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Etiqueta: modelo Bukele

Exmagistrado Ricardo Zeledón Zeledón llama a la ciudadanía a presentarse ante la Sala Constitucional contra la apertura del CECCO

“Pasemos de las críticas a la acción”, dice el exmagistrado.

El exmagistrado de la Sala Primera Ricardo Zeledón Zeledón, especialista en derecho agrario, hizo un llamado a la ciudadanía para que se presente ante la Sala Constitucional a oponerse a la apertura del Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CECCO). Según informa, la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, lo inaugurará el miércoles 14 de octubre al mediodía.

Zeledón sostiene que el CECCO es una copia del modelo carcelario de El Salvador, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) impulsado por el presidente Nayib Bukele, al que califica como propio de un régimen autoritario y violatorio de los derechos humanos. Advierte que, tras la inauguración, el Ministerio de Justicia y Paz trasladaría a unas 5.100 personas privadas de libertad al nuevo centro bajo la clasificación de máxima seguridad, sin estudios previos y sin consulta a los jueces de ejecución de la pena.

Según el exmagistrado, el centro se construyó con planos y arquitectos salvadoreños y con financiamiento costarricense y extranjero, sin pasar por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, la Municipalidad de Alajuela ni la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). Afirma además que se han opuesto al CECCO la Defensoría de los Habitantes, un organismo contra la tortura y diversas instituciones internacionales.

Un recurso de amparo pendiente

Zeledón informa que el 30 de septiembre presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, expediente 26-036376-0007-CO, contra la presidenta Laura Fernández Delgado; el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles; y el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas. Señala que el recurso aún no ha sido cursado y que, a su juicio, la Sala ya debió dictar medidas cautelares para impedir la inauguración y el traslado de las personas privadas de libertad.

“Debemos pasar de las críticas a la acción”, plantea Zeledón, y recuerda que “todos estamos legitimados para oponernos a la apertura y a que se nos oiga”. Pide a la ciudadanía redactar cualquier escrito de oposición y presentarlo o enviarlo a la Sala Constitucional dentro de ese expediente. Señala que la Sala está abierta las 24 horas, los 7 días de la semana.

Cómo presentar el escrito

Según indica el exmagistrado, el escrito solo debe llevar este encabezado:

El suscrito (o la suscrita), NOMBRE, ESTADO CIVIL, PROFESIÓN U OFICIO, VECINO(A) DE …, CÉDULA …

SALA CONSTITUCIONAL
AMPARO 26-036376-0007-CO
RICARDO ZELEDÓN ZELEDÓN contra LAURA FERNÁNDEZ DELGADO, presidenta de la República; RODRIGO CHAVES ROBLES, ministro de la Presidencia y de Hacienda; y GABRIEL AGUILAR VARGAS, ministro de Justicia y Paz.

A continuación, se redacta la oposición a la apertura del CECCO y al traslado de las personas privadas de libertad.

La República entre barrotes: notas del subsuelo costarricense

Por Frank Ulloa Royo

La cárcel, en el siglo XIX francés, fue símbolo de modernidad y exclusión. Eugène Sue, en Los misterios de París (1842–1843), la retrató como destino inevitable de los marginados: “La prisión es el horizonte de los pobres, el lugar donde la miseria se convierte en delito.” Honoré de Balzac, en Esplendores y miserias de las cortesanas (1838–1847), la convirtió en escenario de corrupción y ruina moral, mostrando que los barrotes no eran más que prolongación del poder económico. Los hermanos Goncourt, en La fille Elisa (1877), mostraron la prisión como el último peldaño de la degradación femenina: “La mujer pobre no cae por el crimen, sino por la fatalidad social que convierte su miseria en culpa.” La literatura entendió pronto que la cárcel no era espacio de justicia, sino teatro donde la sociedad exhibía su desigualdad. La ironía histórica es que, mientras Europa se jactaba de haber dejado atrás los suplicios públicos, lo que realmente inauguraba era una maquinaria más sofisticada de control: muros, barrotes y reglamentos que disfrazaban la represión con el lenguaje del progreso.

En el siglo XX, Michel Foucault desmontó esa ilusión humanista con bisturí filosófico. En Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión (1975) escribió: “La prisión no corrige, vigila; no libera, disciplina.” El panóptico, esa metáfora de la mirada invisible, se convirtió en el emblema de una sociedad que controla sin necesidad de látigo. La ironía es que la cárcel, presentada como conquista civilizatoria, era en realidad el laboratorio de la dominación. Y hoy, Costa Rica repite la escena con un guion ya escrito: se levanta un nuevo centro penitenciario como promesa de seguridad, mientras se desmantelan las políticas sociales que prevenían la exclusión. La historia se repite, pero con disfraz tropical: la República que abolió el ejército ahora multiplica cárceles y entrega soberanía, como si la memoria de la paz fuera un lujo que ya no podemos permitirnos.

