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Etiqueta: Luis Paulino Vargas Solís

El TLC con Israel: algunos criterios sobre la inconveniencia para Costa Rica de aprobarlo

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR

nboeglin@gmail.com

Desde hace varias semanas, la Asamblea Legislativa de Costa Rica examina el Expediente Legislativo 25.542, relativo a la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel, suscrito el 8 de diciembre del 2025.

Como es costumbre en este tipo de trámite legislativo relacionado a un tratado internacional, han sido varias las consultas solicitadas por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa a diversas entidades gubernamentales, académicas, así como a algunas personas. El pasado 3 de septiembre comparecieron funcionarios de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER, una entidad pública costarricense) al parecer muy poco informados sobre algunos aspectos jurídicos debatidos en Naciones Unidas y en el seno de la Unión europea (UE) desde hace varios años con relación al comercio con Israel: véase esta nota del medio digital Delfino.cr y titulada de manera muy oportuna “PROCOMER desconoce si Costa Rica puede detectar bienes israelíes producidos en Palestina ocupada”.

En lo que concierne posiciones más informadas y críticas con relación a la conveniencia de aprobar en estos momentos un TLC con Israel, remitimos en particular al criterio enviado por Wajiha Sasa Marín, Cónsul Honoraria de Palestina en Costa Rica, así como por el economista Luis Paulino Vargas Solís y otra opinión remitida por quien suscribe estas líneas. Desde perspectivas y razonamientos muy distintos, y citando en el caso de los dos primeros, numerosas fuentes de información, los tres criterios enviados son coincidentes en poner en tela de duda la supuesta conveniencia para Costa Rica de aprobar este tratado en las actuales circunstancias con Israel (tal y como lo sostienen varias entidades gubernamentales, así como varias cámaras empresariales y los precitados jerarcas de PROCOMER en su comparecencia del día 3 de septiembre del 2026).

Los textos completos de cada uno de los tres criterios pueden ser consultados en los siguientes enlaces:

Escrito remitido por Wajiha Sasa Marín a la Comisión de Relaciones Internacionales, con fecha del 4 de agosto del 2026

Escrito remitido por Luis Paulino Vargas Solís a la Comisión de Relaciones Internacionales, con fecha del 9 de agosto del 2026

Escrito remitido por Nicolás Boeglin a la Comisión de Relaciones Internacionales, con fecha del 28 de julio del 2026;

Es muy posible que hayan sido enviados escritos críticos adicionales a estos tres, de los que no tenemos conocimiento.

El texto enviado por la representante de Palestina explica de manera muy detallada las razones por las que no se puede separar el tema comercial de asuntos legales relacionados a la ocupación ilegal del territorio palestino ocupado por parte de Israel, y del drama indecible al que Israel somete la población civil en Gaza desde octubre del 2023.

Con respecto a la perspectiva estrictamente comercial, se recomienda la sección 3 del escrito del economista Luis Paulino Vargas Solís sobre lo que denomina “La irrelevante relación económica y comercial entre Costa Rica e Israel” (páginas 19-21), en particular gráficos muy ilustrativos elaborados a partir de los mismos datos oficiales de PROCOMER y de COMEX (Ministerio de Comercio Exterior).

Con respecto a nuestra perspectiva jurídica internacional, ésta se ha dado a conocer en este mismo espacio de SURCOS Digital hace ya más de un año (véase nuestra nota publicada el 12 de agosto del 2025 y titulada “¿Resultará realmente oportuno y conveniente para Costa Rica… firmar un TLC con Israel?”) y lo remitido a la Asamblea Legislativa no hace más que resumirlas y actualizarlas, a partir de un hecho muy sencillo de corroborar: el Primer Ministro israelí sigue siendo objeto de una orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) siempre vigente desde noviembre del 2024, para que sea juzgado a título individual por crímenes de guerra cometidos en Gaza; al tiempo que Israel (como Estado) enfrenta ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un procedimiento iniciado por Sudáfrica desde el 30 de diciembre del 2023, con base en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Una situación que ha llevado a muchos Estados a suspender o bien a revisar a la baja sus compromisos comerciales con Israel, en particular los que, al igual que Costa Rica, son Estados Parte a la precitada convención contra el genocidio (y que tienen muy claro los alcances de la obligación jurídica de prevenirlo).

