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Etiqueta: justicia ambiental

Pronunciamiento en torno a la actividad minera de Abangares

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • Más de 50 organizaciones y personas alertan sobre proyecto de ley N.º 24.932

  • La norma permite la exportación de oro mediante declaraciones juradas, sin trazabilidad verificable.

  • El Gobierno y los diputados han favorecido sistemáticamente la actividad minera, sin atender los constantes indicios de ilegalidades, delitos y vínculos con el crimen organizado.

Este posicionamiento busca alertar sobre los riesgos que encierra la aprobación de una norma con ambigüedades y mecanismos permisivos. Se presenta un recuento de hechos documentados que evidencian cómo, en la práctica, Abangares ha operado como un espacio de legitimación de oro de origen cuestionable, amparado por leyes permisivas. Asimismo, se formulan exigencias técnicas, jurídicas y sociales, con el fin de que el Estado y la Asamblea Legislativa legislen en favor del bien común, y no en contra de este.

La intención de consolidar un modelo ambiental sin industrias extractivas contaminantes enfrenta un momento crítico. Por un lado, se impulsa la apertura minera en Cutris, y por otro, se busca consolidar la minería “artesanal” en Abangares, territorio históricamente asociado a la extracción de oro, con profundas consecuencias para el ambiente, la salud y la gobernanza territorial.

El proyecto de ley N.º 24.932 pretende institucionalizar y proteger la minería en esa zona, en un contexto de legislación débil, incumplida, sostenida mediante transitorios y vacíos de control normativo. El proyecto, tal como está planteado actualmente, no representa una regulación responsable ni una vía hacia la formalización segura de la minería artesanal. Los interesados en exportar oro desde Abangares, así como el propio Estado, han tenido catorce años para regularizar su operación, obtener concesiones vigentes y contar con estudios de impacto ambiental. Sin embargo, a pesar de las ganancias exorbitantes, ha resultado más fácil para ambos actores permitir una operación opaca, sin licencias ambientales ni cumplimiento del Convenio de Minamata.

El Gobierno y los diputados han favorecido sistemáticamente la actividad minera, sin atender los constantes indicios de ilegalidades, delitos y vínculos con el crimen organizado. Este proyecto no corrige esa tendencia; al contrario, institucionaliza la excepción, amplía los portillos normativos y favorece prácticas ilegales camufladas. Si se aprueba sin transformaciones profundas, Costa Rica podría consolidar la exportación de oro ilegal, con consecuencias reputacionales, sociales, ambientales y fiscales irreversibles.

Hechos críticos e irregularidades asociadas al proyecto:

• Marco legislativo capturado por incumplimiento y excepciones. Desde la Ley 8904 (2010) hasta las más recientes 9662, 10132 y 10375, las normas específicas que anteceden al proyecto actual han servido para prolongar concesiones, flexibilizar controles ambientales y permitir que la minería funcione bajo un régimen de desregulación continua. En la práctica, se ha incentivado la minería ilegal en Crucitas, Abangares y otros sitios donde se procesa material sin control. Estas extensiones han convertido la normativa en un mecanismo permisivo e ineficaz, alejado de una regulación transparente y estructural.

• Opacidad y riesgo de lavado de oro ilegal. La norma de permisividad -que este proyecto busca volver permanente- permite la exportación de oro mediante declaraciones juradas, sin trazabilidad verificable. Investigaciones periodísticas han documentado que este mecanismo se utiliza para legitimar oro proveniente de zonas como Crucitas o incluso posiblemente de Nicaragua. Según estos reportajes, Costa Rica habría exportado más de 280 millones de dólares en oro entre 2010 y 2020 sin recibir ingresos fiscales ni certificar su origen.

• Delitos conexos y crimen organizado. La minería ilegal no opera de forma aislada: converge con otras actividades criminales. Se han detectado vínculos con lavado de dinero, tráfico de material en bruto o minerales, contrabando y uso descontrolado de cianuro y mercurio, incluso con dinámicas asociadas al narcotráfico en zonas fronterizas. La Fiscalía Ambiental ha advertido sobre la presencia de “patrocinadores” que financian operaciones con insumos peligrosos, infraestructura y logística para encubrir el lavado de activos.

• Impactos ambientales, sociales y en salud pública. Los riesgos documentados incluyen la contaminación de aguas superficiales y subterráneas con cianuro y mercurio, afectaciones neurológicas y respiratorias en las poblaciones locales, inseguridad laboral con muertes y accidentes en túneles artesanales, y ausencia de controles oficiales. En muchos casos, la minería se realiza dentro de viviendas o parcelas comunitarias, en condiciones precarias y con sustancias altamente tóxicas. Muchos de estos impactos se dan en Abangares, Crucitas, Corcovado y la rica zona protegida de Indio Maíz en Nicaragua.

• Debilidad institucional y falta de control estatal. La Dirección de Geología y Minas (DGM), el MINAE, la SETENA y otras autoridades han mostrado una débil capacidad regulatoria frente al volumen real de actividad minera, tanto legal como ilegal. La ausencia de concesiones formales, la falta de licencias ambientales previas y el uso de declaraciones juradas como trazabilidad debilitan al Estado como garante del patrimonio natural.

