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Etiqueta: movilizaciones

Un mes de movilizaciones de las personas trabajadoras de la UNED por salarios justos

Para este lunes 3 de junio fue convocada la séptima reunión de negociación salarial entre el frente gremial de la UNED (AFAUNED, APROFUNED, UNEDPRO, Sindicato SIUNED) y el rector Rodrigo Arias Camacho. Simultáneamente se organizó la quinta concentración de las personas trabajadoras de la UNED, un hito en la universidad, quienes luchan por el derecho impostergable de la mejora salarial.
Con estas movilizaciones se cuestiona de fondo la gestión y planificación financiera que hace la actual rectoría en el último lustro, con un crecimiento de la universidad sin una perspectiva clara, pero con el mismo recurso humano y sin un reconocimiento salarial pertinente.
Producto de la lucha, la rectoría firmó el acuerdo para avanzar en la equiparación salarial con las otras universidades públicas y el establecimiento de un mecanismo de ajuste automático de salarios a corto plazo. Estos avances son el resultado de la unidad y movilización de las personas trabajadoras. No obstante, luego de varias reuniones, la rectoría no resuelve el porcentaje de ajuste salarial por costo de vida y el pago retroactivo, como ya se ha hecho en otras universidades.
Se ha demostrado que, al no haber contemplado los recursos necesarios para garantizar el derecho al salario justo, las autoridades tienen responsabilidad sobre la situación actual. También queda demostrada la miopía en la planificación financiera en un pilar como es la inversión en el recurso humano, priorizando otras áreas no medulares para el funcionamiento de la Universidad. El señor rector ha utilizado la estrategia del recorte financiero en otras áreas institucionales, sin reconocer su responsabilidad en materia de gestión.
Desde el SIUNED no aceptamos la política de colocar sobre las espaldas de las personas trabajadoras la mala gestión organizativa y financiera, condenando a miles de personas funcionarias a salarios deteriorados e injustos.
Este lunes 3 de junio representa la lucha desde la unidad, la propuesta y la movilización; las personas trabajadoras de la UNED volvemos a exigir a la rectoría:
  1. El ajuste a las bases salariales, que llevan 5 años congeladas.
  2. El pago del retroactivo adeudado a las personas trabajadoras.
  3. Una comisión permanente con las organizaciones gremiales a fin de que, en un plazo de 6 meses, se cuente con una política para equilibrar salarios respectos a las otras universidades públicas.
De ninguna manera admitimos la maniobra del rector Rodrigo Arias Camacho tendiente a la división y a culpar a los sectores movilizados por tener que planificar y movilizar recursos para garantizar salarios.
¡Que el rector asuma la responsabilidad por la crisis que afronta la universidad!
¡Que las autoridades den a las personas trabajadoras el valor que merecen!
¡Sí en la UCR, la UNA y el TEC se pudo, en la UNED también se puede!
¡Mejora de las bases salariales!
¡Salarios justos ya!

Respeto a pago bisemanal: logro de trabajadoras y trabajadores de la Caja Costarricense del Seguro Social

UNDECA: La lucha de los y las trabajadoras de la CCSS logró consolidar que se mantenga el pago bisemanal de su salario. 

Además, según su representante «los actos de las y los trabajadores que logren afectar a la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas (Ley 9635) son correctas». Según su perspectiva, a través de movilizaciones y lucha se ganan las cosas.

Asimismo, consideran que las y los diputados de PLN, PAC, cristianos y evangélicos han afectado al sector en los últimos 8 años, por lo que establecen que no tienen la confianza y lo que se merecen es que voten contra esos partidos tradicionales. 

Añaden que la Ley 9635 tiene que seguir desintegrándose y se debe mantener la lucha para descarrilar el proyecto de Ley de Empelo Público para que no se apruebe.

El descontento y las movilizaciones regionales en el marco de los movimientos recientes frente a la crisis económica

German Masís

Se suele pensar que el descontento y las manifestaciones de los grupos y comunidades en las regiones periféricas del país, están influenciadas o determinadas por las organizaciones y por las movilizaciones que se realicen en San José o en las principales ciudades de la Gran Área Metropolitana.

