-Es urgente convocar el Acuerdo de Escazú para discutirlo en la Asamblea Legislativa; -Empresarios presionan para que no exista un marco legal robusto en materia de delitos contra defensores de la naturaleza;
(Bloque Verde, 30/11/2020) Es injustificable seguir poniendo en riesgo a defensores y defensoras de la naturaleza. Es inaceptable e irresponsable la posición de las cámaras empresariales en contra del Acuerdo de Escazú, las cuales pretenden que siga reinando en el país la impunidad en cuanto a crímenes contra defensores de la naturaleza.
Tanto la Cámara de la agroindustria como la Cámara de Industrias y la Unión de Cámaras Empresariales, han emitido documentos con afirmaciones temerarias, falsas y cargadas de argumentos ideológicos, en contra de un acuerdo internacional que vendría a ordenar la legislación en carácter de protección de los derechos ambientales, como lo es el Acuerdo de Escazú.
Los argumentos de las cámaras empresariales fueron desmentidos por el foro del Colegio de Abogados(1) del pasado 23 de noviembre. En el foro desglosaron uno a uno los argumentos falaces de los empresarios y dejaron en claro que esta campaña de las cámaras está fundamentada en interpretaciones lejanas a la realidad.
Además Nicolas Boeglin, abogado especialista en derecho internacional señala que el caso los empresarios costarricenses no es aislado. Boeglin señala que: “… tanto en Chile, como en Colombia, en Perú y en Paraguay, la discusión con relación al Acuerdo de Escazú en sus respectivos congresos se ha polarizado debido a una verdadera campaña de desinformación, gestada desde diversos círculos políticos y empresariales, haciendo uso de una creatividad pocas veces observada para justificar la oposición a este acuerdo regional”, puntualizó el abogado(2).
La convocatoria de la agenda de proyectos de ley que envió el ejecutivo el día viernes 27 de noviembre a la Asamblea Legislativa dejó de lado la posibilidad de que se vote un acuerdo internacional que vendría a posibilitar la instalación de mecanismos para el acceso a la información y la protección de la seguridad y la vida de las quienes protegemos el agua, la biodiversidad, los ríos, los bosques, la vida silvestre terrestre y marina, etc.
El nombre completo de este convenio internacional es: El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como “Acuerdo de Escazú”. Fue impulsado y firmado por Costa Rica en 2018 y en este momento se espera que sea ratificado por la Asamblea Legislativa para que pueda ser depositada la adhesión formal en Naciones Unidas y de esta forma entre a regir.
Uno de los alcances, que es importante mencionar, de este acuerdo es que daría la posibilidad de exigir al Estado la protección de los y las defensores ambientales en caso de que sean amenazados o perseguidos por su accionar en defensa de la naturaleza.
El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica señala que no se puede “pensar que Costa Rica por su “liderazgo verde” se encuentra como la excepción en la región Latinoamericana y Caribeña. Sobre la precaria situación que atraviesan las y los defensores ambientales, el recuento de los hechos demuestra que vivimos situaciones que de no ser enfrentadas, podrían derivar en una mayor desprotección de estas personas”.
Este mismo centro universitario señaló que en la historia reciente de Costa Rica existen casos de defensores de derechos humanos y ambientales que han sido asesinados. Los crímenes de Yerhy Rivera en 2020 y Sergio Rojas en 2019; los cuales siguen en impunidad en un contexto de racismo, que impide el seguimiento de las investigaciones para buscar los autores materiales e intelectuales.
Pero a esto se suman otros crímenes más, como el cometido contra Jairo Mora en Moín en 2013. Y recuerda la deuda histórica que tiene el país en la búsqueda de justicia para los integrantes de Asociación Ecologista Costarricense asesinados 26 años atrás.
Por esta razón es urgente que se avance en aprobar el Acuerdo de Escazú y para tal objetivo el gobierno de Carlos Alvarado debe comprometerse con éste y priorizar su trámite en la Asamblea Legislativa; de lo contrario está posponiendo de forma injustificable la aplicación de un tratado internacional que vendría a dar seguridad a la labor de miles de personas a nivel nacional. Activistas, ecologistas, campesinos, campesina, indígenas, funcionarios de instituciones que impulsamos la conservación y el resguardo de los ecosistemas, y que en muchos casos lo hacemos a costa de la propia vida o seguridad personal.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR)
En días recientes, varias cámaras empresariales costarricenses han circulado cartas dirigidas a integrantes de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, presentando una serie de argumentos jurídicos en contra de la aprobación del Acuerdo de Escazú.
Como bien es sabido este último es un tratado internacional, adoptado en marzo del 2018 bajo los auspicios de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL), y cuyo nombre completo es: «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe«.
Breve puesta en contexto
Desde el 26 de setiembre del 2018, este tratado regional, adoptado en Costa Rica en marzo del mismo año (véase textocompleto de su versión oficial en español) está abierto oficialmente a la firma de 33 Estados (América Latina y el Caribe).
En la literatura especializada (Nota 1), se considera que fue una declaración conjunta del mes de julio del 2012 (véase textocompleto) suscrita por Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay la que constituyó el punto inicial de un proceso que culminaría tan solo en marzo del 2018 en el cantón costarricense de Escazú, después de nueve largas rondas de negociaciones entre las 33 delegaciones oficiales.
En esta declaración conjunta, se puede leer que:
«Asimismo, reconocemos y subrayamos que los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental son esenciales para la promoción del desarrollo sostenible, de la democracia y de un medio ambiente sano, y aportan múltiples beneficios tales como: contribuir a tomar mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente; involucrar al público respecto de los problemas ambientales; aportar a la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública; y facilitar un cambio en los patrones de producción y consumo«.
Este grupo pionero de Estados, que impulsaron decididamente esta novedosa iniciativa en el 2012, no coincide con los primeros once Estados en ratificar este instrumento regional para que pueda entrar en vigor: siendo el caso de Chile el más estridente e inconsistente, al negarse oficialmente sus máximas autoridades (y ello hasta la fecha) a tan siquiera… firmar el Acuerdo de Escazú (Nota 2).
Las preocupaciones recientes externadas por el sector empresarial costarricense en breve
A diferencia de lo que dejan entender los recientes comunicados circulados por diversas cámaras empresariales costarricenses en contra de este tratado, el texto del Acuerdo de Escazú es extremadamente mesurado y ponderado de manera a garantizarle a cada Estado un margen de maniobra y cierta flexibilidad a la hora de implementar cada una de sus disposiciones. No es lo propio de este tratado en particular, sino que se inscribe dentro de una técnica convencional, encontrada en un sinnúmero de tratados multilaterales en materia ambiental y en otros ámbitos. Cabe recordar que al ser el resultado de nueve largas rondas de negociaciones entre los 33 Estados de América Latina y del Caribe realizadas entre el 2014 y el 2018, cada párrafo fue objeto de revisiones, enmiendas y modificaciones adicionales, en aras de consensuar una formulación que fuera la más aceptable posible para 33 delegaciones provenientes de realidades jurídicas, institucionales y políticas muy diversas.
En un comunicado inicial de la Cámara Nacional de Agricultores del 8 de octubre del 2020 dirigido a los jefes de fracción del Congreso costarricense (véase texto completo), se puede leer que:
“En conclusión, el Acuerdo de Escazú tiene un conjunto de falencias jurídicas, tanto convencionales, constitucionales como legales que al no ser subsanables por las eventuales reservas estatales, entrarían en vigencia de ser aprobado; lo anterior sin perjuicio de las antinomias generadas respecto de tratados de libre comercio“(sic.).
