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Etiqueta: migración

Mesa de Diálogo sobre Migración y Refugio lanza guía de campaña electoral para un debate libre de discursos de odio y xenofobia

Costa Rica enfrenta una realidad migratoria compleja: miles de personas llegan al país buscando refugio y mejores oportunidades, mientras las comunidades locales enfrentan desafíos de integración y convivencia. En este contexto, la forma en que se aborda la migración durante el presente proceso electoral es especialmente relevante, ya que los discursos políticos influyen directamente en la percepción pública y en la vida cotidiana de quienes se encuentran en situación de movilidad humana.

El próximo 16 de octubre a las 10:00 a.m., en el Salón de Jefes de Estado, Presidentes y Presidenta de la República, de la Asamblea Legislativa será sede de la presentación de la “Guía de Abordaje de la Migración en la Campaña Electoral 2025-2026”, con transmisión en vivo por Facebook Live de ASIDEHU, la Asamblea Legislativa y medios aliados. En el evento participarán diferentes actores, como son: candidaturas a la presidencia, vicepresidencia y diputaciones de los diferentes partidos, así como representantes diplomáticos, ex presidentes de la república, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.

La Guía busca promover un debate electoral libre de discursos de odio, ofreciendo lineamientos para prevenir narrativas discriminatorias y fomentar el uso de información verificada. Su objetivo es que las propuestas políticas reconozcan tanto las necesidades como los aportes de las personas migrantes, refugiadas, apátridas y desplazadas forzadas.

Tras la presentación, las candidaturas al Poder Ejecutivo y Legislativo podrán firmar un acta de compromiso voluntario para aplicar los principios propuestos por esta Guía, garantizando campañas basadas en la inclusión, el respeto y la veracidad.

El documento fue elaborado por la Mesa de Diálogo sobre Migración y Refugio. Este espacio reúne a más de 60 organizaciones, colectivos, universidades y académicos que trabajan en temas de movilidad humana, manteniendo un carácter autogestionado y apartidario.

Con la presentación de esta Guía, las organizaciones esperan que la campaña electoral 2025-2026 se desarrolle en un ambiente democrático, plural y respetuoso de la diversidad, fomentando un debate político alineado con los compromisos internacionales de Costa Rica en Derechos Humanos.

Una disculpa extemporánea

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

El 27 de marzo de 2023 se produjo un incendio en una Estancia Provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, en Ciudad Juárez. En este siniestro murieron 40 migrantes y 27 hombres y 15 mujeres resultaron con heridas profundas que no han podido sanar aún.

Se trata de más de 80 víctimas para las cuales el Estado mexicano no garantizó los recursos mínimos de resguardo mientras se encontraban en ese lugar.

En investigaciones realizadas por organismos civiles y de derechos humanos, se determinó que la negligencia y el desinterés de los funcionarios destacados en el Centro fueron los principales causantes de que a las personas que se encontraban en ese lugar no se les abriera la puerta principal para que pusieran sus vidas a salvo. No en vano en varios espacios de comunicacion civil circula un poderoso hastag con la leyenda: #nofueelincendiofueelestado, aludiendo la omisión que le costó la vida a esas 40 personas.

Luego se supo que las condiciones en las que permanecían en aquel sitio eran inhumanas: hacinados, sin agua ni comida, razones suficientes para causar un motín, que terminó arrebatándoles la vida.

Más de 900 días luego del hecho, el excomisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco G. Y., ofreció una disculpa pública a los sobrevivientes y las familias de los fallecidos. Este acto ocurrió el pasado 26 de setiembre.

Como parte del proceso que se sigue en su contra por los hechos acaecidos aquel marzo de 2023, el funcionario emitió una declaración que no sirve para traer a las personas fallecidas de vuelta ni reparar el daño físico y psicológico causado a las personas sobrevivientes y sus familiares.

Una disculpa extemporánea, tardía, inútil. Inútil si, porque es ahora y responde a procesos que no salen de su fuero interno, sino de mecanismos que la justicia mexicana habilita para seguir el debido proceso en una investigación de este calibre. No es desde su corazón que nace el ofrecimiento.

En su intervención en la reciente Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos Donald Trump volvió a atizar su odio visceral contra la migración en el mundo y en su propio país. Habló de proteger fronteras y terminar con la migración irregular que está “acabando con el mundo”, según sus palabras.

No debe extrañar que, en su afán, las políticas migratorias de otros países continúen en consecuencia triturando humanidades, exterminándolas.

Los tiempos que nos tocó vivir ciertamente convocan a la desesperanza. Pero cuando uno ve la fuerza de la migración que empuja y acciona, no le queda más que saludar la motivación, acompañar a estas personas que caminan por un futuro mejor desde cualquier trinchera. Metafóricamente deberíamos hacer lo mismo: caminar para construir, no detenernos nunca.

