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Etiqueta: minería no metálica

Mientras las comunidades enfrentan la escasez de agua y un fenómeno de El Niño intenso, avanzan las concesiones para extraer material de los ríos

  • El Concejo Municipalidad de Monteverde respalda la moratoria a la extracción mecanizada de materiales en el río Guacimal y sus afluentes.
  • Las comunidades advierten sobre el deterioro de los ríos y el riesgo para las fuentes que abastecen de agua a la población.

«El río Lagarto, de donde toma agua Lourdes, está cada vez más deteriorado. Entrando por Poza Azul hay un acceso al río y, hacia arriba, están sacando material para abastecer un quebrador que instalaron en Lourdes. El río permanece hecho un barrial, sucio, cada vez más pequeño y con menos agua. Ya casi no corre».

Este testimonio refleja una preocupación que se extiende por distintas comunidades de Puntarenas y Guanacaste: el deterioro de los ríos y las fuentes de agua, precisamente cuando se aproxima la época seca y se advierten condiciones climáticas asociadas al fenómeno del super Niño.

Pero esta no es la única concesión ni el único río. Según estudios del geógrafo guacimaleño Dany Villalobos, existen 62 áreas en reserva o trámite avanzado en los cantones Puntarenas, Montes de Oro y Abangares, de las cuales 17 son concesiones activas. El río Aranjuez es el más explotado hasta ahora, con 5 concesiones operando y el 33% de su cauce solicitado. Mientras que los ríos Guacimal y Lagarto tienen 2 concesiones activas cada uno, con el 45% y 40% de su cauce bajo solicitud, lo que significaría un impacto acumulado enorme para las cuencas (Villalobos,2026).

 Para el investigador, sumado a todos los impactos hidrológicos y ecológicos, es importante destacar la pérdida del dominio público del río, que se manifiesta en los usos socioculturales del agua que realizan las comunidades rurales puntarenenses, que hasta ahora no reciben la debida importancia dentro de los procesos de evaluación de impacto ambiental, pues la exclusión de sus puntos de vista sobre la actividad es sistemática.

Para el geógrafo que ha vivido toda su vida junto al río Guacimal “la suspensión permanente de sedimentos en el agua y alteración del cauce afectan o impiden por completo la normalidad de actividades humanas en el río. Los usos recreativos quedan completamente desplazados por los planes operativos de las empresas que generan una privatización de facto cuando enclavan en los ríos por 10 o hasta 30 años, de acuerdo a los plazos de explotación permitidos por el Código de Minería”.

La preocupación es especialmente grave porque muchas comunidades dependen directamente de los ríos y sus afluentes para abastecer sus tomas de agua. Incluso los sistemas que utilizan pozos dependen, en muchos casos, de las aguas subterráneas vinculadas con los mismos sistemas fluviales. El deterioro de los cauces y la disminución del agua ponen en riesgo, por tanto, distintas formas de abastecimiento comunitario.

Mientras las comunidades se organizan para buscar soluciones a un problema tan vital como garantizar el acceso al agua, el gobierno, por medio del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y las instancias competentes (SETENA y Geología y Minas), ha permitido avanzar en un escenario de múltiples solicitudes y concesiones para la extracción de materiales de los cauces de los ríos, mediante actividades de minería no metálica y quebradores, en beneficio de intereses empresariales privados.

Esta situación resulta particularmente preocupante ante la disminución de los caudales, el aumento de la presión sobre las fuentes de agua y los escenarios de sequía que podrían agravarse con El Niño. No se trata solamente de una discusión sobre extracción de materiales: está en juego la seguridad hídrica de las comunidades, la integridad de las cuencas y la protección de los ecosistemas que sostienen la vida.

Una buena noticia: Monteverde respalda la moratoria

En medio de este panorama, hay una noticia importante. El Concejo Municipal de Monteverde, mediante el acuerdo 02 de la sesión ordinaria 163-2026, del 3 de noviembre, manifestó su apoyo expreso a la Moratoria Municipal Reglamentaria Temporal a la extracción mecanizada de material en el cauce del río Guacimal y sus afluentes, aprobada por el Concejo Municipal del cantón Central de Puntarenas y publicada en La Gaceta N.° 156 del 19 de agosto de 2026.

