Tierra Diversa Danza Teatro les quiere compartir su producción Video Danza “43+”, recordando a los 43 jóvenes que desaparecieron en Ayotzinapa, a las miles de personas desaparecidas en los pueblos latinoamericanos, y continuando la lucha de nuestros pueblos por la vida.
Esta es una producción junto al realizador audiovisual Alejandro Ferlini.
«El mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos»
«El mal gobierno oferta muerte como futuro»
«El mal gobierno se llena de criminales y asesinos»
Este jueves 26 de marzo se cumplió ya medio año del secuestro y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. Acontecimiento brutal, ya clasificado como crimen de lesa humanidad, que ha abierto un parte aguas en la actualidad de la política y de la institucionalidad del Estado Mexicano.
En el “Río de las Calabacitas”, hoy el grito conjunto de las voces amordazadas y reprimidas emerge del silencio de la muerte a través de los miles y miles de pasos de quienes por toda la República Mexicana no han parado de marchar exigiendo la aparición de los 43 estudiantes normalistas. Emerge a través de las pancartas y de las incansables protestas solidarias; a través de las movilizaciones estudiantiles y de las múltiples palabras escritas por figuras señeras de la intelectualidad mexicana; a través de los informes de los distintos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y de otra índole (CNDH, CIDH, ONU) que hablan de tortura sistemática y que demandan al Gobierno Federal de la República Mexicana esclarecer la verdad sobre los brutales “hechos” de Ayotzinapa y sentar las correspondientes responsabilidades institucionales.
Sin embargo, la posición del Gobierno Federal mexicano ha sido y continúa siendo inconmovible en sostener su “verdad histórica”: los 43 estudiantes normalistas fueron secuestrados por bandas del crimen organizado y después quemados en un basurero de Cocula. No hay nada más qué decir, caso cerrado. Por otra parte, según señala la actual Procuradora General de la República, Sra. Arely Gómez González, tampoco ningún organismo especializado ha presentado ninguna prueba de que en Ayotzinapa se hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos. “Pasemos la página y vuelvan a la normalidad”, ha sentenciado el Presidente Lic. Enrique Peña Nieto. “Supérenlo ya”, ha dicho el ex Presidente Vicente Fox Quesada.
A diferencia de las voces oficiales que rechazan cualquier responsabilidad suya y que han tomado la decisión de dar por concluidas las investigaciones y por cerrado “el caso”; que desconocen y rechazan además incluso hasta el informe presentado por el enviado especial de la ONU, las familias, padres y madres, de los 43 estudiantes normalistas han decidido tomar los caminos del mundo y llevar su denuncia y reclamo de justicia a diferentes foros internacionales. Totalmente inesperado. Las altas autoridades del Gobierno mexicano jamás hubieran esperado que llegara por fin una primera vez en que fallaran tanto sus cálculos y sus controles sobre las comunidades empobrecidas, marginadas y excluidas del campo mexicano. Las familias de los 43 estudiantes hoy no solo cuentan con un reconocimiento y un insoslayable respaldo en el contexto de la sociedad mexicana, sino que además han logrado posicionar su protesta y reclamo alrededor de todo el mundo; han logrado obtener respeto, admiración, cariño y solidaridad a nivel mundial.
De aquí en adelante, Ayotzinapa ya es una impronta de valentía y de dignidad de alcance cósmico en la historia mexicana. Más importante y valiosa aún, cuanto que acontece en la cúspide de aplicación de un modelo de desarrollo y de gobierno que tiene como una de sus principales características la del desprecio absoluto por las personas, por la vida y por la sustentabilidad de la naturaleza. Ayotzinapa representa el reclamo profundo y concreto por el derecho a la vida y por el respeto a la dignidad humana.
