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Etiqueta: legislación electoral

La última “salida” de Cisneros

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Con su reciente anuncio, la diputada Cisneros, reconocida «directora de propaganda» del gobierno chavista, de que ella, con el equipo que usa en el Congreso para leer discursos, va a generar producciones desde Zapote, para romper la veda electoral que, entre otros, prohíbe al presidente Chaves hacer propaganda a favor del partido político chavista, y en contra de los partidos de oposición, está, «sin querer queriendo», comprometiendo al mandatario y, esto es muy importante, a los medios que se atrevieren a contratar las transmisiones que la diputada tiene planeado hacer desde Casa Presidencial.

¡Veamos! Si el artículo N°142 del Código Electoral, PROHÍBE «difundir mediante cualquier medio de comunicación, información publicitaria relativa a la obra pública realizada», y la diputada ha confesado que tratará de incumplir tal prohibición, cual, si estuviera de regreso en un noticiero de televisión, sentimos que se está metiendo en un enmarañado manglar.

Por un lado, no puede negar que ella es, de hecho, parte del equipo de propaganda de Casa Presidencial. Eso no es ninguna sorpresa. Asimismo, no puede pretender que tenga alguna importancia de quién es el equipo de transmisión que usaría para con él, burlar la legislación electoral, que todos los costarricenses tenemos el deber de cumplir. Aunque un par de aparatos supuestamente sean comprados por «perico de los palotes» (algo intrascendente), la Cisneros piensa que, al no ser de la Presidencia, ello le dará un matiz de legalidad a su “genial idea”, y que así, el pobrecito que hoy se siente «amordazado«, podría lavarse las manos cual infantil inocente, pues él (piensa ella) no tendría responsabilidad alguna de la propaganda que se transmitiría por iniciativa de otros, y que Chaves se muere por ejecutar.

Para ello, Cisneros, quien recordemos no tiene prohibición, piensa que hasta podría transmitir propaganda pagada por el partido oficial… con Chaves como actor laureado como principal protagonista. ¡Ni el actor de origen indio que se ha hecho famoso gracias a un diputado pugilista, podría sustituirle!

Dicen que se dice”, que, como el abogado de Chaves, ahora candidato a diputado por Alajuela, es tan olvidadizo, al asesorarlos seguro olvidó que, a partir de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestro prestigioso Tribunal Supremo de Elecciones reafirmó que Costa Rica habría de contar con mecanismos que eviten el uso indebido del aparato público en las campañas electorales, para evitar la difusión de propaganda oficial durante el periodo electoral. Explícitamente se anota razonablemente, que, aunque no se incurra en gasto público directo, la visibilidad y la amplificación de los mensajes que otorgan los canales oficiales pueden influir de manera ilegítima en la intención de voto de la ciudadanía.

Asimismo, el TSE dispuso que también queda prohibida la publicación de ese tipo de mensajes en plataformas digitales institucionales, con o sin pago. En términos generales, la difusión de propaganda en contra de lo dispuesto en la Constitución Política o en el Código Electoral se sanciona económicamente, tanto a los responsables de los medios de comunicación, como a todos aquellos que buscan difundir propaganda en contra de lo dispuesto en el Código Electoral, como pretende la diputada Cisneros Gallo. Igualmente, se exponen a multas de dos a diez salarios base, los encargados o responsables de medios de comunicación, que pretendan “jugar de vivos” en un contexto donde, torpemente, ya la emprendedora diputada ha cantado sin guitarra, segura de que la asesoría recibida era estupenda. Están pues avisados los amigos de los medios que ya han sido buscados.

A una sociedad políticamente organizada sin Estado, algunos le llaman anarquía. Lo de Pilar Cisneros no se le acerca, pues lo de ella, básicamente es una “salida” impensada, y como tal, no merece ser tomada en serio.

¿Estará cansada?

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

– ¡Ojo, mucho ojo, a la jugada de la diputada Pilar Cisneros!

No le crean esta nueva coartada.

Lo que realmente sucede, es que después de haber renunciado tácitamente, al partido de la que ha sido jefa de fracción, ahora quiere mantenerse como tal, para, entre otras cosas de gran importancia, obstaculizar desde allí, el proceso de levantamiento de inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, solicitado por la Corte Suprema de Justicia.

