La Red Latinoamericana de Mujeres de la Economía Social y Solidaria ha puesto a disposición de todas las mujeres de la región de Latinoamérica un Trayecto de Capacitación y Formación con un temario amplio y variado que incluye temas de gobernanza y gestión de las organizaciones mutuales y cooperativas.
Para la inscripción/registro para la “Trayecto de Formación Red Latinoamericana de Mujeres de la Economía Social y Solidaria” se puede ingresar al siguiente enlace: http://es.research.net/r/REDTrayecto
El 18 de julio se presentó la Primera Marcha Latinoamericana por la Noviolencia, Multiétnica y Pluricultural
El pasado 18 de julio se realizó la presentación de la Primera Marcha Latinoamericana por la Noviolencia, Multiétnica y Pluricultural, en forma virtual. Se trató de una presentación inicial que abre la realización de múltiples actividades previas a la fecha en que tendrá lugar la misma, es decir del 15 de septiembre al 2 de octubre.
Esta actividad estuvo a cargo de representantes de diferentes países latinoamericanos, quienes explicaron los objetivos de esta Marcha, sus postulados, las iniciativas confirmadas y las perspectivas a futuro, e invitaron a participar y sumarse.
Adicionalmente se presentó un video de promoción anunciando el lanzamiento de la Marcha y se proyectaron videos cortos que mostraron actividades desarrolladas y adhesiones individuales y colectivas en apoyo de la Marcha.
La fecha elegida fue en homenaje a Nelson Mandela, en un aniversario más de su nacimiento.
La Marcha Latinoamericana por la Noviolencia Multiétnica y Pluricultural, que será virtual y presencial, cuenta ya con el apoyo de organizaciones y personas de México, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Surinam, Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Brasil y se está a la espera de que se unan más países y organizaciones al concluir en Costa Rica el 2 de octubre, donde confluirán en un Foro llamado: ” Hacia el Futuro Noviolento para Latinoamérica”, para lo cual hacen un llamado a ponerse en contacto, mediante el formulario de inscripción que se encuentra en la página web de la Marcha: https://theworldmarch.org/participa-en-la-marcha-latinoamericana/
“Es necesaria la unión de millones de seres humanos de distintas lenguas, razas, creencias y culturas para encender la conciencia humana con la luz de la Noviolencia.” Proclama su manifiesto, el cual fue leído, como parte de la actividad.
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
La proclamación del profesor Pedro Castillo Terrones, como el nuevo presidente del Perú, para el período 2021-2026, ha sido la culminación de tenso proceso que duró más de cinco semanas, durante las que el más que evidente triunfo electoral, obtenido por su partido Perú Libre y su candidato presidencial, en los comicios de la segunda vuelta electoral, efectuados el domingo 6 de junio, recién pasado, estuvo sometido a una tensión constante, y a un intento sostenido de deslegitimar esos comicios por parte de la derecha fujimorista. El próximo miércoles 28 de julio de 2021, cuando se cumplirán doscientos años transcurridos desde la proclamación, en la ciudad de Lima, de la independencia de esa nación sudamericana, el nuevo presidente deberá jurar su cargo, y dará inicio a una difícil gestión gubernamental para lo que cuenta, principalmente con el apoyo de los sectores populares del Perú: el campesinado y artesanado de la Sierra Central, Sur y la Amazonía peruana que votaron de manera abrumadora por un giro histórico en la renovación de las élites del poder, pero también con el valioso concurso de un grupo de profesionales de todo el país. Por primera vez, un presidente serrano, en este caso alguien procedente de Cajamarca, ocupará el sillón presidencial en la vieja capital virreinal, hay grandes expectativas y tensiones por este hecho histórico, que lo es sobre todo por su singularidad y complejidad. Pedro Castillo ha dicho que gobernará para “todas las sangres”, parafraseando el título de la más famosa novela de José María Arguedas (1911-1969), el escritor y antropólogo peruano, nacido en Andahuaylas que encarnó en sí mismo toda la complejidad cultural de ese país, dentro de lo que fue una especie de dualismo entre el mundo andino, quechua y aymarahablante y las gentes de la larga costa del Océano Pacífico.
El elemento central de la geopolítica regional, el desiderátum o vector más importante de ella en estos momentos, es el desesperado y agresivo intento (à quitte ou double, como se dice en francés) de la superpotencia estadounidense por recuperar el control total de los países de la región o subcontinente latinoamericano, cueste lo que cueste, sin importar principios y olvidando hasta el más elemental sentido de humanidad.
El agravado embargo, y las sanciones impuestas desde hace décadas por los EEUU contra Cuba, no sólo constituyen un hecho criminal sino una sofisticada versión de las políticas extorsivas del colonialismo francés en contra de otro pueblo caribeño: el de Haití. Sí, estimados lectores Francia le impuso un bloqueo, y después un embargo al pueblo de Haití, chantajeando a la nación haitiana, con una criminalidad e inhumanidad sin límites, en el lejano año de 1825, como castigo por haberse liberado de las garras del colonialismo y la esclavitud, obligando a uno de los pueblos más pobres del continente, por ese “delito”, por haberse sacudido de esos males entre 1791 y 1804, a pagarle a la potencia colonial europea el equivalente de unos veinte mil millones de dólares, indexados a valores actuales, durante el resto del siglo XIX y hasta el año de 1947, con la amenaza de reocupar la isla y reestablecer la esclavitud, ahora ya sabemos dónde está el origen de la tragedia haitiana del presente, un pueblo cuya suerte a nadie parece importar. ¿cuándo empezará a pagar Francia la inmensa deuda que tiene con el pueblo haitiano? Hélas! nous l`avions déjà oublié, parecen decirnos desde París.
Mientras tanto, el imperialismo estadounidense (o le ponemos un nombre más bonito, para que nadie se enoje) que nunca le perdonó a Cuba el haberse salido de su regazo colonial, a partir de 1959, (el que se había iniciado con la intervencionista Enmienda Platt, establecida al devolverle la “independencia” a Cuba en 1902, después de habérsela arrebatado a España) le impuso un terrible embargo que ha tenido atroces efectos sobre la población, aunque mucha gente del exilio lo niegue, con despiadado y de suyo evidente cinismo.
En medio de todo este panorama sociopolítico latinoamericano, nos encontramos con que un cierto sector de la llamada izquierda regional, a veces estalinista o incluso trotskistizante, ha terminado por adoptar un extraño discurso (en estos tiempos todos parecen serlo) en contra de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, al parecer culpables de todos los males universales, el que presenta distintos grados de intensidad, oportunidad e inoportunidad, en cada caso. Sin importar el grado de acuerdo/desacuerdo que tengamos con esos gobiernos y sus dirigencias políticas, no podemos dejar de reconocer que su sola presencia constituye un obstáculo para la hegemonía imperial en nuestra área continental, razón por la que no logro entender ¿de qué manera se pueden hacer o rehacer “revoluciones” en Nicaragua que recuperen el “sandinismo original” o alguna entelequia así con el “generoso” apoyo en dinero de la USAID, la CIA, la NED y la embajada estadounidense? Todavía no puedo olvidar que durante el golpe de estado, de noviembre de 2019, en Bolivia, contra el presidente Evo Morales, una serie de gentes de los sectores medios paceños, de esos “no me confundas con esos indios” de El Alto y el Altiplano circundante, de presunta filiación marxista, ora estalinista o trotskistizante, hablaban contra el Movimiento al Socialismo (MAS), y de su repudio a lo que llamaban el “castrochavismo” u otras entelequias indescifrables, similares voces se han oído en estas latitudes a raíz de las recientes manifestaciones que tuvieron lugar en Cuba, de lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso, sobre todo en el caso de las llamadas “izquierdas”, cuya brújula parece andar un poco extraviada.
