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Etiqueta: manglares

70 organizaciones rechazan reforma que abriría la privatización de la Zona Marítimo Terrestre

Pronunciamiento advierte que el proyecto de ley (Expediente N.º 22.553) debilita la protección ambiental, favorece la privatización de playas y podría acelerar el despojo de comunidades costeras.
• Organizaciones alertan que el trámite se acelera en la Asamblea Legislativa y solicitan una reunión con el presidente y las jefaturas de fracción.

Un total de 70 organizaciones sociales y más de 170 personas firmantes manifestaron públicamente su rechazo al proyecto de reforma integral a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Expediente N.º 22.553), que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa, al considerar que representa un grave retroceso en la protección de las costas, los ecosistemas y los derechos de las comunidades.

Las organizaciones firmantes, vinculadas a la defensa ambiental, comunidades costeras, organizaciones sociales y la academia, advierten que el proyecto abre la puerta a mayores procesos de privatización del litoral y al debilitamiento de los controles públicos sobre este bien demanial.

En un contexto en el que las zonas costeras se han convertido en un gran atractivo para la inversión inmobiliaria y turística, es urgente fortalecer la legislación para asegurar playas para todas y todos y un desarrollo costero justo y sostenible, que no repita la historia del enclave bananero: explotación de la naturaleza y de las personas a cambio de migajas”, señala el pronunciamiento.

Las organizaciones recordaron que anteriormente más de 70 organizaciones y la Universidad de Costa Rica ya habían advertido sobre los riesgos de iniciativas similares, como el expediente 23.148, por sus implicaciones sociales, ambientales y jurídicas.

El pronunciamiento sostiene que, aunque la propuesta habla de “ordenamiento”, en realidad plantea una regulación orientada principalmente a facilitar el desarrollo turístico e inmobiliario.

Según las organizaciones firmantes, la reforma flexibiliza los requisitos de las concesiones en la Zona Marítimo Terrestre e incluso autoriza usos privativos dentro de la zona pública, como la ocupación de playas con mobiliario o infraestructura para fines comerciales.

Esta reforma pretende legalizar muchas prácticas irregulares que se han venido dando en las costas del país. Bajo el discurso del ordenamiento, en realidad se promueve una flexibilización que favorece intereses turísticos e inmobiliarios sobre el carácter público de las playas”, advierten.

El documento también alerta sobre el debilitamiento de las regulaciones ambientales, particularmente en ecosistemas estratégicos como los manglares.

Los manglares cumplen funciones vitales como barreras naturales frente a la erosión costera y el aumento del nivel del mar. Debilitar su protección en un contexto de crisis climática sería un grave retroceso ambiental”, señalan.

Diversos estudios, incluyendo informes del Estado de la Nación, han documentado que los manglares son uno de los ecosistemas que mayor pérdida de cobertura han sufrido en las últimas décadas, principalmente debido a desarrollos turísticos y actividades agropecuarias.

Centralización y debilitamiento del control público

Las organizaciones también cuestionan que el proyecto otorgue un papel central al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en la rectoría del ordenamiento costero.

Esta reforma subordina las competencias municipales al ICT, una institución que históricamente ha priorizado los intereses del sector turístico empresarial y que no tiene mandato ni capacidades para gestionar los conflictos socioambientales en las zonas costeras”, indica el comunicado.

Otro de los principales cuestionamientos al proyecto es que podría acelerar procesos de gentrificación y desplazamiento de comunidades locales que históricamente han habitado estos territorios.

Las comunidades afrodescendientes, indígenas y de pescadores artesanales han desarrollado sus formas de vida en relación con la costa mucho antes del auge del turismo. Sin mecanismos de protección diferenciados, esta reforma puede profundizar su desplazamiento”, advierten.

Ante estos riesgos, las organizaciones firmantes solicitan el archivo inmediato del expediente N.º 22.553 y la apertura de un proceso amplio de discusión sobre el futuro del régimen de la Zona Marítimo Terrestre.

Costa Rica no necesita más zonas de sacrificio costero, sino un marco jurídico que garantice justicia ambiental y territorial. La zona marítimo terrestre es un bien común de todas las personas, no un negocio para unos pocos”, concluye el pronunciamiento.

Posterior a las elecciones, diversas organizaciones alertan que se ha intentado acelerar el trámite del proyecto para agotar las mociones pendientes y forzar su aprobación. Ante esta situación, han solicitado una reunión con la Presidencia de la Asamblea Legislativa y las jefaturas de fracción, con el fin de que se escuche a las comunidades costeras y se abra un espacio de diálogo sobre los impactos que esta reforma podría tener en los territorios y ecosistemas del litoral.

Ver pronunciamiento completo con organizaciones y personas firmantes: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRPCrvaS6MBes3ObGLL-qbcHRI7FC2eOxBwPSa6tMRmmPr_A/viewform?usp=preview

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Organizaciones alertan sobre intento de aprobar reforma a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre y convocan a firmar pronunciamiento

Diversas organizaciones sociales, ambientales y comunitarias lanzaron una alerta urgente ante lo que califican como un intento de acelerar el trámite legislativo del proyecto de ley expediente N.º 22.553, que propone una reforma integral a la Ley N.° 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre (ZMT).

Según las organizaciones firmantes de un pronunciamiento público, el proyecto —que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa— podría legalizar usos privativos en espacios públicos costeros, debilitar la protección de ecosistemas sensibles como los manglares y favorecer procesos de despojo y desplazamiento de comunidades costeras.

Las agrupaciones advierten que el proyecto se estaría impulsando mediante un procedimiento acelerado para agotar mociones y forzar su aprobación, lo que limitaría el debate público sobre una reforma que consideran de alto impacto ambiental, social y territorial.

Riesgos para ecosistemas costeros y bienes públicos

El pronunciamiento sostiene que la reforma planteada permitiría flexibilizar el régimen de concesiones y habilitar usos comerciales en zonas que actualmente son públicas, incluyendo permisos para instalar infraestructura o servicios turísticos en espacios que forman parte del patrimonio natural del Estado.

Uno de los aspectos que más preocupa a las organizaciones es el debilitamiento de las regulaciones que protegen ecosistemas estratégicos como los manglares, considerados barreras naturales frente a fenómenos asociados al cambio climático, como la erosión costera o el aumento del nivel del mar.

Diversos estudios citados por las organizaciones señalan que los manglares han sufrido una importante pérdida de cobertura en las últimas décadas, especialmente debido a desarrollos turísticos, agropecuarios y expansión inmobiliaria.

Centralización institucional y debilitamiento del control público

Otro de los cuestionamientos al proyecto se refiere al rol ampliado que asumiría el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en la rectoría del ordenamiento de la zona marítimo terrestre.

Según las organizaciones, esta centralización podría debilitar la autonomía municipal y reducir los controles democráticos sobre el manejo del litoral, al concentrar decisiones en una institución cuya función principal ha estado vinculada al desarrollo turístico.

Asimismo, advierten que el proyecto reduce controles legislativos sobre áreas marítimas y territorios insulares, e incluso elimina referencias explícitas al dominio estatal sobre territorios como la Isla del Coco.

Impactos sociales en comunidades costeras

El pronunciamiento también alerta sobre los posibles efectos sociales de la reforma, particularmente en comunidades afrodescendientes, indígenas y de pescadores artesanales que históricamente han habitado las zonas costeras.

Según las organizaciones firmantes, el proyecto podría profundizar procesos de turistificación, gentrificación y concentración del acceso a la tierra en manos de intereses inmobiliarios o turísticos, sin establecer mecanismos claros de protección para las comunidades locales.

En ese sentido, señalan que la iniciativa no incorpora mecanismos de participación ciudadana en el ordenamiento territorial costero, ni establece medidas diferenciadas que protejan los derechos colectivos de las comunidades que dependen de estos territorios.

Llamado a archivar el proyecto y abrir un proceso participativo

Ante este escenario, las organizaciones firmantes solicitan el archivo inmediato del expediente legislativo N.º 22.553 y plantean la necesidad de abrir un proceso amplio, participativo y técnicamente sustentado para discutir cualquier reforma al régimen jurídico de la zona marítimo terrestre.

Entre las organizaciones que respaldan el pronunciamiento se encuentran colectivos comunitarios, agrupaciones ambientales, redes de mujeres, organizaciones afrodescendientes, observatorios de derechos humanos y asociaciones vinculadas con la defensa del litoral y los bienes comunes.

Las agrupaciones reiteran que la zona marítimo terrestre constituye un bien público de todas las personas, por lo que cualquier modificación legal debe garantizar la protección ambiental, el acceso público y la justicia territorial.

Invitan a organizaciones sociales, colectivos y ciudadanía interesada a sumarse al pronunciamiento y firmar el documento.

Enlace para firmar el pronunciamiento

Tribunal Ambiental ordena restauración de manglar y bosque tras 15 años de lucha contra Hotel RIU en Guanacaste

Luego de más de quince años de denuncias, trámites y resoluciones incumplidas, el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) resolvió dar con lugar a la denuncia ambiental contra el complejo Hotel RIU en Playa Matapalo, cantón de Carrillo, y ordenó la restauración del manglar y de áreas boscosas afectadas dentro de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT).

La resolución —dictada en el expediente que se remonta al año 2009— reconoce como hechos probados la eliminación y relleno de ecosistemas de manglar, la alteración de vegetación arbórea y arbustiva, así como la modificación del curso de una quebrada, todo ello en zonas de dominio público y de protección especial.

De acuerdo con lo resuelto, y la información enviada a SURCOS por la Asociación Confraternidad Guanacasteca, el Tribunal estableció la responsabilidad solidaria de las empresas vinculadas al proyecto y de su representante, y ordenó eliminar los rellenos, devolver la zona a su estado original y presentar un plan técnico de restauración ecológica, con plazos concretos para su ejecución.

Un caso marcado por dilaciones y sentencias incumplidas

El fallo llega tras un prolongado proceso caracterizado por retrasos, a pesar de que la Sala Constitucional emitió al menos cuatro sentencias ordenando al Tribunal Ambiental dictar resolución definitiva en un plazo razonable, en apego al derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida.

En resoluciones reiteradas, la Sala advirtió sobre eventuales responsabilidades administrativas e incluso penales por desobediencia, ante el incumplimiento sistemático de lo ordenado. En uno de los episodios más recientes, incluso se dispuso testimoniar piezas al Ministerio Público para valorar la posible comisión del delito de desobediencia.

Las personas denunciantes y organizaciones ambientales han señalado que las dilaciones favorecieron, durante años, la consolidación de los daños ambientales, mientras el proyecto avanzaba y se anunciaban nuevas etapas constructivas en la zona.

Zona pública afectada y ecosistemas vulnerados

La documentación incorporada al expediente, incluyendo el plano oficial de la zona afectada, confirma que los daños ocurrieron dentro de la zona pública de la ZMT, en áreas identificadas como manglar, humedal y protección de cauces, ecosistemas clave para la biodiversidad y la protección costera.

Los hechos probados incluyen la deposición de materiales de relleno, el enterramiento de mojones oficiales y la eliminación de cobertura vegetal, acciones que afectaron directamente funciones ecológicas esenciales y bienes de dominio público.

Vigilancia ciudadana y exigencia de cumplimiento

Organizaciones y personas denunciantes han señalado que, si bien la resolución representa un avance significativo, la verdadera prueba será su cumplimiento efectivo, por lo que han anunciado que se mantendrán vigilantes del proceso de restauración ordenado.

El caso es considerado emblemático por evidenciar las tensiones entre grandes proyectos turísticos, la institucionalidad ambiental y el derecho colectivo a un ambiente sano, así como las debilidades estructurales en la aplicación oportuna de la normativa ambiental.

Organización ambientalista refuta respuesta del MINAE sobre permisos irregulares en Gandoca-Manzanillo

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología respondió el 4 de junio al viceministro de Ambiente, Jorge Mario Rodríguez, refutando los argumentos expuestos en el oficio DVA-064-2025 sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos de uso de suelo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y el sitio Ramsar 783.

Según el documento AEL-00239-2025, firmado por Marco Levy Virgo, presidente de la organización, el Ministerio de Ambiente y Energía (minae) ha omitido su deber de coordinación interinstitucional y su responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental en estas áreas protegidas.

La organización señala que el minae argumentó no poder invadir las competencias de la Municipalidad de Talamanca, basándose en la autonomía municipal establecida en el artículo 4 del Código Municipal. Sin embargo, Levy considera que esta interpretación desconoce el deber de coordinación interinstitucional que obliga al ministerio a trabajar conjuntamente con las municipalidades para proteger áreas protegidas y sitios Ramsar.

Entre las irregularidades denunciadas se encuentran construcciones y modificaciones ilegales dentro de humedales y manglares, incluyendo drenajes realizados en el Hotel Las Palmas, propiedad de Jan Kalina, para la construcción de una piscina. También se mencionan obras recientes en el Hotel Almendros y Corales, incluyendo la instalación de una piscina, y una serie de caminos ilegales que afectan los humedales y el bosque del refugio nacional.

La asociación indica que estos hechos no han sido investigados ni corregidos por el minae, lo que constituiría una violación directa de las restricciones establecidas en el artículo 151 del Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, el artículo 18 de la Ley Forestal y las disposiciones internacionales que protegen los sitios Ramsar.

Levy también criticó la negativa del ministerio a establecer una mesa de trabajo interinstitucional para analizar el estado de la Zona Marítimo Terrestre en Talamanca, considerándola injustificada y contraria a los principios de transparencia y cooperación que deben regir la gestión ambiental.

La organización reitera su solicitud para que el minae cumpla con su deber de coordinación con la Municipalidad de Talamanca para investigar los permisos de uso de suelo otorgados en las áreas protegidas mencionadas. Además, insta a la conformación inmediata de una mesa de trabajo interinstitucional para analizar los impactos ambientales de las actividades denunciadas.

El presidente de la asociación advirtió que está dispuesto a escalar el asunto ante la Sala Constitucional si persiste la omisión del minae en abordar estas irregularidades, que considera atentan contra el patrimonio natural de Costa Rica y los compromisos internacionales del país.

El documento fue enviado en copia a diversas instituciones, incluyendo la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía Ambiental y la Secretaría Ramsar, entre otras.

Desarrollo turístico Bahía Papagayo incumple las normas de protección y mitigación ambiental

El Proyecto Bahía Papagayo se plantea como un desarrollo turístico-habitacional, ubicado en Guanacaste específicamente en el cantón de Carrillo, distrito de Sardinal. El proyecto por medio de su extensión de 117.6 hectáreas, busca integrar complejos de hospedaje, residencias, áreas recreativas y un espacio privado con instalaciones deportivas, salones de eventos y zonas de juego infantil.

Así mismo, la propuesta del proyecto abarca desde un complejo hotelero con cocinas, terrazas, piscinas, spa, gimnasio y restaurantes, además de lotes residenciales destinados a futuros desarrollos habitacionales. Pese a la magnitud de la inversión se han identificado diversas deficiencias en el cumplimiento de normativas y en la presentación de estudios ambientales. Además, se destaca la falta de autorizaciones de instituciones como SENARA, MOPT y SINAC, así como la carencia de elementos técnicos, como estudios geotécnicos completos, planos detallados y registros fotográficos que respaldan la viabilidad técnica del terreno.

El desarrollo inmobiliario se encuentra a cargo de la empresa: Enjoy Hotels & Resorts Sociedad Anónima cuyo representante legal es Andrés Pacheco Albónico. Dicha empresa es parte del conglomerado Enjoy Group, donde también se encuentran otros restaurantes y hoteles distribuidos en todo el país tales como la Marina Golfito, Fiesta Resort, Hilton Garden Inn Guanacaste, Mangroove, P.F. Changs, Hotel Villa Lapas, entre otros.

La infraestructura prevista en este desarrollo abarca una región caracterizada por una significativa cobertura de bosques maduros y secundarios, igualmente existe la presencia de humedales y manglares cerca de la zona. Estos terrenos por su alta vulnerabilidad ambiental se encuentran protegidos por la legislación del país, lo que subraya la importancia de conservar estos valiosos ecosistemas en medio de cualquier actividad de desarrollo.

La pérdida de estos ecosistemas por parte del proyecto podría desencadenar efectos adversos en la calidad del suelo y en la estabilidad de las laderas, agravando los impactos ambientales y comprometiendo la integridad del paisaje. Los tipos de bosques encontrados en el terreno desempeñan un rol en la regulación de los ciclos hidrológicos y la prevención de la erosión. Por otro lado, los humedales estuarios y manglares fungen en los procesos de filtración del agua y suministran refugio a diversas formas de vida silvestre.

A pesar de la relevancia natural y ecológica la empresa desarrolladora ha fallado al presentar la documentación pertinente para demostrar la viabilidad ambiental del proyecto. Entre los incumplimientos, por los cuales se cuestiona dicho desarrollo inmobiliario se encuentran: la falta de permisos emitidos por SENARA, MOPT y SINAC, donde se garantice la legalidad del proyecto turístico, así como el pleno cumplimiento de las normativa en materia ambiental.

Una segunda polémica, se encuentra relacionada con la certificación de uso de suelo, a pesar de que la empresa cuenta con el certificado emitido por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) del 2019. Existen deficiencias en la documentación, donde se asegure el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el Plan Maestro del Polo Turístico Golfo Papagayo. En particular, con lo definido para las plantas de tratamiento de aguas residuales, elemento fundamental para mitigar impactos ambientales y garantizar la sostenibilidad en la protección de los ecosistemas circundantes.

El estudio biológico presentado por la empresa carece de la integridad necesaria para evaluar adecuadamente los impactos sobre la flora y fauna locales. Igualmente, las medidas planteadas de mitigación del riesgo ambiental resultan insuficientes para proteger especies vulnerables, como el mono congo, la tortuga roja y el tamandúa. Esto representa una omisión grave al no considerar de forma detallada la conservación de la biodiversidad en un área tan ecológicamente privilegiada.

En cuanto al estado de la cobertura forestal del área, un informe realizado en 2024 por el Ing. Álvaro Solano Acosta sobre el Polo Turístico de Papagayo resalta que la mayor parte de la propiedad presenta una densa cobertura forestal. Solo una pequeña sección del terreno carece de esta característica. Esto refuerza la idea de que el área se encuentra, en gran medida, preservada y ha mantenido su integridad natural.

El informe destaca la alta densidad de árboles en la zona, tales como el cenízaro, guanacaste y guácimos. Estos árboles constituyen elementos vitales en la conservación de la biodiversidad local, proporcionando hábitats esenciales para una variedad de especies y contribuyendo a la estabilidad ecológica del área.

Según los datos presentados, aproximadamente el 92.5% de la finca está cubierta por bosque. Este porcentaje se complementa con la identificación de áreas de matorral arbolado y zonas de protección absoluta, especialmente en aquellas áreas asociadas a recursos hídricos como ríos y quebradas. Dichas áreas representan un componente crucial en la valoración ambiental de la zona, destacando la relevancia de conservar estos ecosistemas.

Específicamente, los levantamientos muestran que 34.1 hectáreas corresponden a cobertura forestal, mientras que 4.0 hectáreas se destinan a la protección de quebradas y 2.25 hectáreas a matorrales arbolados. Por último, en el informe, se confirma la presencia de un manglar registrado, denominado «Manglar Panamá 1», el cual refuerza la importancia ecológica de la zona. Dicho ecosistema juega un papel crítico en la sostenibilidad de la biodiversidad local.

Cuestionan Plan Regulador Costero de Talamanca por riesgos a biodiversidad

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) presentó un comunicado advirtiendo sobre posibles daños ambientales en el Cantón de Talamanca mediante el Plan Regulador Costero.

Según el documento, el plan amenaza ecosistemas frágiles del Caribe Sur, incluyendo humedales, manglares y sitios de anidación de tortugas marinas. La asociación señala que el proyecto ignora la fragilidad ambiental de una zona que alberga el 2% de la biodiversidad mundial.

La Sala Constitucional emitió una resolución el 13 de marzo de 2025 que solicita a diversas autoridades de SINAC, INVU y la Municipalidad de Talamanca presentar informes detallados sobre el cumplimiento de una sentencia previa del 16 de febrero de 2024.

Entre las principales observaciones, la AEL destaca que:

  • El plan utiliza índices de fragilidad obsoletos basados en una delimitación del Patrimonio Natural del Estado del año 2017.

  • Una directriz ministerial obliga a funcionarios a respaldar la delimitación de 2017, desestimando estudios más recientes.

  • El proceso de consulta indígena, establecido por el Convenio 169 de la OIT, ha sido tratado como una mera formalidad.

La organización hace un llamado a la ciudadanía para defender el patrimonio natural y exigir transparencia en el desarrollo de proyectos que puedan afectar ecosistemas únicos.

Marco Levy Virgo, presidente de la asociación, enfatizó la importancia de preservar la biodiversidad del Caribe Sur y asegurar un desarrollo sostenible que respete el entorno natural.

SURCOS comparte los siguientes documentos como referencia:

Sala ordena al SINAC INVU y Municipalidad de Talamanca prueba

Voto humedales

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UCR: Manglares, escudos naturales en riesgo

La contaminación se enreda en sus raíces, el cambio climático los golpea y acciones humanas amenazan su supervivencia, aunque nos protegen de los huracanes y son la cuna de muchas especies animales

UCR Manglares escudos naturales en riesgo
Los manglares y otros ecosistemas marítimos son amortiguadores naturales de fenómenos, como inundaciones y fuertes oleajes. – foto Cristian Araya Badilla.

Si no conoce un manglar, es posible que la palabra lo remita a un espacio húmedo y con zancudos, rodeado de lodo y con algunos árboles colgantes. Pero lo cierto es que estos ecosistemas son protectores de vida: bajo sus aguas guardan múltiples funciones que benefician al ser humano y, además, cientos de especies de animales hacen de los bosques de manglar su hogar.

Sin embargo, estos bosques salados, aliados estratégicos contra los efectos del cambio climático, padecen las consecuencias de las acciones humanas insostenibles con el medio ambiente, lo cual afecta la economía de las comunidades aledañas.

Los manglares, que son reconocidos como humedales, entretejen múltiples funciones naturales: son el hábitat de cientos de especies vegetales y la cuna de animales de importancia comercial, como peces, cangrejos y moluscos.

“Estos ecosistemas le proveen alimento y refugio a una gran cantidad de especies que llegan a desovar; ahí tienen su nicho y cuando están en etapa adulta migran hacia mar abierto. Además, sus raíces atrapan sedimentos que vienen de los ríos y evitan que lleguen al mar y afecten a otros ecosistemas, como arrecifes de coral”, explicó Margarita Silva Benavides, especialista en ecología de manglares de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Además, la contribución de los bosques de manglar en el almacenamiento de carbono en sus plantas y suelo es mayor que la de un bosque tropical, según expertos. Esta captura es conocida como «carbono azul».

“Uno de los puntos importantes de la discusión que tuvimos en La Haya fue esa capacidad que tienen los ecosistemas de humedales y manglares de desempeñar funciones como la fijación de gases de efecto invernadero, la protección de las zonas costeras, la contribución en la formación del suelo y la prevención de la erosión”, explicó Bernardo Aguilar González, director de la Fundación Neotrópica, al hacer referencia al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso de Costa Rica contra Nicaragua.

Si se pudiera comparar a los manglares o humedales con algún objeto, este sería un escudo; puesto que, por sus características y su composición, cumplen un papel primordial al proteger las costas de la erosión y al absorber la lluvia. Igualmente, son una barrera efectiva contra fuertes vientos provenientes de tormentas y huracanes.

Así lo refuerza el más reciente informe del Estado de la Nación al indicar que ecosistemas como los manglares, los bosques y los ríos absorbieron gran parte de la carga de la precipitación durante el huracán Otto, que afectó al territorio nacional a finales de noviembre de 2016 con serias consecuencias.

“Los humedales, por ejemplo, retuvieron los excesos de precipitación y escorrentía, y cumplieron una función al retener sedimentos”, explica el informe.

A pesar de esto, gran parte de la población ignora los beneficios que los diversos ecosistemas incluidos en los humedales, como los manglares, cumplen en condiciones adversas como los huracanes. Mientras tanto, la contaminación y las drásticas transformaciones humanas imperan en los manglares del país.

UCR Manglares escudos naturales en riesgo2
¿Qué importancia tienen los manglares? Desde atrapar contaminantes hasta generar beneficios económicos para las comunidades cercanas. – diseño Rafael Espinoza.

 

¿Cómo han sufrido los manglares?

Y es que los manglares ven llegar de todo a sus terrenos: plaguicidas, productos farmacéuticos y detergentes, por nombrar solo algunas de las sustancias que contaminan sus raíces diariamente. Además de la contaminación, el cambio del uso de la tierra y la presión de proyectos inmobiliarios amenazan la supervivencia de estos ecosistemas.

En Costa Rica, según el XXI Informe del Estado de la Nación, desde inicios de los años noventa la cobertura nacional de bosques de manglares ha disminuido: en 1992 se contabilizaban 51 350 hectáreas y para el año del estudio la cobertura correspondía a un 0.7 %, es decir, 37 420 hectáreas; esto representa una reducción de 13 930 hectáreas.

A partir de este año, el Sinac cuenta con un dron fotogramétrico “con una precisión que cubre los requerimientos del Instituto Geográfico Nacional para clasificar manglares. A partir de este 2018 estamos con la planificación de sobrevuelos sobre los manglares, comenzamos por la costa del Pacífico”, explicó Jacklyn Rivera, coordinadora del Programa Nacional de Humedales de esa institución. Por otro lado, la expansión de cultivos y otras actividades, como las salineras, han provocado que estos ecosistemas desaparezcan. De acuerdo con el Informe del Estado de la Nación 2017, los cambios en el uso del suelo y la invasión de zonas protegidas por el crecimiento de cultivos se relaciona de manera directa con la pérdida de manglares.

En el 2017, el Proyecto Humedales del Sinac encontró que en el Humedal Nacional Térraba-Sierpe, en la provincia de Puntarenas, se había desaguado 1310 hectáreas para dedicarlas a la ganadería y, posteriormente, a la producción de arroz y palma africana, entre el 2008 y el 2016.

“El tema de la contaminación lo abordamos por medio de los programas de control y protección que tienen las áreas de conservación y las denuncias. Hay un fuerte impacto por parte de la actividad agropecuaria y es ahí donde se nos sale de las manos. El Sinac aprovecha los espacios de coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero sigue siendo una debilidad en la parte de vinculación de la agenda agro y la agenda ambiental”, explicó Rivera.

Los humedales representan un 7 % del territorio nacional. Asimismo, se estima que el 0.8 % del país es zona clasificada como manglar. El aporte que estas áreas generan, por medio del almacenamiento de carbono y del valor económico que representan, pone la lupa de las comunidades costeras y cercanas a los humedales en la protección de estos ecosistemas.

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Este artículo pertenece al suplemento C+T, que es publicado mensualmente en el formato impreso del Semanario Universidad. Puede encontrarlo el primer miércoles de cada mes. (Diseño: Rafael Espinoza).

Comunidades en acción

El sustento de decenas de familias que habitan en lugares aledaños depende de los manglares que reposan en los principales humedales del país.

Los servicios ambientales que estas áreas ofrecen permiten a los habitantes de las zonas cercanas realizar actividades de subsistencia, como el ecoturismo, la pesca y la extracción de pianguas y otros moluscos para su comercio.

“Aquí en Costa Rica hay muchas localidades costeras que trabajan en pro de los manglares, como en el Golfo Dulce, en el Golfo de Nicoya o en el Pacífico Central, donde hay grupos organizados de las propias comunidades que aprovechan el manglar de una manera sostenible, en el sentido de que están sometidos a un plan de manejo y permisos respectivos”, explicó Silva.

De esto es ejemplo la Asociación de Pescadores y Piangüeros del Golfo Dulce (Asopez), quienes trabajan en la recolección de semillas y posterior plantación de mangle, en viveros cercanos a Playa Colibrí en el sector de Osa.

“También trabajamos en un vivero de ostras y en la parte de turismo. En el mangle hacemos un turismo educativo y en junio hacemos un festival en el que realizamos charlas para enseñarle a comunidad la importancia del mangle y cómo protegerlo”, explicó Gisela Víquez, secretaria general de Asopez.

Por otro lado, actores como la Fundación Neotrópica buscan combinar la responsabilidad social corporativa con acciones que generen beneficios para los manglares y las comunidades aledañas; entre estas se encuentran: reforestar los bosques de manglar, educar a la población y realizar capacitaciones sobre actividades productivas sostenibles por medio de programas como Carbono Azul Comunitario.

Desde el 2017, los humedales del país cuentan con la Política Nacional de Humedales, que señala acciones encaminadas a la conservación y el aprovechamiento responsable de estos ecosistemas, y con un marco de acción del 2017 al 2030 que incluye manglares y pantanos, entre otros.

“Se están ejecutando los planes de gestión local de los sitios Ramsar, básicamente son un instrumento que permite implementar las acciones de los planes generales de manejo de las áreas protegidas que coinciden con estos sitios”, explicó Rivera.

 

Paula Umaña

Periodista Oficina de Divulgación e Información

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

Día Mundial de los Humedales

Día Mundial de los Humedales

Comunicado

– “Humedales para nuestro futuro”, es el lema de la campaña de este año con el cual se pretende destacar el valor que representan estos ecosistemas considerando las amenazas que las afectan en todo el mundo.

– Los humedales albergan más de 100,000 especies conocidas de fauna de agua dulce y la cifra aumenta cada año. En solo diez años se descubrieron 272 especies nuevas de peces de agua dulce en el Amazonas.

– A pesar de ello, recientes investigaciones indican que desde 1900 se ha destruido más del 64% de los humedales del planeta.

 

Este lunes 2 de Febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales con el lema: “Humedales para nuestro futuro”. De acuerdo con el Servicio de Fauna y Pesca de EE.UU. aproximadamente el 43 % de las especies amenazadas dependen de los humedales para sobrevivir. A pesar de ello solo en Estados Unidos, más de la mitad de los humedales originales han sido drenados o destruidos de otra manera, en su mayoría debido a la invasión de la agricultura, la explotación forestal, el desarrollo industrial y la vivienda. Aproximadamente 60.000 acres (24.281,13 hectáreas) siguen destruyéndose anualmente.

Se calcula que el valor de la pérdida de humedales de agua dulce en todo el mundo entre 1997 y 2011 equivale a 2,7 billones de dólares por año, que la pérdida de manglares equivale a 7,2 billones de dólares por año y que la pérdida de arrecifes de coral equivale a 11,9 billones de dólares.

“El Día Mundial de los Humedales se celebra cada 2 de febrero desde el año 1977, en conmemoración de la firma del Convenio sobre los Humedales en Ramsar. Para esta edición el lema “Humedales para nuestro futuro” recoge una enorme preocupación de los países en la procura de conservar los ecosistemas. Las causas principales de la pérdida y degradación de los humedales son los cambios en el uso del suelo y particularmente porque ceden ante el inclemente crecimiento de las ciudades y su infraestructura.

“Desde Fundación Neotrópica solicitamos especial atención al gobierno para la promoción de políticas públicas que permitan garantizar que los beneficios que nos proveen este tipo de ecosistemas sean justamente distribuidos al igual que los costos de su conservación. Experiencias exitosas como el Programa Carbono Azul Comunitario, un modelo de gestión comunitaria impulsado por Neotrópica, nos permiten manifestar con propiedad que la conservación de humedales y el fortalecimiento de capacidades locales puede ir de la mano con el desarrollo de actividades productivas sostenibles”, indicó Bernardo Aguilar Director Ejecutivo de la Fundación Neotrópica.

“Estoy muy complacido de celebrar el Día Mundial de los Humedales. Este año veré una vez más cómo Uganda, una Parte clave en la Convención de Ramsar, hace que este día sea especial y que los humedales cobren vida e irrumpan en la imaginación de las personas. Con el Centro Regional Ramsar para África Oriental, visitaré el sitio de Letembe Bay. Agradecemos a Danone-Evian que financió la comunicación y difusión para el Día Mundial de los Humedales”, indicó el Dr. Christopher Briggs, Secretario General de la Convención de Ramsar, en su comunicado oficial.

Por su parte el Viceministerio de aguas, mares, costas y humedales y la Focalía Nacional de Ramsar vienen realizando un Concurso Fotográfico, para lo cual invitan a los jóvenes de entre 15 y 24 años a tomar una foto que promueva la importancia de los humedales para nuestro futuro. Este concurso inicia el 2 de Febrero del 2015, por medio del sitio Web del Día Mundial de los Humedales (http://www.worldwetlandsday.org/es/). El o la ganadora podrá llevarse un vuelo gratuito a un humedal en cualquier lugar del mundo y a la vez podrán concursar por un premio nacional subiendo su foto al sitio: https://www.facebook.com/pages/D%C3%ADa-Mundial-de losHumedales/1377603699204035?sk=timeline

Desde Fundación Neotrópica saludamos a las organizaciones como ASOPEZ, APREMAA, APIAPU y contrapartes aliadas de la conservación de estos importantes ecosistemas en la zona sur de nuestro país y aprovechamos el día para renovar nuestro compromiso en procura de la conservación de nuestros amados humedales y manglares.

Más información: Tony Villalobos, 2253-2130 o al 61088514, tvillalobos@neotropica.org

 

información y fotografía enviada a SURCOS Digital por Tony Villalobos.

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