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Etiqueta: libertad de expresión

Hoy aplaudimos a los Chinaokes… Pero sin olvidar

Por José Luis Amador

José Luis Amador.

Soy uno de los cientos de miles de costarricenses que cada vez en mayor número, nos manifestamos en contra del gobierno de Rodrigo Chaves por su incapacidad para enfrentar los problemas nacionales y por sus enormes vacíos y abandono en salud, educación, seguridad y otros servicios fundamentales para la población. Y encima de esto el engaño que está haciendo al pueblo, llenándolo de odio y trasladando la culpa de su ineficiencia a otros actores.

Es por eso por lo que nos ha parecido de gran importancia la utilización de los Chinaokes de Teletica, para denunciar estas enormes falencias del gobierno en servicios, como el funcionamiento de acueductos, Ebais, deficiencia en seguridad y contención del narcotráfico, bajonazo en los programas de lucha contra la pobreza, inequidad social y otros.

Los ciudadanos hace rato venimos haciendo denuncias sobre estos temas. Pero la visibilización masiva de los Chinaokes, utilizando una emisora de alto rating como Teletica Canal 7, es determinante porque la incidencia de las manifestaciones de los ciudadanos a nivel individual es muy pequeña con respecto al impacto masivo que puede tener un medio de la magnitud de Teletica sobre la teleaudiencia.

No en vano, es que este medio es tan frontalmente adversado por el aprendiz de autócrata que ocupa la silla presidencial en Zapote. Él sabe que debe tener a la gente lejos de Teletica y La Nación. Es por eso por lo que las estigmatiza como “prensa canalla” promoviendo entre los miembros de su capilla que no se expongan a la información de los medios.

La “gran prensa” Teletica, La Nación, Extra, Universidad, entre otros, a los que sumamos varios periódicos electrónicos, tienen la capacidad de confrontar sus voces con el ejecutivo convirtiéndose en un cuarto poder político.

Esa es la razón por la que consideramos a la prensa, como una poderosa y necesaria herramienta y esa es la razón, por la que defendemos la libertad de prensa.

No obstante, pese a que somos defensores de los medios y de la libertad de expresión y de prensa, no se nos olvida que Teletica y La Nación, utilizando ese enorme poder, han sido tantas veces en el pasado, herramienta de los sectores más conservadores y retrógrados del país, actuando muchas veces en contra de los intereses de los trabajadores.

Siempre a favor de los empresarios, siempre a favor de las transnacionales, tantas veces en detrimento de las entidades estatales de servicio público, látigo de opinión que ha servido para fustigar los intereses y las luchas de los trabajadores.

Hoy coinciden con nosotros, los ciudadanos sin poder, y lo celebramos, sinceramente. En esta coyuntura histórica es necesario enfrentar democráticamente al tiranuelo de Zapote, que sueña con vulnerar la Constitución y convertirse en un nuevo Bukele. En este momento tenemos que estar juntos y ojalá pudiéramos estar juntos por mucho tiempo, construyendo un país más democrático igualitario y armonioso.

Pero que sepan los grandes medios que no olvidamos cuál ha sido su papel en el pasado y hacemos un llamado a los trabajadores y a los sectores populares, a no olvidar.

Por lo pronto, sigamos desenmascarando y denunciando el doble discurso del gobierno Chaves Robles, donde se achacan las culpas a otros, pero se desatienden permanentemente los servicios sociales en seguridad, lucha contra el narcotráfico, fortalecimiento de la CCSS, y otros servicios, afectando con ello a los sectores más necesitados y vulnerables del país.

Bien por los Chinaokes.

Los aplaudimos, pero sin olvidar.

Silenciando la participación “La difamación”

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

En la última década hemos asistido al aumento de un tipo de demandas judiciales principalmente que tiene como objetivo limitar e intimidar a la participación pública. Estos procesos recurren a las instancias judiciales no como una herramienta para reivindicar una demanda de buena fe, sino para limitar la expresión de otros.

Estas acciones involucran procesos largos y extremadamente costosos, logrando la desmovilización de personas lideresas e intimidando a otros actores.

