La Conferencia Episcopal de Costa Rica expresó su «profundo pesar» por el asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri, un hecho que, según indicó, condena «enérgicamente» y que «nos interpela como sociedad sobre el respeto a la vida humana, la libertad de expresión y la seguridad de todos los habitantes de nuestro país».
La declaración, titulada «Ante el asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri», fue presentada en un video por monseñor Javier Román, presidente de la Conferencia Episcopal, y monseñor Daniel Francisco Blanco, secretario general.
El episcopado afirmó que la muerte violenta de una persona nunca puede dejar indiferente a la sociedad, pues la vida es un don de Dios y posee una dignidad inviolable. Señaló que este acontecimiento recuerda «la urgente necesidad de edificar la cultura de la vida en Costa Rica, fundada en el reconocimiento de la dignidad de toda persona humana y el respeto a sus derechos fundamentales».
«La violencia nunca puede ser el camino para resolver nuestras diferencias; el camino debe ser siempre la construcción de la paz, el diálogo, la fraternidad y el respeto mutuo», expresaron los obispos.
Sobre la libertad de expresión y de prensa, la Conferencia Episcopal las calificó como «un pilar fundamental de nuestra democracia» y sostuvo que su defensa exige reconocer que todas las personas tienen derecho a manifestar sus ideas «con libertad, responsabilidad y sin temor a sufrir violencia».
«Como pastores invitamos a los costarricenses a conservar la esperanza y a trabajar activamente por la paz, asumida como un compromiso cotidiano de todos», añadieron.
La declaración manifiesta confianza en la investigación de las autoridades judiciales «para llegar al fondo de este hecho». Concluye con una oración para que el Señor conceda el descanso eterno a Camilo Rodríguez, consuele a sus seres queridos y ayude a trabajar «por una Costa Rica donde la vida sea siempre respetada y protegida».
A continuación, el video con la declaración completa de la Conferencia Episcopal de Costa Rica.
El Sindicato Nacional de Periodistas y Comunicadores de Costa Rica (SINAPEC) condena enérgicamente el asesinato del periodista y escritor Camilo Rodríguez Chaverri y exige el pleno esclarecimiento de este crimen.
Camilo había denunciado amenazas contra su vida y realizado señalamientos públicos sobre presuntas actividades delictivas, narcotráfico y crimen organizado. La Fiscalía General de la República ha confirmado que esas denuncias forman parte de las líneas de investigación y que se procurará determinar tanto a los autores materiales como a los eventuales autores intelectuales del homicidio.
SINAPEC exige al Ministerio Público y al Organismo de Investigación Judicial una investigación exhaustiva, rigurosa y sin concesiones. No basta con determinar quién ejecutó el ataque. El país tiene derecho a conocer cuál fue el móvil, quiénes participaron y si existió planificación, financiamiento, algún tipo de encargo o participación de terceros. También debe esclarecerse si las amenazas denunciadas y la actividad periodística y comunicativa de Camilo guardan relación con su asesinato.
La investigación debe llegar hasta donde conduzcan las pruebas, sin importar a quiénes alcance.
Este crimen golpea directamente una de las bases de nuestra democracia: la libertad de expresión. No es un derecho exclusivo de periodistas y comunicadores; pertenece a toda la sociedad. Cuando la amenaza o la violencia silencian una denuncia, provocan autocensura o impiden que información de interés público llegue a la ciudadanía, pierde todo el país.
Costa Rica enfrenta desde hace varios años una grave situación de violencia homicida y una preocupante presencia de estructuras vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado. No podemos permitir que estos grupos ganen espacios mediante la intimidación y la violencia, ni que lleguen a condicionar lo que en nuestro país se puede investigar, denunciar o publicar.
La experiencia de otros países de nuestra región demuestra el enorme costo que tiene permitir que estas dinámicas se arraiguen. Costa Rica debe actuar ahora, antes de que las amenazas y los ataques contra quienes informan se conviertan en una realidad normalizada.
El Estado tiene la responsabilidad de enfrentar con firmeza al crimen organizado y, al mismo tiempo, garantizar condiciones reales de seguridad para quienes ejercen el periodismo. Por ello, SINAPEC exige fortalecer los mecanismos de prevención, evaluación de riesgo y protección para periodistas y comunicadores amenazados, con respuestas oportunas, recursos suficientes y medidas adecuadas a las particularidades del ejercicio periodístico.
El asesinato de Camilo Rodríguez debe marcar un límite. Costa Rica no puede permitir que el miedo imponga silencio.
Exigimos verdad. Exigimos justicia. Exigimos resultados. Y exigimos garantías efectivas para que nadie tenga que poner en riesgo su vida por informar, investigar, denunciar o ejercer su libertad de expresión.
Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a la familia, personas cercanas y colegas de Camilo Rodríguez Chaverri.
Junta Directiva Sindicato Nacional de Periodistas y Comunicadores de Costa Rica – SINAPEC
Pronunciamiento de la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) ante el asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri
San José, 16 de noviembre de 2026
RENASES condena el asesinato del periodista y escritor Camilo Rodríguez Chaverri, ocurrido esta tarde en Santo Domingo de Heredia. Expresamos nuestra solidaridad con su familia, con sus colegas y con quienes hoy sienten miedo de seguir hablando.
No conocemos el móvil del crimen. Establecerlo corresponde al Organismo de Investigación Judicial y al Ministerio Público, y no nos adelantamos a sus conclusiones. Pero hay hechos que ya son públicos: Camilo Rodríguez denunciaba desde sus redes al crimen organizado y a figuras de poder. Había dicho que recibía amenazas de muerte, y fue acribillado a plena luz del día en una ruta nacional.
Se puede coincidir o discrepar con lo que él decía y con la forma en que lo decía. En una democracia, lo que alguien afirma se discute con argumentos y, si hace falta, en los tribunales.
Nunca con balas.
Un crimen que manda un mensaje
Sea cual sea el móvil que determine la investigación, el efecto ya está aquí. Cuando una persona que denuncia es asesinada, el mensaje llega a todas las demás: al periodista que investiga, a la dirigente comunal que señala a quien opera en su barrio, al sindicalista, a la defensora del ambiente, al líder indígena que defiende su territorio, a la persona opositora que critica al poder. El mensaje es que hablar cuesta la vida.
Ese miedo no empezó hoy. Costa Rica pasó del puesto 8 en 2022 al puesto 38 en 2026 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, que advierte de un clima político que favorece la autocensura. Hace apenas cinco días, la Universidad de Costa Rica reportó que el 58,1 % de la población considera peligroso ejercer el periodismo. Hasta ahora, Reporteros Sin Fronteras reconocía que en el país no había violencia física sistemática contra periodistas. Hoy esa línea se cruzó.
La libertad de expresión no es solo de la prensa
La libertad de prensa y de expresión no es un privilegio de un gremio. Es la condición para que los sectores sociales podamos organizarnos, denunciar y disentir. Las organizaciones que formamos RENASES ejercemos todos los días la crítica al poder político y económico. Sabemos que una sociedad donde se mata a quien incomoda es una sociedad donde la oposición, la protesta y la denuncia se vuelven actividades de riesgo.
Por eso nos preocupa también el clima en que ocurre este crimen. La estigmatización de la prensa, de las personas opositoras y de las voces críticas, venga de donde venga, no aprieta el gatillo. Pero convierte a las personas en blancos y le dice a la sociedad que su silencio es tolerable. Quien ejerce el poder tiene una responsabilidad mayor: proteger también a quienes le critican.
La impunidad sería el segundo crimen. Si este asesinato queda sin responsables materiales e intelectuales, el silencio se impondrá sin necesidad de un disparo más.
Lo que exigimos
Al Organismo de Investigación Judicial y al Ministerio Público: una investigación pronta, exhaustiva e independiente, que identifique a los autores materiales e intelectuales y que informe al país de sus avances.
Al Poder Ejecutivo: una condena inequívoca del crimen, garantías para el trabajo de la prensa y el fin de todo discurso que estigmatice a periodistas, personas opositoras y voces críticas.
A la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial: revisar por qué los mecanismos de protección existentes no alcanzan a quienes denuncian, y crear un mecanismo específico para periodistas, personas defensoras de derechos humanos y dirigencias sociales amenazadas.
A todos los partidos y actores políticos: no usar este crimen para sacar ventaja ni para atacar al adversario. Bajar el tono es hoy una medida de protección.
A los medios, a las organizaciones sociales y a la ciudadanía: no normalizar el miedo. Seguir informando, denunciando y participando es la respuesta.
RENASES seguirá defendiendo el diálogo, la democracia, la paz social y la justicia. Ninguna de las cuatro es posible en un país donde hablar cuesta la vida.
Dr. Randall Jiménez Retana Director Escuela de Estudios Generales
Ante los acontecimientos del 12 de noviembre de 2026, relacionados con informaciones sobre una posible ocupación de edificios universitarios y las medidas preventivas adoptadas, la Dirección de la Escuela de Estudios Generales considera necesario expresar su posición:
Reconocemos y respetamos el derecho del estudiantado a organizarse, manifestarse y defender la educación superior pública. La participación estudiantil forma parte de la historia de nuestra Universidad y constituye una expresión de su vocación crítica y democrática.
Sin embargo, el ejercicio de ese derecho debe ser compatible con los derechos de las demás personas. El acceso a la educación, la integridad física y emocional de la comunidad universitaria, la libertad de tránsito y el desarrollo de las actividades académicas en condiciones de seguridad merecen igual protección. Ninguna causa, por legítima que sea, justifica la intimidación, el hostigamiento o la violencia.
Nos preocupan especialmente las denuncias por expresiones ofensivas y conductas intimidatorias contra la Dra. Marlen Calvo Oviedo, subdirectora de esta Escuela. Rechazamos toda forma de violencia contra las mujeres, particularmente aquellas conductas que puedan constituir violencia política por razones de género. El ejercicio de una responsabilidad académica no puede convertirse en motivo de hostigamiento. La crítica a las autoridades es legítima; la humillación y el maltrato no lo son.
