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Etiqueta: libertad de culto

Desalojan a familias indígenas Ngäbe de cuadrantes de compañía bananera en Sixaola

Este miércoles 18 de marzo, familias indígenas Ngäbe fueron desalojadas por la Fuerza Pública de los cuadrantes de Finca Tayrona en Sixaola de Talamanca. Las órdenes de desalojo fueron promovidas por la Chiriki Land Company, subsidiaria de Chiquita Brands, en contra de Armando Baker, Roberto Carlito, Federico Machuca y sus familias. Al final de esta nota compartimos el testimonio de Eusebio Julián, indígena Ngäbe de Sixaola.

Según Galletano Villagra, líder indígena de la zona, se trata de una persecución por parte de la compañía bananera, la cual atenta contra la libertad de culto de los pueblos indígenas, ya que dentro del desalojo se destruyó un pequeño ranchito que los compañeros indígenas utilizaban para sus prácticas espirituales.

Si bien los cuadrantes forman parte de las fincas bananeras, muchas de estas familias han vivido en estas casas por más de 25 a 30 años, producto de la relación laboral que han tenido con las compañías. Además, tal y como lo ha afirmado Villagra, las familias debían ser reubicadas a otras casas, sin embargo, los inmuebles definidos para la reubicación se encuentran en condiciones inhabitables.

La situación es mucho más compleja que un típico conflicto laboral y de vivienda, debido a que es población originaria, la cual se ampara bajo normativas nacionales, como la Ley 9710 de protección del derecho a la nacionalidad costarricense de la persona indígena transfronteriza y garantía de integración de la persona indígena transfronteriza, e internacionales como el Convenio 169 de la OIT, que protegen sus derechos. Galletano Villagra señala que, aunque las empresas deben brindar viviendas dignas para sus trabajadores, la Chirikí Land Company asegura que no tiene ninguna obligación frente a eso.

A pesar de que el conflicto se encuentra en proceso de conciliación, la compañía bananera ha emitido el desalojo. El representante indígena afirma que la empresa está desmantelando casas de los cuadrantes y suplantándolas por siembra de banano, con el fin de ir eliminando todas las casas donde actualmente viven las familias indígenas Ngäbe.

El pueblo Ngäbe de Sixaola no cuenta con territorio propio. A pesar de que el Estado costarricense está en la obligación de otorgar tierras a los pueblos indígenas que viven dentro de su territorio, esto no ha ocurrido. Mientras la situación se mantenga de esta forma, el conflicto por vivienda con las compañías bananeras seguirá. Lamentablemente, hasta que no se respeten sus derechos como pueblo originario y no se defina la compra del terreno necesario para que este pueblo originario pueda establecerse, este círculo vicioso en que vive el pueblo Ngäbe de Sixaola, no se acabará.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Fuerza Pública y bananera desalojan familias indígenas ngäbe en Sixaola

Por Eusebio Julián, indígena Ngäbe de Sixaola

Este miércoles 18 de marzo, la Fuerza Pública ha efectuado un desalojo solicitado por la Compañía Bananera Chiquita en las comunidades de Finca Costa Rica, Finca 96 y Finca 97 en Sixaola de Talamanca, contra varias familias indígenas Ngäbe, los cuales han quedado en la calle.

Para nosotros los indígenas del pueblo Ngäbe de Sixaola es inhumano que hayan pasado estos desalojos el día de hoy porque demuestra que al Estado costarricense no le importan los derechos humanos ni mucho menos cuando se trata de pueblos originarios.

Esta situación no ocurriría si nosotros el pueblo Ngäbe de Sixaola tuviéramos un territorio indígena propio, pero lamentablemente vivimos en casas alquiladas y en casas y cuadrantes de las bananeras, y nos tratan como si no fuéramos personas, tirándonos a la calle.

Necesitamos que las personas conozcan lo que vive el pueblo Ngäbe de Sixaola con las compañías bananeras.

SINAE Afines premia a un grupo de trabajadores del Hospital México por su labor en la defensa de la libertad de culto en su área de trabajo

El Sindicato Nacional de Enfermería y Afines realizará un acto de reconocimiento a varios colegas, que con compromiso e integridad lucharon en defensa de su derecho a la libertad de culto.

Se contará con la presencia del escultor costarricense Luis Alfonso Ramírez Ramírez, como invitado especial y quien es autor de la colección “Desde sus orígenes” dedicada a la Virgen de los Ángeles.

Est replica será obsequiada a los trabajadores de sala de operaciones del Hospital México por su valentía de defender el derecho constitucional consagrado en el Artículo 75 de nuestra Constitución Política.

