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Etiqueta: Kioscos Socioambientales UCR

Personas defensoras, organizaciones e instituciones articulan esfuerzos para fortalecer la defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales

La iniciativa, impulsada por el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, promueve un proceso participativo de formación, diálogo y articulación con personas defensoras, organizaciones especializadas e instituciones nacionales e internacionales.

Defender los derechos humanos en los territorios y proteger el ambiente constituyen dimensiones fundamentales de la vida democrática. Quienes realizan esta labor contribuyen a visibilizar problemáticas que afectan a las comunidades, denunciar vulneraciones y promover la protección de los territorios y los bienes comunes. Sin embargo, también enfrentan diversos riesgos y formas de violencia, entre ellas amenazas, hostigamiento, estigmatización, criminalización y violencia física, psicológica, patrimonial y digital.

Ante esta realidad, el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, en articulación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos), desarrolla un proceso orientado a fortalecer las condiciones para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos en asuntos ambientales en Costa Rica.

La iniciativa parte de una perspectiva de acción social universitaria que reconoce el conocimiento y las experiencias construidas en los territorios como aportes fundamentales para comprender las problemáticas socioambientales y construir respuestas colectivas, en ese sentido, Kioscos Socioambientales asume un papel articulador entre personas defensoras, organizaciones sociales, instituciones públicas, organismos internacionales y otros actores vinculados con la protección de los derechos humanos y el ambiente.

El proceso tiene como antecedente una serie de diálogos desarrollados durante 2025 con personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales de distintos territorios del país. Estos espacios permitieron identificar riesgos, obstáculos y necesidades que atraviesan su labor, así como reconocer la importancia de fortalecer las capacidades colectivas y las respuestas institucionales frente a las situaciones que enfrentan.

A partir de este trabajo, durante el 2026 se desarrollará una agenda de actividades socioeducativas y participativas orientada a promover acciones coordinadas de prevención y protección, así como a contribuir a la construcción de entornos seguros, propicios y libres de estigmatización para quienes ejercen el derecho a defender derechos humanos. Los encuentros combinarán formación, intercambio de experiencias, identificación de riesgos, construcción colectiva de herramientas y acercamiento a mecanismos nacionales e internacionales de protección. Para ello, se contemplan diferentes modalidades de participación, entre ellas foros públicos, espacios abiertos con inscripción y talleres cerrados.

Esta iniciativa se vincula con una trayectoria de trabajo junto a organizaciones y comunidades en procesos relacionados con la defensa territorial, los bienes comunes y la justicia socioambiental. El acompañamiento y articulación territorial permite aportar una mirada situada sobre los desafíos que enfrentan las personas defensoras y sobre la necesidad de construir respuestas que reconozcan sus conocimientos, experiencias y capacidades organizativas.

“Este proceso parte de la premisa de que las personas defensoras no son únicamente receptoras de información o de medidas de protección, sino sujetas activas en la construcción de las respuestas frente a los riesgos que enfrentan. Uno de los aspectos más importantes de este proceso es la posibilidad de poner en diálogo actores que cuentan con experiencias y herramientas diferentes”, señala Dylanna Rodríguez, coordinadora del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.

En este proceso participan, entre otros actores, Front Line Defenders, la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial y especialistas vinculados con los sistemas universal e interamericano de protección de derechos humanos. Esta diversidad de participantes busca favorecer el intercambio entre experiencias territoriales, conocimientos especializados y herramientas institucionales de prevención y protección.

El proceso dará inicio el 19 de agosto con el conversatorio “El derecho a defender derechos humanos: fundamentos y contexto”, un espacio que permitirá abordar los estándares internacionales relacionados con este derecho y reflexionar sobre las rutas de prevención y protección disponibles en Costa Rica.

