El 08 de noviembre de 2012 cuerpos policiales reprendieron de forma violenta una protesta que se daba en defensa de la seguridad social. Las y los involucrados fueron sometidos a juicio este 5 de abril.
¡Los cinco compañeros, que están siendo criminalizados y sus abogados por protestar en defensa de la seguridad social, en juicio!
Enviado a SURCOS por Alejandro García Valerio.
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Como Marita Arce Soto y Diego Retana Solano, entonces estudiantes de Trabajo Social; como Dennis Solís, educador de secundaria; como Adrián Jaén España y Manuel Alberto Villalobos Arias, profesores universitarios, multitud de costarricenses marchamos el 8 de noviembre de 2012 en defensa de una de las instituciones públicas de mayor importancia de la historia reciente de Costa Rica: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Una institución pública creada en los años cuarenta, financiada por la mayoría de la población, que funciona por el principio de la solidaridad social y por la universalidad del servicio, para brindar acceso masivo a la atención de la salud pública y a la seguridad social.
Pero resulta que solo esas cinco personas fueron procesadas judicialmente, de los miles que allí se presentaron a manifestarse, ejerciendo su derecho a la libre expresión y en defensa del derecho a la salud pública. Inicialmente fueron detenidas unas 35 personas y después el Ministerio Público les levantó un juicio penal a cinco de ellas; juicio que se realizará del 3 al 6 de abril de 2017.
¿Por qué enjuiciar a manifestantes? Los derechos a la manifestación y a la libertad de expresión de los ciudadanos están garantizados por los artículos 27 y 28 de la Constitución Política. Y hay una sentencia de la Sala Constitucional (2-03-020, del 14 de abril de 2000) que establece que ante un conflicto entre la libertad de expresión y la libertad de tránsito, prevalece el primero y que, en todo caso, la Policía no puede dispersar a los manifestantes “mediante maltrato físico y detenciones ilegítimas”.
Por eso manifestamos:
Los argumentos del Ministerio Publico no se sostienen en un régimen democrático. Sin duda las personas manifestantes estaban en situación de indefensión ante una policía con escudos antimotines, que los usaron para tratar de disolver la manifestación.
Nos preguntamos ¿qué buscaban con esa acción las autoridades policiales de la administración de la presidenta Laura Chinchilla? Sin duda buscaban dar una vez más una lección al pueblo costarricense: Que no protestemos, y que nos olvidemos de defender nuestros derechos, máxime si ponen en evidencia la corrupción o ineficiencia de quienes socaban las instituciones del pueblo, cuando gobiernan y administran bienes públicos y colocan por encima los intereses privados que se apropian de ellas.
¿Por qué defender la CCSS en 2012 y aún hoy en 2017?
En 2012, los y las manifestantes procedentes de diversos lugares del país como elOccidente del Valle Central, de Puntarenas y Guanacaste plantearon su protesta por el recorte al presupuesto de la institución, que se reflejaba en el deterioro de los servicios de salud en clínicas y hospitales, evidente en largas filas de espera para atenciones de servicios especializados, falta de especialistas en zonas fuera del Área Metropolitana, abandono de la función de promoción de salud y prevención de las enfermedades, entre otras deficiencias.
Es así como sistemáticamente se ha venido erosionando su eficiencia, la evasión en el pago de las cuotas patronales, incluida la del gobierno de la República, sin dejar de lado la entrega al sector privado de servicios muy rentables, en vez de adquirirlos con bienes propios.
Poco se ha resuelto de esas quejas del 2012, a pesar de un cambio de gobierno. Actualmente la situación se complejiza más y hoy nos preocupa a la ciudadanía la crisis del sistema de pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Como Movimiento Salud sin Paredes, de la zona de Occidente el Valle Central, confirmarnos el derecho de la ciudadanía de ser parte de sus instituciones públicas construidas a lo largo de la historia y nos manifestarnos en defensa de uno de los pilares de la democracia costarricense.
Por eso denunciamos la injusticia de un juicio penal contra ciudadanas y ciudadanos, cuyo único “delito” es ser parte de un pueblo que se movilizó en noviembre de 2012 para pedir que la CCSS no perdiera su eficacia en la calidad de la atención de salud.
¡La salud es un derecho del pueblo y su participación un deber!
