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Etiqueta: listas de espera

Juan Carlos Durán Castro advierte sobre seis frentes que, a su juicio, empujan hacia la privatización de la CCSS

Juan Carlos Durán Castro, defensor de derechos humanos y dirigente sindical en el Hospital San Juan de Dios por más de cuarenta años, hizo un llamado urgente a las dirigencias sociales y sindicales para analizar a fondo los riesgos que, según su lectura, enfrenta la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). «Como nunca en la historia de la Caja […] hemos visto cómo avanzan algunas tesis realmente privatizadoras, tanto para el seguro de salud como para el régimen de IVM», afirma.

Juan Carlos Durán Castro

Las listas de espera como punto neurálgico

Durán Castro sostiene que los mecanismos institucionales para atender las listas de espera nunca han atacado sus causas estructurales. En su análisis menciona los cuellos de botella, el peso de grupos de poder dentro del gremio médico y el abandono de los mecanismos de control.

Cuestiona en particular las modalidades de pago desarrolladas durante años para reducir esas listas, como el primer reglamento de compra de servicios médicos a terceros de los años noventa, las jornadas de producción, el Modelo Único de Pago y los modelos tarifarios. A su juicio, esas modalidades han generado incentivos perversos y costos crecientes, sin resolver el problema. Las califica como una forma de «privatización endógena» y considera que nunca han sido examinadas a fondo por la Contraloría o la Procuraduría.

Seis frentes de riesgo

El dirigente resume en seis puntos lo que considera el panorama actual de riesgos:

  1. Proyectos de ley. El expediente 25.700, para crear en la CCSS una sección especializada en el reconocimiento de gastos médicos, que según Durán Castro abriría la puerta al copago y que, hasta donde entiende, habría sido retirado para modificarlo. Y el expediente 25.850, que propone crear dos juntas directivas de cinco integrantes, una para el seguro de salud y otra para el IVM.
  2. El reglamento de listas de espera del Ministerio de Salud, publicado el 26 de agosto de 2026, que entrará en vigencia en febrero de 2027 y que, según advierte, permitiría la privatización abierta del manejo de las listas de espera.
  3. El proyecto del Colegio de Médicos y Cirujanos para las listas de espera, que, según Durán Castro, se vincula con intereses de un sector del gremio médico.
  4. La reforma al reglamento de nombramiento de las representaciones en la Junta Directiva de la CCSS, que a su juicio podría derivar en un control total del gobierno sobre la institución. Esto coincide con el diálogo sobre el IVM que se iniciaría en una Mesa Técnica Nacional, aunque las reformas al régimen corresponden a la Junta Directiva. El dirigente teme que se opte por las cuentas nocionales promovidas por el Banco Mundial, que considera una fase previa a las cuentas individuales.
  5. La plataforma PRIS, anunciada por el Ministerio de Salud el 10 de noviembre, que permitirá que el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) tenga trazabilidad en el sector privado, con el consentimiento informado de la persona paciente.
  6. El ofrecimiento público de actores de la Cámara Nacional de la Salud para poner a disposición salas de operaciones para atender las listas de espera de la Caja.

Un llamado a las dirigencias

Durán Castro afirma que, por su conocimiento del sector, se ve obligado a advertir sobre «altos riesgos de corto plazo» y sobre una «baja o nula lectura de la dirigencia al respecto». Señala además que, según ha sabido, especialistas de la Universidad de Costa Rica analizan el portafolio de inversiones de la CCSS, su política salarial y de recursos humanos, las listas de espera, la gobernanza institucional y el sistema informático de compras ERP-SAP.

«Instamos respetuosamente a todas las dirigencias sectoriales, sin excepción, a que realmente se sienten a hacer un balance de fondo del desarrollo actual de los acontecimientos en torno a la Caja; caso contrario, muy pronto los discursos de defensa de esta institución perderán a nuestro juicio gran parte de su sentido», concluye.

¿Qué sería de nuestra vida sin la CCSS?

Edison Valverde Araya

Yo no estaría contando esta historia si no fuera por la Caja, que me ayudó a sobrevivir al covid-19 y al cáncer.

Hace una semana, 21 personas de Paso Ancho y San Sebastián nos reunimos en La Arboleda para conversar sobre la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y sobre lo que podemos hacer para defenderla.

El conversatorio estuvo a cargo de Adriana Garrido y Mario Céspedes, integrantes del colectivo La Caja es Nuestra. Mario Céspedes es además vecino de Los Geranios. Entre las personas asistentes estuvieron don Luis Navarro, presidente de la Junta de Salud, y Ericka Cascante, también integrante de esa junta, así como don Orlando Navarro, presidente del Hogar de la Esperanza de Paso Ancho.

La conversación fue muy animada y todas las personas presentes participaron activamente. Hay una gran disposición a defender la CCSS y los EBAIS de San Sebastián y Paso Ancho, para que sigan siendo administrados por la Caja.

Se acordó abrir un medio de comunicación, un grupo de WhatsApp que ya funciona con el nombre «PA-SS por la Defensa de la Caja», y participar en la marcha del domingo 8 de noviembre en San José.

La marcha, convocada entre otras organizaciones por Buen Vivir Costa Rica bajo el lema «Marchemos por nuestra salud y bienestar», saldrá a las 9:00 a. m. del parque La Merced y llegará a las oficinas centrales de la CCSS.

En la marcha pediremos:

  • que el gobierno pague a la CCSS lo que le adeuda;
  • que se reduzcan las listas de espera;
  • que se mejoren los equipos y se cuente con más especialistas;
  • que se mejoren los servicios.

“Resistencias patrióticas” fragmentadas ante la ofensiva sobre la CCSS: una lectura de coyuntura

Juan Carlos Durán Castro

Juan Carlos Durán Castro
Asesor sindical ANEP-CCSS y defensor de derechos humanos

Un oficialismo golpeado, pero no derrotado

El partido oficialista quedó un tanto golpeado con dos batallas perdidas: la reelección de Carlo Díaz como fiscal general y el entierro del proyecto de la mal llamada armonización eléctrica. Ante esas derrotas, las facciones más fascistas del Partido Pueblo Soberano atacan con una narrativa anticomunista, porque parecen tener pocos argumentos. Pero mantienen su línea autoritaria y confrontativa para seguir ganando la guerra cultural en redes, ya que el oficialismo no tiene capacidad movilizadora, algo que está más que probado.

