Defensoría: Limitaciones afectan fiscalización de violaciones a derechos laborales
Hay un inspector por cada 15.220 personas trabajadoras
La falta de recursos humanos, financieros, tecnológicos y de infraestructura, afecta directamente la capacidad de acción de la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo (DNI), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral en el país.
Esta es la conclusión de un informe de la Defensoría de los Habitantes que determinó que, solo hay 80 personas inspectoras y 23 personas coordinadoras, es decir 103 funcionarios/as para atender a más de 1.6 millones de personas trabajadoras, lo que equivale a un inspector por cada 15.220 personas trabajadoras, según los datos del 2024 facilitados por la DNI.
Debido a esta situación, la DNI requiere de un 50 % más de recurso humano. Cabe destacar que, algunas oficinas regionales, solo cuentan con un coordinador y un inspector para atender el territorio, mientras que la sede regional Brunca carece de inspectores, por ejemplo.
En cuanto al presupuesto ha venido en disminución desde el año 2019 al 2024 y pese a que el Código de Trabajo, en su artículo 679, establece en su inciso a) que el 50 % del total recaudado por concepto de las multas recolectadas, como resultado de infracciones laborales, debe ser asignado a la DNI para la mejora de sus sistemas de inspección, desde el año 2019 este dinero no ha sido asignado.
Resulta importante indicar que, la falta de presupuesto genera una afectación sustancial en la contratación de recurso humano, así como de la infraestructura que venga a cumplir con las condiciones mínimas –algunas con órdenes sanitarias- y en la tenencia de la adecuada flotilla vehicular para el cumplimiento de las inspecciones de campo por parte de los inspectores; los viáticos no son suficientes, los suministros de papel y de limpieza se agotan, entre otros.
Sobre el tema de infraestructura, la oficina de Quepos se encuentra en proceso de cierre por motivo de una orden sanitaria. De la información recabada se constató que existe la limitante por ley para el alquiler de nuevas oficinas, sin embargo, preocupa a la Defensoría que la DNI, por falta de presupuesto, no pueda atender la necesidades de infraestructura y mantenimiento que necesitan las oficinas que mantienen en funcionamiento, y deba proceder con los cierres de éstas, por motivo de ordenes sanitarias, debiendo entonces en algunos casos al traslado de las mismas y establecer convenios con otras instituciones de zonas aledañas que vengan a prestar bienes inmuebles para uso de oficinas.
La Defensoría le giró recomendaciones al Ministerio de Trabajo, entre las que destaca revisar, de manera urgente, las razones por las cuales la DNI no está recibiendo el 50 % del total recaudado por concepto de las multas recolectadas, como resultado de infracciones laborales. En caso de proceder su asignación, de manera inmediata, realizar las gestiones administrativas pertinentes para su ejecución.
Por otro lado, una vez determinada las razones por las cuales esos dineros no ingresaron a la DNI, la Defensoría recomienda valorar la apertura de una investigación administrativa para identificar eventuales responsabilidades en torno al tema, así como acciones correctivas.
Finalmente, es necesario realizar mejoras en la planificación estratégica y la ejecución de los recursos, apoyando a la DNI con personal de otras oficinas y prontamente con la asignación de más plazas para el área de gestión.