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Etiqueta: Ley Jaguar

TSE archiva dos solicitudes de recolección de firmas para referéndum

Sobre proyectos “Ley de control y regulación del cannabis para uso recreativo” y “Ley jaguar para para fortalecer la gestión pública y su fiscalización

Comunicado

  • El primero con base en criterio de la Sala Constitucional que señala incompatibilidad con obligaciones internacionales del país.

  • El segundo en atención a lo ya resuelto por el TSE en resolución n.° 8399-E9-2024 del pasado 13 de noviembre.

San José, 4 de diciembre de 2024. En resolución n.° 9069-E9-2024, el Tribunal Supremo de Elecciones archivó la solicitud de recolección de firmas para referéndum sobre el proyecto “Ley de control y regulación del cannabis para uso recreativo”, hecha por el ciudadano Erick González Camacho.

La decisión responde al criterio emitido por la Sala Constitucional, según el cual la aprobación de la iniciativa implicaría el incumplimiento de obligaciones internacionales que el Estado costarricense adquirió al ratificar la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, la Convención de Viena sobre Sustancias Psicotrópicas y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.

Para el TSE esa incompatibilidad del proyecto con las citadas obligaciones internacionales provoca un vicio de constitucionalidad, pues el artículo 7 de la Constitución Política otorga “autoridad superior a las leyes” a los instrumentos internacionales que han sido aprobados por Costa Rica.

Asimismo, en resolución n.° 9068-E9-2024, el TSE archivó la solicitud de recolección de firmas para referéndum sobre el proyecto “Ley Jaguar para fortalecer la gestión pública y su fiscalización”, hecha por el ciudadano Edgar Espinoza Rodríguez.

En este caso, el TSE señala que el punto ya fue analizado en la resolución n.° 8399-E9-2024 del 13 de noviembre de 2024, al tratarse aquella propuesta, entre otras, de la reforma al primer párrafo del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. La propuesta de Espinoza Rodríguez reitera ese aspecto de la solicitud mantenida por Alberto Cabezas Villalobos y, en ese tanto, le son aplicables las mismas consideraciones: la propuesta normativa ya existe en el ordenamiento jurídico. No puede someterse a referéndum porque, como en su momento lo señaló el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, no incorpora un aspecto hasta el momento no regulado en el ordenamiento jurídico, no representa una reforma en el sistema, no agrega ni elimina ninguna competencia de la Contraloría. Es solo una “repetición normativa”, que es cuando la legislación dice algo de una forma y se desea crear otra que expresa lo mismo con otras palabras.

Asuntos políticos que hay que atender

Vladimir de la Cruz

El 5 de julio pasado, analizando la situación política nacional, considerando, en esos días, la posibilidad de que el presidente Rodrigo Chaves se reeligiera, escribí algunas reflexiones sobre su posible activismo político, para llegar hasta el 2034, en el supuesto de que aguardara, constitucionalmente, el plazo de ocho años para poder volver a aspirar a un nuevo posible período presidencial.

Señalé, que una vez que terminara la presidencia, en el 2026, si no tenía un partido político propio, donde él fuera la figura política, el dirigente político principal, y tuviera protagonismo político permanente, no iba a poder formar una imagen, que hasta hoy no tiene, de activista y dirigente político nacional.

Él es, hasta mayo del 2026, el presidente de la República y eso le da el protagonismo que genera el mismo aparato de gobierno, de su propia gestión, de sus convocatorias a periodistas todos los miércoles, de las giras que programa con regularidad a los diferentes cantones del país.

También tiene protagonismo por las sandeces que, sin sentido, razón, lógica o vínculo entre su lengua y su cerebro, casi a modo de barrabasadas, patochadas, burradas que a mí se me parecen más a burdeganadas, constantemente manifiesta, que producen reacciones en diferentes públicos y actores sociales o políticos. Las burdeganadas a modo de los rebuznes que se pueden producir del cruce entre un caballo y una burra, menos común que la mula, que resulta del cruce del burro con una yegua.

Como paréntesis hay que considerar que el propio Chaves ha insinuado que podría no llegarse a las elecciones del 2026.

También manifesté, que, si alguno de los partidos de los que él está impulsando, para las próximas elecciones, llegare a ganar el próximo período presidencial, lo que es posible, él podría ocupar un puesto de ministro, para tener cierto protagonismo institucional desde su gestión ministerial. Pero, esta situación le posterga su posible reelección hasta dentro de ocho años, lo que el presidente Chaves no desea como plazo largo.

Escribí también, que el plazo de ocho años para volver a ser presidente, solo se podía cambiar con una Asamblea Constituyente, o por una reforma constitucional legislativa, que ya no le da tiempo de realizar, para poder establecer una norma constitucional que permita esa reelección consecutiva, o una alterna más corta, de cuatro años.

Es más fácil, a mi manera de ver, para el gobierno tratar de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente por la vía parlamentaria, que impulsar la reforma constitucional para eliminar la prohibición de la reelección consecutiva. También ha dicho el presidente que a él sí le gustaría ser diputado constituyente.

Pero, es claro que Chaves no quiere esperar ni un día más a partir del 8 de mayo del 2026, para mantenerse en el gobierno. Ha insinuado varias veces que podría no llegarse a esas elecciones, amenazando gravemente el sistema democrático electoral, lo que calza con sus ataques también al Tribunal Supremo de Elecciones.

