La deuda con la Caja y el mito del “no hay plata”
Juliana Martínez Franzoni
El otro día le pregunté a una vecina –votante declarada del Pueblo Soberano, el partido de Rodrigo Cháves– si no le preocupaba que su candidata, ahora presidenta electa, fuera parte de un gobierno que en tres años aumentó en un 63% la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social. La deuda pasó de ¢2,7 billones en 2022 a ¢4,4 billones en 2025.
Le pregunté:
—¿Vos usás la Caja?
—Claro. Toda mi familia usa la Caja.
—¿Podrías dejar de usarla?
—No.
—¿Creés que hay que apoyarla?
—Sí, claro.
Entonces vino la pregunta inevitable:
—¿Y por qué votaste por Laura Fernández?
La respuesta fue sencilla, casi resignada: “La Caja no recibió plata porque no hay, mijita.”
Esa frase resume algo más profundo que una opinión. Resume una narrativa que se ha vuelto dominante: el Estado está quebrado, no hay recursos, los programas sociales son insostenibles, y cualquier intento de fortalecerlos es irresponsable.
Pero ¿es realmente así?
Porque una cosa es que los recursos sean limitados —¡siempre lo son!— y otra muy distinta es afirmar que “no hay plata” como si se tratara de una ley de la naturaleza. El presupuesto público no es un fenómeno climático. El presupuesto público es una decisión política.
En 2023, la Asamblea Legislativa aprobó ¢71.927 millones para distintos programas sociales e iniciativas comunitarias. Al cierre del año, solo se habían usado ¢10.948 millones, cerca del 15% del total. Eso significa que alrededor de ¢61 mil millones, el 85% de los recursos, quedaron sin ejecutarse. Entre los recursos sin usar había fondos para programas y convenios con la CCSS, asociaciones de desarrollo y vivienda social. En 2024, el informe técnico legislativo (Expediente 24.991), mostró que la ejecución mejoró, pero aún así una tercera parte de los recursos aprobados –cerca de ¢19 mil millones– no se giró, incluyendo partidas para mantenimiento vial, asociaciones de desarrollo y becas estudiantiles Avancemos.
Esto no significa necesariamente mala intención. Significa que la escasez es resultado de decisiones sobre cuándo y cómo ejecutar el presupuesto.
Porque el dinero no “desaparece”: se prioriza.
Durante los últimos años, el gobierno ha puesto como eje central la reducción del déficit fiscal y el cumplimiento estricto de la regla fiscal. Eso tiene efectos positivos en indicadores macroeconómicos y en la percepción de los mercados. A la vez implica dejar de arreglar escuelas, entregar menos becas escolares y, en general, poner menos del dinero público a disposición de las necesidades de la gente. ¿Cuáles necesidades? En particular escuelas y atención de la salud. No es jugando: la inversión social, en particular la que se destina a niños, niñas y jóvenes, está en su nivel más bajo en 15 años.
De hecho, cosas que habían venido mejorando con este siglo, como destinar más dinero a escuelas y hospitales, ahora se están haciendo mal y tiene efectos que serán difíciles de revertir.
No es una conspiración. Es una elección.
El problema es que cuando el discurso público se reduce a “no hay plata”, se invisibiliza esa elección. Se transmite la idea de que el deterioro es inevitable. Que las listas de espera crecen porque el país es pobre. Que los programas sociales se reducen porque no hay alternativa.
Pero siempre hay prioridades.
Costa Rica destina una parte importante del presupuesto al pago de intereses de la deuda pública. Esa es una obligación real. Decidir cuánto espacio fiscal se le concede a la inversión social también es una decisión real.
Cuando el Estado no paga a tiempo sus obligaciones con la seguridad social, la deuda crece. Cuando no ejecuta partidas aprobadas, los proyectos se atrasan. Cuando se posterga la inversión, el deterioro se acumula.
Y luego ese deterioro se usa como prueba de que el sistema “no funciona”.
La narrativa de la escasez tiene una consecuencia política poderosa: convierte decisiones en destino. Si “no hay plata”, entonces no hay responsables. Si “no hay plata”, no hay debate sobre prioridades. Si “no hay plata”, la única opción es resignarse.
Pero el presupuesto no es una fatalidad. Es un reflejo de qué se considera urgente y qué se considera prescindible.
¿Se puede reducir el déficit? Sí.
¿Se puede ordenar las finanzas públicas? Claro.
¿Eso obliga necesariamente a aumentar en 63% la deuda con la Caja o a no ejecutar recursos aprobados? Esa es otra discusión.
Lo que necesitamos desplazar no es solo una cifra, sino una forma de pensar.
Más que repetir que no hay plata, deberíamos preguntarnos para qué se usa la que sí hay.
Porque cuando dejamos de hacer esa pregunta, la política desaparece y la imposición crece.
Y entonces todo parece inevitable.
Pero no lo es.
Compartido con SURCOS por la autora y publicado también en Divergentes.