Movimiento Salud Sin Paredes, Región Occidente
San Ramón de Alajuela, 29 de marzo de 2017.
Enviado a SURCOS por Movimiento Salud Sin Paredes.
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Cambio de fecha de inicio de audiencia de juicio luchadores sociales por participar en manifestación por la defensa de la seguridad social
Comunicado Urgente
Manifestación / Piquete
Fecha: Lunes 03 de abril de 2017.
Hora: 8 am.
Lugar: Bulevar de los Tribunales de Justicia, I Circuito Judicial de San José.
Nueva Fecha de Inicio de Juicio
Miércoles 05 de abril de 2017.
Hora: 08:00 am.
Lugar: Salas de Juicio del I Circuito Judicial, San José
El día de ayer, 31 de marzo de 2017, se recibió notificación del Juez Tramitador Lic. Jeffrey Quesada Arroyo de la casusa penal llevada en contra de cinco personas que participaron en la manifestación del 8 de noviembre de 2012 en defensa de la seguridad social.
En la resolución, se varía el inicio de la audiencia de juicio para el miércoles 05 de abril a las 8:00 a.m. y se señala el debate para ese día en la mañana y en la tarde y para el jueves 06 de abril durante la mañana.
Consideramos que este cambio en el inicio del juicio es una maniobra de las altas jerarquías del poder judicial y del gobierno, que intentan desmovilizar la acción de calle convocada para el lunes 3 de abril. Por lo tanto reiteramos la convocatoria a la movilización y a la lucha, en la calle, que es el sitio natural en donde se debe dar la lucha por nuestro derecho a la libre expresión. Reiteramos nuestra solidaridad con la compañera y los compañeros enjuiciados injustamente, en un proceso claramente amañado, al tiempo que hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y políticas a sumarse a las acciones que se están convocando para la próxima semana, para seguir coreando, juntas y juntos, como se coreaba en la jornada del 8N, por la tarde: “¡El pueblo no se va, no se va!”, exigiendo la liberación inmediata de las y los detenidos: Luz Marita Arce Soto y Luis Diego Retana Solano, trabajadores sociales, quienes eran estudiantes universitarios en el momento en que ocurren los hechos; Adrián Jaén España, profesor universitario y miembro del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores; Denis Solís Cruz, profesor de educación secundaria y miembro de la Asociación Nacional de Segunda Enseñanza (APSE) y Mario Alb. Villalobos Arias, profesor universitario, miembro del Sindicato de Empleados Universidad de Costa Rica (SINDEU), de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos y del Centro de Amigos para la Paz.
Colectivo Derecho a la Protesta Social.
Facebook: Colectivo Derecho a la Protesta Social
Twitter: DerechoProtesta
Canal Youtube: Colectivo Derecho a la Protesta Social
Imagen tomada de la página de Facebook de Colectivo Derechos a la Protesta.
Enviado a SURCOS por Colectivo Derecho a la Protesta Social.
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El 08 de noviembre del 2012 cuerpos policiales reprendieron de forma violenta una protesta que se daba en defensa de la seguridad social. Ahora los involucrados serán sometidos a juicio del 3 al 6 de abril del presente año.
Por este motivo, se estarán realizando reuniones todos los días en el Centro de Amigos para la Paz.
Para más informes, ingrese en la página de Facebook: Colectivo Derecho a la Protesta Social.
Por otra parte, la Asociación Costarricense de Derechos Humanos, ACODEHU, también se manifestó al respecto y emitió un comunicado donde expresa que: “La ACODEHU, condena la criminalización de la Protesta Social y denunciamos la tendencia del Ministerio Público y del Poder Judicial, ante el hecho de enjuiciar a luchadores sociales, que han venido participando en marchas pacíficas, que el movimiento social ha realizado en defensa de los Derechos Humanos y las conquistas sociales como la salud, la educación, el empleo público entre otras”.
Adjuntamos los comunicados enviados por ACODEHU para que quien así lo desee, los pueda circular entre sus contactos.
Enviado a SURCOS por Alejandro García Valerio.
