Privatización energética: un negocio familiar, no un beneficio nacional
Martin Rodríguez Espinoza
La reciente presión de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) para acelerar la apertura del mercado eléctrico en el país es una muestra clara de cómo el sector empresarial busca anteponer sus propios intereses económicos sobre el bienestar nacional.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), es la institución pública, que pertenece a todos los costarricenses, que históricamente ha garantizado el acceso a la electricidad para la mayoría de los costarricenses, está en la mira de quienes ven en la privatización una oportunidad de negocio para un pequeño grupo familiar, sin considerar las consecuencias a largo plazo para el país.
Desde su creación, el ICE ha sido un pilar del desarrollo nacional, asegurando que la electricidad llegue a todos los rincones de Costa Rica con tarifas reguladas y un enfoque social. Sin embargo, la presión del sector privado, muchos de ellos ampliamente favorecidos con obscenas exoneraciones fiscales, muchos, además, evasores y elusores al fisco, con el argumento de una supuesta ineficiencia y altos costos, pretende privatizar el mercado energético, lo que en realidad podría derivar en una segmentación del servicio, afectando a los más vulnerables y beneficiando únicamente a grandes corporaciones.
Cacia, en su comunicado, cataloga la suspensión de la discusión legislativa sobre la apertura eléctrica como “inexplicable y generadora de incertidumbre empresarial”, pero lo que realmente está en juego no es la incertidumbre del empresariado, sino el futuro del modelo eléctrico costarricense.
La experiencia internacional ha demostrado que la privatización de sectores estratégicos como la electricidad suele derivar en aumentos de tarifas, menor inversión en infraestructura pública y una priorización de la rentabilidad sobre la cobertura universal del servicio.
El argumento de que los costos de producción se han elevado debido a las tarifas eléctricas es una narrativa que ignora la estabilidad que el ICE ha brindado en el suministro energético durante décadas. Si bien existen retos que enfrentar, privatizar el servicio eléctrico, sin una visión clara de sus implicaciones puede resultar en un modelo donde el acceso a la electricidad quede sujeto a la lógica del mercado y no a la necesidad del pueblo.
La insistencia del sector privado en la liberalización del mercado eléctrico no es altruista ni busca el desarrollo del país; es un movimiento estratégico para garantizar su propia rentabilidad a costa del patrimonio nacional. El llamado debe ser a fortalecer el ICE, mejorar su eficiencia y asegurar que continúe operando con un enfoque de servicio público, y no ceder ante presiones empresariales que solo buscan ganancias sin considerar el impacto social.
El futuro energético de Costa Rica debe construirse con un enfoque que garantice el acceso equitativo a todos los ciudadanos, y no bajo un esquema que privilegie a unos pocos a costa de la mayoría.
29 de marzo de 2025