Aunque las movilizaciones y acciones de protesta en las regiones, coincidan con algunas de las demandas más generales de los grupos y organizaciones que impulsan los movimientos sociales en la GAM, aquellas tienen su propia dinámica, sus propios objetivos y sus propios mecanismos de negociación.

En la coyuntura reciente de movilizaciones y protestas en rechazo al proyecto de financiamiento con el FMI y en procura de una reforma fiscal integral y progresiva, del combate a la evasión y elusión fiscal y a otros proyectos que afectan las condiciones laborales y los ingresos de los trabajadores y los pequeños empresarios, las organizaciones en algunas zonas del país, han integrado a las demandas nacionales, sus propias reivindicaciones productivas, de empleo, pobreza e infraestructura, para reducir las inequidades existentes en las diferentes regiones.

En San Carlos, en Guatuso, en Upala, en Sarapiquí, en Pococí, en Siquirres y Liverpool en Limón, en Pérez Zeledón, Buenos Aires, Palmar Norte y Ciudad Neilly, en Cañas, Nicoya, Santa Cruz y La Cruz de Guanacaste, en Puntarenas, Paquera, Jaco y Quepos, las organizaciones y comunidades han efectuado sus movimientos de protesta, han presentado sus pliegos de peticiones y han reclamado el diálogo y la negociación directa con las Autoridades del Gobierno.

Al inicio las acciones gubernamentales estuvieron dirigidas a contener y a eliminar por la fuerza los bloqueos y movilizaciones, pero a partir del Consejo de Gobierno del 5 de noviembre, se prioriza en la negociación y en la búsqueda de acuerdos con los grupos y comunidades regionales para atender sus demandas y eliminar las movilizaciones en vías públicas.

El presidente Alvarado, instruyó al gabinete a intensificar el diálogo y negociaciones para atender las problemáticas y necesidades específicas de sectores y regiones del país, que permitan levantar bloqueos y habilitar las vías que son urgentes para la producción nacional y el abastecimiento de alimentos, así como para la reactivación de la economía y, en particular, de la actividad turística, severamente afectada por la pandemia.

Las reuniones -que tienen como objetivo levantar bloqueos y encontrar puntos de acuerdo- se llevaron a cabo en las regiones Chorotega (Sardinal de Carrillo), Huetar Norte (Guatuso y San Carlos) y Brunca (Pérez Zeledón, Golfito y Corredores), en donde se ha conversado con distintos sectores sobre sus preocupaciones y se han levantado una serie de peticiones que estarán siendo analizadas por las autoridades de gobierno.(ElPaís.cr,7-10-2020)

El mandatario instruyó al ministro de Agricultura y Ganadería, a intensificar un canal de comunicación con los sectores que se han manifestado en la Zona Norte de nuestro país, con el fin de atender, escuchar sus demandas y buscar alternativas conjuntas que permitan solventar las necesidades apremiantes para los sectores productivos y agropecuarios.

También encargó a la ministra de Economía, Industria y Comercio, canalizar las demandas de los sectores en la Zona Sur del país, junto al Presidente Ejecutivo del Consejo Nacional de la Producción, con el fin de atender y encontrar soluciones a los problemas que señalan las personas que se han manifestado en la Región Brunca.

Los primeros resultados de este diálogo y escucha focalizada se dieron en el transcurso de los días 6 y 7 de octubre, mediante la intervención de la vicepresidenta de la República, en un trabajo conjunto con los alcaldes de La Cruz y Guatuso, lo que permitió el levantamiento de bloqueos de manera pacífica en dichos cantones.

La vicepresidenta y coordinadora de Franja de Desarrollo Zona Norte se reunió virtualmente con representantes del “Movimiento Pueblo Cruceño” y el alcalde de la Cruz y los ciudadanos hicieron la entrega oficial de un pliego de peticiones y en el cantón de Guatuso, sostuvo una reunión con el movimiento “Pueblo de Guatuso” y la alcaldesa para mostrar la apertura del Ejecutivo al diálogo y recibir una carta con peticiones.