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
Para entender el inmenso drama que se vive en nuestra área continental o subcontinente latinoamericano, por así llamarlo, como un hecho que no es reductible a lo que pueda acontecer en un solo país, hay que examinar –como paso previo- las tendencias de larga duración y los momentos coyunturales, sus encuentros y sus desencuentros, donde las primeras hacen aflorar los segundos que suelen aparecer como estallidos sociales.
La tragedia cubana del presente ha sido el resultado de una larga pugna entre el nacionalismo cubano, asociado con los llamados comunismo o socialismo contemporáneos, hoy muy difíciles de definir siquiera, después de tres décadas del fin de la guerra fría y con la inevitable, además de ominosa, presencia del hegemonismo estadounidense, siempre interesado en mantener o recuperar su control sobre la isla mayor de las Antillas, desde la perspectiva del destino manifiesto, la que no es ajena a la que se vive en los demás países latinoamericanos, en los que jamás han existido democracias dignas de ese nombre. Desde 1960 los EEUU impusieron un embargo brutal a la economía cubana, el que se ha intensificado con el paso de las décadas, en las diferentes coyunturas y como consecuencia de un lobby cubano ultraderechista que tiene secuestrada la política de Washington hacia la isla.
La imposibilidad estructural de autodeterminarse como una nación de verdad soberana e independiente, llevó a Cuba a no poder consolidar ese proceso, iniciado durante la segunda mitad del siglo anterior, por el hecho inevitable de caer en la tenaza, dentro de la que vino siendo apretada por las dos superpotencias de aquel entonces, un factor que condujo a exacerbar la influencia del estalinismo, o más bien neoestalinismo sobre la revolución misma, el que terminó por aplastar a las otras tendencias revolucionarias dentro de la izquierda cubana de entonces, dándole un rasgo autoritario al régimen revolucionario que se tornó en una especie de sino fatal.
En fin, esto fue algo que vino vía Moscú, dando como resultado una dependencia económica, científica y tecnológica creciente de los países del entonces Bloque Soviético. Al disolverse la Unión Soviética, a principios de los años noventa, se evidenció la fragilidad de la economía cubana que dependía de esos países en casi todos los rubros más importantes, entonces vino el llamado “período especial” en el que estuvo a punto de derrumbarse la sociedad cubana entera, mientras tanto la ultraderecha cubana de la emigración y los EEUU pensaron que era el momento de exigirle a Cuba la capitulación total si querían que el embargo se levantara. ¿Es qué acaso han querido otra cosa para el pueblo cubano? Al intensificarse este tipo de presiones el régimen surgido de la revolución (o más bien, su dirigencia histórica) tuvo que apretar las tuercas del control político-militar e intentar sobrevivir, en condiciones heroicas, desesperadas e insufribles, enfrentándose al ya mencionado embargo comercial, como también a la insólita y descarada piratería a que venía siendo sometida la nación cubana entera, con grandes sufrimientos para el pueblo, y sin posibilidad de una negociación política entre los mismos cubanos que diera lugar a una convivencia más democrática y abierta en el orden de lo político. Nada de esto fue posible entonces. y sigue siendo la esencia de los componentes de la tragedia de hoy.
Hay responsables ocultos (ya que se culpa sólo al gobierno cubano de lo que está ocurriendo) en el drama cubano y sus múltiples aristas, como son los Estados Unidos, y el sector ultraderechista de la migración o exilio cubano que terminó por insertarse dentro del aparato estatal estadounidense, haciendo imposible cualquier solución humanista al diferendo planteado. Con tal de decir que el modelo cubano del “socialismo” fracasó (una discusión en la que no voy a entrar por ahora) someten a todo un pueblo a crecientes penalidades, a la vez que financian a una oposición interna condicionada al juego de sus intereses, la que también termina siendo víctima de esa pirotecnia mortal. En Cuba nunca habrá una democracia verdadera mientras exista esa despiadada política estadounidense, con esa exacerbada polarización entre los cubanos de aquí y de allá, siempre causándose daño mutuamente.
Es hora de que se ponga fin al embargo comercial, bancario e incluso naviero y de que la familia cubana pueda resolver sus serios problemas acumulados en la larga duración histórica, hoy agravados por la pandemia, la dificultad para conseguir insumos para las vacunas, tecnología, medicamentos para atender a los enfermos y poder viajar entre la isla y los EEUU, -al prohibir este último país-, muchos vuelos además de los envíos de dinero, por parte de los emigrados, a sus familias en la isla.
La solución que venga tiene que venir la por vía de la negociación para ponerle fin a los inmensos daños ya provocados, amén de todo tipo de tragedias individuales y colectivas, debe ser sin imposiciones, más o menos encubiertas, de la superpotencia del norte. ¿Quién o quiénes son los responsables de esos “éxitos” o “fracasos” para impedirle alcanzar sus metas o para que el otro actor político tenga que capitular? Mientras tanto, al resto de los habitantes de este continente pretenden obligarnos a aceptar una dictadura neoliberal, un régimen que es incluso la negación del libre mercado y la llamada competencia (también libre, al parecer), con unas “democracias” en las que cuando la derecha no gana o no logra imponer sus fraudulentos manejos político-electorales, entonces es fraude y el sistema electoral es una trampa, puesto que cuando ellos ganan, entonces ni chistan. Los casos recientes de Perú y Bolivia son aleccionadores.
Un escenario durísimo le espera PERO GANÓ EL PROGRESISMO y esto ayuda a la reconfiguración del mapa geopolítico latinoamericano, pero está más que claro que todo esto suma a los procesos de Brasil, Argentina, Chile, Colombia y otros países.
AHORA DEBE FORTALECER EL MOVIMIENTO SOCIAL DESDE EL EJECUTIVO Y CONVERTIR ESTE TRIUNFO EN UNA HERRAMIENTA para un apostolado informativo y educativo inclusivo y humanizado de amplio espectro que empuje los pasos en la dirección correcta y sobre todo maneje con una lectura política muy fina los movimientos que en este momento están desarrollando los sectores más poderosos DEL Perú que incitan a un ambiente de caos y miedo que busca provocar una confrontación social entre tirios y troyanos. ESTEMOS ALERTAS Y HAGAMOS LLAMADOS A RESPETAR EN DESENLACE DE LAS ELECCIONES EN PERÚ.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Para subir y bajar de el Barrio La Honda, pequeños buses colectivos llamados “alimentadores” desafían la gravedad del espacio y el tiempo. Son topos que van horadando la montaña, volviéndola penetrable, transitable contra toda lógica científica pero amparada a un principio de las epistemologías de esta parte del planeta: resguardar la vida a toda costa. Pienso en los alimentadores como pienso en las famosas “parrilleras” guatemaltecas, tan acostumbradas al vértigo, la tortilla y la frontera entre seguir viviendo o dormir para siempre.
