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Etiqueta: justicia ambiental

Brechas ambientales entre los programas de gobierno rumbo a las elecciones de 2026

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Comunicado

Un estudio independiente elaborado por la Asociación Regional por la Transformación Ecológica y Social Justeco (ARTES-JUSTECO) y presentado por el Parlamento Cívico Ambiental (PCA) reveló profundas diferencias entre los programas de gobierno de los partidos políticos costarricenses en materia ambiental, de cara al proceso electoral de 2026.

El informe, titulado “Análisis de los programas de gobierno a la luz de las tendencias de opinión pública en la prensa y las redes sociales en materia ambiental”, fue presentado públicamente el pasado 15 de enero en la Asamblea Legislativa. El estudio evaluó las plataformas programáticas de 13 partidos políticos mediante una metodología cuantitativa y cualitativa, basada en 50 indicadores agrupados en 13 categorías temáticas, entre ellas agua, clima, biodiversidad, gobernanza, justicia ambiental y ordenamiento territorial. Asimismo, contrastó dichas propuestas con el diagnóstico de deterioro institucional y regulatorio identificado por el Informe del Estado de la Nación.

Los resultados evidencian una clara estratificación entre los partidos. En el nivel superior se ubican el Frente Amplio y la Coalición Agenda Ciudadana, cuyos programas presentan propuestas coherentes y alineadas con una transformación estructural para enfrentar de manera integral la crisis ambiental, territorial, climática e institucional del país. Ambos destacan por su énfasis en justicia ambiental, fortalecimiento institucional, protección del agua, regulación del extractivismo y participación democrática.

Liberación Nacional se sitúa también en el primer nivel, con propuestas técnicas e institucionales sólidas en áreas como agua, clima, energía y biodiversidad, aunque con menos propuestas radicales en materia de participación ciudadana y justicia socioambiental. Su programa respalda explícitamente la ratificación del Acuerdo de Escazú.

En un segundo grupo se encuentran partidos cuyas propuestas mantienen, en general, el statu quo, con avances parciales o simbólicos que no abordan las fallas estructurales de la gobernanza ambiental. En el extremo opuesto, el estudio identifica plataformas claramente regresivas, orientadas al extractivismo y la desregulación ambiental. Entre ellas figuran los programas de Nueva República, Integración Nacional y Pueblo Soberano, que promueven la minería a cielo abierto bajo el concepto de “minería sostenible” y plantean la exploración y extracción de hidrocarburos como mecanismo de financiamiento de políticas públicas.

Durante la presentación, la vicepresidenta del Parlamento Cívico Ambiental, Victoria Rudín, subrayó que el objetivo del estudio es ofrecer a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los tomadores de decisión una herramienta comparativa clara y transparente para evaluar en qué medida las propuestas políticas responden a los desafíos ambientales reales del país.

Por su parte, el Dr. Bernardo Aguilar, vicepresidente de ARTES-JUSTECO, señaló que la evidencia confirma que la crisis ambiental de Costa Rica es también una crisis política e institucional, marcada por el debilitamiento de la institucionalidad pública, la regresión regulatoria, los conflictos territoriales, la presión inmobiliaria en zonas costeras, el deterioro del acceso al agua y la reducción de los espacios de participación ciudadana. En este contexto, el informe advierte que la decisión del electorado será determinante para enfrentar esta crisis o profundizarla, con implicaciones directas para el modelo de desarrollo socioambiental y para la calidad de la democracia costarricense.

Puede descargar el informe completo desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/01/Analisis-de-los-programas-ambientales-de-los-partidos-2026.pdf

Sobre el Parlamento Cívico Ambiental (PCA)

El Parlamento Cívico Ambiental es una plataforma ciudadana permanente creada en 2019, orientada a fortalecer la democracia ecológica, la justicia social y el desarrollo sostenible mediante el enfoque de Parlamento Abierto y una pedagogía de aprender haciendo.

Estudio independiente revela fuertes diferencias en las propuestas ambientales de los partidos políticos rumbo a elección del 2026

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Parlamento Cívico Ambiental

Comunicado

Este estudio elaborado por la Asociación Regional por la Transformación Ecológica y Social Justeco (ARTES-JUSTECO) revela una clara estratificación entre los programas de gobierno de los partidos políticos costarricenses en materia ambiental, de cara a las elecciones nacionales de 2026.

El informe, titulado “Análisis de los programas de gobierno a la luz de las tendencias de opinión pública en la prensa y las redes sociales en materia ambiental”, será presentado públicamente este jueves 15 de enero en la Asamblea Legislativa, en un espacio abierto a legisladores, academia, organizaciones sociales y ciudadanía.

Principales hallazgos:

El estudio analiza los programas de 13 partidos políticos con mayor presencia en encuestas a diciembre de 2025, mediante una metodología dual que combina: 1) Una matriz ambiental ponderada de 50 indicadores distribuidos en 13 áreas clave (agua, cambio climático, biodiversidad, gobernanza, justicia ambiental, ordenamiento territorial, entre otras); y 2) un análisis cualitativo de coherencia, basado en el Capítulo 4 del Informe del Estado de la Nación, que identifica un deterioro sostenido de la gobernanza ambiental en el país.