Esta renuncia, de la cual ahora se arrepiente, se ejecutó por varios hechos evidentes, entre ellos, por haberse incorporado, voluntariamente, al equipo de campaña del nuevo Partido Pueblo Soberano, como «directora de estrategia y comunicación». Sin embargo, en forma insólita, porque se reporta cansada, ahora pretende ¡regresar al partido al que renunció» (Progreso Social Democrático, presidido por la también diputada, Luz Mary Alpízar). Pues, a la señora, le cogió tarde; se precipitó, cometió una torpeza, y ya el hecho está consumado.

Ya la distinguida dama, renunció en forma tácita al partido que la hizo diputada, y no puede pretender que las autoridades del TSE y el mismo Directorio Legislativo, le sigan el jueguito, cual si fueren niños inocentes.

Ya Pilar Cisneros Gallo, es diputada independiente. Su renuncia tácita, en buen español, significa que no es que se entiende, se percibe, se oye o se dice formalmente. ¡No! Se trata, más bien, de una renuncia que, indiscutiblemente, se infiere sobre la cual no hay duda alguna, por más malabares que se invente. La evidencia es rotunda, pública, promocionada, por lo cual, la conclusión que emitirán las autoridades, que han de velar por el respeto pleno de la legislación electoral, es solo una, terminante, ejemplarizante.

La investigación contra el presidente Rodrigo Chaves y compañía por parte de la fiscalía

Alberto Salom Echeverría

1.Todavía no hay una acusación formal contra el presidente de la República, el vicepresidente Brunner, el canciller Arnoldo André, algunos diputados oficialistas y otros adherentes al Partido Progreso Social Democrático (PPSD), porque la Fiscalía se encuentra en una fase de investigación acerca de quiénes son los presuntos responsables de haber incurrido en graves delitos contra la legislación electoral de nuestro país. Por lo consiguiente en este artículo no me propongo inculpar a nadie; sé que hacen falta las pruebas concluyentes para que se pueda hablar de culpables.

2. Sin embargo, sí deseo expresar mi criterio de carácter politológico más que jurídico, sobre la relevancia que esta investigación tiene en Costa Rica hoy. Diré primero que cualquier investigación que se realice en contra del presidente de la República y otros altos funcionarios del poder ejecutivo y de la Asamblea Legislativa, es de mucho cuidado; sobre todo cuando se trata de examinar presuntos hechos dolosos en que podrían haber incurrido los altos dignatarios gubernamentales, porque de probarse la culpabilidad, se constituiría un grave daño político, jurídico y moral que afectaría aún más la credibilidad de la sociedad civil en la política y en los políticos.

3. En este caso, la investigación discurrió primero, desde hace tres años por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), y, se configuró un documento en noviembre del 2024. Este documento deberá ser conocido, esperamos que con urgencia por los magistrados del TSE. Pero, dado que se trata de una investigación a tan altos dignatarios del Estado costarricense, el pasado 17 de enero, el fiscal general, Carlo Díaz, sustentado en una orden judicial de la Sala Tercera (que conoce y se pronuncia sobre delitos penales), incauta el documento, justamente con el fin de examinar si amerita elevarlo a los tribunales de justicia competentes para que se inicie un juicio. El documento al que nos referimos versa sobre el supuesto financiamiento paralelo en la campaña del hoy presidente Rodrigo Chaves. De probarse los hechos que allí se señalan, obviamente sería a todas luces un ilícito grave contra artículos del código electoral y, como ha quedado dicho procedería que el fiscal lo eleve a juicio.

4. El procedimiento no es nada sencillo, puesto que algunos de los altos dignatarios investigados, como el presidente de la República, el vicepresidente, el ministro de Relaciones Exteriores y los dos diputados, están investidos de inmunidad. En tal caso procede que el TSE valore la denuncia y, si lo estima necesario, ordene a la Inspección Electoral, que instruya una investigación preliminar. Si realizado este proceso encuentra indicios de culpabilidad, deberá trasladar la denuncia a la Asamblea Legislativa, a fin de que ésta, proceda a levantar la inmunidad de los funcionarios que estime necesario. Se requerirán dos terceras partes de los votos de los diputados a la Asamblea Legislativa para levantarles la inmunidad a los dignatarios aquí mencionados para que puedan ser sometidos a juicio. O sea, se trata de un procedimiento calificado.