Por su parte la Cámara de Industrias de Costa Rica en una carta del 19 de noviembre pasado (véase texto completo) llega a conclusiones similares, segundada, por otra larga carta distinta, de 12 largas páginas, suscrita esta vez por la Unión de Cámaras (UCCAEP), y que concluye señalando lo siguiente:
“Señoras y señores diputados, cómo hemos podido expresar, existen suficientes reservas y preocupaciones en torno a este expediente legislativo, países como Chile, que fue uno de los países proponentes, notificó a la Cancillería ya que no procedería con su ratificación, ya que han identificado los mismos peligros que hemos podido confirmar en nuestro ejercicio de análisis. Adicionalmente, aprobar este instrumento en medio de una situación tan complicada como la que vive el país, más bien envía señales negativas y no procura generar un ambiente propicio para fomentar la inversión y dar seguridad jurídica “(sic.)
Estas repentinas objeciones, provenientes de estas tres entidades denotan algo raramente visto con relación al trámite de aprobación de un tratado internacional en Costa Rica: en efecto, no se tiene registro de una reacción similar en contra de un instrumento internacional en materia de ambiente o de derechos humanos que haya despertado tantas reacciones en su contra en Costa Rica en unas semanas. El calificativo usado de “repentinas” se explica en razón del hecho que durante la etapa inicial en la que la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate por unanimidad este mismo texto, en febrero del 2020, no se había desatado semejante ofensiva en contra del Acuerdo de Escazú. Tratándose del mismo texto, con las mismas disposiciones, cuesta entender qué pueden haber descubierto de tan preocupante y amenazante las cámaras entre el mes de febrero y noviembre de un mismo año.
Desde el punto de vista más sustantivo, los supuestos argumentos de cada una de estas tres cámaras reaparecen bajo diversas formulaciones en cada una de los tres cartas precitadas, por lo que resultaría de sumo interés conocer el origen exacto que motivo la elaboración de cada una.
No pretendemos en este corto espacio responder las diversas razones aducidas, dado que prácticamente, en particular desde la perspectiva internacional, cada una conlleva revisar cuestiones muy básicas (cómo se negocia un tratado internacional, quién es el destinatario de las obligaciones que contiene, cómo se formulan sus disposiciones para – precisamente – evitar este tipo de cuestionamientos): desde el punto de visto jurídico y en particular de la técnica jurídica empleada en el Acuerdo de Escazú, un reciente foro realizado por el Colegio de Abogados de Costa Rica (véase video, y en particular la exposición del Profesor Mario Peña, minutos 38- 1:14) desmitifica el contenido del Acuerdo de Escazú, haciendo ver cuán infundadas son las supuestas razones legales esgrimidas por estas entidades que reagrupan a una parte de la cúpula empresarial costarricense. Remitimos también a su reciente artículo (véase texto completo) titulado precisamente “Desmitificando el Acuerdo de Escazú” publicado en el sitio jurídico de DerechoalDia.
Con relación al punto específico de la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental que tanto pareciera preocupar a estas tres entidades (así como a una magistrada de la Sala Constitucional), un artículo del mismo especialista en derecho ambiental, de octubre del 2019, explica claramente que se trata de un principio que ha recibido acogida en la legislación y en la jurisprudencia de tribunales costarricenses desde hace ya muchos años, y que al parecer ignora la precitada magistrada de la Sala Constitucional (Nota 3).
A modo de conclusión
Desde varios meses, tanto en Chile, como en Colombia, en Perú y en Paraguay, la discusión con relación al Acuerdo de Escazú en sus respectivos congresos se ha polarizado debido a una verdadera campaña de desinformación, gestada desde diversos círculos políticos y empresariales, haciendo uso de una creatividad pocas veces observada para justificar la oposición a este acuerdo regional.
A modo de ejemplo, entre muchos, podemos remitir a este documento suscrito por altos mandos militares en Perú sobre la supuesta pérdida de soberanía en la Amazonía peruana (véase textocompleto) o bien a este anuncio de cámaras paraguayas del sector agropecuario (véase textocompleto) para que nuestros estimables lectores puedan apreciar mucho mejor el alcance de esta campaña de desinformación.
En el caso de Colombia, este artículo de El Espectador desmitifica los «mitos» sin mayor fundamento – como lo son muchos mitos – creados con respecto al alcance de este tratado regional. Recientemente, el talentoso equipo colombiano de La Pulla elaboró un video titulado “La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas“ (véase enlace), el cual responde precisamente a la gran cantidad de argumentos totalmente falaces en contra de este instrumento regional, desmenuzando de manera extremadamente ingeniosa muchos de los razonamientos oídos no solamente en Colombia: se trata de mitos escuchados en varios otros Estados del continente americano en contra del Acuerdo de Escazú, y que al parecer, cuentan ahora con adeptos en Costa Rica.
—Notas—-
Nota 1: Véase por ejemplo DE MIGUEL C., «Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI«, in PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú. Hacia la democracia ambiental en América Latina y el Caribe, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral (UNL), 2020, 330 páginas, pp. 20-34, p. 22 (el texto integral de esta reciente obra colectiva está disponible en este enlace).
Nota 2: De manera a poder apreciar el pronunciado giro operado por las autoridades chilenas con relación al Acuerdo de Escazú, se puede comparar el texto de la declaración conjunta suscrita por Chile y Costa Rica en el mes de junio del 2018 (véase textocompleto colgado – hasta la fecha – en el sitio oficial de la diplomacia chilena) con un documento reciente circulado el mismo día en que el Presidente chileno ofrecía su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 22 de setiembre del 2020 (véase textocompleto de 12 páginas que viene sin sello oficial ni firma de los dos ministros al final del documento, … y que se supone es un documento oficial). El título de esta nota de la DW (Alemania) del 21 de setiembre del 2020 retrata bastante bien, en nuestra modesta opinión, el espectáculo raramente visto por parte de un Estado con relación a un tratado internacional: “Chile: el rechazo al Acuerdo de Escazú acaba con la aspiración de liderazgo ambiental”.
Nota 3: Véase PEÑA CHACÓN M., “Acuerdo de Escazú y la carga de la prueba ambiental en Costa Rica”, Portal del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR), octubre del 2019, disponible en este enlace. Sobre la situación particular en la que se encuentra el Acuerdo de Escazú en Costa Rica, y la complicación que ha generado la Sala Constitucional en el trámite de aprobación de este tratado, véase la sección “La peculiar situación del Acuerdo de Escazú en Costa Rica” en nuestro breve análisis: BOEGLIN N., “La reciente aprobación del Acuerdo de Escazú por parte del Senado de México”, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 17/11/2020, disponible en este enlace.
*Foto extraída de nota de prensa de la BBC, titulada “Los países en los que matan a más ambientalistas en el mundo y el terrible récord de América Latina”, 30 de julio del 2019.
Esta vez compartimos un artículo de Mario Luna, de El Salvador, cuya intención es ofrecer un análisis socio-teológico de coyuntura y opinión, desde su experiencia salvadoreña como parte de una Comunidad Eclesial de Base.
Este hermoso y oportuno artículo es parte de la serie de textos de análisis de coyuntura que compartimos este año tras la declaratoria de pandemia. Pretendemos compartir insumos para las personas y comunidades que quieran contar con análisis y herramientas para entender lo que estamos viviendo en Latinoamérica., siempre desde el enfoque del pensamiento crítico.