El procesamiento de datos y la asignación de ponderaciones se realizaron mediante un sistema de inteligencia artificial supervisada, utilizando plataformas de IA de Google y ChatGPT versión 5.

Los resultados permiten clasificar los programas de gobierno en una escala que va desde propuestas de transformación estructural progresiva hasta enfoques abiertamente regresivos en materia ambiental. La evaluación identificó cuatro grandes grupos, con niveles de cumplimiento superiores al 90%, entre 50–60%, 30–40% y por debajo del 30% de los indicadores analizados.

Estas tendencias fueron confirmadas por el análisis cualitativo de coherencia institucional.

Más que una crisis ambiental:

El informe concluye que la crisis ambiental que enfrenta Costa Rica es también política e institucional, caracterizada por debilitamiento de capacidades públicas, regresión regulatoria, conflictos territoriales, presión inmobiliaria costera, deterioro del acceso al agua y reducción de la participación ciudadana.

En este contexto, el estudio ofrece una herramienta comparativa clara y transparente para apoyar a la ciudadanía, los medios de comunicación y los tomadores de decisión en la evaluación de las propuestas políticas frente a los desafíos ambientales reales del país.

Presentación pública:

La presentación oficial se realizará el jueves 15 de enero a las 10:00 a.m., en la Sala de Conferencias de Prensa de la Asamblea Legislativa (piso -3). La actividad cuenta con el apoyo de la presidenta de la Comisión de Ambiente, diputada Katherine Moreira Brown, y se enmarca en los esfuerzos del Parlamento Cívico Ambiental y ARTES-JUSTECO por promover un debate electoral informado y basado en evidencia.

Sobre el Parlamento Cívico Ambiental (PCA)

El Parlamento Cívico Ambiental es una plataforma ciudadana permanente creada en 2019, orientada a fortalecer la democracia ecológica, la justicia social y el desarrollo sostenible mediante el enfoque de Parlamento Abierto y una pedagogía de aprender haciendo.

Ciudadano exige informe técnico urgente por traslado de residuos al relleno sanitario de Limón

Escrito en . Publicado en Caribe.

Un ciudadano limonense presentó una exigencia formal y urgente ante el Concejo Municipal de Limón, la Alcaldía y el Ministerio de Salud, solicitando un informe técnico exhaustivo y coordinado que justifique el traslado de desechos sólidos desde la meseta central al relleno sanitario ubicado en el cantón central de Limón.

La gestión fue realizada por Marco Levy Virgo, quien advierte que esta práctica podría acelerar el agotamiento de un recurso estratégico para la provincia, con consecuencias graves para la salud pública, el ambiente y la economía local.

Principios legales y constitucionales invocados

El documento fundamenta la exigencia en la Ley General de Salud, la Ley para la Gestión Integral de Residuos y en los principios precautorio y preventivo del derecho ambiental, señalando que las autoridades están obligadas a actuar aun cuando exista incertidumbre científica sobre posibles daños.

Asimismo, se invoca el artículo 50 de la Constitución Política, que reconoce el derecho colectivo e intergeneracional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional que exige una tutela efectiva de los llamados intereses difusos.

Riesgos ambientales, sanitarios y económicos

Según se expone en el documento, el traslado de residuos desde otras regiones al relleno sanitario de Limón incrementa de forma desproporcionada la carga ambiental sobre una provincia históricamente marginada, sin que exista evidencia pública de una evaluación rigurosa de impactos.

Se recuerda además que el relleno sanitario se ubica en una zona de recarga acuífera, condición que en el pasado ya generó controversias ambientales, y se advierte que su eventual colapso podría provocar una crisis de residuos sólidos similar a la vivida antes de su construcción.

El texto subraya que Limón es una región con alta visitación turística, vinculada a cruceros y actividades ecoturísticas, por lo que una crisis sanitaria o ambiental tendría impactos directos sobre el empleo y los ingresos locales. También se advierte que, de agotarse el relleno, el traslado de residuos limonenses a otras provincias implicaría costos económicos insostenibles para los gobiernos locales.

Exigencia concreta a las autoridades

La solicitud plantea un plazo de diez días hábiles para que la Municipalidad de Limón, el Ministerio de Salud y el Concejo Municipal presenten un informe que detalle:

  • Los fundamentos técnicos, legales y fácticos que sustentan el traslado de residuos desde la meseta central.
  • La vida útil real del relleno sanitario, con proyecciones basadas en datos científicos actualizados.
  • Las medidas previstas para evitar el agotamiento del sitio, considerando que la construcción de un nuevo relleno sanitario requiere varios años.

El documento concluye advirtiendo que, de no obtener una respuesta adecuada, se valorará acudir a instancias superiores y acciones judiciales para la defensa de los derechos colectivos, en resguardo del ambiente, la salud pública y el interés intergeneracional de la provincia de Limón.

Antecedentes

SURCOS ha dado seguimiento en distintas ocasiones a conflictos socioambientales vinculados con la gestión de residuos sólidos, el uso de rellenos sanitarios y los impactos desiguales que estas decisiones generan en distintos territorios.

Estas publicaciones han advertido sobre la necesidad de criterios técnicos transparentes, participación ciudadana efectiva y una distribución equitativa de las cargas ambientales entre regiones del país.

