogo sobre el IVM que se iniciaría en una Mesa Técnica Nacional, aunque las reformas al régimen corresponden a la Junta Directiva. El dirigente teme que se opte por las cuentas nocionales promovidas por el Banco Mundial, que considera una fase previa a las cuentas individuales.
  5. La plataforma PRIS, anunciada por el Ministerio de Salud el 10 de noviembre, que permitirá que el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) tenga trazabilidad en el sector privado, con el consentimiento informado de la persona paciente.
  6. El ofrecimiento público de actores de la Cámara Nacional de la Salud para poner a disposición salas de operaciones para atender las listas de espera de la Caja.

Un llamado a las dirigencias

Durán Castro afirma que, por su conocimiento del sector, se ve obligado a advertir sobre «altos riesgos de corto plazo» y sobre una «baja o nula lectura de la dirigencia al respecto». Señala además que, según ha sabido, especialistas de la Universidad de Costa Rica analizan el portafolio de inversiones de la CCSS, su política salarial y de recursos humanos, las listas de espera, la gobernanza institucional y el sistema informático de compras ERP-SAP.

«Instamos respetuosamente a todas las dirigencias sectoriales, sin excepción, a que realmente se sienten a hacer un balance de fondo del desarrollo actual de los acontecimientos en torno a la Caja; caso contrario, muy pronto los discursos de defensa de esta institución perderán a nuestro juicio gran parte de su sentido», concluye.

La reelección presidencial y la deriva autocrática: un llamado a la unidad patriótica

Juan Carlos Durán Castro

Juan Carlos Durán Castro, defensor de derechos humanos

En nuestra modesta lectura política, el proyecto de ley del oficialismo sobre la reelección presidencial es un distractor de contexto, dadas las remotas posibilidades que tiene de avanzar en el plenario legislativo. Sin embargo, no debemos dejar de meditar que esta acción es una movida de ajedrez que, directa o indirectamente, está pensada para hacer avanzar y posicionar objetivos de un proceso mayor. Es decir, aun como distractor, forma parte de un plan.

De igual forma, no nos llamemos a engaño: esta acción parlamentaria retrata el enfoque autocrático de un proyecto y muestra de forma abierta la necesidad de inmunidad para la figura del señor Chaves Robles, que es quien ostenta el poder real en esta administración Fernández Delgado. Las declaraciones de José Miguel Villalobos al referirse al proyecto son parte de esa narrativa “novedosa”, de un estilo que gusta al vulgo, pues ya está bastante posicionado un nuevo ideario nacional.

Pero seamos honestos: esta acción parlamentaria forma parte de todos los pasos que nos conducen como país hacia una autocracia.

Los resultados electorales de 2028 y 2030 definirán si el proyecto de un nuevo imaginario colectivo nacional se posiciona aún más y si el actual oficialismo, con sus fuerzas aliadas, logra afianzar sus objetivos. Esos objetivos consisten en abandonar el ideario de 1948 y la Constitución de 1949, y entrar en una fase donde todo lo anterior no sirve y lo novedoso es la forma tiránica de gobernar, controlando los tres poderes de la República y eliminando así los históricos pesos y contrapesos. En ese escenario, una Asamblea Nacional Constituyente no es para nada descartable.

De ser así, estaremos avanzando como país hacia una suerte de autocracia bajo el mando del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y de otras fuerzas de esa misma estirpe ideológica, que sencillamente configurarán una nueva tiquicia. Por diversos factores sociales controlados por el tecnofascismo algorítmico, entre otros elementos, habrán logrado hacerle olvidar su legado democrático, que, con sus virtudes y defectos, generó equilibrios y un grado respetable de movilidad social. No dudamos de que ese legado desaparecerá, dando cabida a una Costa Rica irreconocible, que ya se retrata en los recientes datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Esos datos, junto con otros que, según se ha cuestionado, se habría intentado modificar desde Zapote cambiando un “simple cálculo” del INEC, revelan señales poco halagüeñas en el horizonte nacional. Presuponen un canje entre la narrativa de un sempiterno caudillo o partido autocrático y una Costa Rica presa de mayor pobreza, concentración de la riqueza y exclusión social.

En ese posible escenario, en el que nos alejamos del imaginario de la sociedad construida desde 1949, las fuerzas de la resistencia deberán apostar, un día sí y otro también, por recobrar las emociones de la gente, tarde o temprano, en un terreno más complejo. Habrá más obstáculos que enfrentar en la lucha algorítmica; es decir, será una lucha cultural más cuesta arriba. Al parecer, esto se debe a no haber tenido más madurez política en momentos en los que tal vez existían ventanas de oportunidad menos complicadas, pero ganaron el egoísmo, el feudo, la mirada corporativa y demás elementos subjetivos propios de los seres humanos.

