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Desde el Movimiento de Afectados por Represas (MAR), expresamos nuestro repudio ante la reciente sentencia absolutoria de Juan Eduardo Varela, quien confesó públicamente el asesinato que cometió contra Jehry Rivera, defensor de los derechos del pueblo bröran y del río Grande de Térraba ante la amenaza del proyecto hidroeléctrico Diquis, en Costa Rica. Jehry fue asesinado en un contexto de creciente violencia contra los pueblos ancestrales de varias etnias de la zona sur de ese país, que luchan contra el despojo y las leyes coloniales, para la recuperación de sus tierras. De esta forma, la noche del 24 de febrero del 2020, una turba de más de cien personas llegaron a amenazar y violentar a las comunidades del territorio indígena de Térraba y en medio de ese ataque, Jehry fue asesinado.

Con profunda indignación, denunciamos la impunidad que rodea el asesinato de Jehry, así como el de Sergio Rojas, compañero bribri del territorio indígena de Salitre, también asesinado en Costa Rica en 2019 por defender su territorio ante las usurpaciones ilegales de no-indígenas y cuyo caso se archivó por supuesta falta de pruebas. La violencia en los territorios originarios de Costa Rica ha sido permitida y promovida por el Estado y los gobiernos de las últimas décadas de ese país, quienes han sido negligentes con su responsabilidad de sanear los territorios ancestrales y asegurar el derecho a la tierra y la justicia de los pueblos originarios.

La justicia es un derecho inalienable, y la falta de acción ante estos crímenes sólo fomenta un ciclo de violencia y despojo. Por esta razón, además nos sumamos a la exigencia de justicia en territorio hondureño para la compañera Berta Cáceres, defensora del río Gualcarque y los derechos del pueblo lenca, cuyo asesinato ocurrido el 3 de marzo del 2016, aún no ha encontrado justicia. Es bien sabido que el asesinato de Berta, fue un crimen planificado por los directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), para silenciar la resistencia que mantenía el pueblo lenca ante la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarcas, proyecto promovido por dicha empresa. De esta forma, demandamos justicia para Berta y concretamente que se ratifiquen la sentencia condenatoria de los 7 responsables materiales de su asesinato, así como la sentencia condenatoria del expresidente de DESA, David Castillo, declarado coautor de este crimen por los tribunales hondureños desde el año 2021.

Además, exigimos que se desarrollen las investigaciones y procesos respectivos que aseguren haya justicia en torno el asesinato del compañero Juan López, defensor del río Guapinol ante la amenaza de la Minera Los Pinares Ecotek, quien también fue asesinado el pasado 14 de septiembre del presente año, en Honduras. Juan, al igual que Berta, fue crítico del modelo económico extractivista imperante en ese país centroamericano, en donde los gobiernos de las últimas décadas han priorizado y apoyado los intereses privados, por sobre el bienestar de las comunidades y de los ecosistemas.

Cabe destacar, que según los informes de los últimos años de Global Witness, en torno a los asesinatos de defensores del territorio en el mundo, señalan a América Latina como la región que registra el mayor número de asesinatos de estas personas. Así, en su último informe de septiembre del 2024, señalan que de los asesinatos registrados mundialmente, el 85% se llevaron a cabo en Latinoamérica, principalmente en Brasil, Colombia, Honduras y México.

Por esta razón, hacemos un llamado a la comunidad internacional a presionar a los gobiernos de la región, para exigir que los asesinatos de quienes defienden los derechos humanos, el territorio y las comunidades no queden en impunidad, y que se tomen medidas inmediatas que garanticen la seguridad de quienes aún resisten en nuestros países.

A todos los pueblos en resistencia: Unámonos para exigir justicia por Jehry, Juan, Berta y cada una de las personas asesinadas por defender los derechos humanos y la vida.

¡Justicia para Jehry, Sergio, Berta, Juan y todas las personas que defienden Abya Yala!