Desde el mes de agosto del 2025, fecha en las que redactamos y publicamos en SURCOS Digital algunas reflexiones con respecto a este TLC, Israel ha ido acumulando una serie de pronunciamientos en su contra de diversos órganos de Naciones Unidas y de condenas por parte de diversos Estados en el mundo, por sus reiteradas exacciones en el territorio palestino ocupado. Resulta de cierto interés “destacar” la omisión total de Costa Rica, cuya diplomacia pareciera enmudecida cuando se trata de condenar el accionar de Israel en Gaza, así como en Cisjordania y en Jerusalén Oriental. El pasado 2 de septiembre, la organización Amnistía Internacional hizo un llamado para que otros Estados además de Sudáfrica remitan a la CIJ observaciones y datos sobre el incumplimiento de Israel con respecto a lo que le ha ordenado la justicia internacional e informen de las acciones que han tomado para impedir el genocidio en curso (véase comunicado oficial).

Recientemente, una solicitud para que compareciera ante la Comisión de Relaciones Internacionales la Cónsul Honoraria de Palestina, Wajiha Sasa Marín, así como otras personas y entidades, incluido el autor de estas líneas, fue rechazada (véase nota del Semanario Universidad del 20 de agosto).

Al tener la Asamblea Legislativa la responsabilidad de decidir si este TLC con Israel le conviene a Costa Rica o no le conviene, resultará de interés observar cuáles han sido las entidades llamadas a comparecer a esta Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa.

Tratados comerciales: Un sendero que exige rectificación

A propósito del desatino económico y moral de un Tratado de Libre Comercio con Israel

Luis Paulino Vargas Solís
Economista
Profesor e investigador independiente jubilado
lpvaso@gmail.com

Las reglas que dieron forma a la globalización y, en especial, las normativas que fundaron la Organización Mundial del Comercio (OMC) como asimismo los tratados sobre comercio e inversiones gestados a la sombra de la OMC, imponen serios obstáculos que frenan el avance al que aspiran los países menos desarrollados.

Costa Rica también ha sufrido esos efectos, en particular debido a que su proyecto de desarrollo ha priorizado la atracción de inversiones transnacionales para zonas francas y ha hecho de los tratados bilaterales una herramienta de política fundamental.

El modelo económico resultante da lugar a importantes falencias estructurales: una economía dualizada que genera múltiples desequilibrios, asimetrías y contradicciones.

Es necesario que el país ponga en pausa la firma de nuevos tratados a fin de abrir un proceso de deliberación ciudadana y diálogo político que permita rectificar y enderezar las cosas. En ese marco, resulta improcedente pensar en un tratado con Israel y mucho más puesto que la relación comercial y de inversiones entre ese país y Costa Rica es insignificante.

No hay ninguna razón económica objetiva que justifique ese tratado, puesto que nada en la realidad nos dice que de ahí pueda sacarse algún beneficio. Pero, además, hay gravísimos cuestionamientos, que circulan profusamente alrededor del mundo, en vista de la violentísima acometida del ejército y el gobierno israelí contra de la población civil palestina. Lo cual permite advertir acerca del absurdo total que implica pretender plantear los temas de la economía desprendidos de la moral y la ética.

Para ampliar este enfoque, le invitamos a descargar el análisis completo:

Un correo electrónico EXTRAÑO e inesperado

Por: Luis Paulino Vargas Solís

Hace 15 o 18 años para mí aquello era frecuente. Eran tiempos en que las redes sociales, cuya influencia hoy es determinante, apenas nacían. El correo electrónico era, por entonces, el medio más expedito de comunicación y por esa vía –de alguna manera conseguían mi dirección– me hacían llegar sus mensajes.

El caso es que no me había vuelto a ocurrir. Las redes sociales sustituyeron al correo y amplificaron exponencialmente el efecto, convirtiéndolo en algo mucho más tóxico y de muchos mayores alcances.

Cierto: no me había vuelto a ocurrir. Pero hace pocos días, después de años, me ocurrió de nuevo. No es en absoluto casualidad puesto que vivimos los tiempos del chavesato.

El correo electrónico viene de un hombre de apellidos Céspedes. Incluye copia a un grupo de más de 20 destinatarios incluido un expresidente de la República y actual ministro y una exdiputada y actual asesora presidencial.

El contenido no da margen a la interpretación. Es intencionada y directamente homofóbico. El objetivo es igualmente claro: insultar y herir.

No me había vuelto a ocurrir en el correo electrónico, pero en las redes sociales es cosa de todos los días. En Twitter –que no volví a utilizarlo– era realmente brutal. En Facebook es pertinaz. Aparece en los comentarios públicos a mis publicaciones y, con multiplicada furia e incrementada frecuencia, en los mensajes privados por Messenger.

Yo, en general, veo pasar esas como veo pasar la lluvia.

Sé que no es conveniente decir que “me he acostumbrado” pero tampoco es asunto de tomarse a la tremenda cada ataque que recibo. Que, si así lo hiciese, ya probablemente estaría yo en un manicomio…

Hay que saber blindarse y establecer distancias para poder sobrevivir.

A lo largo de los años lo he vivido como siguiendo un patrón cíclico, o sea, con momentos de relativo apaciguamiento y momentos más violentos e intensos.

Recuerdo, por ejemplo, cuando, en 2010, las jerarquías religiosas se aliaron con algunos sectores políticos para impulsar un referendo que pretendía cerrar todas las puertas a la regularización de las relaciones de parejas del mismo sexo. Aunque las redes sociales solo ocupaban entonces un lugar muy marginal, la cuestión fue muy intensa.

La Sala Constitucional puso fin a aquel violento pugilato con una sabia resolución: “los derechos de las minorías no pueden ser decididos por las mayorías”, fue, en lo esencial, su dictamen. Y, por cierto, era la misma Sala que, durante los 10 años anteriores, desde inicios del nuevo siglo, una y otra vez negó a las parejas del mismo sexo el acceso incluso a los más elementales derechos.

En los años siguientes continuó la lucha. Hasta llegar a 2018. La opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cambió todo de un plumazo y la reacción subsiguiente, por parte de los sectores conservadores, fue absolutamente feroz.

De nuevo fui parte de esa pelea. Aporté lo mejor que estuvo a mi alcance, según mis posibilidades, y aguanté la artillería que me tocó en suerte recibir.

La Sala Constitucional quedó atrapada en un zapato. Su propia jurisprudencia reconocía el carácter vinculante de las resoluciones de la Corte Interamericana, lo que la obligaba a pronunciarse a favor de algo que, a lo largo de tantos años, había sentenciado negativamente en forma reiterada.

El matrimonio igualitario –igual para parejas heterosexuales que para parejas del mismo sexo– se hizo realidad. Aunque rodeados de ácidas polémicas y frases infamantes, luego vinieron diversos avances a favor de las personas trans.

Y, entonces, el chavesato.

El boicot contra la marcha del orgullo, la supresión de los programas de educación para la sexualidad y la afectividad y la eliminación de los protocolos contra el acoso en ambientes escolares, son el signo de los nuevos tiempos. Empezó con Chaves y es evidente que encuentra “continuismo” con Fernández, al extremo, realmente ridículo, de tomarlo como pretexto para desbordarse en infundios contra la Agenda 20-30.

Todo esto ha propiciado que el discurso contra las minorías LGBTIQ escale y se vuelva mucho más purulento.

Chaves y Fernández comparten muchísimas características con los gobiernos de ultraderecha que hoy infestan el mundo. Construyen una narrativa alimentada por el odio y, por insólito que resulte, es el odio el que les proporciona el combustible que les energiza. De ahí que su signo sea el signo fascista.

Uno de los rasgos, comunes a todos esos gobiernos y proyectos políticos, es la agenda anti-LGBTIQ+.

Una agenda virulenta y encarnizada.

Los colectivos LGBTIQ+ deben tenerlo presente. Es nuestra obligación tenerlo presente.

El silencio no es opción. Decir “presente” y levantar la voz, con respeto, pero con energía, es algo absolutamente ineludible.

Foro analizó implicaciones de un tratado de libre comercio entre Costa Rica e Israel

El miércoles 13 de agosto de 2025 se realizó un foro convocado por la Alianza por una Vida Digna y SURCOS Digital, transmitido en vivo a las 6:00 p.m. mediante la página de Facebook de SURCOS Digital.

La actividad contó con las exposiciones de Valeria Rodríguez Quesada, investigadora en género y Medio Oriente; Nicolás Boeglin, profesor de derecho internacional público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica; y Luis Paulino Vargas Solís, economista, profesor e investigador independiente jubilado. La moderación estuvo a cargo del doctor José María Gutiérrez.

El foro abordó el tema de las implicaciones de un posible tratado de libre comercio entre Costa Rica e Israel, analizado desde diversas perspectivas académicas y sociales.

Invitamos a ver el video completo mediante el siguiente enlace:

Hacia una reforma tributaria progresiva: contexto, criterios guía y contenidos fundamentales. Un paso necesario hacia una Costa Rica posneoliberal

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

Ni el sector público de Costa Rica es grande ni la carga de impuestos es elevada. Esos son mitos que es preciso superar. Lo que sí es cierto es que nuestro sistema tributario es muy regresivo e injusto y eso impone límites que afectan negativamente la sostenibilidad del Estado social y de los sistemas de seguridad social de Costa Rica.

Por eso se hace urgente entrar a debatir sobre una reforma realmente progresiva, lo cual es, también, un requisito necesario para combatir la abismal desigualdad que hoy divide a la sociedad costarricense.

Este trabajo, que fue discutido en dos talleres y revisado por varios economistas, aporta una propuesta, seriamente fundamentada, para una posible reforma tributaria progresiva y de amplio alcance. Desde ese punto de vista, es un pequeño esfuerzo procurando contribuir a ese debate nacional tan necesario.

Puede descargar el documento desde este enlace, o bien, hacer clic en la opción siguiente:

Panel analiza los retos de la democracia ante el autoritarismo y el desmantelamiento del Estado Social

El programa «Alternativas» realizará un panel de discusión el próximo 15 de agosto de 2025 a las 18:00 horas (-6 UTC) para abordar una de las preguntas más urgentes de nuestro tiempo: «¿Qué significa participar en las elecciones en democracia, con el Estado social de derecho en peligro? ¿Cómo definir una posición equilibrada ante el autoritarismo, desacreditación y el desmantelamiento del Estado social?»

Panel de expertos

El evento contará con la participación de tres destacados académicos:

Alberto Salom Echeverría, politólogo, ex rector de la Universidad Nacional, ex diputado, profesor universitario y autor de libros y artículos especializados en temas políticos y sociales.

Roberto Salom Echeverría, profesor universitario jubilado con maestría en Sociología por la Universidad de Costa Rica, autor de libros y artículos, y colaborador editorial de la revista Porvenir.

Luis Paulino Vargas Solís, economista, profesor universitario jubilado, investigador y autor de libros y artículos sobre temas económicos y sociales.

Transmisión en vivo

El panel será transmitido en vivo a través de múltiples plataformas digitales, incluyendo Facebook Live, YouTube y Spotify, garantizando amplio acceso a la discusión.

Emisoras colaboradoras

El evento cuenta con el respaldo de importantes medios de comunicación alternativa:

  • Guanacaste 106.1 FM
  • Radio Soberanía
  • Radio Revolución
  • 506 Ondas Alajuelita Radio

Reflexión necesaria

En un contexto regional y global donde los sistemas democráticos enfrentan múltiples amenazas, desde el crecimiento de movimientos autoritarios hasta el debilitamiento sistemático de las instituciones del Estado social, este panel busca generar un espacio de reflexión crítica sobre los desafíos actuales de la participación electoral y la defensa de la democracia.

La discusión promete abordar temas fundamentales como la crisis de legitimidad de las instituciones, las estrategias para fortalecer el Estado de derecho, y las alternativas para construir una posición política equilibrada que haga frente tanto al autoritarismo como a las políticas de desmantelamiento de los servicios públicos y la protección social.

El programa «Alternativas» forma parte de los esfuerzos por promover el diálogo académico y social sobre los grandes retos contemporáneos, especialmente aquellos relacionados con la defensa de la democracia y la justicia social.

Foro: ¿Debe firmar Costa Rica un tratado de libre comercio con Israel?

El próximo miércoles 13 de agosto, a las 6:00 p.m., la Alianza por una Vida Digna y SURCOS Digital transmitirán en vivo un foro para analizar la pregunta: ¿Debe firmar Costa Rica un tratado de libre comercio con Israel? Se realizará mediante la página de Facebook de SURCOS.

La actividad contará con la participación de Valeria Rodríguez Quesada, investigadora en temas de género y Medio Oriente; Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica; y Luis Paulino Vargas Solís, economista, profesor e investigador independiente jubilado.

El espacio busca ofrecer a la ciudadanía elementos de análisis y diferentes perspectivas sobre los alcances, implicaciones y posibles consecuencias de un eventual acuerdo comercial entre Costa Rica e Israel.

La transmisión será en directo por Facebook Live de SURCOS Digital, en coordinación con la Alianza por una Vida Digna.

Gobierno Chaves-Cisneros: fobias y arbitrariedad

Autor: Luis Paulino Vargas Solís

La Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos emitió este lunes 23 de junio de 2025, una resolución importante en relación con la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, o Marcha de las Diversidades Sexuales y de Género. Una resolución que surge apenas a seis días de la Marcha, programada para el domingo 29 de junio.

Al respecto, quiero comentarles lo siguiente:

1) La resolución atañe al evento de cierre de la Marcha, el cual se realizaría en la Plaza de la Democracia. Esa actividad de clausura ya se ha hecho tradicional, y consiste básicamente en diversos espectáculos artísticos, que incluyen canciones, bailes y diversas performances.

2) Esa Comisión de Control decidió que ese evento de cierre no debe ser visto por personas menores de edad (menores de 18 años). Ordena, entonces, que se realice en un lugar cerrado, y ejerciendo control, cédula en mano, de las personas que ingresan.

3) Es evidente el malintencionado propósito: boicotear al acto de cierre y, por esa vía, y de forma indirecta, boicotear la marcha en su conjunto. Y todavía más puesto que la decisión surge a seis días de la marcha e imponiendo condiciones imposibles de cumplir en ese plazo.

4) La comisión organizadora de la Marcha hizo llegar a esa Comisión de Control, todas las explicaciones solicitadas y mucho más. Lo hizo con meticulosidad y detalle, indicando los nombres de todos los artistas participantes y las características del show que cada una de esas personas, o grupo de personas, ofrecerían. Se dejó bien clarito que no habría contenidos “sexualizados” del tipo que pudiera “preocupar” a las mentes pudorosas y recatadas de las personas integrantes de esa Comisión de Control. O sea: que no habría nada “inconveniente para menores”.

5) La Comisión de Control decidió ignorar todas esas explicaciones, y, sin más trámite, con grosera arbitrariedad, tomó la mencionada decisión, arguyendo que habría “vestuarios inadecuados, expresiones sexualizadas o de contenido no apto para personas menores de edad”.

6) O sea, un ramillete de ridículas suposiciones que, en el colmo del absurdo, incluso involucran cosas que son incontrolables cualquiera sea el contexto de que se trate.

7) Por ejemplo: los “vestuarios inadecuados” ¿Qué es tal cosa? Los mínimos trajes que a menudo se ven en las playas de Costa Rica ¿son una forma de “vestuario inadecuado”? Las escasas vestimentas que usan muchas estrellas de la música en sus clips promocionales ¿son inadecuadas? Todas las personas que asisten a ver un partido de fútbol ¿visten “adecuadamente”?

8) Otra cosa: ¿qué tipifica una “expresión sexualizada”? ¿Son “expresiones sexualizadas” los bailes que se observan en muchos videos de canciones reguetoneras? ¿No son “expresiones sexualizadas” los decires, de elevado contenido machista, tan frecuentes en el vocabulario del presidente Chaves?

Conclusiones:

1) El gobierno Chaves-Cisneros sigue en su nota politiquera y electoral, y, en este caso particular, tomando a las diversidades sexuales como moneda de cambio para atraer el voto conservador.

2) El gobierno Cisneros-Chaves reincidiendo, una vez más, en sus inclinaciones tiránicas, su intolerancia y arbitrariedad.

3) El cisneroschavesato revelándose una vez más como lo que es: un gobierno infestado de odios y fobias.

El “proyecto jaguar” de la electricidad

Luis Paulino Vargas Solís

El proyecto de ley número 23.414, llamado de “Armonización del Sistema Eléctrico”, es, en realidad, un “proyecto jaguar” de la electricidad: tan chapucero como lo eran los “proyectos jaguar” del presidente Chaves y, por lo demás, un adefesio y un mamarracho similares.

Voy a sintetizarlo en 10 puntos:

1. Al modo de premisa de base, una precisión importante: el servicio de electricidad es de grandísima importancia estratégica: para el eficaz funcionamiento de la economía, para la promoción de formas equilibradas de desarrollo y desde el punto de vista de la calidad de vida de la población. Por lo tanto, es deseable y necesario que este sector se regule con base en políticas de Estado, o sea, políticas que den lugar a una planificación integral y de largo plazo, libre de influencias politiqueras cortoplacistas y sin intrusión de intereses privados localizados.

2. Puede que el sistema actualmente vigente no cumpla a plenitud con esas condiciones. Necesitamos mejorarlo, sobre todo para blindarlo de cualquier influencia politiquera cortoplacista, pero de ninguna manera se debe desmantelar, como se pretende en este proyecto.

3. Este proyecto tiene tres defectos fatales: subordina el desarrollo del sistema eléctrico a los antojos y ocurrencias del gobierno de turno; lo hace vulnerable a los intereses de las empresas privadas que participen en este negocio; y lo subordina a criterios de mercado, o sea, a criterios cortoplacistas de rentabilidad privada.

4. Los mecanismos de planificación que se incorporan son débiles, laxos e imprecisos. Se habla de “planificación indicativa” y a la hora de explicar qué se entiende por tal cosa, se recurre a la siguiente estratagema: a) explícitamente se indica lo que no es (artículo 13), definido de acuerdo con las mejores conveniencias privadas; b) pero cuando se trata de definir lo que sí es, se recurre a abstracciones vaporosas e inaprensibles, haciendo imposible saber de qué va realmente la cuestión.

5. Aparte la vaguedad, esa “planificación indicativa” viene a ser un gatito (que jamás un jaguar) destentado: nada obliga a los actores participantes en el mercado eléctrico a acatar lo que se “indique”, con lo que, al cabo, el asunto viene siendo “un saludo a la bandera”, una bocanada de humo en el viento. Las cosas quedan libradas a la voluntad, anónima y caótica, del mercado.

6. Una vez que se separa el grano de la paja, lo que tenemos es un sistema regido por criterios cortoplacistas de rentabilidad. Eventualmente esto provocaría un desarrollo desordenado proclive a la creación de sobrecapacidad instalada, que tendría indeseables consecuencias ambientales, y cuya salida presuntamente estaría en la venta a otros países centroamericanos…siempre que estos lo necesiten y quieran comprarlo (algo que nadie, a priori, puede garantizar).

7. No puede entonces descartarse que terminemos subsidiando a las empresas cuya producción, por excedentaria, carece de demanda. Pero es que, además, el sistema tarifario quedaría estructurado desde la determinación del costo marginal, en función, por lo tanto, del productor menos eficiente, generando o bien ganancias extraordinarias para quienes sean más eficientes o bien tarifas excesivas para las personas usuarias, o quizá ambas cosas. Porque si no se hace de esa forma, seguramente algunas inversiones resultarían redundantes y las empresas quebrarían.

8. Pero es que, además, la ley contempla, de forma explícita o solapada, diversos mecanismos de subsidio, que, de una u otra forma, impactarían sobre las finanzas públicas o sobre las tarifas que pagan las personas usuarias. Artículo 48: la capacidad contratada deberá pagarse, sea que se utilice o no.

9. Absolutamente nada en el proyecto garantiza universalidad del servicio ni equidad en el acceso y disponibilidad. De hecho, se desmantela el sistema de subsidios cruzados que, en su propio funcionamiento, incorpora estructuralmente el ICE, gracias a lo cual el servicio adquiere universalidad y llega a grupos sociales carenciados y a regiones alejadas, poco habitadas y empobrecidas. La preeminencia del criterio de rentabilidad privada hace imposible dar cumplimiento a este objetivo.

10. En correspondencia con lo anterior, las personas usuarias no tienen ninguna incidencia ni representación, como tampoco lo tienen entidades u organizaciones que aporten criterios técnicos y científicos independientes.

Sería una gravísima irresponsabilidad que esto se apruebe.

Costa Rica 2010-2024 – La marejada de la desigualdad

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

En este artículo, se explora cómo el Proyecto Neoliberal prioriza la rentabilidad empresarial, devenida criterio central de la organización económica, lo que cual provoca una desconexión preocupante entre el crecimiento económico y el bienestar social en Costa Rica, durante el período entre 2010 y 2024. Destacan problemáticas clave como la desconexión entre crecimiento y empleo, el estancamiento de los ingresos reales y la creciente brecha entre el crecimiento económico y los ingresos de los hogares, lo que plantea preguntas importantes sobre las implicaciones para la desigualdad.

SURCOS le invita a descargar y compartir este análisis del doctor Luis Paulino Vargas Solís.