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Etiqueta: Juan Huaylupo

El Estado enemigo de la sociedad costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Huaylupo1

Los costarricenses vivimos en la actualidad un gobierno enemigo de nuestra cultura política, atenta contra el interés nacional, la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía, a la vez que destruye nuestros derechos constitucionales, la institucionalidad y la política pública gestada social e históricamente. Además, absurdamente desprecia y niega a sus electores y pone en riesgo la seguridad nacional, para conceder ilegítimamente nuestra soberanía al vasallaje y la colonialidad del poder de una potencia extranjera, lo que, en ese caso, podría estimarse que está configurado constitucionalmente como traición a la patria.

El resultado electoral del actual gobierno burló la Constitución de la República que prohíbe la reelección inmediata del presidente anterior. Así, la posesión de los ministerios de la Presidencia y de Hacienda, así como la injerencia en la seguridad nacional, ha convertido al expresidente en un presidente de facto. El mismo que se burla, no solo de las personas, lo hace contra las regulaciones jurídicas y constitucionales de la sociedad, a la que odia, y destruye como un mandato individual ajeno a los costarricenses, quizás rutinario cuando fue funcionario, al servicio del poder imperial norteamericano, en el nefasto Banco Mundial.

Es por ello, que los insultos, blasfemias, chantajes que los gobernantes de turno imputan calificando de “chancletudos”, izquierdistas o comunistas a los estudiantes y trabajadores de las universidades públicas y a todos aquellos que protestan, muestran “de cuerpo entero su pésima calaña”, su personalidad, educación e ignorancia. El desigual enfrentamiento desde el poder, sin seriedad ni originalidad, que descalifica con estereotipos y prejuicios, revela su mediocridad y su obscena ignorancia, pero atacar a los universitarios, quienes con el intelecto han generado reconocimientos nacionales e internacionales en la ciencia, en la salud, la tecnología, así como en la literatura, la escultura, las artes y en su quehacer democrático, sin duda, es una obsesión patológica el pretender inútilmente desprestigiar no solo a las universidades públicas, también lo hace contra el pensamiento, los aportes y logros alcanzados por la sociedad costarricense.

El gobierno está liquidando las conquistas democráticas alcanzadas a través de la historia y lo hace con falsos argumentos fiscalistas y manipulados presupuestos, a la vez que, con endeudamiento externo profundiza los desequilibrios macroeconómicos y compromete el futuro social y nacional. El empobrecimiento se hace absoluto, y así, afecta también a los sectores medios que sufren con los usureros préstamos para paliar transitoriamente el deterioro de su calidad de vida.

La grave problemática social, económica y política creada no es de carácter ideológico, no es de principios, es de saqueo inmoral, colonialista y delincuencial de los recursos naturales estratégicos, contra la soberanía y la democracia, como se aprecia en los recurrentes alineamientos políticos, donde se miente con las granjas de bots para crear falsas corrientes de opinión y persuasión en favor de posiciones e intereses que son contrarios de los ciudadanos e incluso contra la identidad nacional. En esta tendencia, no será extraño que anuncien el establecimiento de bases militares para el control político y el dominio militar, que, por sumisión, ya se espía y persigue a ciudadanos (como se denunció a propósito de la vigilancia gubernamental del 14 de setiembre), quizás como preludio de una represión fascista.

Este gobierno que odia y empobrece a la población nacional con prácticas intencionales que precarizan los servicios públicos básicos a las poblaciones vulnerables e impide la conservación de la calidad de vida de los sectores medios y mayoritarios del país, es incapaz de comprender el honor y dignidad de haber sido designados como gobernantes en un espacio social, pionero de la conformación estatal centroamericana ante la invasión pirata de la colonialidad extranjera, que inauguró las reformas democráticas en nuestra América, sin tener un ejército que distorsionara la política nacional, así como desconoce el honor de haber tenido una educación que nutrió la profesionalización de jóvenes centroamericanos, lo cual mostraba su solidaridad democrática que contrasta con la precariedad política, cognoscitiva y enfermiza prepotencia de un gobierno indigno de nuestra nación.

En la actualidad aumenta la percepción negativa de la ciudadanía ante las crecientes necesidades y demandas sociales insatisfechas, no obstante, se pretende eludir y encubrir su incapacidad agrediendo y afectando la acción institucional, culpando y acusando a sus trabajadores de corruptos y vagos, como un pretexto para obedecer la consigna imperial de destrucción del Estado Social de Derecho, con el apoyo de quienes esperan beneficios de un gobierno, que precisamente está cercenando los derechos en la salud y educación pública, como en los derechos laborales, ambientales …

En el presente es peculiar la similitud discursiva del pragmatismo político de algunos gobiernos latinoamericanos, incluido el nuestro, con los cuales se coincide -no casualmente- con las afirmaciones y acciones interesadas de las autoridades del imperio, en la espuria organización, cuya denominación se falsifica como Escudo de las Américas, una coalición político-militar, que semeja una simbiosis parasitaria que beneficia y protege al imperio, cuyas consecuencias son imprevisibles en la disputa por la hegemonía mundial.

Según un reciente comunicado del Departamento de Estado norteamericano, los países integrantes de ese escudo han suscrito y aplaudido que el gobierno boliviano, detenga al fiscal por detener e investigar al amigo del imperio, que el gobierno quisiera emular en su conflicto con el poder judicial. La intromisión nacional en asuntos de competencia boliviana atenta a su soberanía, intervenida y supervisada por otros países, lo cual, sin pronunciamiento oficial costarricense, de la presidenta y del ministro del ramo, ha comprometido nuestras relaciones internacionales y actor de una violación al derecho internacional.

Nuestra democracia fue una creación colectiva, modelada históricamente por la cultura e identidad nacional amparada estatalmente. Sin embargo, es irrespetada por quienes deben velar por su resguardo y defensa. La democracia no es propiedad privada, no es individual, no pertenece a los poseedores de riqueza y poder, como tampoco al Estado, ni a quienes asesinan y hacen guerras en su nombre. La democracia es del pueblo que tiene la capacidad y responsabilidad de respetarla, defenderla y restaurarla en la heterogeneidad de las relaciones sociales costarricenses.

11. Catedrático. Docente e investigador Pensionado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

El futuro robado: la creación de inseguridad y miedo

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Huaylupo1

La seguridad es quizás el aspecto más destacado de las demandas de la ciudadanía contra el Estado, que tiene la obligación y el monopolio de hacer cumplir las leyes, la Constitución y el orden constituido social e históricamente. Luego, es una responsabilidad pública sensible para el funcionamiento de la sociedad, cuyo incumplimiento es factor determinante de la crisis, del caos, pero para los sectores socialmente vulnerables, contra quienes no pueden protegerse ni defenderse. Así, la Constitución de la República es irrespetada, las leyes violentadas, o se crean nuevas, para amparar los intereses de corporaciones económicas y financieras dominantes. De este modo, las mafias, los carteles, la trata de personas, o los asesinos a sueldo, se convierten en los nuevos intocables en complicidad con las autoridades. Las consecuencias sociales de ese aparente nuevo orden es el incremento de la vulnerabilidad contra los pobres, cuyo único amparo es el miedo, el silencio, el aislamiento e invisibilizarse para no ser víctimas de nuevas o viejas alianzas.