Las autoridades universitarias tenemos el deber de proteger a las personas, resguardar las instalaciones y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho a la educación. Estas responsabilidades no nos convierten en adversarios del movimiento estudiantil ni deslegitiman sus reivindicaciones.
Sobre este particular, resulta especialmente relevante la resolución n.º 2025-021036, del 8 de julio de 2025, mediante la cual la Sala Constitucional declaró sin lugar un recurso de hábeas corpus relacionado con una manifestación ocurrida en el edificio de Estudios Generales. En esa sentencia, el Tribunal estableció que la libertad de expresión debe armonizarse con los derechos de terceros y reconoció la legitimidad de aplicar protocolos razonables y justificados para proteger la seguridad de las personas y regular el uso de los espacios universitarios.
La Sala recordó, además, que las autoridades pueden incurrir en responsabilidad si omiten intervenir oportunamente ante situaciones que comprometan la integridad de las personas o los derechos de terceros. La protección de estos derechos, por tanto, no constituye una medida contraria a la libertad de expresión, siempre que las actuaciones institucionales estén debidamente justificadas y sean proporcionales a las circunstancias.
Como Escuela de Estudios Generales, tenemos una responsabilidad especial con la formación humanista. El respeto a la dignidad humana, el pensamiento crítico, el diálogo y la convivencia democrática no pueden ser únicamente contenidos de nuestros cursos, deben expresarse también en nuestra manera de actuar y de resolver las diferencias.
No sería coherente enseñar el respeto a los derechos humanos en las aulas y tolerar su vulneración en nuestros propios espacios universitarios.
Hacemos un llamado al estudiantado, al personal docente y administrativo y a las autoridades universitarias a mantener abiertos los espacios de diálogo, evitar las provocaciones y rechazar toda forma de violencia. Las diferencias deben discutirse con firmeza, pero sin convertir a quienes piensan distinto en adversarios. Reafirmamos nuestro compromiso con una universidad pública, crítica y democrática, en la que todas las personas puedan estudiar, trabajar, manifestarse y ejercer sus responsabilidades en condiciones de respeto y seguridad.
La iniciativa busca prevenir el uso de medidas judiciales que pueden convertirse en mecanismos de presión económica e intimidación contra personas activistas, periodistas y comunidades que participan en el debate público ambiental.
La Universidad de Costa Rica (UCR) recomienda aprobar el proyecto de ley n.º 25.125, que propone reformar el artículo 86.1 del Código Procesal Civil para impedir que se decreten embargos preventivos cuando los reclamos judiciales se originen en el ejercicio de la libertad de expresión y la participación en la toma de decisiones que afectan al ambiente.
La recomendación forma parte de la propuesta de acuerdo CU-100-2026 aprobada en la sesión N° 7037 por el Consejo Universitario
El acuerdo se basa en los criterios de distintas instancias universitarias que advierten sobre los riesgos de utilizar procesos judiciales y medidas cautelares para ejercer presión económica contra quienes denuncian daños ambientales o cuestionan proyectos empresariales y actuaciones estatales.
El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) señala que la iniciativa responde a una preocupación internacional por las llamadas demandas estratégicas contra la participación pública, conocidas como SLAPP por sus siglas en inglés. Estos litigios pueden utilizarse para intimidar, silenciar o desgastar a periodistas, personas activistas y defensoras de derechos humanos, mediante procesos prolongados, costos económicos elevados o medidas que afectan sus bienes.
Por su parte, el Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria advierte que los embargos preventivos pueden tener consecuencias importantes antes de que exista una sentencia firme. La congelación de cuentas, salarios o bienes inmuebles puede comprometer la estabilidad económica de las personas demandadas y generar un efecto disuasorio sobre otras personas y comunidades que participan en la defensa del ambiente.
Estos antecedentes evidencian la importancia de discutir las garantías legales necesarias para que las personas y comunidades puedan denunciar afectaciones ambientales y participar en decisiones de interés público sin enfrentar mecanismos de presión desproporcionados.
La problemática adquiere especial relevancia en territorios rurales e indígenas, donde las personas defensoras pueden enfrentar mayores dificultades económicas y de acceso a asesoría jurídica especializada. Los procesos judiciales también generan desgaste emocional y pueden debilitar los procesos de organización comunitaria (Ver más).
Aunque la propuesta universitaria recomienda aprobar el proyecto de ley, también plantea la necesidad de introducir ajustes técnicos para fortalecer su claridad y aplicación.
Entre las observaciones recogidas se encuentra la importancia de establecer criterios objetivos que permitan determinar cuándo corresponde aplicar la excepción al embargo preventivo. Esto contribuiría a brindar mayor seguridad jurídica y a mantener un equilibrio procesal, sin desproteger la libertad de expresión ni la participación pública en asuntos ambientales.
Asimismo, el análisis del PROLEDI advierte que la protección de la libertad de expresión debería abarcar también otras materias de relevancia pública, y no limitarse a los asuntos ambientales.
El criterio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, incorporado en la propuesta, también respalda la procedencia de la reforma y sugiere ajustar la redacción para facilitar su comprensión.
La iniciativa legislativa plantea una discusión fundamental para la democracia: cómo evitar que los mecanismos judiciales se utilicen para silenciar las voces críticas y restringir la participación ciudadana en asuntos de interés público.
La recomendación de la Universidad de Costa Rica busca contribuir a una reforma que fortalezca las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa del ambiente, al tiempo que incorpore criterios claros para su aplicación.
El acuerdo plantea comunicar a la Asamblea Legislativa la recomendación de aprobar el expediente n.º 25.125, tomando en consideración las observaciones formuladas por las instancias universitarias.
Con el apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
Ponencia presentada al congreso internacional “El retorno del fascio y la respuesta proletaria”.
Introducción
Las repercusiones del fascismo europeo en la América Latina de los años treinta, no llegaron a causar un impacto tan fuerte en Costa Rica como sí ocurrió en otros países de la región, sobre todo en algunos del llamado Cono Sur. Ello, pese a que para entonces nuestro modelo liberal republicano comenzaba a mostrar cierto agotamiento, agravado con los efectos de la gran depresión económica de 1929.
Sin embargo, aquel ambiente internacional, tan favorable al autoritarismo, no dejó del todo indiferente al entonces presidente León Cortés Castro (1936-1940) frente al nazi fascismo europeo. Por ejemplo, en ciertas ocasiones, llegó a cerrar nuestras fronteras para evitar el ingreso de ciudadanos de origen judío, especialmente de aquellos que venían huyendo de los estragos autoritarios de la Europa Central.
Unos años antes se había fundado el Partido Comunista costarricense – en junio de 1931 – lo cual produjo la esperada reacción anticomunista de los gobiernos de turno, sin que pudiera llegarse a evitar, desde el seno del Estado, la participación sindical, electoral y parlamentaria de aquella primera generación de obreros y campesinos revolucionarios. Tan temprano como 1934, el Partido Comunista logró elegir sus primeros diputados en el Congreso Nacional, a la vez que dirigió uno de los más importantes movimientos huelguísticos de Centroamérica, la histórica Huelga Bananera de 1934.
La Guerra Civil costarricense de 1948 fue uno de los primeros conflictos bélicos de América Latina, producto del anticomunismo exacerbado al terminar la II Guerra Mundial. En el caso nuestro, esa polarización fue alimentada por las diferencias ideológicas entre las fuerzas caldero comunistas, en el poder entre 1940 y 1948, y los sectores socialdemócratas, alentados también por otros líderes conservadores de larga trayectoria.
Finalmente, aquella crisis terminó resolviéndose por medio de las armas, con la derrota de la alianza caldero comunista y el triunfo de las emergentes fuerzas socialdemócratas, teñidas éstas de un gran anticomunismo, alimentado por el ambiente de guerra fría promovido por Estados Unidos.
A pesar de lo anterior, nuestro país pudo marchar hacia la construcción de un Estado de Bienestar, encabezado por el nuevo Partido Liberación Nacional (PLN), fundado en 1951. Aquella modernización económica e institucional propició un mayor desarrollo material y humano, lo cual ubicó a Costa Rica en un lugar destacado dentro de las estadísticas de crecimiento y desarrollo a nivel regional.
Posteriormente, los cambios en la estrategia económica mundial derivados de la globalización económica de los años ochenta y, particularmente, del denominado Consenso de Washington, dieron cabida a una larga etapa de austeridad en la inversión social del Estado, acompañada de una serie de reformas estructurales que acabaron poco a poco con el Estado de bienestar costarricense, brotando visiblemente la pobreza y la miseria, especialmente en algunas zonas rurales del Valle Central, en los barrios marginales de las principales ciudades y en las regiones costeras del país, fenómeno que se ha venido agudizando hasta nuestros días.
En la actualidad, en medio de una sociedad muy desigual, la ciudadanía costarricense ha llegado a enfrentarse con una experiencia inédita: el fortalecimiento de la delincuencia organizada, el debilitamiento del sistema democrático dirigido por gobiernos de estilo autoritario, que han perseguido a los medios de comunicación que no controlan, que recurren a los términos más peyorativos para descalificar a los sectores políticos que se le oponen, calificándolos de zurdos, comunistas, progres, etc. Además, el anterior presidente Rodrigo Chaves Robles y la actual presidenta, Laura Fernández Delgado, han impulsado una fuerte guerra ideológica contra los movimientos de la diversidad sexual, el feminismo y las organizaciones ecologistas. Desde esta perspectiva, se ha hecho más notoria la cercanía de la élite gobernante con otros regímenes neoconservadores de corte autoritario, como los de Nayib Bukele en El Salvador, Javier Milei en Argentina, Abelardo de la Espriella en Colombia o el del mismo Donald Trump en Estados Unidos.