A los pueblos y naciones que integramos a la nación mexicana
Ayotzinapa
La masacre de estudiantes y civiles ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre debe ser tipificada como crimen de Estado. Más allá del involucramiento directo de policías y paramilitares pertenecientes al municipio de Iguala, existen múltiples indicios que sugieren el montaje de una provocación mayor. La existencia de un plan deliberado, coyuntural y de largo aliento, promovido con el respaldo del representante del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, y de los altos mandos políticos, policíacos y militares encargados de la Seguridad Nacional que se coordinan cotidianamente con agencias de seguridad estadounidense como la DEA, la CIA, el FBI, la ASN y el mismo ejército estadounidense.
No debe descartarse que el baño de sangre y el terror ensayado en Iguala, bajo la pantalla de un crimen cometido por policías corruptos y delincuentes comunes, persiga, entre otras cosas, tender un velo sobre la masacre perpetrada por el Ejército mexicano en Tlatlaya, Estado de México, donde fueron ejecutadas 22 personas. Se comete un crimen mayor para ocultar otro, presentándolo como un ajuste de cuentas entre las mafias de la clase política local, entre figueroistas y perredistas.
Por el contexto político y social que vive el país y por la larga cadena de antecedentes represivos del PRI y de quienes gobiernan, tampoco debe excluirse que estamos entrando a nueva fase represiva contra la sociedad civil, donde las operaciones de los grupos de paramilitares y las fuerzas armadas se dirigen también contra los movimientos sociales y civiles.
Peña Nieto, el responsable de crimen de estado perpetrado en Atenco en mayo de 2006, tomó posesión en medio de una provocación el 1º de diciembre de 2012, en la que se coludieron los mandos de las fuerzas federales y las del Gobierno del Distrito Federal. El resultado arrojó la muerte de Juan Francisco Kuykendall, de múltiples heridos y detenidos. A la postre salió a relucir la utilización de grupos paramilitares y de policías y militares que se disfrazaron de manifestantes para provocar disturbios.
Lo acaecido en Iguala es la otra cara de las reformas estructurales promovidas por Enrique Peña Nieto y el capital trasnacional; y, al igual que la masacre de Atlatlaya, no son eventos excepcionales sino un rasgo estructural del proceso de ocupación neocolonial de nuestro país. Es una extensión de la violencia desatada por los últimos gobiernos del neoliberalismo que ya ha cobrado más de 150 mil muertes entre desaparecidos y asesinados, además de cientos de miles de víctimas “colaterales”. No se puede despojar a la nación de sus bienes comunes más que en medio de la violencia. La matanza de normalistas de Ayotzinapa es una lección ejemplar dirigida a quienes se atreven a disentir y protestar. Una provocación para incitar a que los oprimidos respondan a balazos y así justificar la represión a gran escala. Es la apuesta del partido de la guerra, el capital trasnacional y su clase política, para cancelar toda alternativa pacifica de superación de la catástrofe humanitaria que padecemos.
La elección de las víctimas —los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa— no fue accidental. Tampoco la forma en que previamente se les criminalizó para luego masácralos, torturarlos y desaparecerlos. Es de tal magnitud el crimen perpetrado en Iguala que puede ser comparado con las masacres cometidas por el Estado mexicano en épocas recientes: con el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia en 1962 y las masacres del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971; equiparable a la matanza de Acteal en 1997, a las masacres de Aguas Blancas y el Charco en Guerrero; a los más de 500 asesinatos cometidos en contra de perredistas durante el gobierno de Carlos Salinas, y la toma violenta de San Salvador Atenco entre otros. La condena de la ONU, la OEA y las recomendaciones de diversos organismos defensores de derechos humanos ante este hecho atroz y genocida, muestran la gravedad del crimen.
En cualquier otro país que se precie de democrático, el presidente y su gobierno habrían renunciado ante un suceso como el de Tlatlaya o el de Ayotzinapa. Aquí Enrique Peña Nieto y Ángel Aguirre Rivero, con la abierta complicidad del poder judicial y legislativo, de los medios de comunicación y del grueso de la clase política, manipulan las indagatorias y evaden sus responsabilidades, creando chivos expiatorios. Sin embargo, no pueden ocultar los nexos que guardan los grupos criminales con el estado mexicano y un sector de empresarios. Sin el patrocinio y la tutela de ambos no sería posible la sobrevivencia de la “delincuencia organizada”. Son ellos, además de la DEA o la CIA, quien los surte de armas, de canales financieros para el lavado de dinero y de protección, tanto en el territorio nacional como en Estados Unidos y más allá.