Esa mañana de domingo hemos ido a conocer la experiencia de la Casa Comunitaria que los otros topos, los de Cátedra Libre Martin Baró de Medellín, han ido convirtiendo poco a poco en un espacio lleno de color, lucha, encuentro, alegría, poesía. También horadan la montaña con juegos, acompañamiento y sensibilidad desde otras lógicas disciplinarias de hacer psicología y ciencia social en un país, en una región tan marcada por la necesidad y la resistencia. Es mayo de 2019.
Al regresar en un “alimentador” me percato de que en teoría urbana lo que los intelectuales llaman “fragmentación y segregación” se queda corto como concepto, al escuchar el reclamo airado de cerca de 10 personas que tienen más de una hora esperando transporte que los conecte con la ciudad varios kilómetros abajo y que reaccionan ante la negativa del conductor a subirlos al bus.
“Es que ya no hay campo”, pienso; ¿adonde se subirá y se acomodará esa gente”, reacciona mi pequeña claustrofobia súbita. Pero suben, se acomodan, van. Latinoamérica es eso: una casa común donde la gente, su gente, pese a las adversidades se va acomodando, luchando, caminando. El resto del viaje fue la continuación de una tensión equilibrista entre el conductor, la máquina y el camino apenas preparado para dejar pasar quizá una oruga y su descendencia.
El barrio La Honda es un lugar emblemático de la Comuna 3, en Medellín, conformado hará hace 20 años, por personas que llegaron a sus alturas e irregularidades, provenientes del conflicto interno colombiano. Eran familias desplazadas, arrancadas de raíz en un país donde los movimientos internos forzados han movilizado una fuerza afectiva, social y cultural de más de cinco millones de personas. 15.000 de ellas hoy hacen La Honda, la construyen y la mueven.
Pinceles en mano y un lienzo de cemento listo, junto a Daniela, en ese entonces colega de Cátedra, me apresto a alterar el orden público con pájaros volando.
Es una mañana hermosa y clara en el barrio, lo que nos permite observar sus distribuciones, sus acomodos sobre el cerro. Sobre una pequeña loma, una casa restaurada, recuperada como todo lo que han hecho los sectores populares latinoamericanos en tiempos de neoliberalismo violento: recuperar su memoria y su dignidad, luchar por ellas, sirve de campo de sueños, espacio lúdico y trabajo de acompañamiento psicosocial en el que primordialmente se busca hacer parte de las lógicas comunitarias y no absorber sus energías y vibraciones. Hay juego, hay cine, hay construcción social comunitaria. No es extractivismo disciplinario: es arte, abrazo, amor.
Hemos conocido esa y otras historias. Lo que vemos en realidad son procesos sociales y comunitarios en medio de lógicas de segregación social y económica. Contra ellas los niños y mujeres del barrio resisten, le dan otro sentido a la acción comunitaria. Se preparan para, todos los días, horadar de nuevo los obstáculos y construir su futuro.
Hemos terminado de plasmar sobre una de las paredes de la casa comunitaria en La Honda, mi alteración del orden público. Quizá en un futuro regrese para pintar allí los pájaros que hacen falta. Mientras tanto, cientos de personas alimentan su vida desde la lucha y la resistencia. Nos queda la tarea hermosa de caminar junto a ellas, con ellas. siempre.
Con el depósito de los instrumentos de ratificación de México y Argentina hoy ante la ONU se alcanzó el número de Estados Parte necesarios, por lo que el Acuerdo Regional entrará en vigor el 22 de abril de 2021, Día Internacional de la Madre Tierra.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) celebró hoy la pronta entrada en vigor del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como “Acuerdo de Escazú”, y destacó el compromiso de la región con la protección del desarrollo sostenible y los derechos humanos.
Con el depósito de los instrumentos de ratificación de los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, hoy 22 de enero de 2021 se alcanzó el número de Estados Parte necesario para la entrada en vigor del Acuerdo. Según establece el artículo 22 del tratado, una vez cumplidos los requisitos establecidos, el tratado entrará en vigor a los 90 días, es decir, el 22 de abril de 2021, fecha coincidente con el Día Internacional de la Madre Tierra.
“Hoy América Latina y el Caribe celebra su compromiso con el desarrollo sostenible y los derechos humanos. En estos momentos en que la situación global y regional reviste gran complejidad e incertidumbre, el Acuerdo de Escazú es más necesario que nunca porque refuerza la cultura del diálogo y la concertación para avanzar en las transformaciones necesarias que aseguren que la recuperación se enmarque en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, afirmó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
La alta funcionaria de las Naciones Unidas participó en la Ceremonia de Depósito del Instrumento de Ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de México, que fue encabezada por Martha Delgado, Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de ese país.
Durante su intervención, Alicia Bárcena destacó que hoy, 22 de enero de 2021, es un día histórico para América Latina y el Caribe.
“¡Para mí es un día histórico! Hoy es un día de fiesta, porque se celebra un paso adelante en la implementación del Acuerdo de Escazú, cuya negociación fue inclusiva, participativa y transparente. Esto es muy esperanzador”, afirmó la máxima representante de la CEPAL.
Destacó que el Acuerdo de Escazú es el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, los que dan la vida por la vida.
Alicia Bárcena reconoció el fuerte compromiso de los gobiernos de México y Argentina que hoy se convirtieron en Estados Parte del Acuerdo, y destacó a los otros 10 países que lo ratificaron anteriormente y que hicieron posible que el Acuerdo de Escazú entre en vigor el próximo 22 de abril: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.
Asimismo, manifestó su convicción de que más países de la región se sumarán al tratado prontamente.
“Soy optimista. América Latina y el Caribe es una región rica cultural, social y ambientalmente. Su patrimonio natural es extenso y son muchas las oportunidades para una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad que traiga un mayor bienestar a nuestros pueblos”, subrayó Alicia Bárcena.
La Subsecretaria Martha Delgado, en tanto, reafirmó el compromiso del Gobierno de México con la implementación del tratado y destacó que Acuerdo Regional es una gran herramienta para dar voz a las juventudes, a los pueblos indígenas, a las mujeres, a las personas con discapacidad y a las comunidades vulnerables.
“Es un derecho que los ambientalistas hemos perseguido durante años”, subrayó.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de la región de América Latina y el Caribe, el único acuerdo vinculante adoptado hasta la fecha derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.