ASIDEHU articula esfuerzos en derechos humanos y migración mediante proyectos y la Mesa de Diálogo

Jhoswel Antonio Martínez, en representación de la organización ASIDEHU, presentó el trabajo que se realiza en articulación con el TCU-738 de la Universidad de Costa Rica. En su exposición destacó que ASIDEHU es una organización sin fines de lucro que, desde la interculturalidad, se dedica a la observancia, defensa y promoción de los derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad.

La organización brinda acompañamiento en asesoría legal y migratoria, atención en salud física y mental, acceso a educación, alimentación y capacitación, así como apoyo económico en casos de extrema pobreza. Entre sus objetivos se encuentran la defensa jurídica, el estudio e investigación de necesidades sociales, la formación en derechos humanos, la promoción de valores cívicos y democráticos, y la organización de acciones humanitarias para atender a poblaciones vulnerables.

Uno de los ejes destacados fue la Mesa de Diálogo sobre Migración y Refugio (MDMR), convocada por ASIDEHU como un espacio de articulación entre organizaciones que trabajan con población migrante, solicitante de refugio, refugiada, desplazada forzada y apátrida. Según explicó Martínez, este espacio busca incidir en políticas públicas mediante dinámicas de interacción y estrategias conjuntas, privilegiando la pluralidad y la horizontalidad en la toma de decisiones.

Asimismo, se expusieron campañas de acceso a derechos humanos e información para personas migrantes, con materiales en diversos idiomas como español, miskito, inglés y mayagna, difundidos mediante redes sociales y medios de comunicación. Estas iniciativas buscan atender la falta de información específica y acercar los procesos de refugio y otras categorías migratorias a las comunidades.

ASIDEHU también ha sostenido acuerdos con la Unidad de Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería, que permiten apoyar a personas con dificultades de lectoescritura en el llenado de formularios de solicitud, así como capacitar a estudiantes en trabajo de campo y brindar asesoría en espacios comunitarios e iglesias.

En el ámbito legislativo, la organización impulsa procesos de incidencia y reforma en materia migratoria. Martínez indicó que existen contactos y propuestas concretas que se canalizan en coordinación con grupos de trabajo en la Asamblea Legislativa.

De esta manera, ASIDEHU fortalece su papel como actor clave en la defensa y promoción de los derechos humanos, articulando esfuerzos académicos, sociales y políticos en beneficio de las personas migrantes y refugiadas en Costa Rica.

Municipalidad de Upala opera centro de atención integral para personas migrantes

En un avance reciente en materia de integración de la población migrante y refugiada, la Municipalidad de Upala dio apertura al Centro de Atención Integral para Personas Migrantes de la Zona Norte. En este espacio se podrán realizar trámites de regularización migratoria, consultas legales y asesorías profesionales, todo con el fin de uniformar y facilitar gran parte de los trámites correspondientes al proceso de regularización del estatus migratorio.

El recinto fue puesto en práctica como parte de un esfuerzo en conjunto entre actores como; el gobierno local, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Fundación Ayuda en Acción; entre otros.

Inaugurado el 17 de diciembre de 2024, este espacio aún hoy operativo representa un avance significativo en materia migratoria en la Zona Norte del país, lugar con gran afluencia de población migrante y refugiada debido a su ubicación geográfica que abarca parte de la frontera con Nicaragua, así como lazos históricos con la población del país vecino.

El espacio está ubicado en el antiguo edificio de Cruz Roja, frente al Parque Central de Upala. Se encuentra abierto de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm.

Cuando las inquilinas e inquilinos se organizan: voces desde Los Ángeles por vivienda digna y justicia urbana

Esta nota forma parte de una producción audiovisual realizada por el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR), en colaboración con comunidades organizadas en los Estados Unidos. El trabajo documenta una experiencia inspiradora de lucha popular por el derecho a la vivienda en una de las ciudades más desiguales del mundo: Los Ángeles, California.

En medio de una profunda crisis habitacional global, donde millones enfrentan desalojos, rentas impagables y condiciones indignas, el Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles se ha convertido en un referente de resistencia urbana, organización comunitaria y poder popular. Esta producción recoge los testimonios de personas migrantes, trabajadoras e inquilinas que, cansadas de los abusos de propietarios y el abandono de las autoridades, decidieron organizarse para defender sus hogares, sus derechos y sus comunidades.