• Simulación de minería artesanal. Por la escala del volumen exportado, las ganancias obtenidas y los impactos generados, resulta evidente que en Abangares no se trata de minería a pequeña escala, sino del uso instrumental -e incluso simulado- de la figura de minería artesanal y cooperativa para encubrir una actividad de mediana o gran escala que opera al margen de la regulación. Este esquema de desregulación y flexibilización pretende ahora volverse permanente con el proyecto de ley.

Ante estos hechos exigimos:

• Trazabilidad robusta y verificable. Eliminar la exportación bajo declaración jurada. Establecer un sistema digital de registro con autenticación y certificación de origen verificable y mecanismos cruzados que integren a Geología, Aduanas, Ambiente, Municipalidad y asociaciones comunales.

• Auditoría socioambiental en Abangares. Convocar de inmediato una auditoría socioambiental con participación del MINAE, Ministerio de Salud, la DGM, la Escuela de Geología (UCR), organizaciones socioambientales y comunitarias. Esta debe cuantificar los impactos acumulados en suelo, agua, salud y biodiversidad, y generar información para un análisis costo-beneficio de la actividad.

• Licencia ambiental previa obligatoria. Toda solicitud de explotación minera debe estar sujeta a la aprobación de un estudio de impacto ambiental por parte de la SETENA, y posteriormente, a la concesión otorgada por la DGM. La exportación de oro debe contar con control cruzado de varias instituciones del Estado. No pueden admitirse excepciones que omitan esta evaluación básica.

• Sanciones efectivas y mecanismos de disuasión. El proyecto debe incorporar sanciones penales, civiles y administrativas estrictas. Las cooperativas, comercializadores o exportadores que introduzcan oro ilegal deben perder inmediatamente su concesión y estatus en los registros mineros y enfrentar sanciones proporcionales.

• Impuesto a la exportación y redistribución justa. Dado el carácter estratégico del oro como patrimonio nacional, debe establecerse un impuesto a la exportación que redistribuya beneficios hacia las comunidades afectadas y fortalezca la fiscalización estatal.

• Coordinación interinstitucional y cooperación internacional. La Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Fiscal y las autoridades ambientales deben actuar de manera conjunta. Se recomienda también recurrir a la cooperación con países que tienen experiencia en trazabilidad y combate a la minería ilegal (como Colombia, Perú y Ecuador) para adaptar buenas prácticas al contexto nacional.

Llamado a la adhesión y movilización

  • Invitamos a instancias académicas, organizaciones comunitarias, indígenas, estudiantiles, sociales y sindicales a sumarse a este pronunciamiento (mediante el enlace que está al inicio de esta nota).

  • Juntos y juntas podemos evitar que este debate quede capturado por intereses particulares y lograr que las decisiones legislativas respondan realmente al interés público. Instamos a la Asamblea Legislativa a no avanzar con el proyecto de ley N.º 24.932 en sus condiciones actuales, y a abrir un proceso de discusión pública, con enmiendas sustanciales y la incorporación de mecanismos que garanticen transparencia, justicia ambiental y respeto a los derechos de las comunidades.

Organizaciones:

Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre
Colectivo Ecologista Liberiano
Organización Regenerativa Matzú Insigne
Fundación Promar
Comité de Enlace Sociedad Civil con Foro INAMU
Comité Directivo Territorial INDER #4
Heredia Crea
AREMA
Centro de Sostenibilidad de Costa Rica
COECOCEIBA – Amigos de la Tierra Costa Rica
Eco Comunidad por la Justicia y la Paz Justa
Arte para la Tierra
Bloque Verde
JPIC – Justicia, Paz e Integridad de la Creación
Defensores de la Casa Común
UBL (Universidad Bíblica Latinoamericana)
Causa Sur – Pérez Zeledón
Teatro MileCima
IDELA – Universidad Nacional
CICDE – UNED
Comité Punta Pelencho
Casa Aiko
Coordinadora Ni Una Sola Mina
Centro de Amigos para la Paz
Asociación Civil Pro Natura
Paralela
Personas:

Ligia Barrantes Cartín – San Pedro de Pérez Zeledón
Flora María Calvo Abarca
Óscar Esteban Vindas Alfaro – Santa Bárbara
Giselle Arce Fonseca – Paso Canoas
Franco Zúñiga Sequeira – San Pedro de Turrubares
María Hernández – Concepción, San Isidro de Heredia
María Eugenia Delgado Marín – Talamanca, Limón
Juan Robles
Felipe Coto – Escazú
José Pablo González Rojas – Playa Negra, Santa Cruz, Guanacaste
Anacristina Rossi – San Antonio de Escazú
Silvia Matamoros Pacheco – Salitral de Santa Ana
Travis Robert Britzke Bonneville – Tinamaste, Barú, Pérez Zeledón
Lilliam Mena Araya
Alexander Pérez Gutiérrez
Víctor Madrigal Sánchez – Pueblo Nuevo, Garabito
Rafael Ángel Sánchez Rojas – Heredia
Mónica Alvarado Barzuna – Copey
Marvin Amador Guzmán – UCR
Luis Carlos Bonilla Soto – Esparza, Puntarenas
Asdrúbal Rivera Villanueva – Térraba
Wilson Arroyo Oconitrillo – Músico
Wilber Cortés Rodríguez
Gloriana Araya Campos

Ver análisis completo elaborado por: M.Sc Mauricio Álvarez Mora del Proyecto ED-3526 “Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica”, de la Escuela de Geografía, Universidad de Costa Rica y del Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS-UCR).

