Carta abierta de la Asociación de Cineastas de No Ficción ante el retiro de la película Naza de la cartelera de una sala en Costa Rica
La Asociación de Cineastas de No Ficción envió a SURCOS una carta abierta, fechada el jueves 8 de octubre de 2026, dirigida a quienes proyectan cine en Costa Rica. La carta se refiere a la película Naza, de Yuval Abraham y Rachel Szor.
La distribuidora costarricense Pacifica Grey trajo al país esta película, recién premiada en el Festival de Venecia, que aborda el genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino. Su estreno está previsto para el sábado 10 de octubre en distintas salas comerciales de la Gran Área Metropolitana (GAM), que inicialmente incluían Cinema San Pedro, en el Mall San Pedro. Según la información enviada a SURCOS, el 8 de octubre la junta directiva de ese cine decidió retirar la película de su programación sin dar mayores explicaciones. Las proyecciones se mantienen en Studio Cinemas y en CCM Plaza Mayor y San Ramón.
A continuación, la carta completa:
Carta abierta a quienes proyectan cine en Costa Rica:
Hay películas que nos permiten descansar del mundo y otras que nos obligan a regresar a él. Películas que nos enseñan a dialogar con el paisaje que hay detrás de esa ventana que es la pantalla. El documental nos enfrenta con aquello que es incómodo saber, nos acerca a vidas invisibilizadas por quienes tienen más poder y nos recuerda que detrás de cada cifra, frontera y discurso, hay seres humanos, familias, territorios y futuros posibles.
Naza es una de esas películas. A través de testimonios de soldados y agentes de inteligencia israelíes, sus directores, Yuval Abraham y Rachel Szor, investigan los mecanismos detrás del asesinato masivo de civiles en Gaza como parte del genocidio en contra del pueblo palestino. Naza constituye un esfuerzo valiente por desplazar las fronteras de lo que puede ser visto, dicho y comprendido, oponerse a la normalización de la violencia más desgarradora y advertirnos sobre el desarrollo de tecnologías que buscan aplicarse contra la disidencia en el mundo entero.
La mayoría de las salas en Costa Rica han impedido explícitamente la proyección de esta película. Como Asociación de Cineastas de No Ficción, expresamos nuestro profundo rechazo a estos mecanismos de censura y a cualquier decisión que, bajo presiones políticas, económicas o ideológicas, impida que una obra como esta llegue al encuentro con su público.
No creemos que las películas poseen la verdad absoluta, pero creemos que ninguna sociedad puede acercarse a la verdad si se le niega la posibilidad de mirar, preguntar, contrastar y escuchar. El ejercicio de la razón exige también el ejercicio de la imaginación y comprender el mundo requiere acercarnos a quienes lo padecen. El pensamiento crítico no puede existir allí donde las imágenes dolorosas e incómodas son apartadas antes de que podamos interrogarlas.
Exhibidores: no permitan que sus salas se conviertan en fronteras para el pensamiento. No sean cómplices con el borrado de una tragedia humana. La historia recordará a quienes, teniendo la oportunidad, no quisieron mostrarla. Este es su momento de elegir el cuidado de nuestra humanidad compartida. El cuidado que abre puertas, que sostiene la posibilidad de escucharnos y que comprende que mirar de frente la injusticia y el sufrimiento de otros es una de las condiciones para no volvernos indiferentes.
Que Naza pueda ser vista. Que el público en Costa Rica tenga la oportunidad de encontrarse con ella y construir su propio juicio. Que ninguna presión convierta nuestras salas en espacios donde la realidad deba pedir permiso para aparecer.
El cine no puede detener las guerras, pero puede impedir que nos acostumbremos a ellas. Puede interrumpir la indiferencia y devolverle rostros a quienes la violencia reduce a cifras. Puede recordarnos que todavía somos capaces de mirar al otro con toda su humanidad.
El silencio es cómplice de la crueldad y amenaza con ocuparlo todo. Proyectar una película no es una opción: es una responsabilidad histórica ineludible.
Atentamente, Asociación de Cineastas de No Ficción
Comunicado del Frente de Lucha por el Nuevo Hospital de Cartago
Cartago, 30 de setiembre – El Frente de Lucha por el Nuevo Hospital de Cartago manifiesta su profunda indignación y condena ante las acciones orquestadas por el Gobierno durante las recientes celebraciones patrias, que habrían incluido la vigilancia de opositores al Poder Ejecutivo y una burla hacia los habitantes de nuestra histórica ciudad.
Según información difundida por los medios de comunicación y corroborada por testigos presenciales, en cuenta muchos de nosotros, la Fuerza Pública, incluyendo la Unidad Especial de Intervención, la escolta presidencial y la Policía Municipal de Cartago, habría recibido instrucciones específicas el pasado 14 de setiembre para vigilar la iniciativa ciudadana «Faroleadas por la Democracia», una manifestación pacífica. Este hecho constituye una grave violación de los derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución Política.
La evidencia sugiere, y así lo constatamos quienes fuimos testigos de la Faroleada por la Democracia en Cartago, que la Fuerza Pública recibió órdenes similares a las de regímenes dictatoriales, dirigidas contra ciudadanos que nos manifestamos pacíficamente en todo momento.
Además, denunciamos que se facilitó la instalación de un cerco de vallas alrededor de la Plaza Mayor, espacio público, y se permitió el estacionamiento de autobuses en áreas restringidas para seguidores del partido Pueblo Soberano (PPSO), acciones que obstaculizaron el acceso y la libre expresión de los manifestantes. Estas acciones son una grave violación del derecho a la libertad de expresión, la prohibición de censura previa, el principio de igualdad, la prohibición de discriminación por opinión política, así como la libertad de reunión pacífica y la libertad de circulación.
La jornada del día de fiesta patria, lejos de ser un espacio de celebración cívica, dejó una imagen que «indigna», pues la Fuerza Pública y el Ministerio de Seguridad, llamados a proteger derechos y garantizar un trato igualitario, quedaron cuestionados por actuaciones selectivas y decisiones que lesionaron derechos.
También denunciamos directamente al ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, acostumbrado a buscar legitimidad a través de discursos vacíos, violentos, irrespetuosos en actos oficiales y conferencias de prensa.
Reprochamos haber ofendido en su aparición pública en la Plaza Mayor donde se burló de los cartagineses, arropado por la seguridad de gobierno, rompiendo con la solemnidad, la convivencia de la niñez, jóvenes en crecimiento y el carácter cívico que corresponde.
Ante esta situación, el Frente de Lucha por el Nuevo Hospital de Cartago exige la apertura de una investigación, imposición de sanciones administrativas a los involucrados y la renuncia de los responsables en el Ministerio de Seguridad.