Como parte de su táctica, es previsible que el oficialismo lleve a referéndum la apertura eléctrica, pues sabe que tiene manejo de la lucha informativa y cuenta con aliados y recursos. Eso impone un reto unitario a todas las resistencias patrióticas. Es un camino que recuerda la lucha contra el TLC, y es un reto que la derecha fascista lanza a los conglomerados de resistencia, sabiendo que están fragmentados.

Con esa misma lectura, la derecha, dentro y fuera del Gobierno, se atreve a desafiar a las rectorías y al estudiantado con el recorte de ₡8.048 millones al FEES, y a torcerle el brazo a la diputada que “se equivocó” al votar en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Las distintas facciones de derecha también leen los rasgos de las bancadas opositoras y saben cómo mover las fichas del ajedrez.

Por eso, las resistencias patrióticas deben profundizar su análisis de coyuntura y mejorar su toma de decisiones: en este momento, los errores tácticos o estratégicos tendrán enormes costos políticos. Es claro, además, que hay sectores y dirigencias controlados por el enfoque de derecha del continuismo de una presidenta que, según parece, actúa solo en lo formal y no ostenta el poder real.

La convocatoria real a las movilizaciones la formularon las rectorías por medio del CONARE. El mejor escenario, el que debemos construir, es una fuerza mayor de los movimientos sindicales, sociales y socioproductivos. Sin embargo, no se percibe en el corto plazo un salto de calidad en la unidad de las diversas resistencias patrióticas, que el Gobierno caracteriza como fragmentadas, y algunas de las cuales podrían estar cooptadas o tener lecturas ideológicas poco profundas del contexto. Eso acarrea un riesgo alto de ser derrotados en temas país que podrían mover la aguja hacia una ruta distinta a la que se consolida en el continente, y obliga a exigir madurez política real a las dirigencias que se dicen patrióticas.

Un tanque de oxígeno para el proyecto fascista

Si las resistencias patrióticas mantienen su fragmentación, su sectarismo, su egoísmo y su chovinismo, y siguen compitiendo por la foto con una mirada corporativa y de corto aliento, no dudamos en afirmar que le están obsequiando un enorme tanque de oxígeno al proyecto fascista en desarrollo en Costa Rica. Al final del día, cada liderazgo pagará su cuota de factura política según su sector.

La deuda con la Caja: billones de razones

Sin ocultar las deudas que dejaron otras administraciones del bipartidismo y del tristemente célebre PAC, lo cierto es que en los cuatro años del gobierno de Rodrigo Chaves Robles la deuda del Estado con la Caja, en salud y pensiones, creció como nunca en los últimos once años. Todo indica que la presidenta Laura Fernández Delgado seguirá los mismos pasos.

A junio de 2025, la deuda con el Seguro de Salud ascendía a ₡3,6 billones y posiblemente ya ronde los ₡4 billones. La deuda con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se reportó en esa misma fecha en ₡770.000 millones y, según la Gerencia de Pensiones, podría estar llegando a ₡1 billón. Durante la administración Chaves Robles, la deuda acumulada sumó al menos ₡1,5 billones en salud y unos ₡770.000 millones en el IVM.

De ahí surgen consignas tácticas y estratégicas para salvar la Caja como instrumento de equidad, esperanza, paz social y distribución de la riqueza nacional:

  1. La familia laboral de la Caja tiene casi 1,5 billones de razones para salir a las calles y exigir, junto al pueblo y sus organizaciones, que el Gobierno le pague a la Caja.

  2. 1,5 billones de razones para exigir acciones reales que reduzcan los tres tipos de listas de espera en jornada ordinaria, con mejores controles institucionales.

  3. 1,5 billones de razones para exigir que mejore la productividad de las salas de operaciones en todo el país, con impacto en la gente de carne y hueso.

  4. 1,5 billones de razones para exigir que la Caja negocie una política salarial fuera de la Ley 9635 y sin regla fiscal.

  5. 1,5 billones de razones para tener a tiempo los reportes de mamografías y biopsias.

  6. 1,5 billones de razones para acceder a una cita con especialista o a un examen de diagnóstico en un tiempo razonable y humano.

  7. 1,5 billones de razones para que la dirigencia sindical de la Caja dé un paso al frente y decida acciones unitarias con las resistencias patrióticas que detengan la implosión de la Caja en el corto o el mediano plazo.

  8. 770.000 millones de razones para salir a las calles a defender el IVM, por las personas jubiladas, las que cotizan hoy y las generaciones futuras.

  9. 770.000 millones de razones para decir no a la mentira de las cuentas nocionales, las cuentas individuales, los grupos generacionales o cualquier otra narrativa falsa del gobierno del continuismo fascista.

  10. 770.000 millones de razones para luchar por una pensión y una vejez dignas.

Cinco ejes de la privatización

Antes habíamos planteado lo que llamamos la tríada de la privatización: una táctica a tres bandas del gobierno del continuismo para avanzar sobre la Caja. Ahora se suman dos elementos más:

  1. El proyecto de ley de la diputada Marta Esquivel Rodríguez presentado a la Asamblea Legislativa, que esconde un copago abierto que en realidad es un reembolso.

  2. El reglamento del Ministerio de Salud para atender las listas de espera, que entra en vigencia en febrero de 2027 y potencia la privatización abierta de esas listas.

  3. El proyecto “Unidos” del Colegio de Médicos, que se inscribe en la ruta del reglamento. Quizá busca mantener la situación actual, pero dentro de una lógica de al menos cuatro formas de pago, centradas en la jornada extraordinaria y sin controles reales. Además, deja sin explorar el análisis de las jornadas ordinarias y la productividad de las salas de operaciones.

  4. El reglamento de interoperabilidad, una pieza clave del entramado, porque da alta trazabilidad al EDUS y abre puertas que hasta ahora estaban cerradas tecnológicamente.

  5. El proyecto de ley 25.580, también de Marta Esquivel Rodríguez, que pretende desmembrar el equilibrio tripartito histórico de la Junta Directiva de la Caja. No debemos llamarnos a engaño: se trata de retrasar o impedir la juramentación de la representación sindical y tener así campo abierto para tomar acuerdos sobre el Seguro de Salud y el de Pensiones.

En resumen, son cinco ejes que impulsarán con mucha fuerza la estrategia formulada hace años por el Banco Mundial y la Cámara de la Salud Privada para privatizar los servicios de salud de la Caja. El objetivo es trasladar hacia afuera, en tiempo récord, un negocio que hoy es interno.

La urgencia de la unidad

Se impone un balance más profundo y la urgente necesidad de construir alianzas con los sectores sociales, sindicales y socioproductivos, si realmente queremos frenar el final de la Caja tal como la hemos conocido.