No obstante, la seguridad no se circunscribe exclusivamente contra la delincuencia y la corrupción política, también la salud pública, la educación, el trabajo, el bienestar social, la vida, forman parte de esas seguridades que deben ser garantizadas por la institucionalidad estatal, las cuales son parcial y deficientemente atendidas, para beneficio de los negocios privados, que lucran con la complicidad estatal que tiene la obligación de supervisar, vigilar y velar por la calidad de su atención de acuerdo con los requerimientos sociales establecidos. En la actualidad se evidencia el incumplimiento de las obligaciones públicas, particularmente contra los sectores vulnerables y empobrecidos que carecen de medios alternativos para satisfacer sus urgentes necesidades.

La inseguridad creada desde los poderes institucional, jurídico, delincuencial y mediático son creaciones intencionadas para masificar los temores, miedos y angustias ocasionadas por la imprevisibilidad de los acontecimientos cotidianos que desconocen, agreden, engañan y violentan la privacidad y seguridad de las poblaciones.

En Costa Rica se incrementan los empobrecidos del campo y la ciudad, los excluidos, los despojados del trabajo y sus recursos, los emprendedores, las personas de la calle, así como los pequeños agricultores y los campesinos sin tierra, en un espacio donde se difunden profusamente los actos delincuenciales, corrupción, desastres naturales, tragedias familiares y las políticas que atentan contra los ingresos y calidad de vida de los subalternos, son acciones que confluyen para crear miedos e inseguridad a poderes que se imaginan omnipotentes, que persiguen y controlan a quienes protestan pacíficamente. Sin embargo y paradójicamente, son los tiranos quienes tienen miedo, por ello la permanente sobreprotección policial por inventados enemigos, en el desprecio y menoscabo del pensamiento y la acción de los subalternos, en la adquisición y uso de técnicas de control y espionaje contra quienes preguntan y protestan, mientras se promueven las técnicas para el control, las estafas y las usureras prácticas financieras que profundizan la inseguridad ciudadana y la pobreza.

La inseguridad y el miedo de los sectores vulnerables no son solo consecuencias de la desigualdad e inequidad social y nacional, también han sido convertidas en medios estratégicos globales, creados y concertados políticamente para robar el futuro a las poblaciones costarricenses y latinoamericanas.

El gobierno democrático, o la representación coyuntural del Estado, no es un ente a quien se le ha otorgado el derecho de decidir por la ciudadanía. No, los procesos electorales son requerimientos formales para el cumplimiento de específicas funciones públicas, una facultad relativa y dependiente del soberano, de las demandas y necesidades ciudadanas, sin lesionar ni comprometer nuestra identidad nacional ni su futuro, menos aún, participar en proyectos imperiales.

Es obvio que la elección no crea tiranos, ni democracia, pues los tiranos se descubren envileciendo y liquidando el orden social democrático y político nacional. La actuación que denigra nuestra historia y empobrece poblaciones son hechuras de poderes que trascienden el espacio nacional, impulsadas, asesoradas y financiadas por el imperio y los serviles gobiernos que participan de la corrupción y los fraudes electorales, como se ha demostrado en los procesos recientes contra la democracia y soberanía latinoamericana.

La historia contemporánea nos muestra cotidianamente que los alineamientos globales han servido y sirven a intereses imperiales, nunca para el bienestar de los pueblos, del progreso de su gente, ni el respeto de su historia y cultura. El poder gubernamental de ningún modo posee la facultad ni el derecho de parasitar los recursos ni transgredir los derechos ciudadanos, de lo nacional ni es autónomo, para hacer lo que se le antoja durante el temporal periodo de gobierno.

La seguridad en la inseguridad nacional e internacional es la transición en la reconfiguración de la influencia y dominación del espacio mundial, alinearse con el fascismo, como lo hace el gobierno costarricense, ofende nuestro pasado y nos obliga aceptar, lo que nunca hemos decidido, la imposición y aceptación del saqueo de las riquezas latinoamericanas, para mantención de un decadente y caduco poder imperial.

1 Catedrático. Docente e investigador jubilado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

Los intocables y los cómplices de la política global

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Huaylupo[1]

En nuestra casa nacional estamos viviendo una experiencia, no conocida en la historia costarricense, el tener un gobierno que se burla de la ciudadanía, atentando contra ella, lo hace con la participación y complicidad de funcionarios públicas que complacen a la tiranía, a la que temen. Los ejecutores de las acciones contra personas de su propia clase e intereses asumen inocencia por cumplir órdenes, pero son culpables, como los decisores y gobernantes que obedecen y protegen.

La historia está plagada de inocentes, corruptos, traidores y criminales al servicio de gobernantes tiranos, que participan en innumerables delitos, como múltiples son los pretextos para reprimir, secuestrar o desaparecer a las personas por ideas, etnias, religiones, ideologías, culturas, migrantes, miedos, o por la apropiación de territorios ajenos. Los ejecutores de los vejámenes y crímenes de lesa humanidad son los subordinados y los delincuentes. Las víctimas y victimarios son instrumentos del despotismo totalitario.

La política fundada en el miedo distorsiona y niega la libertad y la democracia, como impide imaginar un mundo sin regulación y coacción, como en la libertad de no tener miedo en sociedades del miedo. Al parecer la historia se repite aquí como caricatura, como nos recuerda Erich Fromm “… hemos debido reconocer que millones de personas, en Alemania, estaban tan ansiosas de entregar su libertad, como sus padres lo estuvieron de combatir por ella”. La libertad, esa utópica esperanza antagónica a los miedos, es quizás la ilusión cada vez más olvidada de la humanidad.

Es una obviedad el afirmar que las tiranías de todo tipo, así como las guerras, se sustentan en funcionarios incondicionales y de otros dispuestos a todo, que ejecutan ordenes, pero también habrá que reconocer, que en la manipulación de la historia han omitido los infinitos casos, donde la desobediencia permitió desenmascarar culpables y revelar injusticias, así como evitar tragedias o poner fin a guerras.

Evidenciamos una violencia verbal gubernamental de odio permanente contra la ciudadanía y la institucionalidad pública, como infames son los calificativos a quienes demandan y protestan por las obligaciones incumplidas del Estado en salud, educación, seguridad, así como con la protección a las mujeres, niños, jóvenes, migrantes y poblaciones originarias. La liquidación de la institucionalidad pública que efectúa el cogobierno no destruye entidades bajo su control, lo hace contra las políticas públicas, que fueron creadas históricamente por las necesidades y las problemáticas sociales que no han desaparecido. El gobierno se enfrenta ilegal, ilegitima y cobardemente contra las poblaciones que tiene el deber de proteger y amparar, en la inequidad y la desigualdad existente que ha agudizado.