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Representantes de asociación y del Estado de la Nación dialogan sobre derecho a un ambiente sano

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Comunicado

El ambientalista Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, envió una carta al programa Estado de la Nación para expresar su preocupación por lo que considera un retroceso sostenido en la garantía del derecho constitucional a un ambiente sano, debido a cambios recientes en la jurisprudencia de la Sala Constitucional.

En su mensaje, Levy destaca el valor del trabajo del Estado de la Nación como instrumento público de análisis riguroso y denuncia que, en los últimos años, la Sala Constitucional ha comenzado a derivar asuntos ambientales al Tribunal Contencioso Administrativo, una vía lenta, costosa y poco accesible para comunidades y movimientos sociales. Esto, señala, limita gravemente la capacidad de defender derechos colectivos y facilitaría la destrucción acelerada de ecosistemas vulnerables.

Según su planteamiento, esta tendencia judicial se suma a otros factores —como mayores presiones territoriales y socioambientales— que agravan la situación del país en materia ambiental, pese al mandato preciso del artículo 50 de la Constitución Política.

Respuesta del Estado de la Nación: reconocimiento, apertura y evidencia disponible

En respuesta al mensaje, Karen Chacón Araya, investigadora del Estado de la Nación, agradeció la observación y compartió el capítulo Armonía con la naturaleza del Informe Estado de la Nación 2025, donde se evalúa el desempeño ambiental de Costa Rica durante 2024 e inicios de 2025.

Chacón señaló que los hallazgos presentados en el informe son más amplios que los expuestos durante la presentación oficial, e incluyen investigaciones relacionadas con degradación de ecosistemas, gobernanza ambiental, presiones socioeconómicas y cambios institucionales relevantes.

Además:

  • Puso a disposición el informe completo y cada uno de sus capítulos a través del enlace oficial:
    https://estadonacion.or.cr/informes/

  • Subrayó que estos estudios son un insumo para la discusión informada, la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones.

  • Agradeció las sugerencias enviadas por Levy, asegurando que se tomarán en cuenta para la futura agenda de investigación del programa.

Un tema que requiere atención nacional

Con el intercambio, queda definido que existe un debate abierto y necesario sobre el papel de las instituciones judiciales en la protección de derechos ambientales y sobre los desafíos estructurales que enfrenta el país en materia de gobernanza ecológica.

Mientras tanto, el llamado desde la sociedad civil es a vigilar los retrocesos, a fortalecer la justicia ambiental y a asegurar que la evidencia científica —como la contenida en el Informe Estado de la Nación— contribuya a decisiones públicas que protejan los ecosistemas, las comunidades y los bienes comunes.

Imagen: https://ojoalclima.com

Voces y Política y Kioscos Socioambientales: dos aniversarios que marcan la Acción Social universitaria

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica – 7 de octubre de 2025.
La Universidad de Costa Rica celebra este año dos aniversarios que reflejan su compromiso con la Acción Social: el Programa Kioscos Socioambientales, con 18 años de trabajo junto a comunidades, y el programa de radio Voces y Política, que llega a sus 20 años al aire, de los cuales una década ha sido compartida en alianza con Kioscos.

Ambos espacios se han consolidado como puentes entre universidad y comunidades, plataformas para visibilizar voces y territorios que con frecuencia quedan al margen de los grandes medios.

La celebración conjunta de estos aniversarios se realizará el miércoles 8 de octubre a las 5:00 p.m. en el programa Voces y Política, transmitido por Radio Universidad 96.7 FM y en sus redes sociales.

El Programa Kioscos Socioambientales nació en 2007 en el marco de la lucha contra el TLC con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, cuando la UCR impulsó los “Kioscos Informativos” para llevar conocimiento crítico a más de cien comunidades. Con los años, evolucionó hacia un trabajo sostenido de acompañamiento a comunidades indígenas, campesinas, costeras y migrantes en regiones como Talamanca, el Caribe Norte, la Zona Norte y el Pacífico Sur.

En 2011 se consolidó como programa permanente, integrando docencia, investigación y acción social. Desde entonces ha generado vínculos profundos con diversos territorios, incidencia en políticas públicas y articulación a nivel latinoamericano en temas como ecología política, pedagogías críticas, derechos humanos y territorialidad. Su trayectoria también se refleja en la producción de materiales socioeducativos, audiovisuales, cartografías y publicaciones.

Para la coordinadora del Programa, Mdh. Dylanna Rodríguez Núñez, “Kioscos Socioambientales es el resultado de 18 años de trabajo colectivo entre universidad y comunidades, en defensa del territorio, la justicia social y ambiental, mediante procesos que ponen en el centro lo común y lo colectivo por encima de valores que apuestan al individualismo y la competitividad. Su historia refleja la importancia de que la Acción Social universitaria no solo acompañe procesos locales, sino que se constituya en una voz crítica frente a los conflictos socioambientales del país”.

Por su parte, Voces y Política nació en 2005, impulsado por las emisoras culturales de la UCR bajo la dirección de Giselle Boza Solano, con el sociólogo Manuel Rojas Bolaños y el periodista Elbert Durán Hidalgo. El programa se planteó como un espacio para ofrecer análisis político documentado, plural y responsable, en contribución a la democratización de la información y al fortalecimiento de la opinión pública.