El presente documento se sustenta en la lectura de varios autores dedicados al análisis del populismo y del posfascismo actual, cuyas obras aparecen en la bibliografía adjunta, así como en la revisión de una serie de artículos de revistas y periódicos sobre la problemática nacional en cuestión. Complementamos nuestra búsqueda con la revisión de algunas estadísticas institucionales para reconocer las diferencias sociales y regionales, en cuanto al apoyo político y electoral recibido por la actual extrema derecha en Costa Rica.
Algunos antecedentes
En los primeros años del siglo XXI, se anunciaron ciertos cambios en la estructura del Estado costarricense que no dejaron indiferente a la ciudadanía. El presidente socialcristiano, Miguel Ángel Rodríguez, decidió impulsar un proyecto de ley denominado Ley de Servicios Públicos y Telecomunicaciones. Ese proyecto contaba con el apoyo de los dos partidos mayoritarios – PLN y PUSC – producto de lo cual, a la larga, se fue gestando una profunda fractura entre las élites dirigentes de esos partidos y sus bases sociales.
En aquella coyuntura, comenzó a despertar en la conciencia popular la sospecha de un pacto bipartidista con el objeto de lograr la privatización de la energía eléctrica, pese al rechazo de las grandes mayorías. Según las encuestas del momento, al menos el 63% de las y los costarricenses estaba en desacuerdo con la apertura del mercado eléctrico (Menjívar, M. 2012). Desde su fundación, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha sido una institución tan arraigada en la identidad nacional que aquel proyecto de privatizarla supuso una prueba fundamental.
Finalmente, aunque ese proyecto fue aprobado en la Asamblea Legislativa a comienzos del año 2000, la oposición ciudadana fue determinante. Luego de llevarlo a consulta de la Sala Constitucional, ésta le encontró vicios de inconstitucionalidad a dicho proyecto y terminó declarándolo sin lugar, calmándose de momento la agitación nacional.
Sin embargo, lo más importante de aquella jornada de lucha, conocida popularmente como La huelga Nacional contra el Combo del ICE, fue la evidencia que dejó del debilitamiento general del bipartidismo costarricense. En adelante, se ha desencadenado un complejo proceso de reacomodo político, el cual se ha manifestado con el surgimiento de un numeroso grupo de nuevos partidos, la mayoría con una clara orientación conservadora, especialmente aquellos de tendencia neo pentecostal.
Poco tiempo después, cuando todavía se respiraba un ambiente de optimismo en la consciencia de los movimientos sociales costarricenses, se presentó un nuevo desafío: la discusión regional en torno a la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centro América y República Dominicana.
A diferencia de los otros países de esta región, donde ese tratado fue aprobado en los estrados legislativos sin mayor problema, en Costa Rica la respuesta mayoritaria fue de un fuerte rechazo. Una vez más, el país se vio conmocionado por las intensas discusiones en los diversos ámbitos laborales, académicos y políticos, sobre las controversiales repercusiones que tendría el TLC para la economía y el bienestar de las grandes mayorías. En esas circunstancias, se agudizó la polarización entre las élites de los partidos tradicionales y los nuevos partidos políticos que recién comenzaban a surgir, especialmente, el Partido Acción Ciudadana (PAC), y el Partido Frente Amplio (FA), ambos opuestos a la firma del citado tratado.
Valga aclarar que el PAC, fundado en el 2000, reivindicaba los ideales de la histórica socialdemocracia costarricense, tratando de atraer a sus filas a ciertos sectores decepcionados con el PLN, mientras que el Frente Amplio, fundado en el 2004, comenzó a reunir en su seno a exmilitantes de los partidos de la izquierda costarricense, la cual también experimentaba su propia crisis: el Partido Comunista (PVP), el Partido Socialista (PS) y Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP).
Aquel fue un período de un cierto auge organizativo, debido al desmembramiento de los partidos que habían dirigido los destinos del país por más de medio siglo. Se exacerbó, entonces, una movilidad nunca antes vista de líderes y militantes entre esas organizaciones y las nuevas alternativas que ofrecían el PAC y el FA. Comenzó a producirse una especie de reciclaje entre los liderazgos más destacados de los partidos tradicionales, especialmente hacia las filas del PAC, cuyos fundadores provenían, principalmente, de las huestes del PLN y del PUSC.
En un momento político tan convulso y ante la falta de consenso para la aprobación del TLC, la Asamblea Legislativa se vio obligada a recurrir, por primera vez en la historia costarricense, a la convocatoria de un referéndum. La preparación de éste conllevó una experiencia nacional muy interesante pues se convirtió en una coyuntura de intensas discusiones sobre esa cuestionada propuesta. Quizá, lo más destacado de aquel momento fue la gran participación de la mayoría de sectores de la sociedad costarricense opuestos a ese tratado: sindicatos públicos y privados, organizaciones estudiantiles de enseñanza secundaria y universitaria, colegios profesionales, asociaciones de educadores y comunidades urbanas y rurales, fenómeno que dio luz al surgimiento de los llamados Comités Patrióticos a lo largo y ancho del país, una novedosa forma de organización popular que, lastimosamente, no ha sido posible preservarla. En ellos se reunían vecinos, vecinas, educadores, estudiantes, comerciantes locales, representantes de la juventud, sectores organizados del catolicismo, representantes sindicales de las instituciones autónomas del Estado, etc.
El aporte más importante de aquellos Comités Patrióticos, convertidos en centros de estudio de la problemática nacional, fue ofrecerle a la ciudadanía la claridad ideológica necesaria para rechazar la firma del TLC con Estados Unidos. La consigna nacional llegó a ser una: ¡NO AL TLC!
En medio de aquellos días tan agitados, sucedió un acontecimiento que polarizó aún más el ambiente nacional. Trascendió a la luz pública el texto de un polémico memorándum, enviado al entonces presidente Oscar Arias Sánchez por parte de su vicepresidente, el abogado Kevin Casas Zamora, en el cual se recomendaba tomar una serie de medidas muy autoritarias – de corte fascista, podríamos decir – para obligar a la mayoría de los sectores más empobrecidos del país a apoyar con su voto al TLC.
En dicho memorándum se proponía, por ejemplo, aplicar un “chantaje” a los alcaldes del oficialismo liberacionista en las comunidades cantonales, haciéndoles ver que, si en su comunidad ganaba el NO al TLC, no recibirían más apoyo financiero para sus proyectos de mejoras comunitarias, perjudicando así sus aspiraciones personales de ascenso político, a menudo motivado por la conquista de una candidatura parlamentaria.
Por otra parte, los autores del citado memorándum del miedo, proponían estimular el temor en el seno de la clase trabajadora de cuatro formas distintas: a) miedo a la pérdida del empleo; b) miedo al ataque a las instituciones democráticas, haciendo ver que el movimiento del NO al TLC era un movimiento violento y desleal con la democracia; c) miedo a la injerencia de la izquierda extranjera en el movimiento del NO (particularmente, de parte de Cuba y de la entonces Nicaragua sandinista) para sembrar temor en los sectores sociales más humildes del país, que eran quienes más dudaban en apoyar con su voto al TLC. Por último, ese memorándum anunciaba el advenimiento de una crisis de gobernabilidad, en caso de que la administración Arias Sánchez fuera derrotada en aquella consulta popular, con las consiguientes consecuencias de inestabilidad económica y política en todo el país (Universidad, setiembre 13, 2007).
Faltando poco menos de un mes para la celebración de aquellas históricas votaciones, el memorándum del miedo encendió los ánimos: en las llamadas zonas francas, enclaves de capital extranjero, se comenzó a presionar a los trabajadores para llevarlos a votar en contra del TLC y se amenazaba a los sindicatos del sector privado con la implementación de desempleos masivos en caso de un triunfo del NO. Asimismo, la prensa al servicio de las cámaras empresariales intensificó sus publicaciones reproduciendo el “discurso del miedo” del gobierno de Arias Sánchez.
En ese contexto de temor generalizado, a pesar de aquel gran esfuerzo nacional, fue imposible evitar el triunfo de las cámaras patronales y de las grandes empresas estadounidenses establecidas en el país. El PLN en el poder, con Oscar Arias Sánchez como presidente, terminó experimentando un triunfo pírrico, pues el 51,6 % dijo sí y el 48,4% dijo no, con una abstención del 40% de la ciudadanía (ActaN.º 2944-E-2007. Tribunal Supremo de Elecciones).
En ese contexto, un profundo sentimiento de derrota nacional se apoderó de grandes sectores de la población, sentimiento que, en cierta medida, se ha extendido durante las últimas dos décadas, con las consiguientes secuelas políticas e ideológicas.
Pareciera comprensible que aquellos acontecimientos tan controversiales hayan marcado el rumbo político e ideológico del país hasta nuestros días. Los partidos tradicionales continuaron debilitándose a tal punto que han sido derrotados, continuamente, desde el año 2014. Una parte de sus militancias, en principio, decidieron trasladarse a las filas del PAC y otras han terminado engrosando a los partidos neo pentecostales inspirados en la Teología de la Prosperidad. Estos, como veremos más adelante, han sido los más favorecidos con aquella debacle histórica en la vida política costarricense.
El surgimiento de nuevos partidos políticos
En un marco histórico de tanta incertidumbre nacional, fue el PAC la organización que, en primera instancia, recogió los principales dividendos políticos de aquella crisis, a pesar de que ese partido no significara una renovación ideológica más integral. Aquellos fueron tiempos de una gran incertidumbre pues los paradigmas históricos de cambio social brillaban por su ausencia. Lo único cierto fue el notable crecimiento de aquel nuevo partido, debido a su destacado desempeño durante las luchas contra el TLC. El PAC se convirtió, entonces, en una nueva esperanza para ciertos sectores de pensamiento reformista e, incluso, para un pequeño sector de la izquierda costarricense proveniente, en muchos casos, de los ámbitos universitarios y profesionales.
