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Etiqueta: libertad de expresión

El arte no censura: dialoga

Escrito en . Publicado en Cultura.

En días recientes, el actual director del Conservatorio de Castella, Dr. Luis Cascante Fernández, tomó la decisión de impedir el ingreso al colegio, de la Cónsul Honoraria del Estado de Palestina, señora Wajiha Sasa Marín; quien había sido invitada por la misma institución a participar en un cine foro estudiantil en el que se proyectaría un documental sobre Gaza. Esta actividad se realiza con regularidad como parte del programa pedagógico del colegio y siempre invita voces autorizadas a conversar con las personas estudiantes, con el fin de ampliar su horizonte crítico. En este caso, se impidió la participación de la Cónsul y la actividad se realizó sin su presencia.

Wajiha Sasa Marín, Cónsul Honoraria del Estado de Palestina

La motivación de estos hechos lamentables no ha sido suficientemente aclarada y tiene todas las características de un acto de censura. Sin embargo, también nos permite convocar el legado histórico del Conservatorio de Castella y reflexionar sobre él.

La institución, fundada por Arnoldo Herrera González en 1953, es considerada un modelo educativo excepcional, pero NO porque su plan académico incluya materias artísticas, sino por lo que el arte hace en las personas. El ejercicio artístico cultiva, en la mente y en el cuerpo, una sensibilidad curiosa, disciplinada y vital para la observación crítica del mundo. Los y las artistas se hacen preguntas constantemente. Traducir esa humanidad en un lenguaje poético, es el centro de nuestra formación en el Conservatorio de Castella.

Quienes conocimos a don Arnoldo, presenciamos su pluralidad y su capacidad para conversar con cualquiera, sin dogmatismos, más allá de su pensamiento político. Lo vimos crear un universo de libertad de acción y pensamiento para sus estudiantes, resistente a las mezquindades y presiones de turno. En las peores décadas de las dictaduras militares latinoamericanas, le tendió la mano a muchísimos artistas exiliados por la persecución política de sus ideas. Profesores de teatro, danza, música, y artes plásticas, provenientes del sur de América, contribuyeron con su pedagogía a formar a generaciones de estudiantes.

La visión humanista de la comunidad pedagógica del Castella no es una excepción en el mundo de las artes. Experiencias como la impulsada por el músico Daniel Barenboim y el escritor Edward Said, demuestran cómo la cultura puede tender puentes incluso en medio de conflictos profundos.

En 1999, Barenboim y Said crearon la West-Eastern Divan Orchestra, integrada en su mayoría por músicos israelíes y palestinos. Su propósito era demostrar que el encuentro y la escucha son posibles incluso entre personas marcadas por un conflicto histórico. La existencia misma de esta orquesta constituye una defensa de la convivencia frente a la exclusión y el silenciamiento. Si bien el arte no puede salvar al mundo, está ahí para rescatar su humanidad y la belleza que nos une, sin fronteras; y rechazar la violencia en todas sus formas.

A la luz del ejemplo de los maestros Herrera, Barenboim y Said, es que repudiamos lo sucedido con la representante del Estado palestino en las instalaciones del Conservatorio de Castella.

Si, tal y como ha señalado su director, Luis Cascante Fernández, no hubo motivación por razones políticas, ideológicas o de nacionalidad, entonces existe una valiosa oportunidad para reafirmarlo públicamente. En ese sentido, como un acto de desagravio, le solicitamos que se vuelva a invitar al colegio a la señora Wajiha Sasa Marín, y así honre la tradición de diálogo crítico y pluralismo que constituye parte esencial del Castella. La dirección del colegio también debe defender el deseo del estudiantado de solidarizarse con un pueblo que sufre el asedio, la destrucción de su territorio, el despojo, la aniquilación de su cultura y el exterminio sistemático de sus ciudadanos, tal y como han denunciado los máximos foros multilaterales.

Podríamos haber olvidado algunas enseñanzas del maestro Herrera, pero otras fundamentales siguen vivas entre nosotros: el intercambio de ideas jamás será una amenaza, mucho menos cuando se trata de crear y compartir nuevos escenarios de solidaridad y empatía.

¡Vivir, luchar, el arte nos convida!

1-Arabella Salaverry Pardo, 9-0029-0692

2-Rogelio López López, 6-0084-0698 (profesor)

