Etiqueta: Ley Indígena

La lucha por la defensa de la tierra del pueblo Bribri de Salitre

Escrito en 01/07/2021. Publicado en Derechos.

Pronunciamiento conjunto de 4 pueblos indígenas

La lucha por la defensa de la tierra del pueblo Bribri de Salitre

La defensa de la Tierra nace como un deber ante la omisión e inoperancia del Estado de no cumplir la Ley 6172. Aproximadamente 30 años después de que se promulgara la Ley indígena de 1977, el Estado continua sin realizar ninguna acción para devolverle las tierras usurpadas dentro de los Territorios por personas no indígenas. Ante ello, los Pueblos Indígenas decidimos recuperar nuestras tierras por vías de hecho, utilizando medios no violentos y que además están en el marco de la legalidad.

Esto dio como resultado el inicio de un gran movimiento de recuperación de tierras en el 2010, movimiento que nace también gracias a que las personas indígenas recurrimos a las autoridades del Estado sin recibir ninguna respuesta. Si el Estado hubiera cumplido la Ley desde su promulgación no había violencia de parte de la población no indígena desinformada y tampoco existirían conflictos en nuestros Territorios.

Todo esto sucede con complacencia de las autoridades estatales. Al 2021, tras muchas acciones del Pueblo Bribri de Salitre, ha habido mucha violencia Alcanzando un pico fuerte con el asesinato de nuestro líder Sergio Rojas del Clan Uniwak. La ley indígena en clara y justa al establecer que aquellos no indígenas que demuestren tener algún derecho, debe ser indemnizado y quienes no, deben ser desalojados.

Esto es una RESPONSABILIDAD DEL ESTADO NO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Por lo cual, es incomprensible la violencia a la que desde hace 10 años y atizada en el 2021 está siendo sometido el Pueblo Bribri de Salitre por parte de no indígenas usurpadores y el Estado

NUESTRA ORGANIZACIÓN POLÍTICA, SOCIAL TERRITORIAL Y DE DERECHO CONSUETUDINARIO:

La organización social del Pueblo Bribri es MATRILINEAL, Es decir, todas las personas nacidas de madres Bribris son Bribris Solo las madres heredan el clan. Esto es así desde la creación de nuestro Pueblo hecha por Sibo. Por tanto, constituye uno de los derechos consuetudinarios más importantes de nuestro Pueblo.

Hoy en día mayoritariamente hay 10 clanes en Salitre: Uniwak, Dadiwak, Tubdiwak, Kachauwak, Búbulwak, Tubolwak, Kölkiwak, Yeyewak, Diawak, Suladiwak. Estas personas son las herederas de las tierras, defensoras de Iriria-nuestra tierra sagrada como Pueblo Bribri-, defensoras de nuestras (os) ancestros (os). Todos estos derechos están protegidos, además, por los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.

Consejo Ditsó Iriria Ajkónuk Wakpa del territorio indígena Bribri de Salitre

Territorio Indígena Iriria Bribri sá Ka, “conocido como Cabagra”

Consejo de Mayores (as) Iriria Jtechō Wakpa

El consejo de Mayoras y Mayores Iriria Jtechō Wakpa, es una organización originaria que se rige por prácticas consuetudinarias, cultura, costumbres ancestrales del territorio Iriria bribri sá kà (Cabagra)

Los principios:

Preservar, salvaguardar y controlar la soberanía territorial.
Mantener, conservar y fortalecer la cultura, costumbres y prácticas ancestrales, Luchar contra todo tipo de discriminación y hacer valer nuestros derechos en todo momento.
Defender el territorio y todo lo que en él se encuentre
Respeto entre las personas con la madre tierra.
Promover la justicia dentro de las comunidades. Defender la madre tierra, nuestro agro y nuestros bienes.
Promover la igualdad entre hombres y mujeres para un buen vivir.
Actuar con justicia y el buen ejemplo.
Aplicar nuestra autonomía y hacerla respetar.
Buscar la paz social entre hermanas y hermanos originarios.

Dicha lista de nuestros clanes mantiene el legado de la línea matrilineal de manera que Conforma un padrón vigente en los tiempos actuales en este Territorio Bribri

Dariwak: dueño de todas las aves
Úniwak: dueño de las vasijan
Tubolwak: dueño de los tubérculos
Diwowak dueño del sol
Kölkiwak dueño de las mosquitas amarillas
Bubulwak: dueño de los colmenares
Sulariwak dueño de las palmas de coco
Tuáriwak dueño del pájaro barranquero
Úsekölr mulrē: dueño de los felinos

Por lo tanto, es una ejecución de las prácticas consuetudinarias de la organización autóctono de dicho territorio ancestrales el tipo de ordenamiento es a través del Consejo de Mayoras/es que viene desde los tiempos de la creación del universo. Ante la inoperancia de las entidades y Estado, Gobierno de Costa Rica, en el cumplimiento de los derechos de las poblaciones indígenas donde incrementa la discriminación y el racismo en contra de la población indígena por medio de los tribunales y fiscalías, al igual que defensores, defensoras públicos, del cantón de Buenos Aires de Puntarenas, se decide recuperar las áreas de tierra que están siendo usurpado por la vía de hecho, sin violencia pasivamente y haciendo un debido proceso a los que corresponde

Organización originaria indígena ejecutando la gobernabilidad territorial con Autonomía y entidad

Territorio Indígena Bröran de Térraba

Consejo de Mayores Bröran

El Consejo de Mayores Bröran es un orden ancestral propio de nuestra cultura, quienes cumplen la función de gobierno interno del Territorio de Térraba. Parte del trabajo de este respetado grupo de líderes, es el compromiso con el proceso de mejora continua del territorio, brindando soluciones a necesidades y problemas que viven los Bröran.