Al final del día, consideramos que aún quedan oportunidades en el presente para que se genere una alianza patriótica nacional que al menos haga brotar un respiro unitario fuerte, aunque sea coyuntural, que aspire a frenar o descarrilar la deriva fascista tica en desarrollo.

Por tanto, estas humildes líneas se traducen en un ferviente y patriótico llamado a las dirigencias que comandan la toma de decisiones en cada sector y territorio para que profundicen la lectura de coyuntura. Así será posible, al menos, alcanzar un consenso patriótico que construya un muro de contención nacional y nos permita una pausa de inhalación política unitaria. Ese consenso nos permitiría también poner las luces largas para intentar construir un imaginario distinto al que recorre los cinco continentes, del que nuestra América Latina no escapa: la nueva doctrina Monroe 2.0 y un tecnofascismo algorítmico que se puede derrotar combinando la lucha en el mundo cibernético con la movilización social.

Brasil es el ejemplo reciente de que sí se puede descarrilar una deriva fascista como la que recorre tiquicia.

“Resistencias patrióticas” fragmentadas ante la ofensiva sobre la CCSS: una lectura de coyuntura

Juan Carlos Durán Castro

Juan Carlos Durán Castro
Asesor sindical ANEP-CCSS y defensor de derechos humanos

Un oficialismo golpeado, pero no derrotado

El partido oficialista quedó un tanto golpeado con dos batallas perdidas: la reelección de Carlo Díaz como fiscal general y el entierro del proyecto de la mal llamada armonización eléctrica. Ante esas derrotas, las facciones más fascistas del Partido Pueblo Soberano atacan con una narrativa anticomunista, porque parecen tener pocos argumentos. Pero mantienen su línea autoritaria y confrontativa para seguir ganando la guerra cultural en redes, ya que el oficialismo no tiene capacidad movilizadora, algo que está más que probado.

Como parte de su táctica, es previsible que el oficialismo lleve a referéndum la apertura eléctrica, pues sabe que tiene manejo de la lucha informativa y cuenta con aliados y recursos. Eso impone un reto unitario a todas las resistencias patrióticas. Es un camino que recuerda la lucha contra el TLC, y es un reto que la derecha fascista lanza a los conglomerados de resistencia, sabiendo que están fragmentados.

Con esa misma lectura, la derecha, dentro y fuera del Gobierno, se atreve a desafiar a las rectorías y al estudiantado con el recorte de ₡8.048 millones al FEES, y a torcerle el brazo a la diputada que “se equivocó” al votar en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Las distintas facciones de derecha también leen los rasgos de las bancadas opositoras y saben cómo mover las fichas del ajedrez.

Por eso, las resistencias patrióticas deben profundizar su análisis de coyuntura y mejorar su toma de decisiones: en este momento, los errores tácticos o estratégicos tendrán enormes costos políticos. Es claro, además, que hay sectores y dirigencias controlados por el enfoque de derecha del continuismo de una presidenta que, según parece, actúa solo en lo formal y no ostenta el poder real.

La convocatoria real a las movilizaciones la formularon las rectorías por medio del CONARE. El mejor escenario, el que debemos construir, es una fuerza mayor de los movimientos sindicales, sociales y socioproductivos. Sin embargo, no se percibe en el corto plazo un salto de calidad en la unidad de las diversas resistencias patrióticas, que el Gobierno caracteriza como fragmentadas, y algunas de las cuales podrían estar cooptadas o tener lecturas ideológicas poco profundas del contexto. Eso acarrea un riesgo alto de ser derrotados en temas país que podrían mover la aguja hacia una ruta distinta a la que se consolida en el continente, y obliga a exigir madurez política real a las dirigencias que se dicen patrióticas.

Un tanque de oxígeno para el proyecto fascista

Si las resistencias patrióticas mantienen su fragmentación, su sectarismo, su egoísmo y su chovinismo, y siguen compitiendo por la foto con una mirada corporativa y de corto aliento, no dudamos en afirmar que le están obsequiando un enorme tanque de oxígeno al proyecto fascista en desarrollo en Costa Rica. Al final del día, cada liderazgo pagará su cuota de factura política según su sector.