La rápida expansión del PAC contribuyó a marcar un antes y un después en la vida política nacional, logró ganar las elecciones en dos períodos consecutivos (2014-2018 y 2018-2022), pero, finalmente, los resultados de su desempeño no fueron los esperados. La herencia de los partidos tradicionales en el seno del PAC se impuso y, a pesar de algunos esfuerzos, las cámaras patronales y las élites provenientes de los viejos partidos lograron mantener sus añejos métodos y estrategias para su beneficio.
Durante la primera administración del PAC, encabezado por el presidente Luis Guillermo Solís, quien se había desempeñado antes como un destacado militante del PLN, los destinos nacionales transcurrieron con cierto optimismo, sin grandes sobresaltos, en especial porque ese gobierno hizo algunos esfuerzos por cumplir los acuerdos pactados con las organizaciones sindicales para realizar reformas importantes al Código de Trabajo.
Sin embargo, en el segundo período de la gestión del PAC, en manos del presidente Carlos Alvarado Quesada, los sectores populares presenciaron, con gran asombro, cómo ese partido terminó llevando a la práctica medidas tan reaccionarias como una nueva reforma fiscal que lesionaba los intereses populares y, más grave aún, ilegalizó el derecho de huelga de los trabajadores del sector público (Ley No.9808, enero 2020. MTSS).
Valga aclarar que el sector público había sido el más organizado de la clase trabajadora costarricense y que, como resultado de esa nefasta medida, actualmente no puede recurrir a su derecho de huelga, lo cual ha redundado en una profunda crisis del sindicalismo estatal.
Por otra parte, el Frente Amplio, un partido que se ha definido como de izquierda democrática, fundado en octubre del 2004, se había convertido en otro gran protagonista en favor de las luchas contra el TLC. En realidad, el FA logró escalar a nivel nacional como el principal representante de los diversos sectores de la izquierda nacional y, desde entonces, ha mantenido su representación en la Asamblea Legislativa. En su seno convergieron sectores provenientes de los tradicionales partidos de la izquierda costarricense – el Partido Comunista y el Partido Socialista – sumándose también representantes de algunos movimientos sociales como el feminismo, el ambientalismo y el colectivo de la diversidad sexual, pero con escasa participación de los trabajadores organizados sindicalmente.
Sin embargo, el FA mantiene un perfil relativamente alto, en parte por la destacada lucha parlamentaria que ha protagonizado frente a las últimas dos administraciones de la extrema derecha, la del expresidente Rodrigo Chaves Robles y la de la presidenta en ejercicio, Laura Fernández Delgado.
El auge de los partidos neo pentecostales en Costa Rica y el fortalecimiento de la extrema derecha
La problemática socio política arriba descrita quedaría incompleta si no nos referimos a uno de los fenómenos más sobresalientes en el panorama político costarricense de las últimas décadas. Hablamos de la notable expansión que han experimentado las nuevas corrientes religiosas evangélicas inspiradas en la Teología de la Prosperidad, llegadas desde Estados Unidos como una nueva estrategia de dominación hacia los países latinoamericanos.
La crisis paradigmática del Estado de Bienestar costarricense, sumada a las repercusiones del fracaso socialista de la antigua URSS, al finalizar la década del ochenta, también contribuyeron a promover una notable expansión de los movimientos religiosos neo pentecostales. Aquel vacío dejado por las propuestas social demócrata y socialista, pronto fue llenado con los mensajes mesiánicos de los llamados teólogos de la prosperidad.
Aunque los primeros cristianos protestantes habían arribado a Costa Rica desde el siglo XIX, fue en la pasada década del ochenta cuando llegaron nuevos evangelizadores desde Estados Unidos, la mayoría de orientación neo pentecostal. Ello fue posible, además, por el debilitamiento que ha venido sufriendo la Iglesia Católica, a pesar de que Costa Rica se define como un Estado confesional(Artículo 75, Constitución Política de CR). A la larga, esta disposición constitucional también ha venido a incidir en la expansión de la religiosidad neo conservadora en este país, con evidentes repercusiones en la expansión de la extrema derecha.
Un aspecto que debemos señalar son las diferencias entre los propósitos espirituales del protestantismo histórico y los del movimiento neo pentecostal, hoy extendido en algunos sectores de la sociedad costarricense. Mientras los primeros se han concentrado, principalmente, en sus tareas de adoctrinamiento espiritual, los segundos han propiciado la creación de grupos político-religiosos dispuestos no solo a evangelizar a las masas sino también a disputar el poder del Estado. Su filosofía, conocida como la Teología de la Prosperidad, consiste en una perspectiva religiosa que considera el bienestar económico personal, el éxito financiero y la buena salud física como bendiciones otorgadas por Dios a sus seguidores. Como señala una historiadora costarricense, se supone “… que de una buena relación con Dios se establece una prosperidad (terrenal) bendita”. (Ulloa, 2022, p.182). Lo anterior implica un cambio radical en los postulados cristianos porque desacredita la distinción entre autoridad civil y responsabilidad espiritual.
Todos esos cambios en el ámbito religioso coincidieron con el paulatino proceso de descomposición organizativa que afectó al histórico sistema de partidos políticos, incluyendo a los de la izquierda. Con respecto a ésta última, debemos de tener presente, además, las repercusiones de los conflictos armados de los años ochenta en el istmo centroamericano, especialmente en el PVP, el PS y el MRP. De una u otra forma, aquellos partidos se vieron involucrados en tales conflictos, en particular, en los de la revolución nicaragüense. Tengamos presente, además, que todo ello coincidió con el derrumbe de la revolución soviética y sus innumerables repercusiones mundiales.
En medio de aquella coyuntura tan cambiante, justo en 1986, apareció el primer partido confesional en Costa Rica denominado Alianza Nacional Cristiana (ANC), cuyos mensajes dejaban claro su propósito de impulsar “una renovación moral de la política” (Ulloa, op. cit p.152). En otros términos, se pretendía evangelizar también por medio de la participación política y electoral. Desde entonces, esos partidos han concentrado su energía en acercarse a otros sectores como son los hombres de negocios, los operadores políticos y, especialmente, con ciertos comunicadores de alto perfil nacional.
Toda aquella estrategia se proponía llevar adelante un proyecto transformador del panorama político y religioso del país. Comenzaron, entonces, a fortalecerse algunas corrientes políticas de nuevo tipo, cada vez más inclinadas hacia la extrema derecha, con un discurso que se teñía de anti comunismo, anti feminismo, anti ecologismo, en favor de la familia tradicional y, sobre todo, con un profundo odio hacia la diversidad sexual. Tales mensajes iban dirigidos con especial énfasis a los sectores sociales más empobrecidos, víctimas de la falta de mejores oportunidades laborales, de la reducción sistemática de los recursos para la educación, de la pauperización del sistema de salud pública y, en general, del achicamiento del papel social del Estado.
Es importante hacer notar que el derrumbe del partido comunista costarricense – Partido Vanguardia Popular – les permitió a los nuevos grupos evangélicos neo- conservadores llenar, en parte, el vacío organizativo dejado por el debilitamiento del tradicional sindicalismo agrícola. Este fenómeno se ha observado, más claramente, en las zonas donde ese partido tenía más presencia sindical como lo eran las zonas bananeras de las regiones costeras, tanto en el litoral atlántico como en el pacífico. La nueva propuesta para los trabajadores, de parte de aquellas sectas cristianas neo conservadoras, implicaba también dejar atrás los tradicionales instrumentos de lucha sindical que, según su discurso, tanto sufrimiento les había provocado. Así, las iglesias neo pentecostales comenzaron a “evangelizar” a los sectores más desposeídos del país, sumergidos en una gran confusión político-ideológica y en una crisis material y organizativa que los tomó por sorpresa.
Frente a ese nuevo fenómeno, la Iglesia Católica intentó ensayar su propia propuesta de organización laboral para reemplazar a los sindicatos, por medio de las llamadas asociaciones solidaristas, inspiradas en la doctrina social de la Iglesia Católica, desarrollada por el papa Juan XXIII. Así, el Movimiento Solidarista logró penetrar algunos sindicatos bananeros de la zona atlántica del país, pero su éxito fue muy relativo. La propia crisis del catolicismo también quedó manifiesta en aquellas circunstancias.
Para entonces, se hacía cada vez más palpable la presencia de las nuevas corrientes evangélicas, convertidas ahora en opciones político-religiosas, capaces de atraer a los sectores empobrecidos y de llenar sus iglesias de fieles que pronto llegarían a convertirse en militantes de sus dogmas mesiánicos. El paso siguiente consistió en hacer que aquellas primeras organizaciones neo pentecostales comenzaran a promover movilizaciones de masas para tomarse espacios públicos estratégicos desde donde lograron integrar el mensaje religioso y el discurso político, hablando de “exorcizar a la nación” para, supuestamente, combatir los grandes problemas de corrupción que aquejaban a nuestro país.
Simultáneamente, se fue creando una pequeña élite de supuestos pastores del evangelio, algunos de ellos provenientes de los mandos medios de los viejos partidos políticos y, otros, habían emigrado desde las carpas católicas. Ellos se encargaron de denunciar, desde púlpitos y plazas públicas, problemas nacionales tan graves como la malversación de fondos públicos y las distintas formas de abusos de poder de parte de las “élites” gobernantes. Se iniciaba así una especie de batalla político-espiritual protagonizada por amplios sectores de la sociedad. El paso siguiente sería la toma del poder del Estado (Ulloa, op. cit. p.156).
