La asociación ambiental Asalomas, denunció a la compañía Constructora La Laguna S.A., la Municipalidad de Desamparados, SETENA, MINAE e INVU.
El caso con los permisos irregulares que causaría daños irreparables, se tramita bajo el expediente 23-003209-1027-CA en el Tribunal Contencioso Administrativo.
Asociación Salvemos las Lomas, ASALOMAS 1 de junio 2025
Desamparados, San José — La Asociación Salvemos las Lomas reafirma su compromiso de lucha con el fin de la conservación del patrimonio natural y anuncia que, en el marco del juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo que se realizará el lunes 2 de junio con el motivo de la defensa de la Zona Protegida de la Loma Salitral, continuará trabajando, acorde la anhelo de décadas de esta noble causa e incansablemente para garantizar que este invaluable ecosistema, el ultimo remanente de Bosque Premontano Bajo Húmedo del Valle Central, reciba la protección que la normativa ambiental del nuestro país obliga a respetar.
En este proceso legal, que se tramita bajo el expediente 23-003209-1027-CA, los vecinos, a través de la asociación ambiental ASALOMAS, nos enfrentamos a la compañía Constructora La Laguna S.A., la Municipalidad de Desamparados, SETENA, MINAE e INVU, por pretender construir, con el aval irregular de esas instituciones, en una zona de valor ambiental protegida por Decretos Ejecutivos y donde es prohibido edificar residenciales. Esta mega construcción, que consideramos ilegal, significaría una grave afectación a la calidad de vida de los habitantes alrededor de la zona y también irreparables daños ambientales. Por lo que este juicio representa un paso crucial en la lucha por la preservación del ecosistema único.
Nuestra organización, que cuenta en asesoría legal los abogados ambientalistas y exdiputados Edgardo Araya Sibaja y José María Villalta, ha presentado evidencia técnica-legal contundente sobre la importancia ecológica de esta área, su biodiversidad y el impacto irreversible que podría generar cualquier intervención como la posible construcción de más de 500 viviendas en la Zona de Amortiguamiento de la Loma Salitral.
“No podemos permitir que intereses particulares se impongan sobre el bien común, afectando nuestro entorno y el derecho de las futuras generaciones a disfrutar de la riqueza natural de nuestro país,” afirmó Eduardo Gardela, presidente de ASALOMAS.
Hacemos un llamado a la comunidad, a las autoridades y a todos los sectores comprometidos con la defensa del medio ambiente para que se sumen a la defensa de esta zona protegida. La biodiversidad, el equilibrio ambiental y el legado de nuestras tierras están en juego.
Seguiremos informando sobre el avance de este juicio y las acciones que nuestra asociación tomará para garantizar la protección de nuestro pulmón, la Loma Salitral.
El 23 de abril de 2024, el anterior Concejo Municipal de Belén aprobó el permiso de construcción del condominio Vistas de La Ribera (CasaMax), un proyecto habitacional de 125 unidades ubicado a 330 metros al norte del Cementerio Municipal. La votación final fue de 3 a 2. La regidora Zeneida Chaves (PUSC, actual alcaldesa), y los regidores Minor González (PUSC, actual vicealcalde) y Eddie Méndez (PLN) impulsaron la aprobación sin mayor discusión. Sin embargo, esta decisión ha sido fuertemente cuestionada por la fracción de la coalición Unión Belemita, quienes votaron en contra debido a graves irregularidades y omisiones que podrían afectar a la comunidad a nivel ambiental y urbanístico. Sus regidores denuncian la falta de transparencia y el incumplimiento de normativas, advirtiendo que las decisiones tomadas afectan directamente la seguridad y bienestar de los belemitas.
El estudio de viabilidad ambiental del proyecto contenía errores graves, como la referencia al río Ciruelas, que ni siquiera se encuentra en Belén. Además, la evaluación del acuífero se realizó con el método GOD en lugar del método DRASTIC, el cual es obligatorio en Belén desde 2016 por ser más preciso.