La deuda con la Caja: billones de razones

Sin ocultar las deudas que dejaron otras administraciones del bipartidismo y del tristemente célebre PAC, lo cierto es que en los cuatro años del gobierno de Rodrigo Chaves Robles la deuda del Estado con la Caja, en salud y pensiones, creció como nunca en los últimos once años. Todo indica que la presidenta Laura Fernández Delgado seguirá los mismos pasos.

A junio de 2025, la deuda con el Seguro de Salud ascendía a ₡3,6 billones y posiblemente ya ronde los ₡4 billones. La deuda con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se reportó en esa misma fecha en ₡770.000 millones y, según la Gerencia de Pensiones, podría estar llegando a ₡1 billón. Durante la administración Chaves Robles, la deuda acumulada sumó al menos ₡1,5 billones en salud y unos ₡770.000 millones en el IVM.

De ahí surgen consignas tácticas y estratégicas para salvar la Caja como instrumento de equidad, esperanza, paz social y distribución de la riqueza nacional:

  1. La familia laboral de la Caja tiene casi 1,5 billones de razones para salir a las calles y exigir, junto al pueblo y sus organizaciones, que el Gobierno le pague a la Caja.

  2. 1,5 billones de razones para exigir acciones reales que reduzcan los tres tipos de listas de espera en jornada ordinaria, con mejores controles institucionales.

  3. 1,5 billones de razones para exigir que mejore la productividad de las salas de operaciones en todo el país, con impacto en la gente de carne y hueso.

  4. 1,5 billones de razones para exigir que la Caja negocie una política salarial fuera de la Ley 9635 y sin regla fiscal.

  5. 1,5 billones de razones para tener a tiempo los reportes de mamografías y biopsias.

  6. 1,5 billones de razones para acceder a una cita con especialista o a un examen de diagnóstico en un tiempo razonable y humano.

  7. 1,5 billones de razones para que la dirigencia sindical de la Caja dé un paso al frente y decida acciones unitarias con las resistencias patrióticas que detengan la implosión de la Caja en el corto o el mediano plazo.

  8. 770.000 millones de razones para salir a las calles a defender el IVM, por las personas jubiladas, las que cotizan hoy y las generaciones futuras.

  9. 770.000 millones de razones para decir no a la mentira de las cuentas nocionales, las cuentas individuales, los grupos generacionales o cualquier otra narrativa falsa del gobierno del continuismo fascista.

  10. 770.000 millones de razones para luchar por una pensión y una vejez dignas.

Cinco ejes de la privatización

Antes habíamos planteado lo que llamamos la tríada de la privatización: una táctica a tres bandas del gobierno del continuismo para avanzar sobre la Caja. Ahora se suman dos elementos más:

  1. El proyecto de ley de la diputada Marta Esquivel Rodríguez presentado a la Asamblea Legislativa, que esconde un copago abierto que en realidad es un reembolso.

  2. El reglamento del Ministerio de Salud para atender las listas de espera, que entra en vigencia en febrero de 2027 y potencia la privatización abierta de esas listas.

  3. El proyecto “Unidos” del Colegio de Médicos, que se inscribe en la ruta del reglamento. Quizá busca mantener la situación actual, pero dentro de una lógica de al menos cuatro formas de pago, centradas en la jornada extraordinaria y sin controles reales. Además, deja sin explorar el análisis de las jornadas ordinarias y la productividad de las salas de operaciones.

  4. El reglamento de interoperabilidad, una pieza clave del entramado, porque da alta trazabilidad al EDUS y abre puertas que hasta ahora estaban cerradas tecnológicamente.

  5. El proyecto de ley 25.580, también de Marta Esquivel Rodríguez, que pretende desmembrar el equilibrio tripartito histórico de la Junta Directiva de la Caja. No debemos llamarnos a engaño: se trata de retrasar o impedir la juramentación de la representación sindical y tener así campo abierto para tomar acuerdos sobre el Seguro de Salud y el de Pensiones.

En resumen, son cinco ejes que impulsarán con mucha fuerza la estrategia formulada hace años por el Banco Mundial y la Cámara de la Salud Privada para privatizar los servicios de salud de la Caja. El objetivo es trasladar hacia afuera, en tiempo récord, un negocio que hoy es interno.

La urgencia de la unidad

Se impone un balance más profundo y la urgente necesidad de construir alianzas con los sectores sociales, sindicales y socioproductivos, si realmente queremos frenar el final de la Caja tal como la hemos conocido.