🔗 Puede ver en SURCOS notas relacionadas sobre gestión de residuos y rellenos sanitarios:

https://surcosdigital.com/?s=rellenos+sanitarios

Imagen de cabecera con fines ilustrativos.

Balance socio ambiental 2025

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Por Mauricio Álvarez Mora
Docente UNA
Coordinador del Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR.

Retrocesos, resistencias y nuevas articulaciones desde los territorios

El balance ambiental del año 2025 puede leerse desde tres dimensiones: los retrocesos y amenazas, los avances logrados pese a un contexto adverso, y los hechos más significativos que marcaron la agenda socioambiental. Este análisis parte del acompañamiento sostenido a comunidades, organizaciones sociales y territorios que hemos realizado en la acción social de la Universidad de Costa Rica desde el Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica.

Un panorama negativo: retrocesos democráticos y violencia estructural. En términos generales, el balance ambiental del 2025 es sombrío y preocupante. Costa Rica atraviesa un grave retroceso en derechos humanos y sociales que tiene consecuencias directas sobre la agenda ambiental. El aumento sostenido de la violencia, junto con la expansión y arraigo del narcotráfico, se manifiesta con especial crudeza en territorios rurales, costeros y transfronterizos. Durante este año quedó expuesta, por ejemplo, una preocupante triangulación entre estructuras del narcotráfico y actores dentro de INCOPESCA, evidenciando la penetración del crimen organizado en instituciones públicas claves. Este tipo de relaciones es evidente en la actividad minera ilegal entre Crucitas y Abangares.

A este contexto se suma la emergencia de nuevas formas de movilización social que buscan romper la parálisis reforzada por un gobierno autoritario y negacionista. El tejido social aparece fragmentado y desmovilizado, atravesado por el miedo, el cansancio y la apatía, lo que limita la capacidad de respuesta colectiva.

La violencia se reproduce además gracias a la impunidad y a discursos profundamente polarizantes que legitiman la hostilidad frente a cualquier forma de disenso. Este clima se expresa en un discurso abiertamente ecocida, sostenido tanto por el presidente como por sectores empresariales. Ya en 2024 se había registrado un aumento en la criminalización y los ataques contra organizaciones socioambientales; en 2025 esta tendencia continuó, materializándose en demandas judiciales contra personas comunicadoras e influencers, así como en múltiples expresiones de violencia simbólica dirigidas contra defensoras y defensores ambientales.

Avances y resistencias: frenar el retroceso y construir alternativas. En medio de este escenario adverso, el año también dejó elementos positivos. Aunque persiste una parálisis en la movilización social masiva, a nivel legislativo la sociedad organizada, en articulación con partidos de oposición, sectores académicos y diversos movimientos sociales, logró frenar varias reformas regresivas. Entre ellas destacan los intentos de privatización del ICE, modificaciones orientadas a desproteger la Zona Marítimo-Terrestre y una serie de proyectos mineros que habrían significado un retroceso histórico para el país.

En el plano del debate público, se lograron avances importantes en la disputa de ideas. Se consolidó el rechazo social a la exploración petrolera y de gas, y se amplió la discusión crítica sobre los impactos de la gentrificación y la turistificación. En este contexto, se realizó el primer Encuentro Nacional y se conformó la Red de Mujeres Costeras y Rurales, una articulación inédita que conecta luchas locales en territorios como Guanacaste, Caribe, Talamanca y Puntarenas.

Esta red, de carácter horizontal y autónomo, está construyendo una agenda innovadora que articula organizaciones feministas, rurales, indígenas y populares, demostrando que, pese al desgaste social, siguen emergiendo nuevas formas de organización para la defensa de los bienes comunes.

Frente a los procesos de criminalización y violencia contra activistas, también se registraron avances significativos. La Universidad de Costa Rica aprobó el acuerdo CU-19-2024, que establece la realización anual, cada 7 de diciembre, de actividades institucionales en homenaje a las personas asesinadas por defender el derecho a un ambiente sano. En 2025, esta conmemoración reconoció a un amplio grupo de lideresas, líderes comunitarios, organizaciones y activistas que actualmente enfrentan amenazas, criminalización y persecución vinculadas a proyectos extractivos y políticas de despojo en territorios como Playa Pelada, la Fila Costeña, Punta Pelencho, Térraba, el Humedal de Coris, Cipreses de Oreamuno, Playa Cabuyal, Caribe Norte, Miramar y Belén.

Asimismo, el 22 de abril se llevó a cabo un acto de reconocimiento a personas y comunidades que defienden la vida frente a las amenazas contra la naturaleza, reforzando la dimensión simbólica y política de estas luchas.

Las alertas por la seguridad del defensor indígena Pablo Sibar, los pronunciamientos colectivos y diversas acciones de denuncia y visibilización evidencian una capacidad de reacción social rápida y articulada, con aprendizajes acumulados que resultan especialmente valiosos en un contexto de violencia estructural y creciente criminalización socioambiental.

