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Etiqueta: legalidad ambiental

CONCEVERDE solicita información detallada sobre estado de finca para protección del Cerro Chompipe

El conflicto en torno a la protección del Cerro Chompipe, en el cantón de San Rafael de Heredia, suma una nueva acción. El colectivo ambiental CONCEVERDE presentó una solicitud formal de información a la alcaldía municipal, en la que expone inconsistencias registrales y catastrales relacionadas con una finca ubicada dentro de la zona inalienable establecida por la Ley N.° 65 de 1888 y posteriormente incorporada al Parque Nacional Braulio Carrillo.

La gestión se da como seguimiento a la controversia pública generada tras la negativa del alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia a ejecutar un acuerdo aprobado por el Concejo Municipal, orientado a garantizar la protección absoluta del Cerro Chompipe. Dicha posición fue manifestada por el jerarca local mediante una publicación en Facebook, donde sostuvo que la municipalidad no está obligada a traspasar terrenos al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y cuestionó la pertinencia de que estas áreas pasen a administración estatal.

La posición de CONCEVERDE

En el documento enviado a la alcaldía, CONCEVERDE recuerda que dos resoluciones firmes de la Sala Constitucional (2008-12109 y 2023-017109) ordenan al Estado recuperar y administrar los terrenos comprendidos dentro de la zona inalienable, resoluciones que —según el colectivo— tienen efectos erga omnes, es decir, obligan a todas las instituciones públicas, incluidas las municipalidades.

El escrito señala que la finca identificada bajo el folio real 4-156766, ubicada en el Cerro Chompipe, forma parte de dicha zona inalienable desde 1888 y que, aunque ha permanecido bajo administración municipal, constituye patrimonio natural del Estado. Además, se documenta que esta finca se originó en la reunión de tres propiedades registrales, cuya suma totaliza más de 1,5 millones de metros cuadrados.

Inconsistencias registrales y solicitud de aclaraciones

Uno de los puntos centrales de la gestión ciudadana es la diferencia significativa entre el área que consta en el Registro de la Propiedad y la superficie consignada en el mosaico catastral municipal, donde aparece una extensión considerablemente menor. Ante esta situación, CONCEVERDE solicita explicaciones formales sobre:

  • La información brindada por la alcaldía al Concejo Municipal en acuerdos anteriores sobre el estado de la finca.
  • Las razones técnicas y administrativas de la discrepancia entre el área registral y la catastral.
  • La posibilidad de que parte del terreno no esté debidamente incorporado a la finca matriz, lo que podría requerir una revisión exhaustiva por parte de las autoridades competentes.

El colectivo aclara que estas observaciones se formulan con prudencia, solicitando información oficial y sin adelantar conclusiones definitivas, precisamente para evitar afirmaciones sin sustento técnico o jurídico.

Un debate de fondo sobre legalidad y protección ambiental

Para CONCEVERDE, la discusión no es una diferencia de criterios políticos, sino el cumplimiento estricto del marco legal vigente, que incluye la Ley de Parques Nacionales, la Ley Forestal y las resoluciones constitucionales. En ese sentido, cuestiona que la municipalidad pretenda asumir funciones de administración ambiental en territorios que, por ley, deben ser gestionados por el MINAE a través del SINAC.

El colectivo también advierte que cualquier intento de impulsar proyectos de uso turístico o recreativo en terrenos del Cerro Chompipe debe ser analizado con extremo cuidado, dado su estatus legal y su importancia estratégica para la protección del recurso hídrico y la biodiversidad de la región.

Documento disponible para consulta pública

Como parte de este seguimiento, SURCOS Digital pone a disposición de sus lectoras y lectores el documento completo enviado por CONCEVERDE a la alcaldía de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, con el fin de facilitar el acceso a la información y promover un debate informado.

👉 Descargar el documento:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/01/1a-FINCA-CHOMPIPE-SOLICITUD-INFORMACION.pdf

Acalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia condenado por violentar el derecho constitucional a la justicia administrativa pronta y cumplida

CONCEVERDE – Comunicado

El pasado 19 de septiembre de 2025, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por vecinos de San Rafael de Heredia —del cual nuestro colectivo no fue parte—, en el que se condenó al señor Jorge Arias Santamaría por haber transgredido el derecho constitucional a un procedimiento administrativo pronto y cumplido. La causa se relaciona con una construcción ilegal denunciada desde el año anterior, ubicada dentro del Área Especial de Protección del Gran Área Metropolitana (GAM) y parcialmente en la zona inalienable establecida por la Ley N.º 65 del 30 de julio de 1888.

Desde el colectivo CONCEVERDE expresamos nuestra profunda preocupación ante la reiterada indiferencia de la Municipalidad de San Rafael de Heredia frente a las denuncias ciudadanas. La omisión en atender de manera eficiente varias denuncias sobre la edificación iniciada hace más de diez meses, sin contar con los permisos de construcción requeridos, ha llevado que la obra se haya concluido, lo que evidencia una negligencia institucional que, por su persistencia y efectos, se asemeja peligrosamente a una forma de complicidad.

La falta de respuesta oportuna por parte de la alcaldía ha sido tal que el máximo tribunal constitucional del país ha acreditado la violación al derecho fundamental consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política de Costa Rica, que garantiza a toda persona el acceso a un procedimiento administrativo eficaz, diligente y conforme a los principios del debido proceso.

Desde CONCEVERDE, reiteramos nuestro compromiso con la defensa del ordenamiento territorial, la legalidad ambiental y los derechos ciudadanos, y exigimos a las autoridades municipales el cumplimiento estricto de sus deberes legales y constitucionales.

Esta denuncia se hace pública como acto de resistencia ciudadana frente a la inercia y negligencia municipal, y como llamado urgente a la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia administrativa.