El principio detrás es convertir el sistema judicial en un arma para intimidar, restringir el interés público y convertir asuntos de interés público en disputas técnicas de derecho privado.

Estas acciones están dirigidas especialmente a colectivos de defensa de derechos humanos, del ambiente y a periodistas, con el fin de «castigar» su labor crítica ante las acciones que emprenden corporaciones y Estados.

Por esta razón, les invitamos a revisar estos artículos que profundizan esta tendencia que estamos viviendo en nuestros países, así como esta infografía para aportar conceptos e invitarles a seguir debatiendo este tema.

La urgente democratización de Internet

Por Matt Taibbi

Las revelaciones de Edward Snowden en 2013, que sacaron a la luz el espionaje masivo de la NSA sobre ciudadanos franceses y otros países aliados. En ese momento, la reacción de Francia fue de indignación, con su gobierno exigiendo explicaciones a EE.UU. por violar la privacidad de sus ciudadanos. Sin embargo, diez años después, el panorama ha cambiado drásticamente, ya que Francia se ha convertido en un actor clave en la vigilancia global, aliándose con Estados Unidos en la implementación de sistemas de control y espionaje.

Uno de los puntos destacados del texto es la detención reciente de Pável Dúrov, el fundador de Telegram, una plataforma conocida por su fuerte protección de la privacidad mediante el cifrado de mensajes. Francia acusa a Dúrov de obstaculizar la vigilancia estatal al no permitir que las autoridades accedan a los datos de los usuarios de Telegram. El autor critica este cambio en la postura de Francia, que en el pasado denunció el espionaje estadounidense, y ahora imita esas mismas prácticas.

Taibbi señala que este cambio no es exclusivo de Francia, sino que refleja una tendencia más amplia en la política internacional, donde la vigilancia que antes se justificaba como una medida antiterrorista ha sido reutilizada para enfrentar «amenazas internas», como el populismo. En Estados Unidos, el control de la información ha pasado a ser una herramienta clave en la gestión política, y las plataformas privadas de redes sociales juegan un papel central en este esquema.

El artículo destaca cómo figuras como Mark Zuckerberg (Meta) y Elon Musk (X) son presionados por el gobierno de Estados Unidos para controlar el contenido que se publica en sus plataformas. Zuckerberg, por ejemplo, admitió que la administración de Biden le solicitó censurar ciertos contenidos relacionados con la COVID-19 y otros temas políticos. Taibbi argumenta que esta relación entre las grandes empresas tecnológicas y el Estado representa una amenaza para la libertad de expresión, ya que permite eludir las protecciones constitucionales que existen en el espacio público tradicional.

Un ejemplo claro de este control es el caso de los “Twitter Files”, donde se reveló la intervención directa del FBI y el Departamento de Estado en la eliminación de contenidos en Twitter antes de la adquisición de la plataforma por Elon Musk. Estas intervenciones muestran un patrón de censura que, según Taibbi, debería alarmar a quienes valoran la libertad de expresión.

La ironía de que, aunque el discurso oficial presente estas acciones como una manera de combatir la desinformación o el discurso de odio, el verdadero objetivo parece ser consolidar el control del Estado sobre la información. En lugar de fomentar un espacio público digital abierto y democrático, los gobiernos han optado por permitir que las grandes plataformas privadas se conviertan en sus aliadas en la vigilancia y la censura de los ciudadanos.

El artículo concluye advirtiendo que el mundo se está moviendo hacia un modelo en el que la libertad de expresión será controlada tanto por el Estado como por las grandes corporaciones tecnológicas. Taibbi sostiene que esta tendencia es peligrosa, ya que limita las libertades individuales y concentra el poder en manos de unos pocos. La democratización de internet es una tarea urgente para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una libertad de expresión plena y protegida.

Compartido con SURCOS por Rodolfo Ulloa Bonilla.

Fuente:
Matt Taibbi
Periodista
Le Monde Diplomatique en español, edición de octubre 2024.
https://mondiplo.com/la-urgente-democratizacion-de-internet 

Presentación del libro «Libertad de Expresión y Estado de Derecho»

Fecha: jueves 5 de septiembre de 2024. 