Lo más destacado del año: agua, corrupción y disputas territoriales. El hecho más grave y determinante del año fue la reforma al Reglamento de Agua Potable, uno de los retrocesos más profundos en materia de salud ambiental de las últimas décadas. Esta modificación desmanteló el paradigma basado en el principio de precaución y lo sustituyó por un enfoque permisivo que favorece la contaminación y beneficia directamente a la industria de los plaguicidas. Todo ello ocurrió pese a una oposición amplia y sólida por parte de sectores académicos, regulatorios, científicos, especialistas, institucionales y socioambientales, que se pronunciaron de manera contundente y documentada.

Este retroceso se inserta en un clima de violencia política que facilita el avance de la corrupción, la parálisis institucional y la reducción presupuestaria de entidades clave como el SINAC y el MINAE. Durante el año, la Contraloría General de la República evidenció prácticas y omisiones graves en SETENA, particularmente en zonas costeras, que reflejan un relajamiento selectivo de sus funciones en límites que rozan la corrupción, precisamente en la institución encargada de garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano.

Paralelamente, tomó fuerza una movilización social amplia y diversa en torno a la turistificación y la gentrificación. Más allá del debate público, estas tensiones se expresaron de forma concreta en los territorios: desalojos en Playa Pelada; críticas al modelo de “república independiente” en Papagayo; oposición al Plan Regulador de Talamanca; denuncias por la destrucción del Refugio Gandoca–Manzanillo, Playa Negra,  defensa de Punta Pelencho en Brasilito; y el fortalecimiento de las luchas en la Fila Costeña, entre muchas otras. Prácticamente todas las regiones costeras del país registraron acciones de articulación y resistencia comunitaria.

Finalmente, se consolidaron luchas temáticas a lo largo del territorio nacional: resistencia contra nuevos rellenos sanitarios, Ojochal, Rio San Juan, Abangares, Pacifico Central, ,Caribe Norte, defensa de espacios naturales como el Parque Ross y el Santuario del Agua en Belén; protección de ríos como el Ario, el Frío y el Guacimal frente al extractivismo; y defensa de arrecifes como El Chino en Puerto Viejo y Jícaro en Bahía Culebra.

El 2025 deja así un balance marcado por fuertes retrocesos institucionales, pero también por resistencias persistentes y nuevas articulaciones sociales que mantienen viva la defensa de los territorios, el agua y los bienes comunes en Costa Rica.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Tribunal Ambiental ordena restauración de manglar y bosque tras 15 años de lucha contra Hotel RIU en Guanacaste

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Luego de más de quince años de denuncias, trámites y resoluciones incumplidas, el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) resolvió dar con lugar a la denuncia ambiental contra el complejo Hotel RIU en Playa Matapalo, cantón de Carrillo, y ordenó la restauración del manglar y de áreas boscosas afectadas dentro de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT).

La resolución —dictada en el expediente que se remonta al año 2009— reconoce como hechos probados la eliminación y relleno de ecosistemas de manglar, la alteración de vegetación arbórea y arbustiva, así como la modificación del curso de una quebrada, todo ello en zonas de dominio público y de protección especial.

De acuerdo con lo resuelto, y la información enviada a SURCOS por la Asociación Confraternidad Guanacasteca, el Tribunal estableció la responsabilidad solidaria de las empresas vinculadas al proyecto y de su representante, y ordenó eliminar los rellenos, devolver la zona a su estado original y presentar un plan técnico de restauración ecológica, con plazos concretos para su ejecución.

Un caso marcado por dilaciones y sentencias incumplidas

El fallo llega tras un prolongado proceso caracterizado por retrasos, a pesar de que la Sala Constitucional emitió al menos cuatro sentencias ordenando al Tribunal Ambiental dictar resolución definitiva en un plazo razonable, en apego al derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida.

En resoluciones reiteradas, la Sala advirtió sobre eventuales responsabilidades administrativas e incluso penales por desobediencia, ante el incumplimiento sistemático de lo ordenado. En uno de los episodios más recientes, incluso se dispuso testimoniar piezas al Ministerio Público para valorar la posible comisión del delito de desobediencia.

Las personas denunciantes y organizaciones ambientales han señalado que las dilaciones favorecieron, durante años, la consolidación de los daños ambientales, mientras el proyecto avanzaba y se anunciaban nuevas etapas constructivas en la zona.

Zona pública afectada y ecosistemas vulnerados

La documentación incorporada al expediente, incluyendo el plano oficial de la zona afectada, confirma que los daños ocurrieron dentro de la zona pública de la ZMT, en áreas identificadas como manglar, humedal y protección de cauces, ecosistemas clave para la biodiversidad y la protección costera.

Los hechos probados incluyen la deposición de materiales de relleno, el enterramiento de mojones oficiales y la eliminación de cobertura vegetal, acciones que afectaron directamente funciones ecológicas esenciales y bienes de dominio público.

Vigilancia ciudadana y exigencia de cumplimiento

Organizaciones y personas denunciantes han señalado que, si bien la resolución representa un avance significativo, la verdadera prueba será su cumplimiento efectivo, por lo que han anunciado que se mantendrán vigilantes del proceso de restauración ordenado.

El caso es considerado emblemático por evidenciar las tensiones entre grandes proyectos turísticos, la institucionalidad ambiental y el derecho colectivo a un ambiente sano, así como las debilidades estructurales en la aplicación oportuna de la normativa ambiental.