En la Zona Norte, el ministro de Agricultura y Ganadería, sostuvo diálogos con sectores productivos y agrícolas de la zona, con el fin de abrir una mesa de negociación en este territorio. «Nos encontramos en negociaciones con los líderes del movimiento de la Zona Norte que han mantenido bloqueadas las carreteras. En este momento, se encuentran ganaderos de leche de carnes y productores de tubérculos. Estamos avanzando, hemos logrado la apertura de los bloqueos y esperamos el levantamiento para abrir el espacio de diálogo», comentó el jerarca. (ElPáis.cr,7-10-2020)

Como parte de los esfuerzos realizados por el Gobierno para dar fin a los bloqueos, el sábado 10, el presidente de la República junto a los vicepresidentes y los ministros de Agricultura y de Desarrollo Humano, recibió a los dirigentes de las manifestaciones de Guatuso, Upala y La Cruz donde se alcanzó el acuerdo de la apertura total de los bloqueos en Guatuso y en Upala.

El mandatario concordó en la no implementación de más impuestos para los más vulnerables, a no privatizar servicios esenciales, ni a la venta de activos del Estado, con la excepción de las ya anunciadas, así como continuar con la apertura gradual del sector turismo y comercial.

Además, el mandatario se comprometió a convocar el expediente legislativo N° 21.935 “Ley de Rescate, Recuperación y Fortalecimiento de Empresas en Situación de Vulnerabilidad y Estímulo a la Producción” y el proyecto de ley “Moratoria a las Deudas del Sector Agropecuario y Devolución de Bienes ya Adjudicados” expediente N° 21.798.

Por su parte, los dirigentes de Guatuso, Upala y La Cruz, agradecieron la apertura del diálogo y le hicieron saber al Gobierno sus preocupaciones en donde indicaron que los pequeños y medianos productores están sufriendo debido a que la pandemia ha golpeado el empleo y la actividad turística en la zona.

Manifestaron que este cantón posee escasas fuentes de trabajo y que aunque el bono proteger ha sido de gran ayuda para muchos hogares, se debe reactivar la economía a través de la inversión y mediante la creación de una mesa de reactivación económica (ElPaís.cr, 10-10-2020)

En la Región Brunca, el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Producción (CNP), se reunió en Pérez Zeledón con agricultores, empresarios, transportistas, entre otros y logró un acuerdo preliminar para permitir el tránsito progresivo de vehículos.  Según éste, le fue entregado un documento con las peticiones que será trasladado al presidente de la República, y agradeció a los participantes por aceptar el espacio de diálogo.

Por su parte, el director de Gestión Presidencial ha mantenido un acercamiento con los líderes de los movimientos y manifestantes de los cantones de Corredores y de Golfito. El funcionario reportó que se han venido conversando sobre algunas de las inquietudes de las demandas que se tienen al respecto a temas nacionales y también sobre sus intereses territoriales.

Igualmente, la ministra de Economía y encargada del programa de desarrollo para la región Brunca, llegó a la zona para tratar los temas que son parte de la agenda del movimiento con el objetivo de generar una ruta de trabajo y una generación de acuerdos. (El Páis.cr,8-10 -2020).

En el Pacífico Central, en medio de protestas y bloqueos de carreteras, el Gobierno, el sector pesquero, molusquero y comunidades del Pacífico Central iniciaron un proceso de diálogo para solucionar diversos problemas que afectan a la población costera.

Los viceministros de Agricultura, Ambiente y el presidente ejecutivo de INCOPESCA en la ruta de intensificar el diálogo con el sector pesquero, molusquero y con comunidades costeras del Pacífico Central y el Golfo de Nicoya, sostuvieron reuniones con representantes de estos sectores, con el fin de trabajar de manera conjunta las soluciones a los problemas que aquejan a estas actividades.

En el encuentro expusieron de manera detallada los proyectos a impulsar desde las organizaciones costeras para mejorar la calidad de vida de las familias que se dedican a la pesca.  Además, cada jerarca informó de los avances en la atención de las demandas y solicitudes de apoyo a proyectos socio productivos.

También el viceministro de la Presidencia, mantuvo reuniones y espacios de trabajo con pescadores y molusqueras de Puntarenas y posteriormente, sostuvo un diálogo con pescadores de la provincia de Guanacaste y atendió al Movimiento Cívico Dignidad por Puntarenas.

En la reunión con la Cámara de Pescadores de Guanacaste, se permitió avanzar en la ruta de trabajo conjunta para impulsar los proyectos de ley referentes al otorgamiento de las licencias de pesca artesanal y otros temas de interés nacional.