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Auditorio del Colegio de Periodistas. 

El próximo jueves 5 de septiembre de 2024, a las 10:00 a.m., se llevará a cabo la presentación del libro titulado «Libertad de Expresión y Estado de Derecho». El evento tendrá lugar en el auditorio del Colegio de Periodistas.

Este evento es organizado por el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) y el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI). La presentación promete ser una oportunidad única para reflexionar sobre temas cruciales como la libertad de expresión y su relación con el estado de derecho en la sociedad actual.

Se invita a estudiantes, académicos, periodistas y al público en general a asistir a esta actividad, la cual busca fomentar el diálogo y el entendimiento sobre los desafíos y las responsabilidades que enfrenta la libertad de expresión en el contexto contemporáneo.

Rechazamos a la masiva disolución y cierre de organizaciones no gubernamentales por parte del gobierno Ortega Murillo

Agosto 2024, San José Costa Rica. Las organizaciones representadas en este pronunciamiento rechazamos la disolución y cierre de organizaciones no gubernamentales ordenada por el gobierno Ortega Murillo bajo la excusa de “un nuevo modelo de operatividad” y obligándolas a actuar en alianza con el Estado.

Por esta razón, con profunda preocupación:

Expresamos repudio al cierre masivo anunciado por el gobierno Ortega Murillo, que cancela la personería de las asociaciones, organismos sin fines de lucro, y comunidades basadas en la fe, generando desprotección, nuevas búsquedas de opciones de atención para la población civil y desempleo de quienes más lo requieren. Tales medidas afectan especialmente a las mujeres, cuyo trabajo en las ONG ha sido fundamental y quienes fueron las más afectadas durante la pandemia por COVID 19.

Entendemos estas medidas represivas como un continuum de violencia sistemática contra el pueblo de Nicaragua, periodistas, intelectuales, personas defensoras de derechos humanos, líderes indígenas, religiosos y mujeres opositoras al régimen.

Según el Informe de la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos, Nada Al -Nashif, 30 personas “han sido detenidas desde marzo de 2024 en el contexto de la represión del espacio cívico” de forma ilegal y arbitraria, “seguidas de juicios que no cumplen las garantías básicas de debido proceso y juicio justo”.

Denunciamos también los hechos violatorios del derecho a la libertad de expresión, que erosionan los Derechos Humanos en el país y nos sumarnos a muchas otras voces en el mundo que reclaman preservación de la vida, la seguridad y la libertad a los pueblos de la región y de Nicaragua en particular.

Suscribimos, Feministas Picos Rojos CR, Voces Nuestras, Colectiva por el Derecho de Decidir, Gema Observatorio de Medios de Comunicación y Género, Profesionales para la ciudadanía y Mujeres por Costa Rica, en San José, Costa Rica, 28 de agosto de 2024

Conociendo y defendiendo los derechos digitales: libertad en la red, seguridad digital y libertad de expresión – curso

El Programa Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI), el proyecto de Acción Social ED-3020 Promoción de los Derechos Comunicativos de la Universidad de Costa Rica y Open Internet for Democracy Initiative tienen el gusto de invitarle al curso: Conociendo y defendiendo los derechos digitales: libertad en la red, seguridad digital y libertad de expresión.

Dirigido a:

  • Personas comunicadoras de las instituciones públicas.
  • Integrantes de medios de comunicación locales, regionales y alternativos.
  • Grupos sociales relacionados con la comunicación.
  • Público en general que tenga interés en el tema.

Facilitan: 

  • Ana Karen Cortés Víquez. Abogada especialista en Protección de Datos Personales y ex Directora de la Agencia Nacional de Protección de Datos.
  • Giselle Boza Solano. Periodista y abogada. Coordinadora del PROLEDI, investigadora del CICOM y docente de la ECCC, UCR.
  • Óscar Mario Jiménez Alvarado.  Politólogo.  Investigador del PROLEDI, del CICOM y del IIS. Docente de la ECCC, UCR.
  • Johanna Rodríguez López.  Socióloga.  Investigadora del PROLEDI y del CICOM. Docente de la Escuela de Sociología y responsable del proyecto de acción social ED-3020 Promoción de los derechos comunicativos de la ECCC, UCR.