3-Pilar Quesada Acosta, 1-0523-0232

4-Luis Herrera Giri, 1-0667-0324

5-Hazel González Araya, 1-0769-0540

6-Elián López Jaén, 1-1084-0307

7-Andrea Núñez Segnini, 1-1603-0726

8-Carlos (Tapado) Vargas Unfried, 1-0790-0554

9-Margarita Rosa Saborío Romero, 1-0782-0229

10-Emmanuel Zúñiga Salas, 2-0691-0625

11-Silvia Elena Soto Chacón, 1-1086-0544

12-Nandayure Harley Bolaños, 1-0399-0304

13-Laura Estefanie González Murillo, 1-1538-0554

14-Michelle Mourguiart Montt, 8-0058-0836

15-Frank Alberto Delgado Álvarez, 1-1006-0244

16-Gabriela Acuña Rojas, 1-1062-0803

17-Alejandra Zúñiga Herrera, 107690208

18-Roger Madrigal Valverde, 1-1533-0562

19-Carolina Córdoba Zamora, 3-0306-0213

20-Gloriana Retana Morales, 1-0855-0865

21-Manuel Zumbado Retana, 1-0621-0392

22-Melina Valdelomar Delgado, 1-1082-0999

23-Andrea Jiménez Calderón, 1-1538-0473

24- Zamira Barquero Trejos, 1-0415-0180

25-Lucy Vásquez Barrantes, 1-0768-0257

26-Fernando Alberto Barquero Moncada, 1-0764-0763

27-Natalia Varela Fonseca, 1-1566-0843

28-María Elena Cerdas Ruiz, 3-0238-0233

29-Carolina Zúñiga Arguedas, 1-1563-0137

30-Vanessa Smith Castro, 1-0756-0416

31-Felipe Campos Villalobos, 1-1487-0074

32-María Montero Zeledón, 1-0772-0725

33-Gloriana Chang Martínez, 1-1077-0417

34-Shirley Campbell Barr, 1-0655-0655

35-Guillermo Acuña González, 4-0150-0090

36-Yiya Carballo Morales, 1-0844-0127

37-María Marcela Hernández Jiménez, 2-0480-0910

38-Aysha Morales López, 1-1284-0973

39-Gabriela Delgado Hidalgo, 1-0963-0626

40-Frank Alberto Delgado Álvarez, 1-1006-0244

41-Karla Salguero Moya, 1-0748-0133

42-Karla Calderón Morales, 6-0230-0272

43-Blas Dotta Iralde, 8-0085-0906

44-Paola Fontana Brenes, 1-1531-0841

45-Leonardo Villegas Gómez, 1-0772-0258

46-Carlos José Castro Mora 1-0595-0895

47-Florencia Chaves González, 4-0141-0217

48-Carolina Valdelomar Delgado, 1-0997-0738

49-Alexander Solano Acuña, 1-0605-0412

50-Evelyn Ureña Santos, 1-0946-0544

51-Mario Esteban Molina Miranda, 1-1532-0433

52-Ninoska Pamela Prada López, 1-1070-0766

53-Cecilia Cortínez Merino, 8-0054-0226

54-Sebastián Mello Salaberry, 1-1002-0600

55-Rebeca Fernández Zeledón, 1-0710-0484

56-Johanna Argüello Méndez, 1-0998-0678

57-Marco Vinicio Chía Rodríguez, 1-0768-0629

58-Juan Fernando Cerdas Albertazzi, 1-0416-0903

59-Vicky Cortés Ramos, 9-0075-0816

60-Jorge Hernán Castro Dávila, 1-0620-0816

61-Pamela Hernández Salas,1-1536-0043

62-María José Monterroso Solís, 1-1532-0014

63-Laura Morales González, 1-0713-0119

64-Evelyn Aguilar Ramírez, 1-0709-0680

65-Melissa Rodríguez Gutiérrez, 1-1012-0545

66-Patricio Primus Contreras, 8-0058-0618

67-Jaime Gamboa Goldemberg, 1-0622-0484

68-Diana Naranjo Guadamuz, 1-0784-0264

69-Ena Aguilar Ramírez, 1-0638-0063

70-William Retana Alfaro, 1-1621-0908

71-Yelyith Johnson Venegas, 1-1534-0061

72-Xinia Vargas Baltodano, 1-0640-0627

73-Mariela Mateos Moraga, 1-1556-0652

74-Tania Lucía Levy Vargas, 1-1527-0894

75-Ana Lorena Sánchez Castillo, 1-0673-0302

76-Paola Durán Guzmán, 1-1012-0019

77-Olga Rivas Gutiérrez, 1-0989-0030

78-Halina Sobrado Wydrzycka, 1-0992-0671

79-Marinela Córdoba Zamora, 3-0297-0351

80-Natasha Pizarro Guerrero, 1-1575-0344

81-Daniel Sibaja Retana, 4-0222-0237

82-Evelyn Cordero Trejos, 1-0759-0921

83-Sonia Solís Montejo, 1-0652-0855

84-Irene Navarro Aguilar, 1-1549-0791

85-Carlomagno Araya Morera, 2-0454-0607

86-Sergio Dávila Chaves, 1-0562-0642

87-Osvaldo Sauma Aguilar, 9-0037-0584 (profesor)

88-Ana Carolina Méndez Araya, 1-0662-0439

89-Gabriela Cob Barboza, 1-0897-0069

90-Vanessa de la O Jiménez, 1-1148-0004

91-Cristina Lahmann Zeledón, 1-0678-0006

92-Erick Fallas Vargas, 1-0749-0333

93-Helen Marenco Rojas, 4-0150-0274

94-Li Sáenz Urgell, 9-0068-0441

95-Viviana Guerrero Chacón, 1-1217-0267

96-Juriel Navarro Salas, 1-1224-0178

97-Ibux Sánchez Villalobos, 1-1211-0763

98- Lucy Barquero Trejos, 1-0353-0683

99-Ana Paula Rivera, 1-1232-0556

100-Delia Tamara Fuster Baraona, 115200089533

101-Camila Schumacher Ladanyi, 103200040320

102-Hazel Torres Matarrita, 1-1357-0009

103-Gabriela Alfaro Castillo, 1-1472-0020

104-Flor de María Fallas Quesada, 1-0667-0955

105-Rodolfo Del Valle Valerín, 3-0282-0672

106-Ara Francia Cob, 1-1834-0239

107-Diego Vinicio Chacón Monge, 1-1579-0143

108-Alfonso Castro Araya, 1-1483-0563

109-Samaria Montenegro Guzmán, 1-1209-0158

110-Marta Murillo Salas, 1-0437-0913

111-Carlos González Burgos, 1-0403-1062

112-María Monserrath Hernández Obregón, 1-0746-0224

113-Carolina Cerdas Fernández, 1-1203-0092

114-Elena Gutiérrez Nacimento, 1-0323-0804 (profesora)

115-José Manuel Cerdas Albertazzi, 5-0195-0539

116- Mariana Fuentes Blanco, 5-0338-0423

117- Axel Avilés Guzmán, 4-0126-0649

118- Alixa Zamora Solano, 1-1560-0045

119-Francisco Piedra Vargas, 1-0747-0054

120-Leslie Calvo Grijalba, 1-0639-0515

121- Allen Paulino Torres Castillo, 1-0439-0577

122-Ishtar Yasin Gutiérrez, 1-0947-0262

123-Carmen Cecilia Merino Belmonte, 8-0054-0224 (profesora)

124-Osvaldo Durán Castro, 1-0637-0047

125-José Pablo Vargas Unfried, 1-1249-0038

126-Gustavo Adolfo Fallas Vargas, 1-0870-0699

127-Susana Morales Uribe 1-0783-0763

128-Ginnet Vargas Obando, 1-0645-0017

129-Isis Campos Zeledón, 1-0675-0974

130-Giancarlo Protti Rami2rez, 1-0632-0510

131-Olga Lucía Isaza Zapata, 8-0058-0917

132-Lizbeth María Rivera Arce, 10649-0533

133-Iván Rodríguez Rodríguez, 1-0626-0183

134-María Jesús Zúñiga Villavivencio, 1-1814-0393

135-Allen Alonso Torres Matarrita, 1-1087-0740

136-Ronald Bonilla Carvajal, 1-0399-1400

137-Orlando Gamboa Campos, 1-0738-0974

138-Catalina Gómez Chaves, 1-0998-0694

Frente de Lucha por el Nuevo Hospital: “Cartago no se rinde, la libertad no se negocia, democracia se defiende en las calles”

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado

¡CARTAGO NO SE RINDE!

Frente de Lucha por el hospital de Cartago

La democracia se defiende con el pueblo en las calles.

Este 14 de setiembre de 2026, Cartago vuelve a demostrar que la libertad no se negocia, que la democracia no se encierra detrás de vallas y que la ciudadanía no puede ser tratada como una amenaza. 

¡Este atropello tiene que caer!

Las autoridades nacionales y municipales deben dar marcha atrás a la decisión de cerrar los comercios y las calles en un perímetro tan amplio que impida el libre acceso durante la celebración cívica.

Debemos preguntarnos todos los costarricenses

¿Desde cuando la llegada de la antorcha y el desfile de faroles requiere cercar nuestras ciudades? ¿Desde cuándo la ciudadanía que piensa diferente debe ser vigilada? ¿Desde cuándo protestar pacíficamente se convierte en una amenaza?

En un país que decidió abolir el ejército y resolver sus diferencias mediante el dialogo, no queremos calles militarizadas ni despliegues innecesarios que intimiden a nuestra gente.

Cerrar el corazón de Cartago durante una de las celebraciones que más visitantes atrae significa golpear directamente a quienes trabajan y sostienen a sus familias con su trabajo diario.

El pequeño comercio también merece celebrar.

Las personas emprendedoras también tienen derecho de ganarse la vida.

Cartago es de todos y todas.

Una fiesta de la libertad no puede convertirse en una barrera para la participación.

¡La protesta pacífica es democracia!

Hoy nos invade la preocupación por un despliegue policial que consideramos innecesario, desproporcionado e innecesario.

Cartago se respeta!!

Por eso hacemos un llamado de alerta ante cualquier acción que pretenda restringir nuestras libertades económicas, cívicas, de expresión y de libre tránsito.

No al miedo

No a la intimidación

No a la criminalización de la protesta

Si a la democracia

Si a la libertad

Que este 14 y 15 de septiembre no solo sea una celebración de nuestra independencia sino también de nuestra capacidad defenderla.

Porque Costa Rica no se construyó con miedo se construyó en libertad.

Zurdos… pero no vendidos

Escrito en . Publicado en Derechos.

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli

En aquellos amargos días de la Guerra Fría, y todavía en vigencia el vergonzoso segundo párrafo del artículo 98 de la Constitución, que de hecho y de derecho proscribía la existencia del partido comunista, endilgar a alguna persona o movimiento el adjetivo de… comunista!! era casi condenarlo al ostracismo, pues imperaba la política del miedo, ser comunista era casi ser hermano del «mismitico» demonio; todo gracias a las heridas dejadas por la guerra civil de 1948 y los acomodos internacionales de la Guerra Fría. Pero hoy todo eso ha pasado, seguir con ese telele de comunista o «zurdo» es trasnochado y anacrónico.

Por eso cuando del ministro de Justicia don Gabriel Aguilar dijo que tenía «identificados a los zurdos de closet que ya tenemos identificados y se reunieron un día de estos», no solo fue una ofensa a la libertad que debe imperar en una democracia, sino una demostración de su conocida inmadurez, ignorancia o prepotencia política, digna de la mejor causa fascista.