5. ¿Cuáles son los presuntos delitos en que habrían incurrido los dignatarios y otros de sus partidarios? El informe del Departamento de financiamiento de partidos políticos del TSE, como resultado de tres años de investigación concluyó que se habrían cometido por parte del presidente, los siguientes delitos electorales, a saber: Rodrigo Chaves, habría recaudado fondos para financiar al PPSD, sin haber recibido autorización alguna del tesorero de este partido político. Una violación como esta, de haberse producido, implicaría penas de dos a cuatro años de cárcel, según artículo 273 del Código Electoral. Los recursos, postula el informe de investigación habrían ingresado a cuentas de una firma privada ATA Trust Company, mediante la cual se administraron los recursos del fideicomiso “Costa Rica Próspera”. También señala el informe dado a conocer por el diario La Nación, que el presidente recibió contribuciones o donaciones, por medio de una estructura paralela a las cuentas oficiales del PPSD, con lo cual evadía el control del propio partido político; esa cuenta paralela que se constituyó fue el fideicomiso mencionado y uno de los sujetos de investigación. Con ello se habría violado el artículo 275, inciso b, del código electoral.

6. A su vez al canciller Arnoldo André, se le atribuyen dos delitos más: igual que Chaves habría violado el artículo 273 del mismo código, tras haber incurrido, supuestamente en la misma falta de captar recursos por medio del fideicomiso, para el PPSD también. Pero, por otra parte, se le atribuye haber donado a esa estructura paralela, el fideicomiso, una suma de 3,6 millones de colones. De haberse producido esa donación sería una irregularidad violatoria del artículo 274 del citado código.

7. A la diputada Luz María Alpízar, en su calidad de presidenta del PPSD, se le estaría atribuyendo haber recibido financiamiento privado, mediante el aporte de personas no autorizadas para recaudar esos fondos, las cuales habrían empleado cuentas, aparentemente no inscritas, ni autorizadas por el tesorero nacional, o por el comité ejecutivo nacional del PPSD. De probarse tal delito sería una violación al artículo 275 del mismo código. En este caso, si se logra probar el delito se señalan penas de cárcel de dos a seis años.

8. Al diputado Waldo Agüero, se le investiga también por sospechas de haber violado el artículo 275. A la vez, a su hija, Sofía Agüero Salazar, se le sigue proceso de investigación por sospechas de haber recibido y depositado fondos en su cuenta bancaria, ilegales, para financiar la candidatura de su padre. En este caso el dinero recaudado provenía del banquero Jack Loeb. (Cfr. Para más abundamiento, pueden conocer informes de los artículos del diario La Nación sobre esta materia de los días domingo dos de febrero del 2025, págs. 1 y 3, martes 4 de febrero, págs.1 y 3 y, miércoles 5 de febrero, págs. 1 y 3).

En suma, la investigación a la que nos hemos estado refiriendo del Departamento encargado de estudiar el financiamiento de los partidos políticos, perteneciente al TSE, habla de dos supuestas estructuras paralelas a la contabilidad oficial del partido de Chaves, el fideicomiso y una cuenta privada de la señora Sofía Agüero Salazar.

Al estudio de estos supuestos delitos, está abocada ahora la fiscalía general, con el objeto de seguir la trazabilidad de los fondos recaudados mediante estructuras paralelas y así se estaría probando que los recursos se habrían recibido de donantes privados no autorizados, cuyo destino era beneficiar tanto la candidatura a la presidencia de Chaves, como la de Brunner, y la de los candidatos a diputados de aquel entonces, aquí mencionados con anterioridad. También se afirmó en este artículo, que el fiscal tuvo que solicitar autorización de los magistrados de la Sala Tercera de lo penal, para obtener la orden judicial y así incautar el documento al que hemos hecho referencia.

Como puede verse, de probarse los ilícitos, los altos funcionarios de la administración pública, el presidente Chaves y los demás, habrían incurrido en faltas graves que atentarían contra nuestro sistema electoral, y habrían faltado a la confianza de los costarricenses que votaron por ellos y los que todavía les mantienen la confianza. Es de esta manera como se vulnera la democracia costarricense y cada vez mayor cantidad de personas en nuestro país se han ido decepcionando de la política y los políticos. Esperamos que los que sean acusados, no acudan a procedimientos espurios y leguleyadas en su defensa que, producirían todavía más decepción en el pueblo.