Aun cuando tenga que dejar el gobierno el 8 de mayo del 2026, trabaja para que en ese mismo momento pueda operar simultáneamente una Asamblea Nacional Constituyente, que podría trabajar en paralelo con la Asamblea Legislativa, mientras la Asamblea Nacional Constituyente no opere, como se hizo en Venezuela recientemente, como un órgano legislativo paralelo sustituto.

Hay que destacar que el tema de la Asamblea Nacional Constituyente ya lo está manifestando el presidente Chaves, cada vez con más fuerza, quizá buscando la posibilidad de que con la convocatoria de 38 diputados pueda ser llamada o convocada.

Este tema, y esta posibilidad, la está trabajando el presidente, su equipo de asesores y de aliados políticos, que poco a poco se le van extendiendo. No hay que engañarse en esto.

El pasado 8 de julio escribí, señalando una situación extrema, “que el presidente Chaves renuncie a su actual presidencia antes de diciembre. Renunciado, puede aspirar a ser diputado en el 2026. No tendría impedimento legal ni constitucional. Suponiendo que con partido propio o con otro prestado llegue a ser diputado, va a tener cuatro años para luchar dentro de la Asamblea Legislativa para modificar la Constitución Política para que les permitan a los presidentes la reelección consecutiva o alterna cuatro años después, y no ocho. Así podría ser candidato presidencial en el 2030, y no en el 2034. No está mal este otro camino, en la selva política nacional, para el jaguar.”

En ese artículo puse la fecha de su renuncia en diciembre, porque en ese momento lo asocié a la condición de los otros funcionarios públicos que deben renunciar un año antes de las próximas elecciones, para participar como posibles candidatos a diputados, porque para ser ministro no tiene impedimento.

En su equipo asesor esta idea le caló. La empezaron a engullir. Hicieron consultas directamente a especialistas en derecho electoral, que le aclararon al presidente y su equipo, que su renuncia se podría hacer en julio del próximo año, a siete meses de la elección nacional, plazo que han considerado más oportuno, porque les permite seguir atizando el ambiente político desde la presidencia hasta ese momento, para salir a la palestra político electoral de seguido, y de manera pública y activa.

Este tema ya es más que un rumor, un tema de discusión en diferentes ambientes políticos, tanto a favor como en contra.

Hay que reconocer que constantemente el presidente Chaves está realizando, de una manera fina, una participación beligerante de tipo político. Su beligerancia es clara, directa, sin tapujos, sin esconderse, con símbolo político electoral, el jaguar, llamando a movilizaciones populares que le organizan desde distintos frentes políticos y electorales, por ahora débiles, pero constantes.

Su identificación con el jaguar le ha dado ese éxito político electoral. La figura del animal ya se usa como emblema en varios escenarios. Se han colocado vallas con la figura del jaguar preguntando dónde firmar y votar para el referéndum, para que se vote por esa vía el proyecto de ley que llamaron Ley Jaguar.

El 14 de setiembre, en la noche, en el acto oficial de recibimiento de la Antorcha, traída desde Guatemala hasta Cartago, se usaron faroles y farolitos en manos de los niños y asistentes con la figura del jaguar, faroles bien hechos. Los discursos de la ministra de la presidencia y del propio Chaves, ese día, fueron de agitación política, bien partidista, hacia los “jaguares”, a los seguidores de sus partidos, los que están impulsando.

En materia electoral, ya han inscrito varios partidos, para participar en las próximas elecciones. Varios partidos porque lo que les interesa es llevar la mayor cantidad de diputados posibles a la próxima Asamblea Legislativa.

Entendamos una cosa que es real. Si Chaves se lanza de candidato a diputado, va a salir electo, y con él una buena cantidad de candidatos que vayan en su misma papeleta. Si en la pasado elección eligieron 10 diputados sin que nadie los conociera, en la próxima pueden dar una sorpresa.

Entendamos también, que el símbolo del jaguar podrían usarlo varios partidos políticos, que no se disputen la “marca”, que no pongan recursos legales contra el uso de ese símbolo electoral, que ya lo es, porque uno de los partidos políticos recientemente inscrito ya lo inscribió como símbolo suyo, identificándose con el gobierno. No habría problema del símbolo porque el Tribunal Supremo de Elecciones ya acepta banderas de los partidos políticos casi de idéntico color, de modo que con diferente color puede ir el símbolo del jaguar.

Entendamos también, que el presidente y sus grupos electorales están trabajando fino, pero con fuerza. En las elecciones municipales pasadas, el partido que se identificó con el gobierno, desde el punto de vista de su organización, logró constituirse en el tercer partido más grande, con candidatos inscritos, después de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, con más de 3000 candidatos en todo el país, que el Tribunal Supremo de Elecciones, se los anuló por cuestiones de forma. Los errores que cometieron para esa elección no los van a repetir. Van con todo y en varios frentes.

Un escenario que hay que considerar, es que si Chaves renuncia en julio, para lanzarse de diputado lo que puede hacer, en su campaña política para ser electo diputado sería de ir acompañando al candidato presidencial de su partido, como lo hizo Pilar Cisneros con él, con el propósito de sumarle votos a su candidato que se pintaría como la continuación de su gobierno. Igualmente, en ese paso a paso electoral, recorriendo los caminos de la Patria estaría Pilar Cisneros, considerando que su esposo suena como posible candidato a la Presidencia o también a una diputación.

Los partidos políticos, que están en la Asamblea Legislativa, los que existen fuera de ella y los que se están organizando, con miras a las elecciones del 2026, faltan 16 meses, deben atender este panorama político y electoral.