Esta primera actividad marcará el inicio de una agenda de trabajo que se extenderá durante los próximos meses, intentando consolidar un proceso sostenido de diálogo, formación y articulación, en el que las experiencias y conocimientos de las personas defensoras entren en conversación con las herramientas desarrolladas por organizaciones especializadas, instituciones públicas, organismos internacionales y la Universidad de Costa Rica.

Este tipo de procesos expresa el compromiso de la acción social universitaria con las realidades y necesidades de los territorios. La articulación de saberes académicos y conocimientos construidos desde las comunidades permite generar espacios de reflexión y formación, pero también contribuir a la construcción de herramientas frente a problemáticas que tienen profundas implicaciones para los derechos humanos, la justicia ambiental y la democracia.

El proceso impulsado por Kioscos Socioambientales y ONU Derechos Humanos apuesta, así, por generar espacios donde la experiencia de quienes defienden los territorios sea reconocida como un conocimiento fundamental para construir respuestas colectivas y donde la Universidad pueda contribuir, desde su quehacer académico y de acción social, a la defensa de los derechos humanos y la justicia socioambiental.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

¿Conoce los arrecifes de coral su importancia y amenazas?

Un nuevo taller invita a aprender a observarlos y monitorear su salud

Una iniciativa de ciencia ciudadana abre un nuevo proceso de formación para que jóvenes, comunidades, organizaciones y personas interesadas puedan adquirir herramientas para monitorear el blanqueamiento de los corales y participar activamente en el cuidado de los ecosistemas marinos.

Quizás usted ha visto alguna vez un arrecife de coral. Tal vez ha nadado cerca de ellos, ha practicado buceo o simplemente ha escuchado hablar de estos ecosistemas. Pero, ¿se ha detenido alguna vez a observarlos realmente? ¿A reconocer cuándo un coral está sano y cuándo está enfrentando una situación de estrés? ¿Podría identificar un proceso de blanqueamiento y registrar lo que está ocurriendo para que esa información pueda ser utilizada en la protección del ecosistema?

Estas son algunas de las preguntas que motivan el nuevo taller “Monitoreo del blanqueamiento de corales desde la ciencia ciudadana”, una iniciativa que busca acercar el conocimiento sobre los arrecifes a jóvenes, comunidades, organizaciones y personas que viven cerca del mar o que simplemente quieren dar el paso para involucrarse más activamente en la protección de los ecosistemas marinos.

El taller se desarrollará de manera virtual durante tres sesiones, los viernes 14, 21 y 28 de agosto, de 7:00 p. m. a 8:40 p. m., y tendrá posteriormente un componente práctico de monitoreo en el mar, previsto para octubre en el Caribe.

La propuesta no requiere experiencia previa. Su objetivo es brindar herramientas básicas y prácticas para comprender la salud de los arrecifes, reconocer las causas y características del blanqueamiento coralino, registrar observaciones y utilizar herramientas digitales para recopilar y reportar información.

La idea es sencilla pero importante: conocer nuestros arrecifes también es una forma de involucrarnos en su protección.

Del conocimiento a la participación ciudadana

Los arrecifes de coral son ecosistemas pequeños en extensión, pero extraordinariamente importantes por la diversidad de formas de vida que albergan. Proporcionan refugio y alimento a numerosas especies marinas, contribuyen a la seguridad alimentaria y a las economías de comunidades costeras y ayudan a proteger las costas frente al impacto del oleaje.

Sin embargo, estos ecosistemas enfrentan cada vez mayores presiones. El aumento de la temperatura del océano puede provocar episodios de blanqueamiento coralino, un fenómeno en el que los corales expulsan las algas microscópicas que viven en sus tejidos y que les proporcionan buena parte de su energía y coloración.

Un coral blanqueado no necesariamente está muerto. Se encuentra bajo una situación de estrés y queda más vulnerable a enfermedades y otros impactos, aunque en determinadas condiciones puede recuperarse.

Por eso, observar lo que está ocurriendo es fundamental. Y observar no significa necesariamente ser especialista. Precisamente uno de los objetivos de la ciencia ciudadana es que las personas puedan adquirir herramientas para generar información útil sobre los cambios que ocurren en sus propios territorios.