La moratoria establece una suspensión de nuevos trámites y autorizaciones relacionados con esta actividad, con una vigencia inicial de 24 meses, prorrogables, condicionada a la elaboración de un informe técnico integral sobre la capacidad de carga del cauce y sus riesgos.

El acuerdo de Monteverde tiene especial relevancia porque reconoce que la cuenca del río Guacimal (vecino del Río Lagarto) debe entenderse como una unidad hidrológica y ecológica, incluyendo su parte alta en Monteverde. Además, solicita que esta dimensión sea considerada en los estudios técnicos y en los procesos de consulta pública.

El Concejo Municipal también instó al MINAE, la Dirección de Geología y Minas, SETENA, la Dirección de Aguas y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias a valorar la moratoria y aplicar el principio precautorio al tramitar solicitudes de extracción en la cuenca.

El agua no puede esperar

El respaldo de Monteverde demuestra la importancia de que los gobiernos locales asuman un papel activo en la protección de las cuencas y los bienes comunes. Frente a la presión de las actividades extractivas, las comunidades necesitan decisiones que prioricen el agua, la salud y las condiciones de vida de las poblaciones.

Es urgente detener el avance de nuevas autorizaciones mientras no existan estudios integrales, ordenamiento territorial y garantías suficientes para proteger las fuentes de agua y los ecosistemas. No podemos esperar a que los ríos pierdan su capacidad de abastecer a las comunidades para reaccionar. La protección del agua debe estar por encima del beneficio privado de las empresas extractivas.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Concejo Municipal de Monteverde respalda moratoria a la extracción mecanizada en el río Guacimal impulsada por la comunidad

El Concejo Municipal de Monteverde aprobó por unanimidad una moción de apoyo a la moratoria a la extracción mecanizada de material en el cauce del río Guacimal y sus afluentes. Esa moratoria es una iniciativa comunitaria que el Concejo Municipal de Puntarenas ya había aprobado. El acuerdo se tomó en la sesión ordinaria n.º 163-2026 del 3 de noviembre y quedó en firme.

La moratoria ha sido una lucha de la comunidad, que forma parte de la Alianza por la Defensa del Agua – Puntarenas. El Concejo Municipal del cantón Central de Puntarenas la declaró como «Moratoria Municipal Reglamentaria Temporal» y la publicó en La Gaceta n.º 156 del 19 de agosto de 2026. La medida tiene carácter preventivo, con fines de ordenamiento territorial, gestión del riesgo y protección ambiental. Suspende nuevos trámites y autorizaciones para esa actividad durante veinticuatro meses prorrogables, y su vigencia queda condicionada a un informe técnico integral sobre la capacidad de carga del cauce y sus riesgos.

En sus considerandos, el Concejo de Monteverde señala que la cuenca del río Guacimal incluye una parte alta en ese cantón. Por eso, cualquier alteración podría afectar la integridad de la cuenca como unidad hidrológica y ecológica y poner en riesgo el Corredor Biológico Pájaro Campana. Añade que la extracción mecanizada impacta negativamente la morfología del cauce, la conectividad ecológica y los derechos de las comunidades locales sobre el recurso hídrico. Según el acuerdo, el Concejo de Monteverde, «en ejercicio de su autonomía y competencias, debe apoyar medidas que protejan el ambiente y la seguridad hídrica para beneficio de la región».

El Concejo acordó:

  • manifestar su «apoyo expreso y fundamentado» a la moratoria en todos sus términos;
  • solicitar que el informe técnico integral considere la cuenca como una unidad completa, incluida la parte alta en Monteverde, y que esto se tome en cuenta en los procesos de consulta pública;
  • remitir su postura al Concejo Municipal de Puntarenas, a su Comisión de Asuntos Ambientales y a la Alcaldía, para que se valore en la consulta pública;
  • comunicar el acuerdo al Ministerio de Ambiente y Energía, la Dirección de Geología y Minas, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), la Dirección de Aguas y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, e instarles a valorar la moratoria y el principio precautorio al tramitar solicitudes de extracción en la cuenca;
  • divulgar el acuerdo al Consejo Local del Corredor Biológico Pájaro Campana y a las organizaciones comunales de la cuenca.