Los partidos políticos están en La Luna, metidos en sus cráteres. No están a la vista. Sus dirigentes ni orejas tienen. Menos voz. La voz de los diputados, de los diferentes partidos parlamentarios, no se siente electoralmente hablando. Sus discursos y luchas parlamentarias no se ligan a movilizaciones en favor de sus planteamientos, ni se siente ligados a la organización partidaria que representan. Un poco de agitación y discursos antigobierno o antichavistas no son suficientes. Las direcciones políticas de los partidos son inexistentes, no se pronuncian sobre nada. Los temas nacionales del país no existen en las agendas de los partidos. No hay debates políticos importantes. Hay muchos distractores políticos, muchos de ellos introducidos por el gobierno y el presidente.

O los partidos políticos y sus dirigentes se ponen las pilas, o los van a barrer. El discurso anti partidos y antipolíticos, contra quienes “han gobernado dictatorial y tiránicamente, solo para un grupo de empresarios y camarillas políticas, desde 1953 hasta el 2022”, como afirma el presidente Chaves, pega fuerte.

Los partidos afectados y las fuerzas políticas atacadas no han podido señalar y destacar que Chaves gobierna con otra, y para otra, camarilla de políticos, empresarios, financistas, por constituir y consolidar la Nueva República, ya habla de una Tercera República.

Esperemos que ese proyecto de Nueva República, no sea la Narco República, a como va el país, o establezca un gobierno como el de los Duvalier, de Papá Doc, que se llegue a conocer como la República de Papá Chaves.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Sala Constitucional encuentra vicios de constitucionalidad en Ley Jaguar 2.0

El primero de octubre del 2024 se llevó a cabo una evacuación de consultas de constitucionalidad presentadas por el Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la República al Proyecto de Ley N. 24.467 “Ley Jaguar para el impulso del desarrollo de Costa Rica”. Ambas consultas versaban sobre los artículos 2, 4 y 5 del proyecto.

Se encontraron varios vicios de inconstitucionalidad, especialmente con el punto 4 y 5 del proyecto, listados abajo.

En el punto tercero se declaró por unanimidad que hay un vicio de inconstitucionalidad en el artículo 4 del proyecto de ley, que reforma el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, ya que la reforma propuesta permite la contratación de diseño y construcción de obra pública sin los controles de fiscalización propios de la contratación pública, como dispone el artículo 182 de la Constitución Política.

En el punto cuarto se declara por unanimidad que hay un vicio de inconstitucionalidad en el artículo 5 del proyecto de ley, que modifica el artículo 5 bis de la Ley Orgánica de JAPDEVA, debido a que la reforma que se propone permite la realización de alianzas estratégicas aun tratándose de infraestructura, lo cual resulta contrario al artículo 182 de la Constitución Política.

La resolución completa está en redacción en la Sala, por ahora invitamos a leer el documento divulgado el 1 de octubre.

Sala Constitucional emite resolución completa sobre proyecto de Ley Jaguar en primera consulta

La Sala Constitucional ha declarado inconstitucional el proyecto de Ley Jaguar, que buscaba reformar algunos artículos de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR). Según el fallo, las modificaciones propuestas afectan directamente las competencias constitucionales de la CGR, el cual juega un papel clave en nuestro sistema democrático, actuando como un contrapeso en la gestión de los recursos del Estado.

La Sala responde a la consulta previa solicitada por el TSE, confirmando la inconstitucionalidad de las normas consultadas, los artículos 2, 3, 4, y 5 del proyecto nro. 24.364 «Ley jaguar para el desarrollo de Costa Rica» que pretendían reformar los artículos 11, 12, 17 y 22 de la Ley Orgánica de la CGR, concluyendo que: “resultan inconstitucionales, por violación del marco constitucional de las competencias del órgano constitucional de control de la hacienda pública, la CGR representaba una violación al equilibrio constitucional que tiene la Contraloría.”

La resolución finaliza diciendo que:

“Por tanto:

Se evacua la consulta de constitucionalidad del proyecto de ley que se tramita en el expediente legislativo n.º 24.364, denominado «Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica», en el siguiente sentido:

a.-) Por mayoría, el artículo 2 resulta inconstitucional en su totalidad. Los magistrados Castillo Viquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan parcialmente el voto y declaran inconstitucional la norma solo respecto de la supresión de la competencia de garantizar la eficiencia en el manejo de los fondos públicos.

b.-) Por mayoría, el artículo 3 resulta inconstitucional, salvo respecto de los verbos «sustituir» y «abarcar», en el tanto la Contraloría General de la República no ejerce funciones de Administración activa. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan parcialmente el voto y acotan tal inconstitucionalidad únicamente respecto del ejercicio del control de legalidad y eficiencia de los fondos públicos.

c.-) Por unanimidad, el artículo 4 resulta inconstitucional. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas consignan razones diferentes.

d.-) Por mayoría, el artículo 5 resulta inconstitucional en su totalidad. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan parcialmente el voto y acotan tal inconstitucionalidad únicamente a la medida cautelar de suspensión de la ejecución de actos y contratos directamente vinculados al manejo de los fondos públicos.

e-) Los magistrados Castillo Viquez, Rueda Leal y Salazar Alvarado consignan nota conjunta.

f.-) Los magistrados Castillo Viquez, Rueda Leal, Salazar Alvarado, Araya García y la magistrada Garro Vargas consignan notas separadas.

Notifíquese esta resolución al Tribunal Supremo de Elecciones.”

Para conocer en detalle la resolución, descargue el documento en el siguiente enlace:

TSE presenta consulta de constitucionalidad sobre segunda versión de proyecto de “Ley Jaguar”

Comunicado

  • Específicamente consulta los artículos 2, 4 y 5 del texto.