“Creemos que conocer nuestros arrecifes es también una forma de involucrarnos en su protección. La participación ciudadana es fundamental para generar conocimiento, dar seguimiento a los cambios que enfrentan los arrecifes y fortalecer las acciones para su cuidado y conservación”, señalan las personas organizadoras.

Este nuevo taller da continuidad al proceso desarrollado durante el primer semestre de 2026, cuando se realizó el taller “ taller comunitario para conocer y monitorear arrecifes de coral del Caribe Sur ”, que combinó formación virtual con actividades prácticas en el mar.

Ahora, el nuevo taller vuelve a abrir este espacio de formación, pero con un énfasis particular en el monitoreo del blanqueamiento de los corales y en las herramientas que pueden utilizar las personas participantes para registrar y reportar lo que observan.

La respuesta nuevamente ha sido significativa. Más de 130 personas de distintas regiones del país ya se han matriculado, superando ampliamente el cupo inicialmente previsto.

La modalidad virtual ha permitido ampliar la participación y recibir personas interesadas desde diferentes zonas del país. Las sesiones virtuales son gratuitas y la matrícula permanecerá abierta hasta el 13 de agosto.

La participación en las actividades prácticas de monitoreo en el mar implicará que cada persona participante asuma los costos asociados a su traslado y actividad en el sitio.

Aprender a mirar el mar

El taller busca que las personas participantes no solamente reciban información, sino que puedan desarrollar capacidades para observar y documentar lo que sucede en los ecosistemas marinos cercanos a sus comunidades.

Durante las sesiones se abordarán conceptos relacionados con la salud de los arrecifes y las causas del blanqueamiento coralino. También se conocerán métodos prácticos para registrar y reportar observaciones y herramientas digitales para recopilar información mediante formularios y plataformas de participación.

El enfoque estará orientado a que estos conocimientos puedan ser aplicados posteriormente en localidades tanto del Pacífico como del Caribe.

De esta manera, una persona que vive cerca del mar, una organización comunitaria, una ONG, una persona joven interesada en los ecosistemas marinos o alguien que simplemente quiere aprender más podrá contar con herramientas para pasar de la preocupación a la observación y de la observación a la participación.

Porque frente a la transformación de los océanos, contar con más personas capaces de mirar, reconocer cambios, documentarlos y compartir información puede convertirse también en una forma de ejercer una ciudadanía marina más activa.

El taller será impartido por Ana María Arenas, tallerista en ciencia ciudadana para el monitoreo de arrecifes de coral e instructora de buceo, quien compartirá herramientas y conocimientos para comprender y participar activamente en el monitoreo del blanqueamiento de los corales.

La actividad es organizada por el colectivo Costa Rica por el Océano, junto con los proyectos de acción social Voces y Política, de la Escuela de Ciencias Políticas, y Geografía y Diálogo de Saberes, de la Escuela de Geografía, ambos vinculados al Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.

Este nuevo proceso parte de una convicción: para cuidar un ecosistema primero necesitamos acercarnos a él, conocerlo y aprender a reconocer los cambios que está experimentando.

Y quizás ese sea el primer paso para muchas personas que nunca han tenido la oportunidad de hacerlo: entrar al mar con una mirada distinta, aprender a reconocer un arrecife y descubrir que también podemos participar en su cuidado.

Información e inscripción

  • Taller: Monitoreo del blanqueamiento de corales desde la ciencia ciudadana

  • Sesiones virtuales: viernes 14, 21 y 28 de agosto

  • Horario: 7:00 p. m. a 8:40 p. m.