Es una lástima que los funcionarios de la institucionalidad pública sean impasibles ante las prácticas de jerarcas que violentan sus obligaciones, mientras sus obedientes subalternos no están eximidos de culpabilidad ni de las consecuencias de sus propios actos. Los autócratas destruyen nuestra precaria democracia, sin cuestionamiento por los abusos contra los derechos ciudadanos y constitucionales. Al parecer los inmunes, luego de los juegos de poder, concertan en coexistencia pacífica, mientras …

Es patológica la actuación de individuos que, desde poder estatal, atentan contra la calidad de vida de una población y los valores nacionales, como es, de cobardes insultar, difamar y mentir contra los ciudadanos, cuando dispone de todos recursos del poder para ampararse y ser intocables.

Las tiranías del presente arguyen ser demócratas y a todos que los cuestionen les dicen izquierdistas, -aunque no es ningún problema ni un delito- o cualquier calificativo que los degradan o los condenan, cuando precisamente es lo inverso. La democracia implica el respeto a la heterogeneidad de pensamientos, análisis y posiciones, porque las personas y las realidades son diversas, como sus desenvolvimientos y perspectivas, así como, por existir intereses y tendencias contradictorias en un universo desigual e inequitativo. Si bien, la igualdad es una utopía, porque no somos robots, ni poseemos idénticas culturas, ni deseamos ni aspiramos lo mismo, pero no implica enfrentarnos e intentar liquidarnos, porque los tiranos han mostrado, hoy y siempre ser capaces de destruir sociedades y civilizaciones.

La democracia supone y requiere del diálogo, para negociar, conciliar o disentir, porque somos interdependientes y convivimos en el mismo espacio social, económico y político. Así, creer que empobrecer y destruir a unos, será el enriquecimiento y la usurpación de otros, es una visión que también un economista premiado, James Buchanan, creía que “una situación ideal” es “dominar un mundo de esclavos”. Sin duda, una ignorante y estúpida posición, además de ser una regresión cognoscitiva e histórica.

El disidente no merece ningún calificativo que afecte su integridad, capacidad ni derechos, pero suponer que la verdad es la enunciada por el poder gubernamental, y que los críticos están equivocados, que deben callarse, irse o ser aislados, es precisamente la posición antidemocrática y totalitaria que se observa tendencialmente aquí y en la globalidad imperial.

[1] Catedrático jubilado. Facultad de Economía. Universidad de Costa Rica.

El ayer y el hoy en la política costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Huaylupo[1]
En el presente se viven momentos relevantes en la política que afecta significativamente nuestro devenir nacional y que ha pasado desapercibido o apreciado como normal en nuestro espacio social, dado que, en el pasado las preferencias electorales no eran motivo de discordia ni de conflictos, como tampoco eran absolutas las diferencias, ni eran motivo de rupturas entre familias, amigos, conocidos o desconocidos, menos aún susceptibles de represión gubernamental. Las discrepancias eras expresiones democráticas de la sociedad, sin pretensión de monopolizar criterios partidarios ni eran objeto de sospecha de algún ardid electoral fraudulento.

Las discusiones políticas entre ciudadanos eran ágoras que se efectuaban informalmente en cualquier espacio y constituían fuentes de opinión de relativo consenso que se manifestaron en sucesivos procesos electorales que modificaban las preferencias del voto y definían los resultados, aun cuando conservando preferencias familiares. Asimismo, no se requerían de las especulativas proyecciones estadísticas, hoy convertidas en negocios privados, con opciones de resultados electorales, para condicionar a indecisos.

Las opiniones ciudadanas se respetaban y constituían instrumentos para otorgar o negarle el voto al partido en el poder. De este modo, perduraba la paz, la confraternidad, el regocijo ciudadano y también de democracia, más allá del acto instrumental de votar. Las evaluaciones y el voto ciudadano se constituían en medios de evaluación social del quehacer del gobierno y del partido político.

En el último proceso electoral el contexto había cambiado, no fue una fiesta cívica ciudadana de entonces, estuvo mediada de innumerables críticas contra la labor gubernamental y particularmente contra su expresidente, que con un estilo grotesco, agresivo e insolente contra todos sus críticos, justificaba su incapacidad y la ineficacia convirtiendo a todos sus críticos en enemigos, así como atacaba a las instituciones estatales para convertirlas en caricaturas disfuncionales de las necesidades y demandas sociales que gestaron la creación y la función institucional pública, para desacreditarlas e intentar liquidarlas.

La actuación gubernamental de exfuncionario del Banco Mundial debilitó la institucionalidad pública desfinanciándolas, controlando su gestión, agudizando las tendencias criticas existentes, que desfiguraron sus funciones, para dar prioridad a prácticas economicistas que afectan a millones de pobres y sectores medios empobrecidos, mientras que sus prácticas personalistas ilegitimas afectaban lo público, lo que pertenece a todos.

Ante el evidente deterioro institucional y de la función pública, la ciudadanía reclama y exige el respeto a sus derechos contra los servicios públicos insuficientes y deficientes, por la indiferencia e inmunidad corrupta e ignorante del poder institucional y estatal, mientras que el cogobierno se desentiende de sus responsabilidades, pretendiendo hacer suyas las demandas ciudadanas, como una falsa y cínica solidaridad, para encubrir su culpabilidad, de este modo, hacen caso omiso de sus obligaciones y son responsables culpables de la agudización de las crisis en la institucionalidad pública para proceder a liquidarlas privatizándolas. En la lógica totalitaria no es extraño lo absurdo, como culpar a los estudiantes de la crisis educativa, acusar a los enfermos de las deficiencias hospitalarias, o responsabilizar a los ciudadanos por el incremento delincuencial.

El gobierno anterior y la actual continuidad política e ideológica liberal han impuesto el odio y el enfrentamiento social, que impide el diálogo y las evaluaciones ciudadanas del quehacer estatal para imponer el silencio. El voto antes libre del sentir gubernamental se convirtió en un voto cautivo y como contradicción entre la autocensura ciudadana por haber contribuido indirectamente al acontecer político y la incapacidad crítica y analítica para solidarizarse con los críticos por los desmanes gubernamentales. Esta pareja gubernamental que se imagina omnipotente ya ha iniciado la pretensión de perennizarse en el poder estatal, común en todos los regímenes totalitarios que ha conocido la humanidad.

La conversión de la ciudadanía en enemigos del poder gubernamental creó el silencio ciudadano, porque con el enemigo no se dialoga ni hay solidaridad, solo se les insulta y desprecia, como lo hacen los mandatarios, o tal vez, simplemente ignorarlos como ocurre con las protestas ciudadanas..