Por su parte, el Movimiento Cívico Dignidad por Puntarenas planteó propuestas de 40 sectores de la parte económica de la provincia para el salvamento de las empresas, apoyo a nuevos emprendimientos mediante una mora regulatoria de dos años, nacionalización de mercancías, política pesquera integral y necesidad de un diálogo nacional para un nuevo pacto social y una reforma integral del Estado costarricense.

La organización reconoció la ayuda del Gobierno con iniciativas del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), como Jale al Puerto y el impulso que ha dado la Primera Dama en temas de turismo, pero destacó que la pandemia del COVID-19 los ha golpeado en temas económicos y de empleo(ElPaís.cr,9-10-2020)

El esfuerzo de acercamiento, diálogo y negociación, entre las organizaciones locales y regionales de las zonas Norte, Brunca, Pacífico Central y Guanacaste y las autoridades gubernamentales, muestra una vez más la pertinencia del diálogo franco y constructivo y la negociación abierta y transparente, pero también la validez de los movimientos sociales y de las demandas regionales, así como la necesidad de voluntad política para resolver los persistentes problemas de las regiones.

La emergencia sanitaria y la crisis económica agudizada por las medidas para contenerla, han sido la causa del descontento y las movilizaciones populares recientes en todas las regiones, pero éstas también son la expresión de las desigualdades regionales y del reclamo de las poblaciones locales por las soluciones largamente postergadas por los Gobiernos.

Un estudio del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, asegura que las medidas sanitarias para combatir la Covid-19 han repercutido críticamente sobre el empleo y la dinámica económica y comercial, ya de por sí frágiles antes de la pandemia, registrándose cifras inusitadas en materia de desempleo y decrecimiento económico.

El estudio “Protesta y COVID-19 en Costa Rica. Informe marzo-julio 2020”, resalta que los efectos de la pandemia no se han distribuido de manera uniforme; por el contrario, los sectores de más bajos ingresos son los que más han sufrido, no sólo en términos de la enfermedad, pues son los que presentan mayor cantidad de contagios, sino sobre todo en relación a la pérdida de ingresos y el empeoramiento de sus condiciones laborales, sociales y económicas.

En este escenario indica, las protestas de los últimos meses han retratado las disputas latentes y no tan latentes entre los diferentes sectores sociales (y en las distintas regiones del país) y los malestares que persisten con la política institucional, personificada en este caso en el gobierno del presidente Carlos Alvarado.

La crisis económica, la desigualdad social y los problemas de legitimidad de la política institucional, se convierten en factores determinantes para entender el rumbo que ha tomado el país durante la pandemia y también el descontento y las movilizaciones sociales de las últimas semanas.

 

Imagen ilustrativa.

Ante las marchas y movilizaciones que se están convocando

Vladimir de la Cruz

¿Hacia dónde debe enfocarse la atención de las personas, de los ciudadanos, de los que están interesados en el mundo político nacional, con todas sus aristas?

Hay en el ambiente político acciones, que como en un remolino, mezclan diversas fuerzas sin saber quién es el principal director de esas acciones, o mostrando diversos actores, algunos de ellos obviamente con un desconocimiento total de cómo es el engranaje político y la estructura política institucional del país.

Que la gente proteste es válido. No solo en un derecho reconocido en el país, sino que la propia institucionalidad oficial lo reconoce y defiende como un derecho de los ciudadanos. El propio Ministro de Seguridad Pública muchas veces, frente a las diversas manifestaciones, y hasta con actos de cierres de calles, ha reconocido este derecho ciudadano, exigiendo nada más que no se bloquee toda la calle, que al menos dejen un carril libre de circulación. Y aun cuando cierran ambas vías o una sola en su totalidad, por horas han permitido la acción ciudadana. Hace algunos años esto no era así. El aparato represivo, expresado policialmente, se hacía sentir rápidamente. Hoy hay márgenes de acciones de calle con “tolerancia” policial.

Marchas, manifestaciones, concentraciones, paros en las calles son hoy bastantes comunes. Diversos sectores las convocan y realizan.

Sin embargo, cuando se convoca a una marcha, a una manifestación, a una protesta organizada, frente a la Casa Presidencial, pareciera que se obnubilan los mismos dirigentes, que en el molote de “dirigentes” que convocan, sin articulación entre ellos, no saben qué hacer, o algunos de ellos salen públicamente a desdecirse de algunas de las consignas de movilización que se agitan, porque jurídicamente saben que no son posibles.