  • Actividad práctica: monitoreo en el Caribe durante octubre

  • Modalidad: virtual, con componente práctico presencial

  • Costo: sesiones virtuales gratuitas

  • Matrícula abierta hasta: 13 de agosto

Inscripción: https://forms.gle/NUuwDamhHqDSxut17

Tribunal respalda al Concejo de San Rafael de Heredia y ordena al alcalde proteger el Cerro Chompipe

Una vez más, una autoridad jurisdiccional rechazó las actuaciones del alcalde de San Rafael de Heredia, señor Jorge Eduardo Arias Santamaría, al declarar ilegal el veto que interpuso contra un acuerdo del Concejo Municipal relacionado con el cumplimiento de una orden emitida por la Sala Constitucional.

Mediante la resolución 26-000619-1027-CA-0, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda resolvió declarar sin lugar el veto presentado por el alcalde contra el Acuerdo N.° 2 de la Sesión Ordinaria N.° 141-2025, celebrada el 29 de diciembre de 2025 por el Concejo Municipal de San Rafael de Heredia.

El acuerdo vetado instaba al alcalde a dar cumplimiento inmediato a lo ordenado por la Sala Constitucional en el voto N.° 2023-017109, del 14 de julio de 2023, dictado dentro del expediente 22-027662-0007-CO. En dicha resolución, la Sala ordenó el traspaso a nombre del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) de la finca inscrita en el Partido de Heredia, matrícula de folio real 156766-000, ubicada en el sector de Cerro Chompipe, dentro de la zona inalienable protegida por la Ley N.° 65 y el Parque Nacional Braulio Carrillo.

Según ha trascendido, en esa propiedad existiría interés por desarrollar un proyecto turístico, situación que ha generado preocupación debido al régimen especial de protección ambiental que actualmente la resguarda.

Esta controversia se produce en un contexto de creciente preocupación por la propuesta impulsada por la Municipalidad de San Rafael de Heredia bajo la figura de “Monumento Natural”, iniciativa que contempla el desarrollo de infraestructura recreativa dentro de una zona de alta fragilidad ambiental e hidrogeológica.

El Cerro Chompipe forma parte del Parque Nacional Braulio Carrillo y se encuentra amparado por un régimen especial de protección que se remonta al siglo XIX. Asimismo, constituye una importante zona de recarga acuífera para el abastecimiento de agua de amplios sectores de la Gran Área Metropolitana, razón por la cual cualquier modificación de su condición actual reviste un evidente interés público.

Diversas organizaciones ambientales, comunidades locales y personas expertas en conservación y recursos hídricos han advertido sobre los posibles impactos que podrían derivarse de la construcción de infraestructura turística o recreativa en este ecosistema, subrayando la necesidad de garantizar el estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente y de las resoluciones judiciales que protegen el área.

El acuerdo municipal advertía además que, de mantenerse el incumplimiento de la orden constitucional, el alcalde debería asumir las consecuencias legales derivadas de una eventual desobediencia a una resolución judicial firme.

Surge entonces una pregunta inevitable: ¿qué interés mueve al alcalde a renunciar a la protección absoluta que hoy resguarda la finca del Cerro Chompipe, al punto de vetar los acuerdos del Concejo Municipal que buscan mantener esa protección y exigir el cumplimiento de una orden de la Sala Constitucional?

En su resolución, el Tribunal concluyó que el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal se limita a exigir el cumplimiento de una orden jurisdiccional vigente. Señala expresamente que el acuerdo corresponde al ejercicio legítimo de las competencias del Concejo Municipal respecto al cumplimiento de una orden judicial, razón por la cual determinó que no existían fundamentos para sostener el veto interpuesto por la Alcaldía.

La parte dispositiva de la sentencia establece: «De conformidad con el artículo 169 inciso f) del Código Municipal, se declara sin lugar el veto interpuesto. Es todo. Notifíquese.» La resolución fue emitida por los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo.