En dos décadas ininterrumpidas ha acumulado más de 920 emisiones y 1.840 invitados, con la participación de cerca de 20 locutores, productores y equipos de apoyo. Desde hace diez años forma parte de la Vicerrectoría de Acción Social, en articulación con la Escuela de Ciencias Políticas, Kioscos Socioambientales y, más recientemente, la Escuela de Estudios Generales.

Hoy, Voces y Política combina las voces universitarias con las de comunidades rurales, costeras y transfronterizas, consolidándose como un espacio radiofónico que conecta la academia con la realidad social y política del país, siempre con espíritu crítico y vocación pública.

Estos aniversarios reafirman la misión transformadora de la Universidad de Costa Rica y su compromiso de articular saberes con las comunidades, fortalecer la Acción Social y posicionar una voz crítica frente a los desafíos nacionales.

Rechazo ciudadano a la “basurización” en Montes de Oro

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Presentan recurso de revocatoria contra permiso de construcción

La comunidad de Montes de Oro y los grupos de Miramar alzaron la voz ante la amenaza de que el cantón se convierta en sede de un tercer basurero. Vecinas y vecinos rechazan que su territorio cargue con el triste récord de ser el cantón con mayor número de estos proyectos, sin importar cómo se les denomine: vertederos, rellenos o “parques tecnológicos”. El mensaje es firme y unánime: Montes de Oro no acepta ser un territorio de mayor sacrificio.

En el cantón ya existe un vertedero abandonado por la Municipalidad de Puntarenas, además de un relleno sanitario operado por el Grupo Rabsa. A estos impactos se suman los pasivos ambientales de la mina Bellavista y de la minería subterránea e ilegal que ha generado afectaciones por décadas.

Por ello, desde hace más de quince años la población ha resistido la instalación del Parque de Tecnología Ambiental Galagarza, impulsado por EBI de Costa Rica S.A. El día de ayer se presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el permiso de construcción otorgado por la Municipalidad de Montes de Oro el pasado 24 de setiembre. El recurso fue suscrito por 111 habitantes, entre ellos más de 60 residentes de Zagala Vieja, la comunidad más cercana al proyecto según el Estudio de Impacto Ambiental.

El documento cuestiona que el permiso municipal fue emitido sin verificar requisitos obligatorios que resguardan la salud, los ríos y la seguridad de la población:

● La autorización sectorial para instalar y operar el tanque de autoconsumo de combustibles (competencia del MINAE–DGTCC).

● El permiso de vertidos para aguas residuales tratadas (competencia del Ministerio de Salud).

● La verificación del alineamiento del INVU respecto a cuerpos de agua cercanos.

● El uso de un plano catastral desactualizado, con incongruencias de más de 67.000 m² frente a la realidad registral.

Las y los representantes comunales también cuestionaron que el permiso no fue comunicado públicamente por la Municipalidad, a pesar de tratarse de un tema de alto interés local. La comunidad se enteró informalmente dos días después de emitido, lo que obligó a elaborar el recurso y recolectar firmas casa por casa en un plazo muy corto.

Para las personas firmantes, Montes de Oro merece decisiones responsables, transparentes y alineadas con el bien común. Este recurso no es solo un trámite legal: es un acto de defensa colectiva, una exigencia de justicia ambiental y una señal clara de que la comunidad está despierta y organizada.

Este permiso, otorgado por la municipalidad y apelado por la comunidad, se inscribe en un conflicto que ha generado una fuerte oposición ciudadana (ver cronología del caso). Dicha resistencia se fundamenta en los cuestionamientos sobre el proceso de otorgamiento de permisos, los antecedentes de malos manejos en otros rellenos operados por la misma empresa en distintos lugares del país, así como en la débil capacidad de fiscalización de las autoridades locales.

Antecedentes de la “basurización” en Montes de Oro

El relleno sanitario Ecoindustrial Miramar, operado por el Grupo Rabsa, inició en 2017 pese al rechazo de la comunidad. Desde entonces, el cantón recibe miles de toneladas de desechos del Gran Área Metropolitana y de más de 30 municipios y empresas privadas, con fuertes tensiones sociales y ambientales.

En Montes de Oro, la oposición comunitaria ha sido constante: recursos de amparo, apelaciones en SETENA y MINAE, y múltiples acciones legales. Estas luchas fueron lideradas inicialmente por el Comité Oromontano Pro Ambiente y, desde 2024, asumidas por la Asociación Civil Pro Natura, que hoy articula esfuerzos legales, organizativos y de comunicación.

La Asociación Pro Natura insiste en que la verdadera alternativa es el cumplimiento de la Ley 8839 de Gestión Integral de Residuos, junto con procesos de educación, organización y construcción de alternativas sustentables que fortalezcan el tejido social y ambiental del cantón.

Cronología del caso PTA Galagarza

2009 – Proyecto obtiene viabilidad ambiental (Exp. D1-1375-2007).

2021 – Nueva tramitación de viabilidad ambiental (Exp. D1-0635-2021).

Dic. 2022 – SETENA otorga viabilidad ambiental (Res. N° 2032-2022).

Mayo 2023 – Sala Constitucional anula viabilidad y ordena audiencia pública (Sent. N° 2023-11236).

Sept. 2023 – Audiencia pública sobre el proyecto.

Dic. 2023 – SETENA vuelve a otorgar viabilidad ambiental (Res. N° 2031-2023).

Marzo 2024 – Sala IV ordena acceso al expediente (Amparo N° 24-011161-0007-CO).