¿Dos fondos para el ROP? Análisis de la propuesta de la SUPEN para personas jóvenes y cercanas a pensionarse

El asesor sindical de la ANEP-CCSS, Juan Carlos Durán Castro, valora los efectos para las personas afiliadas jóvenes y las cercanas a pensionarse, y advierte sobre la edad de corte, la libertad de elección y las reglas de transición.

El asesor sindical preparó unos “apuntes de lectura necesaria” ante la propuesta de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) para reorganizar el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), con miras a un debate nacional sobre el sistema de pensiones.

La propuesta

Según explica Durán Castro, la SUPEN propone que el ROP deje de administrarse en un único fondo y se divida en dos fondos especializados:

  • un Fondo de Acumulación para la Pensión (FAP), para personas afiliadas menores de 55 años, con una orientación al crecimiento de largo plazo;

  • un Fondo de Administración para el Beneficio (FAB), para personas de 55 años o más y personas pensionadas, con una estrategia más conservadora, orientada a preservar el capital y reducir fluctuaciones.

El razonamiento técnico de la SUPEN, señala el autor, parte de una idea muy usada a nivel internacional: una persona joven puede asumir más volatilidad porque tiene décadas para recuperarse de pérdidas temporales, mientras que una persona cercana a jubilarse tiene menos tiempo para hacerlo.

Durán Castro cuestiona el fondo de esa lógica. Sostiene que equivale a “trasladar el riesgo a las personas y que la mano invisible del mercado ‘regule’ la suerte de cada uno”, y que “tal falsedad y riesgo” no parecen de recibo “en medio de un momento en que el naufragio capitalista resulta evidente”. Rechaza además el término “minusvalías”, porque a su juicio “intenta disfrazar la pérdida de rendimientos reales de la gente, justificando la supremacía riesgosa del mercado sobre el Estado”.

Dos casos: 25 y 63 años

Para ilustrar los efectos, el autor analiza dos perfiles.

Una persona afiliada de 25 años, con 35 a 40 años por delante antes de jubilarse:

  • Ventajas:

    • Podría tener mayor rentabilidad esperada, “lo cual sigue siendo una promesa, con ropaje de riesgo”.

    • Aprovecharía mejor el interés compuesto. Como ejemplo, ₡10 millones que crecen al 5 % durante 40 años llegarían a unos ₡70 millones, y al 7 %, a unos ₡150 millones.

    • Tendría menos necesidad de liquidez inmediata.

  • Riesgos:

    • Mayor volatilidad, con años de pérdidas en los rendimientos, sobre todo en crisis internacionales.

    • Un “riesgo conductual”: que algunas personas afiliadas se alarmen ante las pérdidas y presionen para cambiar el sistema.

Una persona afiliada de 63 años, que planea pensionarse a los 65 con ₡40 millones acumulados:

  • Ventajas:

    • Menor exposición a pérdidas justo antes del retiro, que el autor considera el principal beneficio.

    • Mayor estabilidad y certeza sobre el monto disponible.

    • Protección de lo ya acumulado.

  • Desventajas:

    • Menor rentabilidad futura.

    • Riesgo de que la inflación erosione el poder adquisitivo si la cartera es demasiado conservadora.

    • Una “transferencia temprana”: si el corte es a los 55 años, una persona que piensa trabajar hasta los 67 o 70 pasaría demasiado pronto a una estrategia conservadora.

Los puntos en debate

El autor plantea tres temas que, a su juicio, merecen especial atención:

  1. La edad de corte. Considera que los 55 años son “probablemente el punto más discutible”. Otros sistemas usan los 60 años, un corte de 10 años antes de la jubilación o esquemas graduales, y un corte fijo “puede resultar arbitrario”.

  2. Dos fondos o fondos generacionales. Ve la propuesta como una solución intermedia mientras siguen suspendidos los fondos generacionales. Desde una perspectiva técnica, considera que estos suelen ser superiores porque reducen el riesgo gradualmente, evitan cambios bruscos y se ajustan mejor al ciclo de vida.

  3. La libertad de elección. Si las personas afiliadas pueden escoger fondo, existe el riesgo de que alguien de 63 años permanezca en un fondo agresivo, o alguien de 25 en uno excesivamente conservador. Por eso, “la educación financiera pasa a ser clave”.

Conclusiones y advertencias

Si se analiza solo el interés de las personas afiliadas, el autor estima que el impacto sería “muy favorable” para quienes tienen 25 años, por el mayor potencial de crecimiento del ahorro, y “solo favorable” para quienes tienen 63, por la mayor protección del capital acumulado. Desde una óptica técnica, considera que la propuesta de la SUPEN “parece avanzar en la dirección correcta”, aunque un sistema de fondos generacionales completos seguiría siendo “una solución más sofisticada”.