  • Además, remitió el proyecto a Servicios Técnicos para su evaluación formal.

San José, 9 de agosto de 2024. Esta tarde el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) presentó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la consulta de constitucionalidad sobre el nuevo proyecto de ley 24.467 denominado “Ley jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica”. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 96 inciso d) y 98 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la consulta se realiza para que se revise si el texto que se pretende someter a consulta popular es conforme o no con la Constitución Política y es, específicamente, sobre los artículos 2, 4 y 5 del texto.

Si bien el TSE comunicó la tarde del 29 de julio, tras darse a conocer el “Por tanto” de lo resuelto por la Sala Constitucional sobre su consulta de la primera versión del texto, que esperaría la redacción integral de esa sentencia y el informe de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa para pronunciarse, esa espera perdió su razón de ser al día siguiente al presentarse solicitudes de los gestores de la iniciativa ante el TSE (Alberto Cabezas Villalobos y Edgar Espinoza Rodríguez) de retirar ese proyecto y sustituirlo por su nueva versión.

Las disposiciones no incluidas en la primera consulta y sí en esta segunda, se fundamentan en los nuevos elementos técnicos con que ahora cuenta el TSE para fundamentarlas, incluida la consulta formulada por la Contraloría General de la República (órgano constitucional responsable de la fiscalización de la hacienda pública) ante la Sala Constitucional, con el fin de disponer de seguridad jurídica respecto de la constitucionalidad del texto que se pretende someter a referéndum (documento aquí).

Asimismo, en horas de la mañana, el TSE envió el texto del proyecto a la Asamblea Legislativa, para que sea evaluado desde el punto de vista formal por el Departamento de Servicios Técnicos, conforme lo manda el inciso c) del artículo 6 de la Ley de Regulación del Referéndum.

Concejo Municipal de Montes de Oca repudia lenguaje violento de Rodrigo Chaves

Por amplia mayoría, el Concejo Municipal de Montes de Oca acordó repudiar “distintas intervenciones donde el presidente de la República, Rodrigo Chaves “instiga a grupos afines a él;  a ir a las calles, si la Sala IV declara inconstitucional la llamada «ley jaguar”. Lo cual, en su criterio, es una clara violación al juramento constitucional de “observar y defender la Constitución y las leyes de la República”, que puede conducir a un intento de rompimiento del orden constitucional.

En su acuerdo el Concejo Municipal de Montes de Oca insta al presidente de la República, a “respetar la división de poderes, la independencia del Poder Judicial y a acatar estrictamente todas sus resoluciones, les sean o no favorables a sus intereses.”

Además, hacen un llamado a la población costarricense a no cometer acciones violentas contra quienes tengan ideas o posiciones contrarias a las suyas. Repudian la agresión a estudiantes, agricultores y mujeres que se manifestaban pacíficamente en Nicoya, por parte de turbas violentas afines al gobierno; así como la inacción de la Fuerza Pública que permitió tal agresión. Y se solidarizan con el rector de la Universidad de Costa Rica, don Gustavo Gutiérrez Espeleta y con las universidades públicas “que han sido objeto de una violencia verbal sin precedentes por parte del Poder Ejecutivo”. 

La moción que fuera aprobada por 5 votos a favor y 2 en contra, fue presentado por los regidores Jorge Mora Portuguez (Juntos), Marta Corrales (Somos), Enrique Sibaja (PLN), Jorge Espinoza (Gente) Kimberly Ortiz (Gente) y Jessica Mora (PUSC); y tuvo el apoyo del resto de regidurías y sindicaturas que así lo expresaron, a excepción de dos regidurías del PUSC que lo votaron en contra. 

A continuación, el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Montes de Oca

Fecha: 29-07-24

Moción de condena ha llamado a la violencia

Regidurías Proponentes: Enrique Sibaja, Marta Corrales y Jorge Mora Portuguez

Suscrita por: Kimberly Ortíz y Jessica Mora 

Considerando:

Primero. Que todas las autoridades electas democráticamente, hemos hecho el juramento de “observar y defender la Constitución y las leyes de la República” (Artículo 194 Constitución Política).

Segundo. Que dada su investidura, el presidente de la República, es el primero en ser llamado a respetar y valer este juramento constitucional, procurando que sus acciones y sus palabras no den cabida a duda alguna sobre su apego al mismo.

Tercero. Que, en días recientes, con suma preocupación, hemos visto distintas intervenciones donde el presidente de la República instigaba a grupos afines a él; a ir a las calles, si la Sala IV declara inconstitucional la llamada “ley jaguar”. Este llamamiento es un irrespeto inaceptable a la división de poderes; a la independencia del Poder Judicial y a sus competencias constitucionales, que deja abierta la posibilidad de un grave rompimiento constitucional.

Cuarto. Que esos discursos cargados de violencia han provocado ya agresiones físicas por parte de turbas violentas afines a la presidencia, contra estudiantes y agricultores que se manifestaban pacíficamente en la ciudad de Nicoya. Agresiones que se dieron a vista y paciencia de la Fuerza Pública que lejos de impedirlas se mofaban del pedido de ayuda que les hacían las personas agredidas. 

Quinto. Que ya en el pasado nuestro país ha conocido el horror de la existencia de grupos de choque y de turbas violentas que socavaron las libertas públicas y violentaron los derechos humanos fundamentales de opositores políticos y de la ciudadanía en general. Algo que nunca más debe volverse a permitir en nuestro país. 