Mario Luna es docente, Teólogo, maestrante en Teología Latinoamericana (por la UCA de El Salvador), miembro de la Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador. Facilitador de biblia y teología del ministerio de diversidad sexual de la Iglesia Episcopal de El Salvador. Acompañó a dos CEBs en Zacamil, Mejicanos, la comunidad Monseñor Romero, Zacamil, y la comunidad la Fosa. Además, es miembro del Centro de Investigación Ecuménica de El Salvador (CIE)
Mario ya nos ha acompañado en el DEI de forma presencial durante el Taller Socio-Teológico, y actualmente forma parte del Seminario de Construcción Colectiva que se realiza en modalidad virtual en este momento.
Agradecemos profundamente a Mario por recuperar las experiencias desde las Cebs en Zacamil y compartir generosamente este artículo.
Les animamos a ustedes enviar sus artículos para compartirlos con muchas más personas.
DEI
«Mi Reino no es de este mundo…»
Hacia la construcción y recuperación de lo femenino en los espacios comunitarios políticos en tiempos de crisis por el Covid-19
Por: Mario Luna (El Salvador, CA).
Covid-19 y crisis social-política en El Salvador y Latinoamérica
Evidentemente debemos decir que en los actuales contextos que vivimos en América Latina, hubo una tendencia creciente a utilizar el estado de excepción como paradigma normal de gobierno. Es decir, una naturalización de este.
Se justifica esta narrativa señalando que “por razones de salud y seguridad pública” se quitan las libertades constitucionales a los ciudadanos. Dando así lugar a una verdadera militarización de los municipios y zonas en que se desconoce la fuente de transmisión de al menos una persona o en que hay un caso no atribuible a una persona de una zona ya infectada por el virus.
El otro factor, no menos inquietante, es el estado de miedo que evidentemente se ha extendido en los últimos años en las conciencias de los individuos y que se traduce en una necesidad real de estados de pánico colectivo, a los que la epidemia vuelve a ofrecer el pretexto ideal. Así, en un círculo vicioso perverso, la limitación de la libertad impuesta por los gobiernos es aceptada en nombre de un deseo de seguridad que ha sido inducido por los mismos gobiernos que ahora intervienen para satisfacerla.
Por ejemplo en El Salvador, la pandemia ha llegado, y ha puesto en crisis no solo el sistema de salud pública, sino que también a las personas más empobrecidas. Muchos salvadoreños y salvadoreñas afirman: “Si me quedo en casa, me muero de hambre”. Por tanto hay una naturalización de morir de hambre o morir por el contagio del virus.
Dejar de trabajar y encerrarse en casa por Coronavirus es un lujo para quienes trabajan en el sector informal de El Salvador. Según un estudio que Fusades presentó en octubre de 2018, se trata de siete de cada diez salvadoreños. Gente que no tiene Seguro Social ni pensión y, salvo excepciones como algunas empleadas domésticas, tampoco un pago fijo. Los vendedores informales son ícono de este desafortunado sector de la economía nacional, y los vendedores del Centro Histórico son los más célebres de entre ellos (ver enlace).
Al menos hasta 2015, la Alcaldía capitalina calculaba que son más de 8,600 en puestos en las calles del Centro, y unos 10,000 ambulantes: carretoneros y buhoneros (que andan la venta en la mano). Toda esa gente no se puede dar el lujo de encerrarse. Si venden, comen; si no, no. Así lo dicen algunos de ellos. “¿Se imagina si no salimos a vender lo que va a pasar con nosotros? Nos van a dejar morir”, dice una anciana que vende medicamentos. “Si no me dejan venir al trabajo, yo voy a hacer desvergue”, dice un lustrador de zapatos. “¡La gente de dinero compra cosas para guardarlas, nosotros ni el supermercado conocemos!”, dice una vendedora de ropa interior.
No obstante, se posiciona toda una narrativa de parte del gobierno que naturaliza su accionar, por ejemplo:
Geovanny Ramírez tuvo que salir de su vivienda, ese 7 de abril, porque ya no tenía nada para comer. La cuarentena y el régimen de excepción, impuestos por el Gobierno desde el 21 de marzo por la pandemia de COVID-19, lo obligaron a guardar su venta y eso lo dejó al borde de la hambruna. Así que se acomodó la mascarilla, tomó su bicicleta, el dinero de una encomienda y luego salió rumbo al centro de San Miguel. A pocas calles de su casa, unos policías de la Unidad Táctica Operativa (UTO), destacados en San Miguel, lo detuvieron en un retén, cuando el reloj marcaba las 8:30 a. m. cuando se detuvo “por respeto a la ley”, según dijo, los policías comenzaron a acusarlo: “Uno de ellos dijo que yo era pandillero, porque yo andaba dinero ajeno (…) Me dijeron que me iban a llevar como a un pandillero, y yo les dije que no soy nada de eso. Ahí fue cuando me empezaron a pegar”.
Geovanny es electricista de profesión y comerciante, y más recientemente repartidor y recadero. “Salí por necesidad”, dijo, pero los agentes no le creyeron. El primero lo golpeó en las costillas y, sin recuperar el aliento, corrió con todas sus fuerzas de regreso a casa, dejando atrás su bicicleta y a los policías. Uno de ellos disparó y Geovanny no supo si fue al aire o si falló el tiro. Griceydi Padilla, su vecina, salió al escuchar “una detonación similar a la de un arma de fuego” y “gritos de una persona pidiendo auxilio”. Era Geovanny, quien aprovechó la puerta abierta para buscar refugio, pero fue descubierto y sacado a puntapiés por los policías. De ahí se lo llevaron junto a tres más que pedían detener el maltrato, incluyendo a una adulta mayor. Así lo narró Griceydi a la procuradora delegada de Derechos Humanos en San Miguel, Gladys Benítez, según la resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sobre el caso (Fuente: ver enlace).
Por otro lado, hay una crisis política en El Salvador. Hay fuertes indicios antes de la pandemia de la absolutización de la militarización del Estado (con el 9 de febrero), es decir un mes antes del confinamiento y de la paro de la economía (trabajo), había fuertes indicios de esta realidad:
“Por primera vez en la historia, un presidente utiliza al ejército para tomarse la Asamblea Legislativa y amenaza con disolver el Congreso. Nayib Bukele organizó este domingo 9 una concentración con miles de simpatizantes frente al Órgano Legislativo y dio un ultimátum de siete días a los diputados si no ceden a su presión y autorizan la negociación de un préstamo de $109 millones” (fuente: ver enlace).
Sin embargo, durante todo este contexto de pandemia, hay ataques a la prensa, a la libertad de expresión, persecución política por parte del ejecutivo de periodistas (en especial mujeres) y comunicadores, desprestigio de todo aquel o aquella que haga una crítica o juicio o de una opinión distinta al ejecutivo (el medio estratégico son las redes sociales):
“La periodista de la revista Gato Encerrado, Carmen Valeria Escobar, es acosada digitalmente por el candidato a diputado por Nuevas Ideas, Carlos Hermann Bruch.
En reiteradas ocasiones Bruch ha descalificado la labor de la periodista; sin embargo, dicho acoso se intensificó en el marco de la pandemia, lo que también desató ataques digitales por otros usuarios de redes sociales.
“El nivel de acoso de este personaje llegó a un nivel intolerable”, expresó la periodista en su cuenta de Twitter. APES condena este tipo de ataques que atentan contra la integridad de las y los periodistas y pide a los usuarios de redes sociales respetar la labor de la prensa, fundamental para el ejercicio democrático en el país” (Fuente: ver enlace).
Por último, el domingo 9 de agosto, el presidente Bukele señalo en radio y televisión: “Si yo fuera dictador, los mandaría a fusilar a todos”. En esta frase expresó sus más caros anhelos, esto es, fusilar a todos los que no comulgan con sus determinaciones, comenzando con los magistrados de la Sala de lo constitucional de El Salvador.