Abril 2024 – Se otorga permiso de construcción previo al cambio de administración municipal.

Mayo 2024 – Alcalde acoge recurso de apelación y anula el permiso de construcción.

Ene.–Mayo 2024 – Reuniones con diputaciones y carta pública al Ministro de Ambiente.

Marzo 2025 – Tribunal Contencioso Administrativo emite Sent. N° 2025002232.

Mayo 2025 – Regidores presentan moción para devolver facultades a funcionaria municipal.

Julio 2025 – Resolución N° 09-2025 levanta recusación.

Julio 2025 – Resolución N° 10-2025 aclara que no se puede autorizar el permiso.

Julio 2025 – Encargada de Desarrollo Urbano desconoce orden del alcalde.

Ago. 2025 – 14 municipalidades se pronuncian contra Decreto Ejecutivo N° 44974-S.

Ago. 2025 – Ministra de Salud advierte emergencia nacional por gestión de residuos.

Ago. 2025 – Asociación Pro Natura expone ante el Concejo Municipal el estado del proyecto (ver sesión a partir del minuto 1:19:00 en https://www.youtube.com/live/PyWwJr56fro?si=x-VAuRAHwYKY7iT-)

Con apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social, Universidad de Costa Rica.

Comunidades alertan de proyecto de Hidrógeno verde en el Pacífico Central

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Comunidades como Punta Morales, Coyolito, Morales, Costa de Pájaros, Lagartos, Judas y Chomes, alertan que desde hace algunos meses han recibido visitas al parecer de la empresa estadounidense DLZ promotora de un proyecto de Hidrógeno Verde en el Pacífico Central del país. En dichas visitas a la zona, vecinas y vecinos señalan que se han realizado mediciones de propiedades desde Finca La Culebra en Abangares hasta las instalaciones de Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA) en Punta Morales.

¿Qué es el Hidrógeno verde (H2)?

Es una fuente de energía producida a partir de agua mediante electrólisis utilizando electricidad de fuentes como la solar o eólica.

La electrólisis es un proceso químico que utiliza electricidad para descomponer una sustancia. En el caso del hidrógeno, la electrólisis se usa para separar el agua (H₂O) en hidrógeno (H₂) y oxígeno (O₂).

¿H2 verde en Costa Rica?

En el 2022 el actual ministro de Ambiente Franz Tattenbach presentó la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde de Costa Rica 2022-2050, según reza el documento oficial:

“la presente Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde ha sido desarrollada en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, quien ha sido un aliado de Costa Rica en la exploración del hidrógeno como un energético y que ha financiado estudios como el Análisis del mercado global de hidrógeno verde: el potencial de participación de Costa Rica en dicho mercado y estimaciones asociadas a su impacto macroeconómico, desarrollado en 2021, y que ha servido como fuente de datos para esta Estrategia.” Además, “incluye intervenciones estratégicas, indicadores y metas, además, pretende atender las brechas regulatorias, técnicas, financieras, nuevos talentos y capacidades para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en Costa Rica”

La estrategia plantea que para el 2030, se prevé una capacidad instalada de electrolizadores y proyectos en desarrollo entre 0,15 y 0,50 GW y una serie de hitos en el sector industrial y el transporte, para los cuales será preciso movilizar inversiones potenciales estimadas en 1100 millones de dólares, durante el periodo 2022-2030.

Según señala la Plataforma, en el 2024 se aprobó un proyecto de € 25 000 000, que le permitirá a Costa Rica invertir en el desarrollo del hidrógeno verde.

Queda claro que el desarrollo del proyecto en la zona mencionada forma parte de los planes de esta estrategia.

¿Por qué las comunidades alertan?

Primero, organizaciones locales han visibilizado en reiteras ocasiones, la falta de agua que hay en la zona principalmente en época seca, sobre todo por prácticas extractivistas que se dan en los ríos de la zona como el Guacimal, Lagartos y Abangares, tales como proyectos de riego y quebradores.

Un caso reciente es el de las comunidades Orocú y Santa Juana en Chomes, las cuales, llevan más de 15 días sin agua ante la saturación del pozo por los sedimentos resultantes de otras actividades extractivas como los quebradores y proyectos de riego.

Para el proyecto de hidrógeno mencionado, se requiere la electrólisis, la cual utiliza agua purificada en enormes cantidades, es decir, que requerirán consumos elevados del agua local, la pregunta que resalta es ¿no hay agua para las comunidades, pero sí para las empresas? Estos proyectos extractivistas que se implantan no solo representan un problema ambiental sino de acceso humano al agua como recurso vital.

Segundo, preocupa en gran medida la seguridad de la infraestructura requerida, como: electrolizadores, tanques de almacenamiento, tuberías y sistemas de transporte. Toda esta infraestructura atravesará comunidades con alto nivel de vulnerabilidad pues el hidrógeno al ser el elemento más liviano y difícil de contener puede fugarse fácilmente y es inflamable, así como explosivo. Las fugas de hidrógeno pueden ser invisibles y difíciles de detectar, aumentando el riesgo en entornos industriales.

