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Etiqueta: justicia ambiental

Manifiesto sobre la crisis ecológica derivada de fumigaciones agrícolas en la región Caribe

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Diciembre 2025 – Costa Rica

El Parlamento Cívico Ambiental, en representación de las 39 organizaciones que componemos este foro, nos unimos a las comunidades, científicos, pescadores artesanales, guardianes territoriales y ciudadanos comprometidos con la defensa de los ecosistemas de Costa Rica, en declarar nuestra profunda alarma y condena ante la reciente mortandad masiva de peces, aves y cocodrilos registrada en Barra de Pacuare, Laguna Madre de Dios y zonas aledañas de la costa Caribe.

Este episodio, denunciado públicamente por comunidades locales y registrado en fotografías y testimonios directos, no constituye un hecho aislado, sino la expresión más reciente de un patrón histórico de contaminación asociado al uso indiscriminado de pesticidas, fungicidas y agroquímicos altamente tóxicos provenientes de plantaciones bananeras y piñeras cuyos sistemas de drenaje colapsan o rebalsan con las lluvias.

Denunciamos

  • La existencia de un modelo agrícola industrial en el Caribe costarricense en este caso, pero presente en otros lugares del país también, que, desde hace décadas, envenena ríos, lagunas, humedales y mares, vulnerando derechos humanos, comunitarios y ambientales fundamentales.

  • La falta sistemática de controles efectivos por parte del Estado, permitiendo que corporaciones agrícolas operen bajo esquemas que priorizan su rentabilidad sobre la salud pública y la integridad ecológica.

  • El silencio institucional y la negligencia que, pese a reportes recurrentes, ha normalizado la muerte de fauna silvestre, la afectación a trabajadores y la contaminación de acuíferos y zonas de reproducción de peces.

Esta tragedia ocurre precisamente durante periodos de desove, intensificando el riesgo de colapso pesquero para comunidades que dependen del mar, de los humedales para su sustento y el alto riesgo de envenenamiento de comunidades aledañas y vida silvestre, por el consumo de peces contaminados.

Razón por la que exigimos

  1. Una investigación inmediata, independiente y con participación ciudadana liderada por la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, que determine las causas exactas, la cadena de responsabilidades y las consecuencias ecológicas y socioeconómicas del evento.

  2. La suspensión temporal de fumigaciones aéreas y terrestres en zonas donde existan riesgos de escorrentía hacia cuerpos de agua, mientras avanza la investigación.

  3. La aplicación estricta del principio precautorio, incorporando monitoreo permanente de calidad de agua en ríos, canales y lagunas.

  4. Sanciones ejemplares a las personas o empresas responsables del vertido o manejo inadecuado de químicos por parte de las instancias gubernamentales y judiciales que deben cumplir con su deber de hacerlo.

  5. La acción y seguimiento urgente por parte de la Asamblea Legislativa de los proyectos de ley que regulen estas actividades y castiguen con mayor severidad acciones como éstas.

  6. La formulación de un Plan Nacional de Transición Agroecológica que erradique gradualmente los insumos que hoy ponen en riesgo la vida silvestre y humana.

Y reafirmamos

  • Que la salud de los ecosistemas es inseparable de la salud del país.

  • Que Costa Rica no puede seguir sosteniendo una reputación ambientalista mientras tolera prácticas agrícolas que destruyen su biodiversidad y envenenan a su gente.

  • Que la protección de la vida marina, de los humedales y de las especies emblemáticas del Caribe no es opcional: es un deber moral, constitucional (conforme lo establece nuestro Artículo 50 de la Constitución Política) y generacional.

Proclamamos

Este manifiesto se eleva en nombre de la vida silvestre asesinada de las comunidades que han soportado décadas de toxicidad impuesta, de los pescadores que hoy ven morir los ciclos que sostienen su economía y cultura, y de todos los costarricenses que exigen un país coherente, justo y verdaderamente comprometido con la protección ambiental.

El Parlamento Cívico Ambiental pone este documento a disposición de las organizaciones, asociaciones pesqueras y colectivos territoriales para su validación, adhesión y fortalecimiento.

Porque sin agua limpia, no hay vida, porque sin vida silvestre, no hay futuro y
porque sin justicia ambiental, no hay una Costa Rica como la que anhelamos

Acordado el 6 de diciembre de 2025 por votación unánime.

Por el Parlamento Cívico Ambiental:

Bernardo Aguilar González. Presidencia
Victoria Rudín Vega. Vicepresidencia
Oscar Moya Cantero. Primera Secretaría
Patricia Corrales López. Segunda Secretaría a.i.

Repensando los Futuros Agrarios a través de la Acción Local (ReAL) en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Olivia Sylvester
Universidad para la Paz

En América Latina y el Caribe (ALC), la extrema desigualdad en el acceso y control de la tierra es alarmante. Debido a esta y otras graves inequidades, la FAO, los estados, agricultores, activistas y académicos se reunirán en 2026 para debatir las agendas globales en torno a la reforma agraria, en la conferencia internacional ICARRD+20. Costa Rica es uno de los países de ALC que enfrenta graves inequidades en el acceso a la tierra; más específicamente, el estado no ha reconocido plenamente los territorios tradicionales de los pueblos originarios; aún existe una ocupación ilegal en tierras de los pueblos por parte de los colonos, a pesar de la existencia de leyes que exigen al estado indemnizar ocupantes no-indígenas para devolver las tierras a manos indígenas.

Ante las violaciones de los derechos indígenas y el acceso desigual a la tierra, es importante reconocer el trabajo que realizan diariamente los pueblos originarios para asegurar su acceso a la tierra, lo que garantiza acceso a la alimentación, continuidad cultural y la continuidad de las prácticas agrícolas sostenibles. Con apoyo del programa Water and Development Partnership del IHE Delft Institute for Water Education, tres grupos de mujeres están desarrollando proyectos relacionados con el acceso a la tierra, la soberanía alimentaria y el cuido del agua en un proyecto internacional llamado Repensando Futuros Agrarios a través de la Acción Local (ReAL). Este proyecto también apoya a mujeres agricultoras en Tamil Nadu, India, quienes trabajan en la gestión tradicional del agua para la soberanía alimentaria y la revitalización cultural.