Por lo tanto, este Concejo Municipal acuerda:

Primero. Manifestar nuestro más profundo repudio a las declaraciones del presidente de la República, que representan una clara violación a su juramento constitucional de “observar y defender la Constitución y las leyes de la República”

Segundo. Instar al presidente y al gobierno de la República a respetar la división de poderes, la independencia del Poder Judicial y a acatar estrictamente todas sus resoluciones, les sean o no favorables a sus intereses.

Tercero. Hacer un llamado a la población costarricense a no caer en discursos provocadores y a no cometer acciones violentas contra quienes tengan ideas o posiciones contrarias a las suyas. El respeto al derecho ajeno es la paz. El diálogo, la generación de consensos y acuerdos es el único camino posible. 

Cuarto. Repudiar la agresión a estudiantes, agricultores y mujeres que se manifestaban pacíficamente en Nicoya, por parte de turbas violentas afines al gobierno, así como la inacción de la Fuerza Pública que permitió tal agresión.

Quinto Manifestar nuestra solidaridad con el rector de la Universidad de Costa Rica don Gustavo Gutiérrez Espeleta y con las universidades públicas que han sido objeto de una violencia verbal sin precedentes por parte del Poder Ejecutivo.

Sexto. Instruir a la secretaría del gobierno local para que se difunda este comunicado a través de los medios oficiales de la Municipalidad; así como enviarlo a todos los demás gobiernos locales del país para que se pronuncien en el mismo sentido; a los medios de comunicación; al gobierno de la República, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial.

Sétimo. Se solicita dispensa de trámite de comisión, Se declare en firme y publíquese.

Es todo.

La renuncia del presidente

Omar Jiménez Camareno

Los costarricenses elegimos presidente de la República cada cuatro años.

No obstante, aunque el período de gobierno dura formalmente cuatro años, sabemos que en la realidad el presidente y su equipo de gobierno cuentan en la práctica con tres años para alcanzar sus principales logros, ya que en el último año la campaña electoral limita seriamente las posibilidades del gobierno de materializar logros importantes.

El presidente actual (período 2022-2026) estableció durante su campaña electoral básicamente ocho grandes compromisos, los cuales dijo que era fácil lograr, solo se requería un lapicero y valentía para «comerse la bronca».

¿Recuerdan ustedes al entonces candidato a la presidencia levantando un lapicero diciendo que a él le bastaba ese lapicero para…?

✓ Reducir el costo de la vida (prometió bajar el precio del arroz, la electricidad y medicinas)

✓Acabar con la pobreza (¿Recuerdan que incluso dijo que como funcionario del Banco Mundial había dirigido programas de combate a la pobreza en más de 40 países?)

✓ Acabar con las pensiones de lujo y la corrupción (prometió, como una forma de transparencia, transmitir públicamente las sesiones del Consejo de Gobierno).

✓ Sacar al país del apagón educativo y mejorar las oportunidades de estudio para las personas jóvenes de los sectores con menos posibilidades económicas.

✓ Fortalecer las políticas de protección ambiental.

✓ Impulsar una salud pública de calidad y acabar con las listas de espera en la Caja Costarricense del Seguro Social.

✓ Aumentar el empleo.

✓ Fortalecer la seguridad ciudadana (¿Recuerdan la promesa que hizo de que volveríamos a ser el país más feliz del mundo?)

A mitad de su período, el presidente confesó, aunque no lo haya hecho expresamente, que o se equivocó o que nos mintió.

Nos dijo a todas y a todos los costarricenses que no lo han dejado gobernar.

En otras palabras, aunque sin decirlo, reconoció que no bastaba un lapicero para hacer realidad sus promesas y, también sin decirlo, confesó que no había alcanzado resultados concretos durante esos dos primeros años.

Aunque para justificar su fracaso le echó la culpa a la institucionalidad, a los partidos de oposición, a la Contraloría y a la «prensa canalla» que no le han permitido gobernar.

Desde el dos de mayo, en el discurso ante la Asamblea Legislativa y hasta el día de hoy, el presidente redujo todo su plan de gobierno para los próximos dos años a agitar a la población en torno a lo que llamó «La ley jaguar».

Es decir, el presidente, apenas a dos años de gobierno renunció a:

✓ Renunció a bajar el precio del arroz y las medicinas. (La ruta del arroz solo sirvió para que un pequeño grupo de importadores de arroz dejaran de pagarle al Estado costarricense miles de millones en el pago de aranceles de importación).

✓ Renunció a acabar con las pensiones de lujo. ¿Se han dado cuenta que ya ni siquiera volvió a hablar de ese tema?

✓ Renunció a mejorar la educación pública. No solo nunca conocimos la famosa «ruta de la educación», sino que además se redujo el presupuesto para educación al nivel más bajo de los últimos 30 años y se eliminaron más de 70 mil becas a las niñas, niños y personas jóvenes de los hogares más pobres.

✓ Renunció a aumentar el empleo. Al contrario, en lo que va del gobierno se han perdido más de 100 mil empleos.

✓ Renunció a mejorar la seguridad ciudadana. De hecho, el año pasado alcanzamos la mayor cantidad de homicidios en la historia del país y en lo que llevamos de este año las cifras siguen aumentando. En lugar de volver a ser el país más feliz del mundo, nos hemos convertido en uno de los más inseguros del mundo.

✓ Renunció a fortalecer la salud pública. Las listas de espera no solo no se redujeron, sino que siguen aumentando y la Caja Costarricense del Seguro Social se debilita cada día más.