Aunque en las elecciones de 1986 se había inscrito el primer partido neo pentecostal – la ANC – no fue sino hasta el año 1998 cuando llegó, por primera vez, un diputado evangélico a la Asamblea Legislativa costarricense. Desde entonces, las organizaciones religiosas neo pentecostales han mantenido, ininterrumpidamente, su representación parlamentaria. Su momento de mayor auge electoral se dio en el año 2018, cuando lograron elegir, por medio del Partido Restauración Nacional (PRN), catorce diputados confesionales (TSE, elecciones legislativas, febrero de 2018).
En las elecciones de febrero de 2018, Costa Rica fue testigo de una cruda realidad: los partidos tradicionales – PLN y PUSC – forjadores de los destinos nacionales de los últimos tres cuartos de siglo, habían quedado fuera del poder. Y lo más interesante, el PRN, cuyo candidato presidencial era Fabricio Alvarado Zamora, un conocido periodista, estaba ligado a uno de los movimientos confesionales más poderosos internacionalmente, el llamado Ministerio de Avance Misionero Mundial.
La mayor sorpresa en aquella contienda electoral fue el triunfo, en primera ronda, del candidato neo pentecostal Fabricio Alvarado, al obtener un 24,9% de los votos válidos. Era el resultado más alto, pero no suficiente para ser declarado presidente. Su contendor, Carlos Alvarado Quesada, candidato del PAC, quedó en segundo lugar con el 21,6% (TSE, elecciones, 1ª. Ronda, febrero de 2018). Sin embargo, este último se impuso en la segunda ronda con el 60% de los votos, gracias a una alianza transitoria entre las viejas bases del bipartidismo. Por su parte, el PRN obtuvo, finalmente, el 39% de los votos, una cifra muy considerable (TSE, elecciones, 2ª. Ronda, abril de 2018).
En todo caso, el neo pentecostalismo salió muy fortalecido de aquellas elecciones, pues logró elegir catorce de los cincuenta y siete diputados que conformarían la Asamblea Legislativa (TSE, elecciones legislativas, febrero de 2018).
Las elecciones de 2022. Rodrigo Chaves Robles presidente
Uno de los aspectos más sorprendentes del resultado electoral del año 2022 fue el triunfo de un candidato a quien la sociedad costarricense, prácticamente, desconocía. Rodrigo ChavesRobles había emigrado hacia Estados Unidos en los años ochenta, luego de fracasar en el intento de ingresar a Ciencias Económicas en la Universidad de Costa Rica. Años después, logró graduarse en ese mismo campoen la Universidad Estatal de Ohio (Wikipedia, Curriculum R. Chaves R.)
Antes de regresar a su país de origen, Rodrigo Chaves había sido representante del Banco Mundial, por casi tres décadas, en varias regiones del mundo. Primero, había representado por algún tiempo a esa institución en Turquía y, luego, había sido asesor para el desarrollo del sector privado y financiero en Europa del Este y en Asia Central, luego del derrumbe del socialismo en esas regiones (Curriculum Ibidem).
Posteriormente, había regresado a América Latina, siempre como funcionario del Banco Mundial, con el objeto de emprender aquí la privatización del sector público, monitorear la macroeconomía y desarrollar las tecnologías de la información (Ibidem).
En el año 2013, de nuevo abandonó América Latina y se trasladó a Indonesia con el objeto de fortalecer la inversión privada en el sector energético y eliminar los subsidios a los combustibles en ese país (Ibidem).
Por problemas de acoso sexual a algunas de sus colaboradoras, en el año 2019 Chaves Robles fue sancionado en el Banco Mundial (La Nación, 19 oct. 2021). Coincidió con esa situación el llamado del presidente Carlos Alvarado Quesada – quien afirmó luego desconocer dicha denuncia – para que se hiciera cargo del Ministerio de Hacienda, en vista de que la anterior ministra había sido cuestionada por la Contraloría General de la República.
En ese cargo, Chaves Robles se desempeñó solo durante seis meses. Fueron varias las razones que obstaculizaron su buen desempeño con el gobierno de Alvarado Quesada. Pareciera que el desarraigo por tantos años de nuestro país y su larga trayectoria como funcionario del Banco Mundial, lo habían convertido en una especie de extranjero en su propia tierra, lo cual le impedía sopesar las verdaderas repercusiones nacionales de sus propuestas. Por ejemplo, la creación de un impuesto temporal a los salarios de más de 500.000 colones (unos 800 dólares), para auxiliar a los trabajadores desempleados durante la pandemia del COVID, fue muy mal recibida por los sectores más empobrecidos. Por otra parte, sus objeciones al sistema de financiamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), institución pública encargada de atender la salud de toda la población, puso en evidencia su intención de iniciar la privatización de aquellos servicios, lo cual provocó una mayor inconformidad en el país con el gobierno de Alvarado.
No obstante, el clímax del conflicto llegó cuando Rodrigo Chaves, como ministro de Hacienda, se opuso a una ley aprobada en la Asamblea Legislativa para excluir a las municipalidades de la aplicación de una nueva regla fiscal, la Ley 9635, aprobada desde 2018. La ruptura definitiva se produjo cuando el presidente Alvarado se negó a vetar aquella ley. Así, su colaboración como ministro fue muy efímera, tan solo de seis meses, pero las repercusiones de su regreso a Costa Rica han sido muy serias y, peor aún, con una proyección temporal de larga duración.
Con el retorno de Chaves Robles a Costa Rica también comenzó a vislumbrarse la sombra de la extrema derecha internacional en nuestro país, y con su salida del gobierno de Carlos Alvarado así se comprobó. Comenzó a promover, más temprano que tarde, un nuevo movimiento político en el país, de fachada populista, que pronto fue bautizado como el chavismo costarricense.
Pronto, Rodrigo Chaves comenzó a gestionar su candidatura presidencial, por medio de uno de los tantos partidos de reciente creación – partidos taxi se les ha llamado frecuentemente – los cuales habían comenzado a proliferar con la agonía del bipartidismo y la expansión de la corriente neo pentecostal. Así, en julio de 2021 se anunciaba, oficialmente, su candidatura a la presidencia de Costa Rica como candidato del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), junto a veinticuatro candidatos más.
La política de alianzas del nuevo PPSD pronto dio sus frutos. El apoyo a la candidatura de Chaves Robles de parte de algunos sectores empresariales, especialmente de los importadores, y de algunos grupos evangélicos afines a la teología de la prosperidad, resultó esencial para que el chavismo adquiriera fuerza suficiente y alcanzara el segundo lugar en la primera ronda electoral, en febrero de 2022. Dos meses después, en la segunda ronda, Rodrigo Chaves resultaba electo presidente con el apoyo del 52,8% de los votos frente al 47,2%recibido por su opositor José María Figueres Olsen (TSE, elecciones 2ª. Ronda, abril 2022).
Estos resultados fueron posibles, además, gracias al arribo de un buen número de ex dirigentes del bipartidismo a las filas chavistas, quienes pusieron a su servicio toda su experiencia en el manejo partidario de los procesos electorales. No faltó, además, algún que otro académico o funcionario de la izquierda histórica que se pusiera al servicio del proyecto neoconservador de Rodrigo Chaves.
Aquellos hechos han marcado un antes y un después en la vida política costarricense. Desde entonces, se ha implantado un estilo de gobiernoautocrático y confrontativo, marcadamente anticomunista y machista, propio de los líderes de la nueva derecha internacional. En ese sentido, la personalidad del presidente Chaves ha sido determinante. En la televisión alemana, por ejemplo, lo han definido como: “… una persona con un complejo perfil político y psicológico, ha consolidado un estilo de gobierno confrontativo, ampliado con discursos incendiarios cuyo objetivo ha sido erosionar los cimientos democráticos de un país que siempre se jactaba de la estabilidad de sus instituciones públicas y de la confianza de la población en la democracia” (DW. Günther Maihold, 06/08/2026).
Ese complejo perfil del ahora expresidente Chaves, también se expresó en su reiterada confrontación con algunas instituciones públicas. En ese ámbito, quizá lo más preocupante fueron las amenazas de irrespeto a la división de poderes de la nación, especialmente respecto al Poder Judicial y al Tribunal Supremo de Elecciones (Lissidini, A. “Así nos ven desde Uruguay”. La Diaria, 3 de setiembre, 2026).
Por otra parte, no han faltado los conflictos con instituciones como la Defensoría de los Habitantes y, particularmente, con la Contraloría General de la República, a la cual se ha tratado de despojar de sus funciones contraloras por medio de un proyecto que él mismo ha denominado Ley Jaguar (Telediario cr. 5 de junio, 2024).
No obstante, uno de los aspectos más delicados durante la administración de Chaves Robles fueron sus reiterados conflictos con los medios de comunicación. En un estudio realizado por el Programa de Libertad de expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la UCR, se constató que el 99% de las intervenciones del presidente Chaves en sus conferencias de prensa, tenían connotaciones negativas referidas a algunos medios nacionales de comunicación –prensa canalla denominaba a la mayoría – o con respecto a determinados periodistas (Universidad, 14 de julio, 2024).
Dicho estudio, realizado a dos años del inicio del gobierno de Chaves, demostró también que el 65, 5% de los entrevistados coincidía en señalar que la libertad de prensa en nuestro país estaba en peligro. Además, el 53% reconoció que existían limitaciones para la libre expresión (Ibidem). Subrayaba también el incremento general del discurso de odio a través de las redes sociales, todo lo cual estaba causando gran inestabilidad en el ambiente nacional.
También cabe subrayar que el expresidente Chaves Robles les ha declarado una guerra frontal a las universidades públicas, especialmente a la Universidad de Costa Rica. Sus armas principales han sido los recortes presupuestarios y, particularmente, el desprestigio promovido, desde sus conferencias de prensa, respecto al mundo del trabajo académico y de los intelectuales, en general.