Las comunidades están claras que el discurso de “más empleo y desarrollo” es solo una patraña más de los enclaves extractivos. Señalan que la etiqueta de verde o greenwashing se usa engañosamente y culpan a las instituciones responsables como el MINAE y la SETENA por seguir permitiendo que proyectos privados se impongan por encima de los intereses y bienestar de la población que habita los territorios.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Las luchas por los ríos confluyeron en el encuentro social Jäküii-Pacuare 20+

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Esteban Barquero (Instituto Monteverde)
Dany Villalobos (Coordinador CBPC)

El pasado 29 y 30 de agosto en Bajo Pacuare de Turrialba, se realizó el encuentro Jäküii- Pacuare +20 +10, para conmemorar el 20 aniversario del plebiscito que liberó al río Jäküii-Pacuare de represas. Este plebiscito fue realizado en el año 2005 en el cantón de Turrialba con una victoria aplastante del 97% en favor del río y en contra de las represas.

Para este encuentro el Instituto Monteverde y el Corredor Biológico Pájaro Campana (CBPC) facilitaron la participación de una delegación de siete personas de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas como organización referente en la defensa de los ríos en los distritos rurales de Puntarenas.

La delegación estaba compuesta por representantes del proyecto Venas del Bosque en Monteverde, la Asociación COMUNIDADES de Guacimal y Santa Rosa, la ASADA de Punta Morales, y el Subcomité de Chomes, así como el Coordinador del CBPC, quienes compartieron información sobre las amenazas ambientales en las cuencas de los ríos Guacimal y Lagarto.

En el encuentro se realizaron actividades de intercambio de la historia de las comunidades que luchan por proteger los ríos en diferentes zonas del país. Participaron otras delegaciones de la Zona Sur, Talamanca y territorio indígenas Brörán, Yimba Cájc, Salitre, Sepecue y territorios Cabécares que habitan alrededor del río Jäküii y Duchí.

También hubo espacios informativos con investigadores expertos sobre las transformaciones y presiones que enfrenta el sistema eléctrico nacional, sobre todo por los intereses privados en el ámbito de la generación eléctrica, que aspiran a lucrar con el Mercado Eléctrico Regional (MER).

Sumado a esto, se enfatizó en la importancia de la soberanía energética y el derecho humano a la energía como orientadores para un modelo eléctrico justo, frente a la privatización y el lucro que plantea el modelo de libre mercado, que busca hacer negocios jugosos con un crecimiento insostenible de la demanda de grandes consumidores regionales.

Hacia el cierre del evento, se realizó una visita a la escuela de Nimarí Ñak para realizar reflexiones finales sobre el problema de las represas, quebradores, sobreexplotación del agua, contaminación y otras amenazas a los ríos como ecosistemas. El cierre se realizó a las orillas del río Jäküii-Pacuare con la consigna principal de que el río será libre para siempre..

Contexto de los ríos en el CBPC

Igual que en el resto del país, los ríos del área del CBPC enfrentan amenazas al equilibrio de su ciclo ecológico. En la parte alta se realizan esfuerzos para proteger las nacientes y quebradas que originan los ríos y que están sometidas a una alta presión por la expansión turística e inmobiliaria, que a su vez genera una alta cantidad de aguas grises que hasta hoy han carecido de un tratamiento adecuado, contaminando el río Guacimal.

En la parte media y baja de las cuencas, la captación excesiva de agua para actividades como el riego han generado los principales conflictos, por aumentar la sequía, los usos recreativos y la condición de estrés hídrico en los meses más secos. Estas situaciones se han presentado principalmente en los ríos Veracruz, Acapulco, Aranjuecito, Guacimal, Lagarto, Abangares y Aranjuez.

Otra amenaza actual son las concesiones mineras en cauce de dominio público de los ríos, para procesar materiales de construcción. En todos los ríos del CBPC existen 10 o más solicitudes de concesión con fines de lucro (algunas ya aprobadas), cada una equivalente a una sección de 2 km dentro del cauce, que en suma abarcarían 20 km de extracción lineal de materiales en cada uno de ellos, devastando la biodiversidad y la función ecológica de conectividad acuática de los ríos como hábitat de multitud de especies.

Actualmente las organizaciones comunales de Guacimal y Chomes gestionan medidas para defender sus ríos. Una de estas medidas es una campaña de rotulación para el río Guacimal, destacando su valor histórico, cultural y ecológico para las comunidades, ya que las empresas evaden las consultas o dar información sobre sus proyectos, afectando zonas recreativas, el equilibrio ecológico del caudal, y las fuentes de agua de los pueblos.

La Alianza de Comunidades está comprometida con mantener la lucha por los ríos sanos en Puntarenas y seguir uniendo personas en esta causa. Además, se solidariza con las causas vigentes que defienden la justicia ambiental, económica y social de las comunidades, pueblos y territorios indígenas en todo el país, y se compromete a seguir cooperando para recuperar los ríos degradados y amenazados por proyectos extractivos y privatizadores.

Conclusiones:

El desafío ambiental en materia de ríos trasciende fronteras regionales y nacionales, por este motivo es fundamental seguir colaborando en las estrategias sociales para reivindicar los derechos de las comunidades, el ambiente y los ríos, así como el fortalecimiento de liderazgos, involucramiento de la juventud y la niñez para multiplicar la conciencia y garantizar el uso sostenible y cuido de los ríos y sus funciones ecológicas.

Se destaca la importancia de la gestión de los corredores biológicos como estrategia pública para atender la conectividad y el equilibrio en las cuencas hidrográficas, propiciando la participación activa de la población en temas ambientales. La educación ambiental y la inversión en acciones multiplicadoras serán esenciales para asegurar la efectividad de las metas del CBPC en materia de protección hídrica.

