En Guatuso la voz de las comunidades volvió a sonar fuerte: durante la inauguración del nuevo puente sobre el Río Frío —con presencia del presidente— recordaron la gran ironía de celebrar una obra mientras el río agoniza por años de extracción minera.
“Queremos río, no cantera” fue el clamor en las mantas, defendiendo el agua, la pesca, la recreación y la vida”.
La lucha sigue: el Río Frío no es mercancía, es futuro. Más información aquí:
SURCOS comparte esta nota del Observatorio de Bienes Comunes de la UCR
Este 15 de septiembre, mientras celebrábamos nuestras fiestas patrias, las comunidades de Guatuso se unieron para visibilizar la situación del Río Frío. Con una manta que decía ‘Vivamos la independencia haciendo conciencia: Río Frío muere por causa de extracción y dragado de sus humedales’, el Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío – Caño Negro recordó que la independencia también significa proteger nuestros ríos y humedales.
Muchas personas de Guatuso se acercaron para conocer más sobre lo que está pasando, conversar con el grupo y mostrar su preocupación por la defensa del ecosistema. La minería y el dragado continúan afectando el cauce del río y la vida de los humedales de Caño Negro, un sitio Ramsar de relevancia mundial.
Juntos podemos crear conciencia y cuidar lo que nos da vida.
Observatorio de Bienes Comunes UCR les invita a reflexionar sobre el valor de lo común y la importancia de participar en decisiones que afectan el entorno. Imagina que una concesión permita intervenir un tramo del río que tantas veces se ha disfrutado en familia… un lugar que no solo forma parte de la vida diaria, sino que también representa un atractivo turístico, la belleza y tranquilidad que comparten visitantes y comunidad.
El pasado 3 de agosto, diferentes comunidades de Guatuso se reunieron en Maquengal en un conversatorio organizado por el Comité de Defensa de la Cuenca del Río Frío, una producción del Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR). En este encuentro, los participantes expresaron su profunda preocupación por nuevas concesiones mineras que amenazan directamente la vida del río y de las personas que dependen de él.
La situación es grave ya que existe presencia de maquinaria pesada que extrae material a escasos 300 metros de una escuela. Este punto de extracción, parte de una nueva concesión privada con vigencia por 10 años prorrogables hasta 30, se suma a más de 17 concesiones que ya afectan la cuenca del Río Frío. Lo que antes era un espacio de encuentro, recreación y turismo rural, hoy está tomado por el ruido y la devastación.
Las comunidades denuncian que no fueron informadas ni consultadas por las instituciones competentes sobre estas concesiones, a pesar de existir normas que garantizan el derecho a la información y participación ciudadana. El malestar es generalizado debido a la ausencia de un proceso participativo, la falta de control comunitario sobre el uso del río y el pago simbólico de la empresa concesionaria al Estado frente a los daños ocasionados.
Los habitantes de la zona relatan cambios significativos en las últimas décadas, como inundaciones más frecuentes, pérdida de cultivos (como el cacao), modificación del curso natural del río, reducción del caudal y afectaciones a caminos y puentes. Estos efectos se vinculan a la actividad extractiva, la deforestación y un modelo de desarrollo sin planificación territorial. Se ha alterado la forma de vida tradicional en torno al río, y los caminos se deterioran sin mantenimiento, a pesar de las toneladas de material que salen del territorio anualmente.
El deterioro impacta directamente en los proyectos de turismo rural comunitario. El entorno natural del río, que era un atractivo para visitantes nacionales y extranjeros, se desvanece con el avance de la extracción. «¿Quién va a querer visitar un lugar donde lo que se oye es maquinaria y lo que se ve es un río herido?», comentó un vecino. Así, la extracción no solo deja un cauce devastado, sino que también arrasa con ingresos familiares, empleos potenciales y proyectos de vida sostenibles.
La comunidad ha identificado una serie de impactos graves derivados de la actividad minera en cauces: alteración del cauce natural (provocando desbordamientos), aumento de la erosión, pérdida de biodiversidad (afectando hábitats de peces e insectos acuáticos), afectación de nacientes y humedales, contaminación acústica, barro en época lluviosa y polvo en época seca (afectando la salud), e interrupción de caminos y acceso a fincas. Además, existe la preocupación de que la falta de control y fiscalización permita extracciones sin estudios actualizados de impacto ambiental y sin que se respeten los límites o volúmenes autorizados.