En Guatuso la voz de las comunidades sonó fuerte en defensa del Río Frío que agoniza por extracción minera

Observatorio de Bienes Comunes

En Guatuso la voz de las comunidades volvió a sonar fuerte: durante la inauguración del nuevo puente sobre el Río Frío —con presencia del presidente— recordaron la gran ironía de celebrar una obra mientras el río agoniza por años de extracción minera.

“Queremos río, no cantera” fue el clamor en las mantas, defendiendo el agua, la pesca, la recreación y la vida”.

La lucha sigue: el Río Frío no es mercancía, es futuro. Más información aquí:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/inauguran-puente-pero-el-rio-se-muere-comunidades-de-guatuso-se-manifiestan-por-el-rio-frio/

Vivamos la independencia haciendo conciencia: “Río Frío muere por causa del extractivismo y el dragado de sus humedales”

SURCOS comparte esta nota del Observatorio de Bienes Comunes de la UCR

Este 15 de septiembre, mientras celebrábamos nuestras fiestas patrias, las comunidades de Guatuso se unieron para visibilizar la situación del Río Frío. Con una manta que decía ‘Vivamos la independencia haciendo conciencia: Río Frío muere por causa de extracción y dragado de sus humedales’, el Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío – Caño Negro recordó que la independencia también significa proteger nuestros ríos y humedales.

Muchas personas de Guatuso se acercaron para conocer más sobre lo que está pasando, conversar con el grupo y mostrar su preocupación por la defensa del ecosistema. La minería y el dragado continúan afectando el cauce del río y la vida de los humedales de Caño Negro, un sitio Ramsar de relevancia mundial.

Juntos podemos crear conciencia y cuidar lo que nos da vida.

¡El Río Frío nos necesita!

Más información aquí:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/en-el-dia-de-la-independencia-la-comunidad-de-maquengal-alza-la-voz-por-el-rio-frio/

 

¿Y si el río que siempre se ha usado para recreación se convirtiera en una zona de extracción?

Observatorio de Bienes Comunes UCR les invita a reflexionar sobre el valor de lo común y la importancia de participar en decisiones que afectan el entorno. Imagina que una concesión permita intervenir un tramo del río que tantas veces se ha disfrutado en familia… un lugar que no solo forma parte de la vida diaria, sino que también representa un atractivo turístico, la belleza y tranquilidad que comparten visitantes y comunidad.

Puede visitar la página para leer la nota completa en el siguiente enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/hablemos-de-supuestos-y-si-un-rio-usado-para-recrearse-se-convirtiera-en-una-zona-de-extraccion/

¡El Río Frío está en peligro y Guatuso alza la voz!

El pasado 3 de agosto, diferentes comunidades de Guatuso se reunieron en Maquengal en un conversatorio organizado por el Comité de Defensa de la Cuenca del Río Frío, una producción del Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR). En este encuentro, los participantes expresaron su profunda preocupación por nuevas concesiones mineras que amenazan directamente la vida del río y de las personas que dependen de él.

La situación es grave ya que existe presencia de maquinaria pesada que extrae material a escasos 300 metros de una escuela. Este punto de extracción, parte de una nueva concesión privada con vigencia por 10 años prorrogables hasta 30, se suma a más de 17 concesiones que ya afectan la cuenca del Río Frío. Lo que antes era un espacio de encuentro, recreación y turismo rural, hoy está tomado por el ruido y la devastación.

Las comunidades denuncian que no fueron informadas ni consultadas por las instituciones competentes sobre estas concesiones, a pesar de existir normas que garantizan el derecho a la información y participación ciudadana. El malestar es generalizado debido a la ausencia de un proceso participativo, la falta de control comunitario sobre el uso del río y el pago simbólico de la empresa concesionaria al Estado frente a los daños ocasionados.

Los habitantes de la zona relatan cambios significativos en las últimas décadas, como inundaciones más frecuentes, pérdida de cultivos (como el cacao), modificación del curso natural del río, reducción del caudal y afectaciones a caminos y puentes. Estos efectos se vinculan a la actividad extractiva, la deforestación y un modelo de desarrollo sin planificación territorial. Se ha alterado la forma de vida tradicional en torno al río, y los caminos se deterioran sin mantenimiento, a pesar de las toneladas de material que salen del territorio anualmente.