Talamanca: Municipalidad cobra permisos mientras la naturaleza se derrumba

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

El Observatorio de Bienes Comunes de la UCR destaca: Las recientes actuaciones de la Municipalidad de Talamanca muestran un patrón preocupante: las clausuras y operativos en la zona costera no buscan frenar el daño ambiental, sino regularizar permisos y garantizar pagos. Esto confirma que la recaudación fiscal se ha convertido en el verdadero motor de la gestión municipal.

Casos como los ocurridos en Flor de China y Beach Break evidencian que, aun en terrenos públicos o con órdenes de demolición, basta con tener permisos al día para continuar construcciones que afectan playas, quebradas y humedales. En ninguno de los casos el enfoque estuvo en la conservación, sino en la formalidad del trámite.

El resultado es un modelo territorial que legitima construcciones ilegales y rellenos en ecosistemas frágiles, mientras se incrementa la presión inmobiliaria y turística. En la práctica, la naturaleza queda reducida a un requisito burocrático, relegada frente a los intereses económicos.

Puede leer la nota completa en el siguiente enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/municipalidad-cobra-permisos-mientras-la-naturaleza-se-derrumba/

Taller brindará herramientas para el análisis crítico de propuestas socioambientales de cara a las elecciones 2026

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Con el objetivo de desmontar narrativas dominantes, visibilizar resistencias socio territoriales y fortalecer las herramientas de análisis colectivo frente al proceso electoral que se avecina, se llevará a cabo el curso-taller “Elecciones 2026: herramientas para la lectura crítica de propuestas socioambientales”.

Este curso se realizará de forma presencial en la Universidad de Costa Rica, San Pedro, los días del 8 al 29 de agosto y el 5 de septiembre de 2025, en horario de 9:00 a.m. a 12:00 md. Está dirigido a personas integrantes de colectivos, organizaciones y público en general interesado en la defensa del territorio y los bienes comunes.

El cupo del curso es limitado. Las inscripciones estarán abiertas del 11 de julio al 4 de agosto, mediante el formulario disponible en:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN5ozBJq9Ms5YzWkxx6yso-1fjCZQ1lH-KKcacwuNLd_wwhw/viewformhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN5ozBJq9Ms5YzWkxx6yso-1fjCZQ1lH-KKcacwuNLd_wwhw/viewform

Para más información, se puede visitar el sitio web:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/convocatoria-elecciones-2026-curso-taller-para-leer-criticamente-las-propuestas-socioambientales/

Esta iniciativa es organizada por el CIEP-UCR, Kioscos Socioambientales, el Observatorio de Bienes Comunes y La Caja de Herramientas.

Rumbo a la convención del Partido Frente Amplio

Escrito en . Publicado en Derechos.

Irené Barrantes Jiménez
Precandidata por Alajuela

El Partido Frente Amplio en este momento se encuentra en camino hacia la Convención Interna, a celebrarse el 3 de agosto de 2025, en cada cantón del país. Acto político pionero con profundo sentido democrático, donde cada persona adscrita al partido significa un voto, en esta convención se le permite a cada persona que se encuentre en el padrón interno, ejercer el voto directo para elegir a quienes serán candidatas a diputación por cada provincia, durante las elecciones nacionales de febrero 2026.

Aprovecho este espacio valioso de comunicación alternativa para colocar una posición sobre mi visión como precandidata por el segundo lugar a diputada por el Partido Frente Amplio Alajuela, sobre este proceso de convención. Y escribo, sobre todo, porque me atraviesa el sentido de compañerismo como mujer política frenteamplista, donde el resto de las personas precandidatas que disputamos, hombres, el primer lugar, y mujeres el segundo lugar, son mis pares y nos une la visión País.

Este domingo 3 de agosto volvemos a ser un frente común, que recorre barrios, territorios: tanto los que habitamos, como territorios virtuales, llamando a la defensa de la democracia costarricense, porque estamos en una encrucijada donde cada uno de nuestros votos, serán para nuestro único candidato: Ariel Robles Barrantes, y para nuestras diputaciones electas popularmente. Este acto garantizará al pueblo sentipensante costarricense tener un Frente que trabaje codo a codo para la defensa de las Garantías sociales, los derechos humanos para todas las personas, la justicia ambiental, la vida digna llena de esperanza.

En momentos donde una elección democrática nos puede colocar bajo la tiranía de un partido articulado bajo la manipulación de Rodrigo Chaves, quien representa la esencia del poder violento y dictatorial en favor de las personas y empresas transnacionales más adineradas, la unión del pueblo costarricense en defensa de la democracia es requerida.

En mi caso trabajo desde los 15 años en los movimientos sociales siendo mi primer espacio la articulación con el movimiento ecologista costarricense mi primer frente era por salvar la vida, posteriormente las distintas carreras que estudié y el ejercicio de la docencia me llevaron a una trayectoria de 20 años trabajando por las mujeres y sus comunidades, porque los derechos humanos de las mujeres y niñas también son derechos. He comprendido que la violencia contra las mujeres, la desigualdad, la pobreza tienen su origen en el Estado construido desde el machismo y la colonialidad del poder de origen genocida español contra los pueblos indígenas de nuestros países. Pero también comprendí en el poder transformador de la colectividad.

En este momento decidí sumarme a esta precandidatura, bajarle el volumen a la lucha por los derechos humanos de las mujeres y sus comunidades, y subirle el volumen a la defensa de la democracia, súmese usted también.

Próximas fechas para conocer nuestras propuestas:

San Carlos, presencial, domingo 13 de julio de 2025, 10:00 am, en las instalaciones del Salón Comunal de la Asociación de Desarrollo de Barrio Coocique.

En el adjunto dejo a su consideración el enlace para conocer mis propuestas, Precandidaturas – Frente Amplio y aporto otro enlace para revisar a quienes seremos personas candidatas por la provincia de Alajuela: Precandidaturas – Frente Amplio

Pronunciamiento Ecofeminista

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

El modelo extractivista que rige el desarrollo en Costa Rica se sostiene sobre una lógica de explotación que somete tanto a la naturaleza como a los cuerpos de las mujeres. La misma mentalidad que permite la destrucción de bosques, ríos, mares y territorios en nombre del «progreso» es la que reduce a las mujeres a meros recursos dentro de un sistema económico que invisibiliza sus aportes y precariza sus vidas. En este 8 de marzo, denunciamos que la devastación ambiental y la opresión de las mujeres son dos caras de un mismo sistema patriarcal y colonial que debe ser desmontado.

El derecho a un ambiente sano es un derecho humano fundamental, pero su acceso no es equitativo. Las mujeres, especialmente en comunidades rurales, costeras y las mujeres indígenas en las recuperaciones de tierra, enfrentan mayores obstáculos para acceder a recursos naturales, tierras, mares y agua potable, a pesar de que son ellas quienes sostienen las economías de cuidado y la producción de alimentos. La justicia ambiental no puede lograrse sin justicia de género; por ello, exigimos políticas públicas que garanticen la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones ambientales y que reconozcan su rol esencial en la conservación de la biodiversidad y la protección de los bienes comunes.

Las mujeres en Costa Rica han estado al frente de innumerables luchas por la defensa del agua, los bosques, los mares y la soberanía de sus comunidades, enfrentándose a megaproyectos mineros, monocultivos y la expansión turística descontrolada. Sin embargo, muchas de ellas sufren amenazas, violencia y criminalización por resistir. Casos emblemáticos como el de María del Mar Cordero, asesinada en 1994 junto a otros ambientalistas de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO), evidencian los riesgos que enfrentan las defensoras del medio ambiente en el país. De igual manera, la canadiense Kimberly Blackwell, reconocida por su trabajo en conservación, fue asesinada en su casa en Costa Rica en 2011.

La criminalización y las amenazas contra defensoras ambientales en Costa Rica son estrategias de intimidación utilizadas para silenciar la protesta y frenar la denuncia contra industrias extractivas. Casos como el de Sonia Torres, enjuiciada por la minera Posesiones Gran Galaxie S.A., o Marta Blanco, demandada por Ríos Minerales, evidencian esta realidad.

Las agresiones también incluyen ataques directos, como el sufrido por Erlinda Quesada, quien fue blanco de una bomba casera, después de una acción en la Ruta 32, tras denunciar el comercio ilegal de madera. Asimismo, activistas como Anacristina Rossi, Patricia Sánchez Lurueña, Marianela Fournier, Marta Castro Bolaños, y Kiana Waltraud, han recibido amenazas por su lucha en defensa del Refugio Gandoca-Manzanillo y la denuncia de proyectos destructivos.

Estos casos reflejan el riesgo que enfrentan las mujeres que defienden el medio ambiente y la urgencia de garantizar su seguridad y reconocimiento, y reflejan la impunidad que rodea la violencia contra defensoras ambientales y la urgencia de medidas de protección.

Este 8 de marzo, exigimos garantías para la seguridad de las defensoras ambientales, así como el reconocimiento de su labor como un pilar fundamental para la sostenibilidad del país. No puede haber justicia climática sin protección para quienes arriesgan sus vidas por el planeta.

El cambio climático no afecta a todas las personas por igual. En Costa Rica, las mujeres de comunidades costeras y rurales son de las más golpeadas por la erosión, la sequía y los desastres naturales que ponen en riesgo su seguridad alimentaria, su vivienda y su salud. Sin embargo, las estrategias gubernamentales siguen ignorando este impacto diferenciado, perpetuando la desigualdad de género en la crisis ecológica. Demandamos políticas climáticas con enfoque de género que atiendan las necesidades de las mujeres, fomenten su autonomía económica y garanticen su acceso a recursos esenciales.

Frente a la crisis ambiental y social, las mujeres han construido alternativas basadas en el cuidado de la vida, la agroecología y el manejo comunitario de los recursos naturales. Las redes de mujeres productoras, las guardianas de semillas y las defensoras de la soberanía alimentaria demuestran que es posible otro modelo de desarrollo, uno basado en la regeneración de la naturaleza y la equidad social. Apostamos por una economía feminista y ecológica que ponga en el centro la vida y no la acumulación de riqueza; una economía que valore el trabajo de las mujeres y su conocimiento ancestral para la protección de los ecosistemas.

Bloqueazul

Bloqueverde

Defensores de la Casa Común

Eco Bichotas

COVIRENA Caribe Sur

Costa Rica por el Océano

Grupo Organizado de Cabuya, Montezuma

Talamanca Siempre Verde

ProBae Cuencas Hidrológicas Ojo de Agua, Belén