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Entre lunes 3 y jueves 6 de abril se realizará la audiencia de juicio del proceso penal contra cinco personas que participaron en dicha manifestación: Luz Marita Arce Soto y Luis Diego Retana Solano; quienes eran estudiantes universitarios en el momento en el que ocurrieron los hechos; Adrián Jaén España, profesor universitario y miembro del Partico Revolucionario de las y los Trabajadores; Denis Solís Cruz, profesor de educación secundaria y miembro de la Asociación Nacional de Segunda Enseñanza (APSE) y Mario Alb. Villalobos Arias, profesor universitario, miembro del Sindicato de Empleados Universidad de Costa Rica (SINDEU), de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos y del Centro de Amigos para la Paz.
El 08 de noviembre de 2012 cientos de personas de distintas comunidades de Guanacaste y de Occidente del Valle Central en Costa Rica, junto con diversas organizaciones y activistas costarricenses preocupadas y preocupados por el futuro de la seguridad social en este país, se movilizaron para exigir que se detuviera los recortes en los servicios de salud en sus comunidades.
La democracia contemporánea se ha mostrado incapaz de resolver las demandas de la sociedad civil y particularmente de los sectores más vulnerables debido a la primicia de los intereses de las grandes corporaciones sobre los bienes comunes y los derechos sociales. Ante ello, el derecho a cuestionar el derecho se vuelve ineludible. Cuando el Estado ejerce represión entre actores y movimientos sociales que cuestionan el derecho, acomete dos actos de violencia: por un lado desatiende las problemáticas denunciadas por la protesta social y por otro lado criminaliza, encarcela, desaparece y enjuicia a las voces más críticas de la sociedad.
Colectivo Derecho a la Protesta.
Enviado a SURCOS por Rafael López Alfaro.
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El juicio oral y público mediante el cual el Tribunal Contencioso Administrativo, por unanimidad, había anulado en sentencia del 12 de junio del 2013, el conocido como “Decreto Pro Petroleras”, emitido por el expresidente José María Figueres, por su ministro de Ambiente René Castro, sería realizado este jueves 15 de diciembre a las 8:30 de la mañana, en el mismo Tribunal, en el II Circuito Judicial, frente a la fábrica de Café Dorado, en calle Blancos, Goicoechea.
La petrolera Mallon Oil Company y la Procuraduría General de la República, alegaron que el señor juez había notificado la sentencia dos días después del plazo, y en votación de 3×2, la Sala Primera les dio la razón, por lo que hay que repetir el juicio.
Antes del decreto ejecutivo Nº 26750-Minae el 27 de febrero de 1998, las empresas petroleras tenían que cumplir estrictos requisitos ambientales para acceder a la firma con el Estado, de los contratos para explotación de hidrocarburos. El decreto Figueres Castro, emitido cuando ya se había adjudicado la licitación para explotación petrolera a la empresa Harken Oil (antes MKJ Xploration) le permitió a ésta firmar el contrato de exploración y explotación de petrolera, sin tener que cumplir con la presentación de un estudio de impacto ambiental integral que señalaba el Reglamento a la Ley de Hidrocarburos de 1995.
Y sucedió así pues el decreto que aspiramos anular, eliminó los 20 artículos del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos, del Título “De la Protección Ambiental – Del Estudio de Impacto Ambiental –“ que formaba parte de los requisitos necesarios para que las empresas petroleras pudieran suscribir contratos de explotación petrolera con el Estado. Al suceder así, la empresa Harken suscribió el respectivo contrato con el Presidente Miguel Ángel Rodríguez y su ministra Elizabeth Odio, año y medio después de la publicación del decreto…Decreto mediante el cual se sustituye ese importante requisito, por la presentación de “proyectos” que, según las normas de Setena no requieren estudio de impacto ambiental, alguno pues se trata de actividades de muy bajo impacto, como son un estudio de reflexión sísmica o un “proyecto” de estudio bibliográfico, como sucediera con las petroleras Harken y Mallon Oil, respectivamente.
Proyectos que, ante el “muy especial” decreto ejecutivo, la Setena consideró obligatorio ver como “proyectos” y los documentos como “estudios de impacto ambiental”, por lo que les otorgó, en su momento, la “viabilidad ambiental”.