La invitación a la violencia no es una alternativa para Costa Rica, aun cuando el gobierno lo intente y exista un contexto internacional que divide sociedades y aviva los enfrentamientos con creados e inventados enemigos. Ese “caldo de cultivo” del fascismo antagoniza con nuestro pasado y presente, donde los gritos y acciones perversas, de quienes hoy promueven la separación y la violencia, no tienen cabida social en los intersticios de la democracia tica. La democracia no es un asunto de gobernantes ni de tiranos, su creación, reconstrucción y defensa es de todos, de la ciudadanía.

La violencia fascista nunca requirió de la razón, del diálogo ni de la paz, la II GM fue el escenario donde ochenta millones de personas asesinadas, un costo humano inaceptable para mostrar la imposibilidad histórica del sanguinario proyecto contra la vida, el progreso y la humanidad.

El mundo se enrumba hacia otra prueba guerrerista mundial entre potencias y sus secuaces, como lo hace este gobernante que nos ha comprometido aceptando inconsultamente la imposición imperial del Escudo de las Américas. La orientación política e ideológica autoritaria e imperial de los personajes y del gobierno, quizás representan a otros poderes o los propios, pero no de los costarricenses. Las guerras sin fin contemporáneas están liquidando sociedades, civilizaciones y humanidad.

[1] Catedrático. Docente e investigador pensionado. Facultad de Economía. Universidad de Costa Rica.

Defender la democracia y el Poder Judicial. El pueblo participa, habla y decide

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Huaylupo[1]

Ha sido admirable la masiva la manifestación en defensa de la democracia y el poder judicial, derechos e institucionalidad que han sido conquistados socialmente y hoy defendidos, ante la aberrante posición del poder ejecutivo del actual gobierno, que en otro afán de subordinarlo y condicionar la actuación pública del poder judicial, lo acusa de efectuar un “golpe de Estado”, por el hecho de plantear que el poder legislativo cumpla con sus obligaciones constitucionales que afectan derechos ciudadanos y las labores del poder judicial del Estado.

La autonomía de los poderes del Estado de ningún modo implica que cada poder sea absolutamente autónomo, libre de efectuar lo que se le antoje e incluso que incumpla sus obligaciones públicas y constitucionales. La autonomía del poder ejecutivo, legislativo y judicial, son poderes relativos, ningún poder es absoluto ni independiente de los otros poderes del Estado ni de la situación y condición nacional. Los poderes del Estado tienen responsabilidades con la sociedad a la que debe servir y velar por su bienestar y progreso.

La pretensión de debilitar o afectar el desenvolvimiento de algún poder estatal, no solo incumple sus facultades y obligaciones constitucionales, también son atentados contra el pueblo, porque es un poder creado y dependiente de la sociedad para cumplir funciones públicas, no privadas ni ser autónomo del escrutinio y valoración pública ni subordinada a otros poderes, en democracia ningún poder público puede eximirse de sus obligaciones con los otros poderes del Estado ni de la sociedad. Ningún poder formal, ética ni jurídicamente puede autonomizarse de sus responsabilidades públicas, de los derechos ciudadanos ni de la institucionalidad pública.

En ese sentido, los magistrados del poder judicial cumplen con su obligación con lo mandatado por la Constitución de la República. ¿Los poderes autónomos del Estado pueden ser observados, criticados o incluso demandados?, por supuesto, el poder Judicial, la Contraloría, como desde la facultad del soberano, del pueblo, de la ciudadanía, que democráticamente puede cuestionar y censurar a poderes que transgreden los derechos ciudadanos y la institucionalidad pública. La gran manifestación es una protesta contra todo intento de subordinar el poder judicial y de privatizar las instituciones del quehacer público. Las manifestaciones en defensa del poder Judicial y de la Carta Magna son expresiones democráticas contra los intentos dictatoriales del actual gobierno.

El poder ejecutivo cree tener la facultad absoluta del Estado, porque imagina que el proceso electoral lo ha garantizado, o porque tiene mayoría parlamentaria y cree poder controlar el rumbo, desempeño y decisiones de la Asamblea Legislativa, convirtiéndola en un medio que atenta contra la democracia y la autonomía legislativa, controlando y corrompiendo a legisladores para que actúen por consignas del partido político del gobierno, falsificando ilegítimamente la representatividad social de los diputados. Ese poder estatal no es democrático, es dictatorial. La ambición absolutista del ejecutivo expresa la ignorancia de un poder torpe y ciego, que desconoce nuestra realidad al transgredir derechos y la institucionalidad conquistada históricamente.

La omnipotencia gubernamental del ejecutivo, no es un relato difamatorio, es real y concreto ante el irrespeto a la Constitución de la República al desfinanciar a las Universidades públicas, de incumplir con sus responsabilidades financieras con la Caja Costarricense del Seguro Social, de impedir la devolución del ROP a los pensionados, de imponer nuevos impuestos que afecta dramáticamente a los sectores populares, etc., son atentados contra el fundamento constitutivo del Estado moderno costarricense. Las políticas públicas no son atributos del Estado, son construcciones sociales demandadas y conquistadas por el pueblo que los gobiernos tienen la obligación de satisfacer, el que las incumpla, las distorsione o las manipule, son expresiones dictatoriales contra lo público y la sociedad costarricense.

La pretensión gubernamental de capturar, controlar y subordinar al poder judicial para monopolizar, concentrar y centralizar el poder estatal es un absurdo camino que pretende conducirnos hacia la construcción de un ente estatal atrasado, a una regresión social temporal y espacial, lo que la sabiduría popular califica como un rio revuelto para la ganancia de dictadores, traidores, delincuentes e ignorantes.

El gobierno se encamina hacia la construcción de un ente atrasado, oligárquico y servil a intereses ajenos del pueblo y la nación, por ello la actuación del poder judicial de morigerar los desaciertos funcionales del poder legislativo, es una decisión acertada que actúa como una resistencia contra las ambiciones de poder absoluto, que tiene visos imperiales como ya ocurre en otras naciones latinoamericanas.

[1] Catedrático pensionado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

La patología del poder en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Huaylupoi

En la actualidad la política costarricense se ha degradado transgrediendo radicalmente su pasado. El presente y su devenir no reproduce procesos ni significaciones del pasado, sin embargo, toda sociedad conserva el sello indeleble de su historia, cultura, socialización, conservada a través peculiares patrones sociales y políticos que fueron respetados y reproducidos, como una subjetividad colectiva, que no necesitó instrucción ni coacción para su reproducción. Nuestra democracia estaba consolidada y nutrida por esa idiosincrasia que permitió conservar sus modos de vida colectiva, históricamente construidas, a la vez que creaba barreras contra un orden ajeno y la instauración de estructuras perversas de poderes clasistas, corruptos o delincuenciales.