Sin embargo, advierte sobre la relación con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Según Durán Castro, se ha difundido la idea de que la tasa de reemplazo del IVM se complementa con la del ROP, “aunque así no fue la idea inicial”. Señala que, como consecuencia de las reformas recientes, las cohortes que se pensionan en estos años obtienen tasas de reemplazo menores que las de generaciones anteriores. Por ello, plantea que deben definirse reglas de transición que no afecten a las últimas cohortes de la generación baby boomer, que en su mayoría tienen una buena cantidad de cotizaciones y ya han pasado por cuatro modificaciones reglamentarias.

Juan Carlos Durán Castro: tras la reelección de Carlo Díaz y el archivo del proyecto eléctrico, las movilizaciones deben ser unitarias

Juan Carlos Durán Castro, defensor de derechos humanos, compartió con SURCOS estos apuntes sobre la coyuntura, en la víspera de las marchas del 20 de octubre.

Juan Carlos Durán Castro

“Este lunes 19 de octubre, la Corte Plena reeligió a Carlo Díaz como fiscal general de la República, y en la Asamblea Legislativa se archivó el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (expediente 23.414), al que el Frente Amplio ha llamado “ley del apagón”. Para Juan Carlos Durán Castro, son dos derrotas del oficialismo: “Al continuismo fascista le duele perder batallas”, afirma, y califica la reelección de Díaz de “abrumadora”.

Para Durán Castro, vienen marchas y protestas de calle que “deben ser y verse unitarias”. Propone que se organicen bajo seis líneas de acción:

  1. Contra la corrupción y el narcotráfico, que considera enquistados en el país, y frente a la respuesta del gobierno de Laura Fernández Delgado, a quien califica de “presidenta formal, no real”.
  2. Presupuesto para las universidades y respeto al derecho a la educación por medio del FEES.
  3. Entierro definitivo del proyecto de armonización eléctrica.
  4. Pago real de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social. De lo contrario, el autor anticipa protestas de las personas trabajadoras de la institución, en coordinación con otros sectores de lo que llama “la resistencia patriótica”.
  5. Rechazo al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), para asegurar la seguridad alimentaria del país y el empleo de miles de familias del agro nacional.
  6. Presupuesto para el Poder Judicial y respeto irrestricto a la división de poderes, para impedir que el Gobierno continúe con más rupturas del orden constitucional.

Estas líneas coinciden con las causas de las convocatorias para este martes 20 de octubre: la marcha en defensa de la educación universitaria pública convocada por el CONARE, la Gran Marcha Nacional por la Educación, el Agro, la Cultura y los Derechos Sociales, y las movilizaciones en defensa del ICE, la CCSS, la cultura y el Poder Judicial.

Juan Carlos Durán Castro: el posible pacto por el ICE es una ventana de oportunidad para la movilización

Juan Carlos Durán Castro, ciudadano y defensor de derechos humanos, compartió con SURCOS estas reflexiones, que formuló primero en un chat sindical, sobre la coyuntura alrededor del proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional y la movilización social de estos días.

Contexto. El expediente legislativo n.º 23.414, “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, ha sido cuestionado por organizaciones sindicales, sociales y ambientales que defienden el modelo eléctrico solidario y el papel del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). En mayo de 2026, una amplia movilización logró que el proyecto no alcanzara los 38 votos necesarios. En los últimos días, el movimiento que se opone al proyecto llamó a enviar cartas a todas las diputaciones y, en particular, a la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), ante la información de que algunas de sus diputaciones podrían votar a favor del proyecto. A esto se suma la marcha en defensa de la educación universitaria pública convocada por el CONARE para el martes 20 de octubre.

Juan Carlos Durán Castro
  1. Creemos que el posible pacto por lo del ICE entre el oficialismo y siete curules del PLN no está tan cocinado. El estilo y la narrativa de Nogui y del subjefe de fracción no nos parecen muy convincentes.

Nos parece que el oficialismo no tiene nada bien amarrado y que ese posible pacto, más allá de ratificar el estilo de una añeja y oscura política, también impone lecturas más profundas del contexto.