Fechas: 07, 14, 21 y 28 de agosto de 2024

Horario: de 9:00 a.m. a 12:00 m.d. (Horas presenciales)

Lugar: Sala de Audiovisuales 1, Facultad de Ingeniería, Universidad de Costa Rica.

Curso gratuito con cupo limitado.

Se entregará certificado de participación a quienes completen las 4 sesiones.

Formulario de inscripción: https://forms.gle/Yez2KL2xAZAvV93n8 

Para mayor información puede comunicarse al correo electrónico proledi@ucr.ac.cr o al teléfono 2511-6852.

Corte Interamericana de Derechos Humanos emite opinión consultiva sobre derechos laborales

El alto órgano se pronunció sobre los siguientes aspectos:

a) El alcance de los derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, su relación con los derechos a la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho de reunión y el derecho al trabajo y a sus condiciones justas, equitativas y satisfactorias;

b) El contenido del derecho de las mujeres de ser libres de toda forma de discriminación y violencia en el ejercicio de sus derechos sindicales;

c) El deber del Estado para proteger la autonomía sindical y garantizar la participación efectiva de las mujeres como integrantes y lideresas sindicales; y

d) El alcance de las obligaciones del Estado respecto a garantizar la participación de los sindicatos en el diseño de las normas y políticas públicas relacionadas al trabajo en contextos de cambios en el mercado de trabajo mediante el uso de nuevas tecnologías.

El comunicado de la Corte dice:

San José, Costa Rica, 20 de julio de 2021.- El 5 de mayo de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una Opinión Consultiva sobre los derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género, la cual fue notificada el día de hoy. Dicha Opinión Consultiva fue presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Puede encontrar el resumen oficial aquí.

La Corte realizó una interpretación sobre el alcance de la protección otorgada por los los artículos 26, 13, 15, 16, 24, 25, 1.1 y 2 de la Convención Americana, 3, 6, 7 y 8 del Protocolo de San Salvador, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Convención Belém do Pará, 34, 44, y 45 de la Carta de la OEA, y II, IV, XIV, XXI, y XXII de la Declaración Americana, en relación con la materia traída a consulta.

El Tribunal destacó que la libertad sindical debe garantizarse a los trabajadores y trabajadoras públicos y privados, lo que incluye que estos gocen del derecho de creación y afiliación a las organizaciones que consideren convenientes, a una adecuada protección en el empleo contra todo acto de coacción directa o indirecta tendiente a menoscabar el ejercicio de la libertad sindical, y a desarrollar actividades sindicales. Asimismo, consideró que el derecho a la negociación colectiva constituye un componente esencial de la libertad sindical, en tanto comprende los medios necesarios para que los trabajadores y las trabajadoras se encuentren en condiciones de defender y promover sus intereses, por lo que los Estados deben abstenerse de intervenir en los procesos de negociación. Respecto al derecho de huelga, señaló que es uno de los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras y de sus organizaciones, pues constituye un medio legítimo de defensa de sus intereses económicos, sociales y profesionales, por lo que los Estados deben proteger el ejercicio de este derecho a través de la ley.

La Corte abordó la relación que existe entre la libertad de asociación, el derecho de reunión, la Comunicado Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH_CP-47-2021 Español libertad de expresión, la libertad sindical y la negociación colectiva y su consecuencia sobre los contenidos del derecho al trabajo y a sus condiciones justas, equitativas y satisfactorias. En ese sentido, señaló que la protección de la libertad sindical cumple una importante función social, pues la labor de los sindicatos y de otras organizaciones de empleadores y empleadoras y trabajadores y trabajadoras permite conservar o mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y las trabajadoras, y en esa medida su protección permite la realización de otros derechos humanos. De esta forma, la libertad sindical es fundamental para permitir una adecuada defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, incluido su derecho al trabajo y a sus condiciones justas, equitativas y satisfactorias. Al tiempo, la garantía de los derechos de reunión, asociación y expresión resultan fundamentales para el ejercicio de la libertad sindical.

Por otro lado, el Tribunal enfatizó que no cabe duda que existe una prohibición expresa a realizar cualquier conducta que pueda ser considerada discriminatoria respecto del ejercicio de los derechos sindicales de las mujeres. Sin embargo, advirtió que los Estados deben adoptar aquellas medidas positivas necesarias revertir o cambiar situaciones discriminatorias, lo cual requiere al Estado avanzar en la existencia de una igualdad real entre hombres y mujeres en el ejercicio de los derechos sindicales. Estas medidas deben dirigirse a garantizar, entre otros, el derecho de las mujeres de igual remuneración por igual trabajo; la tutela especial de las mujeres trabajadoras cuando se encuentren embarazadas; el equilibrio de las labores domésticas entre hombres y mujeres; y prevenir la violencia y acoso sexual en el ámbito público y privado.

Finalmente, la Corte consideró que la regulación del trabajo en el contexto de nuevas tecnologías debe realizarse conforme a los criterios de universalidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, garantizando el trabajo digno y decente. Los Estados deben adoptar medidas legislativas y de otro carácter, centradas en las personas, y no principal ni exclusivamente en los mercados, que respondan a los retos y las oportunidades que plantea la transformación digital del trabajo, incluido el trabajo en plataformas digitales. En específico, los Estados deben adoptar medidas dirigidas al reconocimiento de los trabajadores y las trabajadoras en la legislación como empleados y empleadas, y al pleno reconocimiento de los derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga.

En el marco del proceso, que es ampliamente participativo, se recibieron 61 observaciones escritas por parte de Estados, organismos estatales, organizaciones internacionales y nacionales, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales e individuos. Puede encontrar los escritos aquí. En el marco de la presente Opinión Consultiva, los días 27, 28 y 29 de julio de 2020 se celebró una audiencia pública de modo virtual, donde la Corte recibió las observaciones orales de 38 delegaciones. Puede acceder al video de la audiencia pública aquí.

La composición de la Corte para esta Opinión Consultiva fue la siguiente: Jueza Elizabeth Odio Benito (Presidenta); Juez Patricio Pazmiño Freire (Vicepresidente); Juez Eduardo Vio Grossi; Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot; Juez Humberto Antonio Sierra Porto; Juez Eugenio Raúl Zaffaroni; y Juez Ricardo Pérez Manrique.

IV Informe del Estado de la Libertad de Expresión en Costa Rica

El martes 16 de julio, la Facultad de Ciencias Sociales (FCS), el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información y el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) de la Universidad de Costa Rica (PROLEDI-UCR), invita a la comunidad universitaria y al público general a participar de la exposición virtual “IV Informe del Estado de la Libertad de Expresión en Costa Rica”, de 10 de la mañana a 12 mediodía. Esta presentación, una vez más, recoge las principales tendencias sobre libertad de expresión en espacios como las iniciativas legislativas, los movimientos sociales y el desarrollo de las comunidades, en el contexto de los últimos dos años aproximadamente.

Desde 2022, con las elecciones presidenciales en Costa Rica, ha habido un escenario de cada vez más ataques a la prensa independiente, los espacios de discusión política y el acceso equitativo de los partidos políticos a los medios de comunicación tradicionales y corporativos. En estos dos primeros años de la administración Chaves Robles y la Asamblea Legislativa 2022-2026, los ataques a la constitucionalidad y al Estado de Derecho han sido algo de todos los días; como ejemplos la archivación del Acuerdo de Escazú en febrero de 2023, el aumento de perfiles falsos pagados por el Gobierno para hacerse propaganda en redes sociales, el proyecto de ley de jornadas extenuantes de 12 horas, recortes al FEES e intervención gubernamental en la autonomía universitaria, etc. El apoyo y la plataforma que le ha dado el Poder Ejecutivo a grupos antiderechos y anticiencia ha ido cada vez más en aumento, así como el presupuesto a la Fuerza Pública para reprimir manifestaciones de estudiantes, colectivas feministas, partidos políticos de izquierda y comunidades rurales.