No es casual que Víctor Hugo, en Los Miserables (1862), mostrara que el destino de los pobres era la muerte prematura o la cárcel. Jean Valjean, condenado por robar un pan, encarna la paradoja de un sistema que castiga la miseria en lugar de combatirla: “El hambre no es delito, pero la justicia lo convierte en crimen.” Esa alegoría sigue vigente: los miserables de hoy no son criminales por naturaleza, sino víctimas de un Estado que recorta derechos y multiplica barrotes.

El presupuesto 2026 desnuda la lógica del subsuelo: se recortan pensiones, becas, comedores escolares, transporte estudiantil, vivienda y cuido infantil, mientras aumentan los gastos en Presidencia, Hacienda y Asamblea Legislativa, con asesores, vehículos y pines de oro. La república se desvanece: menos derechos, más cárceles, más cuchillos en la mano de la patria agraviada.

Defender la independencia judicial no es encubrir la corrupción ni negar la lentitud de la justicia laboral. Es impedir que la justicia se convierta en rehén del poder político. La Sala Constitucional, tantas veces protectora de derechos sindicales y laborales, está bajo amenaza. Si cae, ¿quién defenderá al trabajador despedido injustamente, a la mujer discriminada, al ciudadano frente al abuso del Estado?

Jorge Debravo escribió: “Yo no quiero que la patria tenga cuchillos en la mano.” Ese verso hoy es consigna política. No queremos una republiqueta punitiva al estilo Bukele, sino una patria que se parezca a la dignidad, a la memoria, a la justicia sin miedo.

El subsuelo de Dostoievski es nuestro espejo: alienación y resentimiento marcan la vida pública, diputados que rechazan candidatos, instituciones que callan, magistrados que guardan silencio cómodo. Y en medio de esa penumbra aparece el ministro de Justicia, que un día se arrodilló frente a los reos no para reconocer su humanidad, sino para insultarlos y negarles toda dignidad. Ese gesto, más teatral que político, fue la confesión de un poder que desprecia a los más vulnerables y convierte la justicia en espectáculo de humillación. Hoy ese mismo ministro está siendo investigado, como si la ironía quisiera recordarnos que quien niega humanidad termina negándose a sí mismo. Dostoievski escribió en Notas del subsuelo (1864): “Soy un hombre enfermo… soy un hombre malo.” Esa confesión es hoy la voz de una institucionalidad que se niega a defenderse.

Hoy, proyectos que legitiman la violencia institucional amenazan con destruir esa memoria. Quienes denuncian ante la Sala Constitucional estas políticas infrahumanas, como el Dr. Ricardo Zeledón, serán maltratados en las oficinas presidenciales como enemigos de la sociedad. El subsuelo costarricense nos advierte: pronto las cárceles estarán llenas de opositores políticos a este modelo autoritario, también de mujeres y hombres excluidos por las políticas económicas en nombre de la seguridad colectiva. Sin embargo, como Debravo, repetimos: no queremos cuchillos en la mano de la patria, queremos justicia libre, digna y humana.

Lo irónico es que, como en El Salvador, los votantes podrían quedarse con la última página del libro: la ilusión de haber recuperado las calles, aunque sea de manera temporal, mientras la democracia se reduce a barrotes y decretos punitivos. La historia se repite con disfraz distinto, pero con la misma moraleja: la seguridad que se compra con miedo termina siendo la antesala de la represión.

El «modelo Bukele» no va en Costa Rica

Francesco Giulietti Silva
Estudiante de Derecho y Filosofía
francescomc8@gmail.com

Al participar y vivir de cerca los procesos electorales en El Salvador (2019 y 2024) y Costa Rica (2022 y 2026), pude notar ciertas similitudes en las campañas y en la retórica de gobierno, más no en la forma de gobernar. Por un lado, es necesario contextualizar a El Salvador del 2019, asediado por la corrupción de los partidos ARENA y FMLN, quienes se alternaron el poder por treinta años (1989 a 2019) posterior a trece años de guerra civil (1979-1992) y tres juntas revolucionarias de gobierno. Cuando Bukele hizo campaña, era uno de los países más violentos del mundo, asediado por las pandillas y bajo un régimen de terror. Todo esto sin entrar en la fragante pobreza, desigualdad y exclusión social.