Por tanto, en mi opinión personal, la pandemia ha sido la excusa perfecta para la exacerbación de la militarización del estado y del espacio público, e impulsar políticas populistas que buscan posicionar en la administración pública una nueva aristocracia (contexto de El Salvador).
Se quiere controlar a la población generando miedo por medio de los medios de comunicación social, redes sociales, entre otras; se construye el pánico por medio de la desinformación de qué medidas de saneamiento tomar ante la pandemia, además del incremento del desempleo, inseguridad social.
Hay por tanto, toda una estrategia psicológica para mantener el miedo en la población y así mantener paralizada a las personas, para que estas no reaccionen ante un abuso y violación de derechos humanos.
Se aprovecha el estado de emergencia (Contexto de El Salvador) para hacer negocios (corrupción) y compras de accesorios de bio-seguridad de mala calidad, se oculta la información del manejo de la pandemia de una forma tan descarada, violando la ley de ética gubernamental.
Planteando este escenario, vemos con claridad la presencia de una necro-política en todo este proceso.
1.1. Necro-política y necro-capitalismo
Es decir un proyecto político-económico de muerte que empobrece siempre a las mayorías. La realidad más cruda: morir de hambre o por el virus. Evidentemente, serán siempre los marginados y excluidos de un sistema social-económico los que tendrán o que sobrevivir o perecer.
Achille Mbembe (2011) quien construye el concepto de necropolítica, examina cómo el derecho soberano de matar se reformula en las sociedades donde el Estado de excepción es permanente. Según Mbembe, en un estado sistemático de emergencia, el poder refiere y apela constantemente a la excepción y a una idea ficticia del enemigo.
Pero como entendemos la necro-política:
Se refiere al poder de dar muerte con tecnologías de explotación y destrucción de cuerpos tales como la masacre, el feminicidio, la ejecución, la esclavitud, el comercio sexual y la desaparición forzada, así como los dispositivos legal-administrativos que ordenan y sistematizan los efectos o las causas de las políticas de muerte (Estévez, 2017).
Lo legal, lo jurídico y lo político sistematizan y ordenan este proyecto de muerte, que tiene como fin, salvar el mercado (el orden) y no al ser humano.
Vivimos esta situación que describe Mbembe, donde la crisis y emergencia sanitaria por el Covid-19 desvelan el necro-poder, o por lo menos está más evidente que en otros tiempos las necro-praxis (políticas) de las formas radicalmente corrosivas de capitalismo. Es sin duda, un capitalismo necropolítico, es decir, prácticas capitalistas o formas organizacionales de acumulación que involucran la pobreza, muerte, suicidio, destrucción del ecosistema y la organización y administración general de la violencia social estructural (Estévez, 2017).
¿Cuál es la respuesta teológica latinoamericana de la liberación, ante la actual situación del Covid-19?
Desde la perspectiva del teólogo Asman (1997), ante esta situación la crisis socio-política que provoca el capitalismo como necro-praxis, se deben posicionar las experiencias de fe anti-idolátricas y una de ellas es crear lenguajes alternativos para hablar de Dios y desde luego construir una comunidad ética-política solidaria alternativa distinta a la que se construye desde la idolatría del dios del capitalismo (individualismo, muerte, destrucción de los ecosistemas, entre otros). Se trata de estar en el mundo pero no ser del mundo (Jn 18, 36). Veamos.
2.1. Mi reino no es de este mundo (Jn 18, 36)
Según el texto de Juan 18, 36: Contestó Jesús:
Mi reino no pertenece a este mundo. Si perteneciera mi reino a este orden, mis propios guardias habrían luchado para impedir que me entregaran a las autoridades judías. Ahora que mí reinado no es de aquí.
Para Mateos-Barreto (1982), Jesús no responde directamente a la segunda pregunta de Pilato: ¿Qué has hecho?, sino a la primera: ¿Tú eres el rey de los judíos? Al descartar la realeza que se apoya en la fuerza quedará patente que no pretende ocupar el trono, como podría sugerirlo el título que le ha dado: el rey de los judíos.
Al decir Jesús de Nazaret: “Mi reino no pertenece a este orden”, está en paralelo con la que había dicho de sí mismo: “yo no pertenezco al orden éste” (8,23) (…). El orden este, “el mundo”, es el sistema de injusticia, el que oprime al ser humano (mujer-hombre), y la adhesión a él es el pecado (8,23).
No obstante, Jesús practica el servicio al ser humano (al Otro) y rechaza el poder (6,10.15); como rey será el hombre levantado en alto, que dará su vida por salvar al Otro (12,13.15.32.34; cf. 3,3.5.14). La figura de Jesús, el rey que no pertenece al orden este, se opone a la del “jefe de este orden” (Jn 12, 32; 16,11), se trata de la personificación del círculo de poder (Mateos-Barreto, 1982).
Para Mateos-Barreto (1982), Jesús caracteriza a los reyes de este orden por apoyarse en la fuerza de las armas e imponer así su dominio: Si perteneciera a este orden (mundo) la realeza mía, mis propios guardias habrían luchado para impedir que me entregaran a las autoridades judías. Jesús considera el uso de la violencia como perteneciente a la esfera de la injusticia y del pecado. En eso precisamente se distingue su realeza de las demás. La oposición entre su postura y la de “este orden” es clara; él se ha entregado voluntaria mente y ha cortado en seco la violencia de Pedro (Jn 18,11).
Por ende, Jesús renunciando al uso de la fuerza, ha probado no ser rey como los otros. No se ha constituido en rival de sus adversarios, disputándoles el poder, sino que se ha entregado en sus manos. Su realeza no tiene su origen en ninguna legitimidad de este mundo: “Mi reino no es de este mundo”.Tiene un fundamento completamente distinto que no se expresa en el lenguaje jurídico de derecho-sumisión.
En Síntesis, “no ser de aquí” equivale, por tanto, a “no pertenecer al orden este”. Su realeza pertenece a lo de arriba”, la esfera del Padre y del Espíritu; es, por tanto, una realeza que por amor comunica vida, en vez de producir muerte con la opresión (Jn 4,47.49).
2.2. Los imperativos del mundo (necro-poder: orden-ley)
Para Jesús el uso de la violencia del orden (mundo) pertenecen a la esfera de la injusticia y del pecado. El mundo (el orden), fundamenta un proyecto de muerte, desde el poder. Y esta realidad, desde la óptica del Jesús del evangelio de Juan es pecado.
El Sanedrín y Pilato son mundo, y estos siguen los imperativos del mundo. Ellos defienden las Leyes, Pilato la ley del dominio imperial y el Sanedrín la legalidad de la Ley judía. Pero para estos, Jesús de Nazaret ha transgredido la Ley (cuando lo ha hecho, pues cuando cura a los enfermos en día sábado). Para el Jesús Joanico, la ley no debe impedir la vida humana, por tanto, los que se open a Jesús y su praxis, lo hacen en nombre de la Ley (Hinkelammert, 1998).
2.3. Sustitución de Dios por el mercado (Jn 2, 13-16): necro-teología del orden mercantil
En síntesis, si actualizamos el mensaje de Jesús de Nazaret desde el evangelio de Juan, el mundo y su orden es toda una realidad de pecado e injusticia, con una ley que cosifica al ser humano. Pero también, para que se fundamente este orden-mundo, es fundamental toda una necro-teología que legitima este orden. Ahora bien, el Jesús del evangelio de Juan desenmascara esta realidad es decir “la sustitución de Dios por parte de las relaciones mercantiles”:
Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el Templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del Templo, con las ovejas y los bueyes; desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas; y dijo a los que vendían palomas: Quiten esto de aquí. No hagan de la Casa de mi Padre una casa de mercado.
