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Comunicado

El MNPT realizó, junto a la Defensoría de los Habitantes, una visita al espacio de alojamiento de las personas recientemente deportadas. Halló buenas prácticas en la atención de estas personas, pero identificó algunos riesgos que podrían vulnerar la dignidad humana y la integridad personal.

Este 14 de abril, la Defensoría de los Habitantes y el MNPT realizaron una visita al lugar en el que se alojan las primeras 25 personas deportadas (8 mujeres y 17 hombres) desde EEUU, provenientes de países como Honduras, El Salvador, Albania, Kenia, India, China, Marruecos y Camerún. Se constató que todas son mayores de edad, no hay adultos mayores, ni mujeres embarazadas.

Buenas prácticas con respecto a las personas deportadas y alojadas en el CATEM en el 2025. Se constató que tres de las principales preocupaciones encontradas por el MNPT hace un año se están protegiendo, ya que: 1) No tienen privación de libertad en el lugar en que se encuentran. 2) El Estado no les retiene sus documentos y tienen un estatus migratorio regular. 3) Están más claras las opciones migratorias por las que pueden optar (retorno voluntario, solicitud de refugio o visa humanitaria).

Asimismo, hay mayor disponibilidad de intérpretes. Se constató que hay equipos interdisciplinarios de la OIM atendiendo y se verificaron condiciones adecuadas en el lugar en cuanto a alojamiento, privacidad y alimentación. También, las personas expresaron una sensación de bienestar ante el trato en Costa Rica, el cual enunciaron como adecuado y cuidadoso, a diferencia del trato previo en EEUU.

Riesgos identificados. Para el MNPT es importante indicar algunos riesgos identificados a partir de la visita:

Riesgo de insostenibilidad de condiciones adecuadas. La cantidad actual de 25 personas es manejable para garantizar la atención, pero la viabilidad para dar un trato personalizado y humano a cada persona se va ir dificultando si esa cifra aumenta, en particular si ingresan personas con mayores condiciones de vulnerabilidad (menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas) o con complejidad para sus procesos de movilidad (personas sin documentos, de otros continentes, con otros idiomas, en “limbos” legales, etc.). Asimismo, no es claro el futuro para las personas que permanecerán en Costa Rica, en particular con respecto a cuáles serían sus espacios de alojamiento, medios de subsistencia o plan de vida.

No se constató presencia inter-institucional. Durante la visita no se pudo constatar la presencia de otras instituciones del Estado para un abordaje integral, tales como el INAMU, la CCSS o el IMAS; durante la visita tampoco se recibió información de la DGME sobre un sobre un plan interinstitucional al respecto.

Relatos de tratos crueles y vulneraciones previas. En los relatos de las personas deportadas se repiten quejas sobre los tratos recibidos en EEUU, en la detención, encierro y traslado. Aspectos como haber sido privadas de su libertad en espacios hacinados; recibir comida en estado inadecuado; incertidumbre de hacia dónde se dirigen o de su futuro; uso de grilletes en pies, caderas y manos durante traslados (incluido el vuelo hacia Costa Rica); la no devolución de objetos personales como celulares, relojes o ropa; tratos verbales que consideraron que afectan su dignidad. Formas asociadas a lo que se conoce como criminalización de la migración y cuyos efectos dañinos a los DDHH están muy documentados.

Riesgo de responsabilidad internacional. Desde una perspectiva del derecho internacional, en acuerdos como estos, Costa Rica no solo se debe de preocupar por el momento de llegada al país, sino que le deben ser relevantes las condiciones de trato en el país de origen, ya que se puede estar formando parte de una cadena internacional de vulneración de derechos humanos.