Se trata de un país que salió de una dictadura para entrar a una guerra civil que luego desencadenó en el terrorismo de las maras y ahora con un presidente que, si bien ha logrado avances en seguridad, turismo e infraestructura, lo ha hecho a costa otros derechos fundamentales. El Salvador es un país que ha dado un giro de ciento ochenta grados, se redujeron los homicidios a mínimos históricos, se mantiene el alza en inversión extranjera, hay gran inversión en infraestructura y el país en general es más seguro. Sin embargo, no todo es color rosa, todo esto se dio a costas de debilitar el Estado de Derecho (iniciando cuando irrumpió en la Asamblea Legislativa con el ejército debido a que no avanzaban las propuestas del ejecutivo), detenciones y juicios masivos, sin observar las garantías procesales, alertas respecto a la libertad de prensa y violaciones a derechos humanos, entre otras medidas y acontecimientos que indican que el pulgarcito no es una democracia sana y estable. Sin embargo, esto respondió una población desesperada por encontrar una solución a la flagrante inseguridad, acoso constante de las pandillas, regímenes de extorsión, autoridades paraestatales y para algunos una asfixia insoportable que obligaba a emigrar al norte para otorgar sustento a sus familias. La población salvadoreña otorgó ciertos derechos a cambio de seguridad, en un contexto apremiante. Cabe cuestionarse si al día de hoy se deben continuar cediendo dichos derechos y libertades, porque, al día de hoy, se continúa en Estado de excepción. Parece ser que con la conformación actual de la Asamblea, no existe fuerza política que le pueda hacer frente.

Por otro lado, el chavismo en Costa Rica, que abiertamente se declara “pro-bukele” tiene unas herramientas totalmente distintas y en un contexto diametralmente diverso al de El Salvador. Más bien, Costa Rica ahora es más violenta posterior a la toma en poder de Rodrigo Chaves, siendo que, en el año 2023 los homicidios llegaron a 905 y en 2024 un total de 876 muertes, siendo estos los años más violentos de la historia. Estas estadísticas son alarmantes y no calzan con el discurso del expresidente, así como el de la nueva presidenta. Las autoridades dicen que se ha rebajado la criminalidad, lo cual sí es cierto, pero para determinados crímenes. La educación ha empeorado, con alumnos con baja comprensión lectora, una ruta de la educación abandonada y cientos de centros educativos con órdenes sanitarias. Aunado a esto, la crisis en la que se encuentra sumida el agro, debido a que el chavismo optó por un modelo de importaciones, debilitando la producción nacional. Resalto todos estos desaciertos no para hacer un mal al presente gobierno, sino para reflexionar.

Muchos piden el “modelo Bukele”, cuando no saben que esto fue la capitalización de una sociedad aterrorizada, desesperada y consumida en la crisis y la violencia, que se vio dispuesta a ceder ciertos derechos a cambio de seguridad. Todos los países son diferentes, no aplica la misma vara ni siquiera para los pequeños países de Centroamérica, y, en lugar de buscar replicar modelos absolutistas extranjeros, se debe hacer énfasis en las particularidades de nuestro país, del cual aún vale la pena luchar y que se encuentra en una posición privilegiada, siendo -de momento- la democracia más longeva en América Latina.

Una sustancia peligrosa

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

En la edición de 2023 de la Feria Internacional del Libro de Guatemala, el país invitado fue El Salvador. Un día antes de la inauguración y de manera oficial, el gobierno homenajeado solicitó a los organizadores del evento sacar del programa la obra titulada “Sustancia de Hígado”, primer libro publicado por Michelle Recinos, escritora de aquel país.

Di con ese libro el año pasado y en estos días de descanso me dispuse a leerlo y conocer de primera mano el motivo de la censura previa.

Escrito con un lenguaje llano, directo, coloquial, el libro fusiona en 9 cuentos la realidad con la ficción y muestra la transversalizalización de la violencia en la vida cotidiana de una sociedad que bien podría ser la costarricense en la actualidad, aunque sus referencias apuntan a exponer cómo es producida desde entornos gubernamentales, privados, en organizaciones de sociedad civil, en la empresa privada.

Justamente fue el relato “Barberos en huelga” el que produjo el enojo del gobierno salvadoreño ya que en este se relataban abusos a derechos humanos por parte del Estado. Una clara muestra donde la ficción emula y supera la realidad.

No quisiera adelantarme a un escenario posible en el caso costarricense. Pero ya fue anunciado por la presidenta electa la puesta en práctica del “modelo Bukele” para contrarrestar la ola de homicidios que casualmente se dispararon en los últimos cuatro años.

Fue precisamente la aplicación de la mano dura en aquel país la que detonó la vulneración directa e indirecta de los derechos humanos de personas sin ningún vínculo con las organizaciones criminales.

Que este escenario ficcional no se convierta en una dura realidad en Costa Rica. A vigilar, monitorear y evidenciar cualquier intento por vulnerar las garantías civiles de personas inocentes.

Esa es tarea de todos, de todas.