Se trata del conflicto entre Dios y Mamón. Mamón en este texto ocupa el lugar de Dios, al transformar la casa del Padre en casa de mercado. Dios desaparece de la casa de Dios y su lugar lo ocupa el Mamón, que ahora se llama Dios, pero en ningún momento se transgrede la Ley. Es evidentemente el cumplimiento de la Ley (en este caso la ley del valor) que sustituye a Dios en la casa de mi Padre. Dios es destronado cumpliendo la Ley. Por tanto, se trata de un acto en contra de Dios, que a la vez es un acto contra el ser humano (Hinkelammert, 1998).
En resumen, en el mundo-orden el mercado y la ley normatizan teológicamente el seguimiento a Mamón como el absoluto señor del orden-mundo. Pero el Jesús del evangelio de Juan, deja clara la postura radical de: “Mi reino no es de este mundo”, y sobre todo desenmascara la teología del mundo orden: “No hagan de la Casa de mi Padre una casa de mercado”. En último término, Jesús señala que este mundo-orden (podríamos decir el necro-política) construye relaciones de poder que son pecado e injustas, que van en contra de la voluntad del Padre (y del reino de Dios).
La ética de la compasión: para deconstruir el orden-mundo (necro-poder) y la recuperación de los espacios comunitarios políticos
Boff (2004), se hace una pregunta fundamental que nos sirve para deconstruir todo lo que hemos construido hasta este momento como civilización (orden-mundo): ¿Por qué hemos llegado hasta este punto crucial? Para Boff, las revoluciones agrícolas, la industrial, la del conocimiento y la comunicación, modificaron la faz de la tierra para bien y para mal. Dieron comodidad al ser humano, pero también depredaron la tierra.
Con el conocimiento técnico-científico y cultural, obtuvo el poder-dominación de la tierra, de las mujeres, de los pueblos. En lugar de estar junto a los demás seres, se puso contra ellos y sobre ellos.
Urge por tanto, de-construir todo este proyecto de muerte (necro-políticas), y para ello Boff (2004) expresa que lo fundamental para contrarrestar esta realidad, es la activación consciente e intencionada del principio femenino que está presente en las animas de la mujer y el hombre. Lo femenino en nosotros es aquella energía estructuradora que nos hace sensibles a todo lo que tiene que ver con la vida y la cooperación, que capta el valor de los hechos, que lee el mensaje secreto emitido por todos los seres, que identifica el hilo conductor que liga y re-liga las partes en el todo a la Fuente que todo procede. Lo femenino nos enseña a cuidar de todo con celo entrañable.
El cuidado constituye la esencia del anima y precondición necesaria para que continúe la vida.
En conclusión, según Leonardo Boff (2004), “para ser plenamente humanos, el ethos tiene que incorporar la compasión (pp. 56). El ethos que se compadece… incluye a todas las personas… donde hay acogida y donde las lágrimas pueden ser lloradas sin vergüenza o enjugadas cariñosamente” (pp. 57).
Y la compasión como señala Boff (2004), “es compartir la pasión del otro y con el otro, sufrir con él, alegrarse con él, caminar con él (pp. 57). Y la compasión como señala nuestro teólogo, exige, libertad, altruismo y amor” (pp. 59).
Hoy por hoy, en tiempos de crisis por el Covid-19 y de la implementación de las políticas de muerte, lo que debe primar es la ética –política de la compasión.
Se debe crear comunidades con esta óptica, es lo que debemos considerar para construir otros mundos distintos a este.
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Fotografías: agradecemos a Mario Luna por facilitarlas. Las tres corresponden a la Colonia Zacamil, en el Municipio de Mejicanos (Departamento de San Salvador, El Salvador).
Fotografía 1: Primer aniversario de Comunidad Eclesial de Base (Ceb).
Fotografía 2: (con imagen de una cruz): Viacrucis latinoamericano, con tres Cebs de la zona.
Fotografías 3: Círculo de Lectura Popular de la Biblia en casa de Mario, Zacamil.
Referencia Bibliográfica
Asman H (1997). La idolatría del Mercado. Colección Economía Teológica. Editorial Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI). San José, Costa Rica.
Hinkelammert F. J (1998). El grito del sujeto: del teatro-mundo del evangelio de Juan al perro-mundo de la globalización. Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), San José Costa Rica.
Mbembe A (2011). Necro política. Editorial Melusina. España.
Mateos, J y Barreto, J (1982). El evangelio de Juan. Análisis Lingüístico y comentario exegético (segunda edición). Ediciones Cristiandad. Madrid.
El tema este año es «Leyendo la pandemia desde la Biblia. ¿Fin de los tiempos o creación de nueva tierra?»
El seminario en modalidad virtual busca promover metodologías para la lectura crítica y popular a partir de los textos bíblicos
El DEI realiza el SeminariodeLecturaPopulardelaBiblia con la intención de profundizar en la Lectura Popular de la Biblia como metodologíadelecturacríticadelostextosbíblicos. Al tiempo que reúne a 50 personas entre biblistaspopularesylíderesdecomunidadesdefeenAméricaLatina. El seminario de un mes se realiza año tras año y se desarrolla entre el 7deoctubreyel18denoviembre. Abarca seis sesiones en vivo y trabajo grupal adicional.
Este seminario es un espacio para fortaleceryretroalimentaralmovimientobíblicolatinoamericano a la vez que propicia el encuentro y el aprendizajeconcarácterpluralista,ecuménicoeintercultural. Especialmente entre quienes ya cuentan con algún acercamiento o experiencia en el movimiento de lectura popular de la Biblia, o liderazgo en comunidades de fe, siempre con perspectiva liberadora.
El desafío de la modalidad virtual
Este año, a causa de la pandemia, la actividad del seminario se produce en modalidad virtual. Nos ha sorprendido favorablemente que, en esta ocasión, la acogida ha sido inclusive mayor que en años anteriores: esta vez se reúnen 50 personas a través de herramientasdeplataformasdigitales,transmisionesenvivo,ymediaciónvirtualpedagógica.LasDivulgacióndelatransmisionesenvivohantenidoalcancesdesde4milhasta27milpersonas.
Nos acompañan participantes que, en otros contextos, no podrían estar presentes por la imposibilidad de abandonar su país, trabajo y comunidad durante un mes, para trasladarse a Costa Rica y participar presencialmente en el DEI, como habitualmente sucedía durante el Seminario de Lectura Popular de la Biblia.
La apuesta por la modalidad virtual, aunque exitosa, es temporal respecto al seminario pues elencuentropresencial,laexperienciadeconvivenciacontinuaentrepersonasorganizadas,espartemedulardelquehacerdelDEI. Las metodologías decarácteraltamenteparticipativo han sido adaptadas esta vez, siendo estas un fuerte durante los espacios del Programa de Formación en el DEI. En adelante y en consecuencia con el éxito de esta experiencia, es probable que se combinen ambas modalidades para ciertos espacios de formación desde el DEI.
11 países se reúnen en “Comunidades de Vida” para hacer lecturas con enfoque liberador
Personas de 11 países coinciden durante este mes de seminario virtual. Hay compañerxs de México,Guatemala,ElSalvador,Honduras;Cuba,CostaRica,Colombia,Brasil;Perú,Venezuela,Bolivia,yChile.
Como ejercicio experimental y buscando acortar distancias en la virtualidad, se han conformado grupos de trabajo con las personas participantes, a los que hemos llamado “Comunidades de Vida”.
Estas comunidades o pequeños gruposinterculturales son integrados por personas de diversos países que se reúnen -fuera del tiempo en vivo del seminario- para hacer Lectura Popular de la Biblia. El objetivo es que hagan reflexióneinterpretaciónbíblicaconenfoqueliberador, y así dialoguen, hagan análisis y discutan de forma crítica a partir de textos bíblicos, para luego compartir ese proceso de intercambio con los demás compañeros de otros grupos.