UNA: Escuela Ecuménica pide derogar acuerdo sobre educación religiosa

Programa Viernes Científico

Separación basada en creencias religiosas atenta contra aprendizaje y convivencia

Docentes de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA consideran que el Consejo Superior de Educación debe derogar acuerdo que establece dos etapas—confesional y ecuménica o ecléctica—en la educación religiosa.

“El Consejo Superior de Educación (CSE) está en la obligación de derogar el acuerdo que establece dos etapas en la educación religiosa y el Ministerio de Educación Pública debe diseñar programas que, lejos de separar a docentes y estudiantes según sus creencias, les ayuden a convivir y aprender respetando la diversidad cultural y religiosa que nos caracteriza”, afirman Kattia Isabel Castro, Nelise Wielewski y José Mario Méndez, docentes de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional (UNA) e integrantes del Foro de Educación Religiosa.

Se trata del acuerdo 24-2017, mediante el cual el Consejo Superior de Educación (CSE) solicitó al Ministerio de Educación elaborar nuevos programas de educación religiosa, en dos etapas: confesional (educación general básica), y ecuménica o ecléctica (educación diversificada).

No obstante, en criterio del grupo de especialistas de la UNA, “hay cuestiones problemáticas en ese acuerdo”, el cual—consideran—se basa en una mala interpretación de la resolución 2023-2010 de la Sala Constitucional, que abordó la necesidad de un cambio en el enfoque y contenidos de los programas de educación religiosa en el país, al responder una demanda por justicia laboral.

Según el pronunciamiento de la Sala, “en el terreno educativo, el Estado costarricense está llamado y obligado a respetar el principio de la neutralidad religiosa”. Y va más allá. “Los poderes públicos deben asumir una posición aconfesional en el terreno educativo para promover y fomentar la diversidad y libertad religiosa”, señalaron los magistrados.

¿“Catolizar” la educación pública?

Castro, Wielewski y Méndez estiman que la etapa confesional en la educación general básica, propuesta por el CSE, más bien contradice el voto de la Sala Constitucional, pues con ella se estaría volviendo a una situación similar a la política de exclusión y de violencia religiosa que motivaron ese voto, así como la llamada de atención al Estado costarricense por parte del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 1994.

Y es que–insisten—la implementación de una educación confesional en educación básica implicaría el nombramiento de docentes de distintas religiones y confesiones cristianas, pues el estudiantado está compuesto por niños y niñas de distintas creencias. “¿Cuáles iglesias, además de la católica, y cuáles grupos religiosos tienen la posibilidad de formar profesionalmente a sus docentes de educación religiosa? ¿estaremos volviendo a “catolizar” la educación pública?”, cuestionan las personas académicas de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA.

En cuanto a la segunda etapa—propuesta para la educación diversificada—advierten sobre la posibilidad de que se convierta también en confesional, debido a que el término ecumenismo se refiere al diálogo entre personas cristianas.

Aún más problemática califican la llamada educación ecléctica en el acuerdo del CSE: “¿quién tiene derecho a decidir —y con qué criterios— qué es lo mejor de cada tradición religiosa?”, subrayan.

Hacen énfasis en que la enseñanza de una determinada religión no es tarea de un Estado republicano y democrático como Costa Rica, sino de las iglesias y grupos religiosos. Pero sí es obligación del Estado garantizar la libertad de culto, de creencia y no creencia.

Convivir en la diversidad

Al Estado, entonces, le corresponde—según el grupo de académicos de la UNA—ofrecer una educación que ayude a comprender los hechos religiosos, a resolver conflictos religiosos, a aprender y convivir gracias a la diversidad.

“La educación religiosa debería, en todas las etapas, ayudar a convivir en la diversidad. La separación de estudiantes y docentes basada en creencias religiosas terminará limitando el aprendizaje e impidiendo la convivencia”, advierten.

Consideran que el reconocimiento de Costa Rica como estado pluricultural y multiétnico en el artículo 1 de la Constitución Política debe reflejarse en el sistema educativo y particularmente en la educación religiosa.

“Las religiones son patrimonio de la humanidad que recogen sus memorias y transmiten formas de conocer el mundo y dar sentido a la vida: todas las personas en edad escolar tienen derecho a conocer estas memorias y tradiciones y enriquecer su conocimiento”, recalcan.

La modificación del artículo 1 de la Constitución (2015) exige la transformación de prácticas educativas que invisibilizan la diversidad cultural y religiosa del país. “En la educación religiosa debe concretarse la sustitución de prácticas excluyentes por otras que reconocen, visibilizan y valoran las ricas tradiciones que son parte de la identidad costarricense”, subrayan.

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