Manifiesto sobre la crisis ecológica derivada de fumigaciones agrícolas en la región Caribe

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Diciembre 2025 – Costa Rica

El Parlamento Cívico Ambiental, en representación de las 39 organizaciones que componemos este foro, nos unimos a las comunidades, científicos, pescadores artesanales, guardianes territoriales y ciudadanos comprometidos con la defensa de los ecosistemas de Costa Rica, en declarar nuestra profunda alarma y condena ante la reciente mortandad masiva de peces, aves y cocodrilos registrada en Barra de Pacuare, Laguna Madre de Dios y zonas aledañas de la costa Caribe.

Este episodio, denunciado públicamente por comunidades locales y registrado en fotografías y testimonios directos, no constituye un hecho aislado, sino la expresión más reciente de un patrón histórico de contaminación asociado al uso indiscriminado de pesticidas, fungicidas y agroquímicos altamente tóxicos provenientes de plantaciones bananeras y piñeras cuyos sistemas de drenaje colapsan o rebalsan con las lluvias.

Denunciamos

  • La existencia de un modelo agrícola industrial en el Caribe costarricense en este caso, pero presente en otros lugares del país también, que, desde hace décadas, envenena ríos, lagunas, humedales y mares, vulnerando derechos humanos, comunitarios y ambientales fundamentales.

  • La falta sistemática de controles efectivos por parte del Estado, permitiendo que corporaciones agrícolas operen bajo esquemas que priorizan su rentabilidad sobre la salud pública y la integridad ecológica.

  • El silencio institucional y la negligencia que, pese a reportes recurrentes, ha normalizado la muerte de fauna silvestre, la afectación a trabajadores y la contaminación de acuíferos y zonas de reproducción de peces.

Esta tragedia ocurre precisamente durante periodos de desove, intensificando el riesgo de colapso pesquero para comunidades que dependen del mar, de los humedales para su sustento y el alto riesgo de envenenamiento de comunidades aledañas y vida silvestre, por el consumo de peces contaminados.

Razón por la que exigimos

  1. Una investigación inmediata, independiente y con participación ciudadana liderada por la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, que determine las causas exactas, la cadena de responsabilidades y las consecuencias ecológicas y socioeconómicas del evento.

  2. La suspensión temporal de fumigaciones aéreas y terrestres en zonas donde existan riesgos de escorrentía hacia cuerpos de agua, mientras avanza la investigación.

  3. La aplicación estricta del principio precautorio, incorporando monitoreo permanente de calidad de agua en ríos, canales y lagunas.

  4. Sanciones ejemplares a las personas o empresas responsables del vertido o manejo inadecuado de químicos por parte de las instancias gubernamentales y judiciales que deben cumplir con su deber de hacerlo.

  5. La acción y seguimiento urgente por parte de la Asamblea Legislativa de los proyectos de ley que regulen estas actividades y castiguen con mayor severidad acciones como éstas.

  6. La formulación de un Plan Nacional de Transición Agroecológica que erradique gradualmente los insumos que hoy ponen en riesgo la vida silvestre y humana.

Y reafirmamos

  • Que la salud de los ecosistemas es inseparable de la salud del país.

  • Que Costa Rica no puede seguir sosteniendo una reputación ambientalista mientras tolera prácticas agrícolas que destruyen su biodiversidad y envenenan a su gente.

  • Que la protección de la vida marina, de los humedales y de las especies emblemáticas del Caribe no es opcional: es un deber moral, constitucional (conforme lo establece nuestro Artículo 50 de la Constitución Política) y generacional.

Proclamamos

Este manifiesto se eleva en nombre de la vida silvestre asesinada de las comunidades que han soportado décadas de toxicidad impuesta, de los pescadores que hoy ven morir los ciclos que sostienen su economía y cultura, y de todos los costarricenses que exigen un país coherente, justo y verdaderamente comprometido con la protección ambiental.

El Parlamento Cívico Ambiental pone este documento a disposición de las organizaciones, asociaciones pesqueras y colectivos territoriales para su validación, adhesión y fortalecimiento.

Porque sin agua limpia, no hay vida, porque sin vida silvestre, no hay futuro y
porque sin justicia ambiental, no hay una Costa Rica como la que anhelamos

Acordado el 6 de diciembre de 2025 por votación unánime.

Por el Parlamento Cívico Ambiental:

Bernardo Aguilar González. Presidencia
Victoria Rudín Vega. Vicepresidencia
Oscar Moya Cantero. Primera Secretaría
Patricia Corrales López. Segunda Secretaría a.i.

Repensando los Futuros Agrarios a través de la Acción Local (ReAL) en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Olivia Sylvester
Universidad para la Paz

En América Latina y el Caribe (ALC), la extrema desigualdad en el acceso y control de la tierra es alarmante. Debido a esta y otras graves inequidades, la FAO, los estados, agricultores, activistas y académicos se reunirán en 2026 para debatir las agendas globales en torno a la reforma agraria, en la conferencia internacional ICARRD+20. Costa Rica es uno de los países de ALC que enfrenta graves inequidades en el acceso a la tierra; más específicamente, el estado no ha reconocido plenamente los territorios tradicionales de los pueblos originarios; aún existe una ocupación ilegal en tierras de los pueblos por parte de los colonos, a pesar de la existencia de leyes que exigen al estado indemnizar ocupantes no-indígenas para devolver las tierras a manos indígenas.