Asimismo, reiteramos la declaración de “persona non grata” en el cantón de Cartago, al señor Rodrigo Chaves Robles, ministro de Hacienda y de la Presidencia, por haber faltado el respeto a la ciudad de Cartago y a sus habitantes y nuevamente a los regidores del cantón central de Cartago les llamamos a reivindicar el honor de la provincia, si no quedarán como traidores.
Las organizaciones y personas abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores del Semanario Universidad, ante los recientes ataques y cuestionamientos dirigidos contra este medio de comunicación de la Universidad de Costa Rica.
No se trata solamente de defender a un periódico universitario. Se trata de defender el derecho de una sociedad democrática a contar con medios capaces de investigar, cuestionar y fiscalizar al poder, incluso cuando aquello que publican resulta incómodo para quienes gobiernan, para grupos empresariales, para instituciones y para cualquier otro sector con capacidad de influencia.
El reciente ataque contra el Semanario Universidad, presentado bajo argumentos de eficiencia presupuestaria y cuestionamientos a su línea editorial, no puede analizarse de manera aislada. Forma parte de una campaña de desprestigio que, desde sectores conservadores y fascistas, ha acompañado históricamente a este medio y a la propia Universidad de Costa Rica cada vez que sus espacios de pensamiento, investigación y comunicación han cuestionado intereses establecidos.
La historia del Semanario Universidad está precisamente vinculada con la defensa de la libertad de pensamiento y de expresión. Su existencia responde a una tradición universitaria que entiende que la Universidad Pública no está llamada a repetir el discurso de quienes ejercen el poder, sino a producir conocimiento, abrir espacios de discusión y contribuir a que la sociedad pueda conocer y debatir aquello que otros preferirían mantener fuera de la discusión pública.
Por eso resulta particularmente grave que se pretenda deslegitimar al Semanario mediante el señalamiento de los recursos destinados a sus salarios. La discusión sobre los recursos públicos puede y debe darse. Las instituciones públicas deben rendir cuentas y mejorar permanentemente su funcionamiento. Pero una cosa es discutir legítimamente el uso de los recursos y otra muy distinta es utilizar el costo de una planilla como mecanismo para descalificar el contenido de un medio, cuestionar su existencia o sugerir que sus periodistas deberían abandonar la universidad pública porque sus posiciones críticas resultan incómodas.
El Semanario Universidad ha sido durante décadas un espacio para la expresión de múltiples voces de la sociedad costarricense. Ha dado cabida a sectores sociales, comunidades, organizaciones, personas investigadoras, trabajadores, movimientos sociales y personas defensoras de derechos que muchas veces encuentran dificultades para acceder a otros espacios de comunicación.
También ha demostrado que su función crítica no significa responder a un partido político, a un grupo empresarial ni siquiera a las propias autoridades universitarias. Su valor reside, precisamente, en conservar la capacidad de cuestionar a distintos poderes, incluida la propia Universidad de Costa Rica.
Esa independencia es un valor democrático, no un defecto.
Nuestra solidaridad tampoco se limita al Semanario Universidad. Nos preocupa el ambiente cada vez más hostil que enfrentan periodistas, comunicadores y comunicadoras sociales, personas creadoras de contenido, influencers, activistas, organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos y ambientales que ejercen públicamente su derecho a cuestionar las decisiones del poder.
Estamos observando un fenómeno que merece atención: quienes tienen capacidad de comunicar, investigar, denunciar o construir una narrativa diferente a la oficial están siendo objeto de descalificaciones, señalamientos y campañas de desprestigio. La crítica es presentada como enemistad. La denuncia es presentada como conspiración. La investigación periodística es presentada como ataque político. La discrepancia es convertida en sospecha.
Esto constituye un riesgo para la democracia. Una sociedad democrática no puede reducirse a votar cada cuatro años. También necesita instituciones independientes, prensa crítica, organizaciones sociales, universidades públicas, personas activistas y ciudadanía capaz de expresar desacuerdos sin temor a ser perseguidas o estigmatizadas.
Nos preocupa, además, el debilitamiento progresivo de distintos espacios institucionales y sociales que históricamente han funcionado como contrapesos del poder.
La presión sobre las instituciones públicas, el debilitamiento presupuestario de servicios esenciales, los cuestionamientos constantes a derechos adquiridos, las amenazas sobre la seguridad social, los ataques contra quienes fiscalizan al poder y la utilización creciente de la confrontación política como mecanismo para disciplinar la disidencia configuran un escenario que no podemos normalizar.
No afirmamos que todas estas situaciones sean idénticas ni que respondan necesariamente a una única causa. Pero sí consideramos necesario observar el patrón que se produce cuando distintos poderes y voces sociales comienzan a ser desacreditados por el simple hecho de cuestionar al gobierno o a grupos con poder.
Cada episodio puede parecer aislado. El problema aparece cuando se acumulan. Y cuando la crítica comienza a ser presentada sistemáticamente como una amenaza, la sociedad debe preguntarse qué está ocurriendo con su democracia.
La sociedad y la democracia necesita voces incómodas. El Semanario Universidad representa también una de las funciones esenciales de la Universidad de Costa Rica: poner el conocimiento al servicio de la sociedad.
La Universidad Pública no puede ser solamente un lugar donde se forman profesionales. Es también un espacio de pensamiento crítico, investigación, acción social, debate y comunicación pública.
Una universidad que solamente habla cuando sus autoridades están de acuerdo con lo que se dice deja de cumplir una parte fundamental de su función social.
El Semanario Universidad ha incomodado por igual a todos los gobiernos y autoridades universitarias, porque fiscalizar su accionar no es algo a lo que una empresa, una junta directiva o una autoridad quiera estar sometida. Mucho menos cuando ese escrutinio social y mediático proviene de un medio de servicio público, con independencia editorial y una mirada crítica sobre el ejercicio del poder.
Por eso defendemos el derecho del Semanario Universidad a equivocarse, a ser cuestionado, a mejorar y a recibir críticas.
Defender al Semanario no significa considerar infalible todo lo que publica. Significa defender su derecho a publicar, investigar y ejercer el periodismo sin que su existencia sea amenazada por el contenido de sus informaciones.
La crítica al periodismo se responde con más periodismo. La crítica a una investigación se responde con argumentos y evidencia. El desacuerdo editorial se responde con debate. No con campañas de intimidación o desprestigio.
Las organizaciones y personas abajo firmantes consideramos que guardar silencio frente a estos acontecimientos solamente contribuye a normalizar un clima en el que cada vez resulta más difícil disentir.
Por eso expresamos nuestra solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores del Semanario Universidad y con todas las personas comunicadoras, periodistas, creadoras de contenido, activistas y defensoras de derechos humanos y ambientales que han enfrentado situaciones similares.
Reconocemos el trabajo realizado durante décadas por el Semanario y, particularmente, el esfuerzo cotidiano de sus periodistas y trabajadores por investigar, preguntar, contrastar fuentes y mantener abierta una ventana para las voces que no siempre encuentran espacio en otros medios.