✓ Renunció a combatir la corrupción. Se negó a cumplir la promesa de transmitir públicamente las sesiones del Consejo de Gobierno, se ha dedicado a favorecer a sus «amigos y amigotes» y financistas de campaña, veamos:

  • Reducción de impuestos a importadores de arroz
  • Los cariñitos con los dineros del BCIE
  • Ampliación del contrato en el puerto de Caldera
  • Sobreprecio en la remodelación de la pista del aeropuerto en Liberia
  • Los permisos irregulares a su financista en Gandoca-Manzanillo

Para citar unos pocos de los casos de corrupción que se han dado apenas a mitad del gobierno.

No se habla nada de estos grandes problemas del país, ni una sola propuesta en ninguno de estos temas.

El presidente decidió, apenas a la mitad de su mandato, renunciar a cumplir sus compromisos de campaña.

Renunció a gobernar, para dedicarse, desde ahora, únicamente a la campaña electoral del 2026, con el cuento de un jaguar que ya no solo no caza, sino que ya ni siquiera ruge desde que lo asustó un mango en el parque de Nicoya.

“Que raro, (…) se me olvidó tu nombre”

Manuel Hernández

La misión que tiene la Sala Constitucional es proteger los derechos fundamentales y garantizar la supremacía de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

La Sala, hace mucho tiempo abandonó esa misión.

Más que abandonada, ha sido retraída y burlada.

La Sala Cuarta distorsionó su cometido constitucional y se transmutó en una especie de Cámara Baja, en un Senado Político, que muy lejos está de respetar el principio de separación de poderes y, por tanto, el principio de autocontención.

Ahora, todo el mundo celebra, hasta aplaudiendo con las orejas, la resolución de la Sala que sepultó en el inframundo la famélica e impresentable Ley Jaguar (qdep).

Es que, no obstante, la pérdida de la capacidad regulatoria de la Constitución y el desmontaje progresivo de los diques normativos contra el poder que la misma establece, no era jurídicamente sostenible ninguna otra resolución que no fuera esa.

Pero, entre tanta algarabía democrática, también se olvida que esa misma Sala blanqueó el tridente del Diablo, conformado por la Ley de Ajuste Fiscal, la Ley Frankenstein (Ley Marco de Empleo Público) y la Ley Antihuelgas.

La Sala ha cumplido a cabalidad el mandato de des-constitucionalizar el derecho de negociación colectiva y huelga en los servicios públicos.

Cómo si lo anterior fuera poco, la Sala le dio un espaldarazo al Transitorio XI de la Ley Frankenstein, que impone el congelamiento de las remuneraciones de los servidores públicos y además, prohijó la ignominiosa Regla Fiscal, obedeciendo fielmente el mandato de FMI y otros organismos financieros internacionales.

No se olviden tampoco que aquellas dos primeras leyes fueron inoculadas por el veneno fiscalista y antisindical de la Contralora General de la República, que ya más de uno le estará prendiendo velitas, a la par de la estampita de la imagen del Dr. Moreno Cañas.

Tenía tanta razón Hegel: “Lo único que enseña la historia es que no nos enseña nada”

La Sala representa lo que es: el Tribunal del Perpetuo Martirio de la Constitución.

Es tan fácil darle pan y circo a un pueblo que hasta la memoria le vaciaron.

Del gusano barrenador a Ley Jaguar

Licenciado Miguel Ureña Cascante, secretario general de SITRAHSAN.

Miguel Ureña Cascante
Presidente Seccional CUT MH
Lic en Derecho
Lic en Administración
Aspirante a periodista

Que lamentable le ha tocado al actual equipo de gobierno, pero suele pasar, por diversidad de razones.

Nuestro excompañero y ex director de la DGH, y actual Ministro de Agricultura, que se dice representa un sector de cafetaleros, le ha tocado bailar con la más fea, parece que se libra una batalla con varias amenazas en la agricultura que ya habían sido erradicadas, parece que Fitosanitario o sus plaguicidas no han brindado la seguridad para evitar esa amenaza, pero esperamos que pronto con la interacción de ONGs y la UNA se pueda eliminar esta amenaza. Curiosamente Víctor a quien conozco desde niño, hoy director en la UNA tiene sobrado conocimiento al respecto, eso sugiere dejar este tema en manos de expertos.

Ahora, Ley Jaguar, tema trillado y politizado, en fin, ya se conocía por diversos actores del Derecho mismo, que tendría un suceso como el ya conocido, difícilmente algo hecho a la carrera pueda rendir frutos esperados e impacto en la Constitución misma, por la vía del referéndum, habría que convocar a una constituyente, así podríamos reformar la Constitución misma, y la vía del referéndum no es la adecuada.

Pero no vamos a entrar en trivialidades, ¿ocupamos ciudad gobierno?, quizás con el teletrabajo. Muchos actores encuentran en sus viviendas, poniendo su internet y evitan gastos superfluos como el de los aseos, seguridad institucional y alquileres, pero hay que tener una sede institucional para lograr los objetivos propuestos.

Llegamos con el teletrabajo a modificar precisamente ese actuar laboral, y quizás, esta experiencia contribuya, y Ciudad Gobierno, físicamente ya no sea necesario en obra gris o infraestructura, y fortalecer Hacienda Digital sea una interesante propuesta, y aglutinar Ciudad Gobierno Digital, así damos al igual que cuando se atiende un incidente en la mesa de servicios, un compañero laborando y ubicado físicamente en Palmar Norte, atiende y llama a otro en tiempo real que está en Peñas Blancas, pero de ahí el interés de, ante una amenaza, lograr quizás fortalecer una estrategia gubernamental.