Mujeres huetares compartiendo saberes tradicionales sobre la producción y preparación de comidas tradicionales, marzo 2025 (crédito fotográfico: Esmeralda Pérez Hernández).

En Costa Rica, en 2025, las mujeres huetares de Quitirrisí llevaron a cabo tres talleres sobre los siguientes temas: soberanía alimentaria, acceso al agua y transmisión intergeneracional del sabiduría originaria. En estos talleres, participaron personas de entre 15 y 60 años, quienes conversaron sobre la importancia no solo de compartir el conocimiento cultural, sino también de practicarlo en la vida cotidiana. Se prepararon y compartieron comidas tradicionales, como tortillas, chicha, zorrillo y chicasquil; se realizó un mapeo de los principales sitios culturales del cuido y acceso al agua, y se destacó temas de injusticia ambiental presentes en el territorio. Las mujeres de Quitirrisí también viajaron a Zapatón para intercambiar conocimientos sobre comidas y prácticas tradicionales con líderes huetares, durante el Festival Gastronómico Cultural Huetar.

Miembros del pueblo bribri practicando di’katǫ̀k, Alto Talamanca, abril de 2025 (crédito fotográfico: Alí García Segura).

Dentro el marco del proyecto, miembros del pueblo originario bribri eligieron revitalizar una práctica cultural clave llamada di’katö̀k, que podría traducirse literalmente como “comer agua” y suele traducirse como “seca del río”; sin embargo, estas traducciones simplifican en gran medida la profundidad de esta práctica cultural. Esta es una práctica que ocurre una vez al año; no obstante, por muchas razones, incluidas prohibiciones estatales, no se practica ampliamente. Durante esta revitalización, se compartió las prácticas de los mayores que guían este proceso, hablaron de cómo es una actividad en la que participan comunidades enteras, al punto de que nadie permanece en casa durante ese período. Durante di’katö̀k las personas comparten alimentos (como los bananos, la chicha, y el pescado), comparten conocimientos y también conversan sobre las preocupaciones comunitarias; por lo tanto, es también un espacio de resolución de conflictos. Practicar di’katö̀k forma parte de la gobernanza cultural, la transmisión de saberes, la soberanía alimentaria y es parte del modelo de desarrollo bribri.

Comidas tradicionales de las mujeres del pueblo brörán en su taller de soberanía alimentaria en diciembre de 2025 (crédito fotográfico: Olivia Sylvester).

En 2025, las mujeres brörán realizaron múltiples talleres sobre soberanía alimentaria indígena, los cuales se centraron en el acceso a la tierra, el conocimiento tradicional y el derecho a decidir sobre sus propios sistemas alimentarios. Se dialogó sobre la soberanía alimentaria como concepto esencial para la continuidad de su cultura y de la salud bröran, especialmente debido a la calidad actual de los alimentos disponibles en los supermercados locales, los cuales están llenos de pesticidas tóxicos. De suma importancia es el trabajo de las mujeres brörán quienes son defensoras de la tierra, quienes han recuperado territorios para garantizar el acceso a espacios culturales donde ellas puedan practicar la agricultura tradicional. Las mujeres brörán también están explorando diversos proyectos relacionados con la alimentación y las medicinas tradicionales que aseguran una mayor autonomía.

Estos tres proyectos son ejemplos de cómo las mujeres y los pueblos originarios están liderando los futuros agrarios mediante la acción local. Uno de los logros de este proyecto ha sido que las ideas para estas iniciativas surgieron de las mismas organizaciones de las mujeres y no fueron impuestas por entidades externas. A pesar de las inequidades en el acceso a la tierra, a pesar de la expansión de la agricultura industrial en Costa Rica – que elimina no solo la biodiversidad sino también la diversidad cultural – y a pesar de la falta de una implementación plena de los derechos de los pueblos originarios, las mujeres continúan luchando para mantener prácticas que promuevan el cuidado del agua y del territorio, la salud de los seres humanos y no humanos, y que defiendan la vida para toda la humanidad.

UCR conmemora a Personas Defensoras de los Territorios

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • Lunes 8 de diciembre – 10:00 a.m. Conector Biológico, antiguo parqueo de Ingeniería, junto a la Biblioteca Carlos Monge

En 2024, la Rectoría y el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, a solicitud del Programa Kioscos Socioambientales y otras instancias universitarias, con el acompañamiento de familiares y activistas, aprobaron el acuerdo institucional CU-19-2024, que establece que cada 7 de diciembre se realizarán actividades para honrar a las personas asesinadas por defender el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

La fecha fue seleccionada en memoria de los ecologistas Óscar Fallas Baldí, Jaime Bustamante Montaño y María del Mar Cordero Fernández, asesinados el 7 de diciembre de 1994 en un contexto de amenazas y violencia vinculada a la defensa del Golfo Dulce frente a la industrialización impulsada por la transnacional Stone Container.

La UCR ha señalado: “La Universidad reconoce que, a pesar del prestigio internacional de nuestro país por promover la sostenibilidad y la conservación del ambiente, las personas defensoras de los derechos humanos ambientales están expuestas a riesgos como amenazas, hostigamiento, persecución, estigmatización, aislamiento social, violencia física o política, e incluso la muerte”.

El año pasado, la Universidad colocó placas conmemorativas en honor a 12 personas defensoras del territorio, activistas, ecologistas e indígenas que perdieron la vida. Sus ausencias siguen siendo una herida en la memoria colectiva y un recordatorio del alto costo que implica proteger los territorios y los bienes comunes.