Este nuevo pronunciamiento judicial constituye un respaldo a la obligación de las autoridades municipales de acatar las resoluciones de los tribunales de justicia y reabre el debate sobre el futuro de la finca ubicada en Cerro Chompipe, un territorio de extraordinario valor ecológico, hídrico y estratégico para el país.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Debatirán futuro del Cerro Chompipe y la protección del agua en Heredia

Organizaciones ambientales, especialistas en gestión hídrica y representación legislativa participarán en un foro público sobre las disputas en torno al Cerro Chompipe, un territorio estratégico para la conservación ecológica y la protección de fuentes de agua en la provincia de Heredia. El encuentro surge en medio de la creciente preocupación por la propuesta impulsada por la Municipalidad de San Rafael de Heredia bajo la figura de “Monumento Natural”, iniciativa que contempla infraestructura recreativa dentro de una zona de alta fragilidad ambiental e hidrogeológica.

El Cerro Chompipe forma parte del Parque Nacional Braulio Carrillo y cuenta con un régimen especial de protección desde el siglo XIX. Además, constituye una importante zona de recarga acuífera para el abastecimiento de agua de amplios sectores de la Gran Área Metropolitana. Diversas organizaciones y personas expertas han advertido que cualquier intervención en este ecosistema debe analizarse con rigurosidad técnica y jurídica, debido a sus implicaciones para la seguridad hídrica regional y la conservación de bosques de alta importancia ecológica.

La discusión también se intensificó tras la decisión del alcalde de rechazar la recomendación del Concejo Municipal de trasladar aproximadamente 155 hectáreas al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), medida orientada a fortalecer la protección formal del área.

El foro abordará temas como la efectividad de las figuras legales de conservación, la protección del recurso hídrico frente a proyectos de desarrollo y la necesidad de garantizar transparencia, estudios técnicos y participación ciudadana en decisiones de alto impacto ambiental.

Entre las personas participantes estarán el Lic. José Francisco Alfaro, del Colectivo de Ciudadanos de San Rafael de Heredia (CONCEVERDE); el Ing. Roberto Ramírez, director de Investigación y Gestión Hídrica del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA); y María Eugenia Román, diputada herediana.

La Municipalidad de San Rafael de Heredia y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) también fueron invitados al espacio; sin embargo, ambas instituciones declinaron su participación.

Las organizaciones convocantes señalan que el objetivo principal del foro es promover un diálogo público informado y basado en evidencia técnica, jurídica y científica sobre el futuro de uno de los territorios más importantes para la protección del agua y los ecosistemas en Heredia. El evento busca además fortalecer el debate ciudadano sobre la gestión de bienes ambientales estratégicos y la responsabilidad de las instituciones públicas en la protección de recursos esenciales para las generaciones presentes y futuras.

El foro es organizado por la Alianza por una Vida Digna, SURCOS Digital, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía de la UCR y Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social UCR. La actividad será virtual y se transmitirá a través de SURCOS Digital en Facebook.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Desalojan a familias indígenas Ngäbe de cuadrantes de compañía bananera en Sixaola

Este miércoles 18 de marzo, familias indígenas Ngäbe fueron desalojadas por la Fuerza Pública de los cuadrantes de Finca Tayrona en Sixaola de Talamanca. Las órdenes de desalojo fueron promovidas por la Chiriki Land Company, subsidiaria de Chiquita Brands, en contra de Armando Baker, Roberto Carlito, Federico Machuca y sus familias. Al final de esta nota compartimos el testimonio de Eusebio Julián, indígena Ngäbe de Sixaola.

Según Galletano Villagra, líder indígena de la zona, se trata de una persecución por parte de la compañía bananera, la cual atenta contra la libertad de culto de los pueblos indígenas, ya que dentro del desalojo se destruyó un pequeño ranchito que los compañeros indígenas utilizaban para sus prácticas espirituales.

Si bien los cuadrantes forman parte de las fincas bananeras, muchas de estas familias han vivido en estas casas por más de 25 a 30 años, producto de la relación laboral que han tenido con las compañías. Además, tal y como lo ha afirmado Villagra, las familias debían ser reubicadas a otras casas, sin embargo, los inmuebles definidos para la reubicación se encuentran en condiciones inhabitables.

