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Etiqueta: lucha social

El Discurso de la Anticorrupción

Álvaro Vega Sánchez.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

En la reciente campaña electoral no hubo un tema que polarizara la contienda, como el del matrimonio igualitario en la del 2018. Esta vez, la agenda temática fue más diversa y abordada de manera más distendida. Incluso, en algunos temas hubo enfoques similares y hasta compartidos. En este contexto, las candidatas y candidatos apelaron al discurso de la anticorrupción, procurando sacarle dividendos político-electorales, pero con un abordaje sesgado.

Existen diferentes tipos de corrupción: la clientelista que reparte favores para ganar votos, la mercantilista que compra políticos para obtener concesiones, la burocrática, pública y privada o corporativa, que legitima las malas prácticas y, quizá, la más pura y dura, la de las políticas neoliberales que favorecen al gran capital empresarial y financiero, generando más pobreza y desigualdad. Pero, quienes enarbolan el discurso de la anticorrupción pocas veces hacen referencia a este último tipo, protegiendo intereses igualmente espurios.

Hoy, nuestro Estado Social de Derecho está en la picota, en buena medida, por este conjunto de prácticas perniciosas. Sin embargo, el abordaje de la corrupción sigue siendo sesgado, al punto de legitimar su institucionalización, debido al apoyo y sometimiento incondicional a esas políticas que se nos imponen desde afuera. Es decir, se continúa hipotecando nuestro futuro y, principalmente, el de las nuevas generaciones, por la entrega de la soberanía económica y política a poderes fácticos foráneos y sus pares nacionales.

De ahí que uno de los desafíos fundamentales, para lograr tanto una reactivación económica como social salvaguardando los intereses nacionales, sea convertir a la ética de la solidaridad en el eje transversal de todas las políticas públicas. De esta manera, asegurarse que estas políticas estén al servicio de la equidad, la inclusión y la justicia social. Asimismo, democratizar más el proceso de su formulación y ejecución, ensanchando el espacio del diálogo ciudadano, que es el medio por excelencia para garantizar una gestión democrática y el antídoto para los autoritarismos.

Si de algo ha venido adoleciendo el proyecto globalizador dominante ha sido, precisamente, de una ética de la solidaridad humana, como lo ha señalado reiteradamente el papa Francisco. Así, por ejemplo, a propósito de la pandemia, en su última encíclica Fratelli Tutti destaca: “Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado. Si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de solidaridad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes, la ilusión global que nos engaña se caerá ruinosamente y dejará a muchos a merced de la náusea y el vacío” (La cursiva es nuestra).

Nuestro país y la humanidad entera están urgidos de ejercitar una ética para la solidaridad y la equidad. Nos estamos jugando la vida. El descalabro planetario producido por el cambio climático y la escandalosa concentración de la riqueza, están marcando el rumbo de la autodestrucción. Y un país, pequeño como Costa Rica, que ha logrado avances importantes tanto en bienestar social como en preservación de la naturaleza, cuenta aún con reservas éticas y humanistas para avanzar en una mejor dirección, y heredar un futuro más promisorio a las nuevas generaciones.

Hay que superar el uso sesgado del discurso de la anticorrupción con fines puramente político-electorales. Proponerse, más bien, construir una mejor sociedad de ciudadanas y ciudadanos dedicados al cultivo de la amistad solidaria. Y, de esta manera, defender y fortalecer, remozando, el Estado Social de Derecho: esa gran conquista de nuestros antepasados, producto de una valiente lucha social que desembocó en una convergencia ética y humanista de líderes tan visionarios como patriotas.

¡Claro que tenemos la responsabilidad histórica de gestar un nuevo pacto social por la solidaridad, la inclusión y la justicia social!

UCR: PROYECTO RECUPERA MUESTRAS GRÁFICAS DE PROTESTAS ESTUDIANTILES DEL 2019

Facultad de Ciencias Sociales durante la toma. Foto UCR.

Autoría: Esteban Umaña Picado (Periodista Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social)

El 17 de octubre de 2019, con una papel arrancado de un cuaderno al frente de la Escuela de Geografía comenzó la toma de la Faculta de Ciencias Sociales, la toma de la sede de Puntarenas y de San Ramón de la Universidad de Costa Rica (UCR) y  la toma del Campus Omar Dengo de la Universidad Nacional (UNA), situación que se extendió durante 14 días. Una serie de inconformidades que se acumularon a lo largo de meses explotaron con la agresión policial hacia estudiantes de la UNA durante la toma del Campus Omar Dengo, así como una disputa sobre el redireccionamiento sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

La toma dejó como resultado una serie de intervenciones artísticas sobre el edificio de la Facultad de Ciencias Sociales, un edificio considerado frío y gris por sus estudiantes fue el lienzo de expresión de varias voces, pensamientos, protestas, descontento y propuesta sobre la realidad universitaria y nacional.

Por esta razón se crea el proyecto EC- 536 “Gráfica de protesta. Memoria visual de la lucha estudiantil costarricense contemporánea”, el cual tiene como objetivos explorar la relación entre la gráfica de protesta y la memoria de las luchas estudiantiles, así como construir un archivo virtual y de acceso público de las intervenciones gráficas realizadas durante las protestas.