-Es urgente convocar el Acuerdo de Escazú para discutirlo en la Asamblea Legislativa; -Empresarios presionan para que no exista un marco legal robusto en materia de delitos contra defensores de la naturaleza;
(Bloque Verde, 30/11/2020) Es injustificable seguir poniendo en riesgo a defensores y defensoras de la naturaleza. Es inaceptable e irresponsable la posición de las cámaras empresariales en contra del Acuerdo de Escazú, las cuales pretenden que siga reinando en el país la impunidad en cuanto a crímenes contra defensores de la naturaleza.
Tanto la Cámara de la agroindustria como la Cámara de Industrias y la Unión de Cámaras Empresariales, han emitido documentos con afirmaciones temerarias, falsas y cargadas de argumentos ideológicos, en contra de un acuerdo internacional que vendría a ordenar la legislación en carácter de protección de los derechos ambientales, como lo es el Acuerdo de Escazú.
Los argumentos de las cámaras empresariales fueron desmentidos por el foro del Colegio de Abogados(1) del pasado 23 de noviembre. En el foro desglosaron uno a uno los argumentos falaces de los empresarios y dejaron en claro que esta campaña de las cámaras está fundamentada en interpretaciones lejanas a la realidad.
Además Nicolas Boeglin, abogado especialista en derecho internacional señala que el caso los empresarios costarricenses no es aislado. Boeglin señala que: “… tanto en Chile, como en Colombia, en Perú y en Paraguay, la discusión con relación al Acuerdo de Escazú en sus respectivos congresos se ha polarizado debido a una verdadera campaña de desinformación, gestada desde diversos círculos políticos y empresariales, haciendo uso de una creatividad pocas veces observada para justificar la oposición a este acuerdo regional”, puntualizó el abogado(2).
La convocatoria de la agenda de proyectos de ley que envió el ejecutivo el día viernes 27 de noviembre a la Asamblea Legislativa dejó de lado la posibilidad de que se vote un acuerdo internacional que vendría a posibilitar la instalación de mecanismos para el acceso a la información y la protección de la seguridad y la vida de las quienes protegemos el agua, la biodiversidad, los ríos, los bosques, la vida silvestre terrestre y marina, etc.
El nombre completo de este convenio internacional es: El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como “Acuerdo de Escazú”. Fue impulsado y firmado por Costa Rica en 2018 y en este momento se espera que sea ratificado por la Asamblea Legislativa para que pueda ser depositada la adhesión formal en Naciones Unidas y de esta forma entre a regir.
Uno de los alcances, que es importante mencionar, de este acuerdo es que daría la posibilidad de exigir al Estado la protección de los y las defensores ambientales en caso de que sean amenazados o perseguidos por su accionar en defensa de la naturaleza.
El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica señala que no se puede “pensar que Costa Rica por su “liderazgo verde” se encuentra como la excepción en la región Latinoamericana y Caribeña. Sobre la precaria situación que atraviesan las y los defensores ambientales, el recuento de los hechos demuestra que vivimos situaciones que de no ser enfrentadas, podrían derivar en una mayor desprotección de estas personas”.
Este mismo centro universitario señaló que en la historia reciente de Costa Rica existen casos de defensores de derechos humanos y ambientales que han sido asesinados. Los crímenes de Yerhy Rivera en 2020 y Sergio Rojas en 2019; los cuales siguen en impunidad en un contexto de racismo, que impide el seguimiento de las investigaciones para buscar los autores materiales e intelectuales.
Pero a esto se suman otros crímenes más, como el cometido contra Jairo Mora en Moín en 2013. Y recuerda la deuda histórica que tiene el país en la búsqueda de justicia para los integrantes de Asociación Ecologista Costarricense asesinados 26 años atrás.
Por esta razón es urgente que se avance en aprobar el Acuerdo de Escazú y para tal objetivo el gobierno de Carlos Alvarado debe comprometerse con éste y priorizar su trámite en la Asamblea Legislativa; de lo contrario está posponiendo de forma injustificable la aplicación de un tratado internacional que vendría a dar seguridad a la labor de miles de personas a nivel nacional. Activistas, ecologistas, campesinos, campesina, indígenas, funcionarios de instituciones que impulsamos la conservación y el resguardo de los ecosistemas, y que en muchos casos lo hacemos a costa de la propia vida o seguridad personal.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR)
En días recientes, varias cámaras empresariales costarricenses han circulado cartas dirigidas a integrantes de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, presentando una serie de argumentos jurídicos en contra de la aprobación del Acuerdo de Escazú.
Como bien es sabido este último es un tratado internacional, adoptado en marzo del 2018 bajo los auspicios de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL), y cuyo nombre completo es: «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe«.
Breve puesta en contexto
Desde el 26 de setiembre del 2018, este tratado regional, adoptado en Costa Rica en marzo del mismo año (véase textocompleto de su versión oficial en español) está abierto oficialmente a la firma de 33 Estados (América Latina y el Caribe).
En la literatura especializada (Nota 1), se considera que fue una declaración conjunta del mes de julio del 2012 (véase textocompleto) suscrita por Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay la que constituyó el punto inicial de un proceso que culminaría tan solo en marzo del 2018 en el cantón costarricense de Escazú, después de nueve largas rondas de negociaciones entre las 33 delegaciones oficiales.
En esta declaración conjunta, se puede leer que:
«Asimismo, reconocemos y subrayamos que los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental son esenciales para la promoción del desarrollo sostenible, de la democracia y de un medio ambiente sano, y aportan múltiples beneficios tales como: contribuir a tomar mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente; involucrar al público respecto de los problemas ambientales; aportar a la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública; y facilitar un cambio en los patrones de producción y consumo«.
Este grupo pionero de Estados, que impulsaron decididamente esta novedosa iniciativa en el 2012, no coincide con los primeros once Estados en ratificar este instrumento regional para que pueda entrar en vigor: siendo el caso de Chile el más estridente e inconsistente, al negarse oficialmente sus máximas autoridades (y ello hasta la fecha) a tan siquiera… firmar el Acuerdo de Escazú (Nota 2).
Las preocupaciones recientes externadas por el sector empresarial costarricense en breve
A diferencia de lo que dejan entender los recientes comunicados circulados por diversas cámaras empresariales costarricenses en contra de este tratado, el texto del Acuerdo de Escazú es extremadamente mesurado y ponderado de manera a garantizarle a cada Estado un margen de maniobra y cierta flexibilidad a la hora de implementar cada una de sus disposiciones. No es lo propio de este tratado en particular, sino que se inscribe dentro de una técnica convencional, encontrada en un sinnúmero de tratados multilaterales en materia ambiental y en otros ámbitos. Cabe recordar que al ser el resultado de nueve largas rondas de negociaciones entre los 33 Estados de América Latina y del Caribe realizadas entre el 2014 y el 2018, cada párrafo fue objeto de revisiones, enmiendas y modificaciones adicionales, en aras de consensuar una formulación que fuera la más aceptable posible para 33 delegaciones provenientes de realidades jurídicas, institucionales y políticas muy diversas.