En ese pasado fue la sociedad civil unitaria y solidaria quien creó una democracia que modelaba el quehacer estatal o sociedad política. La heterogeneidad social no fue obstáculo en la reproducción de su democracia y paz social, donde ninguna clase, movimiento social o posición político-partidaria poseía la capacidad para apropiarse del aparato estatal para autocráticamente usurpar el poder o enriquecerse ilegal e ilegítimamente. Nuestra sociedad civil demostró ser la protagonista que creaba y viabilizaba la democracia, no fue del Estado, dado que era dependiente y ejecutor de la voluntad, decisiones y acciones de la ciudadanía para el bien común.

Nuestra memoria histórica ha otorgado al poder estatal un mérito que nunca fue suyo, los testigos directos o indirectos de la historia escrita, se identificaron con el rol visible del Estado por lo que se le asignó ser el gestor de los logros sociales alcanzados, pioneros en el ámbito latinoamericano. Sin embargo, no fue un constructo estatal, fueron conquistas logradas por nuestras familias y la ciudadanía. La educación formal nos impuso a gobernantes y algunos dirigentes como gestores individualistas de nuestro pasado, sin el debido reconocimiento del papel jugado por la sociedad civil en dichos procesos. Por ello y como retribución histórica, nuestro pueblo es leal y obediente con quienes representan ese poder, que a pesar de los años transcurridos, aun se resiste a protestar contra los abusos e inequidades de los autócratas que nos gobiernan y que incluso los amparan electoralmente. El discurso del amo parasita nuestra sociedad civil, la cual no se reconoce como protagonista de nuestro pasado, ni la historia escrita rectifica de verla como sumisa y dominada por el poder estatal.

La construcción de lo público, de las políticas públicas es una creación de la sociedad civil que el liberalismo, de ayer y hoy, le ha arrebatado y privatizado desde el poder estatal y de los intereses de los propietarios globales. De manera similar, las elecciones que fueron el instrumento sancionatorio de la ciudadanía costarricense contra los partidos y autócratas que violentaron el interés común, hoy también ha sido trastocado con demagogia y discursos de odio de los autócratas del actual gobierno, que buscan lograr sus ambiciones privadas, dividiendo y enfrentando a nuestra ciudadanía, que ya no escucha, no comparte ni les interesa las ideas, pensamientos ni propuestas de los otros.

La insatisfacción y el desencanto ciudadano causado por el liberalismo de anteriores gobiernos, ha sido capitalizado por los radicales liberales que nos gobiernan, que dueños de un partido y de la mercantización de los medios, están capturando y destruyendo la institucionalidad pública, no para adecuarlas a las necesidades existentes, sino para privatizarlas, como ya se hace en Argentina, Ecuador, Perú y Chile entre otros espacios latinoamericanos como un proyecto estratégico global más allá de nuestras fronteras.

Las dictaduras electorales son el resultado de escisiones ciudadanas, como lo hicieron sus predecesoras fascistas, cuyos discursos de odio fueron preludios de violencia social, muertes civiles y guerras. El fascismo no construye, toda oposición real o ficticia es destruida, como ya lo enuncia la estupidez gubernamental, para que el miedo, aislamiento y el silencio les permita el ejercicio totalitario del poder.

El fascismo no terminó con la II GM, tampoco se refugió, para aparecer simultáneamente en muchos países, ni surgen por generación espontánea, las condiciones y posiciones radicales autoritarias y contradictorias existentes en la globalidad contemporánea, crean fascistas que actúan y se preparan para desaparecer a los otros, hasta que la invocación a Tanatus logre su clímax, la liquidación de cualquier identidad, sean migrantes, ricos, ignorantes, pobres, intelectuales, indígenas, pueblos o la humanidad. La patología fascista no tiene límite, asesinan suicidándose.

El fascismo contemporáneo no es un invento ni una fantasía fatalista, es la evidente consecuencia del fin del diálogo y la concertación, para imperar los gritos, el odio, las calumnias y las amenazas. La demagogia y el discurso agresivo que los caracteriza no es original, imitan a patológicos personajes como Adolf Hitler. Augusto Pinochet y Donald Trump.

El discurso de odio ya actúa destruyendo los resquicios del Estado Social de Costa Rica, como provocación hacia la violencia salvaje contra todos los que se oponen, observan, reflexionan, de los indiferentes e ignorantes. La reconstitución de la condición política de la sociedad civil hacia el bien común es una alternativa de nuestras sociedades y de la humanidad contra el horizonte trágico del poder fascista imperante.

i Docente universitario pensionado. Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

Los pobres ¿electores de derecha?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Huaylupo1

1 Catedrático. Docente e investigador pensionado. Facultad de Economía. Universidad de Costa Rica.

En los recientes procesos electorales de nuestra América se discute y se interpreta el papel desempeñado por los pobres, a quienes acusan, como siempre, de ignorantes, sin conciencia, conservadores y sumisos al poder totalitario por haber contribuido al triunfo electoral de explotadores, mafiosos, corruptos, tiranos, que privatizan la función pública, transgreden la Constitución de la República que liquidan la institucionalidad, centralizando y concentrando ilegal y dictatorialmente el poder estatal.

Ante esta situación y condición política existente en Costa Rica, Perú y Colombia, entre otros espacios nacionales, ¿los pobres son culpables?, ¿acaso los sectores medios, desempleados, funcionarios públicos, intelectuales, pensionados, empleados privados, periodista, militares, partidos políticos, entre otros, son espectadores inocentes de los resultados de los procesos y fraudes electorales, de la complicidad burocrática en las transgresiones a las funciones públicas que se realizan cotidianamente?

No, los pobres no son ignorantes ni complacientes con el totalitarismo, son sobrevivientes en la precariedad, inestabilidad o del chantaje laboral, de salarios insuficientes, de la vulnerabilidad ante la criminalidad, la salud pública, de la regresión cognoscitiva o de la inmunidad e impunidad del poder económico y político. Los pobres no se imaginan ricos ni pensar como ellos, pero al estar imposibilitados de perder lo que les permite subsistir, algunos son coaccionados. El culpabilizar por su condición a los pobres se ha interiorizado en los estereotipos y prejuicios de la estupidez colectiva, en contextos que históricamente han culpado a los débiles, enfermos, manifestantes, dominados, explotados o los asesinados.

En la actualidad la agudización del hambre, miseria, represión y guerras guardan correspondencia con el enriquecimiento de pocos en la aldea global, dueños de las nuevas tecnologías y de los negocios mundiales que también son protagonistas de la actual e inmensa regresión cognoscitiva. La expresión tecnológica actualizada de la estupidez, representada por la inteligencia artificial (IA), en nuestros días está siendo usada en las guerras, fraudes electorales y en la sustitución de millones fuentes de trabajo que en otros tiempos convirtieron el trabajo humano en una labor mecánica o robotizada, como es la formación académica. El absurdo de los dueños, creadores y difusores y creyentes de la IA afirman regresivamente que es superior a la inteligencia humana, tendencia que sustituirá las relaciones sociales a relaciones entre cosas hacia la extinción. El entusiasmo actual para que la máquina realice labores personales, sin intervención humana, se va transformando en tragedia.