También hay alerta por el deterioro del puente de La Amapola, clave para la conectividad de la zona, expuesto al paso constante de maquinaria. Este puente, construido en 2022 por la CNE y la Municipalidad de Guatuso con un costo de 388 millones de colones, genera preocupación debido a solicitudes de permisos para que maquinaria pesada transite por debajo de él, lo que ha generado sospechas sobre su estado actual y posibles afectaciones a su base estructural, representando un riesgo directo para la seguridad. La comunidad denuncia que estos permisos se gestionan sin consulta previa ni monitoreo técnico visible, contrastando con la falta de inversión pública para mejorar caminos y accesos al servicio del pueblo.
La comunidad exige participación real, respeto a los derechos y defensa del territorio. “El río se está muriendo, y con él nuestra forma de vivir”, expresó una participante. Para hacer frente a esta situación, la comunidad acordó fortalecer la organización local, articularse con otros territorios afectados y buscar apoyo legal desde el marco del derecho ambiental y el principio de participación ciudadana. En este esfuerzo, se reconoció el acompañamiento brindado por la Universidad de Costa Rica y el Observatorio de Bienes Comunes en procesos de documentación, mapeo participativo y denuncia ambiental.
Le invitamos a leer la nota completa del Observatorio de Bienes Comunes UCR, titulada “La voz del río: comunidades de Guatuso alertan sobre las nuevas amenazas al Río Frío”, a través del siguiente enlace:
El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (OBC-UCR) ha documentado una nueva intervención con maquinaria pesada en el cauce del Río Frío, en el sector conocido como El Paso, Guatuso. La comunidad de Maquengal manifiesta preocupación ante lo que consideran la posible habilitación de un plantel de carga para extracción de materiales.
Según el material publicada el 31 de julio, una retroexcavadora operó durante varias horas, removiendo una gran cantidad de material. A juicio de la comunidad, la intervención carece de información oficial clara y evidencia impactos ambientales significativos.
Una fotografía comparativa tomada en abril muestra un cauce más amplio, lo que sugiere cambios en la geomorfología del río, erosión en las márgenes, alteración del flujo natural y riesgo de deslizamientos que podrían afectar zonas bajas de Guatuso.
Desde 2022, el Comité para la Defensa de la Cuenca del Río Frío ha denunciado el avance de actividades extractivas en la zona y ha solicitado suspender nuevas concesiones, fiscalizar en tiempo real y realizar un diagnóstico ecológico participativo que involucre a las comunidades.
El caso reabre el debate sobre el modelo de desarrollo en la región y sus efectos sobre el medio ambiente, especialmente los cuerpos de agua. El Comité reitera su llamado a las autoridades a tomar medidas urgentes para proteger el río y sus ecosistemas.
Puede leer la nota completa en el sitio del Observatorio de Bienes Comunes UCR, accediendo por medio del siguiente enlace:
En el marco del Festival del Agua, organizado por la Municipalidad de Guatuso para conmemorar el Día Mundial del Agua y realizado este 20 de marzo del 2025, la comunidad de Maquengal se hizo presente no solo como asistente, sino como protagonista de una alerta ambiental. Vecinas y vecinos entregaron cartas dirigidas al alcalde Carlos Sequeira Orozco y a la directora del Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN), Mariana Jiménez Arce, en las que exponen su preocupación por el impacto ambiental de la extracción de material del Río Frío y exigen medidas urgentes para su protección.
Un llamado a la acción en defensa del río
Desde hace años, los habitantes de Maquengal han sido testigos del deterioro progresivo del Río Frío, producto de la explotación indiscriminada de sus recursos. Esta actividad ha generado cambios severos en el ecosistema, incluyendo:
La alteración del cauce y la disminución del caudal.
La erosión de las riberas y una sedimentación descontrolada.
Peligros para la seguridad de quienes usan el río para actividades recreativas y de subsistencia.
La pérdida de espacios naturales esenciales para la comunidad.