En las luchas sociales, en las huelgas, por ejemplo, hay que tener certeza de qué se quiere pelear, hay que tener certeza de que se puede lograr, hay que tener certeza de qué se puede negociar, para lo cual hay que llevar a la mesa de negociaciones propuestas negociables y no negociables, para poder sacar un resultado positivo. Y, sobre todo, hay que tener certeza de la capacidad organizativa y del apoyo que se va a recibir en la lucha, y de los aliados que se pueden lograr.

Ninguna huelga o protesta de este tipo puede realizarse con objetivos imposibles, porque se pierde. Lo ideal es que de una lucha social salga algo positivo, algo tangible, algo provechoso para los que están en lucha, porque ese resultado es el que va a posibilitar otras luchas se semejantes, y crecientes. Si las luchas, de este tipo se conducen con resultados reiteradamente perdedores, terminan debilitando las organizaciones convocantes de estas luchas, en el caso de este ejemplo, los sindicatos, a situaciones desmovilizadoras hacia el futuro, a la pérdida de confianza y de conciencia de quienes deben estar en esa lucha hacia sus dirigentes y sus organizaciones.

Está convocada una marcha, una movilización, una concentración, de diversos sectores sociales y de trabajadores, y con consignas mezcladas diversas y confusas entre ellas. Veamos dos de esas consignas. Una que llama a destituir al Presidente de la República, pidiéndole que renuncie. Los que enarbolan esa consigna pareciera que son analfabetos políticos totales, que nunca han leído ni siquiera la Constitución Política, ni la conocen, a pesar de que algunos son abogados y otros han sido hasta diputados. Uno de ellos, que fue diputado y es abogado, y también candidato Presidencial del Partido Liberación Nacional en 1998, José Miguel Corrales se corrió de esa consigna, porque sabe que eso no es posible, y que es una tontería estar agitando, y engañando a la gente, en esa dirección.

Si el Presidente, supongamos, renuncia, le sucede constitucionalmente la Primera Vicepresidencia de la República, y si ésta también renunciara, le seguiría, en orden de sucesión, la Segunda Presidencia de la República. Supongamos más. Que renuncian los tres juntos, los vicepresidentes, con gran sacrificio patriótico en solidaridad con su Presidente, renuncian a la vez, entonces, asume el Puesto de Presidente quien ejerce la Presidencia de la Asamblea Legislativa… si no renuncia, Y, si renunciara, en la Asamblea Legislativa hay tantos Presidentes legislativos, hasta 57, si todos son mayores de 30 años, que pudieran asumir ese puesto, si el Presidente Legislativa que nombren renuncia a su puesto y renuncia por ello a asumir la Presidencia de la República. Así de simple.

Si las cosas fueran así de sencillas, la sola renuncia del Presidente, no nos da a los costarricenses, con las dos Vicepresidencias que existen, y con el actual Presidente Legislativo, algo mejor que lo que dirige la Casa Presidencial y el Poder Ejecutivo Nacional.

Sería como tirarse a un precipicio, auto inmolarse o hacerse un harakiri, que es suicidarse rompiéndose todas las entrañas con una espada o un puñal especial.

De estas formas la del Harakiri al menos es la que hacen los guerreros, voluntariamente, sobre todo cuando quebrantaban algún Código de Honor. Pero no hay Código de Honor roto entre los manifestantes que demandan esta consigna de la renuncia. En cualquier caso, le correspondería al propio Presidente si considerara que el Código de Honor de su Mandato, surgido de la representación popular, lo ha violado o traicionado. Pero esto tampoco está en la discusión de la petición de su renuncia.

No se engañen los que agitan esta consigna. No sean tontos o idiotas. No les caben otras calificaciones. ¿Qué realmente prefieren de Presidente de la República?

Esa es una consigna imposible, irreal. Eso es movilizar gente a tontas, como a darle a una piñata o a jugar a la gallinita ciega. Obviamente los que convocan en esta dirección carecen de vista. No tienen claro cuál es el escenario en qué deben moverse. O tienen grandes cataratas en sus ojos, o tienen una degeneración macular aguda por su edad, que no les permite tener una visión central y aguda, por lo que no pueden leer, el escenario político, o no pueden ver detalles finos, de ese mismo escenario.