La situación es mucho más compleja que un típico conflicto laboral y de vivienda, debido a que es población originaria, la cual se ampara bajo normativas nacionales, como la Ley 9710 de protección del derecho a la nacionalidad costarricense de la persona indígena transfronteriza y garantía de integración de la persona indígena transfronteriza, e internacionales como el Convenio 169 de la OIT, que protegen sus derechos. Galletano Villagra señala que, aunque las empresas deben brindar viviendas dignas para sus trabajadores, la Chirikí Land Company asegura que no tiene ninguna obligación frente a eso.

A pesar de que el conflicto se encuentra en proceso de conciliación, la compañía bananera ha emitido el desalojo. El representante indígena afirma que la empresa está desmantelando casas de los cuadrantes y suplantándolas por siembra de banano, con el fin de ir eliminando todas las casas donde actualmente viven las familias indígenas Ngäbe.

El pueblo Ngäbe de Sixaola no cuenta con territorio propio. A pesar de que el Estado costarricense está en la obligación de otorgar tierras a los pueblos indígenas que viven dentro de su territorio, esto no ha ocurrido. Mientras la situación se mantenga de esta forma, el conflicto por vivienda con las compañías bananeras seguirá. Lamentablemente, hasta que no se respeten sus derechos como pueblo originario y no se defina la compra del terreno necesario para que este pueblo originario pueda establecerse, este círculo vicioso en que vive el pueblo Ngäbe de Sixaola, no se acabará.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Fuerza Pública y bananera desalojan familias indígenas ngäbe en Sixaola

Por Eusebio Julián, indígena Ngäbe de Sixaola

Este miércoles 18 de marzo, la Fuerza Pública ha efectuado un desalojo solicitado por la Compañía Bananera Chiquita en las comunidades de Finca Costa Rica, Finca 96 y Finca 97 en Sixaola de Talamanca, contra varias familias indígenas Ngäbe, los cuales han quedado en la calle.

Para nosotros los indígenas del pueblo Ngäbe de Sixaola es inhumano que hayan pasado estos desalojos el día de hoy porque demuestra que al Estado costarricense no le importan los derechos humanos ni mucho menos cuando se trata de pueblos originarios.

Esta situación no ocurriría si nosotros el pueblo Ngäbe de Sixaola tuviéramos un territorio indígena propio, pero lamentablemente vivimos en casas alquiladas y en casas y cuadrantes de las bananeras, y nos tratan como si no fuéramos personas, tirándonos a la calle.

Necesitamos que las personas conozcan lo que vive el pueblo Ngäbe de Sixaola con las compañías bananeras.

Denuncian incendio provocado en finca de líder indígena Brörán Pablo Sibar Sibar

  • Pablo Sibar Sibar es beneficiario de Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

  • La finca fue objeto de un intento de venta a personas no indígenas por parte de la Asociación de Desarrollo Integral de Térraba (ADI) en agosto pasado

Vecinas y vecinos de la finca San Andrés alertaron el día de ayer al defensor indígena Brörán Pablo Sibar Sibar sobre un incendio provocado por sujetos no identificados dentro de su propiedad, la cual posee legítimamente desde hace más de 13 años.

Este nuevo hecho de violencia se suma a un patrón sostenido de hostigamiento contra Sibar. El pasado 10 de agosto de 2025, dos personas no indígenas invadieron su finca alegando contar con respaldo de la ADI de Térraba, pese a que Sibar es el legítimo poseedor del terreno. Ante estos hechos, el defensor indígena presentó una petición urgente ante la CIDH para reforzar su protección, dado que es beneficiario desde 2015 de la Medida Cautelar MC 321/12.

En dicha petición se advirtió sobre un riesgo extremo e inminente contra su vida e integridad física, sustentado en un historial de amenazas, agresiones físicas, intentos de homicidio, incendios provocados en su propiedad y campañas de difamación en su contra.