En un comunicado inicial de la Cámara Nacional de Agricultores del 8 de octubre del 2020 dirigido a los jefes de fracción del Congreso costarricense (véase texto completo), se puede leer que:
“En conclusión, el Acuerdo de Escazú tiene un conjunto de falencias jurídicas, tanto convencionales, constitucionales como legales que al no ser subsanables por las eventuales reservas estatales, entrarían en vigencia de ser aprobado; lo anterior sin perjuicio de las antinomias generadas respecto de tratados de libre comercio“(sic.).
Por su parte la Cámara de Industrias de Costa Rica en una carta del 19 de noviembre pasado (véase texto completo) llega a conclusiones similares, segundada, por otra larga carta distinta, de 12 largas páginas, suscrita esta vez por la Unión de Cámaras (UCCAEP), y que concluye señalando lo siguiente:
“Señoras y señores diputados, cómo hemos podido expresar, existen suficientes reservas y preocupaciones en torno a este expediente legislativo, países como Chile, que fue uno de los países proponentes, notificó a la Cancillería ya que no procedería con su ratificación, ya que han identificado los mismos peligros que hemos podido confirmar en nuestro ejercicio de análisis. Adicionalmente, aprobar este instrumento en medio de una situación tan complicada como la que vive el país, más bien envía señales negativas y no procura generar un ambiente propicio para fomentar la inversión y dar seguridad jurídica “(sic.)
Estas repentinas objeciones, provenientes de estas tres entidades denotan algo raramente visto con relación al trámite de aprobación de un tratado internacional en Costa Rica: en efecto, no se tiene registro de una reacción similar en contra de un instrumento internacional en materia de ambiente o de derechos humanos que haya despertado tantas reacciones en su contra en Costa Rica en unas semanas. El calificativo usado de “repentinas” se explica en razón del hecho que durante la etapa inicial en la que la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate por unanimidad este mismo texto, en febrero del 2020, no se había desatado semejante ofensiva en contra del Acuerdo de Escazú. Tratándose del mismo texto, con las mismas disposiciones, cuesta entender qué pueden haber descubierto de tan preocupante y amenazante las cámaras entre el mes de febrero y noviembre de un mismo año.
Desde el punto de vista más sustantivo, los supuestos argumentos de cada una de estas tres cámaras reaparecen bajo diversas formulaciones en cada una de los tres cartas precitadas, por lo que resultaría de sumo interés conocer el origen exacto que motivo la elaboración de cada una.
No pretendemos en este corto espacio responder las diversas razones aducidas, dado que prácticamente, en particular desde la perspectiva internacional, cada una conlleva revisar cuestiones muy básicas (cómo se negocia un tratado internacional, quién es el destinatario de las obligaciones que contiene, cómo se formulan sus disposiciones para – precisamente – evitar este tipo de cuestionamientos): desde el punto de visto jurídico y en particular de la técnica jurídica empleada en el Acuerdo de Escazú, un reciente foro realizado por el Colegio de Abogados de Costa Rica (véase video, y en particular la exposición del Profesor Mario Peña, minutos 38- 1:14) desmitifica el contenido del Acuerdo de Escazú, haciendo ver cuán infundadas son las supuestas razones legales esgrimidas por estas entidades que reagrupan a una parte de la cúpula empresarial costarricense. Remitimos también a su reciente artículo (véase texto completo) titulado precisamente “Desmitificando el Acuerdo de Escazú” publicado en el sitio jurídico de DerechoalDia.
Con relación al punto específico de la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental que tanto pareciera preocupar a estas tres entidades (así como a una magistrada de la Sala Constitucional), un artículo del mismo especialista en derecho ambiental, de octubre del 2019, explica claramente que se trata de un principio que ha recibido acogida en la legislación y en la jurisprudencia de tribunales costarricenses desde hace ya muchos años, y que al parecer ignora la precitada magistrada de la Sala Constitucional (Nota 3).
A modo de conclusión
Desde varios meses, tanto en Chile, como en Colombia, en Perú y en Paraguay, la discusión con relación al Acuerdo de Escazú en sus respectivos congresos se ha polarizado debido a una verdadera campaña de desinformación, gestada desde diversos círculos políticos y empresariales, haciendo uso de una creatividad pocas veces observada para justificar la oposición a este acuerdo regional.
A modo de ejemplo, entre muchos, podemos remitir a este documento suscrito por altos mandos militares en Perú sobre la supuesta pérdida de soberanía en la Amazonía peruana (véase textocompleto) o bien a este anuncio de cámaras paraguayas del sector agropecuario (véase textocompleto) para que nuestros estimables lectores puedan apreciar mucho mejor el alcance de esta campaña de desinformación.
En el caso de Colombia, este artículo de El Espectador desmitifica los «mitos» sin mayor fundamento – como lo son muchos mitos – creados con respecto al alcance de este tratado regional. Recientemente, el talentoso equipo colombiano de La Pulla elaboró un video titulado “La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas“ (véase enlace), el cual responde precisamente a la gran cantidad de argumentos totalmente falaces en contra de este instrumento regional, desmenuzando de manera extremadamente ingeniosa muchos de los razonamientos oídos no solamente en Colombia: se trata de mitos escuchados en varios otros Estados del continente americano en contra del Acuerdo de Escazú, y que al parecer, cuentan ahora con adeptos en Costa Rica.
—Notas—-
Nota 1: Véase por ejemplo DE MIGUEL C., «Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI«, in PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú. Hacia la democracia ambiental en América Latina y el Caribe, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral (UNL), 2020, 330 páginas, pp. 20-34, p. 22 (el texto integral de esta reciente obra colectiva está disponible en este enlace).
Nota 2: De manera a poder apreciar el pronunciado giro operado por las autoridades chilenas con relación al Acuerdo de Escazú, se puede comparar el texto de la declaración conjunta suscrita por Chile y Costa Rica en el mes de junio del 2018 (véase textocompleto colgado – hasta la fecha – en el sitio oficial de la diplomacia chilena) con un documento reciente circulado el mismo día en que el Presidente chileno ofrecía su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 22 de setiembre del 2020 (véase textocompleto de 12 páginas que viene sin sello oficial ni firma de los dos ministros al final del documento, … y que se supone es un documento oficial). El título de esta nota de la DW (Alemania) del 21 de setiembre del 2020 retrata bastante bien, en nuestra modesta opinión, el espectáculo raramente visto por parte de un Estado con relación a un tratado internacional: “Chile: el rechazo al Acuerdo de Escazú acaba con la aspiración de liderazgo ambiental”.
Nota 3: Véase PEÑA CHACÓN M., “Acuerdo de Escazú y la carga de la prueba ambiental en Costa Rica”, Portal del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR), octubre del 2019, disponible en este enlace. Sobre la situación particular en la que se encuentra el Acuerdo de Escazú en Costa Rica, y la complicación que ha generado la Sala Constitucional en el trámite de aprobación de este tratado, véase la sección “La peculiar situación del Acuerdo de Escazú en Costa Rica” en nuestro breve análisis: BOEGLIN N., “La reciente aprobación del Acuerdo de Escazú por parte del Senado de México”, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 17/11/2020, disponible en este enlace.