El terrorismo de estado nos ha colocado a todos y todas las mexicanas en una situación de indefensión y de vulnerabilidad total. Nuestra vida no les merece la menor importancia; todos y todas somos potenciales víctimas. Quienes hoy mal gobiernan ya no deben permanecer al frente de las instituciones de la Republica; todos ellos son responsables del desastre nacional; ellos abandonaron todo principio ético de respeto por la vida humana sin importar las banderas y colores partidistas que ostentan. Señor Enrique Peña Nieto y Señor Ángel Rivero, les exigimos que presenten a los desaparecidos; les pedimos, les demandamos, les exigimos que renuncien a sus altos cargos y comparezcan ante la justicia junto a todos sus cómplices.
A todos y todas les pedimos estar atentos a las acciones que promoveremos en los próximos días; además, llamamos a participar en todo tipo de acciones de resistencia civil pacífica que desde la sociedad civil se vienen impulsando. Las actividades, que por nuestra parte promoveremos, serán anunciadas en la página, el correo y el Facebook de la Constituyente.
Favor de ENVIAR SUS FIRMAS DE ADHESIÓN a este pronunciamiento al correo mencionado.
Primeras firmas:
Obispo José Raúl Vera López, Obispo Alfonso Leija Salas, Gilberto López y Rivas, Daniel Gershenson, Gabriela Juárez, José Guadalupe Suárez, Alfonso Anaya, Patricia Santiago, Luz María Montoya, Leonor Cortés, Hildelisa Preciado, Rocío Eslava, Pablo Velarde, Hilda Goicochea, Eva Cárdenas, Minerva Andrade, Lázaro González, Graciela Rangel, Leticia Guerrero, Guadalupe Luquín. Leonel Ávila. Raciel Gutiérrez, Juan Melchor, Lied Miguel, Yury Zareth, Estela Cabrera, Isabelle Cauzard, Víctor Manzanares, Francisco Chew, Pedro Ramírez, Marcos Tello, Magdiel Sánchez, Romeo Cartagena, Jessica Alcázar, Fernando Márquez, Daniela Fontaine, Fernanda Tomasini, Ximena Ponce, Iván Alejandro Martínez Zazueta, Catalina Castillo, Jorge Arias Rodríguez, Juan José Villagrán Reyes, Marcela Godínez, Jesús Ramírez Funes (Cristianos Comprometidos), Benigno Arellano Arrellano (Enlace Acolhua – Región Oriente del Estado de México), Leonel Reyes Ávila, Antonio Sarmiento Gálan, Rocío Vargas, David Escobar, Emilia González, Rosalío Morales, Mónica Carrasco, Jesús Villaseca, Heriberto Rodríguez, Darío Rubén Carreón, José Luis Razo Ochoa, Ernesto Jiménez Olin (Unión Popular Valle Gómez AC), Ernesto Morales, Anamaría Ashwell, Dra. Josefina Mena Abraham (Pdta. Grupo de Tecnología Alternativa SC), Maricarmen Montes, Leonor Aída Concha, Lourdes del Villar, Ángeles González, Rosa Barranco, Elizabeth Alejandre, Bertha Vallejo, Graciela Tapia, Claudio Alonso Murrieta Ortiz, Martín Rodríguez Rodríguez, Sindicato de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), Organización Popular Independiente A.C., Rafael Segura Millán, Norma Esmeralda Maldonado, Marta Sánchez Soler y José Jacques Medina (Movimiento Migrante Mesoamericano), José Flores Martínez, María Aurora Marín Fernández, Comunidad Teológica de México, Rafael Segura Millán, Leticia Rentería, Patricia Gutiérrez-Otero, Laura Jiménez, María Hilda De la Vega Cobos, Lucero de Lourdes Espíndola De la Vega, Carlos Molina, Catalina Eibenschutz, Ana Deisy García Granado, Elena Barona Orosco, Ericka García Morales, María Luisa García Martínez, Bertha García Barillas, Fernando Hernández Hernández (Unión de Pochtecas de México, AC y Ayuntamiento Popular de