  1. La necesaria y justa movilización de las universidades del martes 20 forma parte de una secuencia de acciones previas que revelan un ascenso de variadas resistencias patrióticas, a niveles sectoriales y geográficos. Pero son resistencias dispersas, lo cual termina ayudando al fascismo a la tica en franco desarrollo hoy. Ese fascismo pareciera haber perdido fuerza, pero mantiene un núcleo duro de supuestos influencers y se refuerza con troles y granjas de bots, lo cual no resulta menor dentro del actual desarrollo del denominado tecnofascismo.
  2. Se debería aprovechar el posible, y no tan consolidado, pacto por la “ley de armonización eléctrica”, calificada por el Frente Amplio como “ley del apagón” y hoy en debate público, como una ventana de oportunidad para presionar al Gobierno. En el sentido de indicar que no descartamos movilizarnos por:
  • el presupuesto para el Poder Judicial;
  • un arreglo de pago a la Caja que ayude a darle sostenibilidad al Seguro de Salud y al de Pensiones, y a financiar el Régimen No Contributivo;
  • el presupuesto para las universidades;
  • el rechazo al supuesto tratado transpacífico.

Vista la coyuntura desde esta otra mirada, sin olvidar las prácticas políticas de oscuridad, no dudamos de que se potencian las resistencias antifascistas y se alimenta la lucha callejera que ha venido en ascenso.

  1. Creemos que aprovechar lo verdadero o lo falso de ese posible pacto con esos supuestos siete curules del PLN, que ayudarían al oficialismo a alcanzar el número mágico de 38 votos en el tema del ICE, permite, en cualquier escenario, presionar al continuismo con la movilización social de calle. Y, de paso, enviar señales a la oposición legislativa, que con sus defectos y virtudes termina abriendo ventanas de oportunidad que, si no se leen bien, terminan facilitándole las cosas al oficialismo.

Juan Carlos Durán Castro
Ciudadano y defensor de derechos humanos
17 de octubre de 2026

FECTSALUD propone que se condicione respaldo a eurobonos a que el Gobierno descarte un aumento del IVA y frene los recortes presupuestarios

La Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (FECTSALUD), a través de su secretario de Prensa y Propaganda, Juan Carlos Durán Castro, planteó públicamente tres condiciones que, a su criterio, el Gobierno debería cumplir para que la organización sindical considere legítima la discusión sobre una eventual emisión de eurobonos.

En primer lugar, la Federación exige que el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, se pronuncie públicamente para descartar un aumento del 1% en el impuesto al valor agregado (IVA). En segundo lugar, solicita que se respeten los nombramientos para la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y que se defina una forma de pago para la deuda que se mantiene con esa institución. En tercer lugar, pide que se frenen los recortes presupuestarios en educación, salud, pensiones, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Poder Judicial y otras instituciones públicas.

Según Durán Castro, de no cumplirse estas condiciones, FECTSALUD no considerará de recibo ninguna discusión sobre el tema de los eurobonos.

La organización sindical hizo además un llamado a las fracciones legislativas del Frente Amplio, Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y a la fracción encabezada por la diputada Claudia Dobles, para que no negocien ningún acuerdo relacionado con eurobonos que se aparte de los pactos suscritos previamente con organizaciones sociales, sindicales y socioproductivas, incluido el Pacto Patriótico Costarricense firmado en la Asamblea Legislativa con un sector del movimiento sindical y social, cuya segunda etapa está prevista para el 4 de agosto.

FECTSALUD sostiene que la eventual aprobación de los eurobonos no resolvería el problema de fondo de la deuda del país, la cual, según indicó Durán Castro, superó el 60,5%, atribuyendo esa situación a la gestión del ministro Chaves Robles y del exministro de Hacienda, Nogui Acosta. Advirtió que, de aprobarse este mecanismo sin las condiciones planteadas, implicaría cargar con nuevos impuestos a la clase trabajadora, tanto del sector público como del privado.

El dirigente sindical cerró su mensaje señalando que corresponde ahora a la presidenta Laura Fernández y al Gobierno definir si están dispuestos a aceptar esas condiciones.

FECTSALUD alerta sobre control de poderes judiciales y regresión democrática en Costa Rica

Juan Carlos Durán Castro
Secretario de Prensa FECTSALUD
Julio 17, 2026

Dice la Santa Biblia:

… «La verdad, os hará libres»…

Entonces hay que decir las cosas, desde una mirada que aspire a colocar una versión que arroje luz, entre tanta oscuridad.