Vamos a tratar de explicarle algo, talvez entienda. Después de acabada la Guerra Fría a fines de la década de los años 80, ya no tiene sentido hablar ni ideológica ni históricamente de comunismo; el mundo se dividió entre un capitalismo salvaje (como lo llamó Juan Pablo II, para que no crea que es una calificación comunista) defendido por aquellos que dentro del llamado neoliberalismo y la globalización, querían un mercado libre, un mundo financiero desbocado y totalmente desregulado, sin un Estado que le pusiera límites a sus ambiciones, obviamente ellos agruparon a la vieja derecha. Frente a ellos surgieron movimientos, de muy distinto origen ideológico, opuestos a los planes de entrega de los diferentes países, se organizaron para luchar contra las desregulaciones, la venta de activos del Estado, la entrega de recursos naturales, los favores fiscales a favor de empresas extranjeras y, sobre todo, para evitar la pérdida de muchos logros y leyes sociales que habían costado hasta sangre de miles de trabajadores. En Costa Rica, esas luchas llevaron a que socialistas, socialdemócratas, social cristianos (los de verdad), comunistas, cooperativistas, sindicalistas y diferentes grupos ciudadanos nos uniéramos a luchar por Costa Rica en acontecimientos como el famoso COMBO DEL ICE y luego contra el TLC, sin don Gabriel, todos esos éramos zurdos…y lo seguimos siendo, a mucha honra.

¿Y quiere saber dónde nos reunimos?… ¡En la calle!, el pasado 6 de agosto tomamos la Plaza de la Democracia, la avenida segunda y muchos otros sitios a lo largo y ancho del país; ese día luchadores contra el COMBO y el TLC nos reencontramos, nos volvimos a ver de frente, nos saludamos y abrazamos; ¿pero sabe que fue lo más hermoso?, no solo estábamos aquellos que dimos esas luchas hace 25 años, no, estaban miles de jóvenes que muchos creímos no se interesaban por la Patria y con su presencia nos dijeron: están equivocados, aquí estamos.

Si don Gabriel, doña Laura y Rodrigo Chaves, Costa Rica no está sola, el 70% de costarricenses que no votaron por ustedes ni hemos dejado que su odio hacia la Patria nos contamine, estamos en la lucha porque nosotros si amamos a Costa Rica. No somos de los que aceptamos pactos secretos de escudos militares, o agencias de espionaje, ni acompañamos a quienes encabezan movimientos antidemocráticos y fascistas en América Latina, que hacen peligrar nuestros valores. Por ejemplo, el presidente Trump dijo que la Doctrina Monroe marca la política exterior de Estados Unidos y que por eso el dominio de ese país en el hemisferio occidental no se discute. Pues aquí no vamos a permitir que viejos conceptos ya superados de imperialismo, vengan a arrebatarnos lo que es nuestro y la paz.

Si, hoy a los costarricenses que defendemos la Constitución, las leyes, las instituciones que nos dan el Estado Libre de Derecho, la soberanía nacional y la paz nos pueden llamar zurdos… ¡pero no vendidos!!

“Ya los tenemos identificados”: una frase que exige explicaciones

Escrito en . Publicado en Análisis.

“Una sociedad que sacrifica su libertad por seguridad no merece ninguna de las dos.”
Benjamín Franklin (atribuida)

Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)

Una afirmación del jerarca de Justicia y Paz plantea preguntas que no deberían quedar sin respuesta

Hay declaraciones de un funcionario público que pueden ser entendidas como una simple expresión política. Pero hay otras que, por las palabras utilizadas y por la investidura de quien las pronuncia, obligan a pedir explicaciones.

El pasado miércoles 12 de agosto, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, al referirse al denominado Plan Cero Ocio, manifestó públicamente:

“Qué sigue en el Plan Cero Ocio, señora Presidente, para todos aquellos abolicionistas que hablaron tanta paja, que esto era flor de un día. Estos zurdos, algunos de clóset, inclusive todavía; que ya los tenemos identificados y que se reunieron un día de estos…”

Más allá del lenguaje empleado —que por sí mismo resulta preocupante cuando proviene de un jerarca ministerial— hay una expresión que merece especial atención: “ya los tenemos identificados”.

La pregunta es inevitable: ¿quiénes son “ellos” y qué significa exactamente que el Ministerio de Justicia y Paz los tenga identificados?

No se trata de una cuestión menor ni de una disputa semántica. Si la frase fue utilizada simplemente como recurso retórico para referirse a personas que públicamente han cuestionado el Plan Cero Ocio, el ministro debería poder aclararlo sin dificultad. Pero si detrás de esas palabras existe efectivamente algún mecanismo institucional de identificación, seguimiento o recopilación de información sobre ciudadanos, la cuestión adquiere una dimensión completamente distinta.

Por esa razón, he dirigido al ministro Aguilar Vargas una solicitud para que precise el alcance de sus declaraciones. Las preguntas son concretas:

¿A quiénes se refirió cuando habló de “todos aquellos abolicionistas”? ¿Qué personas u organizaciones incluyó en esa categoría? ¿A qué declaraciones o actuaciones concretas se refería cuando afirmó que habían “hablado tanta paja” y que consideraban que el Plan Cero Ocio era “flor de un día”?

También le solicité que aclarara el significado de sus expresiones “estos zurdos” y “algunos de clóset”. ¿Estaba identificando a personas determinadas por sus posiciones políticas, ideológicas o de otra índole? Pero las preguntas centrales son otras.

Cuando el ministro afirma “ya los tenemos identificados”, ¿quiénes son exactamente las personas a las que se refiere? ¿Qué institución o dependencia las identificó? ¿Con qué propósito? ¿Existe un registro, informe, base de datos o expediente en el que figuren sus nombres? Y, sobre todo: ¿cómo fueron identificadas?

¿Se utilizaron sus declaraciones públicas, sus opiniones políticas, su participación en reuniones, sus actividades sociales o sus vínculos con determinadas organizaciones para elaborar esa identificación?

El ministro agregó que esas personas “se reunieron un día de estos”. Por ello también pregunté a qué reunión concreta hacía referencia, cuándo tuvo lugar, quiénes participaron y cómo tuvo conocimiento el Ministerio de Justicia y Paz de dicha reunión.

Esta última pregunta resulta particularmente importante. En una democracia, reunirse con otras personas, expresar opiniones políticas, criticar las políticas gubernamentales o participar en organizaciones de la sociedad civil son actividades que forman parte del ejercicio ordinario de las libertades públicas.

Por eso resulta indispensable saber si las palabras del ministro describían simplemente lo que cualquier ciudadano podría conocer a partir de información pública o si revelaban la existencia de algún mecanismo institucional de vigilancia o seguimiento.

El problema no son las opiniones del ministro

El ministro de Justicia y Paz tiene, como cualquier ciudadano, derecho a expresar sus opiniones. También puede defender el Plan Cero Ocio y cuestionar públicamente a quienes lo critican.

El problema surge cuando el lenguaje utilizado por un jerarca puede interpretarse como la revelación de que personas con determinadas posiciones políticas han sido “identificadas” por el aparato institucional que dirige. La diferencia es sustancial.

Una cosa es que un ministro diga: “conozco a quienes públicamente han criticado el programa”. Otra muy distinta es afirmar: “ya los tenemos identificados”. El uso del plural —“los tenemos”— plantea además una pregunta adicional: ¿quiénes son ese “nosotros” y qué hicieron para identificarlos?

No estoy atribuyendo al ministro una conducta que no haya demostrado. Precisamente por eso solicité explicaciones. La transparencia exige que, ante una afirmación de esa naturaleza, sea el propio jerarca quien aclare qué quiso decir.

Una pregunta que trasciende al Plan Cero Ocio

El asunto tampoco debería reducirse a una controversia alrededor de un programa penitenciario. Lo que está en juego es algo más elemental: los límites que debe observar el poder público frente a las opiniones, las ideas y las actividades lícitas de los ciudadanos.

En una sociedad democrática no debería existir una categoría de ciudadanos “identificados” por sus opiniones políticas. Tampoco debería utilizarse la condición ideológica real o atribuida de una persona —“zurdos”, “de clóset” o cualquier otra etiqueta— como criterio para establecer mecanismos de seguimiento estatal.

Si el ministro no quiso decir eso, lo razonable es que lo aclare. Y si efectivamente existe algún procedimiento institucional mediante el cual determinadas personas han sido identificadas, corresponde explicar quién lo ordenó, con qué fundamento jurídico, para qué finalidad y qué información fue recopilada.

No se trata de defender una determinada posición política ni de reivindicar a quienes apoyan o cuestionan el Plan Cero Ocio. Se trata de algo mucho más básico: el derecho de los ciudadanos a saber qué hace el Estado con la información relacionada con sus opiniones, reuniones y actividades públicas.

Por eso las preguntas formuladas al ministro no son un ejercicio de confrontación política. Son preguntas que cualquier ciudadano debería poder plantear a un funcionario público cuando sus propias palabras parecen sugerir la existencia de una identificación institucional de personas por sus posiciones políticas.

Ahora corresponde al ministro Aguilar Vargas responder. Y sería deseable que lo hiciera con nombres, hechos, fundamentos jurídicos y documentos, no con nuevas descalificaciones.

Porque cuando un ministro dice que determinadas personas “ya las tenemos identificadas”, la sociedad tiene derecho a preguntar: ¿Quiénes son? ¿Quién las identificó? ¿Cómo las identificó? ¿Para qué las identificó? Y, sobre todo, ¿por qué?

Los «zurdos de clóset»

Escrito en . Publicado en Análisis.

Glenm Gómez Álvarez, Pbro.

Hay declaraciones de funcionarios públicos que no deberían despacharse simplemente como desafortunadas. Algunas obligan a detenerse y formular una pregunta más profunda: ¿qué concepción de la democracia y de los límites constitucionales del poder revelan esas palabras?

Por eso resulta preocupante escuchar al ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, referirse a «los zurdos» y, todavía más, hablar de personas que se reúnen como «los identificados».

No es solamente una cuestión de lenguaje. Cuando una expresión proviene de una autoridad pública, deja de ser una frase cualquiera: adquiere un peso institucional. Y cuando se trata de un ministro de Justicia, ese peso obliga a preguntarse qué entiende el poder por derechos, ciudadanía y disidencia.

¿Quiénes son «los identificados»?

La pregunta es inevitable: ¿identificados por qué? ¿Identificados para qué? ¿Identificados por quién? No son preguntas menores.

En Costa Rica pueden reunirse los ciudadanos de izquierda y los de derecha; los liberales y los conservadores; quienes respaldan al Gobierno y quienes lo cuestionan; quienes militan en un partido y quienes no se identifican con ninguno. Pueden reunirse “todos”.

No porque el Gobierno sea generoso y lo permita. No porque un ministro lo conceda. No porque una autoridad considere legítima o conveniente la causa que los convoca. Pueden hacerlo porque es un derecho.

El artículo 26 de la Constitución Política reconoce el derecho de todos a reunirse pacíficamente y sin armas, incluso para discutir asuntos políticos y examinar la conducta pública de los funcionarios. Dice todos

Y el artículo 28 establece una garantía todavía más contundente: nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por actos que no infrinjan la ley. Esto debería ser elemental para cualquier funcionario público. Pero debería serlo especialmente para quien ocupa el Ministerio de Justicia y Paz. Porque aquí no estamos hablando solamente de una opinión política. Estamos hablando del lenguaje con el que el poder mira a los ciudadanos.

Una pregunta para el ministro:

Señor ministro, ¿qué significa exactamente «ya los tenemos identificados»? Si se refiere a personas vinculadas con hechos delictivos, dígalo. Si existen investigaciones concretas, corresponde explicar —dentro de los límites legales— cuál es su fundamento. Si se trata de personas que han cometido actos violentos, la autoridad tiene no solo la facultad, sino el deber de actuar conforme a la le

Pero si se está hablando simplemente de ciudadanos que se reúnen pacíficamente para expresar sus ideas políticas, la frase adquiere otra dimensión- vale decir que usted no se refería a personas en situación de cárcel en ese momento-

Porque entonces el problema ya no sería lo que esas personas hicieron, sino quiénes son, qué piensan o qué posición política se les atribuye. Y ahí es donde una democracia debe encender sus luces de advertencia.

Una democracia constitucional no persigue ideas. Persigue conductas cuando estas infringen la ley. No clasifica ciudadanos entre confiables y sospechosos por sus convicciones políticas. No convierte la discrepancia en una amenaza. Y no transforma el ejercicio de un derecho en un indicio de peligrosidad.

¿Error jurídico o concepción del poder?

Aquí está, quizá, la cuestión de fondo. ¿Qué puede llevar a un ministro de Justicia a realizar una interpretación equivocada de la Constitución? Puede ser desconocimiento jurídico. Puede ser ligereza. Una declaración improvisada. Presión política. Una lectura ideológica de la realidad. Pero existe una posibilidad más inquietante: que no estemos solamente ante una interpretación equivocada de la Constitución, sino ante una determinada concepción del poder.

Porque cuando el poder comienza a interpretar los derechos desde sus propias necesidades, y no a entender sus propias facultades desde los límites que le imponen los derechos, algo fundamental se ha invertido.

Hoy son «los zurdos». ¿Mañana quiénes serán? Esta es quizá la pregunta que más debería preocuparnos. Mañana podrían ser los periodistas incómodos, los estudiantes críticos, los sindicatos, los ambientalistas, los universitarios, quienes marchen contra una decisión del Gobierno o simplemente quienes cuestionen a la presidenta.

¿En qué momento la discrepancia empieza a convertirse en sospecha? Señor ministro, le recuerdo que usted también está sometido a la Constitución. Y esa es, precisamente, la grandeza del Estado de derecho: nadie está por encima de la ley, tampoco quien tiene la responsabilidad de hacerla cumplir.

Carta abierta de solidaridad y comunión eclesial

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Los abajo firmantes, miembros de la Iglesia católica y como personas comprometidas con la vida pastoral y el bien común de nuestro país, manifestamos nuestra cercanía fraterna, respeto y solidaridad con el padre Jeison Víquez Acuña, Vicario Parroquial de San Blas de Nicoya y con toda nuestra Iglesia. Nos identificamos con las palabras pronunciadas por el sacerdote durante los actos conmemorativos de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, el pasado 25 de julio. Por ellas, nuestro hermano sacerdote ha sido el objeto de una injustificada campaña mediática que no solo nos preocupa, sino que nos llama a la reflexión.

Padre Jeison Víquez Acuña en la fecha de su ordenación en 2024. En la imagen está junto a Monseñor Manuel Eugenio Salazar, Obispo de Tilarán.

Lo hacemos movidos por el espíritu de comunión que caracteriza a la Iglesia y por la convicción de que sus ministros están llamados a anunciar el Evangelio con fidelidad, iluminando la realidad desde la Palabra de Dios y el Magisterio de la Iglesia. Cuando un sacerdote recuerda los principios de la dignidad humana, la justicia, la paz, el bien común, la responsabilidad de quienes ejercen la autoridad y la reconciliación entre los pueblos, no expresa simplemente una opinión personal; es una voz que forma parte de la Doctrina Social de la Iglesia y de su permanente misión evangelizadora.

La Constitución Política de Costa Rica reconoce el lugar histórico de la Iglesia católica en la vida nacional, mientras que el orden democrático garantiza plenamente la libertad religiosa y la libertad de expresión. Ambas libertades permiten que la Iglesia continúe ofreciendo, con respeto y sin pretensión de imponer criterios, una reflexión moral, inspirada en el Evangelio, sobre aquellas realidades que afectan la vida de las personas y de la sociedad. Esta misión no responde a intereses partidarios ni a coyunturas políticas, sino al mandato recibido de Cristo de anunciar la verdad, promover la justicia y servir a la reconciliación.

La Constitución Pastoral Gaudium et Spes (n. 76) reconoce la legítima autonomía de la comunidad política, pero afirma la misión de la Iglesia de emitir un juicio moral cuando lo exijan los derechos fundamentales o la salvación de las personas.

La discrepancia es parte de la vida democrática; sin embargo, ella debe ejercerse siempre dentro del respeto mutuo, sin descalificaciones personales ni intentos de desacreditar la misión pastoral de quienes sirven al pueblo de Dios.

Recordamos también las palabras pronunciadas por monseñor Javier Román Arias en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, al inicio del actual período constitucional, cuando exhortó a quienes recibían la responsabilidad de gobernar a ejercer la autoridad como un servicio al pueblo, con humildad, respeto por la institucionalidad democrática, búsqueda del diálogo y compromiso con la justicia y el bien común. Aquella exhortación pastoral mantiene hoy plena vigencia y constituye una expresión del servicio que la Iglesia sigue ofreciendo a la sociedad costarricense.

En la misma línea, el Santo Padre León XIV ha insistido en diversas ocasiones en que la Iglesia está llamada a ser signo de unidad en un mundo marcado por las divisiones, promoviendo una cultura del encuentro, del diálogo respetuoso y de la fraternidad, rechazando toda forma de odio, exclusión o polarización que fracture a los pueblos y debilite la dignidad de las personas.

Invitamos a los creyentes, más allá de sus opciones políticas, a poner sus energías al servicio de los valores del Reino, que trasciende todo proyecto político y sitúa en el centro a los más pobres, como nos lo recuerda el Papa León XIV en la exhortación apostólica Dilexit te.

Por todo ello, aprovechamos esta ocasión para expresar nuestro reconocimiento a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas y agentes de pastoral que, con prudencia, caridad y fidelidad al Evangelio, continúan ejerciendo su misión profética al servicio de Costa Rica.

En las fechas de la celebración nacional en honor a Nuestra Señora de los Ángeles, Patrona de Costa Rica, renovamos nuestra oración por el llamado de los obispos en favor de la unidad entre los costarricenses y de la protección del orden institucional. En momentos en que el mundo y nuestra patria enfrentan profundas tensiones sociales, económicas y culturales, el camino no puede ser el de la polarización permanente, sino el del encuentro, la escucha y la búsqueda sincera del bien común.

Pedimos a Nuestra Señora de los Ángeles que interceda por nuestra patria, para que fortalezca nuestra convivencia pacífica, inspire a quienes ejercen responsabilidades públicas y nos conceda a todos la sabiduría necesaria para construir una nación reconciliada, donde el respeto, la verdad, la justicia y la paz prevalezcan sobre toda forma de división.

En Cristo y bajo el amparo de Nuestra Señora de los Ángeles,

  1. Javier Hernández Quirós, cmf. Prefecto de Apostolado, Misioneros Claretianos de Centroamérica.
  2. Daniel Monge Sandoval, Centro Bíblico Claretiano «Para que tengan vida».
  3. Gustavo Meneses Castro, Diócesis de Puntarenas, Secretario Ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana, Conferencia Episcopal de Costa Rica.
  4. José Manuel Díaz Cantero, Arquidiócesis de San José.
  5. Glenn Gómez Álvarez, Arquidiócesis de San José.
  6. Marco Antonio Oviedo Núñez, Diócesis de Alajuela.
  7. Rigoberto Segura Godoy, Catedral de Puntarenas.
  8. Ricardo Brenes Méndez, Diócesis de Puntarenas.
  9. Miguel Rojas Castillo, Diócesis de Puntarenas.
  10. Luis Carlos Aguilar Badilla, Diócesis de Puntarenas.
  11. Mario García Montoya, Diócesis de Puntarenas.
  12. Rafael Aragón Marina, CENDHU.
  13. Alexander Alfaro Chavarría, Parroquia de Esparza, Diócesis de Puntarenas.
  14. Erick Marín Carballo, Franciscanos Conventuales, Colegio Saint Francis, Moravia.
  15. Edgar Muñoz Fonseca, Arquidiócesis de San José.
  16. Arturo Morales Funcín, Arquidiócesis de San José.
  17. José Eduardo Bolívar Rojas, Diócesis de Tilarán-Liberia.
  18. Rodolfo Araya Rojas, Parroquia de Liberia, Diócesis de Tilarán-Liberia.
  19. Diác. Francisco Venegas Castro, Parroquia de Tilarán, Diócesis de Tilarán-Liberia.
  20. Diác. Mark Vincent Valenzuela Giera, Diócesis de Tilarán-Liberia.
  21. Elkin Eduardo López Alfaro, Diócesis de Tilarán-Liberia.
  22. Fray Oscar Alvarado Rojas, Terciario Capuchino.
  23. Diác. Allan Siles Ríos, Arquidiócesis de San José.
  24. Félix Ríos Gadea, Laico de la Diócesis de Tilarán y miembro de la Pastoral de Movilidad Humana.
  25. Abelardo Morales Gamboa, Catedrático Universitario, Miembro del Equipo de apoyo a la Pastoral de Movilidad Humana.
  26. Juan José Romero Zúñiga, Catedrático de la Universidad Nacional.
  27. Rafael Ángel Villalobos Segura, Solidaridad y Misión, Centroamérica.
  28. Magaly Zúñiga Céspedes, Psicóloga, Investigadora, Equipo de apoyo a la Pastoral de Movilidad Humana.
  29. Gabriel Putoy Cano, CENDHU.
  30. Hazel María Jiménez Eduarte, Parroquia de Guadalupe, Arquidiócesis de San José.
  31. Fidelina Mena Corrales, Abogada defensora de Derechos Humanos.
  32. Martha Zulay Castro Calderón, Parroquia del Roble, Diócesis de Puntarenas.
  33. Adriana Elizondo Vargas, Parroquia de Esparza, Diócesis de Puntarenas.
  34. Mayela Bolívar González, Parroquia de Parrita, Diócesis de Puntarenas.
  35. Ricardo Meneses Castro, Parroquia de Bagaces, Diócesis de Tilarán-Liberia.
  36. Nancy Sing Ávila, Parroquia Bethania, Arquidiócesis de San José.
  37. Saúl Vidal Valerín Chévez, Parroquia Parrita, Diócesis de Puntarenas.
  38. Erick Jiménez Madrigal, Parroquia de la Gloria de Puriscal, Arquidiócesis de San José.
  39. Róger Edward Meneses Castro, Parroquia de Turrialba, Diócesis de Cartago.
  40. Juan Carlos Sing Ávila, Parroquia de Cañas, Diócesis de Tilarán-Liberia.
  41. Marjorie Ávila Salas, Arquidiócesis de San José.
  42. Eugenia Ávila Chavarría, San Ramón de Alajuela.
  43. José Antonio Arley Arley, Arquidiócesis de San José.
  44. Marta Ávila Solera, Arquidiócesis de San José.
  45. Manrique Ávila Cerdas, Arquidiócesis de San José.
  46. Narciso Ávila Cerdas, Arquidiócesis de San José.
  47. Ileana Ávila Cerdas, Arquidiócesis de San José.
  48. Ingrid Alfaro Ávila, Arquidiócesis de San José.
  49. Randall Alfaro Ávila, Arquidiócesis de San José.
  50. Siulam Li Jiménez, Arquidiócesis de San José.
  51. Dyala Apuy Ocampo, Arquidiócesis de San José.
  52. Sandra Ávila Cerdas, Arquidiócesis de San José.
  53. Celeste Murillo Meneses, Parroquia Corazón de Jesús, Heredia.
  54. Karolina Ávila Valverde, Arquidiócesis de San José.
  55. Kattia Sing Ávila, Arquidiócesis de San José.
  56. Fernando Alfaro Ávila, Arquidiócesis de San José.
  57. Diego Pérez Vásquez, Parroquia Bethania, Arquidiócesis de San José.
  58. Andrés Pérez Sing, Parroquia Bethania, Arquidiócesis de San José.
  59. María Fernanda Alfaro Solís, San Carlos de Alajuela.
  60. María del Rocío Meneses Castro, Parroquia Corazón de Jesús, Heredia.
  61. Néstor Zúñiga Pereira, Parroquia San José en Parrita, Diócesis de Puntarenas.
  62. Juan Carlos Mora Sánchez, Parroquia San José en Parrita, Diócesis de Puntarenas.
  63. María Esther Céspedes Morales, Parroquia S. Juan de Tibás, Arquidiócesis de San José.
  64. Germán Pochet Ballester, Parroquia Santa Bárbara de Pavas, Arquidiócesis de San José.
  65. Luis Fernando Carvajal Ortiz, Parroquia de Esparza, Diócesis de Puntarenas.
  66. Juan Ignacio Torres Carvajal, Parroquia de Tambor, Diócesis de Alajuela.
  67. Ana Isabel Umaña Araya, Centro Claretiano de Ayuda al Migrante, San José.
  68. María Alejandra Villalobos De Ycaza, Juventud Claretiana, Heredia.
  69. Lucía Villalobos De Ycaza, Juventud Claretiana, Heredia.
  70. Esteban Villalobos De Ycaza, Juventud Claretiana, Heredia.
  71. Orlando Navarro Rojas, director del Hogar de la Esperanza, Paso Ancho.
  72. Beatriz De Ykaza Vélez, Arquitecta, Heredia.
  73. María Auxiliadora Chávez Loáisiga, San Juan de Dios de Desamparados, Centro Claretiano de Atención al Migrante.
  74. Dulce Umanzor Alvarado, Abogada, Activista por los derechos humanos, Puntarenas.
  75. Giselle Zamora Arroyo, Moravia, Centro Bíblico Claretiano «Para que tengan Vida».
  76. Carmen María Conejo Solera, San Francisco de Guadalupe, Centro Claretiano de Atención al Migrante.
  77. Rocío Hernández Salazar, Centro Claretiano de Atención al Migrante, San José.
  78. Giselle Fernández Salazar, Centro Claretiano de Atención al Migrante, San José.
  79. Lilliana Montoya Conejo, Centro Claretiano de Atención al Migrante, Aurora de Heredia.
  80. Randall Rivera Rodríguez, Centro Claretiano de Atención al Migrante, Aurora de Heredia.
  81. José Francisco Brenes Quirós, Centro Claretiano de Atención al Migrante, Calle Blancos.
  82. Margarita Murillo Montoya, Centro Bíblico, San Francisco de Goicochea.
  83. Mariano Sáenz Vega, Encuentro Ecuménico, San José.
  84. Andrea Esquivel Villalobos, Heredia.
  85. Angélica María Villalobos, Heredia.
  86. Vilma Álvarez Rodríguez, Trabajadora Social-Abogada, Puntarenas.
  87. Víctor Hugo Romero Coto, Agrónomo, Puntarenas.
  88. María T. Biamonte Colombari, Ama de Casa, Puntarenas.
  89. Mario Chaverri Sánchez, Médico, Puntarenas.
  90. Daniel Morales Marín, Tibás, San José.
  91. Patricia Reyes Arguedas, Moravia, San José.
  92. Olga Marta García Arguedas, Moravia, San José.
  93. Mayra Delgado Benavides, San José.
  94. Marvin Bolaños Delgado, San José.
  95. Ana Reyes Arguedas, Tibás, San José.
  96. Kathya Brenes Mata, Hatillo 3, San José.
  97. Roberto Reyes Arguedas, Moravia, San José.
  98. Flerida Martén García, Moravia, San José.
  99. Eugenia Vargas Carpio, Moravia, San José.
  100. Ana Leonor Ramírez Montes, psicóloga, investigadora independiente, San José.
  101. Laura Chinchilla Barrientos, Psicóloga, San José.
  102. Javier Tapia Balladares, Catedrático Universidad de Costa Rica.
  103. Sonia Johnson Rosales, Pensionada CCSS, Puntarenas.
  104. Ana Beatriz Ramírez Guerrero, Pensionada MEP, Alajuela.
  105. Manuel Alvarado Murillo, profesor universitario jubilado, Puntarenas.
  106. María Pérez Iglesias, Escritora, San José.
  107. Alicia Eugenia Vargas Porras, Catedrática UCR, San José.
  108. Arabella Salaverry Pardo, Escritora, San José.
  109. María de los Ángeles Miranda Méndez, Enfermera pensionada.
  110. Marco Vinicio Fournier Facio, Psicólogo, San José.
  111. Yolanda Bertozzi Barrantes, Abogada y teóloga.
  112. Daniel Cordero Ramírez, Estudiante, San José.
  113. Giselle Gamboa Cordero, Directora, JN Riojalandia, Puntarenas.
  114. Yamileth Torres Delgado, Psicóloga, San José.
  115. Álvaro Campos Guadamuz, Prof. jubilado Universidad de Costa Rica, San José.
  116. Adilia Solís Reyes, Docente pensionada, San José.
  117. Florencia Jiménez Antillón, Jubilada, San José.
  118. Marta Eugenia González Madriz, Psicóloga, San José.
  119. Cecilia Cortés Quirós, Escazú, San José.
  120. Eduardo Solano Coghi, Paraíso de Cartago.
  121. Victoria Brenes Moya, Paraíso de Cartago.
  122. Miriam López Badilla, MSc. San José.
  123. Ana Lupita Chaves Salas.
  124. Yadira Matarrita Brenes.
  125. Luis Alberto Ramírez Montes, jubilado.
  126. Ana Lucía Gutiérrez Espeleta, Jubilada, UCR.
  127. Yamilette Fontana Coto, Socióloga, Jubilada del MEP.
  128. Marlidian Rivas Bascon, Socióloga, Jubilada de la CCSS.
  129. Mónica Vargas Córdoba, Orientadora.
  130. Abigail Hernández Chavarría, Odontóloga.
  131. Yorlenny Fontana Coto, Profesora UNED y consultora.
  132. Isabel Avendaño-Flores, Profesora Universitaria, Facultad de Ciencias Sociales, UCR.
  133. Esperanza Tasies Castro, Profesora Universitaria.
  134. Amalia Fontana Coto, Curadora, museografía, Pensionada de la UCR.
  135. Erika Sevilla Zepeda, ingeniera informática, Profesora UNED.
  136. Marta Sánchez Mora, Educadora pensionada.
  137. Nieves Monge Fonseca, Gerontóloga y Profesional de Enfermería.
  138. Laura Varga, Socióloga.
  139. Natalia Dobles Trejos, Pensionada.
  140. Karla Monge Sánchez, Máster en Lingüística, profesora en UCR.
  141. Yolanda Rojas Rodríguez, Catedrática jubilada.
  142. Aurora Sánchez Monge, jubilada Escuela de Salud Pública, UCR.
  143. Vera Victoria Sancho Mora, Lic. Enseñanza de la Matemática, Jubilada.
  144. Lorena Flores Solano, Jubilada.
  145. Adriana Sancho Camacho, Licenciada en Orientación.
  146. Marcos B. Arguedas Castro, Profesor Jubilado.
  147. Rose Mary Araya Sancho, Profesora Jubilada.
  148. Asdrúbal Duarte Esquivel, Matemático Jubilado.
  149. Millaray Villalobos Rojas, antropóloga.
  150. Gustavo Gatica López, Investigador, Universidad Estatal a Distancia.
  151. Roberto Mata Montero, Profesor jubilado.
  152. Guiselle Solera Mora, Pensionada, Psicóloga.
  153. Rosemary Gómez Ulate, Trabajadora Social, Pensionada.
  154. Alexander Castillo Monge, administrador, psicólogo y educador.
  155. Ligia Martín Salazar, Antropóloga, Catedrática Jubilada.
  156. Helvetia Cárdenas Leitón.
  157. Eugenia Solís Umaña, Arquitecta.
  158. Virginia Ramírez Cascante, Docente.
  159. Antonieta Camacho, Catedrática Jubilada, Estudios del Desarrollo, Socióloga Rural.
  160. Javier Morales Gamboa, Cervantes de Alvarado, Cartago.
  161. Giovanni Morales Gamboa, Paraíso de Cartago.
  162. María Picado Ovares, Psicóloga.
  163. Sharon Montoya Azofeifa, Psicóloga y Docente.
  164. Krissian Barrios, Socióloga.
  165. Yamilé Salas Sanz, Pensionada.
  166. Isabel Ovares Ramírez, pensionada.
  167. Margarita Jiménez Ramírez, Pensionada.
  168. Flora Ovares Ramírez, Pensionada.
  169. Héctor Ferlini-Salazar, comunicador, docente UCR.
  170. Mayela Ríos Barboza, Profesora jubilada.
  171. Rosendo Pizarro Moraga, Profesor jubilado.
  172. Lorena Mora Rodríguez, profesora jubilada.
  173. Álvaro Artavia Alpízar, profesor jubilado.
  174. Sandra Sánchez Agüero, profesora jubilada.
  175. María Alicia Niklitschek, Profesora pensionada.
  176. Teresita Vargas, Profesora Jubilada.
  177. Damaris Rodríguez Lara, Ing. Agrónoma, Docente, Guanacaste.
  178. Ana María Botey Sobrado, Docente Jubilada.
  179. Sara Salazar Badilla, Ingeniera jubilada.
  180. Junny Rodríguez, Profesora jubilada.
  181. Josefa Guzmán León, profesora jubilada.
  182. Guillermo Sojo Picado, Abogado, Curridabat.
  183. Marielos Castro Umaña, Profesora pensionada.
  184. María Laura Sánchez Rojas, Socióloga y dirigente social, Goicoechea, San José.
  185. Ana Rodríguez Badilla, San José.
  186. Sandra Cartín Herrera, San José.
  187. Patricia Mora Castellanos, Socióloga, San José.
  188. Ivonne Jiménez Villalobos, Periodista, La Unión.
  189. Luis Enrique Ortega Gutiérrez, Comunicador, Director de Paraíso Con Voz, Paraíso de Cartago.
  190. Fernando Solano Coghi, Paraíso de Cartago.
  191. Elisa Vega Monge, Paraíso de Cartago.
  192. Daniela Solano Vega, Paraíso de Cartago.
  193. Diego Solano Vega, Paraíso de Cartago.
  194. Eduardo Calderón Araya, Paraíso de Cartago.
  195. Fernando Solano Vega, Paraíso de Cartago.
  196. Ana Orozco Sánchez, Periodista, Montes de Oca.
  197. Carlos Bonilla Avendaño, Presidente Iglesia Luterana Costarricense.
  198. Erick Umaña Castro, Secretario Junta Directiva Iglesia Luterana Costarricense.
  199. Ana Lorena Castillo Mata, Jubilada, Paraíso de Cartago.
  200. Adriana Jarquín Coto, Abogada, Paraíso de Cartago.
  201. Ariadna Quesada Zúñiga, Concepción de La Unión.
  202. Heiner Quesada Porras, Concepción de La Unión.
  203. Gladys Quesada Porras, Granadilla de Curridabat.
  204. Shirley Quesada Porras, Granadilla de Curridabat.
  205. Luis García Menéndez, Granadilla de Curridabat.
  206. Milagro Zúñiga Céspedes, Concepción de la Unión.
  207. Dinnia Araya Martínez, Birrisito de Paraíso de Cartago.
  208. Rosaura Solano Araya, Paraíso de Cartago.
  209. Marlene Víquez Salazar, Profesora jubilada y perteneciente a la Parroquia de Barva de Heredia.
  210. Vicente Gómez Meneses, Orden Franciscana Seglar, Cartago.
  211. Lidieth Murillo Madriz, Orden Franciscana Seglar, Cartago.
  212. Gloria María Bonilla Solano, Profesora jubilada y Servidora Parroquia Mercedes Sur de Heredia.
  213. Julieta Rodríguez Arias, Profesora jubilada, Curridabat.
  214. Aída Ríos Quintero, profesora jubilada.
  215. Xenia Madrigal García, Profesora jubilada.
  216. Marino Marozzi Rojas, Economista.
  217. Alejandra Espinoza Arias. Músico y Poeta.
  218. Pierina Garino Herrera, San José, San Isidro, Heredia.
  219. Miguel Ángel Zúñiga Brizuela, Ministro Auxiliar de la Eucaristía, Parroquia de Concepción de La Unión.
  220. Rita Céspedes Castillo, Parroquia de Concepción de La Unión.
  221. Gregorio Brenes Moya, Cartago.
  222. Kathia Quesada Bonilla, Cartago.
  223. Mayranrita Ramírez Brenes, Cartago.
  224. María Elizabeth Zúñiga Garro, Centro Bíblico Claretiano. San Francisco, Goicoechea.
  225. María Dolores Ocón Núñez, Centro Claretiano de Atención al Migrante, San Francisco de Goicoechea.
  226. Nicole Cisneros Vargas, filóloga, Heredia.
  227. Roberto Orozco Sánchez, Alajuela.
  228. Raúl Francisco Silesky Jiménez, Cartago.
  229. Patricia Blanco Picado, Montes de Oca.
  230. Denia Zumbado Retana, Montes de Oca.
  231. Vínyela Devandas Brenes, docente jubilada.
  232. Mabel Figueroa Ramos, Trabajadora social, jubilada.
  233. Ana Victoria Chacón Abarca, educadora pensionada.
  234. Isabel Álvarez Rodríguez, economista, pensionada.
  235. Yenory Murillo Coto, docente jubilada.
  236. Marcela Eduarte Rodríguez, Bióloga, docente UCR.
  237. Ana Tristán Sánchez, psicóloga y pedagoga, pensionada.
  238. Grace Camacho Barquero, Orientadora jubilada.