La declaratoria de inconstitucional del proyecto, genera dudas respecto a la visión de los asesores del presidente, la imponencia quizás de una dama en la Asamblea Legislativa, diz que vocera o que se le atribuye la posibilidad de regañar al presidente mismo, comentario muy temerario, si yo fuera presidente, intentaría quizás bajarle el volumen al referirse a ciertos temas, ya que la institucionalidad está debidamente delimitada en la Constitución Política misma, eso es Derecho Constitucional, no Derecho Parlamentario, o vivir en Perú, que ese Derecho Parlamentario se encuentra tipificado dentro del Derecho Constitucional, gústele o no, no está por encima, a pesar de tener la facultad de legislar o derogar normas, o modificarlas quizás.

La Figura del referéndum, mal aplicada, pudo quizás llegar a formular la constituyente misma, debemos evolucionar, el Derecho o marco normativo de un Estado, debe estar permeable a evolucionar, de ahí, que corregir la dirección podría ayudar en el fin mismo.

Ciudad Gobierno podría fortalecerse, si implementamos el gobierno digital, pero buscamos otros actores, los actuales, parece nos proponen crear un “tarro” para Aduanas, otro “tarro” para aduanas, y así, nada integrado tal cual se justificaba en la propuesta de la nada despreciable factura de 172 millones de dólares, es más; continúa el suscrito con la duda, si este Director de Hacienda Digital es el adecuado, ya que hemos resaltado, si no se conoce el régimen normativo que nos regula, difícilmente un ingeniero por más calificado que sea, si no conoce lo interno de Hacienda y lo polifacético de su actuar en el control fiscal mismo, pueda no enamorarse de la idea, de que lo renuevo en otro producto y para justificar, agarro todas las herramientas, las clasifico en dos o tres grandes familias, y luego hago un tarro para cada uno, uno para Integra, otro para Tica, otro para ATV, y este de ATV, declaración de ventas, declaración de renta, factura electrónica, y otros, En el tarro de aduanas, metemos TICA, metemos arancel, metemos el diccionario de imputaciones arancelarias, el de normas técnicas, hacemos carpetas y ahí cada proceso, desde el tránsito o hasta la nacionalización, estos son ingreso aéreo terrestre o marítimo, las guías o manifiestos, el tránsito local o internacional, el almacenamiento y las declaraciones de cada proceso.

Hasta aquí, no hemos almacenado la mercancía , luego el ingreso a almacén, para luego revisar los manifiestos o demás documentos para constatar que ampare el DUA de nacionalización, seguir con verde, amarillo o rojo en cada proceso. Obsérvese estimado lector, el proceso aduanero incorpora muchos procesos previos a la nacionalización de la mercancía, no es sólo que entra y ya, deben cumplirse un sin fin de actos, y se complica más si dependemos de una exoneración o bien de un permiso sanitario. Es un mundo, para quien no conozca el proceso.

Pero bueno, esta introducción refleja lo complicado de nuestra legislación, y pretender en un proyecto encasillarlo, cuesta mucho, ciertamente habrá detractores o personas que apoyan, pero no escuchan advertencias. Lamentable realidad.

Mi experiencia como encargado de licitaciones en MINAE y analista en Hacienda, permitieron llevar a buen puerto grandes proyectos, Tributación Digital fue uno de ellos como analista, claro, el componente técnico falló, y aun a pesar de dicho fallo, algunos fueron premiados, pero bueno de una amenaza fortalecerse fue así.

La normativa de la Ley de Contratación Pública, es rígida, pero; requiere también la guía del ente contralor y cercenarle funciones con la figura del referéndum no era el adecuado, tal como indicaba, la constituyente podría dar mejores resultados y aprovechemos esa iniciativa y sugerimos incluir otras como la remoción de malos actores políticos o civiles, en todas las instancias, desde autónomas, semiautónomas y gobierno central, debemos dar algo a cambio de algo, cedemos para obtener algo, pero algo bueno al fin.

Eso no es malo, si el fin último es el de evolucionar como la democracia más antigua y fortalecida de América latina, y evitar esos conflictos como los del domingo anterior, que debo señalar, en respeto a la soberanía de Venezuela, es de ellos y ellos deben resolverlo, ningún foráneo que respete y predique la democracia misma, intentaría meterse en ese conflicto ya que es un conflicto de una gran familia, pero conflicto interno al fin.

En fin, los 4 artículos de varios declarados inconstitucionales, siguen incólumes JAPDEVA y otros, pero obliga a virar el timón del barco, tomar otras aguas, que al rato podrían traer más ahorro en el gasto al final, que ayuden a Tatiana, adulta mayor que vive en Rio Azul, y que padece cáncer terminal y ese ahorro darle medicina de calidad para paliar ese dolor que sufre día y noche o aliviar la lagrima de la madre que llora a su hijo ausente por ser atacado por un maleante al intentar asaltarlo, y lo más irónico, quizás ese maleante es beneficiario del IMAS y salió esa noche a delinquir porque a sus hijos no les llegó a tiempo la beca de avancemos y no tenía ni arroz ni frijoles, además no tenía un trabajo estable…. ¿capisco? espero que sí.

Jaguar y auxilio de cesantía

Freddy Pacheco León

¿Qué pensaría usted sobre un proyecto de ley, de iniciativa popular, en que se pretenda eliminar el derecho de los trabajadores que se pensionan, a recibir «las prestaciones»? Pues, amigos, no solo fue propuesto, sino que, al no avanzar, por razones comprensibles, dicho proyecto fue rescatado, hace poco más de dos años, ¡como gran cosa!, por un dirigente del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), para que fuese tramitado en la Asamblea Legislativa, como parte de esas “negociaciones” por puestos, de algunos de ese partido con el oficialismo, por lo cual no sería raro verle asomar su cabeza en cualquier momento.