El deterioro impacta directamente en los proyectos de turismo rural comunitario. El entorno natural del río, que era un atractivo para visitantes nacionales y extranjeros, se desvanece con el avance de la extracción. «¿Quién va a querer visitar un lugar donde lo que se oye es maquinaria y lo que se ve es un río herido?», comentó un vecino. Así, la extracción no solo deja un cauce devastado, sino que también arrasa con ingresos familiares, empleos potenciales y proyectos de vida sostenibles.

La comunidad ha identificado una serie de impactos graves derivados de la actividad minera en cauces: alteración del cauce natural (provocando desbordamientos), aumento de la erosión, pérdida de biodiversidad (afectando hábitats de peces e insectos acuáticos), afectación de nacientes y humedales, contaminación acústica, barro en época lluviosa y polvo en época seca (afectando la salud), e interrupción de caminos y acceso a fincas. Además, existe la preocupación de que la falta de control y fiscalización permita extracciones sin estudios actualizados de impacto ambiental y sin que se respeten los límites o volúmenes autorizados.

También hay alerta por el deterioro del puente de La Amapola, clave para la conectividad de la zona, expuesto al paso constante de maquinaria. Este puente, construido en 2022 por la CNE y la Municipalidad de Guatuso con un costo de 388 millones de colones, genera preocupación debido a solicitudes de permisos para que maquinaria pesada transite por debajo de él, lo que ha generado sospechas sobre su estado actual y posibles afectaciones a su base estructural, representando un riesgo directo para la seguridad. La comunidad denuncia que estos permisos se gestionan sin consulta previa ni monitoreo técnico visible, contrastando con la falta de inversión pública para mejorar caminos y accesos al servicio del pueblo.

La comunidad exige participación real, respeto a los derechos y defensa del territorio. “El río se está muriendo, y con él nuestra forma de vivir”, expresó una participante. Para hacer frente a esta situación, la comunidad acordó fortalecer la organización local, articularse con otros territorios afectados y buscar apoyo legal desde el marco del derecho ambiental y el principio de participación ciudadana. En este esfuerzo, se reconoció el acompañamiento brindado por la Universidad de Costa Rica y el Observatorio de Bienes Comunes en procesos de documentación, mapeo participativo y denuncia ambiental.

Le invitamos a leer la nota completa del Observatorio de Bienes Comunes UCR, titulada “La voz del río: comunidades de Guatuso alertan sobre las nuevas amenazas al Río Frío”, a través del siguiente enlace:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/la-voz-del-rio-comunidades-de-guatuso-alertan-sobre-las-nuevas-amenazas-al-rio-frio/

Intervención con maquinaria pesada en el cauce del Río Frío genera preocupación en Maquengal

El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (OBC-UCR) ha documentado una nueva intervención con maquinaria pesada en el cauce del Río Frío, en el sector conocido como El Paso, Guatuso. La comunidad de Maquengal manifiesta preocupación ante lo que consideran la posible habilitación de un plantel de carga para extracción de materiales.

Según el material publicada el 31 de julio, una retroexcavadora operó durante varias horas, removiendo una gran cantidad de material. A juicio de la comunidad, la intervención carece de información oficial clara y evidencia impactos ambientales significativos.

Una fotografía comparativa tomada en abril muestra un cauce más amplio, lo que sugiere cambios en la geomorfología del río, erosión en las márgenes, alteración del flujo natural y riesgo de deslizamientos que podrían afectar zonas bajas de Guatuso.

Desde 2022, el Comité para la Defensa de la Cuenca del Río Frío ha denunciado el avance de actividades extractivas en la zona y ha solicitado suspender nuevas concesiones, fiscalizar en tiempo real y realizar un diagnóstico ecológico participativo que involucre a las comunidades.

El caso reabre el debate sobre el modelo de desarrollo en la región y sus efectos sobre el medio ambiente, especialmente los cuerpos de agua. El Comité reitera su llamado a las autoridades a tomar medidas urgentes para proteger el río y sus ecosistemas.