Dicho Consejo de Mayores es abierto a dialogar y escuchar con su pueblo, así como instituciones del Gobierno y ONG’s. Sin embargo, su mayor compromiso es la lucha por el respeto y cumplimiento de la LEY Indígena 6172 y el Convenio 169 de la OIT sobre los Pueblos indígenas y Tribales. Para esto, en Térraba se creó una base de datos en la cual están presente 12 apellidos pertenecientes a los troncos genealógicos Bröran, los cuales son: Cabrera, Nájera, Rivera, Ortiz, Sibar, Uva, Segura, Gutiérrez, Navas, Gómez, Salazar y Granda. Esta herramienta más el tronco genealógico le permite al Consejo de Mayores determinar si una persona es Brörán o no y así poder respaldar ante los conflictos que se viven en el territorio.

La posesión de tierra por parte de terratenientes dentro del territorio indígena ha sido uno de los mayores conflictos que reflejan el irrespeto e incumplimiento del Estado Costarricense sobre los derechos de los pueblos originarios. Por lo tanto, las recuperaciones de las tierras por vía de hecho, han sido el grito de sublevación ante la opresión y silencio, ya que los Bröran sienten el deber de cuidar y proteger la Madre Tierra, con la cual tienen un vínculo cultural muy fuerte. Dentro de la cosmovisión indígena, la tierra es nuestra primera madre, la tierra es vida. Es por eso que las recuperaciones de hecho surgen por un sentido del deber, de amor y respeto por nuestra Madre Tierra. Por lo tanto, las tierras recuperadas son para usarlas de forma responsable con el medio ambiente y preservarlas para las futuras generaciones.

Cabe destacar que el Territorio Indígena de Térraba, está en su mayoría en manos de personas no indígenas, siendo explotado sin conciencia ambiental. Lo que genera la incógnita de: ¿cómo se puede hablar de autonomía y derechos si las tierras no las poseen los Bröran?

PRONUNCIAMIENTO DEL PUEBLO CABECAR DE CHINA KICHA:

LA LUCHA POR LA DEFENSA DE LA TIERRA DEL PUEBLO CABECAR DE CHINA KICHA

Ante las violencias estructurales promovidas por el Estado costarricense, así como políticas de despojo, exclusión y discriminación el Pueblo Cabécar de China Kichá inició proceso de defensa y recuperación de tierras-territorios en 2018 Acción que responde a un Estado colonial que ha intentado borrarnos de la historia. Prueba de ello, es el Decreto Ejecutivo 13570 de 1982. Por medio de ese decreto, el Estado derogó la existencia de China Kichá sin ninguna consulta a nuestro Pueblo. Este decreto provocó el desplazamiento forzado de muchos y muchas de nuestras compañeras; el Estado intentó borrarnos y quitarnos nuestras tierras-territorios. Tras procesos organizativos y de defensa, el Territorio Cabecar de China Kichá volvió a restablecerse en 2001

Luego del 2001, la discriminación en nuestra contra aumentó y durante 20 largos años fuimos excluidos de trabajos en nuestro Territorio. Como si eso fuera poco, nuestras familias fueron arrinconadas a espacios pequeños, donde era imposible trabajar la tierra y multiplicar nuestra cultura y, en general, nuestra existencia.

Así, en 2018 iniciamos las recuperaciones de tierras-territorios. Entendiéndolas como procesos en los que las tierras regresan a las manos del Pueblo Cabécar y éste es el responsable del cuido, la regeneración y resguardo de la vida que crece en esos terrenos Al día de hoy, tenemos cinco recuperaciones resguardadas por el Pueblo Cabécar de China Kichá: Kelpego (en 2018), Kono Jú (en 2019). Sa Keirō Kanka, Si Ka Duwé Senaglo y Yuwi Senaglo (en 2020). Con estas recuperaciones logramos regresar al 60% de nuestro Territorio.

A este avance por vías de hecho -pero legales, según la Ley indígena de 1977-, el Pueblo Cabécar ha sido sujeto de múltiples violencias y amenazas en nuestra contra Todas, acciones alimentadas por el racismo, la desinformación y la negligencia estatal. Finalmente, es al Estado a donde deben dirigirse las personas que creen tener algún derecho sobre nuestras tierras. A esas personas les exigimos que nos dejen en paz y tranquilidad pues, como Pueblo peleamos por nuestros derechos ancestrales.

¿QUIENES FORMAN PARTE DEL PUEBLO CABÉCAR?

Nuestra organización como Pueblo en de carácter ancestral y espiritual. Es decir, nuestra resistencia no se puede separar de nuestra cosmovisión y cosmogonía. Por ello, insistimos en aclarar quiénes son las personas que SI PERTENECEN AL PUEBLO CABECAR: son todas aquellas personas que cuenten con un CLAN, para ello deben ser hijas o hijos de una mujer Cabécar. LAS MUJERES CABECARES SON LAS ÚNICAS QUE PUEDEN TRASLADAR EL CLAN A OTRAS PERSONAS. Asl, nuestro Pueblo en MATRILINEAL

Actualmente, nuestra organización se encuentra en la investigación de los clanes presentes en nuestro Territorio, A la fecha identificamos a los clanes: Kibeirowak (Clan de la culebra) y Ulabluwak que fue traído desde la creación de la madre tierra por Sibo. Las personas que pertenecen a estos clanes y por ende al Pueblo Cabecar son quienes tienen derecho incuestionable a las tierras en China Kichá y además son las principales defensoras de nuestra madre tierra. A quién le debemos la vida y nuestra existencia como Pueblo Cabécar.