*Foto extraída de nota de prensa de la BBC, titulada “Los países en los que matan a más ambientalistas en el mundo y el terrible récord de América Latina”, 30 de julio del 2019.
Esta vez compartimos un artículo de Mario Luna, de El Salvador, cuya intención es ofrecer un análisis socio-teológico de coyuntura y opinión, desde su experiencia salvadoreña como parte de una Comunidad Eclesial de Base.
Este hermoso y oportuno artículo es parte de la serie de textos de análisis de coyuntura que compartimos este año tras la declaratoria de pandemia. Pretendemos compartir insumos para las personas y comunidades que quieran contar con análisis y herramientas para entender lo que estamos viviendo en Latinoamérica., siempre desde el enfoque del pensamiento crítico.
Mario Luna es docente, Teólogo, maestrante en Teología Latinoamericana (por la UCA de El Salvador), miembro de la Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador. Facilitador de biblia y teología del ministerio de diversidad sexual de la Iglesia Episcopal de El Salvador. Acompañó a dos CEBs en Zacamil, Mejicanos, la comunidad Monseñor Romero, Zacamil, y la comunidad la Fosa. Además, es miembro del Centro de Investigación Ecuménica de El Salvador (CIE)
Mario ya nos ha acompañado en el DEI de forma presencial durante el Taller Socio-Teológico, y actualmente forma parte del Seminario de Construcción Colectiva que se realiza en modalidad virtual en este momento.
Agradecemos profundamente a Mario por recuperar las experiencias desde las Cebs en Zacamil y compartir generosamente este artículo.
Les animamos a ustedes enviar sus artículos para compartirlos con muchas más personas.
DEI
«Mi Reino no es de este mundo…»
Hacia la construcción y recuperación de lo femenino en los espacios comunitarios políticos en tiempos de crisis por el Covid-19
Por: Mario Luna (El Salvador, CA).
Covid-19 y crisis social-política en El Salvador y Latinoamérica
Evidentemente debemos decir que en los actuales contextos que vivimos en América Latina, hubo una tendencia creciente a utilizar el estado de excepción como paradigma normal de gobierno. Es decir, una naturalización de este.
Se justifica esta narrativa señalando que “por razones de salud y seguridad pública” se quitan las libertades constitucionales a los ciudadanos. Dando así lugar a una verdadera militarización de los municipios y zonas en que se desconoce la fuente de transmisión de al menos una persona o en que hay un caso no atribuible a una persona de una zona ya infectada por el virus.
El otro factor, no menos inquietante, es el estado de miedo que evidentemente se ha extendido en los últimos años en las conciencias de los individuos y que se traduce en una necesidad real de estados de pánico colectivo, a los que la epidemia vuelve a ofrecer el pretexto ideal. Así, en un círculo vicioso perverso, la limitación de la libertad impuesta por los gobiernos es aceptada en nombre de un deseo de seguridad que ha sido inducido por los mismos gobiernos que ahora intervienen para satisfacerla.
Por ejemplo en El Salvador, la pandemia ha llegado, y ha puesto en crisis no solo el sistema de salud pública, sino que también a las personas más empobrecidas. Muchos salvadoreños y salvadoreñas afirman: “Si me quedo en casa, me muero de hambre”. Por tanto hay una naturalización de morir de hambre o morir por el contagio del virus.
Dejar de trabajar y encerrarse en casa por Coronavirus es un lujo para quienes trabajan en el sector informal de El Salvador. Según un estudio que Fusades presentó en octubre de 2018, se trata de siete de cada diez salvadoreños. Gente que no tiene Seguro Social ni pensión y, salvo excepciones como algunas empleadas domésticas, tampoco un pago fijo. Los vendedores informales son ícono de este desafortunado sector de la economía nacional, y los vendedores del Centro Histórico son los más célebres de entre ellos (ver enlace).
Al menos hasta 2015, la Alcaldía capitalina calculaba que son más de 8,600 en puestos en las calles del Centro, y unos 10,000 ambulantes: carretoneros y buhoneros (que andan la venta en la mano). Toda esa gente no se puede dar el lujo de encerrarse. Si venden, comen; si no, no. Así lo dicen algunos de ellos. “¿Se imagina si no salimos a vender lo que va a pasar con nosotros? Nos van a dejar morir”, dice una anciana que vende medicamentos. “Si no me dejan venir al trabajo, yo voy a hacer desvergue”, dice un lustrador de zapatos. “¡La gente de dinero compra cosas para guardarlas, nosotros ni el supermercado conocemos!”, dice una vendedora de ropa interior.
No obstante, se posiciona toda una narrativa de parte del gobierno que naturaliza su accionar, por ejemplo:
Geovanny Ramírez tuvo que salir de su vivienda, ese 7 de abril, porque ya no tenía nada para comer. La cuarentena y el régimen de excepción, impuestos por el Gobierno desde el 21 de marzo por la pandemia de COVID-19, lo obligaron a guardar su venta y eso lo dejó al borde de la hambruna. Así que se acomodó la mascarilla, tomó su bicicleta, el dinero de una encomienda y luego salió rumbo al centro de San Miguel. A pocas calles de su casa, unos policías de la Unidad Táctica Operativa (UTO), destacados en San Miguel, lo detuvieron en un retén, cuando el reloj marcaba las 8:30 a. m. cuando se detuvo “por respeto a la ley”, según dijo, los policías comenzaron a acusarlo: “Uno de ellos dijo que yo era pandillero, porque yo andaba dinero ajeno (…) Me dijeron que me iban a llevar como a un pandillero, y yo les dije que no soy nada de eso. Ahí fue cuando me empezaron a pegar”.
Geovanny es electricista de profesión y comerciante, y más recientemente repartidor y recadero. “Salí por necesidad”, dijo, pero los agentes no le creyeron. El primero lo golpeó en las costillas y, sin recuperar el aliento, corrió con todas sus fuerzas de regreso a casa, dejando atrás su bicicleta y a los policías. Uno de ellos disparó y Geovanny no supo si fue al aire o si falló el tiro. Griceydi Padilla, su vecina, salió al escuchar “una detonación similar a la de un arma de fuego” y “gritos de una persona pidiendo auxilio”. Era Geovanny, quien aprovechó la puerta abierta para buscar refugio, pero fue descubierto y sacado a puntapiés por los policías. De ahí se lo llevaron junto a tres más que pedían detener el maltrato, incluyendo a una adulta mayor. Así lo narró Griceydi a la procuradora delegada de Derechos Humanos en San Miguel, Gladys Benítez, según la resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sobre el caso (Fuente: ver enlace).