Puede leer la nota completa en el sitio del Observatorio de Bienes Comunes UCR, accediendo por medio del siguiente enlace:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/nueva-intervencion-en-el-rio-preocupa-a-maquengal-se-construye-un-nuevo-plantel-en-el-cauce-del-rio-frio/

Maquengal alza la voz en el Día Mundial del Agua: Urgen medidas para frenar la explotación del Río Frío

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

En el marco del Festival del Agua, organizado por la Municipalidad de Guatuso para conmemorar el Día Mundial del Agua y realizado este 20 de marzo del 2025, la comunidad de Maquengal se hizo presente no solo como asistente, sino como protagonista de una alerta ambiental. Vecinas y vecinos entregaron cartas dirigidas al alcalde Carlos Sequeira Orozco y a la directora del Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN), Mariana Jiménez Arce, en las que exponen su preocupación por el impacto ambiental de la extracción de material del Río Frío y exigen medidas urgentes para su protección.

Un llamado a la acción en defensa del río

Desde hace años, los habitantes de Maquengal han sido testigos del deterioro progresivo del Río Frío, producto de la explotación indiscriminada de sus recursos. Esta actividad ha generado cambios severos en el ecosistema, incluyendo:

  • La alteración del cauce y la disminución del caudal.
  • La erosión de las riberas y una sedimentación descontrolada.
  • Peligros para la seguridad de quienes usan el río para actividades recreativas y de subsistencia.
  • La pérdida de espacios naturales esenciales para la comunidad.

Uno de los casos más emblemáticos es la Poza del Roncador, un sitio de encuentro y recreación que, debido al impacto ambiental, ha sido gravemente afectado. La erosión y el desprendimiento de piedras de gran tamaño han puesto en riesgo la seguridad de quienes transitan por la zona, transformando un espacio vibrante en un lugar deteriorado y peligroso.

Además, la comunidad ha observado una alarmante pérdida de cobertura forestal en las márgenes del río, lo que afecta la biodiversidad y contribuye a la erosión de las riberas. En pocas semanas, el nivel del agua ha cambiado de manera visible, evidenciando la rapidez con la que el ecosistema está siendo afectado.

Exigencias de la comunidad

Ante esta crisis ambiental, las personas vecinas de Maquengal han solicitado a las autoridades que:

  • No se otorguen más concesiones para la explotación de cauces de dominio público, asegurando la protección de los ecosistemas y los bienes naturales comunes.
  • Se limite la concesión de permisos privados y se prioricen proyectos que realmente beneficien el bienestar comunal, evitando la sobreexplotación del río.
  • Se regule estrictamente la extracción de material, permitiéndola solo para fines esenciales como el mantenimiento de vías cantonales y bajo criterios ambientales rigurosos.
  • Se realice una evaluación técnica y ambiental del daño acumulado en las partes altas del río y se implementen medidas de restauración de manera inmediata.

Asimismo, la comunidad recordó al alcalde Carlos Sequeira Orozco su compromiso de campaña de realizar un diagnóstico ecológico del cantón. Consideran que este es el momento oportuno para cumplir con ese compromiso, pues solo con información clara y actualizada se podrán tomar decisiones responsables en beneficio del bien común.

“No podemos seguir ignorando esta realidad”

Las y los habitantes de Maquengal han dejado claro que no están en contra del desarrollo del cantón, pero rechazan que este se haga a costa de la vida y la sostenibilidad de sus ecosistemas. En su carta, expresan con firmeza que conocen la normativa ambiental y la realidad del cambio climático, pero cuestionan la falta de acciones concretas para abordar la crisis del Río Frío.

El deterioro ambiental ya no es solo una preocupación técnica, sino una vivencia cotidiana para la comunidad. La pérdida de espacios naturales, la inseguridad en áreas que antes eran de recreación y el temor de que en el futuro solo queden recuerdos del río, los ha llevado a alzar la voz y exigir soluciones.

Ahora, la comunidad espera respuestas y acciones inmediatas por parte de la Municipalidad y las autoridades ambientales. Mientras tanto, reafirman su compromiso de seguir defendiendo el Río Frío, su biodiversidad y su importancia como fuente de vida y bienestar para las futuras generaciones.

La participación ambiental comunitaria: Un derecho y una herramienta de cambio

La participación ambiental es un derecho fundamental reconocido en diversos instrumentos internacionales, como el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) y el Acuerdo de Escazú (2018), los cuales establecen que todas las personas tienen derecho a acceder a la información, a participar en la toma de decisiones ambientales y a la justicia en asuntos ambientales. En Costa Rica, la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.° 7554) y el Código Municipal reconocen el derecho de las comunidades a involucrarse en la gestión ambiental y exigir la protección de los recursos naturales.

Este derecho no solo permite que las comunidades sean escuchadas, sino que también fortalece la gobernanza ambiental, promoviendo la transparencia y la corresponsabilidad en la toma de decisiones. Cuando las comunidades participan activamente en la defensa de su entorno, se convierten en actores clave para la sostenibilidad y el bienestar colectivo.

Un ejemplo de esto es la reciente acción de la comunidad de Maquengal, en Guatuso, donde sus habitantes, preocupados por la explotación del Río Frío, se movilizaron y presentaron cartas al alcalde y a la directora del Área de Conservación Arenal Huetar Norte. Esta acción no solo visibiliza el impacto ambiental de la extracción de materiales en el río, sino que también representa un ejercicio concreto de participación ambiental, donde la comunidad exige el cumplimiento de normativas ambientales y la implementación de medidas de protección y restauración ecológica.

Casos como el de Maquengal demuestran que la participación ciudadana es esencial para la defensa del ambiente. No se trata solo de denunciar, sino de involucrarse en la construcción de soluciones sostenibles. Cuando una comunidad se une en la defensa de su territorio, genera cambios reales y refuerza la conciencia ambiental para las futuras generaciones.

Documentos entregados

Carta entregada al alcalde de Guatuso Carlos Sequeira Orozco

Carta entregada a Mariana Jiménez Arce, directora del Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN)

Algunas imágenes del Río Frío

Les compartimos esta infografía que resume las alertas de la comunidad de Maquengal en torno al Río Frío.

Comunidades y ecologismo se manifiestan en contra de proyectos de ley 23.414 y 22.561 y proponen iniciativa para regular la minería no metálica

Este martes 26 de noviembre, organizaciones comunitarias y ecologistas de distintas partes del país, llevaron a cabo una manifestación frente a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en rechazo a los proyectos de ley sobre energía 22.561 y 23.414, convocados por el Poder Ejecutivo para sesiones extraordinarias el pasado 1° de noviembre. Estos dos proyectos proponen abrir el mercado de la electricidad para las empresas privadas, con lo cual se abriría la puerta a la privatización del sistema eléctrico nacional. También, el proyecto 23.414 propone remover la rectoría del sector eléctrico del ICE, así como remover funciones, activos, sistemas y bienes muebles e inmuebles de esa institución, con lo cual se pondría el riesgo el servicio de electricidad público, solidario y al costo, con el que la población costarricense ha contado por más de 70 años, gracias al ICE.

Alberto Gutiérrez Arguedas, geógrafo de la Universidad de Costa Rica (UCR), que asistió a la manifestación, dijo que “no es exagerado hablar de un segundo combo del ICE por todas las implicaciones que tiene el proyecto 23.414 para el ICE y para el país”. También manifestó que “las implicaciones que han sufrido los demás países centroamericanos donde ya se ha sufrido un proceso de privatización de sus sistemas eléctricos, han sido realmente nefastas, en términos de calidad eléctrica y de las tarifas eléctricas. Lo que está en juego es muchísimo”.

Por otro lado, Maleza Barrantes, activista del Movimiento Ríos Vivos, también indicó que “estos proyectos de ley proponen que la electricidad deje de gestionarse como un bien común y como una necesidad del país que debe de ser cubierta y pretenden que esta pase a convertirse en un bien mercantil, dominada por las dinámicas del mercado y la generación de lucro de las empresas privadas”, también indicó que “abrir el mercado de la electricidad, promovería la proliferación de hidroeléctricas privadas en los ríos de nuestras comunidades, razón por la cual desde el movimiento Ríos Vivos nos oponemos rotundamente a estos proyectos”.

Así también, las organizaciones comunitarias y ecologistas presentaron, junto a la fracción del Frente Amplio, un proyecto de ley que pretende que se incorpore el concepto de “caudal ecológico” en el Código de Minería de Costa Rica, el cual es una ley planteada en el año 1982. La reforma, también incluye una mayor regulación sobre las corporaciones que extraen material de los ríos, y que así, estas no puedan obtener concesiones mineras si tienen algún proceso abierto con el Ministerio Público. Además, propone que se limiten las concesiones mineras colindantes que se puedan obtener por una empresa o una persona y su familia.