Ante las violaciones de los derechos indígenas y el acceso desigual a la tierra, es importante reconocer el trabajo que realizan diariamente los pueblos originarios para asegurar su acceso a la tierra, lo que garantiza acceso a la alimentación, continuidad cultural y la continuidad de las prácticas agrícolas sostenibles. Con apoyo del programa Water and Development Partnership del IHE Delft Institute for Water Education, tres grupos de mujeres están desarrollando proyectos relacionados con el acceso a la tierra, la soberanía alimentaria y el cuido del agua en un proyecto internacional llamado Repensando Futuros Agrarios a través de la Acción Local (ReAL). Este proyecto también apoya a mujeres agricultoras en Tamil Nadu, India, quienes trabajan en la gestión tradicional del agua para la soberanía alimentaria y la revitalización cultural.

Mujeres huetares compartiendo saberes tradicionales sobre la producción y preparación de comidas tradicionales, marzo 2025 (crédito fotográfico: Esmeralda Pérez Hernández).

En Costa Rica, en 2025, las mujeres huetares de Quitirrisí llevaron a cabo tres talleres sobre los siguientes temas: soberanía alimentaria, acceso al agua y transmisión intergeneracional del sabiduría originaria. En estos talleres, participaron personas de entre 15 y 60 años, quienes conversaron sobre la importancia no solo de compartir el conocimiento cultural, sino también de practicarlo en la vida cotidiana. Se prepararon y compartieron comidas tradicionales, como tortillas, chicha, zorrillo y chicasquil; se realizó un mapeo de los principales sitios culturales del cuido y acceso al agua, y se destacó temas de injusticia ambiental presentes en el territorio. Las mujeres de Quitirrisí también viajaron a Zapatón para intercambiar conocimientos sobre comidas y prácticas tradicionales con líderes huetares, durante el Festival Gastronómico Cultural Huetar.

Miembros del pueblo bribri practicando di’katǫ̀k, Alto Talamanca, abril de 2025 (crédito fotográfico: Alí García Segura).

Dentro el marco del proyecto, miembros del pueblo originario bribri eligieron revitalizar una práctica cultural clave llamada di’katö̀k, que podría traducirse literalmente como “comer agua” y suele traducirse como “seca del río”; sin embargo, estas traducciones simplifican en gran medida la profundidad de esta práctica cultural. Esta es una práctica que ocurre una vez al año; no obstante, por muchas razones, incluidas prohibiciones estatales, no se practica ampliamente. Durante esta revitalización, se compartió las prácticas de los mayores que guían este proceso, hablaron de cómo es una actividad en la que participan comunidades enteras, al punto de que nadie permanece en casa durante ese período. Durante di’katö̀k las personas comparten alimentos (como los bananos, la chicha, y el pescado), comparten conocimientos y también conversan sobre las preocupaciones comunitarias; por lo tanto, es también un espacio de resolución de conflictos. Practicar di’katö̀k forma parte de la gobernanza cultural, la transmisión de saberes, la soberanía alimentaria y es parte del modelo de desarrollo bribri.

Comidas tradicionales de las mujeres del pueblo brörán en su taller de soberanía alimentaria en diciembre de 2025 (crédito fotográfico: Olivia Sylvester).

En 2025, las mujeres brörán realizaron múltiples talleres sobre soberanía alimentaria indígena, los cuales se centraron en el acceso a la tierra, el conocimiento tradicional y el derecho a decidir sobre sus propios sistemas alimentarios. Se dialogó sobre la soberanía alimentaria como concepto esencial para la continuidad de su cultura y de la salud bröran, especialmente debido a la calidad actual de los alimentos disponibles en los supermercados locales, los cuales están llenos de pesticidas tóxicos. De suma importancia es el trabajo de las mujeres brörán quienes son defensoras de la tierra, quienes han recuperado territorios para garantizar el acceso a espacios culturales donde ellas puedan practicar la agricultura tradicional. Las mujeres brörán también están explorando diversos proyectos relacionados con la alimentación y las medicinas tradicionales que aseguran una mayor autonomía.

Estos tres proyectos son ejemplos de cómo las mujeres y los pueblos originarios están liderando los futuros agrarios mediante la acción local. Uno de los logros de este proyecto ha sido que las ideas para estas iniciativas surgieron de las mismas organizaciones de las mujeres y no fueron impuestas por entidades externas. A pesar de las inequidades en el acceso a la tierra, a pesar de la expansión de la agricultura industrial en Costa Rica – que elimina no solo la biodiversidad sino también la diversidad cultural – y a pesar de la falta de una implementación plena de los derechos de los pueblos originarios, las mujeres continúan luchando para mantener prácticas que promuevan el cuidado del agua y del territorio, la salud de los seres humanos y no humanos, y que defiendan la vida para toda la humanidad.