En medio de un clima de tantos conflictos, la situación personal de Chaves es sumamente compleja. Actualmente, tiene más de cuarenta causas penales en los Tribunales de Justicia, relacionadas con acusaciones como: financiamiento ilícito de su pasada campaña presidencial, prevaricación, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, abuso de autoridad, legitimación de capitales, etc. (El financiero, 4 de julio, 2026).
Sin embargo, el apoyo recibido por las administraciones de Chaves y Fernández, por parte del capital nacional y transnacional, así como la estrecha alianza con gobiernos de su mismo modelo, como el de Nayib Bukele de El Salvador y, especialmente, con la actual administración estadounidense de Donald Trump, ha sido una de sus aparentes fortalezas. Casi al final de su período de gobierno, en el marco de una reunión de la Cumbre de las Américas, el presidente Chaves suscribió el Acuerdo del Escudo de las Américas, una coalición multinacional de cooperación militar impulsada por el gobierno norteamericano para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en el hemisferio occidental. De manera que, aunque nuestro país no cuenta con un ejército desde el año 1948, hemos asumido compromisos militares de gran envergadura.
Por último, debemos señalar que la expansión del narcotráfico durante los últimos años en Costa Rica ha sido muy significativa. Pese a las medidas nacionales e internacionales para contrarrestarla, esa problemática no deja de expandirse, llegando a extender sus tentáculos hasta ciertas estructuras del Estado y de ciertos partidos políticos.
El propio partido en el poder, el PPSO, enfrenta actualmente serias denuncias por las relaciones de algunos de sus dirigentes con un supuesto lavador de dineros del narcotráfico, un ciudadano nacido en China y nacionalizado costarricense, el señor Goubin Tam Shang. Actualmente, éste espera en una cárcel costarricense para ser extraditado a Estados Unidos (CrHoy.com, 5 de octubre de 2026).
Los comicios electorales de febrero de 2026. El continuismo chavista
Podríamos decir que la trayectoria política de la presidenta Laura Fernández, con tan solo cuarenta años de edad, en buena medida resume el recorrido político-ideológico de nuestro país durante las últimas décadas. Como estudiante de Ciencias Políticas de la UCR, comenzó a acercarse a ciertos círculos políticos del bipartidismo. Fue así como se convirtió en asistente en Casa Presidencial, durante la segunda administración del presidente Oscar Arias Sánchez (2006-2010), electo por el PLN. En esa ocasión, a ella le correspondió estar muy de cerca de la toma de decisiones sobre las cuestionadas estrategias de aquel gobierno para lograr la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Fue en aquella coyuntura, precisamente, cuando se elaboró el tristemente famoso Memorándum del Miedo, al cual nos referimos en páginas anteriores.
Posteriormente, fue contratada como funcionaria en el Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN), para trabajar en las tareas de la reforma del Estado, siguiendo las políticas dictadas por organismos internacionales en aquel momento.
Luego, alejada de las tiendas liberacionistas, se sumó al proyecto de un nuevo partido conservador denominado Alianza Demócrata Cristiana (ADC), dirigido por el exdiputado social cristiano Mario Redondo. A partir delaño 2014, reelecto éste último como legislador, Laura Fernández se convirtió en su jefa de despacho en la Asamblea Legislativa, vitrina idónea desde donde comenzó a trazar su proyecto personal de ascenso político. En las siguientes elecciones, se convirtió en candidata a la primera vicepresidencia de ese mismo partido (ADC), sin resultados positivos, pero al retornar como funcionaria del MIDEPLAN le tocó coincidir con el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves. Así se fue gestando aquella particular alianza, la cual hoy día amenaza seriamente la estabilidad social y política de Costa Rica.
Cuando Rodrigo Chaves ganó la presidencia en abril del 2022, nombró a Fernández como ministra de Planificación, primero, y luego como ministra de la Presidencia. Los escalones hacia su candidatura presidencial comenzaban a perfilarse.
Por disposición constitucional, en Costa Rica no existe la reelección presidencial consecutiva, debe esperarse, al menos, un lapso de ocho años. Esa fue la razón que llevó al presidente Chaves a recurrir a su ministra de la Presidencia para que ocupara, transitoriamente, la silla presidencial. Así, en febrero del presente año, Laura Fernández resultó electa presidenta con un 48,3% de la votación, frente a un 33.4% recibido por el candidato del viejo PLN, el Dr. Álvaro Ramos(La Nación, 2 de febrero, 2026).
Habría que agregar un hecho relevante para que se dieran esos resultados tan favorables y fue el apoyo recibido por Fernández de parte del Foro Mi país, una organización que integra a la mayoría de las iglesias neo pentecostales costarricenses, el cual se comprometió, públicamente, a garantizar el voto de sus fieles por el PPSO (El MUNDO,15 de enero, 2026).
Actualmente, Costa Rica vive momentos de gran tensión política, pues el control que ejerce el “super ministro” en los diversos ámbitos del Estado, altera con frecuencia la vida política de nuestro país. Incluso, Fernández, sin que parezca que ese sea un rasgo distintivo de su personalidad, también recurre, a menudo, a un tono muy confrontativo y autoritario, al estilo de Chaves, utilizando un lenguaje tan grotesco que riñe con su apariencia de mujer refinada.
Pasemos ahora a observar los dos cuadros siguientes. Ambos pueden ilustrarnos las diferencias económicas, regionales y electorales, a partir de los resultados de las últimas elecciones, en las cuales resultó electa Laura Fernández. Así mismo, pueden sugerirnos algunas inferencias de interés.
CUADRO No. 1
Costa Rica. Resultados electorales por provincias. Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones (resultados 1º. de febrero de 2026).
Si observamos el cuadro anterior, podemos notar que, con la excepción de la provincia de Cartago, el chavismo ganó las últimas elecciones en las restantes seis provincias. Además, donde más apoyo obtuvo fue en las provincias de las zonas costeras, donde se encuentran las zonas más empobrecidas de Costa Rica.
CUADRO No. 2
Costa Rica. Índice de pobreza por regiones de Costa Rica. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. (Costa Rica, año 2025)
Por su parte, el cuadro No.2, nos muestra los porcentajes de pobreza distribuidos por las diferentes regiones del país. En este caso, debemos aclarar que a las regiones denominadas Chorotega, Pacífico Central y Brunca les corresponden, geográficamente, las dos provincias costeras del Pacífico que son Puntarenas y Guanacaste. Como se observa, ambas se encuentran entre las más empobrecidas del país, sin embargo, fueron dos de las provincias donde la candidata Laura Fernández recibió un mayor porcentaje de votos.
Por otra parte, la región Huetar Caribe, la cual coincide geográficamente con la provincia de Limón, siendo la más pobre de Costa Rica, fue donde el chavismo recibió la mayor cantidad de votos de todo el país.
Por su parte, la situación de las provincias de la zona central, según las cifras de ese cuadro, estuvo menos polarizada en las recientes elecciones, fenómeno que se explica, en buena medida, porque ésta ha sido la región más beneficiada con la redistribución de los recursos del Estado. Esto les ha deparado una mejor calidad en los servicios públicos – educación y salud, principalmente – por lo cual aquí se concentra la mayor parte de la clase media y profesional.
Retos actuales para la izquierda costarricense
Resulta materialmente imposible abordar este complejo tema en pocos párrafos, de manera que haremos tan solo una enumeración de los aspectos que podrían ser tomados en cuenta si la izquierda costarricense se propone recuperar las bases sociales que, en otros momentos, les dieron sustento a sus luchas más relevantes.
Las organizaciones de la izquierda costarricense han experimentado una crisis de larga duración. Factores externos incidieron en ese fenómeno:
a) Su desgaste a lo largo de los años setenta y ochenta, acompañando a los grupos político-militares nicaragüenses y salvadoreños en sus luchas para la toma del poder. A la larga, el fracaso de esos proyectos históricos también ha venido a contribuir con el debilitamiento de las organizaciones de la izquierda nacional.
b) El derrumbe del socialismo en la antigua URSS a fines de la década del ochenta. En ese sentido, la organización más afectada, aunque no la única, resultó ser el Partido Comunista (PVP) al entrar en una etapa de decadencia ideológica y organizativa que pareciera irreversible.
c) Por efectos de dicha crisis, en el interior del país se dio un enorme debilitamiento del movimiento sindical del sector privado, especialmente en las áreas bananeras de las regiones periféricas del país. En este momento, como antes mencionamos, son esos los sectores geográficos donde se ha implantado con más éxito el movimiento religioso neo pentecostal. Así, las iglesias trataron de sustituir a las organizaciones sindicales como elementos de cohesión social, sin embargo, la estrategia para recuperar la organización política de esos sectores aún no parece visualizarse.
d) Otroaspecto de gran complejidad que comienza a percibirse, es la intervención del chavismo en algunas organizaciones sindicales del sector público, especialmente en el sector magisterial. Este fenómeno es el resultado de la cooptación, por parte del chavismo, de un sector de los empleados públicos, quienes también lo han apoyado electoralmente. Su discurso en contra de las “élites corruptas” ha resultado muy efectivo, en tanto le da sentido al resentimiento de los funcionarios del Estado por la pérdida de algunas de sus conquistas sociales esenciales, como su derecho a la huelga y el congelamiento de sus salarios.
e) El Frente Amplio está haciendo grandes esfuerzos, especialmente en el ámbito parlamentario, para recuperar el rol histórico de la izquierda costarricense. Sin embargo, sus esfuerzos de reorganización a nivel nacional aún no dan todos sus frutos. Su fortaleza se concentra en el Valle Central y disputarle el apoyo al chavismo en las regiones periféricases uno de sus mayores retos.
A manera de epílogo
El perjuicio del chavismo en nuestro país se puede constatar en diversos ámbitos. Por ejemplo, está contribuyendo a opacar la imagen internacional de la que, hasta hace poco, gozaba nuestro país como una democracia más abierta y madura con respecto a otros países latinoamericanos. En ella habíamos podido convivir, pacíficamente, diversas corrientes de pensamiento, credo y visiones de mundo.