En la sentencia apelada, según el Tribunal, ni la Procuraduría ni la Mallon Oil demostraron en el juicio “Que la realización de un Estudio de Impacto Ambiental único o total desde el inicio de las etapas de una concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos sea muy oneroso e innecesario”, argumento esgrimido en defensa del decreto que favorece a las empresas petroleras en general- Los testigos no pudieron demostrar, según el Tribunal, la existencia de “parámetros técnicos y científicos que dan sustento al reglamento impugnado” -.
Lo que pretendemos lograr nuevamente este jueves 15 de diciembre, es que a partir de su anulación, toda empresa petrolera (china, latinoamericana, estadounidense, etc.) interesada en explotar petróleo en Costa Rica, deba antes de firmar los respectivos contratos de explotación petrolera con el Estado, elaborar un verdadero Estudio de Impacto Ambiental para con él, buscar la declaratoria de viabilidad ambiental de parte de la Setena, según lo determinaba el derogado Título del Reglamento, emitido acorde con la Ley de Hidrocarburos (art.41), la Ley Orgánica del Ambiente (art.17) y reafirmado eventualmente por la Ley de Biodiversidad.
Dr. Freddy Pacheco León
Biólogo
Especialista en estudios de impacto ambiental
Imagen con fines ilustrativos tomada de www.petroleoamerica.com
Enviado por Dr. Freddy Pacheco León.
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El dirigente Orlando Barrantes fue sentenciado a doce años de prisión por el supuesto secuestro de unos policías, durante unas manifestaciones y enfrentamientos que se presentaron en Guápiles en el año 2000.
Puede leer antecedentes en el siguiente vínculo:
https://surcosdigital.com/orlando-barrantes-con-mi-acusacion-pretenden-amedrentarnos/
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Barrantes siempre sostuvo que el suyo es un caso de criminalización de la protesta social
El día de hoy el dirigente sindicalista Orlando Barrantes fue sentenciado a doce años de prisión por el supuesto secuestro de unos policías, durante unas manifestaciones y enfrentamientos que se presentaron en Guápiles en el año 2000.
A continuación se reproduce una entrevista que Barrantes concedió a UNIVERSIDAD en mayo del 2006, en la que detalló los pormenores de su caso. Por entonces, Barrantes era Presidente del Consejo Nacional de Trabajadores (CONATRAB) y sostuvo que el detonante de toda la violencia fue la intervención de los policías antimotines.
– El 12 de diciembre del 2000 se manifestó la población en la provincia de Limón. Hubo movimientos de protesta en Guápiles, Siquirres, Limón y Talamanca, en los que diferentes sectores denunciaban la incapacidad de las instituciones gubernamentales por cumplir los acuerdos firmados.
En Siquirres, Guácimo y Pococí los grupos manifestantes fueron básicamente los pequeños agricultores y trabajadores bananeros expuestos al agroquímico nemagón.
En todos hubo enfrentamientos con la policía, pero en Guápiles, donde yo estaba, fue donde se produjeron los hechos más violentos. La versión que yo puedo dar de lo sucedido esa mañana, la reconstruyo a partir de videos que ya mostraron la fiscalía, informes de prensa y testimonios.
A las 8 a.m. se da una concentración de casi dos mil personas en el Parque de Guápiles, donde hasta las 8:45 intervenimos entre 15 y 20 dirigentes en el uso de la palabra. Allí, espontáneamente se tomó la decisión de hacer una marcha pacífica hacia Guácimo. La idea era que el gobierno, al ver una marcha de gran cantidad de gente, retomara las negociaciones. Una delegación de dirigentes fuimos a la casa de Jesús Calderón, quien estaba en contacto con el Ministro de Agricultura, a esperar que el gobierno se comunicara, mientras la gente empezó a caminar.
Nunca hubo bloqueo. Según el testimonio de los mismos policías antimotines, alrededor de 200 de ellos recibieron la orden de “ir a chocar” con los manifestantes, lo cual sucedió en medio de una cuadra muy larga, entre el Parque de Guápiles y la carretera a Limón.
A los policías se les acabaron los gases y entonces recibieron la orden de retirada, la cual ejecutaron de manera desordenada, se dispersaron y cuatro de ellos se tiraron debajo de unos furgones. Este grupo fue retenido por los manifestantes para exigir la liberación de cerca de 30 personas que habían sido detenidas sin ser pasadas al Ministerio Público. Yo no participé en esas negociaciones porque no podía, ni había control de nada. Nunca hubo bloqueo en la carretera a Limón y el enfrentamiento tampoco se dio en la vía.