Consejo Ditsó Iíria Ajkönuk Wákpa de Salitre rechaza la desestimación del caso de Sergio Rojas Ortiz

Escrito en 30/09/2020. Publicado en Derechos.

COMUNICADO PÚBLICO

Sábado 26 de septiembre 2020. Una vez más el Estado respalda la impunidad: el pasado jueves 24 de septiembre el Poder Judicial publica que desestima el caso del asesinato de nuestro compañero Bribri, del Clan Uniwak, Sergio Rojas Ortiz. Decisión que, supuestamente, se basa en la falta de pruebas y en la imposibilidad de realizar investigaciones judiciales.

Como Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa, autogobierno del Territorio Bribri de Salitre desde 1979, rechazamos la decisión del Poder Judicial. Decisión que más allá de imposibilidades técnicas, se debe a razones políticas: el racismo permanente en el Estado costarricense.

Es la voluntad política, la complicidad con terratenientes y usurpadores lo que arroja al Estado a esta decisión. Para este, las vidas de los Pueblos Originarios no son importantes y por ello, impulsan a la impunidad como la norma en nuestros Territorios.

Lastimosamente, el caso de Sergio no es el único. El Poder Judicial es diligente únicamente cuando se trata de violentar los derechos de los Pueblos Originarios. Por ello, es que en el Territorio Bribri de Salitre avanzan las medidas cautelares contra nuestros hermanos y hermanas recuperadoras que les imposibilitan habitar y trabajar las tierras que les pertenecen según las leyes nacionales e internacionales. Tal es el caso de Minor Ortiz Delgado, del Clan Túbolwak, quién no puede acercarse a su terreno recuperado y quién además debe lidiar con las amenazas de muerte en su contra por parte de Eliodoro Figueroa Uva, Rodrigo Figueroa Uva y Eliodoro Figueroa Díaz. Todos en libertad, a pesar de ser sujetos a investigaciones judiciales por las constantes amenazas y ataques contra Minor Ortiz Delgado y su familia. A pesar de que el 09 de febrero Eliodoro Figueroa Uva disparara a Minor en su pierna, en un intento de homicidio.

Ante ello, no queda más que la reafirmación de nuestra lucha: la recuperación de nuestras Tierras-Territorios, el fortalecimiento de nuestra identidad y cultura así como la profundización de nuestras formas autónomas de Autogobierno. Lejos de detenernos, de dispersamos, el Pueblo Bribri de Salitre continuará fortaleciendo el camino de la autonomía, la tierra y la libertad en memoria de nuestro hermano del Clan Uniwak, Sergio Rojas Ortiz.

Por tanto, el CODIAW EXIGE:

– Al Poder Judicial a que continúe las investigaciones para esclarecer el asesinato de nuestro hermano Uniwak, Sergio Rojas Ortiz. Esto como acción mínima ante el desacato de las medidas cautelares MC-321-12 dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en pro de los Pueblos Bribris de Salitre y Brörán de Térraba.

– La protección a los líderes y lideresas del Pueblo Bribri de Salitre y a los y las recuperadoras de Tierra-territorio; en acato REAL de las medidas cautelares MC-32I-12 que exige la protección de la integridad física y vida de los Pueblos Bribris de Salitre y Brörán de Térraba.

– Un compromiso REAL del Ejecutivo en el impulso de la paz en el Territorio Bribri de Salitre. Paz que solo es posible si las personas no indígenas son DESALOJADAS del Territorio Bribri; medida urgente para el saneamiento territorial. Medida que, reiteramos, es la PRIORIDAD para el Autogobierno de Salitre.

– Que el Ejecutivo tras la concreción de los desalojos, otorgue la posesión al Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wákpa, Autogobierno del Pueblo Bribri de Salitre. Acción que debe ser extensiva a todos los Territorios y Pueblos Originarios: el Ejecutivo debe RECONOCER a las Organizaciones Propias de los Pueblos.

Para más información:
Lesner Tuadiwak
codiawdavedi@gmail.com

Y ahora la tercera muerte de Sergio Rojas Ortiz

Escrito en 27/09/2020. Publicado en Análisis, Comunidad.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.

Para los estados nacionales fundados por los criollos, hace un par de siglos, en esta parte del mundo, no se trata sólo de ignorar los derechos más elementales y la existencia misma de los pueblos originarios de Abya yala, nombre que le daban los kunas a este continente en que habitamos, sino de recurrir a su paulatina exterminación física y cultural como una serie de pasos previos para consumar su eliminación total o conversión postrera. Ese, y no otro, es y ha sido desde el siglo XIX el accionar y la intencionalidad manifiesta de quienes gobiernan todos estos países, de ahí su inacción y complicidad con los asesinatos de líderes indígenas que se cometen a diario en países como Colombia, Honduras, Guatemala e incluso en la pudibunda Costa Rica, un país este último donde los medios de comunicación apoyan, de innumerables maneras, a los terratenientes que se han apropiado de las tierras de los pueblos originarios, se trata de una nación que se declara blanca o caucásica por excelencia, una tan singular dentro de la que “esos otros desconocidos” no pasan de ser una molestia marginal, a lo sumo(que problema con esos “inditos” que no entienden todavía el valor comercial de la tierra), un estado costarricense que irrespeta el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los pueblos indígenas, uno cuyo Poder Legislativo se negó hace ya diez años a votar una ley de autonomía para estos pueblos-nación que quedaron territorialmente, dentro del estado nacional de Costa Rica, uno cuyas autoridades tanto del gobierno central como de los municipios o gobiernos locales se mantienen entre la indiferencia y la complicidad manifiesta frente a la violencia y el atropello, casi cotidiano contra los bribris, cabécares, brorán, teribes, gnäbe bugles y malekus en lucha por recuperar sus tierras usurpadas. La escalada de violencia, con bandas de matones y pistoleros pagados por los terratenientes en los territorios de esos pueblos, culminó con el asesinato de dos importantes líderes de esos grupos étnicos, en el lapso de poco más de un año: Sergio Rojas Ortíz y Jehry Rivera, líder entre los bribris el primero y de los brorán el segundo cayeron abatidos por la violencia homicida, ordenada por poderosos intereses económicos, los que necesitan esas tierras paras sus grandes negocios, y están decididos a quitarse esas gentes de su camino sin entrar en consideraciones humanitarias de ninguna clase, recurriendo incluso a aquellos que han renegado de sus orígenes para consumar el genocidio y el etnocidio simultáneos.