Sabemos que todo medio de comunicación puede mejorar. También sabemos que ningún medio está por encima de la crítica. Pero precisamente por eso defendemos su existencia: porque una democracia necesita espacios donde distintas posiciones puedan expresarse, confrontarse y ser fiscalizadas públicamente.
Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, universidades, sindicatos, comunidades, periodistas, comunicadores, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general a no permanecer indiferentes ante cualquier intento de reducir los espacios para la crítica y la disidencia.
Defender la prensa crítica es defender el derecho de la sociedad a saber.
Defender a quienes disienten es defender la democracia.
Y hoy, frente a cualquier intento de silenciar, disciplinar o intimidar las voces críticas, consideramos necesario decirlo con claridad: No nos vamos a quedar callados.
La lista de personas que firman en representación o con afiliación a organizaciones, instituciones o a título personal se puede ver en el mismo formulario o bien en el PDF que compartimos mediante el siguiente enlace:
Seguridad ciudadana es la principal preocupación del país, así lo manifiestan cuatro de cada 10 ciudadanos.
Mayoría del 86,5% manifiesta algún grado de aceptación de los movimientos sociales de las últimas semanas.
UNA Comunica. Transcurridos más de cuatro meses de la gestión de la presidenta Laura Fernández, los ciudadanos le otorgan una calificación de 6.98 de 10, de acuerdo con el informe Percepción de la población costarricense sobre la política nacional y la labor del gobierno, presentado esta mañana por el Instituto de Estudios en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).
La nota es mayor al 6.70 que obtuvo en marzo el expresidente Rodrigo Chaves, al cierre de su gobierno. No obstante, es un inicio de administración con una nota inferior a la obtenida en setiembre de 2022 (hace cuatro años) por el propio Chaves: un 7.65.
“Aunque la medición de agosto de 2026 constituye el primer dato disponible para Laura Fernández Delgado, la comparación con la administración anterior adquiere relevancia debido al énfasis que tuvo la continuidad del proyecto político de Rodrigo Chaves durante su campaña. De hecho, su propuesta electoral fue presentada como un proyecto de continuidad y esta orientación también se reflejó en la conformación de su gabinete”, indica el estudio.
La mandataria es la mejor evaluada en este informe. Le siguen el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, con un 6.63; luego Paula Bogantes, ministra de Ciencia y Tecnología, con un 6.55 y Gabriel Aguilar Vargas, ministro de Justicia y Paz con 6.54. De la lista de consultados, el que aparece con la nota más baja es Chaves, ministro de Hacienda y de la Presidencia con un 6.23.
A pesar de ubicarse en tercer lugar, un 30.7% de la población no conoce la labor de la ministra Bogantes. Un 14.7% desconoce el trabajo del jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Efraím Zeledón, y un 13.9% tampoco reconoce la gestión de José Leonardo Sánchez, titular del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Sobre el desempeño del gobierno en distintas áreas, la que obtiene mayor puntaje es la de “protección a la naturaleza” con un 6.43. Le siguen “economía” con un 6.32, “educación” con 6.23 e “infraestructura vial” con 6.18. En la parte de abajo de la lista aparecen “salud” con 5.73, “seguridad ciudadana” con 5.46 y “combate a la pobreza” con 5.25.
Para el Idespo-UNA, en general, la valoración del desempeño gubernamental es moderada. “Cinco de las nueve áreas evaluadas obtienen calificaciones superiores a 6, pero ninguna alcanza 6.5”, concluye el informe.
De hecho, la seguridad ciudadana se mantiene como el principal problema que afecta al país. Así piensan cuatro de cada 10 personas. Muy por debajo aparecen ‘institucionalidad y gobernabilidad’ (11,4%), ‘narcotráfico’ (11,2%) y ‘desempleo’ (10,8%)».
Las preocupaciones en torno a la seguridad ciudadana hacen que el 52.6% de la población la califique como “mala/muy mala”, frente a un 31% que la ubica como “buena/muy buena”. Otro 16.3% la ve “regular”.
Aunque no es el principal problema nacional identificado, para un 40.4% de los encuestados la situación económica del país es “mala/muy mala”. Este porcentaje supera al 35.5% que la percibe como “buena/muy buena”. El 24% restante la ve “regular”.
Las opiniones están más divididas si se compara el estado de la economía con respecto a un año atrás. Un 34.6% la ve “mejor/mucho mejor”, un 32.4% la percibe “peor/mucho peor” y para un 31.6% está “igual”.
Percepciones de coyuntura
El Idespo-UNA consultó a los costarricenses su percepción acerca de algunos temas que han dominado la agenda mediática en los meses anteriores. De todos, el que muestra mayor polarización es el de las críticas realizadas por la presidenta al Poder Judicial. Un 50.4% está de acuerdo.
El respaldo baja a un 47.2% si se trata de valorar la forma en que la presidenta se expresa de otros poderes de la República o instituciones públicas. Incluso desciende a un 46.8% cuando las críticas las hace específicamente al Poder Legislativo.
En proyectos y temas puntuales, ninguna logra una aceptación mayoritaria. El proyecto de ley de armonización eléctrica es avalado por un 49.5% de la población, seguido de la minería a cielo abierto en Crucitas (36.1%), la venta de activos del Estado (32.1%) y el manejo de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social (23%).
En esta encuesta se incluyeron aspectos puntuales de la relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Por ejemplo, un 48.3% está de acuerdo en la decisión de la Sala Constitucional de mantener temporalmente a las magistraturas suplentes en sus cargos. El apoyo decae a un 42.3% si se trata de valorar la reducción presupuestaria al Poder Judicial por parte del gobierno.
Solo un 41.5% estuvo a favor de la querella presentada por el gobierno contra cuatro magistrados constitucionales a raíz del fallo sobre los nombramientos. Y baja a un 36.4% al calificar la forma en que el Poder Ejecutivo ha manejado el conflicto con la Sala Constitucional.
“Esto evidencia que el respaldo disminuye cuando la confrontación discursiva se traduce en una acción de mayor escalamiento institucional, como la presentación de una denuncia penal. En consecuencia, aunque una parte considerable de la población respalda el discurso crítico de la presidenta, este apoyo no es uniforme y solamente alcanza la mayoría absoluta en el caso de las críticas al Poder Judicial”, enfatiza el informe.
Por otra parte, el Idespo-UNA abordó las percepciones acerca de las manifestaciones y movimientos sociales que se han realizado en los últimos meses. Una mayoría del 86.5% está “muy de acuerdo y algo de acuerdo” en este tipo de prácticas cuando se trata de la defensa de derechos. Solo un 10.1% manifestó estar “algo en desacuerdo o muy en desacuerdo”.