Para el coordinador del proyecto, Sergio Villena, las protestas se dieron por múltiples razones principalmente por los recortes presupuestarios, hasta el descontento por el edificio, la distribución del espacio y la falta de espacios comunes de socialización.

Como parte del proyecto se rescataron las muestras gráficas por medio de fotografías, se generaron alrededor de 1200 fotografías panorámicas y se dividieron en 5200 segmentos cuyos contenidos se analizaron y categorizaron según sus mensajes y temáticas.

Por otra parte, se registran las notas de prensa, los comunicados del movimiento estudiantil así como los de Rectoría y Consejo Universitario

Además durante la investigación cualitativa se realizaron 30 entrevistas a profundidad en su gran mayoría a estudiantes. En el análisis del contenido de los textos se determinaron numerosas referencias a canciones y músicos por lo que se desarrolló una lista de canciones en la plataforma Spotify y se estableció lo que Villena llama “ la banda sonora de la protesta”.

Como parte de los productos se diseñó el sitio web https://graficadeprotesta.wordpress.com donde se aglomera y publican las muestras gráficas e información.

Para Villena el objetivo principal es el análisis del movimiento estudiantil y el contexto en el que se dan estas protestas.

Durante el siguiente video documental, Pablo Zagt, expresidente de la Asociación de Estudiantes de Geografía  y  Gabrielle Herrera, expresidenta de la asociación de estudiantes de Psicología durante el 2019, comparten su principales vivencias durante la toma, así como sus reflexiones sobre las causas y motivaciones de las protestas. Por su parte, Sergio Villena añade su análisis y motivaciones de estudio y rescate de la gráfica documentada.

El conflicto indígena en Costa Rica: usurpación, asesinatos y corrupción

Desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), se comparte el video documental «El conflicto indígena en Costa Rica: Usurpación, asesinatos y corrupción» del colectivo NO PASA NADA. Gracias al apoyo por la lucha de los derechos de los Pueblos Originarios, así como la confianza y coordinación con la CLSS para la producción del material.

En el 2021 inició una investigación para intentar exponer, desde la perspectiva de algunos pueblos indígenas, la complicada situación que viven hoy ante la inacción del gobierno costarricense. 

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios! 

Para acceso al video siga el siguiente vínculo https://www.facebook.com/111882987093775/posts/462755805339823/

La plataforma “NO PASA NADA” es 100% independiente y se encuentra disponible en: https://www.patreon.com/nopasanadaofi

Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS: Ante las declaraciones de la diputada electa Sonia Rojas del Partido Liberación Nacional (PLN)

Comunicado oficial

Pueblos Bribri y Cabécar, además de organizaciones que participan en la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) desconocemos que Sonia Rojas sea parte de los Pueblos Originarios

Viernes 11 de febrero del 2022. Recordamos a la opinión pública de Costa Rica, una vez más, la conformación de los Pueblos Bribri y Cabécar; conformación que se debe a nuestra cosmogonía, cosmovisión y a nuestras tradiciones milenarias. Los Pueblos Bribri y Cabécar fueron creados por Sibö a través de los Ditsö que son las semillas que dieron origen a nuestros clanes, a nuestros Pueblos. Así, cada persona que pertenezca al Pueblo Bribri o Cabécar debe contar con un clan, el cual únicamente puede ser trasladado por las madres indígenas. Nuestros Pueblos son matrilineales, por lo tanto, toda persona Bribri o Cabécar cuenta con un clan que fue heredado por su madre indígena. 

Este nuevo recordatorio resulta necesario ante las recientes declaraciones publicadas el día de hoy en una nota del Semanario Universidad, en que la diputada electa del Partido Liberación Nacional (PLN) por la provincia de Puntarenas, Sonia Rojas, dice ser parte de los Pueblos Bribri y Cabécar; y con ello dice ser la voz y la representante de nosotros, los Pueblos. 

Como Pueblos Bribri, Cabécar y la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) desmentimos sus palabras. Sonia Rojas no pertenece a ninguno de los Pueblos pues su madre no pertenece a ninguno de estos Pueblos. Así, de acuerdo al linaje matrilineal y la conformación clánica de nuestros Pueblos, Sonia Rojas no es una mujer indígena. 

La señora, Sonia Rojas con sus declaraciones irrespeta profundamente nuestra cultura, cosmogonía y cosmovisión. Atenta directamente contra una de nuestras creencias más claras e importantes sobre nuestros Pueblos y con ello pretende desinformar y hacer creer a los Pueblos Originarios que tienen una representación en una Asamblea Legislativa que estará volcada al neoliberalismo y a la negación de nuestros derechos sobre la tierra-territorio, nuestra cultura, tradiciones y a las posibilidades de multiplicarla. 

Así, rechazamos las palabras de Sonia Rojas y la desmentimos, también recordamos que el legado del Partido Liberación Nacional (PLN) en nuestros Pueblos ha sido una política clientelar, que niega nuestros derechos y que atenta contra nuestros Territorios. Fue Oscar Arias Sánchez quién en 2008 declaró de interés nacional el Proyecto Hidroeléctrico del Diquís que atentaba contra los Pueblos y Territorios: Brörán de Térraba, Bribri de Yâbamï Dí (conocido como Cabagra), Bribri de Salitre y Cabécar de China Kichá. También fue el PLN uno de los Partidos que se negó a discutir y aprobar el proyecto de Ley de Autonomía Indígena, fue durante un mandato del PLN cuando fuimos expulsados de la Asamblea Legislativa y un largo etcétera de acciones racistas por parte del PLN. 