Por otro lado, hay una crisis política en El Salvador. Hay fuertes indicios antes de la pandemia de la absolutización de la militarización del Estado (con el 9 de febrero), es decir un mes antes del confinamiento y de la paro de la economía (trabajo), había fuertes indicios de esta realidad:
“Por primera vez en la historia, un presidente utiliza al ejército para tomarse la Asamblea Legislativa y amenaza con disolver el Congreso. Nayib Bukele organizó este domingo 9 una concentración con miles de simpatizantes frente al Órgano Legislativo y dio un ultimátum de siete días a los diputados si no ceden a su presión y autorizan la negociación de un préstamo de $109 millones” (fuente: ver enlace).
Sin embargo, durante todo este contexto de pandemia, hay ataques a la prensa, a la libertad de expresión, persecución política por parte del ejecutivo de periodistas (en especial mujeres) y comunicadores, desprestigio de todo aquel o aquella que haga una crítica o juicio o de una opinión distinta al ejecutivo (el medio estratégico son las redes sociales):
“La periodista de la revista Gato Encerrado, Carmen Valeria Escobar, es acosada digitalmente por el candidato a diputado por Nuevas Ideas, Carlos Hermann Bruch.
En reiteradas ocasiones Bruch ha descalificado la labor de la periodista; sin embargo, dicho acoso se intensificó en el marco de la pandemia, lo que también desató ataques digitales por otros usuarios de redes sociales.
“El nivel de acoso de este personaje llegó a un nivel intolerable”, expresó la periodista en su cuenta de Twitter. APES condena este tipo de ataques que atentan contra la integridad de las y los periodistas y pide a los usuarios de redes sociales respetar la labor de la prensa, fundamental para el ejercicio democrático en el país” (Fuente: ver enlace).
Por último, el domingo 9 de agosto, el presidente Bukele señalo en radio y televisión: “Si yo fuera dictador, los mandaría a fusilar a todos”. En esta frase expresó sus más caros anhelos, esto es, fusilar a todos los que no comulgan con sus determinaciones, comenzando con los magistrados de la Sala de lo constitucional de El Salvador.
Por tanto, en mi opinión personal, la pandemia ha sido la excusa perfecta para la exacerbación de la militarización del estado y del espacio público, e impulsar políticas populistas que buscan posicionar en la administración pública una nueva aristocracia (contexto de El Salvador).
Se quiere controlar a la población generando miedo por medio de los medios de comunicación social, redes sociales, entre otras; se construye el pánico por medio de la desinformación de qué medidas de saneamiento tomar ante la pandemia, además del incremento del desempleo, inseguridad social.
Hay por tanto, toda una estrategia psicológica para mantener el miedo en la población y así mantener paralizada a las personas, para que estas no reaccionen ante un abuso y violación de derechos humanos.
Se aprovecha el estado de emergencia (Contexto de El Salvador) para hacer negocios (corrupción) y compras de accesorios de bio-seguridad de mala calidad, se oculta la información del manejo de la pandemia de una forma tan descarada, violando la ley de ética gubernamental.
Planteando este escenario, vemos con claridad la presencia de una necro-política en todo este proceso.
1.1. Necro-política y necro-capitalismo
Es decir un proyecto político-económico de muerte que empobrece siempre a las mayorías. La realidad más cruda: morir de hambre o por el virus. Evidentemente, serán siempre los marginados y excluidos de un sistema social-económico los que tendrán o que sobrevivir o perecer.
Achille Mbembe (2011) quien construye el concepto de necropolítica, examina cómo el derecho soberano de matar se reformula en las sociedades donde el Estado de excepción es permanente. Según Mbembe, en un estado sistemático de emergencia, el poder refiere y apela constantemente a la excepción y a una idea ficticia del enemigo.
Pero como entendemos la necro-política:
Se refiere al poder de dar muerte con tecnologías de explotación y destrucción de cuerpos tales como la masacre, el feminicidio, la ejecución, la esclavitud, el comercio sexual y la desaparición forzada, así como los dispositivos legal-administrativos que ordenan y sistematizan los efectos o las causas de las políticas de muerte (Estévez, 2017).
Lo legal, lo jurídico y lo político sistematizan y ordenan este proyecto de muerte, que tiene como fin, salvar el mercado (el orden) y no al ser humano.
Vivimos esta situación que describe Mbembe, donde la crisis y emergencia sanitaria por el Covid-19 desvelan el necro-poder, o por lo menos está más evidente que en otros tiempos las necro-praxis (políticas) de las formas radicalmente corrosivas de capitalismo. Es sin duda, un capitalismo necropolítico, es decir, prácticas capitalistas o formas organizacionales de acumulación que involucran la pobreza, muerte, suicidio, destrucción del ecosistema y la organización y administración general de la violencia social estructural (Estévez, 2017).
¿Cuál es la respuesta teológica latinoamericana de la liberación, ante la actual situación del Covid-19?
Desde la perspectiva del teólogo Asman (1997), ante esta situación la crisis socio-política que provoca el capitalismo como necro-praxis, se deben posicionar las experiencias de fe anti-idolátricas y una de ellas es crear lenguajes alternativos para hablar de Dios y desde luego construir una comunidad ética-política solidaria alternativa distinta a la que se construye desde la idolatría del dios del capitalismo (individualismo, muerte, destrucción de los ecosistemas, entre otros). Se trata de estar en el mundo pero no ser del mundo (Jn 18, 36). Veamos.
2.1. Mi reino no es de este mundo (Jn 18, 36)
Según el texto de Juan 18, 36: Contestó Jesús:
Mi reino no pertenece a este mundo. Si perteneciera mi reino a este orden, mis propios guardias habrían luchado para impedir que me entregaran a las autoridades judías. Ahora que mí reinado no es de aquí.
Para Mateos-Barreto (1982), Jesús no responde directamente a la segunda pregunta de Pilato: ¿Qué has hecho?, sino a la primera: ¿Tú eres el rey de los judíos? Al descartar la realeza que se apoya en la fuerza quedará patente que no pretende ocupar el trono, como podría sugerirlo el título que le ha dado: el rey de los judíos.
Al decir Jesús de Nazaret: “Mi reino no pertenece a este orden”, está en paralelo con la que había dicho de sí mismo: “yo no pertenezco al orden éste” (8,23) (…). El orden este, “el mundo”, es el sistema de injusticia, el que oprime al ser humano (mujer-hombre), y la adhesión a él es el pecado (8,23).
No obstante, Jesús practica el servicio al ser humano (al Otro) y rechaza el poder (6,10.15); como rey será el hombre levantado en alto, que dará su vida por salvar al Otro (12,13.15.32.34; cf. 3,3.5.14). La figura de Jesús, el rey que no pertenece al orden este, se opone a la del “jefe de este orden” (Jn 12, 32; 16,11), se trata de la personificación del círculo de poder (Mateos-Barreto, 1982).
Para Mateos-Barreto (1982), Jesús caracteriza a los reyes de este orden por apoyarse en la fuerza de las armas e imponer así su dominio: Si perteneciera a este orden (mundo) la realeza mía, mis propios guardias habrían luchado para impedir que me entregaran a las autoridades judías. Jesús considera el uso de la violencia como perteneciente a la esfera de la injusticia y del pecado. En eso precisamente se distingue su realeza de las demás. La oposición entre su postura y la de “este orden” es clara; él se ha entregado voluntaria mente y ha cortado en seco la violencia de Pedro (Jn 18,11).