Un segundo aspecto muy preocupante es la restricción a la libertad de expresión de algunos sectores de la oposición. Inclusive, las acciones coercitivas contra algunos comunicadores y opositores del chavismo han comenzado a trascender internacionalmente.
En los últimos tiempos han salido a la luz pública diversas denuncias de acoso policial en contra de algunos periodistas o activistas de la oposición. Inclusive, algunos comunicadores han decidido exiliarse en el extranjero para protegerse de eventuales agresiones de parte de activistas del chavismo y, particularmente, de los seguimientos policiales desde Casa Presidencial. Dos casos ilustran esa grave problemática, el de la activista Silvia Ziesing y el del comunicador Eric Sojo, director de la emisora Radio Zurquí. Ambos han recibido, incluso, amenazas de muerte de manera anónima. Por su parte, el cantante Kevin López – conocido como Kevlo – también ha tenido que acogerse a un programa especial de protección debido a sus publicaciones en las redes sociales con críticas hacia el chavismo(Universidad, 30/setiembre/2026).
Otro de los casos más conocidos es el de la comunicadora Stella Chinchilla quien ha sido denunciada, junto a otros comunicadores y activistas, ante la Fiscalía General de la República, como sospechosa de participar en un presunto plan para asesinar al ex presidente Rodrigo Chaves(Repretel/14 de enero/2026). Fue denunciada por la Dirección de Investigación y Seguridad (DIS), adscrita a la Casa Presidencial, con base en seguimientos de supuestas conversaciones digitales. Chinchilla se ha distinguido en nuestro país por haber estado siempre ligada a la protesta social.
Sin embargo, ciertos sectores han dejado el temor de lado y han comenzado a manifestarse en contra de los abusos del chavismo. Hasta ahora, la respuesta más contundente ha sido una gran manifestación realizada el pasado 6 de agosto en la Plaza de la Democracia, en la ciudad capital. El objetivo principal fue expresar el descontento ciudadano por las intromisiones del Poder Ejecutivo en las funciones del Poder Judicial, y, en general, contra el autoritarismo manifiesto desde la Casa Presidencial. Ese plantón se hizo extensivo a otras regiones del país y su gran éxito ha sido un estímulo para los movimientos opositores (www. La Teja.cr). Este ha sido uno de los primeros pasos, entre otros, que está impulsando la organización popular para promover nuevas movilizaciones en contra del autoritarismo que hoy amenaza a la sociedad costarricense.
Lo planteado en estas páginas constituye tan solo una primera aproximación para tratar de comprender cómo los fenómenos aquí señalados se han entrelazado para dar cabida al surgimiento de una nueva etapa en la historia costarricense. Ello, en un contexto internacional caracterizado por la hegemonía de la extrema derecha, o aún más, como señala el historiador Enzo Traverso, por el arribo del posfascismo del siglo XXI (Traverso, 2025).
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Ulloa Gómez, Mónica María. LA PARTICIPACIÓN EVANGÉLICA EN LA POLÍTICA COSTARRICENSE: EL CASO PENTECOSTAL Y NEOPENTECOSTAL
Una comisión especial legislativa, paradójicamente, la de Derechos Humanos, acordó solo con los votos del partido de gobierno, abrir una investigación contra el dirigente del Frente Amplio Ariel Robles por declaraciones llamando a manifestarse contra los recortes al presupuesto universitario.
De acuerdo con la Constitución Política, las comisiones legislativas pueden investigar a servidores públicos sobre actos relacionados con el ejercicio de su cargo, pero respecto de las personas privadas no tienen absolutamente ninguna competencia para investigarlas por sus actos u opiniones políticas. Existe sobre eso un límite infranqueable.
Cuando el poder adquiere o se otorga para sí la facultad o capacidad de investigar a las personas por la expresión de sus opiniones, estamos ante un régimen autoritario que limita las libertades de opinión y de expresión. Estaríamos entrando en un régimen totalitario al mejor estilo de las dictaduras.
En la década de los cincuenta, en plena Guerra Fría, surgió el macartismo, así llamado porque fue encabezado por el senador Joseph McCarthy, caracterizado por una práctica pública de acusaciones a muy distintas personas de ser simpatizantes del comunismo, agentes subversivos o traidores a la patria, realizadas sin ningún fundamento o pruebas y sin debido proceso.
Este es el método que el chavismo pretende introducir desde la Asamblea Legislativa: la vendetta o venganza pública sin mayores derechos contra un ciudadano que es una persona privada, por la expresión de sus ideas o pensamiento.
La expresión de las ideas conlleva la responsabilidad por las consecuencias que de ellas se puedan derivar. Y para eso están los tribunales. Si alguien considera que esas manifestaciones atentan contra los bienes jurídicos protegidos por el Código Penal, pueden acudir a los tribunales. Es el mecanismo en un Estado de derecho.
Pero de ahí a llevar a un ciudadano, que en su carácter particular ha expresado sus opiniones, ante una comisión legislativa, para, sin mayores garantías, ser sometido a una investigación, es la más clara y brutal violación a los principios y derechos constitucionales: esa sigue siendo la ruta del chavismo, la ruta del fascismo.
Carta abierta de la Asociación de Cineastas de No Ficción ante el retiro de la película Naza de la cartelera de una sala en Costa Rica
La Asociación de Cineastas de No Ficción envió a SURCOS una carta abierta, fechada el jueves 8 de octubre de 2026, dirigida a quienes proyectan cine en Costa Rica. La carta se refiere a la película Naza, de Yuval Abraham y Rachel Szor.
La distribuidora costarricense Pacifica Grey trajo al país esta película, recién premiada en el Festival de Venecia, que aborda el genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino. Su estreno está previsto para el sábado 10 de octubre en distintas salas comerciales de la Gran Área Metropolitana (GAM), que inicialmente incluían Cinema San Pedro, en el Mall San Pedro. Según la información enviada a SURCOS, el 8 de octubre la junta directiva de ese cine decidió retirar la película de su programación sin dar mayores explicaciones. Las proyecciones se mantienen en Studio Cinemas y en CCM Plaza Mayor y San Ramón.
A continuación, la carta completa:
Carta abierta a quienes proyectan cine en Costa Rica:
Hay películas que nos permiten descansar del mundo y otras que nos obligan a regresar a él. Películas que nos enseñan a dialogar con el paisaje que hay detrás de esa ventana que es la pantalla. El documental nos enfrenta con aquello que es incómodo saber, nos acerca a vidas invisibilizadas por quienes tienen más poder y nos recuerda que detrás de cada cifra, frontera y discurso, hay seres humanos, familias, territorios y futuros posibles.
Naza es una de esas películas. A través de testimonios de soldados y agentes de inteligencia israelíes, sus directores, Yuval Abraham y Rachel Szor, investigan los mecanismos detrás del asesinato masivo de civiles en Gaza como parte del genocidio en contra del pueblo palestino. Naza constituye un esfuerzo valiente por desplazar las fronteras de lo que puede ser visto, dicho y comprendido, oponerse a la normalización de la violencia más desgarradora y advertirnos sobre el desarrollo de tecnologías que buscan aplicarse contra la disidencia en el mundo entero.
La mayoría de las salas en Costa Rica han impedido explícitamente la proyección de esta película. Como Asociación de Cineastas de No Ficción, expresamos nuestro profundo rechazo a estos mecanismos de censura y a cualquier decisión que, bajo presiones políticas, económicas o ideológicas, impida que una obra como esta llegue al encuentro con su público.
No creemos que las películas poseen la verdad absoluta, pero creemos que ninguna sociedad puede acercarse a la verdad si se le niega la posibilidad de mirar, preguntar, contrastar y escuchar. El ejercicio de la razón exige también el ejercicio de la imaginación y comprender el mundo requiere acercarnos a quienes lo padecen. El pensamiento crítico no puede existir allí donde las imágenes dolorosas e incómodas son apartadas antes de que podamos interrogarlas.
Exhibidores: no permitan que sus salas se conviertan en fronteras para el pensamiento. No sean cómplices con el borrado de una tragedia humana. La historia recordará a quienes, teniendo la oportunidad, no quisieron mostrarla. Este es su momento de elegir el cuidado de nuestra humanidad compartida. El cuidado que abre puertas, que sostiene la posibilidad de escucharnos y que comprende que mirar de frente la injusticia y el sufrimiento de otros es una de las condiciones para no volvernos indiferentes.
Que Naza pueda ser vista. Que el público en Costa Rica tenga la oportunidad de encontrarse con ella y construir su propio juicio. Que ninguna presión convierta nuestras salas en espacios donde la realidad deba pedir permiso para aparecer.
El cine no puede detener las guerras, pero puede impedir que nos acostumbremos a ellas. Puede interrumpir la indiferencia y devolverle rostros a quienes la violencia reduce a cifras. Puede recordarnos que todavía somos capaces de mirar al otro con toda su humanidad.
El silencio es cómplice de la crueldad y amenaza con ocuparlo todo. Proyectar una película no es una opción: es una responsabilidad histórica ineludible.
Atentamente, Asociación de Cineastas de No Ficción
Comunicado del Frente de Lucha por el Nuevo Hospital de Cartago
Cartago, 30 de setiembre – El Frente de Lucha por el Nuevo Hospital de Cartago manifiesta su profunda indignación y condena ante las acciones orquestadas por el Gobierno durante las recientes celebraciones patrias, que habrían incluido la vigilancia de opositores al Poder Ejecutivo y una burla hacia los habitantes de nuestra histórica ciudad.
Según información difundida por los medios de comunicación y corroborada por testigos presenciales, en cuenta muchos de nosotros, la Fuerza Pública, incluyendo la Unidad Especial de Intervención, la escolta presidencial y la Policía Municipal de Cartago, habría recibido instrucciones específicas el pasado 14 de setiembre para vigilar la iniciativa ciudadana «Faroleadas por la Democracia», una manifestación pacífica. Este hecho constituye una grave violación de los derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución Política.