Ni Sonia Rojas, ni el PLN podrán nunca representar y ser nuestra voz como Pueblos Originarios. Frente al nuevo (des) Gobierno, como Pueblos Organizados prometemos resistencia, lucha y organización para la recuperación de nuestras tierras-territorios y el fortalecimiento de nuestros Pueblos.

– Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa de Salitre. 

– Recuperadores (as) Cabécares de China Kichá.

 

Fuente del comunicado https://www.facebook.com/CoordinadoraLuchaSurSur/posts/460527805562623

Fuente de la imagen Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS.

Municipalidad de Dota contrata abogado señalado por espionaje y “acoso laboral y sexual”

Por Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR, ecologista FECON

El 4 de setiembre de 2017, 2 funcionarios de la Oficina Subregional del MINAE Los Santos, presentaron una denuncia al Tribunal Ambiental Administrativo/TAA, en la que se daba cuenta de “una trocha dentro de un bosque y a su alrededor una tala rasa de bosque”, “gran cantidad de árboles cortados…dentro de los límites de la Reserva Forestal Los Santos”. También aportaron evidencias de “una corta masiva de árboles, con un camino interno en bosque y una plantación de café con menos de un año de sembrado” y “cambio de uso del suelo”. El caso se tramita aún bajo el Expediente No. 192-17-03-TAA.

Cuando conocimos la sentencia del TAA del 31 de agosto de 2018 que falló sobre esa denuncia ordenándole a la Municipalidad de Dota desarraigar, en un plazo de 2 meses, el cafetal plantado en el bosque arrasado en Naranjo de Dota, vivimos un atisbo de optimismo y pensamos que la destrucción dentro de la Reserva Forestal Los Santos bajaría de intensidad. Pero la sentencia nunca fue acatada por el Gobierno local. El 16 de junio de 2020 fue reiterada mediante nueva resolución que le daba a la Municipalidad diez días para su cumplimiento, y el 1 de noviembre de 2021, el proceso se devolvió a la primera sentencia. Un Tribunal del Estado fue simplemente ignorado y nada pasó. En años todo desmejoró.

Hasta hoy el caso de Naranjo de Dota no se ha resuelto y más se han sumado personajes que “actúan” en otros cuentos y empeoran el panorama. El 2 de febrero 2022, la periodista Daniela Muñoz Solano del Semanario universidad publicó el reportaje “Neotrópica diseñó sistema para manejar bases de datos de activistas sociales para la Presidencia” (https://semanariouniversidad.com/pais/neotropica-diseno-sistema-para-manejar-bases-de-datos-de-activistas-sociales-para-la-presidencia/). En éste da cuenta de cómo la Fundación Neotrópica, dirigida por el abogado Bernardo Aguilar González, fue pagada para implementar un proceso que podemos calificar como un proyecto de espionaje de conflictos, actores y disidencias sociales. “En los objetivos del plan (punto 4) se explicita que “El sistema deberá contar con la posibilidad de enviar y recibir documentos de texto, imágenes, audios y videos”. Además, pide que “11. El sistema deberá permitir definir y modificar el nivel de conflicto” y “12. El sistema deberá registrar a los Actores sociales”, entre otros aspectos que permiten establecer un detallado sistema de monitoreo de personas, organizaciones e instituciones públicas”. Los detalles del entuerto represivo pueden verse en esa y otras notas relacionadas. Involucraba directamente, entre otros, al Presidente y funcionarios de Casa Presidencia, al Director de Inteligencia y Seguridad, Mariano Figueres, lo cual no sorprende en nada, y, muy, pero muy lamentable, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo/Costa Rica, que aportó los US$10.000 que costó el sistema de datos.

Bernardo Aguilar, que firmó ese convenio en su condición de Director Ejecutivo de la Fundación Neotrópica, figura en documentos oficiales, como el acta del 28 de septiembre de 2021, como asesor de la Municipalidad de Dota. Fue contratado para atender, al menos, el proceso de las 2 sentencias del TAA que obligan a la Municipalidad a desarraigar el café plantado en el bosque primario talado, cuyo autor material fue perfectamente identificado, pero nunca sentenciado “por no comprobarse que fuera el aparente poseedor o propietario”, según consta en la Resolución No. 882-18-TAA. Gracias a eso la persona acusada se seguiría beneficiando pues los informes que recibimos indican que saca café del área donde destruyó el bosque. Aunque el TAA declaró la propiedad como “Patrimonio natural del Estado”, se han interpuesto acciones legales contra esa medida.

Buscar justicia para la naturaleza en este caso ha sido una de las luchas sociales ecologistas más importantes en los últimos años en Dota. Ese caso es una clarísima manifestación del modelo de expansión de la frontera agrícola basada en la sustitución de bosque primario por café y otros cultivos, y ante el cual la institucionalidad nacional y local ha sido permisiva, poco eficiente y hasta indiferente. En otros casos no cuenta ni con el personal ni con los recursos materiales mínimos para actuar diligentemente, como le ocurre al MINAE.