UCR conmemora a Personas Defensoras de los Territorios

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • Lunes 8 de diciembre – 10:00 a.m. Conector Biológico, antiguo parqueo de Ingeniería, junto a la Biblioteca Carlos Monge

En 2024, la Rectoría y el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, a solicitud del Programa Kioscos Socioambientales y otras instancias universitarias, con el acompañamiento de familiares y activistas, aprobaron el acuerdo institucional CU-19-2024, que establece que cada 7 de diciembre se realizarán actividades para honrar a las personas asesinadas por defender el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

La fecha fue seleccionada en memoria de los ecologistas Óscar Fallas Baldí, Jaime Bustamante Montaño y María del Mar Cordero Fernández, asesinados el 7 de diciembre de 1994 en un contexto de amenazas y violencia vinculada a la defensa del Golfo Dulce frente a la industrialización impulsada por la transnacional Stone Container.

La UCR ha señalado: “La Universidad reconoce que, a pesar del prestigio internacional de nuestro país por promover la sostenibilidad y la conservación del ambiente, las personas defensoras de los derechos humanos ambientales están expuestas a riesgos como amenazas, hostigamiento, persecución, estigmatización, aislamiento social, violencia física o política, e incluso la muerte”.

El año pasado, la Universidad colocó placas conmemorativas en honor a 12 personas defensoras del territorio, activistas, ecologistas e indígenas que perdieron la vida. Sus ausencias siguen siendo una herida en la memoria colectiva y un recordatorio del alto costo que implica proteger los territorios y los bienes comunes.

Este año, la UCR quiere reconocer a quienes continúan defendiendo la vida, enfrentando actualmente amenazas, criminalización y persecución derivadas de proyectos extractivistas y políticas de despojo. Son personas cuyo trabajo cotidiano sostiene luchas por el bien común, muchas veces sin reconocimiento público, pero con un impacto profundo en sus comunidades y ecosistemas.

Este acto busca renovar el compromiso institucional con la justicia, la memoria y la defensa de los derechos humanos, honrando a quienes resisten y cuidan los territorios.

Para el Programa Kioscos Socioambientales «es urgente que la sociedad costarricense reconozca estas violencias, se posicione frente a ellas y reivindique la importancia de las acciones de defensa que hoy sostienen muchas comunidades».

La actividad es abierta al público y contará con el acompañamiento de las autoridades universitarias, oficina Nacional del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y personas homenajeadas.

Federación ecologista elige nueva presidenta y analiza coyuntura electoral

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • FECON hace un llamado a votar con conciencia social, ambiental y en defensa de los ecosistemas que sostienen la vida, la economía, la salud; en defensa de la democracia y contra el autoritarismo.

(1 de diciembre 2025) La especialista en justicia climática Mariana Porras Rozas es la nueva presidenta de esta plataforma de articulación de organizaciones ecologistas de todo el país denominado Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON). La Federación que acoge a una decena de organizaciones ambientales y desde el año 1989 tiene la finalidad de ser una plataforma que lucha por la justicia ambiental.

Comunidades Ecologista La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica (CoecoCeiba-AT) es la organización de base de Mariana Porras Rozas. Ella proviene de los Guidos de Desamparados y desde niña sus padres la incluyeron actividades de juventudes impulsados por la extinta Asociación Ecologista Costarricense (AECO) en los años 90’s. Por lo cual, Porras acumula más de 30 años de formación y trabajo ecologista; lo que la han llevado también a liderar espacios dentro de Amigos de la Tierra América Latina (ATALC) y representar a Costa Rica en la Federación de Amigos de la Tierra Internacional.

La asamblea ecologista se desarrolló el pasado 29 de noviembre, la sede de este evento fue la Asociación. para la Conservación y Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú (CODECE) parte de la membresía de FECON desde sus inicios. Adicional a la asamblea FECON organizó un espacio de discusión con otras 16 organizaciones aliadas invitadas para discutir el panorama político-ambiental a escasos dos meses de la primera ronda electoral. Algunos puntos claves de la discusión fueron:

Costa Rica atraviesa una coyuntura especialmente delicada caracterizada por el recrudecimiento de tendencias autoritarias, el avance del crimen organizado dentro de múltiples esferas del poder político, empresarial y estatal; el desmantelamiento acelerado de la institucionalidad pública y el fortalecimiento de un modelo extractivista que profundiza desigualdades sociales, de género, territoriales y ambientales. Sumado a esto el ataque a las personas periodista y los medios de comunicación son síntomas de la deriva autoritaria y anti-democrática que vive el país. La combinación de estos factores conforma un escenario que impacta directamente las luchas por la justicia ambiental, la defensa de los territorios y la protección de los bienes comunes.

Se consolidan señales preocupantes de autoritarismo: ataques recurrentes de la Administración Rodrigo Chaves hacia otros poderes, instituciones y organizaciones. Discursos estigmatizantes contra sindicatos, universidades públicas, prensa, organizaciones sociales, ambientalistas, mujeres y comunidades indígenas, además del uso creciente de narrativas de criminalización.

Esta clausura democrática se expresan también en flexibilización de regulaciones ambientales, debilitamiento de comisiones técnicas, avance del monocultivo intensivo, turismo inmobiliario agresivo, gentrificación de territorios, y apertura de megaconstrucciones y privatización de áreas de alto valor ecosistémico, que evidencian procesos de despojo territorial, captura del Estado y presión sobre los bienes comunes, mientras comunidades y organizaciones locales cargan con la defensa cotidiana del agua, los bosques y la biodiversidad.