Lo cierto es que está en desarrollo y se ha acentuado una táctica y una estrategia de corte neofascista en todo el mundo, corriente que presenta sus características en el continente americano, zona del mundo que representa una gigantesca tabla de salvación para el hoy altamente comprometido y riesgoso hegemón del norte en el contexto del desarrollo de la geopolítica actual y los posibles escenarios de desenlace, que ojalá no terminen con una hecatombe nuclear que arrastre al mundo a una crisis mayor a la actual.

Ahora bien, situémonos en nuestro continente, la reunión a la que asistió Rodrigo Chaves Robles, antes de las elecciones 2026, a Mar-a-Lago, residencia del señor Trump, a la cual se hizo acompañar por la hoy presidenta Laura Fernández Delgado, sin duda alguna debió formular como un eje de trabajo la aspiración de impulsar y gestionar localmente en cada país el control de los poderes judiciales o bien profundizarlo en aquellos en los cuales ese tipo de procesos han avanzado.

En esa ruta el desarrollo de la nueva política de seguridad de los EEUU, que es un documento público, retoma y refresca la doctrina Monroe y la eleva a lo que algunos han denominado su versión 2.0.

Así las cosas, tenemos de regreso una versión tecnofascista del antiguo macartismo para todo el continente, el cual se revela en la cumbre convocada por el señor Marco Rubio, este 15 de julio de 2026 en los EEUU, y se refuerza con la narrativa de este mismo personaje, cuando propone hacer implosionar la Corte Penal Internacional (CPI) y refuerza un marco jurídico internacional favorable a los EEUU, que parte de meter en un solo compartimento a todas las fuerzas antihegemónicas bajo dos palabras de comunicación política, tales como terrorismo y comunismo.

Esto sin duda es una alerta/señal de que el derecho internacional debe ser debilitado al máximo y estar sometido a la doctrina de los EEUU, siendo que detrás de esa gestión política se aspira a obtener impunidad internacional ante el genocidio en Gaza, Irán y un largo etcétera, y los evidentes crímenes de guerra documentados por relatores de la ONU, el más reciente para el caso de Gaza.

Siendo esto así, no es entonces casual que, en el plano local/nacional, el oficialismo rechace sin argumentos válidos las nóminas de las suplencias para la Sala Constitucional, ya que es evidente que se aspira a garantizar la posible impunidad de don Rodrigo Chaves Robles y su estructura paralela en las elecciones pasadas del 2022 y, de paso, «cuidar» al menos 16 curules del oficialismo que presentan denuncias en trámite por presuntos actos de corrupción.

Expuesto de manera general lo anterior, vale la pena reiterar tres elementos que hemos venido formulando desde hace algún tiempo:

1- El país entró en una fase de regresión democrática que tuvo un punto de inflexión a partir del año 2018, en la administración Alvarado Quesada.

2- Ese proceso se profundizó evidentemente a partir de los resultados de las elecciones del 2022 y las señales están más que claras, siendo evidente que el continuismo de doña Laura Fernández Delgado aspira a profundizarlas y

3- Resaltar por último, desde nuestro modesto análisis, que el país está inmerso dentro del desarrollo de esa lógica neofascista actual, recargado ese enfoque con el tecnofascismo de redes y la construcción de posverdades incesantes que distorsionan y atrofian la verdad a cada instante.

Razón por la cual las diferentes resistencias patrias deben realizar el mayor esfuerzo humano posible por construir consensos políticos básicos urgentes.

Teniendo claro eso sí, que en el hoy patrio al menos casi todos los actores y sectores que nos decimos demócratas, patriotas, progresistas, ecologistas, defensores de derechos humanos, católicos, evangélicos o cristianos con enfoque de una opción preferencial por los más pobres, sindicalistas, socialdemócratas y socialcristianos verdaderos, líderes estudiantiles, de grupos de mujeres, colectivos LGBTQ+ y hasta grupos empresariales excluidos por el sistema capitalista y un enorme etcétera, nos han metido en el hoy en una habitación común y compartimos la misma suerte en el plano político por tener un pensamiento crítico antihegemónico, y tal condición creemos, con humildad de rigor, debe ser una condición humana que nos debe impulsar a reforzar las tareas de defensa para aspirar a que Tiquicia siga siendo un país inclusivo y solidario.

FECTSALUD advierte que nuevas medidas fiscales afectarán a personas trabajadoras y pensionadas

El secretario de Prensa de la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (FECTSALUD), Juan Carlos Durán Castro, cuestionó la política económica impulsada por el Gobierno y advirtió sobre la posibilidad de que se promuevan nuevas medidas fiscales que afectarían a personas trabajadoras y pensionadas.