Propuestas temáticas para leer la Biblia desde miradas no hegemónicas
La apertura del seminario contó con la presencia del equipo de trabajo del DEI, e inició con un espacio de encuadre del seminario, por parte de Alberto Álvarez Toirac, investigador del DEI, y una ronda de presentación de cada persona participante.
“Sobre el LevÍtico hay muchos errores, muchos equívocos y un uso muy malintencionado del libro de Levítico (…) Es uno de los textos que más utilizan las iglesias fundamentalistas «contra la homosexualidad», comenta Nancy mientras hace gesto de entrecomillar en el aire.
El teólogoypastorevangélicoargentinoNéstorMíguez, nos compartió un diálogo sobre “Apocalipsis:pesteysanación”. «No son salvaciones individuales. La Salvación es un espacio del pueblo. ¡Son los pueblos redimidos!; no individuos aislados. No esa imagen tan común en cierta iconografía fundamentalista (y hace referencia a menciones de “el rapto”). Nosotros estaremos en la Tierra disfrutando ser Pueblo», enfatiza Néstor.
Nuestrapróximasesióndelmiércoles4denoviembre estará a cargo de la teólogaybiblistamexicanaElsaTámez, con el diálogo “¿Cómosobrevivirentiemposdepandemia?:relecturadelEclesiastés”. La sesión serátransmitidapor Facebook Live a través de la página del DEI.
Desde Bolivia, nos acompañará SofíaChipanaQuispe,teólogaaymara quien en otros talleres del DEI ha compartido desde la experiencia de espiritualidadyvivenciadeydesdelascomunidadesoriginarias. Con ella celebraremos la penúltima sesión del seminario el miércoles11denoviembre en la sesión llamada “LecturaPopulardelaBibliayre-existenciascomunitarias”.
Nuestra clausura de este proceso de formación tendrá lugar el miércoles 18 de noviembre cuando realizaremos unasesióndedicadaaldiálogodelgrupoyalasíntesisfinal,conducidaporAlbertoÁlvarezToirac,coordinadordelProgramadeFormacióndelDEI.
Las próximassesionesabiertasalpúblicoserántransmitidasenFacebookLive a través de lapáginadelDEIenFacebook y pueden ser ampliamente divulgadas.
El Caribe latinoamericano es diverso, cambiante y basto, por esta razón la Universidad de Costa Rica (UCR) con el financiamiento de la Unión Europea (UE) dará lugar a investigaciones interdisciplinarias que permitan escribir una nueva historia caribeña.
Este jueves 28 de marzo a las 4 p.m. se llevará a cabo la presentación del libro: La Educación Popular Latinoamericana, historia y claves éticas, políticas y pedagógicas.
El Departamento Ecuménico de Investigaciones, DEI nos envía la entrevista sobre la actual situación política que enfrenta Brasil y Latinoamérica (compartida por Onda UNED).
La entrevista a Bruno Simões Gonçalves (Posdoctorado-Psicología decolonial Universidad Federal Rural de Río de Janeiro), la realiza Sebastián Fournier.
Jueces vinculados a una determinada parcialidad política, testigos poco fiables, ausencia de pruebas, implicación partidista de los grandes medios de comunicación y condena decidida de antemano. Seguro que la historia le suena conocida, pero a lo mejor no sabían que tiene nombre: se denomina “lawfare”, “guerra jurídica” en castellano y parece que se ha puesto de moda en Latinoamerica.
A lo largo del continente, hombres y mujeres comprometidos con la sobrevivencia de los pueblos originarios luchan por mantener sus lenguas vivas
Cada participante del Congreso contó una experiencia y una historia de la realidad que se vive en las comunidades y pueblos indígenas de diversos rincones del continente americano. Algunas de ellas llevan décadas trabajando por la revitalización de las lenguas indígenas. En la imagen: Gabriela Pérez, Colette Grinevald y Elissa Loncon.
Con la muerte de una lengua se pierde una cultura y su conocimiento. Más de 230 ya están extintas desde el decenio de 1950 y se estima que 3.000 lenguas están amenazadas en el mundo, según refiere la UNESCO en su último Atlas de las Lenguas en Peligro, publicado en 2010.
En cada continente y región son diversas las razones que contribuyen al desplazamiento de las lenguas; el racismo, la discriminación, la migración del campo a la ciudad, la cultura dominante o la falta de apoyo son algunas de las principales razones que señalan los estudiosos de las lenguas.
El proceso de desplazamiento implica que se vayan reduciendo los espacios de uso en las comunidades y cada vez menos hablantes jóvenes utilicen su lengua materna. No obstante, para estas lenguas aún hay esperanza ya que en el mundo cada día más actores manifiestan el interés por construir estrategias y acciones para documentar, revitalizar y visibilizar las lenguas en peligro.
La Dra. Gabriela Pérez, investigadora del Smithsonian Institute, ha corroborado esta tendencia que viene desde el 2000 cuando comienzan a multiplicarse las iniciativas de revitalización en diversos puntos del mundo. Estos esfuerzos se concentran en Latinoamérica, donde están desarrollándose la mitad de las iniciativas documentadas en la encuesta global de esfuerzos de revitalización que se aplicó en siete idiomas en los cinco continentes durante el año 2016.
Conscientes de la grave situación de las lenguas originarias, en cada país de América lingüistas, académicos, activistas y miembros de comunidades indígenas trabajan con compromiso, mística y pasión para recuperar y revitalizar las lenguas originarias en peligro de desplazamiento.
En la UCR algunos de ellos compartieron sus experiencias, angustias y esperanzas durante el Congreso Internacional “Contacto, documentación y revitalización de lenguas en desplazamiento en Hispanoamérica: desafíos en la diversidad II”, celebrado del 26 de febrero al 2 de marzo de 2018.
Conozca más iniciativas, proyectos y experiencias de quienes impulsan la revitalización en América Latina en el siguiente enlace: http://ucr.cr/r/cwsG
Carlos Sánchez Avendaño, lingüista, Costa Rica
En Costa Rica hay nueve lenguas indígenas de poblaciones asentadas en el país desde hace tiempo y otras poblaciones indígenas migrantes como el misquito de Nicaragua. Se encuentran en proceso de desplazamiento, unas más avanzadas que otras, pero todas en fase de pérdida de hablantes y de funciones.
Esto ocurre por el cambio cultural que va asociado con la pérdida de autonomía de estas poblaciones, la pérdida del sistema de vida tradicional, el verse incorporados a un nuevo sistema político económico que cambia todas las reglas del juego en cuanto a cómo se relacionan los miembros del grupo entre sí y con otros de afuera, cuál es su medio de subsistencia, cómo se subsiste alimentariamente. Se ven inmersos en una economía del dinero, ahora todo es monetario y eso cambia totalmente el comportamiento de la sociedad.
Bianca Paola Islas Flores, Instituto Nacional de Antropología, México
En Michoacán actualmente se hablan cuatro lenguas originarias, habían cinco pero en 1932 se reportaron los últimos hablantes de una de las lenguas. La lengua con más hablantes en el estado es el Purépecha, que es una lengua que se ha mantenido vital, sin embargo muestra indicios de desplazamiento. Hay una lengua Náhuatl que también está en alto riesgo de desaparecer, se habla en la costa de Michoacán, pero allí es casi imposible hacer trabajo de campo por la violencia que existe.