Dado lo anterior, estamos en capacidad de afirmar que no tuvo que transcurrir siquiera un lapso de dos años para que se consumara lo que me atrevo a calificar, sin tapujos ni bobadas de ninguna clase, como la tercera muerte de Sergio Rojas Ortíz. El atroz crimen ocurrido en Salitre del cantón de Buenos Aires, en la noche del 18 de marzo de 2019 fue apenas el inicio de un no tan lento proceso hacia la impunidad y el olvido del crimen cometido en la persona de uno de los líderes más importantes entre los bribris que habitan en el actual territorio de Costa Rica, casi de inmediato se ejecutó su segunda muerte cubriéndolo con una campaña de infamias a través de los medios comunicación más importantes del país, esa muerte consistió en censurar acremente, y recriminar de previo a quienes se atrevan a invocar su memoria como un luchador consecuencia por los derechos de los suyos, con lo que se buscaba no solo deslegitimar esa lucha sino abrir el camino para la impunidad y el olvido.

Cuando apenas ha transcurrido un año y medio del primero de esos asesinatos, el de Sergio Rojas Ortiz, su tercera muerte comienza a abrirse paso en los medios de comunicación social e incluso en las redes sociales, para ello el Poder Judicial declara cerrado el caso ante lo que llama la “imposibilidad” de identificar a los culpables (no se distingue entre autores intelectuales y ejecutores, desde luego) del crimen.

A diferencia de Ramón Mercader, el catalán que asesinó al líder bolchevique León Trotsky en la ciudad de México, cuya tercera muerte viviendo siempre bajo otro nombre, ocurrió en Cuba en 1978, después de haberse convertido en “otro” (Jacques Mornard- Frank Jackson) para cometer el crimen y pasar después veinte años encarcelado en México en esa misma condición enajenada, aquí no es el victimario (recordemos el libro de Jorge Semprún LA TERCERA MUERTE DE RAMÓN MERCADER) sino la víctima en la persona de Sergio Rojas Ortiz, la que es asesinada una vez más, al negar la posibilidad de establecer las responsabilidades de él o los asesinos, abriéndole paso a la impunidad y al olvido en un país sin memoria histórica. Para nosotros, Sergio Rojas Ortiz vivirá siempre en nuestros corazones y en nuestra memoria, su legado nos pertenece también a todos los que asumimos y respetamos su humanidad, al igual que la de todos sus hermanos de los pueblos originarios que habitan el actual territorio de Costa Rica, quienes merecen todo nuestro respeto y la solidaridad que podamos darles. Que así sea.

Rechazamos la inacción estatal para dar Justicia a Sergio Rojas

Escrito en 25/09/2020. Publicado en Comunidad, Derechos.

El sistema judicial costarricense ha fallado a su deber de garantizar justicia a los pueblos indígenas
Solicitamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impedir el archivo del caso de Sergio Rojas
Llamamos a la solidaridad nacional e internacional mediante pronunciamientos

FECON. 25/09/2020. El Ministerio Público de Costa Rica solicitará desestimar y archivar la causa penal por el asesinato de Sergio Rojas Ortiz del Clan Uniwak del Territorio Bribri de Salitre. Sergio fue asesinado a balazos el 18 de marzo del 2019 en su casa de habitación. Esto es una burla total y muestra de negligencia del Ministerio Público, ya que alega que esta causa se desestima por la “imposibilidad de localizar a los testigos” y porque “el entorno, la forma de vida en la zona” imposibilito la investigación, lo que demuestra incapacidad, desinterés o racismo en el trato de caso.

La complicidad histórica y constante del Estado costarricense se expresa con el incumplimiento de los derechos indígenas, entre los que destaca el no reconocimiento efectivo sus territorios. La inacción del Estado ha generado que los Pueblos Indígenas en Costa Rica sean perseguidos, criminalizados, agredidos y sus líderes asesinados, siempre bajo una violencia que no es incidental, sino sistemática. Estas acciones criminales han quedado en total impunidad a pesar de las denuncias a las autoridades respectivas.

Por estos hechos:

► Desde la Federación Ecologista de Costa Rica (FECON), con indignación denunciamos que el sistema judicial costarricense ha fallado en su deber de garantizar la justicia para las personas indígenas del pueblo bribri y de los diferentes territorios. Este gobierno ha demostrado ser negligente, racista y neocolonial.

► Hacemos un llamado urgente para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asuma con todas sus competencias la investigación de este caso para que el Estado costarricense en la figura de la Fiscalía General de la República, desista del archivo del caso de Sergio Rojas, realice los allanamientos que correspondan en la investigación de su caso, analice los vínculos del contexto social del conflicto con el asesinato y determine las responsabilidades, para sancionar como corresponde y a quienes corresponda.

► Solicitamos la solidaridad de las organizaciones nacionales e internacionales, para que por medio de pronunciamientos y/o cartas apoyen la causa indígena en Costa Rica y denuncien la violencia sistemática que está operando de parte del Estado costarricense en relación a los derechos indígenas.