Según manifestó, durante los últimos años se presentó la gestión económica de la actual administración como un modelo exitoso; sin embargo, considera que las recientes recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) evidencian una realidad distinta para amplios sectores de la población.

Durán afirmó que entre las medidas que podrían plantearse se encuentran cambios en las condiciones de los regímenes de pensiones, la aplicación de nuevos cobros a personas pensionadas, modificaciones relacionadas con la canasta básica y decisiones que, a su juicio, trasladarían mayores cargas económicas a la población trabajadora.

El dirigente sindical sostuvo que estas eventuales medidas tendrían repercusiones tanto para el sector público como para el sector privado y cuestionó a quienes respaldaron la continuidad de la política económica gubernamental.

Asimismo, planteó interrogantes sobre la capacidad política del Gobierno para impulsar nuevas cargas tributarias o medidas de ajuste fiscal, señalando que la población podría exigir explicaciones ante posibles afectaciones económicas adicionales.

Durán concluyó que las recomendaciones recientes vinculadas a la situación fiscal y económica del país ponen en discusión la narrativa oficial sobre los resultados de la gestión económica y obligan a un debate público sobre quiénes asumirán el costo de las futuras decisiones fiscales.

Propuestas de reforma al IVM esconden medidas regresivas y no enfrentan el problema central de financiamiento, advierte análisis sindical

Un documento elaborado por Juan Carlos Durán Castro, asesor sindical de ANEP-CCSS y secretario de Prensa y Propaganda de FECTSALUD, advierte que varias de las propuestas actualmente discutidas para reformar el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social contienen elementos regresivos, aumentan la inequidad y no abordan el problema estructural de financiamiento y cobertura del sistema.

El texto analiza las 20 propuestas incluidas en el documento oficial “Informe técnico: alternativas para la sostenibilidad del seguro de invalidez, vejez y muerte”, presentado ante la Junta Directiva de la CCSS el 4 de mayo de 2026. Según Durán Castro, aunque algunas iniciativas podrían tener validez para el debate democrático, muchas implican riesgos sociales y políticos relevantes.

Uno de los principales cuestionamientos del autor es que las propuestas no atacan el problema de la cobertura contributiva ni priorizan el cobro de la deuda estatal con el IVM, estimada en al menos 800 mil millones de colones. Señala que dicha deuda debería ocupar el primer lugar dentro de cualquier estrategia de sostenibilidad del régimen.

El documento también advierte sobre posibles escenarios políticos que podrían facilitar la aprobación de medidas regresivas, especialmente en un contexto de concentración de poder en la Junta Directiva de la CCSS y de eventuales reformas legislativas impulsadas a partir de 2027.

Entre las preocupaciones centrales expuestas se encuentra la eventual reducción de la tasa de reemplazo del IVM al 40%, complementada con un porcentaje incierto proveniente del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). El autor sostiene que esta propuesta afectaría especialmente a personas cercanas a la jubilación y que la información pública sobre una tasa total de reemplazo del 60% no refleja adecuadamente las diferencias reales entre grupos etarios y trayectorias contributivas.

El análisis cuestiona además propuestas como:

  • trasladar parte del financiamiento del Banco Popular al IVM;

  • cobrar a personas pensionadas un 5% para financiar el seguro de salud;

  • aumentar de 300 a 360 las cuotas requeridas para pensionarse;

  • modificar los mecanismos de ajuste automático de las pensiones;

  • y ampliar las potestades de la Junta Directiva de la CCSS para adoptar cambios sin procesos amplios de consulta.

Según el documento, varias de estas medidas podrían aumentar la exclusión previsional, congelar pensiones mínimas o reducir los montos reales de jubilación para amplios sectores de la población trabajadora y pensionada.

Durán Castro organiza su análisis en cuatro grandes ejes: cobertura, suficiencia, sostenibilidad y aspectos administrativos. Además, plantea que cada propuesta debe evaluarse considerando su grado de regresividad social, su viabilidad política, sus efectos actuariales y el contexto nacional e internacional en que se discutirán las reformas.

El autor concluye que el debate sobre el IVM requiere información técnica robusta, escenarios financieros claros y una discusión nacional amplia que priorice los derechos humanos, la progresividad social y el fortalecimiento de la seguridad social pública.

Le invitamos a descargar desde SURCOS y leer el documento completo:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/APUNTES-ACTUALES-SOBRE-LAS-PROPUESTAS-DE-REFORMA-AL-REGIMEN-DE-INVALIDEZ-12-05-2026-VFR-1.pdf