Sin embargo, un 48.7% considera como “poca” la influencia que puedan tener estas manifestaciones sobre decisiones del gobierno. Por el contrario, un 36.5% afirma que es “mucha”.
De acuerdo con una tipología planteada por los investigadores, nueve de cada 10 personas consideran aceptable la manifestación pública, aunque difieren en distintos niveles sobre la capacidad de influencia que se le atribuye.
En línea con lo anterior, la encuesta también ahondó si de manera personal los ciudadanos expresan lo que piensan acerca de temas políticos. La mitad (50.4%) no siempre lo hacen, mientras que un 34.8% sí lo manifiesta. El 13.8% mencionó que “algunas veces”. Pero, para la mayoría (53.1%), expresar públicamente sus opiniones podría generarle consecuencias negativas.
En cuanto a la valoración ciudadana sobre la confianza que tienen hacia diversas instituciones, las mejor posicionadas son las universidades públicas (7.33), las empresas privadas (7.16), el Tribunal Supremo de Elecciones (6.72) y la Caja Costarricense de Seguro Social (6.39). En la parte de abajo de la lista sobresalen las iglesias protestantes evangélicas (5.28), los sindicatos (4.98) y los partidos políticos (4.69).
La recolección de datos de la encuesta se realizó del 12 al 14 y del 17 al 22 de agosto. En total se realizaron 746 entrevistas completas, con un error de muestreo de 3,6 puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo y un nivel de confianza del 95%.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
En días recientes, el actual director del Conservatorio de Castella, Dr. Luis Cascante Fernández, tomó la decisión de impedir el ingreso al colegio, de la Cónsul Honoraria del Estado de Palestina, señora Wajiha Sasa Marín; quien había sido invitada por la misma institución a participar en un cine foro estudiantil en el que se proyectaría un documental sobre Gaza. Esta actividad se realiza con regularidad como parte del programa pedagógico del colegio y siempre invita voces autorizadas a conversar con las personas estudiantes, con el fin de ampliar su horizonte crítico. En este caso, se impidió la participación de la Cónsul y la actividad se realizó sin su presencia.
Wajiha Sasa Marín, Cónsul Honoraria del Estado de Palestina
La motivación de estos hechos lamentables no ha sido suficientemente aclarada y tiene todas las características de un acto de censura. Sin embargo, también nos permite convocar el legado histórico del Conservatorio de Castella y reflexionar sobre él.
La institución, fundada por Arnoldo Herrera González en 1953, es considerada un modelo educativo excepcional, pero NO porque su plan académico incluya materias artísticas, sino por lo que el arte hace en las personas. El ejercicio artístico cultiva, en la mente y en el cuerpo, una sensibilidad curiosa, disciplinada y vital para la observación crítica del mundo. Los y las artistas se hacen preguntas constantemente. Traducir esa humanidad en un lenguaje poético, es el centro de nuestra formación en el Conservatorio de Castella.
Quienes conocimos a don Arnoldo, presenciamos su pluralidad y su capacidad para conversar con cualquiera, sin dogmatismos, más allá de su pensamiento político. Lo vimos crear un universo de libertad de acción y pensamiento para sus estudiantes, resistente a las mezquindades y presiones de turno. En las peores décadas de las dictaduras militares latinoamericanas, le tendió la mano a muchísimos artistas exiliados por la persecución política de sus ideas. Profesores de teatro, danza, música, y artes plásticas, provenientes del sur de América, contribuyeron con su pedagogía a formar a generaciones de estudiantes.
La visión humanista de la comunidad pedagógica del Castella no es una excepción en el mundo de las artes. Experiencias como la impulsada por el músico Daniel Barenboim y el escritor Edward Said, demuestran cómo la cultura puede tender puentes incluso en medio de conflictos profundos.
En 1999, Barenboim y Said crearon la West-Eastern Divan Orchestra, integrada en su mayoría por músicos israelíes y palestinos. Su propósito era demostrar que el encuentro y la escucha son posibles incluso entre personas marcadas por un conflicto histórico. La existencia misma de esta orquesta constituye una defensa de la convivencia frente a la exclusión y el silenciamiento. Si bien el arte no puede salvar al mundo, está ahí para rescatar su humanidad y la belleza que nos une, sin fronteras; y rechazar la violencia en todas sus formas.
A la luz del ejemplo de los maestros Herrera, Barenboim y Said, es que repudiamos lo sucedido con la representante del Estado palestino en las instalaciones del Conservatorio de Castella.
Si, tal y como ha señalado su director, Luis Cascante Fernández, no hubo motivación por razones políticas, ideológicas o de nacionalidad, entonces existe una valiosa oportunidad para reafirmarlo públicamente. En ese sentido, como un acto de desagravio, le solicitamos que se vuelva a invitar al colegio a la señora Wajiha Sasa Marín, y así honre la tradición de diálogo crítico y pluralismo que constituye parte esencial del Castella. La dirección del colegio también debe defender el deseo del estudiantado de solidarizarse con un pueblo que sufre el asedio, la destrucción de su territorio, el despojo, la aniquilación de su cultura y el exterminio sistemático de sus ciudadanos, tal y como han denunciado los máximos foros multilaterales.
Podríamos haber olvidado algunas enseñanzas del maestro Herrera, pero otras fundamentales siguen vivas entre nosotros: el intercambio de ideas jamás será una amenaza, mucho menos cuando se trata de crear y compartir nuevos escenarios de solidaridad y empatía.
La democracia se defiende con el pueblo en las calles.
Este 14 de setiembre de 2026, Cartago vuelve a demostrar que la libertad no se negocia, que la democracia no se encierra detrás de vallas y que la ciudadanía no puede ser tratada como una amenaza.
¡Este atropello tiene que caer!
Las autoridades nacionales y municipales deben dar marcha atrás a la decisión de cerrar los comercios y las calles en un perímetro tan amplio que impida el libre acceso durante la celebración cívica.
Debemos preguntarnos todos los costarricenses
¿Desde cuando la llegada de la antorcha y el desfile de faroles requiere cercar nuestras ciudades? ¿Desde cuándo la ciudadanía que piensa diferente debe ser vigilada? ¿Desde cuándo protestar pacíficamente se convierte en una amenaza?
En un país que decidió abolir el ejército y resolver sus diferencias mediante el dialogo, no queremos calles militarizadas ni despliegues innecesarios que intimiden a nuestra gente.
Cerrar el corazón de Cartago durante una de las celebraciones que más visitantes atrae significa golpear directamente a quienes trabajan y sostienen a sus familias con su trabajo diario.
El pequeño comercio también merece celebrar.
Las personas emprendedoras también tienen derecho de ganarse la vida.
Cartago es de todos y todas.
Una fiesta de la libertad no puede convertirse en una barrera para la participación.
¡La protesta pacífica es democracia!
Hoy nos invade la preocupación por un despliegue policial que consideramos innecesario, desproporcionado e innecesario.
Cartago se respeta!!
Por eso hacemos un llamado de alerta ante cualquier acción que pretenda restringir nuestras libertades económicas, cívicas, de expresión y de libre tránsito.
No al miedo
No a la intimidación
No a la criminalización de la protesta
Si a la democracia
Si a la libertad
Que este 14 y 15 de septiembre no solo sea una celebración de nuestra independencia sino también de nuestra capacidad defenderla.
Porque Costa Rica no se construyó con miedo se construyó en libertad.
En aquellos amargos días de la Guerra Fría, y todavía en vigencia el vergonzoso segundo párrafo del artículo 98 de la Constitución, que de hecho y de derecho proscribía la existencia del partido comunista, endilgar a alguna persona o movimiento el adjetivo de… comunista!! era casi condenarlo al ostracismo, pues imperaba la política del miedo, ser comunista era casi ser hermano del «mismitico» demonio; todo gracias a las heridas dejadas por la guerra civil de 1948 y los acomodos internacionales de la Guerra Fría. Pero hoy todo eso ha pasado, seguir con ese telele de comunista o «zurdo» es trasnochado y anacrónico.
Por eso cuando del ministro de Justicia don Gabriel Aguilar dijo que tenía «identificados a los zurdos de closet que ya tenemos identificados y se reunieron un día de estos», no solo fue una ofensa a la libertad que debe imperar en una democracia, sino una demostración de su conocida inmadurez, ignorancia o prepotencia política, digna de la mejor causa fascista.
Vamos a tratar de explicarle algo, talvez entienda. Después de acabada la Guerra Fría a fines de la década de los años 80, ya no tiene sentido hablar ni ideológica ni históricamente de comunismo; el mundo se dividió entre un capitalismo salvaje (como lo llamó Juan Pablo II, para que no crea que es una calificación comunista) defendido por aquellos que dentro del llamado neoliberalismo y la globalización, querían un mercado libre, un mundo financiero desbocado y totalmente desregulado, sin un Estado que le pusiera límites a sus ambiciones, obviamente ellos agruparon a la vieja derecha. Frente a ellos surgieron movimientos, de muy distinto origen ideológico, opuestos a los planes de entrega de los diferentes países, se organizaron para luchar contra las desregulaciones, la venta de activos del Estado, la entrega de recursos naturales, los favores fiscales a favor de empresas extranjeras y, sobre todo, para evitar la pérdida de muchos logros y leyes sociales que habían costado hasta sangre de miles de trabajadores. En Costa Rica, esas luchas llevaron a que socialistas, socialdemócratas, social cristianos (los de verdad), comunistas, cooperativistas, sindicalistas y diferentes grupos ciudadanos nos uniéramos a luchar por Costa Rica en acontecimientos como el famoso COMBO DEL ICE y luego contra el TLC, sin don Gabriel, todos esos éramos zurdos…y lo seguimos siendo, a mucha honra.
¿Y quiere saber dónde nos reunimos?… ¡En la calle!, el pasado 6 de agosto tomamos la Plaza de la Democracia, la avenida segunda y muchos otros sitios a lo largo y ancho del país; ese día luchadores contra el COMBO y el TLC nos reencontramos, nos volvimos a ver de frente, nos saludamos y abrazamos; ¿pero sabe que fue lo más hermoso?, no solo estábamos aquellos que dimos esas luchas hace 25 años, no, estaban miles de jóvenes que muchos creímos no se interesaban por la Patria y con su presencia nos dijeron: están equivocados, aquí estamos.
Si don Gabriel, doña Laura y Rodrigo Chaves, Costa Rica no está sola, el 70% de costarricenses que no votaron por ustedes ni hemos dejado que su odio hacia la Patria nos contamine, estamos en la lucha porque nosotros si amamos a Costa Rica. No somos de los que aceptamos pactos secretos de escudos militares, o agencias de espionaje, ni acompañamos a quienes encabezan movimientos antidemocráticos y fascistas en América Latina, que hacen peligrar nuestros valores. Por ejemplo, el presidente Trump dijo que la Doctrina Monroe marca la política exterior de Estados Unidos y que por eso el dominio de ese país en el hemisferio occidental no se discute. Pues aquí no vamos a permitir que viejos conceptos ya superados de imperialismo, vengan a arrebatarnos lo que es nuestro y la paz.
Si, hoy a los costarricenses que defendemos la Constitución, las leyes, las instituciones que nos dan el Estado Libre de Derecho, la soberanía nacional y la paz nos pueden llamar zurdos… ¡pero no vendidos!!
“Una sociedad que sacrifica su libertad por seguridad no merece ninguna de las dos.” Benjamín Franklin (atribuida)
Jaime E. García González, Dr. sc. agr. Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
Una afirmación del jerarca de Justicia y Paz plantea preguntas que no deberían quedar sin respuesta
Hay declaraciones de un funcionario público que pueden ser entendidas como una simple expresión política. Pero hay otras que, por las palabras utilizadas y por la investidura de quien las pronuncia, obligan a pedir explicaciones.
El pasado miércoles 12 de agosto, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, al referirse al denominado Plan Cero Ocio, manifestó públicamente:
“Qué sigue en el Plan Cero Ocio, señora Presidente, para todos aquellos abolicionistas que hablaron tanta paja, que esto era flor de un día. Estos zurdos, algunos de clóset, inclusive todavía; que ya los tenemos identificados y que se reunieron un día de estos…”
Más allá del lenguaje empleado —que por sí mismo resulta preocupante cuando proviene de un jerarca ministerial— hay una expresión que merece especial atención: “ya los tenemos identificados”.
La pregunta es inevitable: ¿quiénes son “ellos” y qué significa exactamente que el Ministerio de Justicia y Paz los tenga identificados?
No se trata de una cuestión menor ni de una disputa semántica. Si la frase fue utilizada simplemente como recurso retórico para referirse a personas que públicamente han cuestionado el Plan Cero Ocio, el ministro debería poder aclararlo sin dificultad. Pero si detrás de esas palabras existe efectivamente algún mecanismo institucional de identificación, seguimiento o recopilación de información sobre ciudadanos, la cuestión adquiere una dimensión completamente distinta.
Por esa razón, he dirigido al ministro Aguilar Vargas una solicitud para que precise el alcance de sus declaraciones. Las preguntas son concretas:
¿A quiénes se refirió cuando habló de “todos aquellos abolicionistas”? ¿Qué personas u organizaciones incluyó en esa categoría? ¿A qué declaraciones o actuaciones concretas se refería cuando afirmó que habían “hablado tanta paja” y que consideraban que el Plan Cero Ocio era “flor de un día”?
También le solicité que aclarara el significado de sus expresiones “estos zurdos” y “algunos de clóset”. ¿Estaba identificando a personas determinadas por sus posiciones políticas, ideológicas o de otra índole? Pero las preguntas centrales son otras.
Cuando el ministro afirma “ya los tenemos identificados”, ¿quiénes son exactamente las personas a las que se refiere? ¿Qué institución o dependencia las identificó? ¿Con qué propósito? ¿Existe un registro, informe, base de datos o expediente en el que figuren sus nombres? Y, sobre todo: ¿cómo fueron identificadas?
¿Se utilizaron sus declaraciones públicas, sus opiniones políticas, su participación en reuniones, sus actividades sociales o sus vínculos con determinadas organizaciones para elaborar esa identificación?
El ministro agregó que esas personas “se reunieron un día de estos”. Por ello también pregunté a qué reunión concreta hacía referencia, cuándo tuvo lugar, quiénes participaron y cómo tuvo conocimiento el Ministerio de Justicia y Paz de dicha reunión.
Esta última pregunta resulta particularmente importante. En una democracia, reunirse con otras personas, expresar opiniones políticas, criticar las políticas gubernamentales o participar en organizaciones de la sociedad civil son actividades que forman parte del ejercicio ordinario de las libertades públicas.
Por eso resulta indispensable saber si las palabras del ministro describían simplemente lo que cualquier ciudadano podría conocer a partir de información pública o si revelaban la existencia de algún mecanismo institucional de vigilancia o seguimiento.
El problema no son las opiniones del ministro
El ministro de Justicia y Paz tiene, como cualquier ciudadano, derecho a expresar sus opiniones. También puede defender el Plan Cero Ocio y cuestionar públicamente a quienes lo critican.
El problema surge cuando el lenguaje utilizado por un jerarca puede interpretarse como la revelación de que personas con determinadas posiciones políticas han sido “identificadas” por el aparato institucional que dirige. La diferencia es sustancial.
Una cosa es que un ministro diga: “conozco a quienes públicamente han criticado el programa”. Otra muy distinta es afirmar: “ya los tenemos identificados”. El uso del plural —“los tenemos”— plantea además una pregunta adicional: ¿quiénes son ese “nosotros” y qué hicieron para identificarlos?
No estoy atribuyendo al ministro una conducta que no haya demostrado. Precisamente por eso solicité explicaciones. La transparencia exige que, ante una afirmación de esa naturaleza, sea el propio jerarca quien aclare qué quiso decir.
Una pregunta que trasciende al Plan Cero Ocio
El asunto tampoco debería reducirse a una controversia alrededor de un programa penitenciario. Lo que está en juego es algo más elemental: los límites que debe observar el poder público frente a las opiniones, las ideas y las actividades lícitas de los ciudadanos.
En una sociedad democrática no debería existir una categoría de ciudadanos “identificados” por sus opiniones políticas. Tampoco debería utilizarse la condición ideológica real o atribuida de una persona —“zurdos”, “de clóset” o cualquier otra etiqueta— como criterio para establecer mecanismos de seguimiento estatal.
Si el ministro no quiso decir eso, lo razonable es que lo aclare. Y si efectivamente existe algún procedimiento institucional mediante el cual determinadas personas han sido identificadas, corresponde explicar quién lo ordenó, con qué fundamento jurídico, para qué finalidad y qué información fue recopilada.
No se trata de defender una determinada posición política ni de reivindicar a quienes apoyan o cuestionan el Plan Cero Ocio. Se trata de algo mucho más básico: el derecho de los ciudadanos a saber qué hace el Estado con la información relacionada con sus opiniones, reuniones y actividades públicas.
Por eso las preguntas formuladas al ministro no son un ejercicio de confrontación política. Son preguntas que cualquier ciudadano debería poder plantear a un funcionario público cuando sus propias palabras parecen sugerir la existencia de una identificación institucional de personas por sus posiciones políticas.
Ahora corresponde al ministro Aguilar Vargas responder. Y sería deseable que lo hiciera con nombres, hechos, fundamentos jurídicos y documentos, no con nuevas descalificaciones.
Porque cuando un ministro dice que determinadas personas “ya las tenemos identificadas”, la sociedad tiene derecho a preguntar: ¿Quiénes son? ¿Quién las identificó? ¿Cómo las identificó? ¿Para qué las identificó? Y, sobre todo, ¿por qué?
Hay declaraciones de funcionarios públicos que no deberían despacharse simplemente como desafortunadas. Algunas obligan a detenerse y formular una pregunta más profunda: ¿qué concepción de la democracia y de los límites constitucionales del poder revelan esas palabras?
Por eso resulta preocupante escuchar al ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, referirse a «los zurdos» y, todavía más, hablar de personas que se reúnen como «los identificados».
No es solamente una cuestión de lenguaje. Cuando una expresión proviene de una autoridad pública, deja de ser una frase cualquiera: adquiere un peso institucional. Y cuando se trata de un ministro de Justicia, ese peso obliga a preguntarse qué entiende el poder por derechos, ciudadanía y disidencia.
¿Quiénes son «los identificados»?
La pregunta es inevitable: ¿identificados por qué? ¿Identificados para qué? ¿Identificados por quién? No son preguntas menores.
En Costa Rica pueden reunirse los ciudadanos de izquierda y los de derecha; los liberales y los conservadores; quienes respaldan al Gobierno y quienes lo cuestionan; quienes militan en un partido y quienes no se identifican con ninguno. Pueden reunirse “todos”.
No porque el Gobierno sea generoso y lo permita. No porque un ministro lo conceda. No porque una autoridad considere legítima o conveniente la causa que los convoca. Pueden hacerlo porque es un derecho.
El artículo 26 de la Constitución Política reconoce el derecho de todos a reunirse pacíficamente y sin armas, incluso para discutir asuntos políticos y examinar la conducta pública de los funcionarios. Dice todos
Y el artículo 28 establece una garantía todavía más contundente: nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por actos que no infrinjan la ley. Esto debería ser elemental para cualquier funcionario público. Pero debería serlo especialmente para quien ocupa el Ministerio de Justicia y Paz. Porque aquí no estamos hablando solamente de una opinión política. Estamos hablando del lenguaje con el que el poder mira a los ciudadanos.
Una pregunta para el ministro:
Señor ministro, ¿qué significa exactamente «ya los tenemos identificados»? Si se refiere a personas vinculadas con hechos delictivos, dígalo. Si existen investigaciones concretas, corresponde explicar —dentro de los límites legales— cuál es su fundamento. Si se trata de personas que han cometido actos violentos, la autoridad tiene no solo la facultad, sino el deber de actuar conforme a la le
Pero si se está hablando simplemente de ciudadanos que se reúnen pacíficamente para expresar sus ideas políticas, la frase adquiere otra dimensión- vale decir que usted no se refería a personas en situación de cárcel en ese momento-
Porque entonces el problema ya no sería lo que esas personas hicieron, sino quiénes son, qué piensan o qué posición política se les atribuye. Y ahí es donde una democracia debe encender sus luces de advertencia.