El sistema imperante recrea incesantemente las condiciones para la reproducción ampliada de la riqueza privada, comprometiendo desde hace siglos a los empobrecidos del mundo a la mecanización newtoniana que persiste hacia la sustitución radical del trabajo a todos los sectores subalternos, no solo con su esfuerzo, subsistencia, pensamiento y actuación, también con su salud y vida, en contextos de inseguridad y miedo. Luego, la tendencia hacia la paulatina erradicación de los subalternos transcurre haciendo irrelevante y sustituible técnica y formalmente, su voluntad, decisión y acción política y electoral. Entonces, serán los pobres culpables de haber sido electos como presidentes a ignorantes y autócratas en Costa Rica, Perú y Colombia.

Costa Rica: las elecciones y la instauración política autocrática

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Huaylupo

El orgullo costarricense por la democracia nacional permitió la conquista de nuevos derechos y la conservación de los derechos adquiridos, que construyeron una sociedad pacífica, sin necesidad de recurrir a posiciones y acciones políticas radicales. La desaparición del ejercito fue una consecuencia de una sociedad donde la violencia fue el recurso extremo y en un momento en su pasado, pero lo fue contra un invasor que atentaba contra la libertad y la soberanía nacional y la consolidación de la nación costarricense y también la centroamericana. Un pasado que está cotidianamente presente y en disputa permanente en la política, la economía y en la concepción del poder en la sociedad.

El dinamismo histórico de Costa Rica, como en todas las sociedades del mundo, ha modificado sus relaciones sociales que han incidido en su devenir. Son muchos los intentos económicos y políticos por radicalizar las prácticas liberales conservadoras, como intentos de convertirnos en objeto del poder colonial del imperio. Sin embargo, la capacidad negociadora y el respeto de nuestra soberanía conformaron un definido Estado Nación en sus relaciones internas como en sus vínculos y negociaciones con otros países y entes internacionales, cualidades que constituyeron barreras que limitaron intencionalidades ajenas, como también lo fueron la cultura y la inteligencia nacional. No obstante, a partir de la década del ochenta del siglo pasado, las tendencias liberales externas y de potencias económicas internacionales, coludidas con los partidos políticos tradicionales, en ese entonces mayoritarios, fueron los pioneros en la privatización de la función pública, así como apoyaron las imposiciones colonialistas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que propiciaron la liquidación de la democracia y del Estado Social en Costa Rica.

Han pasado décadas del conservadurismo liberal, que no concluye, por el contrario, se profundiza y contamina el espíritu y práctica política, economía y la conciencia social costarricense. Hoy, a diferencia del pasado, se ha elegido a una candidata que se declara continuadora de un gobierno que denigra la institucionalidad pública, que desprecia nuestra educación y se burla y antagoniza contra la democracia nacional, así como se ha impuesto con grotescos gritos, insultos y difamaciones contra todos sus críticos y que internacionalmente apoya el genocidio de pueblos y el dominio imperial, que provocan e incentivan una tercera conflagración mundial, de trágicas e imprevisibles consecuencias contra la humanidad. La paz y neutralidad que aspirábamos en el pasado, no muy lejano, se ha transformado en la actualidad en un gobierno que promueve la belicosidad y el enfrentamiento social, así como la parcialidad y la unilateralidad imperialista.

El reciente resultado electoral ha revelado que el actual gobierno no está terminando, dado que ha sido elegida su continuadora que, sin rubor ni moralidad, manifiesta ser seguidora de la política y orientaciones del actual presidente, su próximo ministro de la Presidencia. Una reelección de facto. que relativiza una expresa prohibición constitucional.

El triunfo electoral de un partido que tiene como dueño al actual mandatario, no es una organización democrática, es autoritaria, no existe una pluralidad de ideas y posiciones que orienten decisiones y actuaciones de partido, pues esta conducido por un vulgar autócrata.

Las personas en igualdad real de derechos, la ciudadanía, es el medio formal establecido nacional e internacionalmente ante la desigualdad existente en la sociedad mundial, siendo la democracia la expresión libre e igualitaria en la pluralidad societal. En democracia se construye lo común a todos, lo público, en una sociedad interdependiente socialmente.

La democracia regularmente es interpretada como una relación pacifica entre los actores sociales, no obstante, no se suprimen las contradicciones imperantes de desigualdad, inequidad ni los antagonismos de clase, por el contrario, la democracia lucha, se opone y actúa permanentemente contra todas las formas que violentan y transgreden los derechos en la explotación del trabajo, en la facultad ciudadana de decidir y actuar por la libertad y defender sus derechos y la igualdad social. Asimismo, la democracia es una creación y construcción colectiva que reproduce la propia sociedad, así como el progreso y una vida digna para todos.

Creer que la designación electoral del poder político es el otorgamiento de una facultad absoluta de actuación clasista, parcial y parcializada, en la heterogeneidad social, es una falsedad, ningún proceso electoral en la historia nacional ha sido una imposición tiránica, ni ha sustituido las facultades ciudadanas. En democracia los poseedores del capital y riquezas no son quienes determinan el destino de la nación, tampoco quienes poseen transitoria y electoralmente el poder político. La violación de la institucionalidad pública y la imposición de leyes indignas que transgreden las conquistas históricas, son acciones de tiranos, nunca de procesos democráticos.

La afirmación de la presidenta electa de suprimir las garantías individuales, plasmadas en la Constitución de la República, es una amenaza nacional, efectuada sin haber asumido el poder, así como es su anuencia a permitir la instalación de bases militares de EE. UU. Estas intencionalidades son tempranas evidencias que son antagónicas a nuestro pasado y presente. Es democrático protestar, cuestionar y actuar contra las transgresiones a los derechos e intereses ciudadanos. Amenazar sin motivo e imponer criterios unilaterales es un explicito anuncio de un gobierno que atenta contra nuestro pasado y presente, como también lo expresa su lamento de no haber obtenido la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, para despreciar y desoír las necesidades sociales de la mayoría nacional, negando de este modo, el dialogo, el debate o la concertación en una sociedad democrática.

Asimismo, es contrario al espíritu nacional costarricense el manifestar su compromiso político e ideológico con un personaje que incendia el planeta en su crítico afán hegemónico mundial, así como expresa su compromiso con proyectos genocidas en el espacio internacional.