Este año, la UCR quiere reconocer a quienes continúan defendiendo la vida, enfrentando actualmente amenazas, criminalización y persecución derivadas de proyectos extractivistas y políticas de despojo. Son personas cuyo trabajo cotidiano sostiene luchas por el bien común, muchas veces sin reconocimiento público, pero con un impacto profundo en sus comunidades y ecosistemas.

Este acto busca renovar el compromiso institucional con la justicia, la memoria y la defensa de los derechos humanos, honrando a quienes resisten y cuidan los territorios.

Para el Programa Kioscos Socioambientales «es urgente que la sociedad costarricense reconozca estas violencias, se posicione frente a ellas y reivindique la importancia de las acciones de defensa que hoy sostienen muchas comunidades».

La actividad es abierta al público y contará con el acompañamiento de las autoridades universitarias, oficina Nacional del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y personas homenajeadas.

Federación ecologista elige nueva presidenta y analiza coyuntura electoral

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • FECON hace un llamado a votar con conciencia social, ambiental y en defensa de los ecosistemas que sostienen la vida, la economía, la salud; en defensa de la democracia y contra el autoritarismo.

(1 de diciembre 2025) La especialista en justicia climática Mariana Porras Rozas es la nueva presidenta de esta plataforma de articulación de organizaciones ecologistas de todo el país denominado Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON). La Federación que acoge a una decena de organizaciones ambientales y desde el año 1989 tiene la finalidad de ser una plataforma que lucha por la justicia ambiental.

Comunidades Ecologista La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica (CoecoCeiba-AT) es la organización de base de Mariana Porras Rozas. Ella proviene de los Guidos de Desamparados y desde niña sus padres la incluyeron actividades de juventudes impulsados por la extinta Asociación Ecologista Costarricense (AECO) en los años 90’s. Por lo cual, Porras acumula más de 30 años de formación y trabajo ecologista; lo que la han llevado también a liderar espacios dentro de Amigos de la Tierra América Latina (ATALC) y representar a Costa Rica en la Federación de Amigos de la Tierra Internacional.

La asamblea ecologista se desarrolló el pasado 29 de noviembre, la sede de este evento fue la Asociación. para la Conservación y Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú (CODECE) parte de la membresía de FECON desde sus inicios. Adicional a la asamblea FECON organizó un espacio de discusión con otras 16 organizaciones aliadas invitadas para discutir el panorama político-ambiental a escasos dos meses de la primera ronda electoral. Algunos puntos claves de la discusión fueron:

Costa Rica atraviesa una coyuntura especialmente delicada caracterizada por el recrudecimiento de tendencias autoritarias, el avance del crimen organizado dentro de múltiples esferas del poder político, empresarial y estatal; el desmantelamiento acelerado de la institucionalidad pública y el fortalecimiento de un modelo extractivista que profundiza desigualdades sociales, de género, territoriales y ambientales. Sumado a esto el ataque a las personas periodista y los medios de comunicación son síntomas de la deriva autoritaria y anti-democrática que vive el país. La combinación de estos factores conforma un escenario que impacta directamente las luchas por la justicia ambiental, la defensa de los territorios y la protección de los bienes comunes.

Se consolidan señales preocupantes de autoritarismo: ataques recurrentes de la Administración Rodrigo Chaves hacia otros poderes, instituciones y organizaciones. Discursos estigmatizantes contra sindicatos, universidades públicas, prensa, organizaciones sociales, ambientalistas, mujeres y comunidades indígenas, además del uso creciente de narrativas de criminalización.

Esta clausura democrática se expresan también en flexibilización de regulaciones ambientales, debilitamiento de comisiones técnicas, avance del monocultivo intensivo, turismo inmobiliario agresivo, gentrificación de territorios, y apertura de megaconstrucciones y privatización de áreas de alto valor ecosistémico, que evidencian procesos de despojo territorial, captura del Estado y presión sobre los bienes comunes, mientras comunidades y organizaciones locales cargan con la defensa cotidiana del agua, los bosques y la biodiversidad.

Un eje central de esta coyuntura es el debilitamiento estructural de la participación social en asuntos ambientales. La actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad es solo un ejemplo dentro de una tendencia más amplia: participación simbólica, acelerada y sin incorporación real de las voces territoriales.

La presión creciente de gentrificación, y un modelo de atracción de inversión sólo sabe avanzar erosionado derechos laborales, precarizando la vida rural y expandiéndose en forma de enclaves turísticos. Todo esto impacta directamente los ecosistemas, el acceso al agua, la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad y la soberanía alimentaria, al mismo tiempo que profundiza la desigualdad territorial y fractura comunidades enteras.

Esta coyuntura crítica afecta de manera diferenciada a mujeres rurales, juventudes, defensoras ambientales, pueblos originarios y comunidades empobrecidas, que sostienen la economía del cuidado, la producción de alimentos y la defensa de los territorios. Los retrocesos en derechos sexuales y reproductivos, la violencia patriarcal, el aumento del feminicidio y la criminalización de la protesta agravan la situación para quienes encabezan luchas territoriales y ambientales en condiciones de riesgo.

El desafío inmediato para el movimiento ecologista y para espacios como FECON consiste en comprender y combatir esta coyuntura como un fenómeno sistémico, fortalecer la articulación comunitaria y territorial, producir pensamiento crítico propio, y defender de manera integral la justicia ambiental, climática, territorial, económica, social y de género.

Por último, la Federación hace un llamado a votar con conciencia social, ambiental y en defensa de los ecosistemas que sostienen la vida, la economía, la salud; en defensa de la democracia y el autoritarismo. No es posible defender la biodiversidad, el agua y los bosques sin inconstitucionalidad democrática y derechos plenos para todas las personas.

Participación en el Encuentro Internacional de Comunidades Afectadas por Represas y Crisis Climática, Cumbre de los Pueblos y COP30. Belén, Brasil 5 – 15 noviembre 2025

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Jiri Spendlingwimmer / Movimiento Ríos Vivos Costa Rica

Brasil el “Gigante del Sur”

Brasil posee una superficie de 8 500 000 km2, una población de 215 millones de habitantes, aunque la lengua oficial es el portugués, se hablan más 300 lenguas indígenas, es el país #1 del continente en riqueza hídrica y biodiversidad, el bosque de las amazonas es de suma importancia para el clima del continente y el mundo.

