Privatizar los sistemas eléctricos: un pésimo negocio
Alberto Gutiérrez Arguedas
Geógrafo y científico social
Universidad de Costa Rica / Coalición en Defensa del Modelo Eléctrico Solidario
Actualmente se discute en la Comisión Especial de Energía de la Asamblea Legislativa el proyecto “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, expediente No. 23.414. En pocas palabras, se trata de un proyecto ley intencionado para la privatización del sistema eléctrico nacional, de la misma envergadura y alcances del infame “Combo del ICE”, derrotado en las calles hace 25 años en una de las mayores movilizaciones sociales de la historia de Costa Rica.
En términos técnicos, este proyecto de ley tiene tres elementos básicos, que en su conjunto implicarían una reestructuración profunda del sistema eléctrico nacional:
- Creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN). Se trasladan las funciones de operación y coordinación del sistema eléctrico nacional del ICE al ECOSEN, una nueva entidad adscrita al MINAE. Con ello se politiza en el mal sentido de la palabra las decisiones y planificación estratégicas sobre el sistema eléctrico y se abre las puertas a conflictos de intereses y dinámicas viciadas de “juez y parte”, pues en dicha entidad tendrían representación los generadores privados de electricidad.
- Creación del Mercado Eléctrico Nacional (MEN). Se crea un mercado eléctrico mayorista o de subastas, es decir, un mercado eléctrico privatizado, en donde la electricidad es una mercancía que se transa entre agentes privados. Con ello se elimina la planificación operativa que actualmente ejerce el ICE, la cual garantiza que las decisiones y planes estratégicos sobre el sistema eléctrico respondan a criterios técnicos y a las necesidades sociales, no a intereses particulares.
- Exportación de empresas privadas en el mercado eléctrico centroamericano. Se autoriza que los generadores privados exporten directamente en el mercado eléctrico regional, lo cual actualmente solo puede hacer el ICE. Ello es problemático porque, bajo el esquema actual, las ganancias del ICE por exportación de electricidad se rebajan de las tarifas de los usuarios, mientras que si exportaran las empresas privadas esas ganancias serían para el lucro de estas, sin beneficio para la colectividad.
Lejos de ser una novedad, lo que propone este proyecto de ley es la vieja receta privatizadora de los años 1990. En aquellos años, al mismo tiempo en que se impulsaba el “Combo del ICE”, los demás países centroamericanos también impulsaron reformas legales para privatizar sus sistemas eléctricos, como parte de los programas de ajuste estructural. Honduras lo hizo en 1994, El Salvador y Guatemala en 1996, Panamá en 1997 y Nicaragua en 1998. A diferencia de Costa Rica, en donde la lucha social logró frenar la privatización, en los demás países sí se concretó.
El proyecto de ley de “armonización” busca cumplir un ansiado sueño de las clases dominantes: completar la privatización del sistema eléctrico de Costa Rica, la cual quedó “a medias” desde los años 1990. Quieren conseguir lo que no pudieron hace 25 años, utilizando los mismos argumentos de aquel entonces: que la apertura del sector eléctrico reducirá las tarifas, que modernizará la gestión y, en general, que mejorará la calidad del sistema eléctrico. Pero, ¿será cierto que privatizar el sistema eléctrico trae todos esos beneficios? La experiencia de los demás países centroamericanos dice lo contrario. Veamos.
En cuanto a las tarifas, a pesar de ser el país más caro de la región, Costa Rica mantiene la tarifa eléctrica más barata. Según datos de 2022, el precio del kilovatio/hora (kWh) en este país fue de $0,15, mientras que en Panamá y en Nicaragua fue de $0,17, en El Salvador $0,24, en Honduras $0,26 y en Guatemala $0,28. En algunos de estos países el pago de la tarifa eléctrica representa una pesada carga en las economías familiares y, de hecho, ha sido motivo de conflictos sociales. Por ejemplo, en el contexto de las grandes protestas en Panamá en 2022, el rebajo de la tarifa eléctrica fue uno de los ocho puntos prioritarios que el movimiento social presentó ante el gobierno en la Mesa Nacional de Diálogo.
Desde el punto de vista de la calidad del sistema eléctrico, los resultados de las privatizaciones han sido igualmente decepcionantes. Costa Rica se mantiene como el país con mayor índice de cobertura eléctrica (99,4%), seguido de El Salvador (97,9%), Nicaragua (97,3%), Panamá (94,3%), Guatemala (89,2%) y Honduras (85,7%). Lo mismo puede decirse de la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico: los apagones y picos de corriente, prácticamente desconocidos en Costa Rica, son una realidad cotidiana en otros países, provocando perturbaciones en la vida de las personas. Por ejemplo, en la ciudad panameña de Colón se han dado protestas contra la empresa de distribución eléctrica, en donde las personas, indignadas, han arrojado a la sede de la empresa sus electrodomésticos dañados.
Lo mencionado anteriormente revela que, contrario a las promesas, las privatizaciones no han traído buenos resultados en Centroamérica. Lo que sí han hecho es abrir un nicho de negocios sumamente lucrativo, del cual se han aprovechado un conjunto de empresas privadas, nacionales y transnacionales. Y aquí está el meollo del asunto: cuando se privatiza un sector estratégico como la energía eléctrica, esta deja de ser un derecho y pasa a ser una mercancía. Por lo tanto, ya no está en función de satisfacer las necesidades sociales sino de las posibilidades de negocio que pueda ofrecer. Aquellas actividades que no resultan lucrativas (por ejemplo, la electrificación de zonas rurales) son deliberadamente descuidadas.
En la coyuntura política actual, es fundamental prestar atención y aprender de la experiencia de otros países, pues pueden dar una idea lo que nos esperaría en caso de aprobarse el proyecto de “armonización”. Este proyecto de ley es anacrónico, pues en otras latitudes más bien se está discutiendo la necesidad de re-estatizar las empresas de electricidad que fueron privatizadas, debido a sus desastrosos resultados. Tal es el caso de Alemania, que en 2022 nacionalizó la empresa eléctrica Uniper, en el contexto de la crisis energética provocado por la guerra en Ucrania.
En conclusión, el motivo por el cual quieren privatizar el sistema eléctrico de Costa Rica no es porque no funcione bien. Al contrario: lo quieren privatizar porque funciona muy bien y por consiguiente es un jugoso botín del cual la oligarquía local y las empresas transnacionales se quieren apropiar. El momento actual nos invita a luchar, pues una vez que se privatiza el sistema eléctrico, es muy difícil revertirlo. Hay mucho en juego.
Referencias
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ElDiario.es (2022). Alemania nacionaliza la eléctrica Uniper por 8.500 millones. ElDiario.es. Disponible en: https://www.eldiario.es/economia/alemania-nacionaliza-electrica-uniper-8-500-millones_1_9556221.html
Gordón, I. (2022). Mesa única del diálogo acuerda ocho puntos para negociar con el Gobierno. La Estrella de Panamá. Disponible en: https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/mesa-unica-dialogo-acuerda-ocho-puntos-negociar-gobierno-IKLE474084
Guillén, S. (2024). La ruta del apagón y la privatización del ICE. Semanario Universidad. Disponible en: https://semanariouniversidad.com/opinion/la-ruta-del-apagon-y-la-privatizacion-del-ice/
Rojas, M. (2022). Estadísticas del subsector eléctrico de los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) 2021. Ciudad de México: CEPAL.
Sánchez, D. (2023). Colonenses se cansan de las fluctuaciones y protestan en Ensa. Critica. Disponible en: https://www.critica.com.pa/nacional/colonenses-se-cansan-de-las-fluctuaciones-y-protestan-en-ensa-451655