El Otomí o Ñhañhu es una lengua que está en alto riesgo de desaparecer, he encontrado que hay actitudes negativas de los hablantes hacia ser otomí o hablar la lengua, las personas que lo hablan son de más de 70 años, principalmente mujeres; ellas comentan que había racismo y discriminación y no quisieron que sus hijos padecieran lo mismo que ellas por hablar su lengua. En México el problema es que hay interés de las comunidades y de los investigadores, sin embargo los recursos para apoyar estos proyectos de revitalización y documentación de las lenguas originarias van reduciéndose cada vez más dependiendo de los gobernantes que entran.
Angélica Sipac (izq.), estudiante Universidad Mariano Galvez, Ciudad de Guatemala
Hablo el idioma Kaqchikel, pertenezco a la comunidad maya Kaqchikel. Allá en Guatemala tenemos 22 lenguas mayas, son cuatro mayoritarias que todavía se pueden rescatar, pero la mayoría ya se están perdiendo poco a poco. Entonces el objetivo de nosotros como sociolingüistas es revitalizar, ayudar a nuestra comunidad, al pueblo de hablantes mayas, a rescatar parte del idioma.
El problema se ha visto más con los jóvenes porque los padres desde niños ya no les hablan la lengua materna sino que les hablan el castellano, entonces a ellos ya no les interesa el idioma; lo hacen por temor a la discriminación, por vergüenza, por pena de hablar el idioma materno en frente de otras personas. No obstante, actualmente se está revitalizando, se está volviendo a darle importancia a la lengua.
Kenly Velazques, líder comunal, Sur de Nicaragua
Pertenezco a una organización social donde estamos tratando de revitalizar dos lenguas étnicas que son el misquito, garífuna y el creole. Los garífunas que llegaron de Honduras a Nicaragua eran un grupo muy pequeño, para poder sobrevivir tuvieron que vivir en un territorio de habla misquito y creole. Para poder negociar tuvieron que adaptarse a la lengua creole o misquito y poco a poco fueron perdiendo su lengua materna. El misquito es originario de la costa caribe de Nicaragua y el creole es una mezcla de inglés, misquito y otras lenguas europeas traídas por esclavos y originarios de la isla de Jamaica.
Nosotros como líderes sí queríamos salvar nuestras lenguas, pero gran parte de la comunidad no vio ese interés de salvarlas, sobre todo con el creole, porque los padres dicen: “¿Para qué necesitamos el creole? Suficiente con hablarlo en la casa. Yo no puedo mandar a mis hijos a estudiar a Estados Unidos o Europa con creole».
Indira Holguín. Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas de Bolivia
Son 36 idiomas de los cuales hay tres fuertes, Quechua, Aymara y Guaraní, que también están en grado de vulnerabilidad, y los idiomas de tierras bajas o amazónicos que son más pequeños; algunos solo tienen 10 familias o solo una o dos personas que lo hablan. Por suerte ahora las leyes nos apoyan en Bolivia, pero una cosa es la norma y otra el apoyo que se da a este proceso.
La migración, tenemos en las ciudades bastante racismo. Por las sequías y las inundaciones ellos tienen que salir de sus comunidades y esforzarse para hablar un buen castellano para ser aceptados y encontrar un buen trabajo. Sabemos que uno que habla un idioma indígena tiene trasferencias de su idioma al hablar castellano y nos tildan de “eres un campesino, eres un indio”.
Elena Benedicto, lingüista de la Universidad Purdue, EEUU
El trabajo lo hago en Nicaragua con una lengua que se habla en el caribe norte, Esta se encuentra en serio desplazamiento lingüístico, es parte de una familia pequeña que se llama Misumalpa, allí empecé a trabajar en el 95 cuando era estudiante de doctorado. Unos miembros de la comunidad querían que su variante fuera estudiada y básicamente validar que existía; empezamos a dar apoyo logístico y lingüístico a los proyectos que ellos tenían, especialmente en la escuela.
Las ideologías lingüísticas, los juegos de poder, la cultura dominante, tanto si es el español u otra lengua indígena dominante, ejercen mucha presión para que la persona de la cultura minoritaria abandone su lengua y su cultura y se asimile. Entonces, una de las cosas en las que se ha de trabajar es en la cultura dominante para que deje de presionar. Todos somos parte de esa cultura dominante, todos presionamos, todos somos culpables y si no haces nada eres cómplice de la situación.
Edgar Pérez Ríos, Comunero zapoteco del Sur de Oaxaca y estudiante de Doctorado, México
Creo que una de las metas de la investigación es ir más allá de la visión sociolingüística. Vayamos a las competencias que tenemos en el contexto sociocultural; por ejemplo, yo no soy hablante, sin embargo en el contexto de la lengua entiendo el ritual de la milpa y de la siembra pero no entiendo la lengua. Entonces que estos procesos de revitalización lingüística vengan acompañados de los procesos socioculturales donde tienen cabida.
Creo que si nosotros estamos interesados en fortalecer la diversidad sociocultural y lingüística de nuestros países, no nos aboquemos solamente a la cuestión de la lengua, vayamos más allá. Metámonos también al problema del agua, al problema de la tierra; cuando haya marchas, metámonos a las marchas.
Este breve artículo desnuda los verdaderos intereses ocultos de Fabricio Alvarado y Restauración Nacional.
Por Javier Calderón Castillo
La participación pública de pastores y seguidores de iglesias evangélicas o neopentecostales en los procesos electorales viene creciendo y haciendo sinergia en la ofensiva conservadora vivida en la región. Se han vuelto una parte activa, con diversos niveles de protagonismo, de las facciones de derechas en sus respectivos países. Participan en elecciones –con candidaturas propias o pautadas– utilizando su poder simbólico y retórico para vincular las creencias de la fe a la elección de ofertas políticas, canalizando la desesperanza social de la población/feligreses (en su mayoría pobre) y su enojo con los partidos políticos (que no les articulan, ni les dan respuestas) de tal manera que combinan el poder de convicción de la predestinación religiosa de la salvación pos-existencial al discurso político de un porvenir moralizador y bíblico como redención terrenal.
Según informes periodísticos, existen más de 19 mil iglesias neopentecostales en el continente, que organizan a más de cien millones de creyentes, es decir, una quinta parte de sus habitantes[1]. Estas cifras indican un desplazamiento de la Iglesia Católica, con sus distintas congregaciones, como estructuras mediadoras del poder simbólico de la fe de los latinoamericanos[2]. La estructura de la iglesia católica parece haber perdido el monopolio de la fe y poco a poco va dejando de ser el bastión de legitimación -de evasión o consulta- de las creencias y ofertas políticas[3] para la mayor parte de la población.
Los neopentecostales, sin embargo, no son los primeros grupos religiosos en participar abiertamente en política. En la segunda mitad del siglo pasado –desde 1947– se organizaron partidos políticos afiliados a la doctrina europea de la democracia cristiana, con muy diversas posturas políticas nacionales, llegando a ganar la presidencia en algunos países (Chile, República Dominicana, Colombia, Venezuela, entre otros) y teniendo ministros, senadores y diputados en todo el continente[4]. Aunque se trata de un proyecto en decadencia que en la actualidad no moviliza la fuerza política lograda en el siglo XX, este precedente establece –con algunas diferencias– un antecedente del “fenómeno” evangélico o neopentecostal.
Los rasgos distintivos de la participación política de los neopentecostales, pastores y sus iglesias, se pueden sintetizar en cuatro:
Posturas ultra-conservadoras en relación con la familia y restrictivas de las libertades sociales.
Abiertos defensores del neoliberalismo y la sociedad de consumo.
Gran capacidad económica ligada al aporte-convicción de sus feligreses.
Despliegue mediático a partir de sus propias emisoras, canales de televisión y redes sociales.