La otra consigna. La lucha contra la corrupción. Esta es absolutamente válida. La corrupción no está en La Luna ni en Marte. Campea en toda la institucionalidad pública. Aunque no se vea, ni se toque, se respira, hiede por todo lado. Esto es cierto. No se necesita ser brujo ni adivino para señalar la existencia de la corrupción en el país. Pero, la sola lucha contra la corrupción, y la movilización contra ella, no es por sí misma suficiente. La corrupción no es intangible, por eso no se puede movilizar contra la corrupción en general. O se moviliza contra actos de corrupción precisos, denunciables, contra los funcionarios que los han realizado, con nombres y apellidos, pidiendo cosas concretas contra ellos, renuncias de sus cargos, y la acusación penal respectiva, exigiendo las penas más altas posibles para que su castigo sea ejemplarizante. Pero, no se puede luchar contra la corrupción en abstracto, en general. Eso no resuelve nada.

Lo mejor sería que en este caso quienes se manifiestan en esta dirección elaboren un Proyecto de Ley, contra la corrupción, y se movilicen donde debe ser, a la Asamblea Legislativa a presentar el Proyecto de Ley, por iniciativa ciudadana, que ahora se puede, o presentándoselo a algún diputado, o grupo de diputados que lo acojan y presenten como propio. Entonces sí vale la movilización diaria, permanente frente a la Asamblea Legislativa, hasta que le den el trámite para que llegue ese Proyecto de Ley al Plenario legislativo, y con las calles llenas presionar por su aprobación.

La sola movilización contra la corrupción, si no hay una propuesta concreta, es un canto a La Luna. Los que han sido diputados y están en esa marcha y movilización comprometidos lo saben. Si lo que tratan es de ganar alguna imagen más de la que ya tienen, bien ganada o mal ganada, no pasarán de sumar a su récord personal que han movilizado gentes bien intencionadas al desgaste político.

Algunas de las Cámaras empresariales, hace poco tiempo plantearon, ante el Gobierno, como parte de sus luchas y demandas, la necesidad de luchar contra la corrupción, la elusión, la evasión y el contrabando, que a ellos, los empresarios honestos, también los afecta. Los sindicatos, por su parte, han hecho pronunciamientos similares.

Sin embargo, siendo este un punto de Unión Nacional, en el buen sentido, no se han puesto de acuerdo, estos sectores organizados, para presentar una propuesta conjunta. De pronto que puede salir, una propuesta concreta, si se sientan a hablar sobre esto.

El tercer elemento alrededor de esta convocatoria, de marcha, de protesta, es el río revuelto que se quiere realizar, y las aguas subterráneas que se mueven dentro de ese molote social. Es el elemento desestabilizador de quienes, desde hace poco tiempo, han empezado a agitar las banderas de la anarquía institucional, los que convocan contra los Poderes del Estado, contra su imagen, los que denigran a todos los funcionarios públicos políticos, a las Autoridades de Gobierno, de sus cuatro Poderes, y de las Instituciones públicas, son los que hablan en abstracto contra la corrupción del gobierno, la corrupción de los políticos, la corrupción de los partidos políticos, la corrupción de los trabajadores con altos salarios o con altas pensiones, como si fueran estos los que se recetaron sus salarios y sus pensiones, que son originadas por las luchas de los trabajadores y por Leyes de la República.

Quienes así están actuando está deslegitimando todo el sistema democrático, y democrático representativo, que tenemos. Solo están favoreciendo salidas políticas golpistas, antidemocráticas, autoritarias, despóticas, fascistas y hasta tiránicas. Qué nadie se engañe en esto.

En este escenario perdemos todos los costarricenses, de cualquier signo político o ideológico en que se ubiquen, y de cualquier clase social con la que se identifiquen o pertenezcan. Este sería el resultado de este tipo de luchas que conduzcan a hacer surgir, de la espuma que se levante, líderes de ocasión, populistas, que como canto de sirenas, puedan ilusionar a sectores sociales desesperados y desilusionados de su propia situación social, en este momento de crisis social, por los efectos socio laborales de la pandemia, y por los golpes económicos de la misma.