Alrededor de las 5 o 6 de la tarde los manifestantes liberaron a los policías y el gobierno soltó a los manifestantes.
– Sí, claro. Allí también estuvo el periodista Marvin Barquero de La Nación.
– El gobierno nos convocó a negociar a las 8 a.m. del 13 de diciembre. Fuimos a Casa Presidencial y un periodista me preguntó si sabía que había orden de captura en mi contra y una acusación por secuestro extorsivo. Se le pidió al gobierno que aclarara la situación, anularon la orden de captura pero manifestaron que si había una demanda judicial, el Poder Ejecutivo no podía intervenir. El Ministerio de Seguridad Pública presentó una demanda que fue acogida por el fiscal, en la que sostiene que yo planeé, organicé y ejecuté un secuestro extorsivo y que todo lo que sucedió el día anterior había sido planeado por mí. Esa es la acusación. La causa acarrea una pena de 15 a 20 años por persona, y como fueron cuatro, la sentencia mínima sería de 60 años.
Esta acusación de secuestro extorsivo no solamente es absurda y ridícula, sino que con ella pretenden amedrentarnos.
– La única prueba que presentan es un video donde salgo hablando en el parque. También incluyen el testimonio del entonces jefe de los antimotines, Orvil Ruiz, quien me ubica en el sitio del enfrentamiento desde las 10 a.m.
– Además de dirigente social, soy presidente del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC), un partido legalmente inscrito, nuevo y de izquierda, que nació el año pasado.
Cualquiera que lea la acusación del Ministerio Público se da cuenta que no demuestra ningún hecho participativo mío, sino que me llama “agitador”; dice que organizo a la gente para que se movilice contra los gobiernos, que encabezo movimientos de protesta. Es decir, es una acusación estrictamente política.
Cuando Orvil Ruiz declaró en el primer juicio anulado en julio, repitió exactamente lo mismo que está escrito en la acusación.
– Inició en julio del año pasado, pero fue anulado porque mi abogado se incapacitó por más de diez días. Mi primera defensa no estuvo bien, pues subestimamos la causa. Cambiamos de abogado y hemos planteado tres acciones de nulidad, que han sido rechazadas.
Hace un mes nos notificaron que el juicio fue convocado para el 20 y 21 de abril de este año, pero cuando llegamos el 20 se nos dijo que está suspendido, pues la fiscal a cargo quiere que vuelva a declarar el exdirector de la Fuerza Pública Walter Navarro, quien está en Estados Unidos.
– Aquí lo que están enjuiciando es la forma de pensar que uno tiene, no tienen ninguna prueba y eso es un juicio político.
La condena de Célimo Guido, más el caso mío, nos lleva a los sectores sociales a hacer un llamado a fortalecer instancias como la Comisión de Derechos Humanos.
Estos son intentos de sectores poderosos económicamente y ligados a las transnacionales, que buscan amedrentar a los dirigentes y sentar precedentes ejemplarizantes para que la gente no proteste.
Como dirigentes y ciudadanos costarricenses, nuestro papel es participar en todos los procesos y no se nos va a prohibir opinar sobre la realidad nacional. Sostendremos nuestra oposición tajante al TLC.
Mi caso es un montaje, que busca asustar a la gente. Yo no tengo ningún problema en ir a la cárcel, si tengo que ir por defender a los pobres, gustoso voy. La cárcel para un dirigente representa un ataque muy duro a las libertades democráticas de este país y al resto del movimiento popular.
Información e imagen tomada de http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/con-mi-acusacion-pretenden-amedrentarnos/
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En la recta final de ejecución de la sentencia contra la empresa minera canadiense Infinito Gold (Industrias Infinito para Costa Rica) condenada por causar daños ambientales en Las Crucitas de San Carlos, ésta volvió a recibir el apoyo del perjudicado, que es el mismo Estado, a través de la Procuraduría General de la República y el SINAC, que cuestionaron el peritaje que fija los montos que debe pagar la minera, tratando de regatear los recursos que vendrían a solventar el proceso de recuperación luego de la destrucción causada, sin embargo los daños pueden ser irreversibles.