Costa Rica nunca ha requerido la supresión de nuestras constitucionales garantías ciudadanas por protestar y demandar atención a las necesidades sociales, las cuales son manifestaciones que crearon instituciones públicas y políticas en favor de la calidad de vida y bienestar social. Tampoco ha requerido el uso de la fuerza bruta, porque respetamos el orden legitimo constituido ni somos agresores con naciones hermanas ni hemos requerido de la violencia para dirimir nuestras discrepancias y menos aún hemos comprometido nuestra soberanía con el establecimiento de bases militares imperiales.

¿Las encuestas de opinión representan el sentir ciudadano?

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Juan Huaylupo[1]

Las preocupaciones por las previsiones políticas sobre el futuro gubernamental a través de las encuestas de opinión revelan diversas consideraciones, no siempre explicitadas, algunas de cuales es necesario reflexionar.

  1. Primeramente, habría que decir que es prematura esta preocupación ciudadana, dado que las encuestas de opinión son el resultado de una especulación cuantitativa sobre la cual se desconoce o se oculta su representación cuantitativa de la población electoral, de la forma como ha sido estimada la población a ser entrevistada, del método o métodos usados, de las personas que han sido entrevistadas y en qué espacios se efectuaron las entrevistas de recolección de datos. Asimismo, se desconoce la o las características, que restringen o posibilitan las entrevistas de opinión, o cuáles fueron las preguntas que se hicieron y la codificación de las respuestas para inferir o conocer la opinión de las personas consultadas. Si, esta información es importante para conocer la pertinencia de los resultados obtenidos, los cuales tampoco serán probables, determinantes ni absolutos.
  2. Las expresiones grotescas y petulantes del presidente de la República, así como su manifiesta ignorancia y falsificación de hechos que regularmente hace en público, busca representar el creciente descontento por el deterioro de las políticas públicas del gobierno que, siendo intencionalmente culpable, paradójicamente responsabiliza a la institucionalidad pública y a la división de poderes del Estado. De este modo, el culpable, culpabiliza, así como el victimario se victimiza, y los oponentes son insultados y difamados. Así, se confunde y engaña con la enfermiza agresividad y repudio contra el pueblo, su cultura e historia. La violencia en todas sus formas es el fin de la igualdad jurídica y la democracia.
  3. La contratación de los medios, de los troles y encuestadores, así como el empleo de estúpidos u oligofrénicos argumentos de pseudos opositores, para favorecer publicitariamente a determinadas acciones gubernamentales y candidatos, son modos como expresan el desprecio a los electores que imaginan ser ignorantes y objetos del acontecer político, sin pensamiento, experiencia ni decisión propia, los cuales pueden ser controlados y dominados a su antojo.
  4. El contexto mediático y social e incluso internacional han convertido a la violencia como una normalidad cotidiana, donde el razonamiento, la moral, la normatividad cultural, las leyes que amparan derechos sociales, la ley de leyes o la Constitución de la República, se convierten en letras muertas, que son irrespetados por los poderes, del Estado y de los conglomerados económicos, con la complicidad de los entes que deben fiscalizar el cumplimiento de las leyes y la constitucionalidad. Este gobierno, es un agudo destructor del Estado Social de Derecho de nuestra sociedad, siendo su conductor, un cavernario fascista que solo admite su imposición y los salvajes gritos.
  5. Asimismo, la intencionada especulación cuantitativa que pretende hacer creer que la manipulación numérica, puede predecir los eventos futuros. Ello no es otra cosa que el fomento de la ignorancia, desde el siglo XVI, con el mecanicismo tautológico de la matemática y hoy, con las matemáticas financieras privatizan los recursos públicos, las riquezas de pueblos y de la ciudadanía nacional y global. Nos engañan con números con el uso de las técnicas cuantitativas, sin oposición y con la corrupta complicidad de pseudos científicos en la regresividad cognoscitiva contemporánea. Ninguna técnica cuantitativa posee la capacidad de comprender ni explicar alguna realidad, menos aún tener la posibilidad de predecir el futuro.
  6. La pretensión de las encuestas de opinión sobre el voto no es saber las orientaciones políticas de las personas, el propósito es condicionar la preferencia del voto ciudadano en favor de quien paga por la manipulación de los resultados. En una sociedad que pondera el triunfo, el éxito, los negociantes de los números infieren que los votos favorecerán al supuesto ganador de las encuestas de opinión. Esas prácticas y sus ingenuos creyentes ignoran que los costarricenses, tienen en su voto el medio, el arma, para condenar a ineptas y corruptas autoridades y sus partidos políticos. Quienes consideran que nuestros ciudadanos pueden ser controlados con falsedades y como desconocedores de las fechorías y violaciones gubernamentales y sus organizaciones, muestran fehacientemente su ignorancia de las peculiaridades históricas y culturales del ser costarricense.

[1] Catedrático. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

El Estado en la política y lo político

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Huaylupo

Reflexionar sobre la política y lo político es importante para conocer la situación por la que atraviesan las sociedades que inciden sobre la calidad de vida ciudadana y su futuro cercano, no obstante, constituye una tarea que semeja a navegar contra corriente por haberse construido significaciones conceptuales superficiales y arbitrarias que son útiles y funcionales al quehacer estatal y sus protagonistas. La exploración de dos conceptos que tienen una aparente semejanza, sobre una realidad compleja y cambiante que se redefinen permanentemente su significación, es una labor que será parcial y relativa que solo pretende ser una fundada y breve aproximación interpretativa.

La política tiene una común concepción en el espacio mediático, en la cotidianidad conversacional, como en el académico y estatal que están asociadas regularmente con el quehacer de diputados, gobernantes y de aquellos que detentan un poder determinado que decide, aprueba e impone sus disposiciones, desde el aparato estatal o comunitario, dirigidas hacia los ámbitos sociales de sus poderes, independientemente de su planificación o actuación autocrática.

Desde ese punto de vista, creer que la política es una hechura de quienes se les otorga la espuria capacidad para imponer obediencia a la ciudadanía violentando, sus derechos y liquidando la institucionalidad en el ámbito de su función pública, es una arbitraria concepción que niega y falsifica la política en las sociedades. La política no es la actuación de los políticos en la sociedad. Esa concepción dominante no solo está alejada de los intereses ciudadanos y del desarrollo nacional, también ignora la significación analítica sobre el poder, la representación y legitimidad social, así como desconoce el rol del Estado en la diversidad social y las raíces históricas y culturales de cada sociedad.

La política representa un poder, pero no todo poder es política. La política es una facultad ciudadana que emana de la igualdad de derechos que fundamenta la constitución unitaria y plural de la sociedad civil, de lo no estatal, que define, delimita y supedita la función estatal (sociedad política). En una sociedad y Estado de derecho, nunca será política ni democracia, lo que se pretende y hacen aquellos que usurpan, arbitraria y autocráticamente el poder contra el soberano: el pueblo. Esa significación y práctica usada por el Estado y sus funcionarios institucionales sobre la política, omite la participación, las necesidades y anhelos ciudadanos, es la asociación de la política con el ejercicio autocrático del poder que se arroga la representación de una colectividad que desconoce y niega. Las políticas de Estado no son creaciones desde ese poder, son mandatos ciudadanos que deben ser ejecutados estatalmente con su institucionalidad pública.