El argumento esbozado por el abogado proponente y su eco en el Congreso es que el auxilio de cesantía, parte fundamental del Código de Trabajo, es un oneroso derecho laboral, que no tiene sentido alguno, pues todo pensionado, desde el momento en que inicia esa etapa de su vida como jubilado, empezará a recibir una pensión mensual; que, por tanto, es un despilfarro de los recursos, que le cuesta mucho a los patrones. Según ambos gestores, el trabajador «Queda totalmente protegido por su pensión, razón por la cual no debe indemnizarse con el auxilio de cesantía«.

Pues bien, para que entendamos un poquito más, lo sucedido con el mamarracho de proyecto de «ley jaguar», presentado por dos vías para ser votado en referéndum, veamos en qué se relaciona, con lo anotado sobre el no pago del auxilio de cesantía.

Resulta que, uno de los malos albañiles, quizá el que fungió como maestro de obras, de ese tambaleante edificio, con nombre de “ley jaguar”, fue también proponente del proyecto que busca cercenar del Código de Trabajo, el derecho a las prestaciones. Ese señor, junto a otros albañiles, un poco menos diestros, presentaron al presidente de la República, lo que éste calificó de obra de arte, como misión cumplida, que era el edificio que buscaba, les habrá dicho.

Y lo aplaudió, pues mientras, por un lado, erosiona las funciones constitucionales de la Contraloría General de la República, ¡que tanto le incomodan!, por otro, le permiten, en su particular estilo, levantar una campaña electoral, con el cuento de la recolección de firmas, y una votación de carácter nacional, financiada con fondos públicos, a favor de una desteñida ministra, con quien confía perpetuarse en el poder, tal vez como “asesor” con puesto de ministro. Estrategia que no solo le permitiría seguir mandando, sino que, muy importante para él, le mantendría su inmunidad ante el medio centenar de causas judiciales que ha acumulado, hasta ahora. De ahí que, sin entender los alcances jurídicos del feo edificio que le presentaron, lo importante era que, según le explicaron los que jugaron de arquitectos, era lo ideal para sus aspiraciones políticas, pues no tenía un plan alternativo.

Por ello, su entusiasmo era evidente, pues, según su limitado entender, la que el día menos pensado, fue bautizada como «ley jaguar» (de paso, nuestro desagravio a tan admirable y silencioso felino, venerado por pueblos aborígenes), era, para él, el pretexto perfecto, para, continuar con sus poses populistas, cien por ciento demagógicas, de denuncias insulsas, con las cuales no solo disimular, lo que sin duda ha sido un improductivo gobierno, dedicado a “cosas raras”, como las que se han denunciado en el Caribe sur, muy relacionadas con su ataque feroz a la Ley Orgánica del Ambiente, sino también, para mantener ocupado a un cardumen de seguidores, que aún le siguen ciegamente.

Por ello, al derrumbarse por inconstitucional tal proyecto de referéndum, son pertinentes unas breves observaciones. ¡Veamos!

Debido a que el mismo es un producto jurídico muy deficiente, desde que naciera a la luz pública, evidenció graves deficiencias en su redacción, por lo cual, la verdad que no fue nada difícil, para juristas y otros ciudadanos estudiosos, diagnosticar sus severas malformaciones. Falencias imposibles de corregir, por haberse iniciado, precipitadamente, sendos procesos de referéndum para la misma “ley jaguar”, por iniciativa ciudadana, y en forma conjunta por los poderes Ejecutivo y Legislativo.

El día del fallo unánime de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lejos de recordarse como un día de “luto nacional”, como dijo una, por cierto, improductiva diputada, dedicada casi exclusivamente a dirigir acciones en la Casa Presidencial, ha de celebrarse, más bien, como una fecha memorable, en defensa de la democracia y la institucionalidad, que, desde el siglo XIX, se ha venido forjando en nuestra querida Patria.

Y es así, pues la sociedad costarricense, lejos de querer abrir portillos a la corrupción y el indebido uso de los recursos públicos, aspira a que se fortalezcan los mecanismos de control, especialmente preventivos, que, a veces parecen ser laxos, por lo cual, la resolución unánime de los magistrados de la Sala IV, en que se reafirman las ya ocurrentes deficiencias, ha de ser bienvenida.

Nuestro pueblo aspira forjar una nación, donde impere la ética en el servicio público, y no puedan suceder, eventuales actos delictivos, tan comunes y costosos en los últimos años, como el sucedido, mediante engaños usando el tema de emergencias, en el aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, que provocara la huida precipitada, hacia Canadá, de un ministro de Estado, no sin dejar tras de sí, una estela de aparente corrupción, que está en investigación.

Deseamos la construcción de un Estado, que facilite y promueva, una mejor calidad de vida para sus habitantes, con mucha menor pobreza y pobreza extrema, con especialísima atención médica para sus Ciudadanos de Oro, donde la educación, en todos sus niveles, sea un pilar fundamental para el ascenso social, donde se respeten los objetivos del desarrollo sostenible, que se han venido forjando desde hace más de medio siglo, donde imperen los principios democráticos, la libertad y la paz. Podemos lograrlo, tenemos la capacidad para ello, pese a ciudadanos díscolos que, temporalmente ocupan puestos de dirección gubernamental, a quienes, inexorablemente, les llegará su momento de partir.

30/7/2024