“Hoy presenciamos algo triste. Revivimos el pasado. Pareciera que el Estado está haciendo equipo con Infinito Gold. Atacan directamente a peritos para desestimar fundamentos en el informe presentado. ¿Cuánto vale un bosque, un árbol, la vida? El ecosistema fue destruido. Infinito debe pagar por todo el daño realizado.” Aseguró Edgardo Araya, diputado ecologista y abogado activo del proceso.
Asimismo, el abogado Álvaro Sagot aseguró que: “La Procuraduría de la República junto con Industrias Infinito trataron de desvirtuar el peritaje olvidando que tal y como se valora una vida humana a efecto de resarcir los daños, la biodiversidad puede ser valorada de la misma forma». Para Jorge Lobo, biólogo de la UCR y activista, la Procuraduría trató de tergiversar y cuestionar todo para que sea imposible restaurar los ecosistemas dañados, el peritaje fue muy riguroso y refleja una aproximación a los daños que sufrieron los ecosistemas por la deforestación de la empresa.
El viacrucis. En 2013 la Sala Constitucional emitió una sentencia en la que por unanimidad acordó “rechazar de plano” la acción de inconstitucionalidad que había presentado la empresa minera contra el fallo del Tribunal Contencioso que anuló la concesión dada a Infinito para desarrollar el proyecto minero en Las Crucitas de San Carlos. Cabe recordar que la Sala I ratificó el fallo del contencioso cuestionado por la empresa canadiense.
Estos antecedentes le cerraron el camino legal a la compañía minera en Costa Rica, sin embargo insistió mediante un tribunal internacional del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias) apéndice del Banco Mundial, amparados por el Tratado de Inversiones entre Costa Rica y Canadá. Para los ecologistas el Gobierno pudo haber descartado ir al arbitraje, amparándose en que el mismo Tratado de Inversiones con Canadá (1998) que estipula que no se acudirá a esta vía cuando, con anterioridad, exista una resolución de nuestros tribunales.
Además, el sustraerse de los tribunales nacionales y de la legislación nacional, sometiéndose a un arbitraje privado en el Banco Mundial a la medida de las transnacionales, preocupa a la luz de lo ocurrido en los tribunales hoy, destacaron los ecologistas.
«Si estos funcionarios públicos van a ir a defendernos en este tribunal internacional de antemano estamos condenados» señaló el presidente de FECON Mauricio Álvarez, quien además agregó que «ningún tratado internacional de protección de inversiones podrá ser entendido como una autorización para violar nuestro ordenamiento jurídico. Es indignante que sea el mismo Estado el que pretenda ayudar a la empresa a rebajar los montos necesarios para reparar los daños ambientales y sociales que ocasionó en Crucitas, cuando debería estar velando junto con el sector ambiental para que el dinero de la indemnización calculado entre 6.2 y 10 millones de dólares logre beneficiar a la comunidad de Crucitas y revertir los daños causados por la mina».
Los ambientalistas recordaron el caso del procurador Mauricio Castro, representante del Estado en el caso del proyecto minero en Las Crucitas, quien fue señalado en la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, por su constante intercambio de “papelitos” y apoyo a las posiciones que durante el juicio defendió la empresa Industrias Infinito. Además, el funcionario reconoció que un tío suyo tiene contratos firmados con la empresa minera, por lo que los diputados consideran necesario que aclare sus actuaciones.
La audiencia de finalizó por la petición de la empresa de tener más tiempo y fue fijada nueva fecha para las conclusiones el 13 de abril a las 10: 45 am.
Enviado a SURCOS Digital por FECON.
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Comunicado Oficial
En fecha 27 de enero del 2015 nuestra Fundación manifestó: “Con vista en los reportes sobre Derechos Humanos y Ambiente que ha presentado al mundo el Comisionado Especial de las Naciones Unidas en esta materia; con vista de la urgencia de garantizar la seguridad de aquellos que día con día trabajan por la conservación de nuestros ecosistemas y conscientes de la necesidad que tiene nuestro país de sustentar su reputación verde y seguridad jurídica expresamos nuestra mayor preocupación y repudio por las acciones aparentemente negligentes de parte del personal técnico del Sistema Judicial Costarricense que ha llevado al desenlace en primer instancia del juicio penal sobre la muerte del ambientalista Jairo Mora Sandoval con una sentencia absolutoria. Llamamos a las autoridades del país a ejercer las acciones y recursos pertinentes con el fin de garantizar que se cumplan con la justicia y el debido proceso.” Esta manifestación se basa en la más profunda creencia de parte de nuestra institución de la necesidad de que el Poder Judicial sea el garante por excelencia de que la seguridad jurídica es un bastión de la democracia costarricense.