Dylanna Rodríguez, docente del Programa Kioscos Socioambientales de la UCR, explicó: “Empresas como MECO o H. Solís se vieron envueltas en presuntos casos de corrupción nacionales tan graves como el caso Cochinilla, y aun así, continúan accediendo a concesiones, extrayendo material de los ríos de nuestro país, enriqueciéndose con esa actividad y la exportación de materiales”. Agregó que “este proyecto se crea desde las comunidades, se crea en el río, se crea en la resistencia y en la indignación de todos los días de ver cómo los ríos que han sido utilizados de forma familiar y comunitaria, hoy día ya no pueden ser usados, por los impactos que ha tenido la minería no metálica en los ríos”.

Por otra parte, Danny Villalobos, geógrafo y activista de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, dijo “poblaciones de varias especies están siendo amenazadas por la minería no metálica en ríos, que genera extracción y sedimentos perpetuos que impiden a las poblaciones reproducirse y sobrevivir en ese ecosistema río”. También, denunció cómo en muchos estudios de impacto ambiental de proyectos de minería no metálica, se hace un uso superfluo de los datos biológicos de la zona que se propone afectar y que muchas veces, se desestiman los impactos sociales de estos proyectos y se otorga la viabilidad ambiental a pesar de la oposición de las comunidades.

Organizaciones defensoras de los ríos presentan proyecto de ley para regular la actividad minera en cauces de los ríos 

Tras años de denuncias y monitoreo comunitario de la minería en cauces de ríos o mejor conocidos como quebradores, organizaciones defensoras de los ríos y ecologistas presentan un proyecto de ley para incorporar el concepto de caudales ecológicos en el Código de Minería de 1982, con esto, pretenden que se pueda regular una actividad excesiva y desproporcionada que parece ir en crecimiento.

Comunidades de Guatuso, el cantón central de Puntarenas, Buenos Aires de Puntarenas y Cóbano en múltiples ocasiones han señalado que los cauces de ríos como Guacimal, Frío, Lagartos, Ario, Barranca, y Abangares están siendo sobreexplotados.

Para la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas, impulsora de esta iniciativa, “los quebradores están acabando con los ríos, la biodiversidad y nuestras comunidades, no sabemos qué pasa con las instituciones como MINAE que deben velar por el cuido de los ríos pero más bien, cada vez otorgan más concesiones ” señala la agrupación.

Cambios significativos en los caudales, la creciente sedimentación tanto en los ríos como en manglares, los impactos socioeconómicos, ambientales y culturales e irregularidades identificadas por las comunidades alrededor de la extracción de materiales en los ríos, son indicadores que propiciaron un trabajo colaborativo en conjunto con el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, instancia que ha acompañado la construcción de este proyecto de ley.

“Los quebradores han pasado muy desapercibidos a pesar de tener un impacto directo sobre los territorios y los bienes comunes de la naturaleza. Las comunidades han sido vigilantes y denunciantes de prácticas extractivas irregulares, sin embargo, mediante investigación y revisión documental, hemos identificado que el código de minería vigente requiere una intervención ya que parece no regular adecuadamente esta actividad”, señala Dylanna Rodríguez docente de Kioscos Socioambientales.

Las organizaciones ven con gran preocupación que si se continúa operando como hasta ahora y en el marco del cambio climático una crisis hídrica está por verse muy pronto, por eso, resaltan que ahora es cuando se debe procurar que toda actividad que dependa de la naturaleza sea cuidadosamente regulada, sin excepción. 

La presentación de este proyecto de ley, se llevó a cabo el martes 26 de noviembre en la Asamblea Legislativa, en la que representantes de distintas comunidades y organizaciones con apoyo de la Fracción Legislativa del Frente Amplio dieron a conocer las modificaciones propuestas.

Esta actividad es convocada por: Ríos Vivos, Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua,  FECON, CoecoCeiba Amigos de la tierra, Bloque Verde, Movimiento de Resistencia y Formación, Asada de Judas de Chomes, Frente Eco Cipreses y Fracción Legislativa del Frente Amplio.

Kioscos Ambientales UCR