Desde barrios como Boyle Heights, Koreatown y el Valle de Sacramento, las voces protagonistas relatan cómo la falta de regulación al mercado inmobiliario ha dejado a miles en riesgo constante de desalojo. “Vivimos en una ciudad donde más del 60 % de las personas alquilan, pero las decisiones se toman para beneficiar a los dueños”, denuncia Cristina Sánchez Juárez, cofundadora del sindicato. “Formamos este movimiento porque no había una voz que nos representara. No se trata solo de sobrevivir al desalojo, se trata de construir comunidad”.

El video retrata cómo el sindicalismo inquilino, basado en principios de educación popular, autonomía organizativa y solidaridad barrial, ha permitido a estas comunidades no solo resistir desalojos, sino organizar huelgas de renta, recuperar espacios comunes y transformar el miedo en poder colectivo. “Nos están expulsando de nuestras casas, de nuestras ciudades, de nuestra historia”, expresa Daniela Líez, vecina de Boyle Heights. “Pero al unirnos, aprendimos que no estamos solas. El sindicato no es solo para enfrentar emergencias, es un espacio de formación, de acompañamiento y de transformación social”.

Además de visibilizar los impactos de la crisis inmobiliaria en los sectores populares y migrantes, el documental establece un puente con las experiencias organizativas en Centroamérica, particularmente en Costa Rica. Durante su visita, miembros del sindicato participaron en espacios de intercambio con comunidades locales, reconociendo en la pedagogía popular un pilar fundamental para sostener procesos de largo plazo. “Venimos a aprender de las luchas que se han tejido en este territorio. Necesitamos construir redes que trasciendan fronteras”, comparten.

A diferencia de las ONG tradicionales que operan dentro de marcos institucionales, el sindicato apuesta por una organización independiente y radicalmente democrática, donde las decisiones surgen de las asambleas y donde la participación de las juventudes es clave para proyectar el movimiento hacia el futuro. “Queremos cambiar la mentalidad de ser inquilinos sin derechos. La vivienda no es una mercancía, es un derecho humano”, afirman. “Y este movimiento está creciendo, porque las personas ya no están dispuestas a aceptar la injusticia como normal”.

Este trabajo forma parte del compromiso del Observatorio de Bienes Comunes de la UCR, un espacio académico y comunitario que busca visibilizar las luchas sociales, territoriales y urbanas por la defensa de los derechos colectivos y la justicia socioambiental.

Puede ver el video y la información en este enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/inquilinas-e-inquilinos-en-lucha-voces-desde-los-angeles/

Proceso y derechos de las personas refugiadas en Costa Rica

Una persona refugiada es aquella que se ha visto obligada a abandonar su país de origen o de residencia habitual debido a situaciones de persecución por motivos de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, opiniones políticas o género. Cada país establece su propio mecanismo para determinar si una persona es o no refugiada. El procedimiento es totalmente confidencial. Este trámite es personal y gratuito, no requiere de personas intermediarias.

El Gobierno, a través de la Unidad de Refugio y la Comisión de Visas Restringidas y Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), es la entidad responsable de analizar los casos y determinar si se otorga o no la condición de refugiada a una persona o grupo familiar, así como establecer el proceso y tiempo de asignación de las citas.

La condición de persona refugiada se solicita una vez que la persona y su grupo familiar se encuentren en territorio costarricense. Se debe obtener una cita para formalizar su solicitud ante la Unidad de Refugio de la DGME. La cita puede ser programada a través del sitio web oficial www.migracion.go.cr o por medio de llamada, comunicándose a la línea telefónica 1311. La línea no es gratuita, por lo que la llamada podría tener un costo, definido por su operadora telefónica. Ambos canales están disponibles de lunes a viernes, a partir de las 7:00 am y hasta agotar los cupos diarios.

Para la entrevista solicitan fotocopia y original de algún documento de identificación personal (pasaporte, cédula de país de origen, etc.), certificado de estado civil, certificado de nacimiento, certificado de antecedentes penales, comprobante de toma de huellas dactilares que se obtiene llamando al 2600-4149, al 2600-4117 o ingresando a la web www.seguridadpublica.go.cr.

Además, se entregará un carné de solicitante de refugio, el cuál será el documento de identidad oficial en Costa Rica mientras se resuelve su caso. Este carné le concede un permiso de estancia de regular en el país, adicional a la posibilidad de realizar labores remuneradas por cuenta propia o con patrono, apegándose a la legislación laboral costarricense.

Con base al reglamento de personas refugiadas en Costa Rica, el capítulo décimo, aborda la condición jurídica de la persona solicitante de refugio, refugiada y su documentación. Según el Artículo 54, Artículo 55 y Artículo 56 el documento provisional provisto por el Estado costarricense mientras se resuelve su solicitud, le permite ejercer cualquier tipo de actividad laboral remunerada o lucrativa, por cuenta propia o en relación de dependencia, con estricto apego a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.