«La deuda del Estado con la CCSS tiene rostro y sufrimiento humano»: el testimonio de una paciente que no pudo hacerse un TAC

Maritza Rodríguez Soto, ciudadana costarricense, compartió con SURCOS un testimonio personal sobre las fallas de equipo e infraestructura que enfrentan las personas usuarias de la CCSS. Llama la atención en relación con el no pago de la deuda del Estado con la CCSS como causa de la situación.

Según relata, asistió al Hospital México a realizarse una tomografía axial computarizada (TAC); meses después, al no recibir los resultados, acudió a la Contraloría de Servicios de la institución, donde se le informó que el equipo había sufrido un desperfecto y que no existían imágenes del estudio.

Recientemente, al intentar realizarse nuevamente el examen en el Hospital de Heredia, se le indicó que el equipo de radiología también estaba averiado, y que debía esperar a ser referida a otro centro de la CCSS para completar el procedimiento. Rodríguez Soto hace un llamado a la ciudadanía a defender la seguridad social como un logro histórico, ante lo que considera un deterioro creciente de los servicios de salud pública.

Contexto

Este testimonio se suma a una serie de coberturas recientes de SURCOS sobre la situación financiera y de infraestructura de la CCSS: la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) ha documentado, en una serie de cuatro entregas, su intercambio con las autoridades de la institución sobre la crisis financiera del IVM y las listas de espera, señalando entre sus preocupaciones la escasez de médicos especialistas como causa fundamental de esas listas; UNDECA ha denunciado que el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 no resuelve la deuda histórica del Estado con la CCSS ni las obligaciones financieras del gobierno actual con la institución; y el Frente de Lucha por el Nuevo Hospital de Cartago ha denunciado la situación crítica del Hospital Max Peralta, con una capacidad desbordada al 150% de su límite. El testimonio de Rodríguez Soto ilustra, desde la experiencia directa de una paciente, el tipo de afectación concreta que estas y otras organizaciones han venido señalando en sus denuncias institucionales.

ACSS informa sobre respuestas de Presidencia y de la CCSS a su solicitud de audiencia por crisis de pensiones y listas de espera

Comunicado de la ACSS

Esta es la segunda entrega de la serie iniciada con la publicación realizada por SURCOS Digital (https://wp.me/p6rfbZ-A2I), en la que se informó sobre la solicitud de audiencia presentada por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) a la presidenta de la República y a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. El propósito de dicha audiencia era exponer propuestas para atender los problemas financieros de los seguros sociales y mejorar la oportunidad en la prestación de los servicios.

El 30 de junio de 2026, la ACSS recibió, mediante un correo electrónico enviado por el Despacho de la Presidencia de la República, la siguiente respuesta:

“Reciba un cordial saludo. Brindamos acuse de recibo y damos por conocida su gestión. Dado que la misma está dirigida al ente competente de atender su gestión, a quienes igualmente les remitimos copia, para su debido seguimiento.

Gracias,”

A partir de esta respuesta, la ACSS interpretó que la Presidencia de la República no consideró necesario escuchar directamente la exposición de los motivos por los cuales la CCSS enfrenta serios problemas de financiamiento y de oportunidad en la atención médica, ni conocer de primera mano las propuestas planteadas por la ACSS para contribuir a su solución.

La ACSS respeta plenamente las decisiones del Despacho Presidencial; sin embargo, lamenta profundamente que no se haya atendido la solicitud de audiencia para presentar los hallazgos y propuestas.

Quedaba aún por conocer la posición de las autoridades de la CCSS. No obstante, transcurrieron 30 días naturales sin que se recibiera respuesta alguna. Por esta razón, la ACSS remitió un recordatorio mediante el oficio ACSS-008-2026, de fecha 30 de julio de 2026. En atención a dicha gestión, se recibió el oficio N.° PE-3997-2026, del 18 de agosto de 2026, cuyo contenido señala textualmente lo siguiente:

“PE-3997-2026

18 de agosto de 2026

Señores

AUDITORÍA CIUDADANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ACSS)

acss.junio.2022@gmail.com

ASUNTO: Atención Oficios ACSS-007-2026 y ACSS-008-2026

Estimados señores:

Reciban un cordial saludo. En atención a los oficios ACSS-007-2026, del 23 de junio de 2026, y ACSS-008-2026, del 30 de julio de 2026, mediante los cuales solicitan un espacio de reunión para exponer diversos planteamientos y propuestas relacionados con la situación financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, las obligaciones del Estado, la disponibilidad de médicos especialistas y las listas de espera, entre otros asuntos.

Al respecto, se agradece el interés manifestado por esa organización en contribuir al análisis de temas relevantes para la seguridad social, así como su disposición al diálogo y a presentar sus planteamientos ante la Institución.

Debido a la naturaleza y amplitud de los asuntos expuestos, los cuales comprenden aspectos que requieren valoración y análisis técnico en materia financiera, actuarial, de pensiones y de prestación de servicios de salud, este Despacho considera oportuno que, como primera instancia, se propicie un acercamiento con las Gerencias y unidades correspondientes.

Por lo anterior, mediante oficio PE-3996-2026 del cual su organización recibió en copia, se han trasladado los documentos a la Gerencia Financiera, Gerencia de Pensiones, Gerencia Médica y Dirección Actuarial y Económica, con el propósito de que, en el marco de sus respectivas competencias, analicen los planteamientos formulados, valoren el espacio de reunión solicitado y realicen las coordinaciones correspondientes para su atención y respuesta.

Atentamente,

MSc. Laura Ávila Bolaños

Jefa de Despacho, Presidencia Ejecutiva

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL”

Así mismo, se recibió copia del oficio PE-3996-2026 indicado en el documento anterior, cuyo texto es el siguiente:

“PE-3996-2026

18 de agosto de 2026

Máster

Carolina González Gaitán, Directora

DIRECCIÓN ACTUARIAL Y ECONÓMICA-1112

Licenciado

Gustavo Picado Chacón, Gerente

GERENCIA FINANCIERA-1103

Doctor

Marvin Palma Lostalo, Gerente

GERENCIA MÉDICA-2901

Licenciado

Jaime Barrantes Espinoza, Gerente

GERENCIA DE PENSIONES-9108

ASUNTO: Traslado Oficios ACSS-007-2026 Y ACSS-008-2026

Estimados (a) señores (a):

Reciban un cordial saludo. Para su conocimiento, valoración y atención, se trasladan los oficios ACSS-007-2026, del 23 de junio de 2026, y ACSS-008-2026, del 30 de julio de 2026, remitidos por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS), mediante los cuales dicha organización solicita un espacio de reunión para exponer diversos planteamientos y propuestas relacionados con la situación financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, las obligaciones del Estado con la Institución, la disponibilidad de médicos especialistas y las listas de espera, entre otros asuntos.