Algunos, de los que están convocando a estas movilizaciones, todavía tienen posibilidades en tiempo real de que constituyan su partido político para las elecciones del 2022, que pareciera son sus aspiraciones principales, y movilicen lo que puedan alrededor suyo, para tal vez volver a la Asamblea Legislativa como diputados.

Algunos de esos líderes que están convocando ya han participado en varios procesos electorales, sin haber logrado la confianza del electorado. Tal vez en medio de esta situación social logren sacar algunos votos de más, por lo menos, para volver a la Asamblea Legislativa, que es cada vez más difícil, por el número de votantes que se necesita para salir electo, cuando no se tiene la fuerza y el reconocimiento social y político del caso, o se tiene una imagen desgastada que ninguna movilización de este tipo les va a mejorar.

Los dirigentes sindicales que se han tirado en esta movilización, ¡cuidado queman lo poco que les queda de sus naves!

Tsunami de no-violencia en Colombia

Hernán Alvarado

 

«Todas las revoluciones son imposibles,

hasta que se tornan inevitables.»[1]

[1] Consigna pintada por estudiantes, después de la última toma del edificio de Ciencias Sociales en la Universidad de Costa Rica.

Hasta ahora la violencia parecía haber ganado en Colombia. El ejército justificó a la guerrilla y viceversa; los paramilitares[1] a otras formas populares de auto defensa; los «vándalos» a la policía, de donde ha surgido el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) para prever motines, aunque también los provoca. Por eso aparecen los encapuchados que defienden a los manifestantes. Todos comparten que el fin justifica los medios y que la violencia se combate con violencia. El narcotráfico suma guardaespaldas y sicarios a ese coctel. Así, la «maldita violencia» parecía haberse enquistado en la cultura, reforzando los comportamientos patriarcales[2]. Sus principales víctimas han sido los más vulnerables: niños, jóvenes, mujeres y ancianos[3]. ¿Un ejemplo emblemático? Dilan Cruz, él luchaba por su educación, haciendo valer su derecho constitucional, cuando un arma del ESMAD le alcanzó en la cabeza. ¿Cómo se llama un policía que asesina a quien debe proteger? El alto mando tendrá que hacer milagros para justificarlo[4]. Un joven soldado se suicidó a raíz de ese conflicto. Por décadas, Colombia ha visto morir y partir a demasiada gente inocente.

Y, a pesar de todo, la gente sigue sonriendo, amando, bailando y conquistando cimas deportivas. La alegría, las bellas canciones, la extraordinaria ironía, tanto como la crítica, son modos cotidianos de resistencia. Uno de los países más felices del mundo es también el más desigual de la OCDE y el segundo de América Latina con media fuerza laboral en la informalidad. Por eso, hoy una inmensa mayoría defiende su derecho a vivir en paz. Solo una minoría prefiere mantener el estatus quo que beneficia al 1% de la población y a sus socios extranjeros, en perfecta sintonía con el autoritarismo neoliberal, propio del «capitalismo salvaje».

El pasado 21 de noviembre, el pueblo respondió masivamente al llamado de las organizaciones sociales en todo el país. Había más de cien razones para protestar y más de mil para defender la vida. La primera es el derecho a indignarse. El senador Gustavo Bolívar contaba 247 líderes sociales asesinados, 77 en lo que va del año. En enero pasado, la ONU urgió al Gobierno sobre la matanza de líderes indígenas. Hace pocas semanas, el ejército bombardeó un campamento guerrillero y mató a 8 niños (los lugareños dicen que podrían ser más). El Ministro de Defensa tuvo que renunciar. Son goterones en un vaso que ya estaba relleno con los 2248 «falsos positivos»[5], tema por el que se indaga judicialmente a Álvaro Uribe. Así que a nadie extraña la denuncia de violaciones de derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad.

En Boyacá, donde el gobernador no permitió la entrada del ESMAD, la multitud protestó en forma pacífica[6]. La prensa independiente jugó un papel crucial en la divulgación. En todas partes la asistencia fue multitudinaria, pese a las provocaciones y amenazas del «uribismo» y los desplantes militares del nuevo Ministro de Defensa. Después, un ruido espontáneo de cacerolas, que se oyó en todas partes, dijo ¡basta! Los colombianos exigen que se cumplan los acuerdos de paz y se oponen a más proyectos confiscatorios. Los jóvenes dicen que les han quitado la salud, la educación, el empleo, el futuro; incluso les han quitado el miedo. Ahí está la clave de esta coyuntura. Por eso se está desplomando el «uribismo», incluso en Medellín.