Estos procesos no se dan en un vacío; agrupaciones políticas como el PAC, el PLN y el PUSC (por mencionar algunas) que ya han estado en el poder y han tenido presencia en la Asamblea Legislativa han creado la tormenta perfecta para que una presidencia de reality-show como la de Rodrigo Chaves llegue a Zapote y haga todo esto: en febrero de 2020 entró en vigencia la ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, la cual prohíbe las huelgas políticas o aquellas que no tengan conexión directa con la relación de empleo o los incumplimientos laborales imputables al patrono, lo que significa un retroceso en el derecho a la protesta social. La violencia política vivida en las elecciones municipales de 2024, ahondó más el desapego que tienen actualmente las mujeres costarricenses con la política en sus comunidades, debido al acoso vivido en espacios públicos, pero también privados.

Todo esto y más lo podremos apreciar el próximo 16 de julio gracias al análisis de las y los colegas en el PROLEDI y el CICOM. Para más información, contacte al número 2511-6852.

No se mata la verdad matando a los periodistas

La situación es crítica: periodistas están siendo silenciados en Gaza y Cisjordania. El pasado 20 de marzo, la Red de Solidaridad con Palestina emplazó al Colegio de Periodistas de Costa Rica Colper, para instar -principalmente- a esta representación gremial a romper el silencio ante este crimen. 

Adhiriéndonos a las palabras de los periodistas ganadores del Premio Nacional de Periodismo, Pío Víquez 2023, “No se mata la verdad matando periodistas”, en dicha misiva: “instamos al Colper, a sus agremiados y toda persona comunicadora a posicionarse en la defensa de la libertad de expresión, la libertad de prensa y de todas aquellas personas periodistas que han muerto en Palestina en estos 5 meses de genocidio a manos de la Fuerzas de Defensa Israelíes”. 

 Mediante Oficio CPJD-084-24 del 5 de abril, recibimos respuesta del Colper, quienes indicaron:  

“Los alcances del Colper se remiten a asuntos relacionados al ejercicio profesional de sus personas colegiadas, la promoción de las ciencias de la comunicación colectiva, contribuir al perfeccionamiento del régimen republicano y democrático de Costa Rica y asuntos públicos de interés (…) La Junta Directiva no estima tener competencia para pronunciarse sobre un complejo conflicto político y militar con funestas y lamentables consecuencias humanas”.  

En su escueta y evasiva respuesta, el Colper no se refiere específicamente a ninguno de los 4 puntos de la petitoria entregada por la Red:  

  • No hace alusión alguna a los más de 143 periodistas que han muerto de forma violenta en Gaza y Cisjordania en Palestina ocupada. Tampoco hace mención de las detenciones ilegales y desapariciones forzosas de colegas desde el 7 de octubre pasado, todo a manos del ejército israelí.  
  • No se refiere a la solicitud de una eventual rueda de prensa para tocar un tema que atañe al gremio, a la sociedad civil costarricense y -en general- a toda la Humanidad.  
  • La carta no rechaza ni pone fecha al pedido de audiencia solicitado por la Red de Solidaridad con Palestina.  
  • No alude a la solicitud de información de manera expresa sobre el tema.  

Como detalle revelador de la respuesta a nuestra acción, es que en ningún momento se nombra a Palestina ni a su pueblo que viene sufriendo un exterminio sistemático, transmitido en tiempo real por las propias víctimas. 

 La respuesta del Colper está dirigida a la compañera que firma por la Red de Solidaridad con Palestina, sin usar el nombre de la organización, sin usar siquiera el nombre del pueblo víctima ni el lugar de sus hechos. Podría interpretarse cual si fuera parte de un breve intercambio epistolar entre una persona cualquiera y el Colegio, sobre un tema trivial cualquiera, al que no se concede la menor importancia, cuando realmente es una crisis en Derechos Humanos y Derecho Internacional donde es cercenado el derecho a la libertad de prensa, libertad de expresión y el derecho a la comunicación e información de la sociedad costarricense.  