Considerando que los temas planteados comprenden aspectos de naturaleza financiera, actuarial, de pensiones y de prestación de servicios de salud que requieren del respectivo análisis técnico, se estima oportuno propiciar, como primera instancia, un acercamiento con las Gerencias y unidades competentes.

Por lo anterior, les solicito que, en el marco de sus respectivas competencias, analicen los planteamientos formulados por la ACSS y valoren la realización de un espacio de reunión con sus representantes, efectuando para ello las coordinaciones que correspondan entre las unidades involucradas.

Asimismo, se solicita gestionar y brindar respuesta a la Asociación sobre lo planteado en los oficios de referencia, con copia a este Despacho.

Atentamente,

MSc. Laura Ávila Bolaños

Jefa de Despacho, Presidencia Ejecutiva

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

LAB/CGC

Anexo: ACSS-007-2026 y documento complementario

ACSS-008-2026”

La ACSS valora positivamente que la Presidencia Ejecutiva de la Caja haya trasladado la documentación a las Gerencias Financiera, Médica y de Pensiones, así como a la Dirección Actuarial, para su análisis y valoración. Asimismo, considera favorable que dicho traslado haya incluido tanto las propuestas planteadas por la ACSS como la solicitud de audiencia presentada, con el propósito de que las instancias competentes examinen su contenido y se pronuncien al respecto.

En una tercera entrega la ACSS se referirá a la respuesta recibida del Gerente de Pensiones, Lic. Jaime Barrantes Espinoza y otras acciones realizadas.

AUDITORÍA CIUDADANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Ivania Ramírez Maykal

Rodrigo Arias López

ACSS solicita audiencia a la presidenta y a la CCSS por crisis financiera de pensiones y listas de espera

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) plantea siete medidas para resolver de forma permanente la crisis del IVM y de las listas de espera en salud.

LA ACSS solicitó formalmente una audiencia a la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, y a la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández, con el fin de exponer un conjunto de medidas orientadas a resolver de manera permanente la crisis financiera y actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), sin recurrir a nuevas reducciones en el monto de las pensiones ni a un aumento en la edad de retiro, y para abordar el problema estructural de las listas y filas de espera en el Seguro de Salud.

Según el oficio ACSS-007-2026, del 23 de junio de 2026, la organización cuestiona que, en la sesión N.° 9604 de la Junta Directiva de la CCSS —en la que la Gerencia de Pensiones presentó una reforma al régimen IVM ya aprobada en primera instancia—, no se habrían expuesto las verdaderas causas del deterioro financiero del régimen. La ACSS sostiene que atribuir la crisis únicamente al aumento en la esperanza de vida de la población (que pasó de 47 años en 1947 a 80 años a partir de 2010) resulta insuficiente, y recuerda que una reforma previa al IVM, vigente desde enero de 2024 y que entrará en pleno vigor en enero de 2027, había sido presentada en su momento como garantía de sostenibilidad financiera hasta el año 2050.

Junto con su solicitud, la ACSS remitió el documento «El sistema de pensiones de Costa Rica, el seguro de salud y la corrupción de cuello blanco», en el que —según señalan— se identifican violaciones a los artículos 21, 33, 73 y 177 de la Constitución Política, a los artículos 1, 2 y 7 de la Ley N.° 5349, al artículo 9 de la Ley N.° 7374, al artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y a los artículos 32 y 43 de la Ley Constitutiva de la CCSS.

Las siete medidas propuestas por la ACSS son:

  1. Establecer al IVM (junto con el régimen del Poder Judicial y el RCC) como el único régimen de pensiones contributivo para las nuevas generaciones de trabajadores, con posibilidad de traslado voluntario y liquidación actuarial para los trabajadores más jóvenes actuales; y al Régimen No Contributivo de la CCSS como el único régimen no contributivo para las nuevas pensiones, incluyendo el régimen de los expresidentes de la República.

  2. Eliminar, para las nuevas generaciones de trabajadores, los fondos institucionales del segundo pilar de pensiones —dejando únicamente el ROP— y no permitir su retiro en un solo tracto, salvo casos calificados.

  3. Crear un Banco de Gestión de la Reserva del IVM, adscrito a la CCSS pero con autonomía suficiente, que asuma la función que hoy tienen la Gerencia Financiera y la Gerencia de Pensiones sobre el manejo de esos fondos.

  4. Dotar de financiamiento gradual y permanente a los seguros de salud y de pensiones en lo correspondiente a los aportes del Estado, utilizando recursos liberados de regímenes cerrados de pensiones, un mejor control de la evasión y elusión fiscal, y otras fuentes, de forma que todos los aportes estatales ingresen directamente a la CCSS.

  5. Evaluar la condonación de una parte de la deuda del Estado con el seguro de salud —incluyendo la no contabilizada y con sentencias favorables a la CCSS (expediente 13-006261-1027-CA)— y establecer un cronograma de pago del saldo restante.

  6. Reducir las filas y listas de espera mediante la creación de aproximadamente 1.000 plazas adicionales de médicos generales en los EBAIS existentes, y la formación y contratación de otros 1.000 médicos especialistas, en dos tractos de 500 residentes de posgrado cada uno.

  7. Realizar un estudio actuarial integral de todos los regímenes de salud y pensiones del país, junto con un análisis jurídico de la normativa vigente, como base para un proyecto de ley que aclare y regule las fuentes de financiamiento del Estado hacia la CCSS.

La ACSS solicitó una audiencia en un plazo de 30 días calendario, comprometiéndose a mantener la reserva del documento durante ese período. El oficio está firmado por Alfredo Ramírez Montero, Carlos Eduardo González Arroyo, Jorge García Araya y Rodrigo Arias López.

A continuación, se incluye el texto completo enviado por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social a las autoridades citadas y compartido con SURCOS:

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) solicitó audiencia a la presidenta de la República y a la presidenta ejecutiva de la CCSS para discutir importantes acciones que resolverían de manera permanente la crisis financiera del Seguro de Pensiones y de listas y filas de espera del Seguro de Salud
(Parte 1)

En el documento ACSS-007-2026 del 23 de junio de 2026, la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) envió a la presidenta de la República Laura Fernández Delgado y a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) Mónica Taylor Hernández, una solicitud de audiencia para exponer y analizar importantes medidas para poner fin permanente a los problemas financieros y actuariales del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte sin tener que disminuir más los ya bajos montos de las pensiones, ni aumentar las edades de retiro, entre otras. Así mismo, para resolver el eterno problema que aqueja a los costarricenses al tener que esperar excesivo tiempo para cirugías y diversos exámenes médicos que son indispensables para cumplir con el derecho a la salud, incluyendo madrugar a las 4:00am para obtener una cita, en muchos casos sin obtenerla.

En adición, para solicitar apoyo para elaborar un proyecto de ley que dote de fuentes de financiamiento al Seguro de Salud y al Régimen No Contributivo de Pensiones, en particular para los aportes que corresponden al Estado como tal.

El texto íntegro enviado a las autoridades de la CCSS y de Gobierno, es el siguiente:

“Excelentísima Señora

Laura Fernández Delgado

Presidente de la República de Costa Rica

Su Despacho

Señora

Mónica Taylor Hernández

Presidente Ejecutiva

Caja Costarricense de Seguro Social

Su Despacho

Asunto: Solicitud de reunión para: exponer peligrosa situación financiera de la Caja; grave crisis por inopia de médicos especialistas, causa fundamental de las inconstitucionales listas de espera de la CCSS y petición de apoyo para elaborar un proyecto de ley para regular las obligaciones del Estado como tal con dicha institución.

Excelentísima Señora Presidente y distinguida Señora Presidente Ejecutiva:

Reciban un cordial y respetuoso saludo de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS). Para los miembros de la ACSS es un gusto dirigirnos a ustedes con el fin de solicitarles una reunión para exponerles nuestros puntos de vista sobre la situación financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y en relación con los problemas que aquejan a dicha institución y a sus asegurados por la falta de especialistas médicos y las preocupantes listas de espera a nivel hospitalario y de filas madrugueras para la obtención de cupos para citas médicas en el primer nivel a atención de clínicas y Ebais. Así mismo, para exponerles o plantearles nuestras recomendaciones y propuestas y pedirles apoyo para la realización de un estudio actuarial y legal que permita la elaboración de un proyecto de ley, cuya aprobación pueda solucionar de manera permanente la grave problemática que ha venido acarreando desde hace décadas la institución más emblemática y grandiosa con que cuenta nuestro país.

Hemos podido escuchar y analizar el audio de 3,5 horas de la sesión N° 9604 de la Junta Directiva de la CCSS (https://www.youtube.com/watch?v=JPDU-IlB9io), en la cual la Gerencia de Pensiones planteó una reforma al Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), aprobada en primera instancia por dicha Junta.

Concluimos que en esa sesión los mandos medios de la CCSS no le informaron a la Junta Directiva las verdaderas razones por las cuales el IVM se encuentra a las puertas de la bancarrota. En primer lugar, es conocido que las autoridades de la CCSS conocen desde hace varias décadas que la esperanza de vida al nacer aumentó de 47 años en 1947 a 63 años en 1960, a 73 años en 1980 y a 80 años a partir de 2010. Por eso atribuir la causa de la eventual quiebra del IVM al aumento de viejos y viejas se cae por su propio peso. En segundo lugar, tanto los mandos medios de la CCSS como los mandos más altos realizaron una reforma al IVM que recién inició en enero 2024; pero que entrará en pleno vigor a partir de enero de 2027. En esa ocasión altos jerarcas de la CCSS le prometieron descaradamente a los costarricenses que con esa reforma le daban sostenibilidad financiera al IVM hasta el año 2050. En tercer lugar, creemos que el nuevo parche propuesto para IVM será otro engaño, pues para recetar la cura primero hay que conocer la enfermedad que tiene el paciente, lo cual requiere la participación de amplios sectores sociales y políticos.

Con el fin de adelantar brevemente nuestras observaciones y sugerencias, nos complace enviarles el documento “EL SISTEMA DE PENSIONES DE COSTA RICA, EL SEGURO DE SALUD Y LA CORRUPCIÓN DE CUELLO BLANCO” elaborado por la ACSS, el cual contiene información de mucho interés y muestra la violación de los artículos 21, 33, 73 y 177 de la Constitución Política, los artículos 1, 2 y 7 de la Ley 5349, el artículo 9 de la Ley 7374, el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y los artículos 32 y 43 de la Ley Constitutiva de la CCSS, entre otros. Además, plantea las siguientes siete medidas necesarias para conocer y curar la enfermedad que padece el IVM desde hace varias décadas, así como para reducir las listas de espera y las filas para pedir citas en la CCSS:

  1. Establecer a IVM como el único régimen de pensiones contributivo (IVM+PJ+RCC, artículo 65 de LCC y 73 de la Constitución Política) para las nuevas generaciones de trabajadores y traslado voluntario con liquidación actuarial para los actuales trabajadores más jóvenes. Así mismo, establecer al RNC de la CCSS como el único régimen de pensiones no contributivo (RNC-CCSS + RNC-DNP) para las nuevas pensiones que se otorguen, incluyendo el régimen de los expresidentes de la república.

  2. Eliminar para las nuevas generaciones de trabajadores los fondos institucionales del segundo pilar –dejar solo el ROP- y no permitir que el ROP se retire en un solo tracto, salvo en casos calificados.

  3. Crear el Banco de Gestión de la Reserva de IVM que a la vez pueda captar fondos de las empresas y las personas, pertenecería a los asegurados de IVM y estaría adscrito a la CCSS; pero con suficiente autonomía. Por lo tanto, se le quita dicha función a la Gerencia Financiera y a la Gerencia de Pensiones de la CCSS; esta última se dedicaría al trámite y control de pensiones.

  4. Dotar de financiamiento gradual y permanente a los seguros de salud y de pensiones (contributivo y no contributivo) en lo que corresponde a los aportes del Estado como tal (Leyes 5349, 7374 y otras) y demás fondos necesarios, utilizando recursos que se liberen de los regímenes cerrados de pensiones y de los institucionales que se cierren, con un mejor control de la evasión y elusión de impuestos, con los del Banco de Gestión de la reserva de IVM y con otras fuentes de ingresos. Esto permitirá devolver gradualmente al IVM el 8.25% sobre los salarios que le han venido quitando. Con el fin de evitar caer nuevamente en la situación actual, todos los aportes estatales deberán ingresar directamente a la CCSS.

  5. Las anteriores acciones no solo permitirán darle sostenibilidad financiera al seguro de salud y de pensiones contributivas y no contributivas, sino que también podrían hacer viable la condonación de una buena parte de la deuda del Estado como tal con el seguro de salud, incluyendo aquella que no está contabilizada y tiene sentencias a favor de la CCSS (expediente 13-006261-1027-CA) y establecer un cronograma de pago de su saldo.

  6. La Junta Directiva de la CCSS debe reducir las filas y listas de espera, para lo cual recomendamos construir una oficina en los Ebais que ya existen para que se le asigne a un nuevo médico general, en total creemos serían unos 1000 médicos más para el primer nivel de atención; así mismo, se requiere la formación y contratación de otros 1.000 médicos especialistas más en dos tractos de 500 residentes de posgrado cada uno, esenciales por su gran capacidad resolutiva de diagnóstico terapéutico, de acuerdo a la Ley General de Salud. La CCSS y el Ministerio de Salud deben dejar de escudarse diciendo que no disponen de estudios técnicos ni de planificación para conocer las necesidades de médicos y especialistas.

  7. Para todo lo anterior, excepto para la recomendación número 6, se requiere reunir la información necesaria para realizar un estudio actuarial de todos los regímenes de salud y de pensiones que existen en el país, hacer un análisis jurídico de las actuales leyes y reglamentos de la seguridad social y elaborar un proyecto de ley que incluya las modificaciones que se deben hacer a varias leyes y las fuentes de financiamiento del Estado como tal a la CCSS que actualmente no están claras o no están creadas.

Consideramos que el diálogo y la participación ciudadana son esenciales para mantener la paz social y para fortalecer a la CCSS. Debido a que el tiempo apremia, respetuosamente solicitamos audiencia lo antes posible, para lo que creemos con todo respeto, que un plazo de 30 días calendario es adecuado. Durante dicho tiempo mantendremos la reserva de este documento.

Les agradecemos anticipadamente el tiempo dedicado a la lectura de esta nota y el documento adjunto, así como la atención que brinden a nuestra solicitud. Confiamos en el compromiso que ustedes tienen con el bienestar de la ciudadanía pues son conscientes de las grandes bondades de la CCSS, por lo cual estamos seguros de que en esta ocasión no sucederá como con los gobiernos anteriores, con cuyas autoridades hemos realizado ingentes esfuerzos para plantear soluciones a estos problemas sin ser escuchados hasta esta fecha, a pesar de lo ordenado en los artículos 9 y 27 de la Constitución Política y en la Ley de Regulación del Derecho de Petición. Quedamos a entera disposición para ampliar la información y reunirnos con ustedes y con las personas que designen.

Sin otro particular, nos despedimos deseándoles muchos éxitos en sus funciones.

Notificaciones: Al correo acss.junio.2022@gmail.com

Atentamente,

AUDITORÍA CIUDADANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dr. Alfredo Ramírez Montero Lic. Carlos Eduardo González Arroyo

Lic. Jorge García Araya M.Sc. Rodrigo Arias López”

En una segunda entrega la ACSS se referirá a las respuestas recibidas de la presidencia de la República y de la CCSS.

AUDITORÍA CIUDADANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Alfredo Ramírez Montero

Rodrigo Arias López

UNDECA: Debilitar a la CCSS llevará al país a una catástrofe de salud pública

Comunicado

UNDECA condena enérgicamente la política presupuestaria que golpea nuevamente a la institucionalidad pública y los servicios esenciales que recibe el pueblo costarricense.

El proyecto de Presupuesto Nacional para 2027 plantea una reducción global de ¢393 mil millones, con recortes que alcanzan áreas sensibles como educación y seguridad, en medio de una guerra de pandillas ligadas al narcotráfico.

Resulta particularmente grave que, mientras se recortan recursos y se debilitan servicios públicos, el Estado continúe sin asumir plenamente sus obligaciones financieras con la Caja Costarricense de Seguro Social.

La CCSS enfrenta enormes necesidades de inversión, listas de espera y miles de personas que requieren atención oportuna. Cada colón que el Estado deja de pagarle a la Caja significa menos capacidad para fortalecer hospitales, contratar personal, adquirir medicamentos, reducir listas de espera y garantizar atención digna.

No basta con la multimillonaria deuda acumulada con la CCSS: tampoco se presupuestan adecuadamente las obligaciones que corresponden al gobierno de turno.

UNDECA denuncia que esta política da continuidad al ataque contra la Seguridad Social iniciado durante el gobierno de Rodrigo Chaves. Su influencia y línea política siguen presentes: recortar lo público, debilitar la institucionalidad y negar recursos a la CCSS. Las intenciones de debilitar y destruir a la Caja tendrán consecuencias gravísimas, de continuar por este camino, Costa Rica se encamina hacia una verdadera catástrofe de salud pública, con más deterioro de los servicios, mayores listas de espera y vidas humanas en riesgo.

Exigimos al Gobierno cumplir con sus obligaciones constitucionales y financieras.

¡La deuda con la Caja se paga!
¡La salud del pueblo no se recorta!
¡La CCSS se defiende!

UNDECA
72 años construyendo salud, dignidad y justicia social

Contraloría advierte graves brechas en infraestructura quirúrgica y equipos médicos de la Región Brunca

Una auditoría de la Contraloría General de la República señala deficiencias en la planificación, mantenimiento y disponibilidad de salas de operaciones, tomógrafos y mamógrafos en la red hospitalaria de la Zona Sur, situación que afecta la oportunidad de la atención y genera miles de traslados de pacientes.

La CGR emitió un informe de auditoría sobre la disponibilidad de infraestructura quirúrgica y equipamiento para diagnóstico por imagen en la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud (RIPSS) Brunca de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), concluyendo que existen incumplimientos significativos en la gestión de estos recursos que afectan la continuidad y oportunidad de los servicios de salud para una población cercana a las 379.000 personas de la Zona Sur del país, incluidas comunidades indígenas.

La auditoría analizó las condiciones de los hospitales Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, Ciudad Neily, Manuel Mora Valverde de Golfito, Tomás Casas Casajús de Osa y Juana Pirola de San Vito durante el período comprendido entre enero de 2023 y mayo de 2025.

Según la Contraloría, la CCSS no ha desarrollado una planificación articulada a nivel de red para priorizar inversiones en infraestructura quirúrgica y equipamiento médico. Tampoco ha logrado orientar el mantenimiento de estos activos hacia la prevención de fallas, situación que ha provocado interrupciones en servicios esenciales, aumento de traslados de pacientes y mayores costos tanto para la institución como para las personas usuarias.

Entre los hallazgos más relevantes destaca la existencia de infraestructura quirúrgica subutilizada y, al mismo tiempo, insuficiente. El Hospital de Ciudad Neily mantiene seis salas quirúrgicas afectadas por falta de especialistas y ausencia de horarios ampliados de producción. En Golfito existen dos salas de cirugía, pero únicamente un equipo completo de enfermería quirúrgica, lo que limita su funcionamiento simultáneo. En el Hospital Tomás Casas Casajús de Osa el módulo quirúrgico es considerado crítico debido a que solo cuenta con un anestesiólogo activo. Por su parte, el Hospital Juana Pirola de San Vito requiere una tercera sala de operaciones para responder a la demanda existente.

La situación también afecta al Hospital Escalante Pradilla, centro regional de referencia de la red Brunca, donde las cinco salas activas de cirugía y una sala de recuperación resultan insuficientes para la demanda regional. Además, a febrero de 2026 las salas quirúrgicas no contaban con habilitación sanitaria vigente por parte del Ministerio de Salud.

En materia de diagnóstico por imagen, la auditoría señala que toda la Región Brunca dispone de un único tomógrafo, ubicado en el Hospital Escalante Pradilla, cuyo nivel de utilización ya supera ampliamente su vida útil estimada. Asimismo, la disponibilidad de mamógrafos ha sido limitada debido a fallas y obsolescencia de equipos. El mamógrafo del Hospital de Ciudad Neily quedó fuera de servicio en 2022 después de superar su vida útil y fue sustituido hasta finales de 2025. El equipo del Hospital Tomás Casas Casajús también salió de operación en 2024 por fallas asociadas a su antigüedad.

Las consecuencias de estas limitaciones se reflejan en los tiempos de espera y en la presión sobre la red hospitalaria. Entre enero de 2023 y junio de 2025 se realizaron 115.036 referencias de pacientes para servicios quirúrgicos. A noviembre de 2025 existían 9.919 cirugías pendientes en el Hospital Escalante Pradilla, con tiempos promedio de espera de 367 días. Además, la lista de espera para tomografías alcanzó 6.132 personas a febrero de 2026, con una espera promedio de 479 días. En el caso de las mamografías, la red mantenía aproximadamente 8.461 exámenes pendientes.

La Contraloría también identificó debilidades en la planificación y seguimiento del mantenimiento de infraestructura y equipamiento médico. Como ejemplo, señala que las dos salas de operaciones del Hospital Tomás Casas Casajús permanecieron fuera de servicio durante seis meses en 2024 debido a problemas en el sistema de aire acondicionado y a la ausencia de un contrato activo de mantenimiento, obligando al traslado de pacientes a otros centros hospitalarios.

El informe advierte que estas deficiencias reducen la capacidad de respuesta de la red de salud, incrementan los costos de transporte para pacientes y generan dependencia de servicios privados de ambulancia. Entre 2023 y 2025 se registraron 46.371 traslados en ambulancia desde hospitales de la región, de los cuales más de la mitad fueron realizados mediante servicios privados.

Ante estos hallazgos, la CGR emitió disposiciones de cumplimiento obligatorio dirigidas a autoridades de la CCSS para que establezcan instrumentos de planificación de infraestructura y equipamiento, regularicen la habilitación sanitaria de las salas quirúrgicas del Hospital Escalante Pradilla y elaboren diagnósticos integrales sobre el estado de conservación de la infraestructura y los equipos médicos de la región.

Las personas interesadas pueden consultar el informe completo de la Contraloría General de la República en el siguiente enlace:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/06/SIGYD_D_2026009763.pdf

Defensoría solicita fortalecer los EBAIS de la Región Brunca

Luego de un trabajo de campo realizado a través de la inspección a 40 Ebais y 06 Puestos de Visita Periódica en toda la Región Brunca, la Defensoría de los Habitantes elevó una gestión a la Gerencia Médica de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para conocer el plan de atención a corto, mediano y largo plazo, que integre el primer nivel, el hospital de referencia y los actores locales como la municipalidad y la sociedad civil.

Para tal efecto, trasladó 27 preguntas que procuran conocer la gestión que tiene programada la CCSS para toda la Zona Sur-Sur, que abarque la planificación de los servicios, el enfoque de red así como todas las acciones concretas en materia de infraestructura, conectividad, acceso a citas, medicamentos, servicios de laboratorio, recurso humano, servicios de apoyo, y en general, el fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los Ebais.

Algunas de las inquietudes planteadas están relacionadas con los indicadores de seguimiento que utiliza la CCSS para medir mejoras en acceso, resolutividad y listas de espera asociadas a este primer nivel de atención. También las medidas inmediatas para mitigar riesgos sanitarios en Ebais con condiciones críticas en Pavones, Gutiérrez Braun, Sabalito, Los Chiles 2, por ejemplo, mientras se resuelven soluciones estructurales.

Otro aspecto que la Defensoría está interesada conocer es el plan de contingencia para aquellos Ebais con fallas graves de internet y EDUS que actualmente operan con expediente físico y, los plazos que se manejan para restablecer conectividad funcional en comunidades como Biolley, Alto Comte, Guagaral, Las Mesas y Villa Argentina.

Además, conocer los ajustes operativos que se aplicarán para mejorar la asignación de citas, especialmente en EBAIS con alta carga de pacientes crónicos y si se ampliarán o flexibilizarán los cupos presenciales y telefónicos, tomando como referencia experiencias positivas identificadas en Coto Brus.

La Defensoría hizo énfasis en saber las medidas urgentes que se adoptarán para evitar retrasos de hasta 24 horas en la entrega de medicamentos en EBAIS y Puntos de Visita Periódica (PVP) sin apoyo de farmacia y cómo se corregirán los desabastecimientos recurrentes en áreas como Río Claro, Osa y Pérez Zeledón.

La Defensoría preguntó a la CCSS si existe un plan para reforzar recurso humano deficitario (odontología, farmacia, laboratorio, medicina familiar, nutrición, psicología, trabajo social y sobre todo de Medicina Familiar y Comunitaria) en las áreas más afectadas. También cuál es el plan para la implementación efectiva del Lineamiento Técnico Indígena en todos los EBAIS de la región.

Dentro de la lista de preguntas se consultó a la CCSS si existe una priorización regional de inversiones para sustituir infraestructura obsoleta en EBAIS y PVP, así como los cambios estructurales que se impulsarán para que la red funcione de manera integrada y homogénea, reduciendo inequidades territoriales.

A su vez, es importante para la Defensoría conocer cómo medirá la CCSS la contribución de estas reformas del primer nivel a la reducción sostenible de las listas de espera del Hospital Fernando Escalante Pradilla.

La Defensoría de los Habitantes en el año 2026 realiza una intervención similar para la Región Huetar Norte.

SIFREHN defiende uso de teleconsulta y denuncia deterioro de la atención médica en la CCSS

SURCOS comparte el texto íntegro de la declaración de SIFREHN:

NO SOMOS LOS MÉDICOS LOS QUE NOS BURLAMOS Y ESTAFAMOS AL TRABAJADOR COSTARRICENSE Y A SUS FAMILIARES EN LA CCSS.

ACLARACIÓN URGENTE Y DERECHO DE RESPUESTA DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL SINDICATO “SIFREHN” A FAVOR DE TODO EL PUEBLO TRABAJADOR COSTARRICENSE Y FAMILIARES, QUE ESPERAN AÑOS POR UNA CITA MÉDICA, Y A LOS QUE UNA VEZ MÁS SE PRETENDE ENGAÑAR.

Sepan ustedes estimados trabajadores costarricenses, familiares y ciudadanía en general, que algunos de los profesionales médicos que actualmente están siendo acusados con gran despliegue publicitario exhibiendo sus nombres, y muchos otros que probablemente estamos en “lista de espera” para serlo, lo estamos por el supuesto cuestionamiento de habernos extralimitado en la cantidad de pacientes atendidos, según criterio de algunos “impolutos” altos dirigentes institucionales de la CCSS, que juzgan a priori y sin debido proceso alguno y en los tribunales como debería de ser y tiene todo derecho cualquier ciudadano.

Se quiere plantear así la acción solidaria del médico ante la necesidad del paciente o del enfermo, prácticamente como una estafa a las sagradas arcas del Seguro de Salud, (muy mal administradas por cierto), pues se le debe pagar entonces a muchos de los pacientes atendidos —por patologías cotidianas en general simples pero incapacitantes, que todos sufrimos como pueblo muy enfermizo que somos— su incuestionable derecho a la incapacidad laboral, que es lo que en primera instancia molesta a la Caja, como si el paciente no pagara y no tuviera derecho a ello.

Viene al caso mencionar entonces que muchos de los pacientes que hoy ya pintan canas, pueden recordar y aseverar, al igual que los anales de las primeras clínicas periféricas que tuvo la Caja, como la Moreno Cañas de los barrios del sur por ejemplo, a la que tuvimos el honor de servir, que en la consulta denominada “Extemporánea”, el médico atendía por lo general más de 100 pacientes diarios, sin que recordemos de algún reclamo serio por “mal praxis” y ante el aprecio y reconocimiento de todos los pacientes, que además gozaban del servicio de “visitas domiciliarias”, donde los médicos también atendimos a miles de pacientes durante las epidemias de gripe, varicela, sarampión, infecciones gastrointestinales, trastornos sicológicos, etc.

Pero volviendo al caso de la presunta estafa de parte de los médicos y de los pacientes que legalmente utilizan el excelente y resolutivo recurso de la “TELECONSULTA”, todos sabemos que estos trabajadores, aun los de los sectores más humildes, pagan religiosamente su SEGURO DE SALUD para su protección y la de sus familiares y sin embargo, es bien conocida, la pésima prestación de los esenciales servicios médico-asistenciales de la Caja al pueblo trabajador y ciudadanía en general, ya que la Institución, desde hace muchos años no tiene la capacidad resolutiva para atenderlos, incluso desde el básico primer nivel de atención de los EBAIS, pues no ha querido en forma obcecada y absurda, contratar más médicos, o los médicos necesarios, tanto generales como especialistas en formación, pudiendo haberlo hecho, tal como lo hemos venido denunciando desde hace más de una década, y la Defensoría de los Habitantes es testigo de ello (p. 2). Y ya que se nombra a “La Defensoría”, baste aquí también recordar su lapidaria frase: “SACAR CITA EN UN EBAIS RESULTA MISIÓN IMPOSIBLE”.

Por lo tanto, al ser miles de pacientes diarios en todo el país los que enfrentan esta cruel e inconstitucional situación (artículo 21 de la Constitución y jurisprudencia) y no teniendo tampoco los recursos para pagar la excelente pero lógicamente onerosa medicina privada, la única opción que les queda hoy día afortunadamente a dichos pacientes, es la posibilidad e incuestionable derecho de poder acudir a la justa y mucho menos costosa TELECONSULTA o CONSULTA VIRTUAL NO PRESENCIAL.

Como corolario de toda esta situación, puede deducirse, que si los trabajadores pagan puntualmente su Seguro de Salud y no son atendidos, la “GRAN ESTAFA” la están cometiendo entonces los administradores y dirigentes institucionales responsables del SEM (Seguro de Enfermedad y Maternidad) (p. 2). Ellos son los legítimos responsables y estafadores de amplios sectores del pueblo trabajador que engruesan las criminales y crecientes listas de espera de más de un millón de pacientes en los hospitales y las crueles filas madrugueras en busca de cupos en los EBAIS, y NO SOMOS NI NUNCA HEMOS SIDO LOS MÉDICOS LOS CULPABLES, como tendenciosa y rastreramente quieren hacerle creer al pueblo, para encubrir su tremenda incompetencia gerencial y administrativa de décadas, que ha conducido al despilfarro y mal uso de los recursos del Seguro de Salud y también a la debacle del Seguro de IVM, siendo entonces, más bien sus nombres, los que deberían ser exhibidos ante la opinión pública, debiendo estar en primer lugar los funcionaros de la Comisión Central Evaluadora de Licencias e Incapacidades y, que alegan públicamente “que están llegando tarde para detectar fraudes”… según ellos, obviamente cometidos por los médicos, en el otorgamiento de incapacidades prolongadas, cuya causa en la gran mayoría de los casos es la gran incapacidad resolutiva de la propia Institución ante el pleno derecho de los pacientes.

Por lo tanto, la Secretaría General del Sindicato SIFREHN avisa a todos sus afiliados y miles de usuarios que los consultorios médicos del sindicato continuarán, como lo han venido haciendo desde su creación hace aprox. 5 años, prestando sus servicios médicos a la población necesitada, tanto en forma presencial en su horario de lunes a viernes, como mediante el sistema de Teleconsultas, todos los días de la semana.

Atentamente:

Dr. Alfredo Ramírez Montero Cédula 103110226
Secretario General del Sindicato del Frente Hospitalario Nacional -SIFREHN