En este sentido la desacreditación en sede jurisdiccional de la competencia técnica y eficiencia de las instituciones encargadas de indagar pruebas, establecer y encausar la acción pública penal en representación el pueblo de Costa Rica es uno de los elementos de más crítica importancia.
Para el jueves 29 de enero diversas organizaciones ambientalistas llamaron a una protesta en diversos lugares del país frente a los edificios de los tribunales de justicia con el fin de protestar el fallo absolutorio en cuestión. Esta protesta tuvo una respuesta tan amplia como su convocatoria. A la misma asistieron representantes de diversos grupos con diversas preocupaciones y agendas específicas. Como se pudo corroborar de la cobertura de medios, algunos grupos expresaron en sus pancartas posiciones de corte político con tintes muy enérgicos. Otros fueron más moderados en esta línea. Muchos mostraron preocupación con la potencial negligencia o falta de pericia del Ministerio Público y su efecto sobre la credibilidad de este órgano. Otros grupos e individuos llegaron para expresar su solidaridad con el impacto que le causó el fallo de primera instancia a la familia Mora Sandoval.
La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia expresó mediante misiva del 2 de febrero al Presidente de la República su posición respecto a la participación del Sr. Ministro del Ambiente en estas actividades indicándole su preocupación pues interpretó la presencia del Ministro como una búsqueda de un resultado determinado en un caso en discusión y, por tanto, una violación de la división de poderes.
Conforme lo corroboran diversos asistentes a la actividad, al intervenir en el micrófono de la actividad, el Ministro Gutiérrez se manifestó en solidaridad con los familiares de Jairo Mora y abogó por que el poder judicial garantizara que los funcionarios del Ministerio Público obraran con eficiencia y calidad técnica de manera que no se dieran situaciones que atentasen contra el debido proceso y la justicia, resultando en impunidad. En similar sentido se manifestó el Presidente Solís ante los medios informativos.
El Ministro Gutiérrez fue tan solo uno de los diversos funcionarios públicos que asistieron a la actividad como se colige de la misma cobertura de medios. Entre ellos varios diputados de la Asamblea Legislativa se hicieron presentes al evento con el fin de expresar diversas perspectivas. Asimismo, somos testigos presenciales de la participación de los Ministros del Ambiente de administraciones pasadas en actos de similar convocatoria amplia.
Por ello, no encuentra nuestra Fundación de la recopilación fáctica del evento que ninguna de las acciones del Ministro Gutiérrez se ajuste a la conducta que describe el artículo 149 inciso 5 de nuestra Constitución Política que establece la responsabilidad para los miembros del Poder Ejecutivo “Cuando impidan o estorben las funciones propias del Poder Judicial, o coarten a los Tribunales la libertad con que deben juzgar las causas sometidas a su decisión.”
De hecho nos parece que su preocupación responde a la defensa de la imagen del país la cual según el reporte del 2013 del Experto Independiente de la ONU, John Knox, resultó positiva sin embargo apuntando que “No es la tarea de las organizaciones sociales ni de las personas comunes poner su vida en riesgo para proteger el ambiente. Esas funciones de policía son tareas que deben estar en manos de los gobiernos”. Asimismo, como parte del contenido de la puesta en práctica de los derechos consagrados en el artículo 50 de nuestra constitución reiteró la importancia y el derecho de la sociedad civil de participar en tareas que son fundamentales como en los procesos de toma de decisiones, concientización pública, acciones de educación, activismo y hasta en ciertos casos la protesta social.
Asimismo, consideramos que con la debida propiedad estas acciones son plenamente consecuentes con el artículo 9 de nuestra constitución que hoy día reza que “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial” (el subrayado es nuestro).
Enviado a SURCOS Digital por Tony Villalobos.
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