Antes de analizar esos rasgos de participación, veamos el mapeo de los partidos políticos evangelistas, sus alianzas y el porcentaje de adhesión de feligreses:
Partidos políticos evangélicos-neopentecostales
I
Los pastores neopentecostales se caracterizan por su capacidad de oratoria y el carisma sobre las multitudes. Se basan en las enseñanzas de las iglesias pentecostales norteamericanas fundadas a comienzos del siglo XX, de las cuales toman su doctrina religiosa centrada en la difusión y estudio del evangelio, en búsqueda del “avivamiento y encuentro con el espíritu santo como experiencia vital del pentecostal”[20]. Eso hace que los feligreses tengan una identidad y fuerte adhesión a su Iglesia de base, más que a una estructura lejana como el Vaticano. Critican a la Iglesia católica por tener como referente al Papa (al que llaman un falso profeta) y recurren a la polémica luterana sobre la popularización masiva de la lectura y el estudio de la Biblia[21]. Se puede decir que su desarrollo y expansión en Latinoamérica no es casual por la focalización en grupos indígenas y sectores excluidos, lo cual puede calificarse como una acción de inserción neocolonial.
En Brasil, donde reunen a cerca de 22 millones de militantes pentecostales, se han convertido en un partido político con influencia decisiva sobre los destinos de la nación[22]. Antes del golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff, Eduardo Cuhna lideró la bancada evangelista para impedir la concreción de normas a favor de derechos reproductivos de las mujeres y fue el líder del impeachment –juicio parlamentario- que terminó expulsando a la presidenta electa por voto popular[23].
Interpretan las escrituras biblícas como argumentos políticos en contra de procesos políticos progresistas. En Colombia jugaron un papel central en contra de ratificar el Acuerdo de Paz de La Habana en el plebiscito en 2016. Se han aliado con el senador y ex presidente Álvaro Uribe, quien tiene en sus listas al Congreso a pastores de la Iglesia del Avivamiento, Ríos de Vida, la Adventista y otras[24]. Los más de 10 millones de feligreses de 266 iglesias neopentecostales fueron convocados a votar por el NO, en contra del Acuerdo de Paz, porque supuestamente atentaba contra el concepto de familia. Una interpretación hecha a conveniencia y contraria al enfoque de género incluido en el acuerdo como transversal, que se refiere a la inclusión de las mujeres en la construcción de la paz, bastante alejado a cualquier otra consideración de orden moral o de estructuración de la organización familiar (cualquiera que sea)[25].
La agenda política de los grupos/partidos evangélicos en todo el continente parece ser similar al movimiento de “Tradición, Familia y Propiedad” surgido en los años 60 en el Cono Sur y vinculado a acciones a favor de las dictaduras[26]. Aunque este grupo fuera contrario al protestantismo, coinciden en su oposición conservadora a cualquier alteración del orden patriarcal de los roles de mujer y hombre, de cualquier aspecto sexual distinto a la reproducción y niegan cualquier idea liberal o progresista de la familia o las reformas para ampliar derechos y la democratización de la sociedad.
II
En general, la política a la que adhieren o promueven los pastores y las iglesias pentecostales es coincidente con el neoliberalismo, como lo expresan las iglesias evangelistas colombianas y centroamericanas, quienes fomentan la “ética protestante” ligada al libre comercio, al trabajador exitoso, ahorrador, constante y abnegado, donde “el éxito material aparece como una prueba de elección por Dios. Si un individuo gana mejor en su vida, estará tentado a asociar ese progreso a su Iglesia, y a involucrarse aún más”[27]. Otros pastores optan por posturas pragmáticas de derechas, como el actual alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, del Partido Republicano Brasileño y pastor de la Iglesia Universal del Reino de Dios, quien acompañó al PT siendo Lula presidente y él senador -aunque retornó a su causa en contra de Dilma Rousseff y en la actualidad está apoyando al gobierno de Temer y sosteniendo posiciones neoliberales en la gestión de la alcaldía carioca[28]-.
También existen algunos grupos evangelistas que apoyan a gobiernos progresistas como en Nicaragua y en menor medida en El Salvador, manejando un discurso pragmático de funcionalidad con el gobierno o, como ocurrió en el proceso de formación y desarrollo de la democracia cristiana, sectores de la iglesia interpretan la función social de la iglesia de formas distintas a la neoliberal[29]. En general, por sus adhesiones o apoyos a partidos ultra conservadores como se observa en la Tabla 1, se puede afirmar que los evangelistas están más cerca del neoliberalismo que de la justicia social.
III
Sólo en Brasil, las autoridades fiscales reportan que las iglesias evangelistas movilizaron, en 2015, 25 mil millones de reales (7 mil millones de dólares), una astronómica cifra que le ha permitido un crecimiento exponencial a las iglesias, que manejan franquisias y sus propios templos en cualquier pueblo, ciudad o país del mundo. Las iglesias evengelicas o neopentecostales están expandiéndose de Brasil a todo el mundo, en especial a los países de Latinoamérica y África[30].
En Colombia tienen reportados activos por 5 mil millones de dólares[31]. En los demás países no se conocen los montos que manejan los miles de pastores y sus iglesias, aunque se especula que es un “gran negocio de la fe”, una relación económica que no está regulada en algunos países, donde no pagan impuestos, ni los pastores están auditados por entidades del Estado que certifiquen ingresos y egresos, tipo de gastos y destinación de las ganancias[32]. También cada feligres ayuda como predicador de la iglesia al desarrollar las campañas políticas, sin mediaciones clientelares y autofinanciados.
De acuerdo a lo reportado en Brasil y Colombia, los ingresos económicos de las iglesias evangelistas en los demás países de Latinoamérica son altos, y al no ser auditados pueden destinarse a apoyar partidos políticos, o las propias candidaturas de los pastores. Una ventaja singular en la política latinoamericana, donde las campañas electorales son cada vez más profesionales y más costosas[33]. Podríamos estar ante un escándalo de la misma magnitud que el de Odebrecht.
IV
Las iglesias evangelistas también tienen una enorme red de emisoras de radio y canales de televisión. Algunos pastores justifican estas inversiones porque es la manera de llegar al creciente número de feligreses, “ya no pueden atender a tantos de forma presencial”[34], lo cual acrecienta el poder simbólico a desplegar por dichas organizaciones basadas en la fe. Al tiempo que son la forma de exposición mediática/política que genera una ventaja sobre los demás candidatos.
En Brasil, estas iglesias están apoyadas por la cadena Rede Records, de propiedad del Pastor Eder Mecedo, un potentado y multimillonario evangelista quien dice haber vendido más de 10 millones de copias de 34 libros, escritos sobre distintas temáticas, ayudado por sus feligreses que están repartidos en 147 países del mundo en la Iglesia Universal del Reino de Dios[35], la misma del actual alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Cravella. Un sistema copiado por todas las iglesias evangélicas del continente y con una capacidad de generar mensajes culturales muy fuertes, construyendo no sólo una ética pentecostal económica y moral, sino una estética ligada a la fe, la política y la predicación del evangelio.
Estos rasgos distintivos de las iglesias evangélicas son tan sólo la puerta de entrada para conocer un fenómeno que congrega multitudes en búsqueda de redención moral y la refrendación del mito de la predestinación, que está haciendo tránsito de forma creciente a la política, buscando integrar en el Estado los preceptos y verdades bíblicas que se pensaban superadas por la conquista del laicismo estatal. Son actores políticos emergentes, con una fuerza de cohesión sobre sus feligreses/votantes, que logran desequilibrar elecciones y son apetecidos por todas las formaciones políticas que coinciden con sus postulados religiosos y conservadores.