La demagogia de los pseudos representantes de la ciudadanía, afirman por doquier ser democráticos y hacer política pública, cuando favorecen y protegen a empresarios en su explotación cotidiana, la corrupción en las funciones públicas y al amparar a las mafias que saquean las arcas estatales, así como se enriquecen desfalcando los recursos existentes y pretendiendo perennizarse en el poder. Evidentemente, ello es una actuación privada que niega la política y lo público, para ser la manifestación dictatorial de encomenderos del poder de una clase sobre la pluralidad social.

La expresión y significación de la política procede etimológicamente de la palabra griega polis, que representa la unidad social de una comunidad administrada bajo la supeditación del pensamiento, decisión y actuación colectiva por el bien común. Se podría afirmar que la expresión polis, fue pionera de lo que hoy se denomina sociedad civil y de lo público, de lo común a todos, pero también sintetiza el papel dependiente de la administración de las decisiones comunes, atributo por lo cual las poleis son conocidas como ciudades-Estado. La política es una práctica estatal dependiente, nunca autónoma, de los requerimientos ciudadanos que garantizan un orden particular de la representación social, diversa y múltiple, en el marco de las relaciones de poder construidas histórica e institucionalmente. Las políticas no son medios para legalizar dictadores ni los parlamentos son instrumentos para erigirlos.

Imaginar que los Estados son monarquías que poseen todo el poder en la sociedad, es indudablemente una regresión cognoscitiva digna de ignorantes, que creen haber viajado al pasado para imitar L´État c´moi de Luis XIV, en la Francia absolutista de 1655. En la actualidad no son pocos quienes electos o designados con leyes indignas, o impuestos violentamente, se creen emperadores en nuestras sociedades y el mundo. Suponen que los gobernados solo son objetos y no sujetos del poder, una aberración que contraviene lo público, la democracia y el conocimiento. La autarquía estatal es la visión utópica de los dictadores.

La transgresión estatal contra el bienestar de los protagonistas de la sociedad civil son violaciones a la propia constitución moderna del Estado. La pretensión de reeditar caducas regresiones oligárquicas y colonialistas nos condenan a eternas guerras por territorios, riquezas, dominación cultural, ideológica o religiosa, que la historia ha conocido y que desaparecerán liquidadas por sus contradictorias obsolescencias. Las manijas de la historia son implacables contra los ignorantes que caricaturizan el pasado en el presente. No obstante, no es posible omitir la posibilidad, en la actual modernidad tecnocrática, el convertir las sociedades en inventados objetos técnicos que sustituyan las relaciones sociales y la humanidad.

La desinformación mediática de los poderes en Latinoamérica y particularmente el costarricense ha creado un círculo perverso que falsifica la realidad y pretende deslegitimar toda ilusión, esperanza e identidad social, a la vez que otorga protagonismo a anodinos personajes, que sin principios tienen en los medios la razón de su existencia en los poderes del Estado. La alianza de las publicaciones privadas con autócratas gubernamentales y empresariales ha concentrado y centralizado las especulaciones y las falsas noticias contra las expresiones del sentir y demandas ciudadanas, como un intento de erradicar toda crítica a su quehacer y práctica, así como para imponer determinadas interpretaciones. La manipulación monopólica de la información muestra la utilidad de lo inútil, al construir un mundo ficticio donde, inmune e impunemente, se actúa contra la ciudadanía, su organicidad y la reconstrucción social del Estado.

Lo político. La afirmación de Aristóteles “El hombre es un animal político”, a la que también Julien Freund (1968) hace referencia, entre otros, está circunscrito a la diversidad de intereses, pensamientos y compromisos existentes entre de los individuos propietarios y libres, o del antagonismo existente en un contexto heterogéneo, desigual y conflictivo. Así, lo político es el espacio identitario e igualitario de las contradicciones de clase que se manifiestan entre individuos en la dinámica interactiva constructiva-deconstructiva entre los actores de cada sociedad.

Asimismo, el vivir en una sociedad heterogénea permite reconocer e identificarse con lo que se valora entre lo igualitario o lo desigual, de lo deseado o despreciado, de lo justo o injusto, que permite diferenciarse de los otros, que crea separaciones, disensos o conflictos, así como el reconocimiento del compañero y amigo del adversario o enemigo, sin que ello implique el dirimir el destino de las polis, que determina y particulariza la conformación de grupos de interés y jerarquías en las relaciones sociales, a la vez que consolida lo político y su dinamismo, que construye la política.

El interés común de la política tiene su correspondencia con lo político o, dicho de otro modo, de la interacción entre distintos grupos de interés que deberán negociar y descifrar lo común en la heterogeneidad social, para compartir una vida y un devenir propio, ante la absurda posibilidad de aniquilar a los otros y su propia existencia. Los enfrentamientos contemporáneos en el ámbito político, en muchos casos, no están protagonizados por diferenciaciones sociales formales y legales, sino por relaciones delincuenciales, como manifestaciones dramáticas de poderes ilegales que monopolizan los sucesos, que acallan la diversidad social en la construcción de políticas por el bien común. Este fenómeno relativamente nuevo en nuestros países se impone con la radicalidad de la inmunidad e impunidad de la burocracia policial y judicial estatal, en colusión con el mundo financiero y los poderes imperiales.

Así, en el ámbito costarricense y geoestratégico, se ha erradicado la política al privilegiar a la clase del sistema, contra los subalternos, así como se liquida lo político al ignorar estatalmente a los distintos y desiguales intereses que interactúan en una mutua y desigual existencia social. La ceguera del omnipotente solo ve el triunfo de sus imposiciones coyunturales, pero no imagina su destrucción estructural ante la liquidación de su contraparte existencial.

En este contexto de equilibrio catastrófico de profunda diferenciación e inequidad social, el ente estatal que es el mediador y regulador de la inequidad y desigualdad de la sociedad tiene la obligada responsabilidad de establecer o imponer el interés general con las políticas públicas o políticas de Estado, en el ámbito del poder de la institucionalidad pública. Sin embargo, las orientaciones y acciones neoliberales desde segunda mitad del siglo pasado al presente han evidenciado la agudización de los desequilibrios, la pobreza y los antagonismos sociales, a la vez que muestra fehacientemente su fracaso político global y la eliminación del papel protagónico estatal en la sociedad.

En la actualidad el camino global ha sido trasado e iniciado con la guerra fascista, como una opción elegida por el imperio para establecer un único poder, o como un impotente recurso suicida contra las sociedades y la humanidad.