De acuerdo con el Artículo 58, los solicitantes de la condición persona refugiada estarán exoneradas de la presentación de documentos de filiación a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) únicamente para la tramitación de su primer documento migratorio permanente.

El Artículo 59 y el Artículo 61 indican que las personas refugiadas que deseen viajar fuera del territorio nacional a un tercer país y no cuenten con su pasaporte ni la posibilidad de adquirirlo, podrán solicitar al Subproceso de Refugiados documento de viaje. El costo de emisión del documento de viaje será cubierto por el interesado, dándole el derecho de uso, más no su propiedad. En caso de pérdida o robo la persona deberá interponer una denuncia ante el órgano jurisdiccional competente.

Tomando en cuenta el capítulo décimo tercero, la sección segunda sobre las competencias y funcionamiento de la Comisión, el Artículo 105 plantea que la Comisión es el órgano colegiado, interministerial e interinstitucional responsable de determinar la condición de persona refugiada, emitir las resoluciones fundamentadas en los derechos de las personas refugiadas, autorizar las solicitudes de visa, conocer y resolver las solicitudes de reconocimiento por extensión, promover la acción gubernamental que favorezca la integración.

Respecto al capítulo décimo cuarto del subproceso para refugiados, se indica en el Artículo 123 que las funciones del subproceso de refugiados son brindar información sobre el trámite, recibir las solicitudes de refugio, emitir los documentos provisionales de los solicitantes y sus respectivas renovaciones de forma gratuita, autorizar ante la gestión de Migraciones la emisión del documento de viaje para personas refugiadas, alertar y promover la coordinación inmediata con las entidades según corresponda en aquellos casos en que se identifiquen personas menores de edad no acompañados o separados, mujeres víctimas de violencia basada en género y víctimas de trata.

Entre las funciones del subproceso de refugiados que indica el Artículo 123 se dictamina, dar trámite al proceso de reasentamiento, recibir y tramitar sobre las solicitudes de cambio de condición migratoria, de reunificación familiar, levantar un registro de las solicitudes recibidas y la información estadística en general sobre refugiados, implementar y mantener un sistema actualizado de control y emisión de datos estadísticos, presentar informes mensuales a la Dirección General, emisión de certificaciones de categoría migratoria para trámites diversos, informar a las personas solicitantes y refugiadas de los derechos orientados hacia la obtención de la integración en el país, responder a las diferentes consultas por parte de instituciones públicas.

Ante la Conmemoración del Día Mundial del Refugiado, se recuerdan los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de refugio en Costa Rica

El pasado 20 de junio se conmemoró el Día Mundial del Refugiado, fecha designada por las Naciones Unidas. Ante la significancia de esta fecha, es clave comentar, explicar y reafirmar quién es una persona refugiada; cómo adquiere este reconocimiento y protección del Estado, y cuáles son sus derechos en Costa Rica.

Una persona refugiada es aquella que se ha visto obligada a abandonar su país de origen o de residencia habitual debido a situaciones de persecución por motivos raciales, religiosos, por identidad nacional, pertenencia a determinado grupo social, opiniones políticas o género; o bien, por motivos de desplazamiento forzado en consecuencia de conflictos bélicos, crisis climática, regímenes políticos, entre otros. Por ello, reconociendo estas razones y contextos de movilidad, cada país establece su propio mecanismo para determinar si una persona es o no refugiada.

Ahora bien, ¿cómo es este proceso de refugio y sus respectivos mecanismos en Costa Rica?

El procedimiento es confidencial, lo que significa que la información que la persona en necesidad de refugio comparta con las autoridades migratorias es de uso exclusivo de dicha institución, que en el caso del país el ente encargado es la Dirección General de Migración y Extranjería, en específico la Comisión de Visas y Refugio.

Para solicitar refugio, se aclara que se debe programar una cita a través del sitio web oficial de la Dirección General de Migración y Extranjería o por vía telefónica al número 1311; esta última requiere que sea desde una línea de KOLBI-ICE, al ser la empresa de telecomunicaciones estatal, con un costo 390 colones más impuestos por minuto. Seguidamente, el trámite es gratuito y personal (no requiere de personas intermediarias).

Cabe destacar que la condición de persona refugiada se solicita una vez que la persona y su grupo familiar se encuentren en territorio costarricense, pero esto implica que hay principios y derechos que el Estado y las autoridades competentes deben promover y cumplimentar.

El principio de “No devolución”

Este es el derecho básico de toda persona refugiada o solicitante de la condición de refugio. La personas no puede ser expulsada o devuelta al país donde su vida o libertad estén en peligro por los motivos mencionados anteriormente. A pesar de que ingrese al país sin visa o autorización de ingreso, no pueden deportar a la personas hasta que se dé un debido proceso de análisis de su solicitud de la condición de refugiado. Esto último se respalda a su vez con el Derecho al debido proceso establecido en el artículo 7 Reglamento de Personas Refugiadas Nº 36831-G.

Dicho esto, la persona en necesidad de refugio no puede ser sancionada por entrar al país sin autorización. Las autoridades no pueden detener ni sancionar por ingresar a Costa Rica sin autorización de ingreso (VISA), pues se debe considerar si viene del territorio donde su vida o libertad están en peligro.

Recibir protección y asilo

De acuerdo con el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona cuya vida esté en peligro en su país tiene el derecho de buscar protección y asilo en otra nación. Al recibir protección, es un derecho tener un documento de identidad; el Estado Costarricense está obligado a otorgarle un documento de identidad para acreditar su permanencia en el país. Toda persona sin importar su edad debe ser documentada, y este es documento que tanto las personas solicitantes de refugio como refugiadas, les regulariza su estancia en Costa Rica.

No recibir ningún tipo de discriminación

Todas las personas tienen derecho a vivir en un ambiente libre de discriminación sin distinción alguna por razones étnicas, prejuicios raciales, identidad de género, sexo, enfermedades, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole; tampoco por país de origen, posición económica o cualquier otra condición.

Aunado a esto, se implica que no se debe discriminar en acceso a bienes y servicios del Estado, entre esos el acceso a servicios bancarios, pues al igual que los y las costarricenses, las personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugio tienen derecho a acceder a los servicios bancarios tanto públicos como privados. Es decir, puede abrir una cuenta bancaria, hacer transferencias y solicitar otros tipos de servicios.

Dado que algunos bancos desconocen esta información, la Oficina de Migración emitió una circular que informa sobre los tipos de documentos de identidad migratorios que pueden acceder al Sistema Bancario Nacional. Esta circular está disponible en: www.migracion.go.cr y en el Diario Oficial La Gaceta.

Y si se habla de acceso, cabe recalcar que la persona refugiada o solicitante de refugio tiene derecho a acceder al sistema de salud de manera gratuita, en todos los niveles disponibles (EBAIS, Hospitales, Clínicas, centros de vacunación, etcétera). Para ello, la persona refugiada debe estar afiliada a la Caja Costarricense del Seguro Social del Seguro (conocida como La Caja) y presentar su documento de identidad. En el caso de que la persona refugiada o solicitante de refugio no esté afiliada y enfrente una situación de emergencia, tiene derecho a que le atiendan y posteriormente se le cobrará el servicio ofrecido.

Ahora bien, estos son los tipos de aseguramiento en el país por medio de La Caja: el aseguramiento como trabajador asalariado, en el cual si trabaja con una empresa o patrono, éste tiene el deber de asegurarle; el aseguramiento como persona trabajadora independiente, en el que si trabaja por cuenta propia tiene el deber de cotizar a la Caja; aseguramiento voluntario, para personas que no trabajan ni con un patrono, ni por cuenta propia, como las personas encargadas de las tareas del hogar y cuidado, o personas estudiantes; también el aseguramiento por beneficio familiar, el cual consiste en que un seguro puede cubrir a sus familiares dependientes, ya sea esposo o esposa, hijos e hijas menores de edad o entre los 18 a 25 años que aún estudien, o madres y padres adultos mayores; y por último, el aseguramiento por el Estado, que va dirigido a personas que se encuentren en condición de extrema pobreza comprobada, personas menores de edad, personas embarazadas y personas estudiantes que no pueden ser aseguradas bajo ninguna otra modalidad.

Acceso a un empleo

Toda persona refugiada y solicitante de refugio tiene derecho a trabajar en Costa Rica, ya sea por cualquier tipo de trabajo remunerado o lucrativo por cuenta propia o como persona empleada de una organización o empresa. El derecho a trabajar queda indicado en el documento de identificación que le brinda la Unidad de Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

Además, la persona refugiada y solicitante de refugio tiene derecho al acceso a la educación pública y gratuita, en todos sus niveles, comprendiendo la educación preescolar, primaria, secundaria y universitaria. Esto está respaldado por la normativa nacional e internacional, que establece que todo niño, niña o adolescente que habite en Costa Rica, tiene el derecho y la obligación de acceder a la educación pública, sin importar su nacionalidad o su condición migratoria. A su vez, tiene derecho a un acceso a la justicia, al respeto de las garantías del debido proceso, al derecho de defensa y al derecho de petición y respuesta. Puedes solicitar más información en la Contraloría de Servicios del Poder Judicial o llamando a la línea gratuita 800-800-3000.

Entre otros derechos relevantes, se encuentra el derecho a la libre circulación, puesto a que toda persona refugiada y solicitante de refugio tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional y escoger dónde quiere vivir; y el derecho a la unidad familiar. Este último quiere decir que la condición de persona refugiada reconoce el núcleo familiar primario y a otros familiares dependientes y parientes dentro del primer orden de consanguinidad o afinidad –si es una persona refugiada ya reconocida por el gobierno costarricense, tiene derecho a traer su familia a Costa Rica. Esto significa que se vela por la reunificación familiar, siendo un procedimiento singular en aquellos casos en que los familiares de la persona refugiada se encuentren fuera del territorio costarricense, incluyendo: cónyuge, hijos o hijas menores de edad, hijos o hijas mayores en estado civil de soltería hasta 25 años de edad –que demuestren continuar siendo dependientes económicamente y que continúen estudiando–, e igual para hermanos o hermanas menores de edad o hasta 25 años con las mismas condiciones; padre, madre naturales y políticos mayores de 60 años con relación de dependencia, y otras personas menores de edad cuya relación de dependencia sea acreditada.

El proceso de reunificación familiar requiere de la presentación de diversos documentos y requisitos a la Unidad de Refugio de la DGME, como: una Solicitud por escrito para la reunificación, una Fotocopia de su carné de persona refugiada al día, Completar el formulario de filiación emitido por la Dirección General, Dos fotografías tamaño pasaporte, una constancia salarial o algún tipo de certificado que demuestre su capacidad económica para poder cubrir las necesidades del familiar que está solicitando en reunificación; Certificado de nacimiento o matrimonio debidamente legalizado, o apostillado (según sea el caso) del familiar solicitado donde demuestre el vínculo que tiene con esta persona, Fotocopia completa de las páginas del pasaporte del familiar solicitado, un Certificado de antecedentes penales del país de origen legalizado, o apostillado (según sea el caso), del familiar solicitado, Un certificado de sus antecedentes penales en Costa Rica (conocido como la hoja de delincuencia); en el caso de padre o madre menores de 60 años en relación de dependencia, aparte de los requisitos anteriormente indicados, debe demostrar su relación de dependencia, y en el caso de los hijos e hijas mayores de 18 años y hasta 25 años, en relación de dependencia que pretendan continuar estudios en Costa Rica, aparte de los requisitos anteriormente indicados, debe acreditar su relación de dependencia y certificación de estudios de su país.

La Comisión de Visas y Refugio evaluará todos los documentos que presente y dará una resolución de si es aprobado o no. Si la solicitud es denegada tiene derecho a apelar esta decisión, y una vez que su familiar llegue al país, se debe solicitar inmediatamente el proceso de extensión de condición de persona refugiada. Esto es para que su condición también ampare a su familiar, y si no se lleva a cabo este proceso, la permanencia de su familiar no estaría regularizada en Costa Rica.

En Costa Rica es posible encontrar un acompañamiento para este específico procedimiento, por ejemplo, un acompañamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) por medio de su agencia socia Servicio Jesuita para Migrantes, en el cual se le ofrece asesoría legal.

En el caso de que las personas familiares desean visitar a la persona refugiada de manera temporal, se debe consultar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto o el consulado del país de origen en Costa Rica, si se requiere de una visa de turismo. Si se requiere visa de turismo, se debe seguir el trámite respectivo en coordinación con la embajada correspondiente. Asimismo, se puede encontrar más información sobre la solicitud de visas de turismo aquí: Visas – Dirección General de Migración y Extranjería – Costa Rica

Defensoría de los Habitantes señala avances y pendientes en la atención a personas deportadas desde Estados Unidos

SURCOS recibió el siguiente comunicado de la Defensoría de los Habitantes:

Cuatro meses después de la llegada al país de personas deportadas desde Estados Unidos, la Defensoría de los Habitantes emitió un pronunciamiento en el que destaca avances, pero también señala importantes pendientes en la atención de esta población vulnerable, particularmente en el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes (CATEM) Sur.

La institución subraya que la situación global de las migraciones implica múltiples riesgos, incluyendo abusos de autoridad, explotación y violaciones a derechos humanos. Ante esto, insiste en que los Estados deben liderar respuestas integrales con enfoque de derechos y participación multisectorial.

Desde febrero, la Defensoría ha recomendado al Estado costarricense una serie de acciones, como garantizar condiciones dignas de permanencia, alternativas de protección internacional para quienes no pueden regresar a sus países de origen, libertad de tránsito y un abordaje integral de necesidades. Aunque estas recomendaciones fueron inicialmente rechazadas por las autoridades migratorias, muchas han sido posteriormente implementadas.

Entre los avances señalados destacan:

  • Instalación de sábanas en los camarotes del CATEM Sur.

  • Mantenimiento y reparación del sistema de purificación de agua.

  • Sustitución del techo del centro con material aislante de calor.

  • Permiso de ingreso y salida para personas deportadas.

  • Normalización migratoria temporal por razones humanitarias.

  • Opción de solicitar refugio.

  • Intervención del MEP para valorar alternativas educativas para menores.

La Defensoría también reconoce el esfuerzo del personal de la policía migratoria, aunque advierte sobre la necesidad de una mejor planificación de recursos y mayor transparencia institucional.

Sin embargo, persisten varios temas críticos que requieren atención urgente:

  • Definición del país de destino para personas deportadas que no pueden volver a su lugar de origen y no desean solicitar refugio en Costa Rica.

  • Falta de traductores para atender adecuadamente a las personas deportadas desde EE.UU.

  • Ausencia de un abordaje institucional integral y constante, pese a la presencia del PANI e INAMU.

  • Falta de acceso a internet mediante Wi-Fi en el centro.

La Defensoría concluye reafirmando su compromiso de seguimiento activo para garantizar que se respeten los derechos humanos de todas las personas en contexto de movilidad humana.

Costa Rica en el contexto geopolítico actual

Por JoseSo
Analista Político

Costa Rica, como democracia centenaria y país sin ejército, ocupa una posición única en América Latina. Su tradición pacifista, su neutralidad permanente y su histórico rol como mediador en conflictos regionales le otorgan un perfil estratégico diferenciado. Sin embargo, en un escenario global marcado por la competencia entre EE.UU. y China, la crisis climática, la inestabilidad en Centroamérica y la erosión democrática en la región, el país enfrenta el desafío de equilibrar sus principios con sus intereses económicos y de seguridad.

Neutralidad permanente y soft power: un activo estratégico

La neutralidad costarricense, declarada en 1983 por el expresidente y benemérito de la patria Luis Alberto Monge, ha sido un pilar de su política exterior. Esta postura le ha permitido actuar como mediador en conflictos regionales, como ocurrió con el Plan de Paz que le valió el Nobel a Óscar Arias en los años 80.

La neutralidad no solo refuerza la imagen internacional de Costa Rica como defensor de los derechos humanos, el desarme y la democracia, sino que también mitiga riesgos geopolíticos al evitar alineamientos explícitos con bloques antagónicos, especialmente en un contexto de tensiones entre EE.UU., China y Rusia.

El país debería institucionalizar su rol como facilitador de diálogos en crisis como las de Nicaragua, Venezuela o Haití, promoviendo foros multilaterales bajo el paraguas de la ONU o la OEA.

Relación con EE.UU.: dependencia comercial y presiones geopolíticas

Costa Rica depende económicamente de EE.UU., su principal socio comercial y fuente de inversión. Sin embargo, debe evitar un alineamiento automático con Washington en temas controvertidos, como las sanciones a Venezuela o Nicaragua, para no polarizar su política exterior y afectar sus relaciones con otros actores clave, como China o la Unión Europea.

Es crucial mantener el TLC con EE.UU., pero también aprovechar coyunturas —como la política arancelaria agresiva de Donald Trump— para renegociar términos que protejan al productor nacional y fomenten una economía más circular, sin depender exclusivamente de regímenes especiales como las Zonas Francas. Paralelamente, el país debe diversificar mercados, fortaleciendo lazos con la UE y Asia-Pacífico.

Además, Costa Rica debe buscar mayor asistencia estadounidense en seguridad cibernética y combate al narcotráfico, pero sin comprometer su neutralidad. También es clave exigir reciprocidad en temas migratorios y ambientales, como fondos para adaptación climática.

China: oportunidad económica vs. presión estadounidense

Preocupa que la actual administración evalúe retroceder en un tema ya superado: un posible restablecimiento de relaciones con Taiwán, seguramente por eventual presión del gobierno de Trump. Sería un error estratégico, pues implicaría darle la espalda a la mayor potencia económica emergente en un escenario geopolítico multipolar.

China es un socio comercial clave, con inversiones en infraestructura y tecnología, lo que hace inevitable la presión de EE.UU. para limitar su influencia en la región. Costa Rica ya rompió relaciones con Taiwán en 2007, y la lección aprendida debe ser evitar endeudamientos insostenibles y no caer en la trampa de deuda.

Mantener relaciones comerciales con China es deseable, pero con transparencia y evitando megaproyectos con altos costos o compromisos políticos. Además, es estratégico fortalecer alianzas con otros actores, como la UE, Corea del Sur o Japón, para equilibrar influencias.

La crisis centroamericana: migración, autoritarismos y narcotráfico

La inestabilidad en Nicaragua, El Salvador y Honduras amenaza la seguridad regional. Costa Rica debe fortalecer su diplomacia preventiva, promoviendo derechos humanos sin confrontación directa y evitando sanciones unilaterales que cierren espacios de diálogo.