Un eje central de esta coyuntura es el debilitamiento estructural de la participación social en asuntos ambientales. La actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad es solo un ejemplo dentro de una tendencia más amplia: participación simbólica, acelerada y sin incorporación real de las voces territoriales.

La presión creciente de gentrificación, y un modelo de atracción de inversión sólo sabe avanzar erosionado derechos laborales, precarizando la vida rural y expandiéndose en forma de enclaves turísticos. Todo esto impacta directamente los ecosistemas, el acceso al agua, la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad y la soberanía alimentaria, al mismo tiempo que profundiza la desigualdad territorial y fractura comunidades enteras.

Esta coyuntura crítica afecta de manera diferenciada a mujeres rurales, juventudes, defensoras ambientales, pueblos originarios y comunidades empobrecidas, que sostienen la economía del cuidado, la producción de alimentos y la defensa de los territorios. Los retrocesos en derechos sexuales y reproductivos, la violencia patriarcal, el aumento del feminicidio y la criminalización de la protesta agravan la situación para quienes encabezan luchas territoriales y ambientales en condiciones de riesgo.

El desafío inmediato para el movimiento ecologista y para espacios como FECON consiste en comprender y combatir esta coyuntura como un fenómeno sistémico, fortalecer la articulación comunitaria y territorial, producir pensamiento crítico propio, y defender de manera integral la justicia ambiental, climática, territorial, económica, social y de género.

Por último, la Federación hace un llamado a votar con conciencia social, ambiental y en defensa de los ecosistemas que sostienen la vida, la economía, la salud; en defensa de la democracia y el autoritarismo. No es posible defender la biodiversidad, el agua y los bosques sin inconstitucionalidad democrática y derechos plenos para todas las personas.

Participación en el Encuentro Internacional de Comunidades Afectadas por Represas y Crisis Climática, Cumbre de los Pueblos y COP30. Belén, Brasil 5 – 15 noviembre 2025

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Jiri Spendlingwimmer / Movimiento Ríos Vivos Costa Rica

Brasil el “Gigante del Sur”

Brasil posee una superficie de 8 500 000 km2, una población de 215 millones de habitantes, aunque la lengua oficial es el portugués, se hablan más 300 lenguas indígenas, es el país #1 del continente en riqueza hídrica y biodiversidad, el bosque de las amazonas es de suma importancia para el clima del continente y el mundo.

Políticamente, Brasil es una de las potencias regionales del continente; en el contexto actual de disputa geopolítica mundial, el gobierno de PT y del presidente Lula buscan una mayor soberanía.

A nivel de movimientos sociales, por lo que conozco, la mayor fuerza de articulación del continente también se encuentra en Brasil, el “Gigante del Sur”.

Cumbre de los Pueblos y Encuentro Internacional de Comunidades Afectadas por Represas y Crisis Climática

La Cumbre de los Pueblos fue un importante evento, al cual acudieron representantes de más de 1000 organizaciones y 70 000 participantes de todo el mundo; la Cumbre de los Pueblos representa la alianza, alternativas y resistencias de los pueblos y organizaciones frente al poder de los gobiernos y las corporaciones presentes en la COP30.

En el Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica participamos en la Cumbre de los Pueblos por invitación del “Movimento dos Atingidos por Barragens” (MAB) de Brasil, una organización de base comunitaria con presencia en 21 de los 26 estados federados del Brasil, y el MAR, el Movimiento de Afectados por Represas, en el cual participan más de 40 organizaciones de 21 países del continente, incluyendo Costa Rica.

Así como la alianza BRICS en la cual participa Brasil y otros países latinoamericanos y potencias del sur global son una importancia alternativa al orden hegemónico desafiando el imperialismo de EE UU y el poder económico del bloque G7; a nivel de movimientos sociales el MAR presento oficialmente el 12 de noviembre del 2025 en la Amazonia Brasileña su proyecto de construcción del Movimiento Internacional de Poblaciones Afectadas por Represas, Crímenes Socioambientales y Crisis Climática con participación de 70 organizaciones de base de 60 países en los 5 continentes.

Como miembro de la organización nacional Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica me parece interesante e importante formar parte de estas nacientes estructuras contrahegemónicas surgidas en Brasil y Latinoamérica e impulsadas desde los países del sur.

Conclusión

El MAB y MAR son un ejemplo a seguir en cuanto a logros y objetivos que se pueden alcanzar cuando se trabaja con unión, organización y construcción de alianzas con organizaciones que comparten los mismos objetivos; esto es de suma importancia para contrarrestar la sociedad de hoy en día en la cual avanzan los valores de individualismo, mercantilización y competencia que promueve la cultura neoliberal, así como la economía capitalista de explotación de la naturaleza y el hombre.

Enlaces de interés

  • “Manifiesto y anuncio de la construcción del Movimiento Internacional de Poblaciones Afectadas por Represas, por los Crímenes Socioambientales, y la Crisis Climática”

https://marglobal.org/2025/11/13/manifiesto-publico-y-anuncio-de-la-edificacion-del-movimiento-internacional-de-poblaciones-afectadas/