La máster en Derechos Humanos Dylana Rodríguez Muñoz, coordinadora del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, recordó que desde el programa se acompaña desde hace varios años a pueblos indígenas y procesos de conflictividad socioterritorial desde un enfoque de derechos humanos, y expresó su profunda preocupación ante la persistencia de hechos de violencia que continúan afectando a los territorios indígenas. El caso del compañero Pablo Sibar Sibar se suma a una serie de antecedentes dolorosos que marcan la historia reciente de estos pueblos.

Desde Kioscos se advierte que lo ocurrido no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de un patrón reiterado de agresiones contra Pablo y otras personas defensoras. Estos hechos se inscriben en una realidad más amplia de riesgo estructural en los territorios indígenas, caracterizada por presiones externas, amenazas a la organización comunitaria, afectaciones a la autonomía y vulneraciones sistemáticas contra liderazgos sociales, culturales y comunitarios.

Sobre el incendio ocurrido, Pablo Sibar señaló:

“Hoy le prendieron fuego. Habíamos tenido el acompañamiento de muchos compañeros que vinieron desde la capital y desde diferentes lugares a ayudarnos a sembrar árboles, y lamentablemente hoy se quemaron.

Esta es una lucha que llevamos desde que iniciamos los procesos de recuperación. Esta tierra que la Asociación de Desarrollo me quiere quitar, generalmente todos los años la queman. A pesar de que este año sembramos árboles y les dimos mantenimiento, el verano está demasiado fuerte y los fuegos son terribles.

Dichosamente la ‘champita’ no se quemó. Se quemaron árboles y mangueras de compañeros indígenas que llevan agua a sus casas.

Me dio mucha alegría que un pájaro estaca, que tenía más de un mes anidando, lograra sobrevivir con su polluelo, pero duele profundamente ver los árboles que sembramos con tanto amor hoy completamente quemados. Aquí seguimos: la lucha continúa y los recuperadores seguimos vivos.

Seguimos sufriendo el vandalismo de quienes nos odian y buscan minimizarnos. Esperamos que los fuegos puedan controlarse y que la gente tome conciencia de que no se puede quemar una finca porque alguien le cae mal”.

Pablo Sibar agradeció la rápida acción del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y de las personas vecinas, quienes acudieron al lugar y lograron controlar el incendio.

Finalmente se reitera la urgencia de adoptar medidas efectivas de protección y de implementar acciones que atiendan las causas estructurales de la violencia en los territorios indígenas. La protección de quienes defienden la vida, la cultura y el territorio no puede recaer en esfuerzos individuales, sino que constituye una responsabilidad institucional y un deber ineludible del Estado.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Reconocimiento para las personas defensoras ambientales en el Día de la Tierra

La Universidad Bíblica Latinoamericana, la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Costa Rica, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), Bloqueverde, CoecoCeiba – Amigos de la Tierra Costa Rica, y la Universidad de Costa Rica, a través del programa Kioscos Socioambientales, han unido esfuerzos para visibilizar el trabajo de las personas defensoras del ambiente, activistas, organizaciones comunitarias y comunidades indígenas en resistencia.

Por ello, se realizará un acto de homenaje el martes 22 de abril, de 4:00 p.m. a 7:00 p.m., en el campus de la Universidad Bíblica Latinoamericana (UBL), ubicado en San Pedro, Cedros, Montes de Oca, 350 metros este de Perimercados, mano izquierda.

La actividad es abierta al público y busca ofrecer un espacio para expresar gratitud y cariño a quienes han entregado su cuerpo y su trabajo por un planeta más justo y sano. El evento contará con la participación de las instituciones organizadoras, intervenciones de personas defensoras, y culminará con un acto cultural a cargo del cantautor y músico ecologista Fabián Pacheco, junto a la cantautora Luz María Romero, originaria de Chile y radicada en Costa Rica desde 1990.