Una agenda regional de desarrollo —como reactivar el SICA con enfoque en empleo y clima— es urgente. También es vital trabajar con EE.UU. y la UE para abordar las causas estructurales de la migración, no solo el control fronterizo.

Cambio climático y economía verde: liderazgo global

Costa Rica es un referente en sostenibilidad (carbono neutralidad, energías renovables). Por eso debe posicionarse como voz del Sur Global en financiamiento climático y atraer inversión verde (hidrógeno, ecoturismo, tecnología limpia).

Así como en el pasado, debe presionar a las potencias para que cumplan acuerdos ambientales, como el fondo de pérdidas y daños.

Hacia una «neutralidad activa»

Costa Rica debe adoptar una «neutralidad activa«, que incluya:

Ser un mediador confiable, aprovechando su prestigio pacifista.

Diversificar sus socios comerciales, sin depender excesivamente de EE.UU. o China.

Defender la democracia y el clima con diplomacia propositiva, no confrontativa.

Esto debe ir acompañado de políticas públicas que fortalezcan la seguridad ciudadana (no militar), mejorando la ciberdefensa, la policía fronteriza y la cooperación internacional contra el narcotráfico, un flagelo que ha dañado el prestigio del país como destino turístico en la era postpandemia.

Finalmente, es clave retomar la inversión en educación formal y técnica para cerrar brechas sociales y reducir la inequidad que empuja a muchos jóvenes hacia actividades delictivas y, al mismo tiempo, mantiene nuestra competitividad como destino de inversión.

Esta estrategia permitirá a Costa Rica proteger su soberanía, maximizar su influencia moral y asegurar su desarrollo en un mundo cada vez más inestable.

Cuando la migración es cosa “fashion”

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

No leyó mal este título. Le parecerá que el autor de esta columna entró irremediablemente en el escenario de la frugalidad, la distopía, la pos verdad. No. Nunca. Espero nunca caer en ese atolondramiento del sentido que coloca, una vez lo repito, la forma por el fondo.

Cuando escuché esto que les voy a contar por primera vez, creí haber entendido otra cosa: por ejemplo, que era una acción humanitaria para recaudar fondos en favor de las personas que se movilizan a nivel global.

No. No escuché eso.

Por el contrario, la persona que comentaba a un grupo que asistimos a un interesante curso sobre migración y literatura remarcó sus palabras: se trata de un “desfile de alta costura que convierte la migración en espectáculo”.

Llamada paradójicamente “Nuda vida” (ese concepto acuñado por Giorgio Agamben para hacer referencia a la vida en su estado más primitivo, más simple) la muestra trabaja recreando prendas que son utilizadas por migrantes que cruzan de forma riesgosa esa región fronteriza ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá denominada Tapón del Darién.

Si. No leyó mal.

Es una actividad organizada por el diseñador colombiano Ricardo Pava para estrenarse hace unos días en el Bogotá Fashion Week. En ella se presentarían diseños “inspirados” (no encontré otra palabra menos elegante para referirme a esto) en el dolor de los que caminan.

Nos compartieron un artículo que puede ser revisado en el sitio “La liga contra el silencio” escrito con rabia por su director Alejandro Gómez Dugand. En ese escrito denominado “Fashion Victims: migrantes convertidos en moda de Ricardo Pava”, el autor comparte algunos ejemplos de ciertas prendas incluidas en la muestra.

Leerlas produce una cierta sensación de asco por eso en que nos hemos convertido como especie. Por eso, sigo insistiendo, la forma nos está convirtiendo en esa generación que acabará con todos los sentidos de inteligencia que nos quedaban como especie humana.

Por allí aparece “el terra” (una mujer y un niño embarrados) el “azul necoclí y tantas otras irracionalidades incluidas en esta “muestra de prendas únicas” al decir de su creador.

En una época en la que coexistimos con el imperio del odio, la xenofobia y el racismo, esta irracionalidad vestida de moda nos deja atónitos.

Y sí.

No dejo de pensar que es un acto de barbarie del pensamiento. Por ello coincido con el autor del artículo cuando dice:

Porque en medio del delirio en el que creemos que la pop-política es política, nos metemos en la locura de pensar que un evento organizado en el MET para las élites y desde las élites tiene algún tipo de relevancia social para quienes realmente están jodidxs. Y creemos que apoyar por medio de imágenes creadas con inteligencia artificial a una cadena que vende pollos fritos y comida chatarra es activismo”.

Es cierto. Ese mundo de la ficción que temimos alguna vez, está aquí. Y pareciera que para algunos, para muchos, la vida ciertamente no tiene sentido, no vale nada.