La evidencia sugiere, y así lo constatamos quienes fuimos testigos de la Faroleada por la Democracia en Cartago, que la Fuerza Pública recibió órdenes similares a las de regímenes dictatoriales, dirigidas contra ciudadanos que nos manifestamos pacíficamente en todo momento.
Además, denunciamos que se facilitó la instalación de un cerco de vallas alrededor de la Plaza Mayor, espacio público, y se permitió el estacionamiento de autobuses en áreas restringidas para seguidores del partido Pueblo Soberano (PPSO), acciones que obstaculizaron el acceso y la libre expresión de los manifestantes. Estas acciones son una grave violación del derecho a la libertad de expresión, la prohibición de censura previa, el principio de igualdad, la prohibición de discriminación por opinión política, así como la libertad de reunión pacífica y la libertad de circulación.
La jornada del día de fiesta patria, lejos de ser un espacio de celebración cívica, dejó una imagen que «indigna», pues la Fuerza Pública y el Ministerio de Seguridad, llamados a proteger derechos y garantizar un trato igualitario, quedaron cuestionados por actuaciones selectivas y decisiones que lesionaron derechos.
También denunciamos directamente al ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, acostumbrado a buscar legitimidad a través de discursos vacíos, violentos, irrespetuosos en actos oficiales y conferencias de prensa.
Reprochamos haber ofendido en su aparición pública en la Plaza Mayor donde se burló de los cartagineses, arropado por la seguridad de gobierno, rompiendo con la solemnidad, la convivencia de la niñez, jóvenes en crecimiento y el carácter cívico que corresponde.
Ante esta situación, el Frente de Lucha por el Nuevo Hospital de Cartago exige la apertura de una investigación, imposición de sanciones administrativas a los involucrados y la renuncia de los responsables en el Ministerio de Seguridad.
Asimismo, reiteramos la declaración de “persona non grata” en el cantón de Cartago, al señor Rodrigo Chaves Robles, ministro de Hacienda y de la Presidencia, por haber faltado el respeto a la ciudad de Cartago y a sus habitantes y nuevamente a los regidores del cantón central de Cartago les llamamos a reivindicar el honor de la provincia, si no quedarán como traidores.
Las organizaciones y personas abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores del Semanario Universidad, ante los recientes ataques y cuestionamientos dirigidos contra este medio de comunicación de la Universidad de Costa Rica.
No se trata solamente de defender a un periódico universitario. Se trata de defender el derecho de una sociedad democrática a contar con medios capaces de investigar, cuestionar y fiscalizar al poder, incluso cuando aquello que publican resulta incómodo para quienes gobiernan, para grupos empresariales, para instituciones y para cualquier otro sector con capacidad de influencia.
El reciente ataque contra el Semanario Universidad, presentado bajo argumentos de eficiencia presupuestaria y cuestionamientos a su línea editorial, no puede analizarse de manera aislada. Forma parte de una campaña de desprestigio que, desde sectores conservadores y fascistas, ha acompañado históricamente a este medio y a la propia Universidad de Costa Rica cada vez que sus espacios de pensamiento, investigación y comunicación han cuestionado intereses establecidos.
La historia del Semanario Universidad está precisamente vinculada con la defensa de la libertad de pensamiento y de expresión. Su existencia responde a una tradición universitaria que entiende que la Universidad Pública no está llamada a repetir el discurso de quienes ejercen el poder, sino a producir conocimiento, abrir espacios de discusión y contribuir a que la sociedad pueda conocer y debatir aquello que otros preferirían mantener fuera de la discusión pública.
Por eso resulta particularmente grave que se pretenda deslegitimar al Semanario mediante el señalamiento de los recursos destinados a sus salarios. La discusión sobre los recursos públicos puede y debe darse. Las instituciones públicas deben rendir cuentas y mejorar permanentemente su funcionamiento. Pero una cosa es discutir legítimamente el uso de los recursos y otra muy distinta es utilizar el costo de una planilla como mecanismo para descalificar el contenido de un medio, cuestionar su existencia o sugerir que sus periodistas deberían abandonar la universidad pública porque sus posiciones críticas resultan incómodas.
El Semanario Universidad ha sido durante décadas un espacio para la expresión de múltiples voces de la sociedad costarricense. Ha dado cabida a sectores sociales, comunidades, organizaciones, personas investigadoras, trabajadores, movimientos sociales y personas defensoras de derechos que muchas veces encuentran dificultades para acceder a otros espacios de comunicación.
También ha demostrado que su función crítica no significa responder a un partido político, a un grupo empresarial ni siquiera a las propias autoridades universitarias. Su valor reside, precisamente, en conservar la capacidad de cuestionar a distintos poderes, incluida la propia Universidad de Costa Rica.
Esa independencia es un valor democrático, no un defecto.
Nuestra solidaridad tampoco se limita al Semanario Universidad. Nos preocupa el ambiente cada vez más hostil que enfrentan periodistas, comunicadores y comunicadoras sociales, personas creadoras de contenido, influencers, activistas, organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos y ambientales que ejercen públicamente su derecho a cuestionar las decisiones del poder.
Estamos observando un fenómeno que merece atención: quienes tienen capacidad de comunicar, investigar, denunciar o construir una narrativa diferente a la oficial están siendo objeto de descalificaciones, señalamientos y campañas de desprestigio. La crítica es presentada como enemistad. La denuncia es presentada como conspiración. La investigación periodística es presentada como ataque político. La discrepancia es convertida en sospecha.
Esto constituye un riesgo para la democracia. Una sociedad democrática no puede reducirse a votar cada cuatro años. También necesita instituciones independientes, prensa crítica, organizaciones sociales, universidades públicas, personas activistas y ciudadanía capaz de expresar desacuerdos sin temor a ser perseguidas o estigmatizadas.
Nos preocupa, además, el debilitamiento progresivo de distintos espacios institucionales y sociales que históricamente han funcionado como contrapesos del poder.
La presión sobre las instituciones públicas, el debilitamiento presupuestario de servicios esenciales, los cuestionamientos constantes a derechos adquiridos, las amenazas sobre la seguridad social, los ataques contra quienes fiscalizan al poder y la utilización creciente de la confrontación política como mecanismo para disciplinar la disidencia configuran un escenario que no podemos normalizar.
No afirmamos que todas estas situaciones sean idénticas ni que respondan necesariamente a una única causa. Pero sí consideramos necesario observar el patrón que se produce cuando distintos poderes y voces sociales comienzan a ser desacreditados por el simple hecho de cuestionar al gobierno o a grupos con poder.
Cada episodio puede parecer aislado. El problema aparece cuando se acumulan. Y cuando la crítica comienza a ser presentada sistemáticamente como una amenaza, la sociedad debe preguntarse qué está ocurriendo con su democracia.
La sociedad y la democracia necesita voces incómodas. El Semanario Universidad representa también una de las funciones esenciales de la Universidad de Costa Rica: poner el conocimiento al servicio de la sociedad.
La Universidad Pública no puede ser solamente un lugar donde se forman profesionales. Es también un espacio de pensamiento crítico, investigación, acción social, debate y comunicación pública.
Una universidad que solamente habla cuando sus autoridades están de acuerdo con lo que se dice deja de cumplir una parte fundamental de su función social.
El Semanario Universidad ha incomodado por igual a todos los gobiernos y autoridades universitarias, porque fiscalizar su accionar no es algo a lo que una empresa, una junta directiva o una autoridad quiera estar sometida. Mucho menos cuando ese escrutinio social y mediático proviene de un medio de servicio público, con independencia editorial y una mirada crítica sobre el ejercicio del poder.
Por eso defendemos el derecho del Semanario Universidad a equivocarse, a ser cuestionado, a mejorar y a recibir críticas.
Defender al Semanario no significa considerar infalible todo lo que publica. Significa defender su derecho a publicar, investigar y ejercer el periodismo sin que su existencia sea amenazada por el contenido de sus informaciones.
La crítica al periodismo se responde con más periodismo. La crítica a una investigación se responde con argumentos y evidencia. El desacuerdo editorial se responde con debate. No con campañas de intimidación o desprestigio.
Las organizaciones y personas abajo firmantes consideramos que guardar silencio frente a estos acontecimientos solamente contribuye a normalizar un clima en el que cada vez resulta más difícil disentir.
Por eso expresamos nuestra solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores del Semanario Universidad y con todas las personas comunicadoras, periodistas, creadoras de contenido, activistas y defensoras de derechos humanos y ambientales que han enfrentado situaciones similares.
Reconocemos el trabajo realizado durante décadas por el Semanario y, particularmente, el esfuerzo cotidiano de sus periodistas y trabajadores por investigar, preguntar, contrastar fuentes y mantener abierta una ventana para las voces que no siempre encuentran espacio en otros medios.
Sabemos que todo medio de comunicación puede mejorar. También sabemos que ningún medio está por encima de la crítica. Pero precisamente por eso defendemos su existencia: porque una democracia necesita espacios donde distintas posiciones puedan expresarse, confrontarse y ser fiscalizadas públicamente.
Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, universidades, sindicatos, comunidades, periodistas, comunicadores, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general a no permanecer indiferentes ante cualquier intento de reducir los espacios para la crítica y la disidencia.
Defender la prensa crítica es defender el derecho de la sociedad a saber.
Defender a quienes disienten es defender la democracia.
Y hoy, frente a cualquier intento de silenciar, disciplinar o intimidar las voces críticas, consideramos necesario decirlo con claridad: No nos vamos a quedar callados.
La lista de personas que firman en representación o con afiliación a organizaciones, instituciones o a título personal se puede ver en el mismo formulario o bien en el PDF que compartimos mediante el siguiente enlace: