Defender la Caja es defender sus nobles principios y óptima eficiencia asistencial y no implica en ningún momento tener que defender la gran incapacidad gerencial y administrativa de sus cúpulas dirigentes y líneas gerenciales, causantes directas del caos administrativo–financiero y de las “criminales listas de espera”.
Dr. Alfredo Ramírez Montero*
Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social
Dicha crisis tiene una clara solución con pocas acciones viables e inmediatas que la resolverían en forma definitiva, pero que las altas dirigencias se han negado empecinada e ilegalmente a implementar.
La Universidad de Costa Rica, y principalmente la Caja Costarricense de Seguro Social, conformaron un organismo llamado CENDEISSS (elefante blanco institucional) y una tal “Comisión de Estudios de Posgrado” (de la Vicerrectoría de Docencia de la UCR), los cuales se encargan de calcular cuántos especialistas necesita el país y se requieren en cada rama. Dichos organismos, con cierto tufillo prepotente, ponen las cuotas de ingreso a las especialidades “y santa palabra”. Con la iluminación del Espíritu Santo han sido capaces de saber cuáles serían las necesidades en cada uno de los siguientes años y se han encargado entonces de… ¡impedir la sobreoferta!… mientras que el país arrastra más bien, desde hace más de 15 años, un gran déficit de al menos 2.000 médicos, entre generales y especialistas, en clínicas y EBAIS del 1° y 2° niveles de atención (razón de las “filas madrugueras” en busca de consulta médica) y como faltante crítico en el 3er. y 4° nivel de atención hospitalaria, causa fundamental y primigenia de las “criminales listas de espera”.
Esta práctica podría ser legal en algunos mercados, pero en uno en donde media la salud y la vida de los ciudadanos, reviste entonces connotaciones morales, éticas y jurídicas muy delicadas. La ciudadanía es la gran perjudicada y las listas de espera actuales, de más de 1 millón 200 mil pacientes lo atestiguan.
Todo pinta a una solapada estrategia para crear poderes monopolizadores, restringiendo la cantidad de especialistas activos, dificultando su formación y manteniendo salarios en la Caja que no compiten con la media salarial del sector privado, así como altos precios en las consultas, intervenciones quirúrgicas y otros procedimientos de hospitales y clínicas privadas, lo que sería un atentado contra los derechos de los propios médicos generales, aspirantes a conseguir cupos de posgrado de especialidad, pero fundamentalmente contra los más elementales derechos humanos, principalmente el derecho a la vida, a la salud y a la atención médica oportuna de la ciudadanía, amparado por el artículo 21 de nuestra constitución y su amplia jurisprudencia, y en forma subsidiaria por los artículos 50, 73, 177 y Convenios Internacionales.
Las altas autoridades institucionales argumentan la incapacidad de los hospitales para recibir tantos practicantes en cada especialidad, hecho completamente falso, porque si algo necesitan, al menos los 9 hospitales nacionales generales y especializados y los 7 hospitales regionales (o sea 16 hospitales), son médicos residentes de posgrado de especialidad, que ya cuentan profesionalmente con la potestad de una gran capacidad resolutiva diagnóstico-terapéutica, para no tener que colocar irresponsablemente, como lo ha venido haciendo la Institución, dada su gran inopia de médicos residentes, a los internos universitarios en “rotación hospitalaria” (que todavía no son médicos incorporados al Colegio), a asumir y efectuar muchas de las funciones de los residentes, con el peligro de incurrir en “mal praxis”, al no ser todavía médicos titulados. Es claro que la conveniencia institucional con dicha práctica ilegal y desleal, es ahorrarse el salario que tendría que pagarle a los médicos residentes de especialidad, mientras que a los explotados y abusados “internos universitarios” no se les paga ni un cinco y muy pocos saben, que por el contrario, estos más bien tienen que pagar cada uno, aproximadamente una suma de 5,5 millones de colones, por la formación académica que el CENDEISSS alega, se les da en los hospitales públicos de la Caja, durante su año de práctica rotatoria como ”internos universitarios”. Valga además recordar que mientras esto sigue sucediendo, el año pasado 505 médicos generales ganaron el difícil (para no decir “coladero”) examen del CENDEISSS que les da derecho a optar por un cupo de residencia de posgrado de especialización, pero la Caja solo ofreció 300 plazas, que se constituyeron en la realidad en apenas ¡un poco más de 210, en medio de la tremenda crisis por falta de especialistas!
Ante todos estos hechos, que podemos respaldar con amplias y contundentes pruebas documentales y testimoniales, resulta claro que el gravísimo problema de las listas de espera (tipificado jurídicamente como verdadero crimen de “lesa humanidad”), que desprestigia a la Institución más querida y necesitada por nuestro pueblo, se solucionaría rápida, radical y definitivamente, con sólo que la Asamblea Legislativa, primer poder de la República y el Poder Judicial, en fiel acato del artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional exigieran “ipso facto”, a los ineptos funcionarios enquistados en las cúpulas dirigentes y líneas medias gerenciales de la CCSS (los mayores culpables del hecho y del caos institucional en general y únicos que pueden técnicamente solucionarlo), que contraten de manera inmediata a 1.000 médicos generales más en el primer nivel de atención (EBAIS) y se aboquen de lleno a la perentoria formación y contratación de los al menos 1.000 médicos especialistas más de los que hoy tenemos, y –que ellos mismos han reconocido– hacen falta en forma urgente en los actuales momentos, como una de las soluciones definitivas de la grave crisis médico-asistencial que hoy sufre la ciudadanía costarricense.
Esto resultaría poco oneroso para la institución (₵ 40.000 millones de colones anuales), cifra perfectamente viable para el Seguro de Salud de la Caja, si se paran sus grandes despilfarros de dinero en acciones absurdas e ineficaces (UTLE; call centers; «afán megaconstruccionista»; mega contratación hace algunos años de 11.000 funcionarios “fantasmas” que en nada ayudaron según la OPS a mejorar la eficiencia institucional; despilfarros burocráticos, etc., etc.) que han demostrado a través de los años su total inoperancia, o sea “no servir para nada”.
La otra complementaria solución que se debe exigir es el cese, ya indicado, del gran despilfarro de recursos que demagógicamente efectúa la Caja con su portafolio de inversiones, en la construcción de innecesaria infraestructura hospitalaria, cientos de EBAIS y más áreas de salud, etc. Para nuestro pequeño país de apenas 51100 Km. cuadrados y 5.300.000 habitantes, los 30 hospitales públicos (8 centrales nacionales; 7 regionales y 15 periféricos); las 105 áreas de salud; las más de 10 clínicas periféricas del área metropolitana; los 6 a 8 CAIS mayores y los más de 1.000 EBAIS distribuidos a lo largo y ancho de todo el país, resultan más que suficientes como gran infraestructura médico-sanitaria, y las únicas construcciones pendientes y urgentes a la fecha son: la del Hospital de Cartago; modernos agregados a los hospitales de Limón, y al Geriátrico Blanco Cervantes y la “Torre de la Esperanza” del Hospital de Niños, las cuales, paradójicamente debieron haber sido construidas hace más de 10 años, dada su perentoria necesidad.
Como última y lógica consideración puede afirmarse por lo tanto, que nuestra infraestructura clínico-hospitalaria y médico–sanitaria en general, está sobrada, pero está también muy subutilizada, y lo que se necesita no es construir más, despilfarrando recursos sin ton ni son, sino más bien mantener en buen estado y equipar con la más alta tecnología diagnóstico-terapéutica hoy mundialmente disponible, todo lo bueno que ya tenemos, exigiendo claro está, que el Estado cumpla sus obligaciones contributivas con la CCSS respetando principalmente los artículos 21, 73 y 177 de nuestra Constitución; el 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (incisos a – f) y las leyes 5349 y 7374.
Solo con estas acciones viables y de inicio inmediato, se podría resolver, a corto plazo, el grave problema de las crueles y deshumanizadas listas y filas de espera, y esto resulta perfectamente factible “si existe la voluntad política para hacerlo”, la que por lo tanto, todo nuestro pueblo debería de exigir a los candidatos de la próxima contienda electoral.
*Secretario general Sindicato del Frente Hospitalario Nacional -SIFREHN-
La representante laboral en la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Martha Rodríguez González, ha denunciado públicamente ser objeto de un procedimiento administrativo disciplinario que considera «profundamente viciado, desproporcionado y ajeno a los principios del debido proceso». Según Rodríguez González, estas acciones, impulsadas por el Consejo de Gobierno, «no se sostienen en criterios técnicos ni jurídicos legítimos», sino que responden a una «estrategia política para forzar [su] salida de la Junta Directiva de la Caja».
En su mensaje dirigido a la clase trabajadora y al pueblo de Costa Rica, Rodríguez González afirmó que la persecución es «sistemática, cuidadosamente orquestada, disfrazada de legalidad, pero revestida de intenciones políticas mezquinas». Explicó que la excusa oficial fue el pago de una deuda de 7.500 colones a las trabajadoras y los trabajadores de la Caja, la cual, indicó, se canceló a todas las personas empleadas públicas. Sin embargo, sostiene que la verdadera razón es su postura crítica y sus denuncias: «por denunciar dudosas contrataciones, por cuestionar sobreprecios, por exigir rigor técnico en criterios y estudios actuariales, por velar por el EDUS y señalar las evidentes situaciones relacionadas con el RNP, por las listas de espera, las juntas de salud y la construcción de obras como las de Cartago, Golfito, Limón».
Rodríguez González detalló que ha sido «suspendida de [su] cargo ilegítimamente», aunque fue restituida por orden de la Sala Constitucional. También mencionó haber sido «citada insistentemente» y expuesta a «intimidaciones y hostigamientos», todo con el propósito de «apartarme de la Junta Directiva por no ser complaciente, por alzar la voz, por fiscalizar sin miedos». Calificó su situación como un «ataque personal» y una «señal inequívoca de que cuando una mujer denuncia, cuando incomoda, cuando no se somete, el poder responde con violencia política institucional», llegando a denominarlo «terrorismo de estado».
A pesar de la situación, la representante laboral enfatizó que no renunciará. Subrayó su compromiso con la institución y con el bienestar de su personal profesional, afirmando: «Aquí estoy de pie, sin miedo, con la frente en alto, porque los principios no se venden, porque las convicciones no se negocian». Concluyó su mensaje reiterando su lucha por «la verdad y la justicia», destacando que Costa Rica «merece una Caja fuerte, autónoma, libre, transparente y humana».
El 19 de junio de 2025 se llevó a cabo el foro “Seguridad social y la CCSS: situación actual y desafíos futuros”, organizado por la Academia Nacional de Ciencias (ANC) y transmitido a través de su canal de YouTube.
En este espacio, especialistas en salud y política social analizaron el estado actual de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y ofrecieron distintas perspectivas sobre su sostenibilidad financiera, la cobertura universal de salud y los desafíos institucionales que enfrenta la seguridad social en Costa Rica.
La primera exposición del foro, titulada “El seguro de salud de la CCSS: la solidaridad, universalidad y equidad en disputa”, presentada por la Dra. Ana Sojo Martínez, abordó la relevancia de estos principios como pilares de la seguridad social en Costa Rica.
Se enfatizó que, a diferencia de los seguros privados, el sistema de salud público redistribuye beneficios de manera intrapersonal y comparte riesgos individualmente, lo cual refuerza su carácter solidario.
La Dra. Sojo también advirtió sobre los intentos de debilitamiento institucional durante la administración Chaves, mediante medidas como el desfinanciamiento, la introducción de copagos y el aumento del gasto de bolsillo en salud. Finalmente, señaló la urgencia de saldar la deuda estatal acumulada con la Caja y de realizar inversiones en infraestructura para asegurar la sostenibilidad del sistema.
Seguidamente, el Dr. Luis Rosero Bixby presentó la ponencia: “El enorme reto de la demografía a la seguridad social en Costa Rica”, en la cual analizó el impacto del envejecimiento poblacional sobre la sostenibilidad del sistema. Señaló que, aunque la población costarricense se mantendrá alrededor de los cinco millones en las próximas dos décadas, podría comenzar a disminuir entre 2050 y 2075.
Esta transformación demográfica plantea serios desafíos financieros. Ante este panorama, el Dr. Rosero propuso medidas como que las personas pensionadas paguen seguro de salud, establecer un impuesto a las rentas de activos, aplicar un impuesto al valor agregado y aumentar la edad de retiro.
La presentación del Dr. Carlos Zamora Zamora “Las listas de espera en la Caja” abordó uno de los problemas más visibles del sistema de salud costarricense. Se presentaron cifras alarmantes: más de 34,000 personas en espera de una cita con un especialista, 72,300 para una cita diagnóstica y 19,000 para una cirugía.
Al comparar con datos de hace 25 años, se evidenció un aumento considerable en los tiempos de espera. El Dr. Zamora enfatizó que este fenómeno no es una consecuencia inevitable de la cobertura universal, sino el resultado de decisiones administrativas y una gestión ineficiente. Como posibles soluciones, propuso un uso más eficaz de los recursos disponibles y la implementación de una planificación estratégica a largo plazo.
Finalmente, la Dra. María Luisa Ávila Agüero en su exposición: “La Caja Costarricense de Seguro Social: Perspectivas desde la Salud Pública” analizó los retos actuales de la CCSS desde una mirada integral. Señaló la grave escasez de especialistas en áreas clave como oncología, geriatría y psiquiatría, y subrayó la urgencia de fortalecer la formación profesional y ofrecer mayores incentivos docentes.
Además, expuso preocupantes datos sobre el estado de salud de la población: un 34 % de las personas adultas presenta obesidad y un 50 % mantiene un estilo de vida sedentario. La Dra. Ávila también indicó que la pandemia de COVID-19 erosionó la confianza en las instituciones de salud, lo cual hace aún más necesario reforzar el primer nivel de atención Finalmente, enfatizó que mejorar la salud pública requiere intervenir también en los determinantes sociales.
Mediante el siguiente enlace puede acceder a la grabación del foro:
Es innecesario recordar que la CCSS sufre de un déficit presupuestario que está teniendo terribles consecuencias, especialmente, para los “Ciudadanos de Oro” que inevitablemente acuden a sus hospitales y clínicas. Las camas y demás espacios del sistema de salud de la Caja, son ocupados en más del 65% por venerables ancianitos. Casi no hay familia que no haya sufrido, por las condiciones en que, por escasez de recursos, los abuelitos y abuelitas han tenido que engrosar listas de espera para un tratamiento médico, y a veces, pasar dos o tres días en condiciones incómodas, impropias, dolorosas, sin poder salir de salas de emergencia, por falta de espacio en salones, también inadecuados, y con grandes limitaciones en el número de médicos, enfermeros, asistentes. Espacios, por cierto, diseñados para pacientes más jóvenes con mayores facilidades de movilidad, como la altura de las camas y las instalaciones de aseo. Muchos hemos sufrido al ver cómo ha habido necesidad de «amarrarlos» de sus camas, ante la insuficiencia de personal que los pudiesen atender las 24 horas. Faltan medicamentos y equipos, y adecuados.
Ancianos que después de haber entregado heroicamente su vida, a los hijos que cuidaron desde el día de su nacimiento, hoy solo Dios los puede proteger, de cualquier hospitalización por enfermedad grave, que los haga pasar por indescriptibles penalidades.
Y es que, por más amor aportado por el personal de salud, no tiene nuestro buen sistema hospitalario de la Caja, respuestas viables para enfrentar los cambios demográficos que aceleradamente han envejecido nuestra población. Cada día son más los «Ciudadanos de Oro», así como las enfermedades inherentes a su edad, a los que les ha llegado el momento de recibir el amor y protección que demandan y merecen.
Hoy no alcanza el dinero y la situación se agravará en pocos años, cuando tal población mayor de 65 años superará, la cifra de 1.000.000, lo que nos hace vislumbrar una situación desesperante, dolorosa, inmerecida, que se profundizará inevitablemente… ¡Si no hacemos lo correcto hoy! Y lo correcto es buscar cómo enfrentar con medidas concretas, ese angustiante problema nacional. Indudablemente el más importante que hemos de solucionar como proyecto país.
Pero ¿Cómo enfrentarlo si no tenemos recursos?, se estará preguntando usted; pues resulta que sí contamos con recursos financieros suficientes para esa magna tarea. Y los tenemos en un pequeñito espacio de nuestro territorio. En un área menor al Parque Metropolitano de La Sabana, donde los costarricenses tenemos un yacimiento de oro que, según los estudios de la empresa extranjera que lo iba a explotar, puede producir unos US$2.500 millones en una década. Cifra real, no especulativa, sustentada en la producción anual de solo tres toneladas de oro (lejos de las cien o más que se extraen en algunas minas en Latinoamérica), que estuvimos a punto de perder si se hubiera ejecutado una atropellada concesión. Y, muy importante, podemos hacerlo ahora sin necesidad de reformar el Código de Minería, porque al ser el mismo Estado el que haría la explotación, no requiere (sería una insensatez) que se le otorgue una concesión (que están prohibidas) cual, si se tratara de un ente privado, que sí las requiere.
Ante la urgencia, hacemos un llamado para que se vea nuestro oro de crucitas, como una solución complementaria, al déficit financiero de la Caja, la cual, como consecuencia directa, también tendría más recursos para enfrentar las inhumanas listas de espera, y el atribulado régimen de pensiones.
Rogamos pues, para que la idea del sistema hospitalario integral que hemos llamado “Hospital del Oro” sea valorada. Se trata de que la CCSS diga ¡presente, aquí estamos!, y se disponga a buscar respuestas a las necesidades que le aquejan, no solo en los 1045 EBAIS que, igualmente, ya ven superada su capacidad de atención primaria, sino también en todos los hospitales que, por lo general, no tienen espacios adaptados para acoger, al más importante sector de pacientes. “Ciudadanos de Oro” que aparte de las 140 camas del magnífico Hospital Geriátrico Raúl Blanco Cervantes, no queda más que atenderlos, bajo condiciones inadecuadas en hospitales diseñados para pacientes más jóvenes, de un amplio rango de edades, donde no encontramos salas especializadas para los abuelitos y abuelitas, que presentan conocidas necesidades especiales, pero que son acogidos en centros de salud, que presentan facilidades materiales que impiden incluso, el pleno cumplimiento de la Ley Nº7600.
Para un proyecto tan urgente y necesario, los expertos en salud que tenemos en Costa Rica harían los planes que mejor consideren adecuados en el marco de la CCSS y el Ministerio de Salud. Quizá, podrían pensar en adecuar los centros de atención primaria y hospitales de toda categoría, para que cuenten con secciones especializadas para esos ciudadanos, mediante ampliaciones, o quizá en la construcción de otros hospitales regionales de geriatría o incluso, en uno central de especialidades médicas, para la atención de enfermedades predominantes en ese venerado sector de población. No se trata de un hospital, sino de un sistema hospitalario, donde también se habrá de considerar modestas facilidades, para familiares que, desde regiones alejadas, han de estar asistiendo a sus abuelitos internados, lejos de sus casas.
Asimismo, no es despreciable el beneficio colateral que obtendría la Caja, al dedicar esa fuente extraordinaria de recursos para atender exclusivamente a las personas de la tercera edad. Las hoy interminables “listas de espera” que como consecuencia de la escasez financiera y de especialistas, provocan desazón en miles de pacientes y sus familiares, también se verían disminuidas conforme más y más ciudadanos mayores vayan siendo atendidos en los espacios diseñados para ellos. Así, en poco tiempo, alrededor de un 65% de los espacios, equipos, medicamentos, exámenes de laboratorio, consulta externa, cirugías, etcétera, que hoy son compartidos con otros pacientes, se irán liberando, y, por ende, la Caja contará con mucho mejores condiciones para el cumplimiento de su abnegada labor. ¡Todos salimos ganando!
Por lo resumido, estamos convencidos que, el noble pueblo de Costa Rica tiene la formidable oportunidad, de dejar un legado histórico de inmensas repercusiones, para futuras generaciones, como lo fue hace más de seis décadas, el Hospital Nacional de Niños, cuando la situación demográfica era diametralmente opuesta, y, como lo es quizá, el de los tres grandes reformadores sociales de la Costa Rica de los años 40.
Para alcanzar ese logro, estamos urgidos de la decisión política que no puede esperar. Y es que, no existe ningún otro país en donde la riqueza mineral de su subsuelo, perteneciente a toda la comunidad como bien demanial, se dedique a la atención de sus “Ciudadanos de Oro”, de los que más lo necesitan y, más importante, de los que lo merecen. ¿Acaso podría pretenderse un mejor aprovechamiento de la riqueza de ese mineral localizado en Crucitas, antes de que, por azar político, se le asigne otro destino menos beneficioso para Costa Rica?
¡Unamos pues voluntades, para hacer realidad el formidable sistema hospitalario llamado “Hospital del Oro”! que, obviamente, se desarrollaría guardando estricta atención a las particularidades ambientales, que conlleva un proyecto de minería como el que habremos de hacer realidad para los costarricenses. Proyecto indiscutiblemente, urgente, razonable, único, y más importante, posible, si nos lo proponemos.
Por último, y de gran importancia, ha de anotarse que, desde el instante en que los funcionarios gubernamentales, inicien las primeras acciones conducentes a la ejecución del proyecto, se acabaría el impune robo de nuestro oro y los problemas ambientales que se están dando, en ese yacimiento..
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) anuncia que recurrirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado, por violaciones graves, sistemáticas y sostenidas al derecho a la salud, consagrado en la Constitución Política y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Actualmente más de 1.300.000 personas se encuentran en listas de espera para citas y procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos especializados, mientras el Gobierno mantiene una deuda superior a los ₡4.4 billones con la institución, debilitando su operatividad y sostenibilidad.
Este incumplimiento pone en grave riesgo la gestión sanitaria que atenta contra el derecho a la vida y la salud de millones de personas.
El Tribunal Constitucional ha declarado de manera reiterada que esta situación configura una violación sistemática a derechos fundamentales, se suma lo advertido por la Contraloría General de la República, sobre manipulación y ocultamiento de datos en las listasde espera, evidenciando una estrategia maliciosa de desinformación institucional que agrava aún más la emergencia sanitaria.
UNDECA tiene casos documentados que confirman que hay pacientes con citas que alcanzan casi 20 años, mientras que fraudulentamente se continúan “blanqueando” las listas, con personas que se omiten o a quienes solo les entregan una «boleta de espera de llamada», sin fecha, sin registro, y sin garantía alguna.
Algunos legisladores han denunciado el trágico deceso de al menos 5.000 personas, esperando atención médica.
“El abandono de las obligaciones del gobierno de Chaves no puede seguir siendo normalizado. La negación del acceso a la salud en condiciones dignas y oportunas constituye una forma de violencia estructural contra la población, y particularmente contra los sectores más vulnerables.
UNDECA reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento de la CCSS y el acceso a salud pública, solidaria y digna.
Por eso, recurriremos ante el sistema interamericano para exigir la justicia que las más altas autoridades jerárquicas de la Caja le están negando a 1 millón de personas”, señaló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.
En el video adjunto al final de este texto, se señala al presidente Rodrigo Chaves y su gobierno, con un enfoque principal en la relación conflictiva entre el gobierno y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la entidad responsable de los servicios de salud pública en Costa Rica. Donde se analiza que el gobierno está saboteando las operaciones de la CCSS al evitar que el Ministerio de Hacienda le transfiera los fondos necesarios para su funcionamiento, una acción que se considera violatoria de la constitución y las leyes nacionales.
Se menciona también el impacto negativo de estas acciones en la población costarricense, al señalar que muchas personas enfrentan largas esperas para recibir atención médica básica debido a la falta de recursos. Se aborda que los ciudadanos deben hacer fila desde horas tempranas en la madrugada frente a las clínicas y hospitales para intentar conseguir un turno, lo cual refleja un sistema de salud saturado y falto de recursos. Este problema se agrava con la escasez de especialistas, equipo médico, medicamentos e infraestructura adecuada. También se aborda el caso específico de la construcción del nuevo hospital en Cartago, la cual, ha sido sistemáticamente bloqueada por el gobierno, a pesar de que dicha infraestructura es urgente para mejorar la atención médica en la región.
Por estas razones, se acusa directamente al presidente y al ministro de Hacienda de negligencia y falta de responsabilidad en su gestión, responsabilizándolos de las muertes y la pérdida de vidas de costarricenses que no reciben atención médica oportuna. Se cuestiona si el gobierno está buscando protegerse de posibles responsabilidades al no cumplir con sus obligaciones hacia la CCSS y al no permitir que su Junta Directiva funcione adecuadamente para aprobar decisiones críticas para la salud pública.
Finalmente, se denuncia lo que considera una falta de ética y patriotismo por parte de quienes ocupan altos cargos en el gobierno, acusándolos de seguir órdenes del presidente sin considerar el bienestar del país y sus ciudadanos, enfatizando una percepción de que el gobierno está actuando en contra de los intereses del pueblo costarricense, protegiendo sus propios intereses y debilitando el sistema de salud pública en el proceso.
Se puede visualizar este video en el siguiente enlace:
Los dos afiches compartidos tratan sobre una protesta relacionada con la situación de la salud pública en Costa Rica y las deudas que el gobierno tiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). A continuación, se resume la información principal de ambos afiches:
El primer afiche señala que la salud pública debe ser un derecho de todos, enfatizando la demanda del pago de una deuda de 4 billones de colones. El mensaje central es «¡Exijamos!», haciendo un llamado a la acción para reclamar el pago de esta deuda. Se menciona una huelga programada para el jueves 31 de octubre, organizada en tres turnos y dirigida a los trabajadores para que se organicen en sus centros de trabajo. El afiche presenta los logos de UNDECA y BUSSCO, dos organizaciones involucradas en la movilización, reflejando la unidad sindical y social en la defensa de la salud pública.
El segundo afiche cuestiona la razón de las listas de espera en los servicios de salud, las cuales se califican como «listas de muerte». Se enumeran problemas como la falta de personal, medicamentos, equipo, infraestructura y camas. Estos problemas se atribuyen a la deuda que el gobierno mantiene con la CCSS, la cual supera los 4 billones de colones. La frase «Porque el gobierno no le quiere pagar a la CCSS» responsabiliza directamente al gobierno de la crisis. Se incluyen imágenes de personas esperando en los pasillos de centros de salud, destacando la gravedad de la situación. Al igual que en el primer afiche, se observan los logos de UNDECA, «Somos Gente de Salud» y BUSSCO, junto con un mensaje final: «¡No más corrupción y saqueo de la CCSS!».
Ambos afiches buscan movilizar a la población para exigir el pago de la deuda que el gobierno tiene con la CCSS, subrayando la crisis que esto ha generado en el sistema de salud pública, incluyendo la escasez de recursos básicos y el deterioro de la atención a los pacientes.
Rafael A. Ugalde Q. Periodista, abogado y notario.
Rodrigo Arias López. Actuario y matemático.
Dedicado a Juan Rafael Mora Porras y José María Cañas Escamilla, asesinados vilmente en Puntarenas, designados por la patria para que, junto a aquellos hombres y mujeres, henchidos de rabia y coraje, consolidaran nuestra independencia y libertad, frente a los filibusteros de ayer y hoy.
Cómo sí las larvas del “barrenador” fueran insuficientes, cuando privatizaron los servicios básicos preventivos de atención de la salud, trasladaron a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) las obligaciones del Ministerio de Salud, durante la Administración socialcristiana de Rafael Ángel Calderón Fournier, llenando de más ninfas el lomo del pobre Seguro Social, ya de por sí repleto del gusanillo ese, hasta hoy. (Museo-Nacional).
En la entrega anterior abordamos la llamada “tercerización” de los servicios básicos de atención primaria, el silencio de aceptación que hubo entre un sector de las cúpulas del entonces liderazgo popular, así como el descabezamiento y la destrucción legal del Hospital Sin Paredes, como experiencia democrática del pueblo en la solución de sus problemas sanitarios. (Parte I).
En la Administración socialcristiana de Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994) comenzó otro crujir de dientes para la CCSS, igual o peor que como cuando a las cooperativas, bajo el control del fortachón Partido Liberación Nacional, entró en el negocio de los servicios de salud del primer nivel. Ya entonces el lomo de la Caja estaba lleno por todos lados de ninfas, que luego todos conocen la supuesta multiplicación del gusanillo, que ya ocupa un lugar en la historia policial, tras prestar su nombre al fiscal general, Carlo Díaz, para llevar a cabo el operativo durante el cual detuvieron a ocho personas vinculadas con la CCSS.
El presente esfuerzo implícito en esta segunda entrega va despojado de cualquier politiquería y partidarismo, porque el fin último, es que, sin importar el nivel de escolaridad, edad o sexo, sean los campesinos, los obreros, las amas de casas, los estudiantes, los empleados públicos y privados, intelectuales y profesionales honestos, que los hay todavía, podamos entender la compleja madeja existente alrededor de los intentos de desmontar 83 años de seguridad social, a todas luces sí eso ocurriera, sería una auténtica tragedia para los costarricenses más vulnerables.
De esta realidad, surge entonces, la exigencia de no solo organizarnos para competir sobre quien controla más organizaciones y cuánto recibimos mensualmente por cuotas para mantener el funcionamiento de la instancia sindical, comunal, estudiantil etc., sino la urgencia de articularnos. El primer caso se llama, políticamente hablando, “burocratismo”; el segundo es “trabajo planificado”, “efectivo” a la hora de cuantificar, con sentido político, entre otros términos. El primer caso, el “burocratismo”, confunde, desorienta a los trabajadores y deja abierta las puertas a las bandas fascistas en todas partes (léase Milei en Argentina, amenazas de bombas y muerte en Costa Rica, intentos de golpe de Estado en Honduras y Venezuela etc.), mientras la segunda opción educa, transforma y concientiza a los hombres y mujeres sobre su papel dentro de la sociedad, elevando así las cualidades y calidad de su membresía. Para que nos entendamos: poco ganan los trabajadores sí sus líderes siguen transitando por el viejo camino de organizaciones por organizaciones, sí taponeamos por omisión o acción los vasos comunicantes con otros costarricenses en igual o peores condiciones por el inhumano estado en que nos tiene el modelo imperialista.
Tal como se explicó en la primera parte, el artículo 6º de “Ley de Universalización del Seguro de Enfermedad y Maternidad” N° 5349 del 24/09/1973, mandaba que la atención de las acciones de salud en materia de medicina preventiva no reservadas por ley a la Caja, serían de responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salubridad Pública. Sin embargo, el 3 de diciembre de 1993 -administración socialcristiana de Calderón Fournier como queda dicho líneas arriba- derogaron el artículo 6 en mención y trasladaron a la CCSS la obligación de encargarse de la medicina preventiva, con la promesa en la disposición 9 de la Ley N° 7374 del 3/12/1993, que el Ministerio de Hacienda financiaría mensualmente sus costos. Con dicho artículo, el PUSC revitalizó el plan de privatización de los servicios médicos iniciado por el PLN años atrás, prometiendo, según el artículo 9: “El Ministerio de Hacienda, a efecto de cumplir con lo establecido en los artículos 7 y 8 de la presente Ley, tomará las previsiones presupuestarias, para trasladar mensualmente a la Caja Costarricense de Seguro Social los recursos financieros necesarios, a fin de cubrir las nuevas obligaciones asumidas por el traspaso del programa de atención a las personas.”
Entendemos, pero no compartimos, que los miembros de la Junta Directiva y en general la alta gerencia de la CCSS, cuidaran sus cargos aceptando lo que a ojo de pájaro ya asomaba como un posible barrenado en las finanzas de la Caja. Tampoco, siendo claros y sinceros, la representación de los trabajadores en las distintas áreas de la CCSS, ahora tan agitada por la entrega de centros de salud a las cooperativas y la posible imposición del llamado sistema de “copago” de necesidades médicas, mostró capacidad para prevenir lo que se fraguaba (algo parecido había pasado en México), y menos para articularse y dar la lucha junto a maestros, campesinos, y asalariados, en general, dado que el desfinanciamiento del Seguro era evidente y el asunto era de vida o muerte para millares de asegurados. Es extraña la pasividad ocurrida.
El plan escondido en las alturas de nuestra oligarquía sí bien es cierto permanecía “sombreado” entre escritorios y personajes de la política local, era a la vez evidente en cada una de sus etapas y los pasos dados a diario, pues hicieron valer sus influencias dentro de la CCSS para que el monto mensual proveniente del Ministerio de Hacienda, por el traslado a la Caja de las obligaciones del ministerio de salud, fuera solo por dos años o por un monto simbólico. Eso lo lograron contabilizando desde hace 30 años en los Estados Financieros del seguro de salud, solo el 2,5% del costo que le trasladaron a la Caja. Hasta la fecha ningún gobierno de turno ha honrado ni siquiera ese 2,5%. Aún muchos de los que dejaron de pagar ese 2,5% y de los que dejaron de cobrar el 97,5% restante, siguen campantes en sus puestos tomando decisiones.
Este caso tiene más de 10 años en los tribunales de justicia, tras una denuncia del exdiputado José María Villalta (Expediente 13-006261-1027-CA, Sección Octava del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial de Goicoechea,) sin que exista prisa en la CCSS, en ningún gobierno de turno y presuntamente tampoco en el Poder Judicial. (Sentencia-Sala-Primera).
El allanamiento a la CCSS por el llamado caso “barrenador” puso nuestra seguridad social en primer plano.
Pocos pueden alegar desconocimiento de estas maniobras e infecciones. La Auditoría Interna de la CCSS, la Contraloría General de la República y hasta la Defensoría de los Habitantes, conocen estas conductas inexplicables, que podría constituir un presunto delito desde hace décadas; pero nunca las denunciaron, ni importó a nadie. Se acomodaron a recibir sus altos salarios sin decir esta boca es mía, mientras los gusanillos barrenadores crecían y se reproducían. (Ver Auditor-Olger-Sanchez-CCSSy Defensoría-Habitantes).
Cuando un ciudadano, en su condición de trabajador y asegurado, hizo ver al ministerio público el olorcillo que salía desde adentro, ese ministerio archivó una de las denuncias interpuestas, y alegó: “Este recurso se está declarando inadmisible por el principio de Taxatividad Subjetiva, por lo ya apuntado al considerar que el señor Rodrigo Arias López no es víctima en la presente causa y no ostenta esa condición que establece la ley, en el artículo 282 con relación al 437 e interpretando a la luz del 70 del C.P.P, en virtud de ello se declara inadmisible el recurso de apelación presentado contra la resolución del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José de las 10:30 minutos del 20 de noviembre del año 2018 donde se dictó (sic) la desestimación de la causa y por lo tanto se declara en firme aquella resolución.” (La negrita no es del original y para un ahondamiento del asunto puede consultarse el Voto 21-2019, Expediente 18-000119-1218-PE, del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José. (Denuncia-Fiscalía).
Es menester recordar que, por esa fecha, la fiscalía general de la república, la ocupaba Emilia Navas Aparicio, y ahora quien la sustituyó en el puesto, Carlo Díaz, declaró la guerra al gusanillo ese en la Caja, lo cual supone, entendiendo bien el significado de “lucha contra la corrupción”, una buena fumigación a la mosca verde, por lo menos con tintura de yodo, sí de verdad hay decisión de limpiar el lomo de la institución.
Si bien los “barrenadores” han cumplido con creces a quienes los pusieron en la alta administración, el “barrenado” de las finanzas de la CCSS, ya es imposible maquillarlo. A fin de colaborar con la bitácora de la fiscalía general (él dijo que está abierto a las denuncias de la ciudadanía), así como con la discusión en el movimiento popular, se ofrecen a continuación cifras en colones, solo en relación con el rubro del artículo 9 de la Ley 7374, antes citado (Primer nivel de atención de la salud):
Gasto anual del primer nivel de atención de la salud en 2023: ¢728.425 millones (Ver Cuadro 31, pág. 76 de Estudio-CCSS).
Gasto contabilizado por la CCSS a cargo del Estado en 2023: ¢19.595 millones (Ver cuenta contable 131268 EF-SEM-CCSS-DIC-2023).
Monto presuntamente dejado de contabilizar y de cobrar al Estado en 2023: ¢708.830.
Monto presuntamente pagado por el Estado: cero colones.
A lo anterior, hay que agregar que, en los estados financieros con corte al 31/12/2019, solo aparece el 2,5% del costo real, más los intereses simples, con un saldo acumulado en 30 años de solamente ¢436.081 millones, y otro, en el cual se da a entender, que ese saldo es diminuto, porque se lo comieron las larvas barrenadoras. Esto por cuanto, el reclamo hecho, tomando en cuenta el 100% del costo -en lugar del solo el 2,5%- del primer nivel de atención con corte a setiembre de 2019, es de ¢5.933.726.567.501,95 (casi ¢6 billones) (Punto 2 dentro de la ejecución de sentencia citada líneas arriba) de la pretensión firmada por Gustavo Camacho Carranza, representante judicial de la CCSS, en julio de 2020, expediente 13-006261-1027-CA. (Ver Ejecución-de-sentencia citada).
En este sentido, cuando la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social solicitó al Gerente de la CCSS, Lic. Gustavo Picado Chacón “actualizar el monto del principal y de los intereses de la pretensión de liquidación de sentencia que presentó el Sr. Gustavo Camacho Carranza Abogado 16689 ante el EXPEDIENTE: 13-006261-1027-CA del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Octava del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, ya que dicha pretensión está desactualizado a setiembre de 2019 y que una vez que haya sido actualizado nos suministren una copia”, recibió como respuesta lo siguiente: “Conforme a la naturaleza del proceso judicial de ejecución, los montos incluidos en la pretensión institucional son debidamente actualizados según se avance en las etapas procesales del procedimiento y en estrecha coordinación con el Abogado Director del caso, según se requiera. En tal sentido, en el momento que se proceda con lo indicado se les informará lo correspondiente.” (Oficio GF-3403-2024 del 12 de setiembre de 2024). Esto demuestra el interés real que tienen quienes toman las principales decisiones en la CCSS y que giran las instrucciones de los montos que se deben contabilizar en los estados financieros como responsabilidad del Estado, según la Ley 7374, a fin de que la deuda estatal con la Caja luzca pequeñita -unos ¢4 billones-; y por carambola y para felicidad de los organismos financieros internacionales (Juan Rafael Mora, posiblemente los hubiera mandado al carajo) siguen dando préstamos e hipotecando las futuras generaciones para que avance el plan incontenible ideado por nuestras élites desde 1982 hasta hoy.
La comparación hecha por la fiscalía general de la república con la mosca productora del gusano barrenador con la presunta compra por la Caja con sobre precios en servicios médicos a cooperativas, cobró relevancia con la detención reciente de altos personeros ligados con el Seguro. (Imagen con fines ilustrativos: La-Región).
De esta manera, tenemos algo así, dos formas paralelas de acumular los ingresos por las deudas en relación con la deuda del Estado por el artículo 9 de la Ley 7374, que suma para la CCSS solo el 2,5% del costo de lo que antes tenía el ministerio de salud, rondando los ¢4 billones (ver Deuda-Estado-CCSS), y que de paso, tanto sorprende ahora, a la diputada del PLN Paulina Ramírez.
La otra contabilidad, no oficial y en las tinieblas, originada por el 100% del costo de atención primaria de la salud acreditada a el Estado, superaría la astronómica suma de los ¢20 billones, a setiembre de 2024. En todo caso, sea el primer saldo o si prefieren el segundo, la barrenada es grande y la sentimos la mayoría de costarricenses sin acceso a las cadenas de hospitales privados, cada vez que usted hace fila en un centro de salud de la Caja, su cita con un especialista es para el otro año y la tan esperada intervención quirúrgica urgente se practicará hasta dentro de dos años, sí está viva todavía. ¡Y recuerde: calladito es más bonito desde hace 42 años!
Según datos divulgados por la misma CCSS, hay un aumento de las citas en espera de 174.815 a 187.548 y una reducción de 552 días de espera en promedio en cirugías en enero de 2023 a 421 días en agosto de 2024. A fin de contribuir con el estudio y el análisis, dediquemos tiempo a los siguientes gráficos.
Respecto con las listas de espera para consulta externa, el plazo promedio de retraso se incrementó de 371 días en enero de 2023 a 425 días en agosto de 2024, mientras que la cantidad de citas en demora creció de 219.619 a 310.098.
El copago de servicios se suma la tercerización: El presidente Rodrigo Chaves, durante una conferencia de prensa el pasado 30 de septiembre en Puntarenas, confirmó que la compra de servicios médicos a el movimiento cooperativo incluye procedimientos quirúrgicos.
Las declaraciones del mandatarioesclarecieron recientes dudas entre un importante sector sindical dentro de la CCSS y los agentes cooperativos asignados por las altas autoridades de la Caja para que se hagan cargo de los centros de atención primaria de salud, durante un periodo de 10 años.
La polémica sobre sí, la llamada “tercerización” de la medicina preventiva incluía ya algunas cirugías, estalló esta semana cuando trascendió que la Cooperativa Autogestionaria de Servidores para la Atención Integral (Coopesain) ha brindado servicios mediante contratación a la Caja para la atención de procedimientos de cirugía mayor ambulatoria a pacientes pediátricos del área de atracción del Hospital Nacional de Niños. Contabilizando desde el año 1991 a julio de 2022 un total de 42.763 niños intervenidos quirúrgicamente.
Las categóricas afirmaciones fueron recogidas por el periódico digital El Mundo cr, el pasado 27 de setiembre, atribuyendo a el gerente de Coopesain RL, Walter Zúñiga, tales cifras en el marco de un desencuentro entre el presidente del Movimiento Cooperativo, Freddy González Rojas, y el dirigente sindical y secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines, Lenin Hernández. (ElMundo.cr).
La política cada vez más evidente de obligar a la Caja a entregar estratégicos servicios relacionados con la salud de todos los costarricenses, ha estado presente en todos los últimos gobiernos, caracterizados, unas veces con la privatización (eufemísticamente llamada cooperativización o llanamente tercerización), otras quitando legal o de hecho a la rectora de la protección social en el país la producción de medicamentos, más allá que no sea la crema de rosas, a pesar de la cantidad de excelentes profesionales con que cuenta en todas sus áreas, pasando por el envío de pacientes a realizarse exámenes a centros privados, hasta llegar a la más reciente propuesta de copago de servicios dizque para enfrentar las listas de espera.
Pareciera que, desde aquel 1º de noviembre 1941, cuando por la ley número 17 nació la querida Caja – estamos a menos de un mes, este 1 de noviembre , de celebrarle cumple 83 años- no han dejado de manosear sus entrañas para acabar con el pilar de la contribución tripartita y solidaria, a fin echar por el suelo el sueño de cientos de humildes herederos de Juan Rafael Mora, excelentemente interpretados por el presidente Rafael Ángel Calderón Guardia y el líder comunista Manuel Mora Valverde, cuando pensaron en no dejar a nadie sin seguro social, frente a la enfermedad, la invalidez, la vejez y la muerte.
Las millonarias deudas de la CCSS sin pagar o sin cobrar, así como rebajos en las cuotas para este o aquel otro sector, por politiquería, populismo o por más bonito que venga tal relato, no es otra cosa que una simulación de nuestras élites para barrenar los derechos de todos nosotros a una atención eficaz ante la enfermedad y el auxilio social ante la invalidez, la vejez y la muerte.
¡Tenga cuidado: a veces los confites vienen envenenados!
Lenin Hernández Navas, secretario general del sindicato SINAE AFINES, ha lanzado duras críticas contra Marta Esquivel, quien había presentado una iniciativa relacionada con la política de género institucional en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esquivel anunció la implementación de ropa hospitalaria específica para mujeres, compuesta por pantalones y blusas, lo cual fue calificado por Hernández Navas como una “distracción de los problemas realmente importantes que enfrentan los costarricenses”.
En su respuesta, Hernández Navas instó a Esquivel a enfocarse en lo urgente y relevante, señalando que los problemas de salud pública, como el cáncer y las listas de espera para procedimientos quirúrgicos, son cuestiones que exigen atención inmediata. El líder sindical subrayó la gravedad de la situación del cáncer en Costa Rica, destacando que anualmente se detectan 13,000 casos nuevos de diferentes tipos de cáncer y que 5,700 personas mueren a causa de esta enfermedad. Además, criticó la cantidad insuficiente de mamografías realizadas en la CCSS, mencionando que por cada 76 mamografías, una mujer fallece, lo que muestra un claro déficit en la prevención y el tratamiento de enfermedades graves.
Hernández Navas también abordó el alarmante aumento en las listas de espera desde que Esquivel asumió su cargo. El dirigente señala que la lista de espera para procedimientos quirúrgicos ha crecido en 19,000 personas, sumando un total de 188,600 personas que esperan atención médica. En los últimos cuatro meses, más de 2,000 personas adicionales se han sumado a estas listas, lo que ha generado una crisis en la atención de salud, que Hernández Navas califica como una situación de “listas de muerte” debido a la irresponsabilidad de Esquivel.
Además de responsabilizar a Esquivel, Hernández Navas acusó al presidente de la República de protegerla y no tomar medidas efectivas para resolver los problemas dentro de la CCSS. En su opinión, el presidente no solo es parte del problema, sino que también ha permitido que la corrupción dentro de la Caja siga proliferando. Para Hernández Navas, tanto Esquivel como el presidente son responsables de una situación que pone en riesgo la vida y la salud de miles de costarricenses.
Luego de que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), aprobara un proyecto para implementar dos unidades de alto desempeño para atender las listas de espera en Oftalmología y Ortopedia, en los servicios de la Clínica Oftalmológica y la Clínica Marcial Fallas, la Defensoría de los Habitantes anunció que dará seguimiento a dicho plan.
Como parte de las acciones, la Defensoría solicitó a la Gerencia Médica de la CCSS, informar los antecedentes técnicos que dieron fundamento al proyecto, copia de los acuerdos de la Junta y los términos planteados en el proyecto. También se consultó sobre los recursos disponibles, fuente de financiamiento, recursos humanos asignados, el periodo durante el cual se ejecutará, los indicadores de evaluación para determinar el progreso en la reducción de listas de espera, los mecanismos utilizados para realizar la coordinación necesaria que permita la ejecución de la jornada ordinaria de dichas clínicas y la programación extraordinaria.
Además, se pidió la valoración -si se ha realizado- sobre la eventual ampliación del proyecto a otros CAIS del país, a fin de que puedan atender a la población cercana y los criterios de selección de los pacientes para la implementación del proyecto que busca, en un plazo determinado, realizar la mayor cantidad posible de operaciones de las listas de espera, especialmente, en jornada ordinaria.
De acuerdo con datos de la CCSS publicados en medios de prensa, anualmente, ingresan a la lista de espera de operación por cataratas entre 20.000 y 30.000 pacientes nuevos. En lo que va del 2024, hay 27.000 casos más. Con respecto a ortopedia, al 2024, 14.278 personas estaban en espera de alguna cirugía en esta especialidad médica.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