El caso para el que se presentó Bernardo Aguilar a la Municipalidad de Dota, genera un escenario bastante grotesco. Podemos imaginar que se trata de un recadero que sería parte de la élite mejor financiada del ambientalismo, que llega a vender servicios legales para defender a una Municipalidad que desde agosto de 2018 no cumplió 2 sentencias del TAA, y que ha desconocido todos los argumentos técnicos de personas y organizaciones que pugnan por el cumplimiento de la legislación ambiental del país, para detener la destrucción de ecosistemas únicos, como los de la Reserva Forestal Los Santos.

Paradójicamente, desde la misma Municipalidad se sigue repitiendo el discurso de Dota como destino turístico “verde”, “sostenible”, etc., mientras los delitos ambientales no cesan dentro de la Reserva Forestal. Precisamente para contraponer ese discurso con la realidad, junto con Julie Pietri de Radio France, en octubre de 2021 visitamos Naranjo de Dota, y buena parte de los 57 minutos y del texto del “GRAND REPORTAGE: Costa Rica, l’or vert menacé//Costa Rica, oro verde bajo amenaza” que publicó junto con Aurele Kieffer en Francia, están dedicados a los problemas que se viven en la Reserva Forestal Los Santos. Sobre la consulta a la Alcaldesa de Dota, Julie Pietri escribió: “Interrogada sobre lo que sucede cerca de aquí, elude: “Allí así, no puedo determinar si los cafetales que viste antes eran montañas o pastizales” (https://www.franceculture.fr/emissions/grand-reportage/costa-rica-l-or-vert-menace )

Sin importar el monto pagado por la Municipalidad de Dota, lo cierto es que cuando se trata de negocios, algunas personas defienden a quien sea y lo sea. En el Acta de la sesión ordinaria #074 del Concejo del Cantón de Dota, del 28 de septiembre de 2021, a las 13:00 horas, se lee “4- ) Atención de Visita por 30 minutos: 1) Al Lic. Bernardo Aguilar contratado por la Administración Municipal con el fin de llevar asuntos legales de índole ambiental y para presentarse ante este Concejo Municipal” (negrillas ODC). El acta indica (copia textual): “El Lic. Bernardo Aguilar González inicia con un saludo en general para todos y agradece la atención que se les brinda ante la solicitud de la señora alcaldesa municipal Mary Marín Navarro para que ustedes nos conocieran y poderles explicar cómo van los tramites que de parte nuestra llevamos en el Tribunal Ambiental Administrativo por la denuncia que existe del desarraigo en la zona de Naranjo de Dota conocida por todos ustedes” (pág.12).

Para comprender el menoscabo que representa la contratación de Aguilar González por parte de la Municipalidad de Dota, resumimos varios hechos:

  • el 31 de agosto de 2018 el Tribunal Ambiental Administrativo/TAA le ordenó a la Municipalidad de Dota, mediante RESOLUCIÓN NO. 882-18-TAA, “LA EJECUCIÓN DEL DESARRAIGO DE LAS PLANTAS DE CAFÉ, Y GARANTIZAR LA REGENERACIÓN DE LAS ÁREAS QUE FUERON BOSQUE, así como los ecosistemas afectados con el cambio de uso del suelo, EN UN PLAZO DE DOS MESES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA” (resaltado del original). Así consta en el EXPEDIENTE 192-17-03-TAA.
  • Casi 2 años después, dado el incumplimiento de esa primera sentencia, el 16 de junio de 2020, el TAA repitió la orden a la Municipalidad de Dota con la RESOLUCIÓN No. 1859-2020-TAA indicando que “SE INTIMA POR SEGUNDA VEZ, al Alcalde de la Municipalidad de Dota, el señor Herberth Leonardo Chacón Porras…,…que en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES…,…proceda a dar cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal mediante Resolución No. 882-18-TAA …” (desarraigo del café).
  • Como parte del proceso de rechazo de las sentencias, el 26 de agosto del 2021 la Municipalidad de Dota interpuso “medidas cautelares” contra éstas en el Tribunal Contencioso Administrativo (expediente número 21-005298-1027-CA), según se lee en el oficio fechado el 20 de diciembre del 2021 dirigido por la Alcaldesa Mari Marín al Movimiento Quercus. Señala que (copia textual) “con fecha diecisiete de septiembre del 2021, se interpuso el proceso de conocimiento ante el Tribunal Contencioso Administrativo, según lo establece nuestro ordenamiento jurídico, y se tramita bajo el mismo número de expediente citado”.
  • El 1 de noviembre de 2021, con la Resolución No. 1497-2021, el mismo Tribunal resolvió “declarar la nulidad” de las 2 notificaciones de 2018 y 2020 y ordenar la notificación de la primera sentencia (la del 31 de agosto de 2018) a la Municipalidad de Dota y a la Procuraduría General de la República, con lo cual se reinició el proceso.
  • Algunas de las acciones dilatorias rayaron en lo absurdo, como el “Acuerdo aprobado” por el Concejo Municipal de Dota el 20 de noviembre de 2019, mediante el cual le pide al TAA que “nos indique los pasos a seguir en cuanto al tema del desarraigo” (folio 95 , Expediente No. 192-17-03-TAA), a lo que el Tribunal respondió que se trata de “extraer la planta de raíz”. (En todo caso es evidente que la explicación no resultó comprensible para las autoridades municipales, pues el café sigue sembrado y produciendo).
  • Las sentencias del TAA fueron reiteradamente descalificadas en la Municipalidad de Dota y particularmente por el anterior alcalde y ahora por su sucesora. El 26 febrero 2021 enviamos un oficio al TAA indicando que “sigue imperando la indefensión de la naturaleza y de la población, que son las víctimas de estos delitos comprobados” y” SOLICITAMOS al Tribunal Ambiental Administrativo que eleve este caso ante el Ministerio Público para que se aplique lo que por ley corresponde”. Eso mismo se le reiteró al TAA el 15 de marzo de 2021, pero nunca respondió.
  • Desgraciadamente, por un injustificado error del mismo TAA, las notificaciones de las sentencias no fueron efectivas. Fue así que se perdieron años de lucha social, y particularmente los esfuerzos del Movimiento Quercus, que es la organización social que asumió la responsabilidad de presionar al Gobierno local para pedir el cumplimiento de las leyes aplicables a ése y otros delitos ambientales. También se perdieron años para la restauración del área destruida. Esos errores de trámite hicieron que el proceso volviera al inicio, pues el 1 de noviembre de 2021 el TAA ordenó notificar de nuevo la primera sentencia del 2018. Si observamos los plazos, sería de esperar que la Municipalidad de Dota, cumpla con la orden de desarraigo en los primeros días del mes de febrero 2022, pues en aquella se estableció “UN PLAZO DE DOS MESES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA” (mayúsculas del original). Sin embargo, entre acciones dilatorias como incoar un proceso contencioso y el abierto desacato, la impunidad sigue imperando.

La contratación de Aguilar González por la Municipalidad de Dota enseña que el “ambientalismo” puede, y de hecho es, para muchas personas y entidades, un fabuloso negocio de muchos millones. Así como se firmó para acopiar información sobre conflictos sociales evidenciados por organizaciones de base social comunitaria en todo el país, también la Neotrópica ha contado con sumas millonarias para otros proyectos. Un ejemplo entre muchos es el “Proyecto Restauración, Conservación y Manejo Sostenible de los Manglares de Costa Rica y Benín Frente al Cambio Climático: Proyecto Manglares Costa Rica/Benín”, firmado el 17 de agosto de 2017 con el Sistema nacional de áreas de conservación, SINAC. Tenía vigencia de 6 años y el pago para “salarios a tiempo parciales de los funcionarios…, viáticos, combustible, transporte”, fue de 664.200 euros o ¢443.291.065; ¢73.881,844 colones anuales o ¢6.156.820 al mes.

Mientras esos ambientalistas de la élite danzaban en millones, otra olla estaba hirviendo. La Fundación escondía un trágico y ominoso acumulado de agresiones por parte del abogado Aguilar González que llevaron a su salida de la Neotrópica. En la “Carta de Renuncia a la Dirección Ejecutiva de la Fundación Neotrópica” que Bernardo Aguilar dirigió a la Junta Administrativa de la Fundación con fecha del 25 de enero del 2021, se indica que “Entre 2015 y 2019 se lograron desde propuestas y consultorías coordinadas por la Dirección Ejecutiva un total $1,904,652.80 (promedio anual de $380,930.56)”. En cuanto a lo administrativo-laboral, la aceptación de esa renuncia cerró la posibilidad de que fuera investigado y se abrieran procedimientos legales.

Las agresiones señaladas por trabajadore.as de la Neotrópica incluían “Gritos, malos tratos y agresiones psicológicas por un lado y comentarios con contenido sexual, propuestas explícitas y tocamientos indebidos por el otro fueron por años el pan de cada día para el personal de la Fundación Neotrópica, según una serie de denuncias presentadas por personas que trabajaron allí en la última década. Además, documentos de años previos revelan una cultura institucional de acoso laboral y sexual” (https://semanariouniversidad.com/pais/denuncias-de-anos-revelan-cultura-de-acoso-en-fundacion-neotropica/)

Sin embargo, lejos de investigar y sancionar, tan sólo un día después de conocer la renuncia de Aguilar, el 26 de enero de 2021 la Comisión investigadora emitió una resolución firmada por el Presidente, el Tesorero y la Secretaria de la Junta Administradora, indicando que «la Fundación, y esta Comisión como su órgano de investigación, carecen de potestades para sancionar al señor Bernardo Aguilar González, por cuanto su renuncia extingue la relación laboral, y con ella también fenece la potestad disciplinaria». En el punto 7 la Comisión indica que “esta Comisión se ve obligada a archivar y dar por terminado, de manera anticipada, el presente procedimiento sancionador, y así se resuelve”. Pero Aguilar González se mantuvo como empleado un mes más, durante el cual debió seguirse la investigación, lo cual no ocurrió, y más bien se le “facilitó” un escudo de protección como fue expuesto en el Semanario Universidad (https://semanariouniversidad.com/pais/neotropica-cerro-procesos-por-acoso-contra-su-director-alegando-erroneamente-fin-de-relacion-laboral/)

Para sumar quebrantos trágicos hay que señalar que la sentencia del TAA del 31 de agosto de 2018 está firmada por la Licda Ligia Umaña Ledezma como Vicepresidenta a.i. del Tribunal, y la del 16 de junio de 2020 por ella misma pero como Presidenta a.i. del Tribunal. La jueza Umaña Ledezma es la esposa del mismísimo Bernardo Aguilar González, asesor legal de la Municipalidad de Dota. Semejante alineación resulta poco menos que odiosa, aunque cualquiera podría afirmar que se trata de simples y azarosas conexiones. La resolución del 1 de noviembre 2021 registrada en los folios 147 a 159 del Expediente 192-17-03TAA, con la cual se reinició el proceso de notificaciones, fue aprobada de manera dividida pues 1 de las 3 juezas consideró que sí se había cumplido con el debido proceso en las notificaciones.

¿Acaso no sería necesario que la Municipalidad de Dota y en particular la Alcaldesa y el Concejo Municipal, le expliquen a la ciudadanía qué criterios privaron para la contratación del abogado Aguilar y cuáles han sido las diligencias realizadas y sus resultados? ¿No sería decoroso que la población conociera por qué se siguen desacatando los fallos del TAA por parte de la Municipalidad de Dota? La salida del abogado Aguilar González de la Fundación Neotrópica en condiciones motivadas por “una cultura institucional de acoso laboral y sexual”, su papel en el circuito de “espionaje” de organizaciones sociales, muchas de las cuales se podían considerar aliadas de la Neotrópica, y sus nexos familiares con la jueza del TAA, son suficientes como para escuchar aclaraciones. Resulta que las autoridades municipales “echan mano” a expertos que teóricamente protegen la naturaleza, pero en este caso para exactamente lo contrario: pareciera que procurar que los delitos ambientales queden impunes, como en el caso de la destrucción en Naranjo de Dota.

ALERTA POR INCENDIOS PROVOCADOS EN TERRITORIO CABÉCAR DE CHINA KICHÁ

  • Alrededor de las 9 a.m. personas recuperadoras cabécares divisaron un incendio en el terreno recuperado, Sá Ka Keirö Kaska. Dos horas más tarde fue identificado un nuevo incendio en la misma recuperación.

Jueves 03 de febrero de 2022. Al ser las 9 de la mañana, personas recuperadoras cabécares divisaron humo en una de las recuperaciones de tierra-territorio. Se trata del terreno nombrado como Sá Ka Keirö Kaska (tierra de mayores) en el Territorio Cabécar de China Kichá. 

El fuego inició en las cercanías del río General de Térraba. En las inmediaciones del terreno no fue divisado ninguna persona sospechosa pero sí un perro que fue abandonado al momento de provocar el incendio. Al ser la 1 p.m. alrededor de 30 hectáreas han sido consumidas por el fuego y a pesar de que las y los recuperadores continúan trabajando por detener su avance, el fuego sigue su curso. 

Posteriormente, a las 11 a.m. fue identificado un nuevo incendio en las inmediaciones de la quebrada Pita,  justo en la colindancia con otra propiedad de Gilberth Fernández. En ese lugar, fue identificado un peón de Fernández. Al ser la 1 p.m. Se identifica que al menos 10 hectáreas han sido consumidas por este segundo incendio.

Sá Ka Keirö Kaska era un terreno que fue ocupado ilegalmente por Gilberth Fernández, dueño de la empresa de autobuses MUSOC- GAFESO. Kaska fue recuperada el 28 de enero del 2020 por el Pueblo Cabécar. Desde entonces el hostigamiento, amenaza y riesgo de las y los recuperadores por parte de peones de Fernández ha sido una constante. Pues, Kaska limita con un terreno propiedad del dueño de MUSOC-GAFESO (que se encuentra fuera del Territorio Cabécar).

Estos incendios impactan directamente en la pérdida de cultivos de las familias recuperadoras y afectan la flora y fauna que se ha venido recuperando gracias al cuido de las y los recuperadores.

En 2020 la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) denunció públicamente que los incendios provocados son una forma de hostigamiento en contra de los Pueblos Originarios que se encuentran recuperando sus Territorios ancestrales. Este flagelo  también está dentro del: «Informe de agresiones y violaciones a los Derechos Humanos contra los Pueblos Originarios de la zona sur de Costa Rica; enero-diciembre 2020» y es una de las agresiones más recurrentes. 

Demandamos al Estado que haga cumplir la ley Indígena de 1977, misma que reconoce que los únicos poseedores legales y ancestrales de estos Territorios somos los Pueblos Originarios.

También es responsabilidad del Estado proteger nuestra integridad física y vida.

¡Repudiamos esta agresión en nuestra contra!

¡Alto a la impunidad!

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

Recuperadoras (es) Cabécares de Sá Ka Keirö Kaska.

Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).

 

Compartido con SURCOS por Lucha Sur Sur (CLSS).

Intento de asesinato del líder indígena Leonel García Segura

Por Dra. Denia Román y Máster Diego Lobo

El 26 de enero de 2022 desde la Universidad de Costa Rica se emite un comunicado para repudiar el intento de asesinato hacia el líder indígena Leonel Garcia Segura, del Territorio Cabecar Bajo Chirripo (cantón Matina, provincia de Limón), acontecido el día 30 de diciembre de 2021). En esta nota, se exhorta al gobierno y a los otros poderes de la república, que se intervenga de forma oportuna para que se proteja la vida y los derechos de los líderes y las personas indígenas. 

Durante más de cuatro décadas, mencionan, se ha incumplido la Ley Indígena, N° 6172, artículo 3, que establece que las “reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan”. Esto, efectivamente, se ha incumplido debido a la ocupación irregular de tierras por parte de personas no indígenas en los territorios indígenas oficialmente establecidos en Costa Rica. 

Sostienen que “es la desposesión de sus derechos territoriales y culturales, las razones que obligan a las personas indígenas a emprender sus propias gestiones legales, administrativas y comunitarias para restituir y proteger sus territorios”.  Ya desde el 2014 ha habido asesinatos y un aumento en la violencia con respecto a estos temas, de los cuales la Universidad de Costa Rica les advierte. Por ese motivo, es que están invitando a construir una sociedad e institucionalidad que respete la integridad individual y colectiva de los pueblos indígenas y fortalecer las acciones que garanticen sus derechos humanos. 

La resistencia de los pueblos indígenas, la violencia organizada y la complicidad del Estado

Al pueblo de Costa Rica

La resistencia de los pueblos indígenas

En los últimos años hemos sido testigos y testigas del nivel desproporcionado de violencia que sufren los pueblos indígenas y la amenaza a su modo de vida, la llamada ley indígena delimitó como territorios indígenas, muchas de las tierras donde los pueblos originarios resisten tratando de conservar su estilo de vida, sin embargo las transnacionales del monocultivo, y los grandes terratenientes ocupan hoy en día la mayor cantidad de este territorios (70%), esto a pesar de ir en contra de dicha ley, sin embargo desde 1977 hasta 2009 el estado nunca mostró interés en que esta ocupación violenta no solo se mantenía sino aumentaba, es por eso que los pueblos en 2009 se organizan y toman la asamblea legislativa para exigir que se les devuelvan sus tierras, sin embargo esto concluyó con desalojo por la fuerza contra las personas indígenas, lo que originó que la determinación de recuperar los terrenos usurpados desde de los territorios indígenas, con lo cual iniciaron los procesos de las recuperaciones del territorio indígena.

La violencia organizada y la complicidad del Estado
Las recuperaciones del territorio indígena por parte de las comunidades, han tenido que enfrentar una serie hostilidades y agresiones contra las comunidades indígenas que buscan hacer cumplir su derecho a la tierra, las continuas amenazas por parte de los terratenientes y sus peones, sin olvidar trasnacionales del monocultivo que usurpan los territorios, las hostilidades han ido desde amenazas, hasta auténticas “cacerías” donde turbas de terratenientes y peones llegan a intimidar incluso con armas de fuego alas comunidades, todo esto ante presencia de la policía, sin que esta intervenga a desarmar o dispersar estos grupos de atacantes, y es así como la violencia ha llegado incluso a la quema de las casas de las personas indígenas, cabe resaltar el cobarde asesinato de Sergio Rojas a tiros en su casa en Salitre, después de haber sido preso político del estado, las agresiones de este tipo son bastante frecuentes, por lo que la Corte Interamericana ordeno en 2015 darle protección especial a los pueblos indígenas de Térraba y Salitre además devolver las tierras usurpadas sin embargo esto es algo que nunca paso del papel y la violencia contra los pueblos sigue en aumento, así estas “turbas” fueron también responsables de la muerte del activista indígena Jhery Rivera asesinado en su comunidad, con un arma de fuego por personas ajenas a la comunidad que llegaron en manada a intimidar y amenazar al pueblo de Térraba, sin embargo el estado continua con oídos sordos sobre esta problemática, y existen ya un numero muy grande de agresiones, amenazas e intentos de asesinato contra activistas indígenas que siguen siendo constantes, el ultimo perpetuado el 30 de diciembre de 2021 donde Leonel Garcia fue macheteado en todo su cuerpo (brazos, piernas, tronco cabeza) hecho que casi acaba con su vida y lo mantuvo hospitalizado 2 semanas en condición grave, el ataque fue perpetrado por un finquero no indígena de la zona, quien ya previamente lo había amenazado de muerte, ante todo este panorama de violencia y a pesar de los fallos de la corte interamericana de derechos humanos, el estado sigue sin responder, mostrando con su silencio la complicidad en contra de los pueblos indígenas.

Exigimos un alto a la violencia contra los pueblos indígenas

No daremos nuestro silencio ante estos ataques y queremos que las medidas de protección se cumplan de verdad y se extiendan a todos los territorios indígenas, también que el estado cumpla con lo históricamente adeudado y devuelva por fin las tierras de los territorios indígenas

Invitamos a las organizaciones autónomas, que luchan por la defensa de la tierra, de los pueblos originarios, de los derechos humanos, a quienes luchan por la libertad total, que desde sus individualidad o colectivos firman este comunicado para brindar su apoyo, y/o colaboren con la difusión de esta información, y que las personas se mantengan informadas sobre esta situación.

Firman:

-Frente de Resistencia Animal y de la Tierra -Feminismo Antiespecista -Rinconcito Animal

Furia Antiespecista -Acción Animal – Sembrando Libertad – Yo no voy al zoo

-Frente Ecologista Universitario (FECOÜ) -Hablemos de Derechos Humanos -Red Punto Violeta

-La Cadejos Comunicacion Feminista -GuanaRED Red de arte y gestión cultural comunitaria

-Handmaids Costa Rica -Debate Feminista Costa Rica -Bloque Nacional de Vivienda

-Colectivo Solidaridad con el pueblo de Honduras -Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) -Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)

-Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) -Sindicato Patriótico de la Educación (SINPAE)

 

Compartido con SURCOS por varias colectivas.

Alerta temprana por incendios en los territorios originarios recuperados

  • El incendio provocado en Yuwi Senaglö amenaza con extenderse a otras recuperaciones
  • Esta forma de agresión es muy utilizada por finqueros en verano

Martes 18 de enero del 2022. Al ser las 12 medio día un recuperador Cabécar de Yuwi Senaglö divisó el inicio del fuego muy cerca de la casa donde se mantiene atrincherado Miguel Vargas, persona no indígena que ocupa ilegalmente parte del Territorio Cabécar de China Kichá, al sur de Costa Rica.

Las llamas se aproximaron al lugar donde habitan las y los recuperadores dentro del terreno recuperado y en horas de la tarde, debido al cambio en la dirección del viento, las llamas se extienden a gran velocidad hacia Kono Jú, otro terreno recuperado en el que hay cultivos por cosechar y viviendas de las familias recuperadoras.
El incendio provocado es una forma de agresión física y psicológica utilizada por los finqueros que ocupan ilegalmente parte de los Territorios de los Pueblos Originarios de la zona sur.

Según el «Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los Pueblos Originarios en la zona sur de Costa Rica; enero-diciembre 2020», en ese año fueron provocados 17 incendios en esta zona, poniendo en peligro la vida e integridad física de las y los recuperadores, quemando casas y cultivos y dañando la flora y fauna.

Como es de conocimiento público y ha sido denunciado judicialmente, Miguel Vargas se ha visto involucrado, incitando y participando en varias agresiones contra el Pueblo Cabécar de China Kichá, como en el ataque por una turba del 7 de marzo de 2020.

Reiteramos al Estado de Costa Rica su obligación de garantizar la vida e integridad personal y territorial del Pueblo Cabécar de China Kichá; por lo que debe tomar las medidas preventivas, policiales y judiciales necesarias.

Requerimos la presencia inmediata del Cuerpo de Bomberos para controlar el incendio y evitar daños mayores y que todas las instancias necesarias investiguen su origen y den con los responsables.

También exigimos al Poder Judicial acabar con la impunidad en la que naufragan las múltiples denuncias contra Miguel Vargas y otros finqueros y sus peones que ocupan ilegalmente el Territorio, por todas las agresiones contra el Pueblo Cabecar de China Kichá.

¡Alto a la impunidad!

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

Recuperadoras/es Cabécares de Yuwi Senaglo.

Recuperadoras/es Cabécares de Kono Jú.

Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Más allá del billete de 20 000

Organización Política Carmen Lyra

Cada 15 de enero recordamos a una de las figuras más importantes de la primera mitad del siglo XX a nivel político, literario y académico en Costa Rica: María Isabel Carvajal, conocida como Carmen Lyra.

Es común que la persona costarricense promedio piense en Carmen Lyra como una tierna maestra que redactaba cuentos para niños y niñas, idea que se reafirma en el uso impertinente de su figura y la de un conejo y un coyote en el billete de 20 000 colones, actualmente en circulación. Sin embargo, es de fundamental importancia que esta figura sea desmitificada por la historia que a la fecha ya no puede ser más censurada: Carmen Lira fue mucho más que una maestra, fue una intelectual, una escritora reconocida, una mujer soltera, una mujer anarquista primero y comunista después.

El hecho de recordar a Carmen Lyra a partir de sus cuentos y no de sus luchas es parte del triunfo que han tenido los diferentes grupos poderosos a los que ella se opuso hasta su muerte. Su figura hoy circula en la calle en manos de los y las costarricenses, a pesar de haber estado prohibida su presencia en el país ¿un hecho irónico? Consideramos que es indignante esa estrategia para “conciliar” la historia en tiempos de crisis, permitiéndole volver al país 61 años después en forma del billete. Ese billete de 20 000 y la figura de Carmen Lyra en él fue aprobada en 2007 por la Junta Directiva del BCCR, en el marco de un convulso proceso de fraude electoral para la aprobación del TLC con Estados Unidos.

El motivo de pensar hoy a Carmen Lyra es parte de una responsabilidad que asumimos como organización para no solo desmitificar esa morbosa configuración “tierna y apacible” de María Isabel Carvajal, sino para resignificar su figura; figura que fue hábilmente impuesta por una virulenta cultura anticomunista posterior a la traición del Pacto de Ochomogo, y la despojó de su contenido crítico y subversivo.

Hoy queremos recordar a Carmen Lyra e iniciar un proceso de resignificación y memoria de su imagen, de la Carmen Lyra política que se opuso sin temor a la dictadura y al fascismo, la que denunció el servilismo, el lucro y la hipocresía de la iglesia católica; de la Carmen Lyra que denunciaba la corrupción sin ningún tipo de recato y enfrentaba ideológicamente a sus opositores aunque esto le pudiera costar el trabajo; la Carmen Lyra que dialogaba en los barrios más pobres y buscaba las formas de llevar formas creativas para emancipar las conciencias de las personas humildes; la Carmen Lyra que luchó por la igualdad de la participación de las mujeres no solo en la política, sino también en el campo social, en sus familias, y por su libertad de poder decidir cómo vivir.

15 de enero de 2022

Extracto de un texto de Carmen Lyra publicado en el periódico Trabajo el 29 de agosto de 1936: