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Etiqueta: Juan López

El MAR exige ¡Justicia para Jehry, Sergio, Berta, Juan y todas las personas que defienden Abya Yala!

Desde el Movimiento de Afectados por Represas (MAR), expresamos nuestro repudio ante la reciente sentencia absolutoria de Juan Eduardo Varela, quien confesó públicamente el asesinato que cometió contra Jehry Rivera, defensor de los derechos del pueblo bröran y del río Grande de Térraba ante la amenaza del proyecto hidroeléctrico Diquis, en Costa Rica. Jehry fue asesinado en un contexto de creciente violencia contra los pueblos ancestrales de varias etnias de la zona sur de ese país, que luchan contra el despojo y las leyes coloniales, para la recuperación de sus tierras. De esta forma, la noche del 24 de febrero del 2020, una turba de más de cien personas llegaron a amenazar y violentar a las comunidades del territorio indígena de Térraba y en medio de ese ataque, Jehry fue asesinado.

Con profunda indignación, denunciamos la impunidad que rodea el asesinato de Jehry, así como el de Sergio Rojas, compañero bribri del territorio indígena de Salitre, también asesinado en Costa Rica en 2019 por defender su territorio ante las usurpaciones ilegales de no-indígenas y cuyo caso se archivó por supuesta falta de pruebas. La violencia en los territorios originarios de Costa Rica ha sido permitida y promovida por el Estado y los gobiernos de las últimas décadas de ese país, quienes han sido negligentes con su responsabilidad de sanear los territorios ancestrales y asegurar el derecho a la tierra y la justicia de los pueblos originarios.

La justicia es un derecho inalienable, y la falta de acción ante estos crímenes sólo fomenta un ciclo de violencia y despojo. Por esta razón, además nos sumamos a la exigencia de justicia en territorio hondureño para la compañera Berta Cáceres, defensora del río Gualcarque y los derechos del pueblo lenca, cuyo asesinato ocurrido el 3 de marzo del 2016, aún no ha encontrado justicia. Es bien sabido que el asesinato de Berta, fue un crimen planificado por los directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), para silenciar la resistencia que mantenía el pueblo lenca ante la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarcas, proyecto promovido por dicha empresa. De esta forma, demandamos justicia para Berta y concretamente que se ratifiquen la sentencia condenatoria de los 7 responsables materiales de su asesinato, así como la sentencia condenatoria del expresidente de DESA, David Castillo, declarado coautor de este crimen por los tribunales hondureños desde el año 2021.

Además, exigimos que se desarrollen las investigaciones y procesos respectivos que aseguren haya justicia en torno el asesinato del compañero Juan López, defensor del río Guapinol ante la amenaza de la Minera Los Pinares Ecotek, quien también fue asesinado el pasado 14 de septiembre del presente año, en Honduras. Juan, al igual que Berta, fue crítico del modelo económico extractivista imperante en ese país centroamericano, en donde los gobiernos de las últimas décadas han priorizado y apoyado los intereses privados, por sobre el bienestar de las comunidades y de los ecosistemas.

Cabe destacar, que según los informes de los últimos años de Global Witness, en torno a los asesinatos de defensores del territorio en el mundo, señalan a América Latina como la región que registra el mayor número de asesinatos de estas personas. Así, en su último informe de septiembre del 2024, señalan que de los asesinatos registrados mundialmente, el 85% se llevaron a cabo en Latinoamérica, principalmente en Brasil, Colombia, Honduras y México.

Por esta razón, hacemos un llamado a la comunidad internacional a presionar a los gobiernos de la región, para exigir que los asesinatos de quienes defienden los derechos humanos, el territorio y las comunidades no queden en impunidad, y que se tomen medidas inmediatas que garanticen la seguridad de quienes aún resisten en nuestros países.

A todos los pueblos en resistencia: Unámonos para exigir justicia por Jehry, Juan, Berta y cada una de las personas asesinadas por defender los derechos humanos y la vida.

¡Justicia para Jehry, Sergio, Berta, Juan y todas las personas que defienden Abya Yala!

Observatorio de Guapinol: El Estado de Honduras debe responder por el asesinato de Juan López y la crisis de seguridad que viven las personas defensoras en el Bajo Aguán

18 de septiembre de 2024.- Desde el Observatorio de Justicia para los Defensores del Río Guapinol condenamos de forma contundente el asesinato del defensor de bienes comunes, Juan López, líder del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, hombre de fe, padre de familia y compañero de lucha. Lamentamos profundamente este crimen y demandamos que el Estado de Honduras responda por este y otros asesinatos de defensores que se mantienen impunes en el país.

El asesinato de Juan López y la crisis en el Bajo Aguán son un crudo reflejo de la grave situación de violencia, impunidad y negligencia estatal en Honduras, especialmente en relación con la defensa de los bienes comunes, la tierra y el territorio. La crisis en el Aguán no es un hecho aislado, sino la expresión de un conflicto territorial de larga duración, donde los intereses de empresas privadas y grupos criminales continúan explotando los recursos naturales, con total impunidad y a costa de la vida en las comunidades.

La situación es urgente e inaceptable: tan solo en 2023 y 2024, cuatro defensores vinculados a la lucha por el río Guapinol han sido asesinados en Honduras: Oquelí y Aly Domínguez, Jairo Bonilla y, ahora, Juan López, este último beneficiario de medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023.

Las organizaciones que conformamos el Observatorio de Justicia acompañamos a López y al Comité Municipal en la denuncia de estos hechos a nivel internacional y hemos expuesto el incumplimiento del Estado con respecto a la implementación de estas medidas (MC-137-23), dictadas a favor de 30 defensores de derechos humanos, e integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. El incumplimiento es un reflejo de la falta de interés y respuesta interinstitucional coordinada para abordar la situación de riesgo inminente que enfrentan las personas defensoras en el país. Lamentamos que a pesar del reconocimiento que organismos internacionales de protección han hecho sobre la situación de riesgo de Juan López  y más miembros del Comité Municipal y aun teniendo un  mandato de protección diferenciada y mitigación de riesgo dictado por las medidas de protección, que por ley tenía que atender, el Estado haya decidido ignorarlas. El Estado de Honduras le falla y le vuelve a fallar a quienes defienden las aguas, los bosques y la tierra; a quienes defienden la vida.

Es profundamente indignante que, a pesar de los repetidos reclamos de justicia por los asesinatos de personas defensoras, el silencio y la inacción del Estado prevalezcan. En el caso específico del Comité de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, ha sido ampliamente conocido el riesgo al que se enfrentan quienes lo integran. Ejemplo de ello es la Alerta Temprana No. 005-24 emitida por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), donde hace referencia a la inacción del Estado en implementación de medidas de protección.

El Estado no solo debe proteger los derechos a la vida e integridad personal de las y los beneficiarios/as de las medidas cautelares frente a posibles ataques que provengan de parte de particulares sino que, también, tiene la obligación de abstenerse de propiciar y participar en campañas de difamación, diseminación de representaciones negativas o la estigmatización de personas defensoras de derechos humanos y el trabajo que estas realizan. Le recordamos al Estado que garantizar la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos y, en particular, de las beneficiarias de medidas de protección es su obligación internacional: la seguridad de estas personas está en sus manos.

El Observatorio recuerda que, durante la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, se hizo un llamado a la liberación de los defensores de Guapinol, lo que generó esperanza de un cambio en la protección de los derechos humanos en Honduras y la atención sobre la raíz de la crisis. Sin embargo, a más de dos años de esas declaraciones, hoy el movimiento de derechos humanos en Honduras y toda la región está de luto una vez más.

Las organizaciones exigimos justicia para Juan López y los defensores de los bienes comunes en Honduras. Una investigación expedita, independiente e imparcial debe ser garantizada por parte del Estado y fincar responsabilidades materiales e intelectuales por este atroz crimen. El riesgo continuará y es imperante que el Estado de Honduras garantice todas las medidas de protección necesarias para la familia y miembros del Comité Municipal, sin que medien excusas presupuestales o incapacidad institucional.

A la familia de Juan López, a sus compañeros y compañeras de lucha, a su comunidad: nuestro abrazo solidario. Honramos su legado y su vida y en su nombre seguiremos pidiendo justicia y acompañando la causa justa por los ríos en Honduras.

¡Juan López vive!

Firman:
Centro por la Justicia y el Derecho lnternacional (CEJIL)

Comité Internacional del NLG -Gremio Nacional de Abogados, USA.
Diakonia oficina Nacional Honduras
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC – SJ)
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Robert F. Kennedy Human Rights
Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Virginia (UVA)