Las personas defensoras ambientales desempeñan un papel fundamental en la protección de los ecosistemas y los derechos humanos. Sin embargo, su labor las expone constantemente a amenazas y violencia. Reconocer su lucha es esencial para fortalecer la resistencia frente al despojo y la destrucción ambiental, garantizando así un futuro más justo y sostenible para todas las personas.

Este grupo de defensores es sumamente diverso e incluye activistas, comunidades, pueblos originarios, profesionales y ciudadanos que, en muchos casos, ni siquiera son conscientes de que están actuando como tales.

Cuando se imponen modelos económicos extractivistas y de despojo, surgen conflictos socioambientales que atentan contra las bases materiales y simbólicas que sostienen la vida en el planeta. Este fenómeno ha sido ampliamente documentado por plataformas como el Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas), que desde 2012 ha registrado más de 3.700 conflictos ambientales a nivel mundial, una cuarta parte de ellos en América Latina.

En los últimos 25 años, la violencia y criminalización contra quienes defienden el ambiente se ha intensificado. Este proceso suele comenzar con la estigmatización de los activistas, a quienes se les etiqueta como opositores al «desarrollo», seguido de acoso legal, amenazas de muerte e incluso asesinatos. Según la organización británica Global Witness, América Latina es la región más peligrosa del mundo para los activistas ambientales, con más de 500 asesinatos en la última década.

El año pasado, algunas de las personas que serán reconocidas enfrentaron amenazas. Es el caso de Philippe Vangoidsenhoven, quien lleva casi dos décadas documentando y denunciando la destrucción del bosque, los humedales y la ecología del Caribe Sur. Su labor voluntaria ha permitido detener cientos de delitos ambientales, lo que lo ha convertido en blanco de constantes amenazas y acoso, incluyendo una amenaza directa en 2023 [ver más].

También se reconocerá a activistas del Caribe Sur que han defendido el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y se han opuesto al Plan Regulador Costero del Caribe Sur. En agosto del año pasado, recibieron una amenaza telefónica que puso en evidencia los riesgos que enfrentan en su labor.

Asimismo, habrá un importante reconocimiento a las organizaciones y pueblos originarios recuperadores de territorios en la Zona Sur del país, quienes han logrado hacer cumplir la ley para reafirmar su autonomía territorial.

Lamentablemente, los conflictos no se limitan al Caribe y la Zona Sur. En Cartago, organizaciones comunitarias enfrentan luchas igualmente difíciles, como la defensa del Humedal de Coris y la denuncia de contaminación del agua por agroquímicos en la zona norte de la provincia. En ambos casos, las personas defensoras han sido objeto de violencia y amenazas.

Comunidad de Punta Morales prepara feria local en Playa Blanca

El evento organizado por AsoOstras ofrece espacios de encuentro comunitario y fortalece la organización

La comunidad de Punta Morales se prepara para realizar su primera feria comunitaria del año, un evento que busca reunir a personas locales y visitantes en un ambiente festivo y de intercambio cultural.

La actividad, organizada por AsoOstras con el apoyo del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR), se llevará a cabo el próximo sábado 29 de marzo en Playa Blanca, desde las 8:30 a.m. hasta las 3:30 p.m.

«Habrá venta de comidas, bebidas, ropa, música y mucho más», indica la organización e invita a las familias a disfrutar de un día de playa mientras se apoya el desarrollo local.

La feria representa una oportunidad para que la producción y artesanía de la zona puedan comercializar sus productos, al tiempo que se fortalecen los lazos comunitarios y se dinamiza la economía local.

Este tipo de iniciativas se enmarca dentro de los esfuerzos de desarrollo sostenible que promueven tanto AsoOstras como el Programa Kioscos Socioambientales, combinando la recreación con el fortalecimiento de las capacidades locales.

La invitación está abierta para todas las personas interesadas en conocer la oferta de artesanías, bisutería, gastronomía y productos locales que caracteriza a esta comunidad costera del Pacífico costarricense.