Uno de los casos más emblemáticos es la Poza del Roncador, un sitio de encuentro y recreación que, debido al impacto ambiental, ha sido gravemente afectado. La erosión y el desprendimiento de piedras de gran tamaño han puesto en riesgo la seguridad de quienes transitan por la zona, transformando un espacio vibrante en un lugar deteriorado y peligroso.
Además, la comunidad ha observado una alarmante pérdida de cobertura forestal en las márgenes del río, lo que afecta la biodiversidad y contribuye a la erosión de las riberas. En pocas semanas, el nivel del agua ha cambiado de manera visible, evidenciando la rapidez con la que el ecosistema está siendo afectado.
Exigencias de la comunidad
Ante esta crisis ambiental, las personas vecinas de Maquengal han solicitado a las autoridades que:
No se otorguen más concesiones para la explotación de cauces de dominio público, asegurando la protección de los ecosistemas y los bienes naturales comunes.
Se limite la concesión de permisos privados y se prioricen proyectos que realmente beneficien el bienestar comunal, evitando la sobreexplotación del río.
Se regule estrictamente la extracción de material, permitiéndola solo para fines esenciales como el mantenimiento de vías cantonales y bajo criterios ambientales rigurosos.
Se realice una evaluación técnica y ambiental del daño acumulado en las partes altas del río y se implementen medidas de restauración de manera inmediata.
Asimismo, la comunidad recordó al alcalde Carlos Sequeira Orozco su compromiso de campaña de realizar un diagnóstico ecológico del cantón. Consideran que este es el momento oportuno para cumplir con ese compromiso, pues solo con información clara y actualizada se podrán tomar decisiones responsables en beneficio del bien común.
“No podemos seguir ignorando esta realidad”
Las y los habitantes de Maquengal han dejado claro que no están en contra del desarrollo del cantón, pero rechazan que este se haga a costa de la vida y la sostenibilidad de sus ecosistemas. En su carta, expresan con firmeza que conocen la normativa ambiental y la realidad del cambio climático, pero cuestionan la falta de acciones concretas para abordar la crisis del Río Frío.
El deterioro ambiental ya no es solo una preocupación técnica, sino una vivencia cotidiana para la comunidad. La pérdida de espacios naturales, la inseguridad en áreas que antes eran de recreación y el temor de que en el futuro solo queden recuerdos del río, los ha llevado a alzar la voz y exigir soluciones.
Ahora, la comunidad espera respuestas y acciones inmediatas por parte de la Municipalidad y las autoridades ambientales. Mientras tanto, reafirman su compromiso de seguir defendiendo el Río Frío, su biodiversidad y su importancia como fuente de vida y bienestar para las futuras generaciones.
La participación ambiental comunitaria: Un derecho y una herramienta de cambio
La participación ambiental es un derecho fundamental reconocido en diversos instrumentos internacionales, como el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) y el Acuerdo de Escazú (2018), los cuales establecen que todas las personas tienen derecho a acceder a la información, a participar en la toma de decisiones ambientales y a la justicia en asuntos ambientales. En Costa Rica, la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.° 7554) y el Código Municipal reconocen el derecho de las comunidades a involucrarse en la gestión ambiental y exigir la protección de los recursos naturales.
Este derecho no solo permite que las comunidades sean escuchadas, sino que también fortalece la gobernanza ambiental, promoviendo la transparencia y la corresponsabilidad en la toma de decisiones. Cuando las comunidades participan activamente en la defensa de su entorno, se convierten en actores clave para la sostenibilidad y el bienestar colectivo.
Un ejemplo de esto es la reciente acción de la comunidad de Maquengal, en Guatuso, donde sus habitantes, preocupados por la explotación del Río Frío, se movilizaron y presentaron cartas al alcalde y a la directora del Área de Conservación Arenal Huetar Norte. Esta acción no solo visibiliza el impacto ambiental de la extracción de materiales en el río, sino que también representa un ejercicio concreto de participación ambiental, donde la comunidad exige el cumplimiento de normativas ambientales y la implementación de medidas de protección y restauración ecológica.
Casos como el de Maquengal demuestran que la participación ciudadana es esencial para la defensa del ambiente. No se trata solo de denunciar, sino de involucrarse en la construcción de soluciones sostenibles. Cuando una comunidad se une en la defensa de su territorio, genera cambios reales y refuerza la conciencia ambiental para las futuras generaciones.
Este martes 26 de noviembre, organizaciones comunitarias y ecologistas de distintas partes del país, llevaron a cabo una manifestación frente a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en rechazo a los proyectos de ley sobre energía 22.561 y 23.414, convocados por el Poder Ejecutivo para sesiones extraordinarias el pasado 1° de noviembre. Estos dos proyectos proponen abrir el mercado de la electricidad para las empresas privadas, con lo cual se abriría la puerta a la privatización del sistema eléctrico nacional. También, el proyecto 23.414 propone remover la rectoría del sector eléctrico del ICE, así como remover funciones, activos, sistemas y bienes muebles e inmuebles de esa institución, con lo cual se pondría el riesgo el servicio de electricidad público, solidario y al costo, con el que la población costarricense ha contado por más de 70 años, gracias al ICE.
Alberto Gutiérrez Arguedas, geógrafo de la Universidad de Costa Rica (UCR), que asistió a la manifestación, dijo que “no es exagerado hablar de un segundo combo del ICE por todas las implicaciones que tiene el proyecto 23.414 para el ICE y para el país”. También manifestó que “las implicaciones que han sufrido los demás países centroamericanos donde ya se ha sufrido un proceso de privatización de sus sistemas eléctricos, han sido realmente nefastas, en términos de calidad eléctrica y de las tarifas eléctricas. Lo que está en juego es muchísimo”.
Por otro lado, Maleza Barrantes, activista del Movimiento Ríos Vivos, también indicó que “estos proyectos de ley proponen que la electricidad deje de gestionarse como un bien común y como una necesidad del país que debe de ser cubierta y pretenden que esta pase a convertirse en un bien mercantil, dominada por las dinámicas del mercado y la generación de lucro de las empresas privadas”, también indicó que “abrir el mercado de la electricidad, promovería la proliferación de hidroeléctricas privadas en los ríos de nuestras comunidades, razón por la cual desde el movimiento Ríos Vivos nos oponemos rotundamente a estos proyectos”.
Así también, las organizaciones comunitarias y ecologistas presentaron, junto a la fracción del Frente Amplio, un proyecto de ley que pretende que se incorpore el concepto de “caudal ecológico” en el Código de Minería de Costa Rica, el cual es una ley planteada en el año 1982. La reforma, también incluye una mayor regulación sobre las corporaciones que extraen material de los ríos, y que así, estas no puedan obtener concesiones mineras si tienen algún proceso abierto con el Ministerio Público. Además, propone que se limiten las concesiones mineras colindantes que se puedan obtener por una empresa o una persona y su familia.
Dylanna Rodríguez, docente del Programa Kioscos Socioambientales de la UCR, explicó: “Empresas como MECO o H. Solís se vieron envueltas en presuntos casos de corrupción nacionales tan graves como el caso Cochinilla, y aun así, continúan accediendo a concesiones, extrayendo material de los ríos de nuestro país, enriqueciéndose con esa actividad y la exportación de materiales”. Agregó que “este proyecto se crea desde las comunidades, se crea en el río, se crea en la resistencia y en la indignación de todos los días de ver cómo los ríos que han sido utilizados de forma familiar y comunitaria, hoy día ya no pueden ser usados, por los impactos que ha tenido la minería no metálica en los ríos”.
Por otra parte, Danny Villalobos, geógrafo y activista de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, dijo “poblaciones de varias especies están siendo amenazadas por la minería no metálica en ríos, que genera extracción y sedimentos perpetuos que impiden a las poblaciones reproducirse y sobrevivir en ese ecosistema río”. También, denunció cómo en muchos estudios de impacto ambiental de proyectos de minería no metálica, se hace un uso superfluo de los datos biológicos de la zona que se propone afectar y que muchas veces, se desestiman los impactos sociales de estos proyectos y se otorga la viabilidad ambiental a pesar de la oposición de las comunidades.
Tras años de denuncias y monitoreo comunitario de la minería en cauces de ríos o mejor conocidos como quebradores, organizaciones defensoras de los ríos y ecologistas presentan un proyecto de ley para incorporar el concepto de caudales ecológicos en el Código de Minería de 1982, con esto, pretenden que se pueda regular una actividad excesiva y desproporcionada que parece ir en crecimiento.
Comunidades de Guatuso, el cantón central de Puntarenas, Buenos Aires de Puntarenas y Cóbano en múltiples ocasiones han señalado que los cauces de ríos como Guacimal, Frío, Lagartos, Ario, Barranca, y Abangares están siendo sobreexplotados.
Para la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas, impulsora de esta iniciativa, “los quebradores están acabando con los ríos, la biodiversidad y nuestras comunidades, no sabemos qué pasa con las instituciones como MINAE que deben velar por el cuido de los ríos pero más bien, cada vez otorgan más concesiones ” señala la agrupación.
Cambios significativos en los caudales, la creciente sedimentación tanto en los ríos como en manglares, los impactos socioeconómicos, ambientales y culturales e irregularidades identificadas por las comunidades alrededor de la extracción de materiales en los ríos, son indicadores que propiciaron un trabajo colaborativo en conjunto con el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, instancia que ha acompañado la construcción de este proyecto de ley.
“Los quebradores han pasado muy desapercibidos a pesar de tener un impacto directo sobre los territorios y los bienes comunes de la naturaleza. Las comunidades han sido vigilantes y denunciantes de prácticas extractivas irregulares, sin embargo, mediante investigación y revisión documental, hemos identificado que el código de minería vigente requiere una intervención ya que parece no regular adecuadamente esta actividad”, señala Dylanna Rodríguez docente de Kioscos Socioambientales.
Las organizaciones ven con gran preocupación que si se continúa operando como hasta ahora y en el marco del cambio climático una crisis hídrica está por verse muy pronto, por eso, resaltan que ahora es cuando se debe procurar que toda actividad que dependa de la naturaleza sea cuidadosamente regulada, sin excepción.
La presentación de este proyecto de ley, se llevó a cabo el martes 26 de noviembre en la Asamblea Legislativa, en la que representantes de distintas comunidades y organizaciones con apoyo de la Fracción Legislativa del Frente Amplio dieron a conocer las modificaciones propuestas.
Esta actividad es convocada por: Ríos Vivos, Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, FECON, CoecoCeiba Amigos de la tierra, Bloque Verde, Movimiento de Resistencia y Formación, Asada de Judas de Chomes, Frente Eco Cipreses y Fracción Legislativa del Frente Amplio.
El día martes 26 de noviembre a las 10:00 a.m. en la Asamblea Legislativa se realizará la presentación de un proyecto de ley gracias al diálogo con comunidades y organizaciones defensoras de los ríos frente a la expansión de los quebradores.
Este evento es de invitación abierta y el proyecto tiene el propósito de integrar el concepto de “caudales ecológicos” para garantizar la protección efectiva de las comunidades, las fuentes de agua y la biodiversidad frente a actividades mineras excesivas y desproporcionadas en los cauces de los ríos.
El próximo miércoles 9 de octubre, a las 6:00 pm, se llevará a cabo un importante foro virtual titulado «Minería no metálica en Costa Rica: un serio problema socio-ambiental».
Esta transmisión está siendo organizada por Kioscos Socioambientales y la Alianza por una Vida Digna y será transmitido en la página de SURCOS Digital en Facebook; reunirá a tres importantes panelistas que trabajan a fondo en temas ambientales y sociales, quienes conversarán sobre las implicaciones de la minería no metálica en el país, con un enfoque en los desafíos sociales y ambientales que enfrenta Costa Rica.
El foro contará con la participación de:
Dylanna Rodríguez, socióloga, que trabaja junto al programa Kioscos Socioambientales y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Dany Villalobos, geógrafo y miembro de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas.
Nathaniel Grew, miembro de la Junta Directiva de CIRENAS (Centro de Investigación de Recursos Naturales Sociales).
La moderación estará a cargo de José María Gutiérrez.
Se le invita a conectarse a través de la página de Facebook de SURCOS Digital para conocer de primera mano las perspectivas de los especialistas, profundizar en el tema y en cómo este está afectando a las comunidades en distintas regiones del país.