Políticamente, Brasil es una de las potencias regionales del continente; en el contexto actual de disputa geopolítica mundial, el gobierno de PT y del presidente Lula buscan una mayor soberanía.

A nivel de movimientos sociales, por lo que conozco, la mayor fuerza de articulación del continente también se encuentra en Brasil, el “Gigante del Sur”.

Cumbre de los Pueblos y Encuentro Internacional de Comunidades Afectadas por Represas y Crisis Climática

La Cumbre de los Pueblos fue un importante evento, al cual acudieron representantes de más de 1000 organizaciones y 70 000 participantes de todo el mundo; la Cumbre de los Pueblos representa la alianza, alternativas y resistencias de los pueblos y organizaciones frente al poder de los gobiernos y las corporaciones presentes en la COP30.

En el Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica participamos en la Cumbre de los Pueblos por invitación del “Movimento dos Atingidos por Barragens” (MAB) de Brasil, una organización de base comunitaria con presencia en 21 de los 26 estados federados del Brasil, y el MAR, el Movimiento de Afectados por Represas, en el cual participan más de 40 organizaciones de 21 países del continente, incluyendo Costa Rica.

Así como la alianza BRICS en la cual participa Brasil y otros países latinoamericanos y potencias del sur global son una importancia alternativa al orden hegemónico desafiando el imperialismo de EE UU y el poder económico del bloque G7; a nivel de movimientos sociales el MAR presento oficialmente el 12 de noviembre del 2025 en la Amazonia Brasileña su proyecto de construcción del Movimiento Internacional de Poblaciones Afectadas por Represas, Crímenes Socioambientales y Crisis Climática con participación de 70 organizaciones de base de 60 países en los 5 continentes.

Como miembro de la organización nacional Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica me parece interesante e importante formar parte de estas nacientes estructuras contrahegemónicas surgidas en Brasil y Latinoamérica e impulsadas desde los países del sur.

Conclusión

El MAB y MAR son un ejemplo a seguir en cuanto a logros y objetivos que se pueden alcanzar cuando se trabaja con unión, organización y construcción de alianzas con organizaciones que comparten los mismos objetivos; esto es de suma importancia para contrarrestar la sociedad de hoy en día en la cual avanzan los valores de individualismo, mercantilización y competencia que promueve la cultura neoliberal, así como la economía capitalista de explotación de la naturaleza y el hombre.

Enlaces de interés

  • “Manifiesto y anuncio de la construcción del Movimiento Internacional de Poblaciones Afectadas por Represas, por los Crímenes Socioambientales, y la Crisis Climática”

https://marglobal.org/2025/11/13/manifiesto-publico-y-anuncio-de-la-edificacion-del-movimiento-internacional-de-poblaciones-afectadas/

Pronunciamiento en torno a la actividad minera de Abangares

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • Más de 50 organizaciones y personas alertan sobre proyecto de ley N.º 24.932

  • La norma permite la exportación de oro mediante declaraciones juradas, sin trazabilidad verificable.

  • El Gobierno y los diputados han favorecido sistemáticamente la actividad minera, sin atender los constantes indicios de ilegalidades, delitos y vínculos con el crimen organizado.

Este posicionamiento busca alertar sobre los riesgos que encierra la aprobación de una norma con ambigüedades y mecanismos permisivos. Se presenta un recuento de hechos documentados que evidencian cómo, en la práctica, Abangares ha operado como un espacio de legitimación de oro de origen cuestionable, amparado por leyes permisivas. Asimismo, se formulan exigencias técnicas, jurídicas y sociales, con el fin de que el Estado y la Asamblea Legislativa legislen en favor del bien común, y no en contra de este.

La intención de consolidar un modelo ambiental sin industrias extractivas contaminantes enfrenta un momento crítico. Por un lado, se impulsa la apertura minera en Cutris, y por otro, se busca consolidar la minería “artesanal” en Abangares, territorio históricamente asociado a la extracción de oro, con profundas consecuencias para el ambiente, la salud y la gobernanza territorial.

El proyecto de ley N.º 24.932 pretende institucionalizar y proteger la minería en esa zona, en un contexto de legislación débil, incumplida, sostenida mediante transitorios y vacíos de control normativo. El proyecto, tal como está planteado actualmente, no representa una regulación responsable ni una vía hacia la formalización segura de la minería artesanal. Los interesados en exportar oro desde Abangares, así como el propio Estado, han tenido catorce años para regularizar su operación, obtener concesiones vigentes y contar con estudios de impacto ambiental. Sin embargo, a pesar de las ganancias exorbitantes, ha resultado más fácil para ambos actores permitir una operación opaca, sin licencias ambientales ni cumplimiento del Convenio de Minamata.

El Gobierno y los diputados han favorecido sistemáticamente la actividad minera, sin atender los constantes indicios de ilegalidades, delitos y vínculos con el crimen organizado. Este proyecto no corrige esa tendencia; al contrario, institucionaliza la excepción, amplía los portillos normativos y favorece prácticas ilegales camufladas. Si se aprueba sin transformaciones profundas, Costa Rica podría consolidar la exportación de oro ilegal, con consecuencias reputacionales, sociales, ambientales y fiscales irreversibles.

Hechos críticos e irregularidades asociadas al proyecto:

• Marco legislativo capturado por incumplimiento y excepciones. Desde la Ley 8904 (2010) hasta las más recientes 9662, 10132 y 10375, las normas específicas que anteceden al proyecto actual han servido para prolongar concesiones, flexibilizar controles ambientales y permitir que la minería funcione bajo un régimen de desregulación continua. En la práctica, se ha incentivado la minería ilegal en Crucitas, Abangares y otros sitios donde se procesa material sin control. Estas extensiones han convertido la normativa en un mecanismo permisivo e ineficaz, alejado de una regulación transparente y estructural.

• Opacidad y riesgo de lavado de oro ilegal. La norma de permisividad -que este proyecto busca volver permanente- permite la exportación de oro mediante declaraciones juradas, sin trazabilidad verificable. Investigaciones periodísticas han documentado que este mecanismo se utiliza para legitimar oro proveniente de zonas como Crucitas o incluso posiblemente de Nicaragua. Según estos reportajes, Costa Rica habría exportado más de 280 millones de dólares en oro entre 2010 y 2020 sin recibir ingresos fiscales ni certificar su origen.

• Delitos conexos y crimen organizado. La minería ilegal no opera de forma aislada: converge con otras actividades criminales. Se han detectado vínculos con lavado de dinero, tráfico de material en bruto o minerales, contrabando y uso descontrolado de cianuro y mercurio, incluso con dinámicas asociadas al narcotráfico en zonas fronterizas. La Fiscalía Ambiental ha advertido sobre la presencia de “patrocinadores” que financian operaciones con insumos peligrosos, infraestructura y logística para encubrir el lavado de activos.

• Impactos ambientales, sociales y en salud pública. Los riesgos documentados incluyen la contaminación de aguas superficiales y subterráneas con cianuro y mercurio, afectaciones neurológicas y respiratorias en las poblaciones locales, inseguridad laboral con muertes y accidentes en túneles artesanales, y ausencia de controles oficiales. En muchos casos, la minería se realiza dentro de viviendas o parcelas comunitarias, en condiciones precarias y con sustancias altamente tóxicas. Muchos de estos impactos se dan en Abangares, Crucitas, Corcovado y la rica zona protegida de Indio Maíz en Nicaragua.

• Debilidad institucional y falta de control estatal. La Dirección de Geología y Minas (DGM), el MINAE, la SETENA y otras autoridades han mostrado una débil capacidad regulatoria frente al volumen real de actividad minera, tanto legal como ilegal. La ausencia de concesiones formales, la falta de licencias ambientales previas y el uso de declaraciones juradas como trazabilidad debilitan al Estado como garante del patrimonio natural.

• Simulación de minería artesanal. Por la escala del volumen exportado, las ganancias obtenidas y los impactos generados, resulta evidente que en Abangares no se trata de minería a pequeña escala, sino del uso instrumental -e incluso simulado- de la figura de minería artesanal y cooperativa para encubrir una actividad de mediana o gran escala que opera al margen de la regulación. Este esquema de desregulación y flexibilización pretende ahora volverse permanente con el proyecto de ley.

Ante estos hechos exigimos:

• Trazabilidad robusta y verificable. Eliminar la exportación bajo declaración jurada. Establecer un sistema digital de registro con autenticación y certificación de origen verificable y mecanismos cruzados que integren a Geología, Aduanas, Ambiente, Municipalidad y asociaciones comunales.

• Auditoría socioambiental en Abangares. Convocar de inmediato una auditoría socioambiental con participación del MINAE, Ministerio de Salud, la DGM, la Escuela de Geología (UCR), organizaciones socioambientales y comunitarias. Esta debe cuantificar los impactos acumulados en suelo, agua, salud y biodiversidad, y generar información para un análisis costo-beneficio de la actividad.

• Licencia ambiental previa obligatoria. Toda solicitud de explotación minera debe estar sujeta a la aprobación de un estudio de impacto ambiental por parte de la SETENA, y posteriormente, a la concesión otorgada por la DGM. La exportación de oro debe contar con control cruzado de varias instituciones del Estado. No pueden admitirse excepciones que omitan esta evaluación básica.

• Sanciones efectivas y mecanismos de disuasión. El proyecto debe incorporar sanciones penales, civiles y administrativas estrictas. Las cooperativas, comercializadores o exportadores que introduzcan oro ilegal deben perder inmediatamente su concesión y estatus en los registros mineros y enfrentar sanciones proporcionales.

• Impuesto a la exportación y redistribución justa. Dado el carácter estratégico del oro como patrimonio nacional, debe establecerse un impuesto a la exportación que redistribuya beneficios hacia las comunidades afectadas y fortalezca la fiscalización estatal.

• Coordinación interinstitucional y cooperación internacional. La Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Fiscal y las autoridades ambientales deben actuar de manera conjunta. Se recomienda también recurrir a la cooperación con países que tienen experiencia en trazabilidad y combate a la minería ilegal (como Colombia, Perú y Ecuador) para adaptar buenas prácticas al contexto nacional.

Llamado a la adhesión y movilización

  • Invitamos a instancias académicas, organizaciones comunitarias, indígenas, estudiantiles, sociales y sindicales a sumarse a este pronunciamiento (mediante el enlace que está al inicio de esta nota).

  • Juntos y juntas podemos evitar que este debate quede capturado por intereses particulares y lograr que las decisiones legislativas respondan realmente al interés público. Instamos a la Asamblea Legislativa a no avanzar con el proyecto de ley N.º 24.932 en sus condiciones actuales, y a abrir un proceso de discusión pública, con enmiendas sustanciales y la incorporación de mecanismos que garanticen transparencia, justicia ambiental y respeto a los derechos de las comunidades.

Organizaciones:

Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre
Colectivo Ecologista Liberiano
Organización Regenerativa Matzú Insigne
Fundación Promar
Comité de Enlace Sociedad Civil con Foro INAMU
Comité Directivo Territorial INDER #4
Heredia Crea
AREMA
Centro de Sostenibilidad de Costa Rica
COECOCEIBA – Amigos de la Tierra Costa Rica
Eco Comunidad por la Justicia y la Paz Justa
Arte para la Tierra
Bloque Verde
JPIC – Justicia, Paz e Integridad de la Creación
Defensores de la Casa Común
UBL (Universidad Bíblica Latinoamericana)
Causa Sur – Pérez Zeledón
Teatro MileCima
IDELA – Universidad Nacional
CICDE – UNED
Comité Punta Pelencho
Casa Aiko
Coordinadora Ni Una Sola Mina
Centro de Amigos para la Paz
Asociación Civil Pro Natura
Paralela
Personas:

Ligia Barrantes Cartín – San Pedro de Pérez Zeledón
Flora María Calvo Abarca
Óscar Esteban Vindas Alfaro – Santa Bárbara
Giselle Arce Fonseca – Paso Canoas
Franco Zúñiga Sequeira – San Pedro de Turrubares
María Hernández – Concepción, San Isidro de Heredia
María Eugenia Delgado Marín – Talamanca, Limón
Juan Robles
Felipe Coto – Escazú
José Pablo González Rojas – Playa Negra, Santa Cruz, Guanacaste
Anacristina Rossi – San Antonio de Escazú
Silvia Matamoros Pacheco – Salitral de Santa Ana
Travis Robert Britzke Bonneville – Tinamaste, Barú, Pérez Zeledón
Lilliam Mena Araya
Alexander Pérez Gutiérrez
Víctor Madrigal Sánchez – Pueblo Nuevo, Garabito
Rafael Ángel Sánchez Rojas – Heredia
Mónica Alvarado Barzuna – Copey
Marvin Amador Guzmán – UCR
Luis Carlos Bonilla Soto – Esparza, Puntarenas
Asdrúbal Rivera Villanueva – Térraba
Wilson Arroyo Oconitrillo – Músico
Wilber Cortés Rodríguez
Gloriana Araya Campos

Ver análisis completo elaborado por: M.Sc Mauricio Álvarez Mora del Proyecto ED-3526 “Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica”, de la Escuela de Geografía, Universidad de Costa Rica y del Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS-UCR).

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Representantes de asociación y del Estado de la Nación dialogan sobre derecho a un ambiente sano

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Comunicado

El ambientalista Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, envió una carta al programa Estado de la Nación para expresar su preocupación por lo que considera un retroceso sostenido en la garantía del derecho constitucional a un ambiente sano, debido a cambios recientes en la jurisprudencia de la Sala Constitucional.

En su mensaje, Levy destaca el valor del trabajo del Estado de la Nación como instrumento público de análisis riguroso y denuncia que, en los últimos años, la Sala Constitucional ha comenzado a derivar asuntos ambientales al Tribunal Contencioso Administrativo, una vía lenta, costosa y poco accesible para comunidades y movimientos sociales. Esto, señala, limita gravemente la capacidad de defender derechos colectivos y facilitaría la destrucción acelerada de ecosistemas vulnerables.

Según su planteamiento, esta tendencia judicial se suma a otros factores —como mayores presiones territoriales y socioambientales— que agravan la situación del país en materia ambiental, pese al mandato preciso del artículo 50 de la Constitución Política.

Respuesta del Estado de la Nación: reconocimiento, apertura y evidencia disponible

En respuesta al mensaje, Karen Chacón Araya, investigadora del Estado de la Nación, agradeció la observación y compartió el capítulo Armonía con la naturaleza del Informe Estado de la Nación 2025, donde se evalúa el desempeño ambiental de Costa Rica durante 2024 e inicios de 2025.

Chacón señaló que los hallazgos presentados en el informe son más amplios que los expuestos durante la presentación oficial, e incluyen investigaciones relacionadas con degradación de ecosistemas, gobernanza ambiental, presiones socioeconómicas y cambios institucionales relevantes.

Además:

  • Puso a disposición el informe completo y cada uno de sus capítulos a través del enlace oficial:
    https://estadonacion.or.cr/informes/

  • Subrayó que estos estudios son un insumo para la discusión informada, la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones.

  • Agradeció las sugerencias enviadas por Levy, asegurando que se tomarán en cuenta para la futura agenda de investigación del programa.

Un tema que requiere atención nacional

Con el intercambio, queda definido que existe un debate abierto y necesario sobre el papel de las instituciones judiciales en la protección de derechos ambientales y sobre los desafíos estructurales que enfrenta el país en materia de gobernanza ecológica.

Mientras tanto, el llamado desde la sociedad civil es a vigilar los retrocesos, a fortalecer la justicia ambiental y a asegurar que la evidencia científica —como la contenida en el Informe Estado de la Nación— contribuya a decisiones públicas que protejan los ecosistemas, las comunidades y los bienes comunes.

Imagen: https://ojoalclima.com

Voces y Política y Kioscos Socioambientales: dos aniversarios que marcan la Acción Social universitaria

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica – 7 de octubre de 2025.
La Universidad de Costa Rica celebra este año dos aniversarios que reflejan su compromiso con la Acción Social: el Programa Kioscos Socioambientales, con 18 años de trabajo junto a comunidades, y el programa de radio Voces y Política, que llega a sus 20 años al aire, de los cuales una década ha sido compartida en alianza con Kioscos.

Ambos espacios se han consolidado como puentes entre universidad y comunidades, plataformas para visibilizar voces y territorios que con frecuencia quedan al margen de los grandes medios.

La celebración conjunta de estos aniversarios se realizará el miércoles 8 de octubre a las 5:00 p.m. en el programa Voces y Política, transmitido por Radio Universidad 96.7 FM y en sus redes sociales.

El Programa Kioscos Socioambientales nació en 2007 en el marco de la lucha contra el TLC con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, cuando la UCR impulsó los “Kioscos Informativos” para llevar conocimiento crítico a más de cien comunidades. Con los años, evolucionó hacia un trabajo sostenido de acompañamiento a comunidades indígenas, campesinas, costeras y migrantes en regiones como Talamanca, el Caribe Norte, la Zona Norte y el Pacífico Sur.

En 2011 se consolidó como programa permanente, integrando docencia, investigación y acción social. Desde entonces ha generado vínculos profundos con diversos territorios, incidencia en políticas públicas y articulación a nivel latinoamericano en temas como ecología política, pedagogías críticas, derechos humanos y territorialidad. Su trayectoria también se refleja en la producción de materiales socioeducativos, audiovisuales, cartografías y publicaciones.

Para la coordinadora del Programa, Mdh. Dylanna Rodríguez Núñez, “Kioscos Socioambientales es el resultado de 18 años de trabajo colectivo entre universidad y comunidades, en defensa del territorio, la justicia social y ambiental, mediante procesos que ponen en el centro lo común y lo colectivo por encima de valores que apuestan al individualismo y la competitividad. Su historia refleja la importancia de que la Acción Social universitaria no solo acompañe procesos locales, sino que se constituya en una voz crítica frente a los conflictos socioambientales del país”.

Por su parte, Voces y Política nació en 2005, impulsado por las emisoras culturales de la UCR bajo la dirección de Giselle Boza Solano, con el sociólogo Manuel Rojas Bolaños y el periodista Elbert Durán Hidalgo. El programa se planteó como un espacio para ofrecer análisis político documentado, plural y responsable, en contribución a la democratización de la información y al fortalecimiento de la opinión pública.

En dos décadas ininterrumpidas ha acumulado más de 920 emisiones y 1.840 invitados, con la participación de cerca de 20 locutores, productores y equipos de apoyo. Desde hace diez años forma parte de la Vicerrectoría de Acción Social, en articulación con la Escuela de Ciencias Políticas, Kioscos Socioambientales y, más recientemente, la Escuela de Estudios Generales.

Hoy, Voces y Política combina las voces universitarias con las de comunidades rurales, costeras y transfronterizas, consolidándose como un espacio radiofónico que conecta la academia con la realidad social y política del país, siempre con espíritu crítico y vocación pública.

Estos aniversarios reafirman la misión transformadora de la Universidad de Costa Rica y su compromiso de articular saberes con las comunidades, fortalecer la Acción Social y posicionar una voz crítica frente a los desafíos nacionales.

Rechazo ciudadano a la “basurización” en Montes de Oro

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Presentan recurso de revocatoria contra permiso de construcción

La comunidad de Montes de Oro y los grupos de Miramar alzaron la voz ante la amenaza de que el cantón se convierta en sede de un tercer basurero. Vecinas y vecinos rechazan que su territorio cargue con el triste récord de ser el cantón con mayor número de estos proyectos, sin importar cómo se les denomine: vertederos, rellenos o “parques tecnológicos”. El mensaje es firme y unánime: Montes de Oro no acepta ser un territorio de mayor sacrificio.

En el cantón ya existe un vertedero abandonado por la Municipalidad de Puntarenas, además de un relleno sanitario operado por el Grupo Rabsa. A estos impactos se suman los pasivos ambientales de la mina Bellavista y de la minería subterránea e ilegal que ha generado afectaciones por décadas.

Por ello, desde hace más de quince años la población ha resistido la instalación del Parque de Tecnología Ambiental Galagarza, impulsado por EBI de Costa Rica S.A. El día de ayer se presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el permiso de construcción otorgado por la Municipalidad de Montes de Oro el pasado 24 de setiembre. El recurso fue suscrito por 111 habitantes, entre ellos más de 60 residentes de Zagala Vieja, la comunidad más cercana al proyecto según el Estudio de Impacto Ambiental.

El documento cuestiona que el permiso municipal fue emitido sin verificar requisitos obligatorios que resguardan la salud, los ríos y la seguridad de la población:

● La autorización sectorial para instalar y operar el tanque de autoconsumo de combustibles (competencia del MINAE–DGTCC).

● El permiso de vertidos para aguas residuales tratadas (competencia del Ministerio de Salud).

● La verificación del alineamiento del INVU respecto a cuerpos de agua cercanos.

● El uso de un plano catastral desactualizado, con incongruencias de más de 67.000 m² frente a la realidad registral.

Las y los representantes comunales también cuestionaron que el permiso no fue comunicado públicamente por la Municipalidad, a pesar de tratarse de un tema de alto interés local. La comunidad se enteró informalmente dos días después de emitido, lo que obligó a elaborar el recurso y recolectar firmas casa por casa en un plazo muy corto.

Para las personas firmantes, Montes de Oro merece decisiones responsables, transparentes y alineadas con el bien común. Este recurso no es solo un trámite legal: es un acto de defensa colectiva, una exigencia de justicia ambiental y una señal clara de que la comunidad está despierta y organizada.

Este permiso, otorgado por la municipalidad y apelado por la comunidad, se inscribe en un conflicto que ha generado una fuerte oposición ciudadana (ver cronología del caso). Dicha resistencia se fundamenta en los cuestionamientos sobre el proceso de otorgamiento de permisos, los antecedentes de malos manejos en otros rellenos operados por la misma empresa en distintos lugares del país, así como en la débil capacidad de fiscalización de las autoridades locales.

Antecedentes de la “basurización” en Montes de Oro

El relleno sanitario Ecoindustrial Miramar, operado por el Grupo Rabsa, inició en 2017 pese al rechazo de la comunidad. Desde entonces, el cantón recibe miles de toneladas de desechos del Gran Área Metropolitana y de más de 30 municipios y empresas privadas, con fuertes tensiones sociales y ambientales.

En Montes de Oro, la oposición comunitaria ha sido constante: recursos de amparo, apelaciones en SETENA y MINAE, y múltiples acciones legales. Estas luchas fueron lideradas inicialmente por el Comité Oromontano Pro Ambiente y, desde 2024, asumidas por la Asociación Civil Pro Natura, que hoy articula esfuerzos legales, organizativos y de comunicación.

La Asociación Pro Natura insiste en que la verdadera alternativa es el cumplimiento de la Ley 8839 de Gestión Integral de Residuos, junto con procesos de educación, organización y construcción de alternativas sustentables que fortalezcan el tejido social y ambiental del cantón.

Cronología del caso PTA Galagarza

2009 – Proyecto obtiene viabilidad ambiental (Exp. D1-1375-2007).

2021 – Nueva tramitación de viabilidad ambiental (Exp. D1-0635-2021).

Dic. 2022 – SETENA otorga viabilidad ambiental (Res. N° 2032-2022).

Mayo 2023 – Sala Constitucional anula viabilidad y ordena audiencia pública (Sent. N° 2023-11236).

Sept. 2023 – Audiencia pública sobre el proyecto.

Dic. 2023 – SETENA vuelve a otorgar viabilidad ambiental (Res. N° 2031-2023).

Marzo 2024 – Sala IV ordena acceso al expediente (Amparo N° 24-011161-0007-CO).

Abril 2024 – Se otorga permiso de construcción previo al cambio de administración municipal.

Mayo 2024 – Alcalde acoge recurso de apelación y anula el permiso de construcción.

Ene.–Mayo 2024 – Reuniones con diputaciones y carta pública al Ministro de Ambiente.

Marzo 2025 – Tribunal Contencioso Administrativo emite Sent. N° 2025002232.

Mayo 2025 – Regidores presentan moción para devolver facultades a funcionaria municipal.

Julio 2025 – Resolución N° 09-2025 levanta recusación.

Julio 2025 – Resolución N° 10-2025 aclara que no se puede autorizar el permiso.

Julio 2025 – Encargada de Desarrollo Urbano desconoce orden del alcalde.

Ago. 2025 – 14 municipalidades se pronuncian contra Decreto Ejecutivo N° 44974-S.

Ago. 2025 – Ministra de Salud advierte emergencia nacional por gestión de residuos.

Ago. 2025 – Asociación Pro Natura expone ante el Concejo Municipal el estado del proyecto (ver sesión a partir del minuto 1:19:00 en https://www.youtube.com/live/PyWwJr56fro?si=x-VAuRAHwYKY7iT-)

Con apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social, Universidad de Costa Rica.

Comunidades alertan de proyecto de Hidrógeno verde en el Pacífico Central

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Comunidades como Punta Morales, Coyolito, Morales, Costa de Pájaros, Lagartos, Judas y Chomes, alertan que desde hace algunos meses han recibido visitas al parecer de la empresa estadounidense DLZ promotora de un proyecto de Hidrógeno Verde en el Pacífico Central del país. En dichas visitas a la zona, vecinas y vecinos señalan que se han realizado mediciones de propiedades desde Finca La Culebra en Abangares hasta las instalaciones de Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA) en Punta Morales.

¿Qué es el Hidrógeno verde (H2)?

Es una fuente de energía producida a partir de agua mediante electrólisis utilizando electricidad de fuentes como la solar o eólica.

La electrólisis es un proceso químico que utiliza electricidad para descomponer una sustancia. En el caso del hidrógeno, la electrólisis se usa para separar el agua (H₂O) en hidrógeno (H₂) y oxígeno (O₂).

¿H2 verde en Costa Rica?

En el 2022 el actual ministro de Ambiente Franz Tattenbach presentó la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde de Costa Rica 2022-2050, según reza el documento oficial:

“la presente Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde ha sido desarrollada en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, quien ha sido un aliado de Costa Rica en la exploración del hidrógeno como un energético y que ha financiado estudios como el Análisis del mercado global de hidrógeno verde: el potencial de participación de Costa Rica en dicho mercado y estimaciones asociadas a su impacto macroeconómico, desarrollado en 2021, y que ha servido como fuente de datos para esta Estrategia.” Además, “incluye intervenciones estratégicas, indicadores y metas, además, pretende atender las brechas regulatorias, técnicas, financieras, nuevos talentos y capacidades para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en Costa Rica”

La estrategia plantea que para el 2030, se prevé una capacidad instalada de electrolizadores y proyectos en desarrollo entre 0,15 y 0,50 GW y una serie de hitos en el sector industrial y el transporte, para los cuales será preciso movilizar inversiones potenciales estimadas en 1100 millones de dólares, durante el periodo 2022-2030.

Según señala la Plataforma, en el 2024 se aprobó un proyecto de € 25 000 000, que le permitirá a Costa Rica invertir en el desarrollo del hidrógeno verde.

Queda claro que el desarrollo del proyecto en la zona mencionada forma parte de los planes de esta estrategia.

¿Por qué las comunidades alertan?

Primero, organizaciones locales han visibilizado en reiteras ocasiones, la falta de agua que hay en la zona principalmente en época seca, sobre todo por prácticas extractivistas que se dan en los ríos de la zona como el Guacimal, Lagartos y Abangares, tales como proyectos de riego y quebradores.

Un caso reciente es el de las comunidades Orocú y Santa Juana en Chomes, las cuales, llevan más de 15 días sin agua ante la saturación del pozo por los sedimentos resultantes de otras actividades extractivas como los quebradores y proyectos de riego.

Para el proyecto de hidrógeno mencionado, se requiere la electrólisis, la cual utiliza agua purificada en enormes cantidades, es decir, que requerirán consumos elevados del agua local, la pregunta que resalta es ¿no hay agua para las comunidades, pero sí para las empresas? Estos proyectos extractivistas que se implantan no solo representan un problema ambiental sino de acceso humano al agua como recurso vital.

Segundo, preocupa en gran medida la seguridad de la infraestructura requerida, como: electrolizadores, tanques de almacenamiento, tuberías y sistemas de transporte. Toda esta infraestructura atravesará comunidades con alto nivel de vulnerabilidad pues el hidrógeno al ser el elemento más liviano y difícil de contener puede fugarse fácilmente y es inflamable, así como explosivo. Las fugas de hidrógeno pueden ser invisibles y difíciles de detectar, aumentando el riesgo en entornos industriales.

Las comunidades están claras que el discurso de “más empleo y desarrollo” es solo una patraña más de los enclaves extractivos. Señalan que la etiqueta de verde o greenwashing se usa engañosamente y culpan a las instituciones responsables como el MINAE y la SETENA por seguir permitiendo que proyectos privados se impongan por encima de los intereses y bienestar de la población que habita los territorios.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica