Defender la universidad pública también exige respetar los derechos de toda la comunidad
Dr. Randall Jiménez Retana
Director
Escuela de Estudios Generales
Ante los acontecimientos del 12 de noviembre de 2026, relacionados con informaciones sobre una posible ocupación de edificios universitarios y las medidas preventivas adoptadas, la Dirección de la Escuela de Estudios Generales considera necesario expresar su posición:
Reconocemos y respetamos el derecho del estudiantado a organizarse, manifestarse y defender la educación superior pública. La participación estudiantil forma parte de la historia de nuestra Universidad y constituye una expresión de su vocación crítica y democrática.
Sin embargo, el ejercicio de ese derecho debe ser compatible con los derechos de las demás personas. El acceso a la educación, la integridad física y emocional de la comunidad universitaria, la libertad de tránsito y el desarrollo de las actividades académicas en condiciones de seguridad merecen igual protección. Ninguna causa, por legítima que sea, justifica la intimidación, el hostigamiento o la violencia.
Nos preocupan especialmente las denuncias por expresiones ofensivas y conductas intimidatorias contra la Dra. Marlen Calvo Oviedo, subdirectora de esta Escuela. Rechazamos toda forma de violencia contra las mujeres, particularmente aquellas conductas que puedan constituir violencia política por razones de género. El ejercicio de una responsabilidad académica no puede convertirse en motivo de hostigamiento. La crítica a las autoridades es legítima; la humillación y el maltrato no lo son.
Las autoridades universitarias tenemos el deber de proteger a las personas, resguardar las instalaciones y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho a la educación. Estas responsabilidades no nos convierten en adversarios del movimiento estudiantil ni deslegitiman sus reivindicaciones.
Sobre este particular, resulta especialmente relevante la resolución n.º 2025-021036, del 8 de julio de 2025, mediante la cual la Sala Constitucional declaró sin lugar un recurso de hábeas corpus relacionado con una manifestación ocurrida en el edificio de Estudios Generales. En esa sentencia, el Tribunal estableció que la libertad de expresión debe armonizarse con los derechos de terceros y reconoció la legitimidad de aplicar protocolos razonables y justificados para proteger la seguridad de las personas y regular el uso de los espacios universitarios.
La Sala recordó, además, que las autoridades pueden incurrir en responsabilidad si omiten intervenir oportunamente ante situaciones que comprometan la integridad de las personas o los derechos de terceros. La protección de estos derechos, por tanto, no constituye una medida contraria a la libertad de expresión, siempre que las actuaciones institucionales estén debidamente justificadas y sean proporcionales a las circunstancias.
Como Escuela de Estudios Generales, tenemos una responsabilidad especial con la formación humanista. El respeto a la dignidad humana, el pensamiento crítico, el diálogo y la convivencia democrática no pueden ser únicamente contenidos de nuestros cursos, deben expresarse también en nuestra manera de actuar y de resolver las diferencias.
No sería coherente enseñar el respeto a los derechos humanos en las aulas y tolerar su vulneración en nuestros propios espacios universitarios.
Hacemos un llamado al estudiantado, al personal docente y administrativo y a las autoridades universitarias a mantener abiertos los espacios de diálogo, evitar las provocaciones y rechazar toda forma de violencia. Las diferencias deben discutirse con firmeza, pero sin convertir a quienes piensan distinto en adversarios. Reafirmamos nuestro compromiso con una universidad pública, crítica y democrática, en la que todas las personas puedan estudiar, trabajar, manifestarse y ejercer sus responsabilidades en condiciones de respeto y seguridad.