También, recientemente se confirmó que las obras del alcantarillado del proyecto carecen de memorias de cálculo, planos actualizados del desfogue pluvial y perfiles topográficos, elementos esenciales para evaluar la seguridad de la infraestructura. Por otro lado, la planta de tratamiento del condominio reutilizará las aguas en las áreas verdes en lugar de verterlas en el río Segundo, lo que podría generar problemas. A pesar de que la Unidad Ambiental de la Municipalidad recomendó realizar un estudio hidrogeológico para descartar riesgos de contaminación, este nunca se realizó. En época de lluvias, el suelo podría saturarse y las aguas terminar en el alcantarillado pluvial de Fátima, con consecuencias ambientales negativas.
El 26 de marzo del presente año, la falta de estudios y la mala ejecución del proyecto provocaron la rotura de tuberías de Intel, las cuales bombean agua directamente desde Ojo de Agua hasta la multinacional. Este incidente evidencia las consecuencias de aprobar el proyecto sin las debidas revisiones, poniendo en riesgo infraestructuras clave y la economía local, además del desperdicio de miles de litros de agua potable.
El descontento de la comunidad se ha hecho notar en múltiples reuniones y manifestaciones. El 14 de marzo, los vecinos de Barrio Fátima realizaron una protesta pacífica denunciando el caos vial, los deslizamientos de tierra, los desbordamientos de agua y el deterioro de calles y aceras debido a la construcción, además de la deficiente fiscalización municipal. Tres días después, el 17 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Salón Comunal de Barrio Fátima con la participación de aproximadamente 150 vecinos, la alcaldesa Zeneida Chaves, su equipo técnico y representantes de CasaMax. En la reunión, los vecinos señalaron incumplimientos en permisos y requisitos por parte de la empresa y denunciaron la permisividad tanto del MOPT como de la Municipalidad, ya que, a pesar de las múltiples razones para suspender el proyecto, no hay señales de que vayan a detener las obras.
El regidor Ulises Araya instó a la Alcaldía a suspender el proyecto hasta que se resuelvan las irregularidades y se aclaren las condiciones. “En la administración pública no trabajamos con promesas verbales, sino con documentos”, afirmó.
Los vecinos también denuncian la postura de la actual administración, favorable a las mega construcciones, de las cuales ya hay varias proyectadas para su pronta aprobación. Estas construcciones conllevan mayor deforestación, aumento del tráfico y una creciente presión sobre los recursos hídricos sin contar con un estudio de balance hídrico que garantice un uso responsable del agua en el cantón. Exigen que los resultados del estudio de balance hídrico y del plan hídrico integral, a cargo de SENARA, sean de conocimiento público, sin filtraciones ni manipulaciones por parte de actores con intereses en continuar favoreciendo a los capitales inmobiliarios que se han apoderado de Belén.
Temen que se intente manipular o suprimir los datos técnico-científicos de este análisis, considerado el más importante en la historia del cantón en materia de agua. Advierten que ciertos sectores se oponían a la realización del estudio y ahora que está por finalizar, parecen temer sus resultados. Como anomalía preocupante, el funcionario que administraba el contrato fue hospitalizado e internado antes de renunciar a su cargo, siendo reemplazado por un funcionario de confianza de la alcaldesa.
Otro cuestionamiento grave es la omisión de la proyección vial contemplada en el Plan Regulador vigente desde 1997. La servidumbre colindante con el sector oeste de la propiedad pudo haberse solicitado mediante carga urbanística para la futura calle que conectaría Fátima con Calle Arbolito, saliendo por las cercanías del Centro Comercial La Ribera. Sin embargo, la Administración Municipal no incluyó esta previsión al tramitar la disponibilidad de agua potable del proyecto. El mapa de proyecciones viales del Plan Regulador establecía que, al cambiarse el uso del suelo de las antiguas fincas de café para construcción, los desarrolladores debían donar estos segmentos de terreno para facilitar la futura vía y reducir el congestionamiento vial. Al omitirse este requisito, los belemitas perdieron la oportunidad de obtener este terreno sin costo, como estaba estipulado en el plan vial. Para la finca de CasaMax, el fragmento a donar a la Municipalidad no representaba ni el 7% del terreno, sin embargo, el ingeniero municipal de Desarrollo Urbano David Umaña convenció a los tres regidores de que no se pidiera dicha donación.
La comunidad exige respuestas claras y un desarrollo ordenado y sostenible para el cantón.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