Ixtacalco), Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (Chiapas, México), Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos-Filial Jitotol (Chiapas,México), Laklumal Ixim- Norte Selva (Chiapas, México), Frente de Lucha Popular 29 de febrero de Huixtán (Chiapas, México), Frente Popular de Ixtapa Ricardo Flores Magón (Chiapas, México),Gilberto Ríos Munguía, Andrés Peñaloza, Fausto Lázaro, Pablo Hernández, Carolina Avilés, Rosa María Mejía Alcocer, Lilian Eréndira Pacheco Magaña, María Goretti Espíndola De la Vega, Violeta Pacheco, Fabiola Sánchez Quiroz, David Sánchez Sánchez, Amanda Castillo McCamant, Carlos Olivares Valencia, Elsa Valencia Ramírez, Carlos Mario Olivares Ledezma, Yunset Jaime, Olivia Sánchez, Sandra Carmona, Rosa Vargas, Raymundo Hernández, José Sandoval, Red de Antropología del Sur, Rosa Cristina Báez Valdés, Mirta Clara,Marcelino Rodarte Hernández (Coordinadora del magisterio democrático de Zacatecas sección 58), Silvia Tamez González, Claudia Mónica Salazar Villava, Bibliotecarios SEP-DF SNTE XI-DIII20, Alfonso Díaz Rey (Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, Salamanca, Gto.), Homero Castro Guzmán, Dra. Leticia Chavarría (Comité Médico Ciudadano de Cd. Juárez), Erick Noé Garza Torres,
Firmas internacionales:
Rainer Stoeckelmann (Alemania), Silvia Tenorio (El Salvador), Luis Infanti De la Mora, osm (Obispo Vicario Apostólico de Aysén – Chile), Comunidades Eclesiales de Base (Guatemala), Conrado Sanjur (COPODEHUPA, Panamá), Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá, COPODEHUPA (Panamá), Noris J. Rodríguez (Panamá), María E. Solares (Bolivia), Lorena De Jesús (San Salvador, El Salvador), Carina López Monja (Relaciones Internacionales del Frente Popular Darío Santillán, Argentina),Roberto Muñoz A. (Casa Bolívar, Chile), Loly Medina (El Salvador), German Bedoya (Coordinador Nacional Agrario, Colombia), Movimiento Popular Patria Grande (Argentina), Dora Treviño (Chicago, USA), Congreso de los Pueblos (Colombia), Miriam Boyer (Alemania), Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional (Argentina)
Ante la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” en México, la Universidad de Costa Rica declama su rechazo a cualquier tipo de violación de los derechos humanos.
Según lo informado por varios medios de comunicación mexicanos, la desaparición de estos jóvenes ocurrió el pasado 26 de setiembre, luego de ser detenidos y reprimidos por la policía local, con la supuesta ayuda de grupo de bandas delictivas asociadas al poder político. A un mes de su detención, las autoridades no han dado información sobre el paradero de los estudiantes.
El Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR asegura que estos hechos “son enteramente repudiables y constituyen una exhortación para todas las personas amantes de la paz a redoblar sus esfuerzos por reafirmar la vigencia de los derechos humanos en todos los países”.
Asimismo, Jensen hace un llamado a que estos acontecimientos sean objeto de análisis y discusión por parte de la comunidad universitaria, a la vez que manifiesta su rechazo a todo tipo de criminalización del ejercicio de los derechos legítimamente constituidos, entre ellos el derecho a disentir y protestar.
La Universidad de Costa Rica expresa su profundo pesar y exhorta a las autoridades de ese hermano país a hacer todos los posibles esfuerzos por dar con el paradero de los 43 estudiantes, y aplicar consecuentemente los principios legales para identificar a los responsables de este deplorable hecho.