UCR respalda labor docente y señala que medidas del MEP ponen en riesgo formación ciudadana de niños, niñas y adolescentes

Escrito en . Publicado en Educación.

María del Mar Izaguirre Cedeño, periodista UCR

¿Cuáles son los efectos de que una persona docente tenga miedo a expresarse o a discutir ciertos temas en el aula? La respuesta a esta interrogante podría no solo afectar al profesorado, sino que pone en riesgo el derecho de miles de niños, niñas y adolescentes a aprender en espacios donde el pensamiento crítico, el diálogo y la diversidad de ideas son parte necesaria de la formación ciudadana.

Con esa preocupación, como punto de partida, la Universidad de Costa Rica (UCR) hizo público un pronunciamiento en el que ofrece su apoyo al personal docente del Ministerio de Educación Pública (MEP) para que ejerza su labor amparada por las garantías de la Constitución Política de la República de Costa Rica y los tratados internacionales de derechos humanos.

En el documento, esta Casa de estudios superiores rechaza categóricamente las prohibiciones establecidas por el MEP en la circular DM-CIR-0047-2026, al considerar que la misma vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión, el pluralismo ideológico y el debido proceso del personal docente dentro del territorio nacional.

Más allá del impacto sobre la libertad de expresarse de quienes imparten lecciones, la Universidad advirtió que las restricciones podrían provocar que las aulas pierdan su lugar histórico en la construcción de la democracia y en la formación de una ciudadanía crítica y diversa.

Para la UCR, las disposiciones emitidas por el MEP presentan importantes vacíos jurídicos y técnicos, ya que se sustentan en conceptos ambiguos e indeterminados. Esa falta de precisión podría abrir la puerta a la arbitrariedad administrativa y genera un ambiente de inseguridad.

En el pronunciamiento, la UCR también advierte que este escenario podría operar como un mecanismo indirecto de censura previa. El miedo a eventuales sanciones podría evitar dentro de las aulas se discutan temas de interés público, como el análisis de la inversión social o del presupuesto destinado a la educación, por temor a que sus explicaciones sean interpretadas como una manifestación de sesgo político-electoral.

La Universidad reconoce que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a la niñez y la adolescencia, así como determinados ámbitos del sistema educativo; sin embargo, enfatiza en que cualquier directriz debe respetar el marco jurídico nacional e internacional, así como los fines establecidos en la Ley Fundamental de Educación, que promueve una enseñanza orientada al desarrollo del pensamiento crítico, la convivencia democrática y el respeto a los derechos humanos.