Una democracia constitucional no persigue ideas. Persigue conductas cuando estas infringen la ley. No clasifica ciudadanos entre confiables y sospechosos por sus convicciones políticas. No convierte la discrepancia en una amenaza. Y no transforma el ejercicio de un derecho en un indicio de peligrosidad.
¿Error jurídico o concepción del poder?
Aquí está, quizá, la cuestión de fondo. ¿Qué puede llevar a un ministro de Justicia a realizar una interpretación equivocada de la Constitución? Puede ser desconocimiento jurídico. Puede ser ligereza. Una declaración improvisada. Presión política. Una lectura ideológica de la realidad. Pero existe una posibilidad más inquietante: que no estemos solamente ante una interpretación equivocada de la Constitución, sino ante una determinada concepción del poder.
Porque cuando el poder comienza a interpretar los derechos desde sus propias necesidades, y no a entender sus propias facultades desde los límites que le imponen los derechos, algo fundamental se ha invertido.
Hoy son «los zurdos». ¿Mañana quiénes serán? Esta es quizá la pregunta que más debería preocuparnos. Mañana podrían ser los periodistas incómodos, los estudiantes críticos, los sindicatos, los ambientalistas, los universitarios, quienes marchen contra una decisión del Gobierno o simplemente quienes cuestionen a la presidenta.
¿En qué momento la discrepancia empieza a convertirse en sospecha? Señor ministro, le recuerdo que usted también está sometido a la Constitución. Y esa es, precisamente, la grandeza del Estado de derecho: nadie está por encima de la ley, tampoco quien tiene la responsabilidad de hacerla cumplir.
Los abajo firmantes, miembros de la Iglesia católica y como personas comprometidas con la vida pastoral y el bien común de nuestro país, manifestamos nuestra cercanía fraterna, respeto y solidaridad con el padre Jeison Víquez Acuña, Vicario Parroquial de San Blas de Nicoya y con toda nuestra Iglesia. Nos identificamos con las palabras pronunciadas por el sacerdote durante los actos conmemorativos de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, el pasado 25 de julio. Por ellas, nuestro hermano sacerdote ha sido el objeto de una injustificada campaña mediática que no solo nos preocupa, sino que nos llama a la reflexión.
Padre Jeison Víquez Acuña en la fecha de su ordenación en 2024. En la imagen está junto a Monseñor Manuel Eugenio Salazar, Obispo de Tilarán.
Lo hacemos movidos por el espíritu de comunión que caracteriza a la Iglesia y por la convicción de que sus ministros están llamados a anunciar el Evangelio con fidelidad, iluminando la realidad desde la Palabra de Dios y el Magisterio de la Iglesia. Cuando un sacerdote recuerda los principios de la dignidad humana, la justicia, la paz, el bien común, la responsabilidad de quienes ejercen la autoridad y la reconciliación entre los pueblos, no expresa simplemente una opinión personal; es una voz que forma parte de la Doctrina Social de la Iglesia y de su permanente misión evangelizadora.
La Constitución Política de Costa Rica reconoce el lugar histórico de la Iglesia católica en la vida nacional, mientras que el orden democrático garantiza plenamente la libertad religiosa y la libertad de expresión. Ambas libertades permiten que la Iglesia continúe ofreciendo, con respeto y sin pretensión de imponer criterios, una reflexión moral, inspirada en el Evangelio, sobre aquellas realidades que afectan la vida de las personas y de la sociedad. Esta misión no responde a intereses partidarios ni a coyunturas políticas, sino al mandato recibido de Cristo de anunciar la verdad, promover la justicia y servir a la reconciliación.
La Constitución Pastoral Gaudium et Spes (n. 76) reconoce la legítima autonomía de la comunidad política, pero afirma la misión de la Iglesia de emitir un juicio moral cuando lo exijan los derechos fundamentales o la salvación de las personas.
La discrepancia es parte de la vida democrática; sin embargo, ella debe ejercerse siempre dentro del respeto mutuo, sin descalificaciones personales ni intentos de desacreditar la misión pastoral de quienes sirven al pueblo de Dios.
Recordamos también las palabras pronunciadas por monseñor Javier Román Arias en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, al inicio del actual período constitucional, cuando exhortó a quienes recibían la responsabilidad de gobernar a ejercer la autoridad como un servicio al pueblo, con humildad, respeto por la institucionalidad democrática, búsqueda del diálogo y compromiso con la justicia y el bien común. Aquella exhortación pastoral mantiene hoy plena vigencia y constituye una expresión del servicio que la Iglesia sigue ofreciendo a la sociedad costarricense.
En la misma línea, el Santo Padre León XIV ha insistido en diversas ocasiones en que la Iglesia está llamada a ser signo de unidad en un mundo marcado por las divisiones, promoviendo una cultura del encuentro, del diálogo respetuoso y de la fraternidad, rechazando toda forma de odio, exclusión o polarización que fracture a los pueblos y debilite la dignidad de las personas.
Invitamos a los creyentes, más allá de sus opciones políticas, a poner sus energías al servicio de los valores del Reino, que trasciende todo proyecto político y sitúa en el centro a los más pobres, como nos lo recuerda el Papa León XIV en la exhortación apostólica Dilexit te.
Por todo ello, aprovechamos esta ocasión para expresar nuestro reconocimiento a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas y agentes de pastoral que, con prudencia, caridad y fidelidad al Evangelio, continúan ejerciendo su misión profética al servicio de Costa Rica.
En las fechas de la celebración nacional en honor a Nuestra Señora de los Ángeles, Patrona de Costa Rica, renovamos nuestra oración por el llamado de los obispos en favor de la unidad entre los costarricenses y de la protección del orden institucional. En momentos en que el mundo y nuestra patria enfrentan profundas tensiones sociales, económicas y culturales, el camino no puede ser el de la polarización permanente, sino el del encuentro, la escucha y la búsqueda sincera del bien común.
Pedimos a Nuestra Señora de los Ángeles que interceda por nuestra patria, para que fortalezca nuestra convivencia pacífica, inspire a quienes ejercen responsabilidades públicas y nos conceda a todos la sabiduría necesaria para construir una nación reconciliada, donde el respeto, la verdad, la justicia y la paz prevalezcan sobre toda forma de división.
En Cristo y bajo el amparo de Nuestra Señora de los Ángeles,
Javier Hernández Quirós, cmf. Prefecto de Apostolado, Misioneros Claretianos de Centroamérica.
Daniel Monge Sandoval, Centro Bíblico Claretiano «Para que tengan vida».
Gustavo Meneses Castro, Diócesis de Puntarenas, Secretario Ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana, Conferencia Episcopal de Costa Rica.
José Manuel Díaz Cantero, Arquidiócesis de San José.
Glenn Gómez Álvarez, Arquidiócesis de San José.
Marco Antonio Oviedo Núñez, Diócesis de Alajuela.
Rigoberto Segura Godoy, Catedral de Puntarenas.
Ricardo Brenes Méndez, Diócesis de Puntarenas.
Miguel Rojas Castillo, Diócesis de Puntarenas.
Luis Carlos Aguilar Badilla, Diócesis de Puntarenas.
Mario García Montoya, Diócesis de Puntarenas.
Rafael Aragón Marina, CENDHU.
Alexander Alfaro Chavarría, Parroquia de Esparza, Diócesis de Puntarenas.
Erick Marín Carballo, Franciscanos Conventuales, Colegio Saint Francis, Moravia.
Edgar Muñoz Fonseca, Arquidiócesis de San José.
Arturo Morales Funcín, Arquidiócesis de San José.
José Eduardo Bolívar Rojas, Diócesis de Tilarán-Liberia.
Rodolfo Araya Rojas, Parroquia de Liberia, Diócesis de Tilarán-Liberia.
Diác. Francisco Venegas Castro, Parroquia de Tilarán, Diócesis de Tilarán-Liberia.
Diác. Mark Vincent Valenzuela Giera, Diócesis de Tilarán-Liberia.
Elkin Eduardo López Alfaro, Diócesis de Tilarán-Liberia.
Fray Oscar Alvarado Rojas, Terciario Capuchino.
Diác. Allan Siles Ríos, Arquidiócesis de San José.
Félix Ríos Gadea, Laico de la Diócesis de Tilarán y miembro de la Pastoral de Movilidad Humana.
Abelardo Morales Gamboa, Catedrático Universitario, Miembro del Equipo de apoyo a la Pastoral de Movilidad Humana.
Juan José Romero Zúñiga, Catedrático de la Universidad Nacional.
Rafael Ángel Villalobos Segura, Solidaridad y Misión, Centroamérica.
Magaly Zúñiga Céspedes, Psicóloga, Investigadora, Equipo de apoyo a la Pastoral de Movilidad Humana.
Gabriel Putoy Cano, CENDHU.
Hazel María Jiménez Eduarte, Parroquia de Guadalupe, Arquidiócesis de San José.
Fidelina Mena Corrales, Abogada defensora de Derechos Humanos.
Martha Zulay Castro Calderón, Parroquia del Roble, Diócesis de Puntarenas.
Adriana Elizondo Vargas, Parroquia de Esparza, Diócesis de Puntarenas.
Mayela Bolívar González, Parroquia de Parrita, Diócesis de Puntarenas.
Ricardo Meneses Castro, Parroquia de Bagaces, Diócesis de Tilarán-Liberia.
Nancy Sing Ávila, Parroquia Bethania, Arquidiócesis de San José.
Saúl Vidal Valerín Chévez, Parroquia Parrita, Diócesis de Puntarenas.
Erick Jiménez Madrigal, Parroquia de la Gloria de Puriscal, Arquidiócesis de San José.
Róger Edward Meneses Castro, Parroquia de Turrialba, Diócesis de Cartago.
Juan Carlos Sing Ávila, Parroquia de Cañas, Diócesis de Tilarán-Liberia.
Marjorie Ávila Salas, Arquidiócesis de San José.
Eugenia Ávila Chavarría, San Ramón de Alajuela.
José Antonio Arley Arley, Arquidiócesis de San José.
Marta Ávila Solera, Arquidiócesis de San José.
Manrique Ávila Cerdas, Arquidiócesis de San José.
Narciso Ávila Cerdas, Arquidiócesis de San José.
Ileana Ávila Cerdas, Arquidiócesis de San José.
Ingrid Alfaro Ávila, Arquidiócesis de San José.
Randall Alfaro Ávila, Arquidiócesis de San José.
Siulam Li Jiménez, Arquidiócesis de San José.
Dyala Apuy Ocampo, Arquidiócesis de San José.
Sandra Ávila Cerdas, Arquidiócesis de San José.
Celeste Murillo Meneses, Parroquia Corazón de Jesús, Heredia.
Karolina Ávila Valverde, Arquidiócesis de San José.
Kattia Sing Ávila, Arquidiócesis de San José.
Fernando Alfaro Ávila, Arquidiócesis de San José.
Diego Pérez Vásquez, Parroquia Bethania, Arquidiócesis de San José.
Andrés Pérez Sing, Parroquia Bethania, Arquidiócesis de San José.
María Fernanda Alfaro Solís, San Carlos de Alajuela.
María del Rocío Meneses Castro, Parroquia Corazón de Jesús, Heredia.
Néstor Zúñiga Pereira, Parroquia San José en Parrita, Diócesis de Puntarenas.
Juan Carlos Mora Sánchez, Parroquia San José en Parrita, Diócesis de Puntarenas.
María Esther Céspedes Morales, Parroquia S. Juan de Tibás, Arquidiócesis de San José.
Germán Pochet Ballester, Parroquia Santa Bárbara de Pavas, Arquidiócesis de San José.
Luis Fernando Carvajal Ortiz, Parroquia de Esparza, Diócesis de Puntarenas.
Juan Ignacio Torres Carvajal, Parroquia de Tambor, Diócesis de Alajuela.
Ana Isabel Umaña Araya, Centro Claretiano de Ayuda al Migrante, San José.
María Alejandra Villalobos De Ycaza, Juventud Claretiana, Heredia.
Lucía Villalobos De Ycaza, Juventud Claretiana, Heredia.
Esteban Villalobos De Ycaza, Juventud Claretiana, Heredia.
Orlando Navarro Rojas, director del Hogar de la Esperanza, Paso Ancho.
Beatriz De Ykaza Vélez, Arquitecta, Heredia.
María Auxiliadora Chávez Loáisiga, San Juan de Dios de Desamparados, Centro Claretiano de Atención al Migrante.
Dulce Umanzor Alvarado, Abogada, Activista por los derechos humanos, Puntarenas.
Giselle Zamora Arroyo, Moravia, Centro Bíblico Claretiano «Para que tengan Vida».
Carmen María Conejo Solera, San Francisco de Guadalupe, Centro Claretiano de Atención al Migrante.
Rocío Hernández Salazar, Centro Claretiano de Atención al Migrante, San José.
Giselle Fernández Salazar, Centro Claretiano de Atención al Migrante, San José.
Lilliana Montoya Conejo, Centro Claretiano de Atención al Migrante, Aurora de Heredia.
Randall Rivera Rodríguez, Centro Claretiano de Atención al Migrante, Aurora de Heredia.
José Francisco Brenes Quirós, Centro Claretiano de Atención al Migrante, Calle Blancos.
Margarita Murillo Montoya, Centro Bíblico, San Francisco de Goicochea.
Mariano Sáenz Vega, Encuentro Ecuménico, San José.