En contexto:

Sergio era miembro del Consejo de Autoridades Propias Cuidadores de la Madre Tierra (Ditsö Iriria AjKönuk Wapka de Salitre), fundador y miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI). Lideró las recuperaciones de tierras en su territorio en Salitre de Buenos Aires, haciendo velar la jurisdicción nacional como lo es la Ley indígena de 1977, convenios internacionales como el 169 de la Organización Internacional del trabajo, la declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e internacionales.

Sergio se encontraba bajo protección de Medidas Cautelares, establecidas por la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) el 30 de abril del 2015 (MC 321–12–2015) a favor de los Territorios de Salitre y Térraba para garantizar la vida y protección integral para las personas miembros de ambos Pueblos. La falta de aplicación efectiva de estas Medidas por parte del Estado costarricense, se manifestó en la incapacidad de salvaguardar la vida de Sergio.

El asesinato de Sergio Rojas sumó a Costa Rica en el informe del Global Witness 2020 sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Él fue una de las 212 personas asesinadas por defender su territorio, su cultura y el derecho a la vida de cientos de pueblos campesinos e indígenas. Lamentablemente para el 2021 apareceremos de nuevo en el informe, tras el asesinato de Jehry Rivera Bröran del territorio Indígena de Térraba, también de la Zona Sur del país, el 24 de febrero del presente año.

Texto e imagen: FECON

ONU solicita continuar investigación y esclarecer homicidio de Sergio Rojas Ortiz

Escrito en 25/09/2020. Publicado en Comunidad, Derechos.

San José, 25 de setiembre de 2020 – El Sistema de las Naciones Unidas pidió al Estado costarricense continuar con la investigación del homicidio del líder indígena Sergio Rojas, ocurrido en marzo de 2019 en el Territorio Indígena de Salitre y evitar que este crimen quede en la impunidad.

La ONU destacó que Costa Rica ha sido un país respetuoso de los derechos humanos y tiene plena confianza en que las autoridades judiciales esclarecerán el caso y llevarán ante los tribunales a las personas responsables.

Naciones Unidas recordó el llamado que hicieron los expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU Michel Forst, en su momento Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Victoria Tauli Corpuz, en su momento Relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en el que urgieron a las autoridades costarricenses a “identificar a los autores materiales e intelectuales de este grave delito y los lleven ante la justicia, de acuerdo con la ley”.

La organización además ha hecho llamados a sus Estados miembros para seguir impulsando las acciones necesarias con el fin de erradicar toda forma de violencia y discriminación contra los pueblos indígenas, garantizando también el derecho a la posesión de sus tierras.

Naciones Unidas indicó adicionalmente que ha dado seguimiento a la medida cautelar 321-12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a los territorios indígenas de Térraba y Salitre en la zona sur del país. En este marco, y en procura de prevenir la violencia en más territorios, instó al Estado a procurar que, en el desalojo anunciado para los próximos días en el territorio indígena de China Kichá, tenga en cuenta las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas y los estándares internacionales en materia del derecho a la vivienda y desalojos forzosos, conforme a los compromisos adquiridos por el Estado en los distintos tratados internacionales ratificados en la materia.

La ONU reiteró su compromiso de continuar apoyando al país para impulsar el cumplimiento de los Derechos Humanos y asegurar el derecho colectivo de los pueblos indígenas a seguir libremente su desarrollo económico social y cultural, a determinar sus prioridades y establecer sus estrategias para lograr el desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás.

Fuente: https://costarica.un.org/es/92701-onu-solicita-continuar-investigacion-y-esclarecer-homicidio-del-lider-indigena-sergio-rojas

Información compartida con SURCOS por SERPÄJ.

Sergio Rojas Ortiz y la confirmación del racismo y la negligencia

Escrito en 25/09/2020. Publicado en Comunidad, Derechos.

Osvaldo Durán Castro (Sociólogo/Profesor ITCR-FECON)

El día del anuncio de la desestimación y archivo de la causa por asesinato de Sergio Rojas Ortiz del Clan U ni wak, es tan nefasto e indignante como el propio 18 de marzo de 2019 cuando fue asesinado, y como el 24 de febrero de 2020 cuando Jerhy Rivera Rivera fue asesinado.

Esa decisión del Ministerio Público confirma el racismo en todas sus expresiones contra la gente indígena. Esa violencia es física, hasta los asesinatos, pasando por la negación de su existencia como culturas, el desconocimiento de sus derechos humanos como personas y como etnias, el no reconocimiento e incumplimiento de acuedos, leyes y convenios como la Ley indígena de 1977, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y las resoluciones y medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos internacionales. En fin: violencia material e inmaterial contra la cultura indígena desde hace siglos, que surgió y se reproducde en la institucionalidad del Estado y también por parte de empresas transnacionales y nacionales. Jerhy, Sergio, Antonio Saldaña y Pabru Presberu, entre muchos, han sido víctimas mortales de esa violencia, pero son apenas los casos más conocidos.

Esos asesinatos no son aislados. Son parte de un patrón histórico de colonialismo que se ejecuta por medio de usurpaciones y violaciones de los derechos básicos de las personas y los pueblos indígenas. Costa Rica no escapa, si no que reafirma, la violencia del sistema económico contra los pueblos originarios, basada en la explotación de la gente y de los territorios indígenas en los cuales yacen muchas de las reservas de materias primas que los negocios persiguen. No por casualidad muchas de las luchas pasadas y actuales de los pueblos indígenass han sido y son contras explotaciones mineras, de petróleo, de monocultivos extensivos, de ganadería, de saqueo de madera, de “investigación prospectiva” de la biodiversidad, que no es más que bio-pirataería, contra represas hidreléctricas y un extenso listado de agresiones contra la Tierra, que para los pueblos indígenas no es una mercancía o cantera de materias primas por explotar.

Costa Rica no es excepcional, aunque se busque ocultar la violencia sistemática y estructural contra los pueblos indígenas. El Informe de Gloabl witness de julio 2020, “Defender el mañana. Crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente”, inclye a Costa Rica por el asesinato de Segio Rojas, que fue una de las 212 personas asesinadas en el planeta por defender su territorio, su cultura y el derecho a la vida de cientos de pueblos campesinos e indígenas.

El informe señala que “En muchos países, el derecho de las personas a su tierra y a sus recursos naturales carece de protección, de documentación legal que lo respalde o de reconocimiento” (p. 35). Señala además que “Para abordar las causas estructurales, los gobiernos deberían: Resolver los reclamos pendientes sobre tenencia de tierras y asegurar formalmente, incluso a través de medios legales, el derecho a la tierra de las comunidades y los pueblos indígenas” (p.36).

Lejos de resolver esos conflictos estructurales arrastrados por siglos, en Costa Rica la negligencia y la impunidad estimularán más usurpaciones. Habrá más violencia. Los pueblos indígenas han matenido una calma y silencio que los hacen héroes y heroínas de la no violencia, de la paciencia y de la humildad que los Gobiernos y usurpadores erróneamente han tachado de ignorancia y sumisión. Pero los ataques permanentes, las amenazas, el miedo infundido contra indígenas de todas las edades en sus propios territorios podrían empezar a tener respuestas contundentes de los pueblos originarios, hasta el punto en que la sangre que corra deje de ser sólo de indígenas. Y el Gobierno será el primer responsable. Si el mensaje de la institucionalidad es que la vida de Sergio no vale nada y si el Estado por medio del Ministerio Público aduce que «por la forma de vida en la zona y la imposibilidad de localizar a los testigos”, se desestima la causa, estamos la manifestación más absurda, negligente y odiosa. Eso es una burla en la cara de la familia de Sergio, una afrenta para cada persona indígena, para todos los pueblos indígenas y para cualquier persona honesta y cuerda de este país y del mundo. Ahora el país no sólo será “famoso” por los asesinatos contra los indígenas, si no también por la incompetenia de sus autoridades judiciales.

El Gobierno debe aceptar que la voluntad de alguno.as de sus funcionarios no es suficiente. Debe pedir mediación internacional especializada. Debe acudir ya mismo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para eclarecer de manera urgente e imparcial este asesinato, y el Jerhy Rivera Rivera. El caso no debe archivarse así de fácil. La demanda y exigencia elemental es que se reabra de inmediato y se llegue a la justicia. El informe de Glonbal Witness señala: “COSTA RICA El 18 de marzo, Sergio Rojas Ortiz concurrió a la oficina del fiscal en la localidad de Yeri, en el suroeste de Costa Rica, para informar sobre las amenazas que había recibido. Esa misma noche lo asesinaron tiros en su casa” (p.15). Su asesinato confirmó que la vida de los indígenas no es de importancia para la institucionalidad de Costa Rica. No fue protegido. A nadie le importó. Pero ahora, el archivo de su caso reafirma un descomunal irrespeto por todos los pueblos indígenas.

Cada persona defensora de los derechos humanos y que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, debería iniciar actos de desobediencia civil, para demostrar que la vida de Sergio, la de Jerhy, y la de cualquier indígena es igual que la de cualquier otro ser humano. Desconocer la resolución del Ministerio Público es un acto de dignidad humana.

El reclamo de los pueblos indígenas sobre sus tierras es un derecho consagrado en múltiples convenios, leyes y declaraciones

Escrito en 07/08/2018. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

Por Uriel Rojas R.

El reciente acto de recuperación de unas 250 hectáreas de tierras en Rey Curré por parte de la comunidad, forma parte de un eslabón de procesos que se iniciaron hace un par de años atrás en otros territorios indígenas tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras.

La tenencia de tierras indígenas en manos de no indígenas es una problemática que debió atenderse desde la creación del Instituto Costarricense de Tierras y Colonización (ITCO).

Sin embargo todo siguió como si nada.

Luego la aprobación de la Ley Indígena #6172 por la Asamblea Legislativa de Costa Rica en el año 1977 estipula en su artículo 3 que: “Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas solo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de estas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso. Las tierras y sus mejoras y los productos de las tierras indígenas estarán exentos de toda clase de impuestos nacionales o municipales, presentes o futuros”.

Los crecientes conflictos por el desacato a estas leyes y tantas muertes ocasionados en otros países, llevó a la OIT a incorporar en su Convenio Internacional 169, algunos numerales asociados a esclarecer este tema, que luego serían abordados y mejorados por otras Declaraciones y Convenciones.

Por ejemplo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas determinó en su artículo 26 que:

Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.
Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.

Este artículo 26 se refiere a la relación indígena-tierras-territorios. En su primer inciso reconoce los derechos a esas tierras, territorios y recursos, y agrega “aquellos [tierras, territorios y recursos] que hayan adquirido de otra forma”, o sea, no por posesión o utilización.

Vale resaltar que este derecho de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras ancestrales está también tutelado en otras normas jurídicas como:

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 21.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes de la persona, artículo 23.
Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, artículo 5.
Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 17.
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en sus Recomendaciones Generales XXIII (51) sobre los Derechos de las poblaciones indígenas (1997).

De tal manera que, los procederes efectuados por la comunidad indígena de Rey Curré está contemplado dentro de la protección legislativa existente, a pesar de los malestares y conflictos que esto genera, especialmente para el poseedor establecido de manera arbitraria a lo contemplado en las normativas jurídicas nacionales e internacionales.

Enviado por el autor.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Análisis del protocolo de consulta a indígenas impulsado por el Estado

Escrito en 28/05/2017. Publicado en Derechos.

Asamblea Nacional Pueblos Indígenas de Costa Rica
12 y 13 de mayo

Antecedentes:

En Costa Rica hay 8 pueblos indígenas, divididos en 24 territorios indígenas.
Costa Rica aprobó el convenio 169 de la OIT, 1992 y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
En marzo 2016 la Presidencia de la República publica la Directriz sobre Consulta a los Pueblos Indígenas.
Posterior a la Directriz se realizan algunos talleres de inducción en algunos territorios, sobre el mecanismo de consulta, en otros territorios no se realizaron y otros con poca participación.
La OIT y la declaración de Naciones Unidas se refieren a una consulta a los indígenas de buena fe, libre, previo e informado, donde el Estado debe dotar de recursos a los pueblos para construir sus prioridades. En dicho proceso no puede existir asimetría de poder Estado-Comunidad Indígena, mediante su organización representativa tradicional. Reafirma que el mecanismo lo construye las comunidades con el tiempo y recursos que requieran.
Actualmente los territorios indígenas que aún mantienen sus estructuras tradicionales son Gnöbe (Pacifico Sur), Kabekar (Caribe) y Bribri (Talamanca), además de sus representantes legales.
En abril del 2017 el Estado transfiere a los territorios indígenas una propuesta del Mecanismo de Consulta y un borrador decretó que dictaminaría el mecanismo al nivel ejecutivo.
La asamblea nacional se llevó a cabo con el objetivo de ratificar la propuesta del decreto borrador y propuesta de mecanismo.

Consideraciones:

Actualmente existe una agudización de la violencia en algunos territorios por las tierras indígenas, regulado desde 1939 Ley de Tierras Baldías, Ley Indígena 6172, Convenio 169, Declaración de Naciones Unidas.
No se ha socializado ampliamente las propuestas del decreto y la propuesta de mecanismo de consulta dado por el Gobierno de la República.
El Gobierno debe respetar la Agenda Indígena, el tiempo de los pueblos.
El Gobierno está obligado a cumplir con las medidas cautelares dadas por la Corte Interamericana de Derechos de ordenar las tierras indígenas para proceder con la construcción del Mecanismo de Consulta.

Acuerdos con representantes de territorios indígenas CR:

No aprobar la propuesta de decreto tal como lo ha planteado el Gobierno, sin antes refrendar la propuesta con las comunidades, que se realizará en el transcurso del próximo semestre.
Se realizaron aportes y acuerdos importantes tales como: crear un Registro Indígena para garantizar la participación de indígenas en los procesos de consulta; definir etapas de consulta. El mecanismo que está construyendo es de aplicación general y se construirá una propuesta de consulta por cada territorio, entre otros, que garantice los derechos democráticos y derechos humanos.
Crear un mecanismo nacional que regule la Consulta Indígena que será adecuado a cada territorio indígena de acuerdo con su idioma, geografía, representación, espiritualidad y estructura tradicional; este último será construido con las comunidades indígenas de cada territorio.
El Estado debe garantizar el recurso y transparencia en el proceso de consulta.
No se aceptó la creación de una oficina centralizada sino un Consejo de Consulta en cada territorio, conformado en procesos participativos y consensuados en los territorios.

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por Emmanuel Buitrago Páez.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Pronunciamiento de RIGELOPS y Red de Gestores CARAIGRES ante los hechos de violencia contra los pueblos bribri de Cabagra y Salitre

Escrito en 06/05/2016. Publicado en Derechos.

La Red de Gestores Locales Indígenas del Pacífico Sur (RIGELOPS) y la Red de Gestores Locales Acosta-Aserrí, con mucha consternación hemos tenido conocimiento de la violencia sistemática del que son víctimas familias bribris de los territorios de Cabagra y Salitre durante las últimas semanas de los meses de marzo y abril del presente año, por el sagrado derecho de luchar por la tierra que legítimamente les pertenece según lo estipula la legislación nacional e internacional vigente en Costa Rica como es la Ley Indígena (1977), el Convenio N°169 de la OIT sobre derechos de los Pueblos Indígenas (1993), la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos Indígenas (2007), entre otros.

Resulta del todo contraproducente que siendo que el Estado costarricense desde el año 1945 previó vía decreto resguardar las tierras indígenas del cantón de Buenos Aires, y que mediante el decreto N°34 de 1956 se creara las “reservas” de Cabagra, Salitre y Ujarrás como tierras exclusivas para la población indígena, y que estas fueran elevadas a rango de ley mediante la ley N°6172 del 1977; han pasado 60 años y el Estado no ha resuelto la problemática de la tierra, muy al contrario, se ha agudizado al nivel de la salvaje violencia organizada y sistemática de los usurpadores contra la población indígena de estos territorios como los ocurridos el 7 de abril del 2016 en la comunidad de Nima Dikol (Palmira) en el territorio de Cabagra.

En estas décadas, gobierno tras gobierno han elaborado un discurso indigenista carente de toda credibilidad por su ineficacia. Se instalaron comisiones y mesas de diálogo, visitas de autoridades, se pelotean el tema indígena entre los ministerios, diseñan desde arriba programas y proyectos de etnodesarrollo sin incidir en la situación de fondo, la tenencia de la tierra dentro de los territorios indígenas, donde entre el 50 y 60% de las tierras están en manos de terratenientes no indígenas que son poseedores de mala fe y que ilusionan con la apetecible indemnización por parte del Estado.

La estrategia propuesta por el gobierno de turno para solucionar la situación de la tierra en el territorio de Salitre no ha traído ninguna solución, y no puede ser recetada como solución al resto del país mediante un Programa Nacional de Recuperación de Tierras sin la participación de los actores directos, es decir, las comunidades de recuperantes, y no centrarlas en las cuestionadas Asociaciones de Desarrollo.