Fuente de la nota: https://www.cu.ucr.ac.cr/inicio/noticias/noticia/Articulo/ucr-respalda-labor-docente-y-senala-que-medidas-del-mep-ponen-en-riesgo-formacion-ciudadana-de-ninos-ninas-y-adolescentes.html

Enlace al pronunciamiento completo.

Imagen: Según el análisis de la Institución, inhibir el debate científico y humanista en las aulas por temor a eventuales sanciones termina por empobrecer el proceso educativo y debilitar el Estado social de derecho. La foto tiene fines ilustrativos y es del Semanario Universidad.

UCR lanza Mediápolis, una plataforma de acceso abierto sobre los medios de difusión en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Universidad de Costa Rica (UCR) presentó Mediápolis, una nueva plataforma de acceso abierto que reúne datos, documentos históricos e investigaciones para facilitar el conocimiento y análisis del ecosistema mediático costarricense.

El sitio ofrece información para responder preguntas como:

  • ¿Quiénes son los principales grupos mediáticos?

  • ¿Cómo se distribuye la pauta estatal?

  • ¿Qué documentos e investigaciones pueden consultarse?

Según la presentación de la iniciativa, Mediápolis pone a disposición de la ciudadanía un conjunto de datos, documentos históricos y análisis sobre los medios de comunicación en Costa Rica, con el propósito de fortalecer el acceso a información especializada sobre el funcionamiento del sistema mediático nacional.

La plataforma fue desarrollada de manera conjunta por el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) y el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM), instancias de la Universidad de Costa Rica.

Además de ofrecer información sobre la regulación, la propiedad, el consumo y la historia de los medios de comunicación, el sitio busca facilitar una mejor comprensión del ecosistema mediático costarricense mediante recursos de consulta abiertos al público.

La presentación de la plataforma destaca que se trata de «una nueva forma de entender los medios» y hace una invitación a explorar el contenido disponible en línea.

Las personas interesadas pueden acceder a la plataforma en:

mediapolis.ucr.ac.cr

UCR presentará el IV Informe sobre Libertad de Expresión y Periodismo en Centroamérica

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica (UCR), en conjunto con la Cátedra Centroamérica y la Fundación Heinrich Böll Stiftung Centroamérica, invita a la presentación del IV Informe sobre Libertad de Expresión y Periodismo en Centroamérica, una investigación que analiza las condiciones actuales para el ejercicio periodístico y la libertad de expresión en la región.

La actividad se realizará el martes 21 de julio de 2026, a las 10:00 a. m., en la Sala de Audiovisuales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.

Esta cuarta edición del informe examina el estado de la libertad de expresión, la libertad de prensa y las condiciones del ejercicio periodístico en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, mediante un enfoque comparado que permite identificar tendencias regionales, patrones de presión contra el periodismo y transformaciones recientes en el ecosistema mediático centroamericano.

De acuerdo con las entidades organizadoras, la investigación combina un análisis del contexto regional sobre libertad de expresión y periodismo con los resultados de una encuesta aplicada a periodistas de esta región y entrevistas realizadas a representantes de medios de comunicación. El propósito es aportar evidencia sobre los principales desafíos que enfrenta actualmente el ejercicio periodístico en Centroamérica.

La presentación constituye un espacio para compartir los principales hallazgos del estudio y promover la reflexión sobre la situación de la libertad de expresión y el derecho a la información en la región, en un contexto marcado por cambios políticos, sociales y tecnológicos que inciden en el trabajo de la prensa.

La actividad es gratuita y también será transmitida en vivo a través de las redes sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.

Las personas que deseen asistir de manera presencial deben completar previamente el formulario de inscripción disponible en:

https://ucr.cr/r/w7oL8

La organización invita a estudiantes, periodistas, personas investigadoras, representantes de medios de comunicación y público interesado a participar en esta presentación y conocer los resultados del informe regional.

El lobo en la escuela: neutralidad o censura

Escrito en . Publicado en Educación.

Frank Ulloa Royo

«La libertad significa decir lo que otros no quieren oír» (Orwell, 1949). «La educación crítica no florece en silencio» (Nussbaum, 2010).

Los convenios internacionales ratificados por Costa Rica —la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (OEA, 1969)— reconocen que la libertad de pensamiento y expresión es inalienable.

La censura previa está prohibida, y cualquier restricción debe ser clara, proporcional y necesaria. Sin embargo, una circular ministerial abre espacio a la arbitrariedad, contradiciendo estos compromisos. La ley, que debería ser un instrumento de libertad, se convierte en mordaza cuando criminaliza la protesta, censura opiniones o limita la participación política en la educación. Como advierte Chomsky (2017), el control ideológico en las democracias modernas suele disfrazarse de neutralidad, y Butler (2009) recuerda que la censura política precariza la vida y la resistencia. La libertad de conciencia y de expresión es como un rebaño que necesita pastar en campo abierto, bajo el sol de la pluralidad. Sin embargo, cuando el Estado decide vigilar ese campo con lobos disfrazados de guardianes, la neutralidad se convierte en amenaza.

La circular DM‑CIR‑0047‑2026 del Ministerio de Educación Pública, emitida sin consulta y en vísperas de un proceso electoral, pretende garantizar la “neutralidad político‑electoral” en los centros educativos. Sin embargo, al no definir qué es “beligerancia política” y delegar esa interpretación en supervisores —puestos de confianza del propio ministro—, instala al lobo como cuidador de las ovejas. La paradoja es brutal: quienes deberían proteger la libertad de conciencia se convierten en sus vigilantes más peligrosos, transformando la escuela en un corral donde la palabra crítica puede ser castigada como delito. Lo anterior resulta aún más grave en un país donde toda oposición es reducida al estigma de “comunismo”, según lo ha expresado la propia presidenta de la República, reeditando un macartismo tropical que convierte la disidencia en sospecha y la conciencia en amenaza. En este escenario, la neutralidad no es un campo abierto de pluralidad, sino un bosque vigilado por lobos que deciden qué voces sed escuchan y cuáles deben ser silenciadas.

La educación sin debate político es un rebaño sin voz. Nussbaum (2010) insiste en que la libertad de conciencia es el núcleo de la dignidad humana y que la educación crítica no puede florecer en silencio. Sen (1999) vincula la libertad de expresión con el desarrollo humano, mientras Harari (2018) alerta sobre la vigilancia tecnológica que amenaza el pensamiento libre. Han (2012) describe la sociedad del rendimiento como un espacio donde la presión social limita la expresión auténtica. En este contexto, la circular DM‑CIR‑0047‑2026 no es un simple documento administrativo: es un símbolo de cómo el poder puede disfrazarse de neutralidad para domesticar la conciencia.

La metáfora del lobo cuidando las ovejas resume el peligro. El lobo, con su mirada de vigilancia, no protege: acecha. La neutralidad impuesta en las aulas no es garantía de democracia, sino un mecanismo de silenciamiento. Orwell (1949) lo expresó con crudeza: “la libertad significa decir lo que otros no quieren oír”. Si los estudiantes y docentes son obligados a callar, la democracia se convierte en presa fácil. La defensa sindical comienza en la palabra libre, y la educación crítica es el primer muro contra la arbitrariedad.

Referencias

  1. Butler, J. (2009). Frames of War: When Is Life Grievable? Verso.

  2. Chomsky, N. (2017). Requiem for the American Dream. Seven Stories Press.

  3. Han, B.‑C. (2012). La sociedad del cansancio. Herder.

  4. Harari, Y. N. (2018). 21 lecciones para el siglo XXI. Debate.

  5. Nussbaum, M. (2010). Liberty of Conscience: In Defense of America’s Tradition of Religious Equality. Basic Books.

  6. Organización de las Naciones Unidas (ONU). (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos.

  7. Organización de las Naciones Unidas (ONU). (1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

  8. Organización de Estados Americanos (OEA). (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos.

  9. Orwell, G. (1949). 1984. Secker & Warburg.

  10. Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.