Por ende, Jesús renunciando al uso de la fuerza, ha probado no ser rey como los otros. No se ha constituido en rival de sus adversarios, disputándoles el poder, sino que se ha entregado en sus manos. Su realeza no tiene su origen en ninguna legitimidad de este mundo: “Mi reino no es de este mundo”.Tiene un fundamento completamente distinto que no se expresa en el lenguaje jurídico de derecho-sumisión.
En Síntesis, “no ser de aquí” equivale, por tanto, a “no pertenecer al orden este”. Su realeza pertenece a lo de arriba”, la esfera del Padre y del Espíritu; es, por tanto, una realeza que por amor comunica vida, en vez de producir muerte con la opresión (Jn 4,47.49).
2.2. Los imperativos del mundo (necro-poder: orden-ley)
Para Jesús el uso de la violencia del orden (mundo) pertenecen a la esfera de la injusticia y del pecado. El mundo (el orden), fundamenta un proyecto de muerte, desde el poder. Y esta realidad, desde la óptica del Jesús del evangelio de Juan es pecado.
El Sanedrín y Pilato son mundo, y estos siguen los imperativos del mundo. Ellos defienden las Leyes, Pilato la ley del dominio imperial y el Sanedrín la legalidad de la Ley judía. Pero para estos, Jesús de Nazaret ha transgredido la Ley (cuando lo ha hecho, pues cuando cura a los enfermos en día sábado). Para el Jesús Joanico, la ley no debe impedir la vida humana, por tanto, los que se open a Jesús y su praxis, lo hacen en nombre de la Ley (Hinkelammert, 1998).
2.3. Sustitución de Dios por el mercado (Jn 2, 13-16): necro-teología del orden mercantil
En síntesis, si actualizamos el mensaje de Jesús de Nazaret desde el evangelio de Juan, el mundo y su orden es toda una realidad de pecado e injusticia, con una ley que cosifica al ser humano. Pero también, para que se fundamente este orden-mundo, es fundamental toda una necro-teología que legitima este orden. Ahora bien, el Jesús del evangelio de Juan desenmascara esta realidad es decir “la sustitución de Dios por parte de las relaciones mercantiles”:
Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el Templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del Templo, con las ovejas y los bueyes; desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas; y dijo a los que vendían palomas: Quiten esto de aquí. No hagan de la Casa de mi Padre una casa de mercado.
Se trata del conflicto entre Dios y Mamón. Mamón en este texto ocupa el lugar de Dios, al transformar la casa del Padre en casa de mercado. Dios desaparece de la casa de Dios y su lugar lo ocupa el Mamón, que ahora se llama Dios, pero en ningún momento se transgrede la Ley. Es evidentemente el cumplimiento de la Ley (en este caso la ley del valor) que sustituye a Dios en la casa de mi Padre. Dios es destronado cumpliendo la Ley. Por tanto, se trata de un acto en contra de Dios, que a la vez es un acto contra el ser humano (Hinkelammert, 1998).
En resumen, en el mundo-orden el mercado y la ley normatizan teológicamente el seguimiento a Mamón como el absoluto señor del orden-mundo. Pero el Jesús del evangelio de Juan, deja clara la postura radical de: “Mi reino no es de este mundo”, y sobre todo desenmascara la teología del mundo orden: “No hagan de la Casa de mi Padre una casa de mercado”. En último término, Jesús señala que este mundo-orden (podríamos decir el necro-política) construye relaciones de poder que son pecado e injustas, que van en contra de la voluntad del Padre (y del reino de Dios).
La ética de la compasión: para deconstruir el orden-mundo (necro-poder) y la recuperación de los espacios comunitarios políticos
Boff (2004), se hace una pregunta fundamental que nos sirve para deconstruir todo lo que hemos construido hasta este momento como civilización (orden-mundo): ¿Por qué hemos llegado hasta este punto crucial? Para Boff, las revoluciones agrícolas, la industrial, la del conocimiento y la comunicación, modificaron la faz de la tierra para bien y para mal. Dieron comodidad al ser humano, pero también depredaron la tierra.
Con el conocimiento técnico-científico y cultural, obtuvo el poder-dominación de la tierra, de las mujeres, de los pueblos. En lugar de estar junto a los demás seres, se puso contra ellos y sobre ellos.
Urge por tanto, de-construir todo este proyecto de muerte (necro-políticas), y para ello Boff (2004) expresa que lo fundamental para contrarrestar esta realidad, es la activación consciente e intencionada del principio femenino que está presente en las animas de la mujer y el hombre. Lo femenino en nosotros es aquella energía estructuradora que nos hace sensibles a todo lo que tiene que ver con la vida y la cooperación, que capta el valor de los hechos, que lee el mensaje secreto emitido por todos los seres, que identifica el hilo conductor que liga y re-liga las partes en el todo a la Fuente que todo procede. Lo femenino nos enseña a cuidar de todo con celo entrañable.
El cuidado constituye la esencia del anima y precondición necesaria para que continúe la vida.
En conclusión, según Leonardo Boff (2004), “para ser plenamente humanos, el ethos tiene que incorporar la compasión (pp. 56). El ethos que se compadece… incluye a todas las personas… donde hay acogida y donde las lágrimas pueden ser lloradas sin vergüenza o enjugadas cariñosamente” (pp. 57).
Y la compasión como señala Boff (2004), “es compartir la pasión del otro y con el otro, sufrir con él, alegrarse con él, caminar con él (pp. 57). Y la compasión como señala nuestro teólogo, exige, libertad, altruismo y amor” (pp. 59).
Hoy por hoy, en tiempos de crisis por el Covid-19 y de la implementación de las políticas de muerte, lo que debe primar es la ética –política de la compasión.
Se debe crear comunidades con esta óptica, es lo que debemos considerar para construir otros mundos distintos a este.
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Fotografías: agradecemos a Mario Luna por facilitarlas. Las tres corresponden a la Colonia Zacamil, en el Municipio de Mejicanos (Departamento de San Salvador, El Salvador).
Fotografía 1: Primer aniversario de Comunidad Eclesial de Base (Ceb).
Fotografía 2: (con imagen de una cruz): Viacrucis latinoamericano, con tres Cebs de la zona.
Fotografías 3: Círculo de Lectura Popular de la Biblia en casa de Mario, Zacamil.
Referencia Bibliográfica
Asman H (1997). La idolatría del Mercado. Colección Economía Teológica. Editorial Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI). San José, Costa Rica.
Hinkelammert F. J (1998). El grito del sujeto: del teatro-mundo del evangelio de Juan al perro-mundo de la globalización. Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), San José Costa Rica.
Mbembe A (2011). Necro política. Editorial Melusina. España.
Mateos, J y Barreto, J (1982). El evangelio de Juan. Análisis Lingüístico y comentario exegético (segunda edición). Ediciones Cristiandad. Madrid.