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, afirmó: «Negar a los periodistas internacionales la entrada a Gaza está permitiendo que florezcan la desinformación y las narrativas falsas».  

¿Cómo es que el mayor asesinato de periodistas de nuestro tiempo no es un asunto de interés público?  

El cerco mediático establecido en Costa Rica y el mundo por intereses de Israel es claramente antidemocrático; peor aún, cuando se suma una narrativa que invisibiliza crímenes de lesa humanidad. 

 ¿Será que la función del Colegio de Periodistas de Costa Rica se limita a la mera recaudación y administración de las cuotas de sus afiliados?  

¿Es esta respuesta escueta una mera excusa para evadir su responsabilidad en el ejercicio libre y ético de los medios de comunicación en Costa Rica?  

¿No es que el Colper promociona los derechos de información y comunicación de la sociedad? 

 ¿Tan pronto han olvidado que el periodismo ético y de calidad es un pilar vital de las democracias?  

¿Qué intereses tiene el Colper al no mencionar siquiera la palabra Palestina?  

Los derechos a la información, libre expresión y prensa, así como a la libertad y vida, están en riesgo.  

Red de Solidaridad con Palestina  

San José, 11 de abril del 2024

“Denunciamos la captura ilegal, inmoral e ilegítima del ciudadano salvadoreño-canadiense Carlos Bucio Borja” cuando leía artículos de la Constitución en un centro de votación

Nosotros, los abajo firmantes, escritores y artistas salvadoreños, denunciamos ante la comunidad salvadoreña e internacional, la captura ilegal, inmoral e ilegítima del ciudadano salvadoreño-canadiense Carlos Bucio Borja, acaecida en el marco de las elecciones de presidente y asamblea legislativa este domingo 4 de enero de 2024, por parte de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC).

Bucio Borja leía los seis artículos de la Constitución salvadoreña que prohíben y penalizan la reelección presidencial, tanto a quien trate de ejercerla como a quienes la apoyen. Además citó palabras de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, canonizado en 2018 por la Iglesia Católica. Esto sucedió en el centro de votación del Centro Escolar Concha viuda de Escalón, en San Salvador. En ese momento, alrededor de seis elementos de la PNC lo sacaron, le decomisaron sus documentos mientras activistas y militantes del Partido Nuevas Ideas lo ofendían y pedían su captura. Hemos sabido que será ingresado al centro de detención conocido como el Penalito, lugar donde son llevado los capturados en el marco del Régimen de Excepción, acusados de pertenecer a pandillas.

La relección presidencial en El Salvador es un hecho cuestionado al interior y exterior del país, sin embargo las elección se están realizando, el gobierno de Nayib Bukele, que controla todas las instituciones del Estado, hasta la fecha no ha derogado la Constitución de la República, tampoco han decretado que  leerla públicamente sea un acto que subvierta el orden, o sea un acto subversivo, en ese sentido, que Carlos Bucio Borja haya sido capturado por leer la Constitución en un acto cívico, es una clara violación al  derecho a la libertad de pensamiento y expresión; considerar lo anterior como un delito solo confirma que en El Salvador ya estamos viviendo una dictadura.

Hacemos el llamado a intelectuales, artistas, escritores, instituciones nacionales e internacionales y defensores de derechos humanos, a sumarse a esta denuncia y a evidenciar las graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador.

Firman

Otoniel Guevara, poeta. El Salvador
José Antonio Domínguez, poeta y abogado. El Salvador
Tania Molina, poeta, cantante, partera y artista circense. El Salvador
Rainier Alfaro Bautista, poeta. El Salvador
Alfonso Fajardo, poeta. El Salvador.
Juana M Ramos, poeta, académica y escritora. El Salvador.
Tony Peña, docente universitario. El Salvador.
Jorge Haguilar, poeta y docente universitario. El Salvador.
Moisés Ramos Guerra, cantautor. El Salvador.
César Lazo, poeta, Honduras.