Por lo expuesto, las y los estudiantes del Técnico en Gestión Local (TGL) de Acosta – Aserrí y de Pueblos Originarios, juntamos nuestro pensamiento y nuestra palabra. El desarrollo de nuestros pueblos y comunidades, debe ir de la mano con nuestra cultura, con nuestra sociedad, con nuestra economía y con nuestro medio ambiente. Por eso el interés que tenemos por la tierra y la naturaleza como fuente de vida y cultura nos une e identifica.

Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas de la violencia física en los territorios de Salitre y Cabagra, particularmente a las comunidades de recuperantes en Nima Dikol (Palmira) y Brazo de Oro. Que haga justicia pronta y cumplida para las víctimas indígenas.

Expresamos nuestra solidaridad con el Consejo de Mayores Originarios Iriria Jtechö Wakpa de Cabagra, entidad propia de organización clánica bribri, por el incendio de que fue objeto el sagrado U-Sure, Casa cósmica bribri, efectuado por manos criminales el 23 de febrero. Lamentamos que hasta la fecha las autoridades competentes no hayan esclarecido este lamentable hecho que constituye un atentado contra la espiritualidad y cultura bribri.

Por lo tanto apoyamos las recuperaciones de tierras por parte de las organizaciones tradicionales como Bekg-tlra ñlre, Iriria Jtechö Wakpa y otras, ya que es su derecho ancestral.

Demandamos que el Gobierno de la República declare emergencia nacional la situación de las tierras y territorios indígenas en Costa Rica, y en consecuencia se diseñen y ejecuten políticas reales, profundas y de amplia participación indígena para que, definitivamente, solucione la deuda histórica con los pueblos indígenas en materia territorial y de un buen vivir a la altura de su dignidad.

San Ignacio de Acosta / Buenos Aires de Puntarenas, 29 de abril del 2016.

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Rafael López Alfaro, Programa de Gestión Local, Dirección de Extensión Universitaria, UNED.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

UCR: Consejo acuerda condenar ataques en Salitre y exige acción del gobierno

Escrito en 19/12/2014. Publicado en Comunidad, Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Mediante el acuerdo tomado en el Consejo Universitario, sesión Nº 5867, artículo 5, del 16 de diciembre de 2014, relacionado con el pronunciamiento sobre la situación de violencia en contra del pueblo indígena de la comunidad de Salitre, se considera que:

1. La Universidad de Costa Rica debe contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, de acuerdo con el artículo 3 de su Estatuto Orgánico.

2. Uno de los principios orientadores del quehacer de la Universidad de Costa Rica es el respeto a la diversidad de etnias y culturas de la sociedad costarricense, de conformidad con el artículo 4 del Estatuto Orgánico.

3. La Ley Indígena de 1977, que regula la situación jurídica de los territorios indígenas, establece en sus artículos 3 y 5:

Artículo 3. Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. (…)

Artículo 5. (…) Si posteriormente hubiera invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna1.

4. El conflicto histórico de ocupación en territorios indígenas por personas no indígenas en el país no ha encontrado una solución a pesar de extenderse por décadas.

5. Existe evidencia de que el conflicto por la tenencia de tierras en el territorio indígena de Salitre ha generado reiterados hechos de violencia desde hace tres años, los cuales no han llegado a instancias judiciales para ser debidamente investigados y sancionados. Entre estos hechos de violencia, se incluyen:

Quema de viviendas, golpizas, hostigamiento, agresiones y amenazas con armas de fuego, retención ilegal de personas, represión, amenazas de muerte y actos de tortura.

6. Estos actos de violencia, de persecución e intimidación cometidos, en Salitre en contra de la población indígena, evidencian una fuerte problemática de racismo y ponen en peligro no solo el derecho de estas personas sobre sus tierras, sino que también comprometen su integridad personal y su derecho a la vida.

7. El Gobierno no ha garantizado el pleno respeto de los derechos humanos y la seguridad de las personas indígenas que habitan en el territorio de Salitre, y ha incumplido los acuerdos alcanzados en el mes de julio de 2014, los cuales garantizarían una protección adecuada a esta población.

8. Especialistas en la materia, integrantes de las comunidades indígenas y organizaciones sociales, así como organismos internacionales, han expresado su profunda preocupación por el hecho de que, si el Gobierno no toma las medidas necesarias, la situación en Salitre podría desembocar en una escalada de violencia cuyas consecuencias serían difíciles de revertir.

ACUERDA

1. Condenar todos los ataques perpetrados en contra del pueblo bribri en el territorio indígena de Salitre.

2. Exigir al Gobierno de la República:

Una intervención inmediata que garantice el cese de los actos de violencia en el territorio indígena de Salitre, de manera que se restablezca la convivencia pacífica.

-El cumplimiento efectivo de la legislación vigente en la materia y de los acuerdos alcanzados en julio de 2014 para garantizar la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

-Tomar las medidas y las acciones para que se respeten y reconozcan los derechos que asisten a las personas indígenas y a aquellas no indígenas, según corresponda de conformidad con la ley.

3. Urgir a las autoridades judiciales a investigar estos hechos, con el fin de juzgar y sancionar a las personas responsables de estos, para evitar que queden en la impunidad.

4. Declarar que la Universidad de Costa Rica, fiel a su misión y a sus principios, seguirá vigilante respecto de la protección de los derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica.

5. Publicar en diferentes medios de comunicación el presente acuerdo y darle la mayor difusión posible.

ACUERDO FIRME.

Atentamente,

Dr. Henning Jensen Pennington

Rector

Información proporcionada a SURCOS Digital por Rectoría UCR.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/