La reacción del presidente Iván Duque ha agravado las cosas. Claudia López, alcaldesa electa de Bogotá, le dijo cómo aplacar la protesta. Entre otras cosas, que era momento de ser humildes, reconocer errores y hacer concesiones. Pero el presidente no entiende qué es «diálogo social», o se hace el desentendido[7]. Tras la gran marcha, reconoció el derecho a protestar y dijo estar escuchando, pero solo habló de «vándalos» para alabar a sus «héroes»: los policías. En plena desobediencia civil, siete días después se había reunido con los ministros, con los alcaldes, con los empresarios, pero no con el Comité del paro nacional. ¿Esperaba que la gente se cansara? Luego, propuso «conversar» sectorialmente (divide y vencerás), lo que fue rechazado.

El presidente no entiende que debe rendir cuentas a quienes pagan su salario, igual que policías y militares; no solo a su partido político. Ganar una elección no da derecho a usurpar el poder. El «uribismo» se tapa los oídos para insistir en una maniobra desestabilizadora y pirómana de sus oponentes. Al presidente nadie le había pedido la renuncia, sino que asumiera su responsabilidad, pero dijo que quieren arrebatarle «con violencia» lo que no pudieron ganarle en las urnas, como si su victoria hubiera sido brillante. Ahora, procura ignorar que muchos de sus electores se han convertido en manifestantes. Ha reprobado en lectura política, en empatía, en liderazgo, cuando ya rondaba el 70% de desaprobación.

Las protestas no cesan, el pueblo ha multiplicado su unidad y solidaridad, su fuerza pacífica crece con arte en las plazas; su participación plantea el dilema democracia o neofascismo[8]. ¿Quién manda en una democracia: la ciudadanía o el gobierno; los representantes o los representados? ¿Para qué sirve la violencia del Estado: para proteger a los ciudadanos o para aterrorizarlos? En uno de los países más violentos de América Latina, el pueblo ha izado la no-violencia en el asta más alta de la patria. Según Diana Uribe, se celebra la historia, es decir, la evolución incesante de la sociedad y la cultura. Una multitud sin miedo revive la idea de Mahatma Ghandi con yoga y música en la calle. En Colombia, como en otras partes de Latinoamérica, la «hiperpotencia» popular en estado de rebelión está reuniendo la fuerza marítima de quienes digna y creativamente exigen justicia y paz[9]. Si sigue firme obligará a evacuar, cuando menos, a los corruptos del gobierno, el ejército y la policía. Por el bien de todos y el futuro de los que vienen, hay que derrotar pacíficamente a los violentos ¡Basta ya y nunca más!

[1] Se trata de mercenarios que actúan en la ilegalidad donde la represión del Estado aún no alcanza.

[2] Ver: Betancur, JM (2000) Moscas de todos los colores, historia del barrio Guayaquil de Medellín, 1894-1934. Santa Fé de Bogotá, Ministerio de cultura.

[3] Colombia también tiene una alta tasa de femicidios con una impunidad encima del 90%.

[4] Álvaro Uribe, líder del «uribismo», ya intentó justificar el bombardeo de niños y los actos represivos del ESMAD. La senadora Paloma Valencia, también del Centro Democrático, publicó de manera expedita: Dilan era un vándalo.

[5] Así se llama a los muertos presentados por el ejército como guerrilleros para mejorar sus resultados. Esas «ejecuciones extrajudiciales» son una práctica de lesa humanidad conocida por Estados Unidos cuando menos desde 1984.

[6] Daniel Quintero, alcalde de Medellín, también pidió al ESMAD no intervenir, pues no era necesario (#LAVIDAESSAGRADA).

[7] Algo que atizó la indignación fue ver al presidente evadir a un periodista, que le preguntaba sobre los niños bombardeados, diciéndole: «¿De qué me hablas, viejo?»

[8] Neoliberalismo + represión = Neofascismo. ¿El paradigma? Augusto Pinochet.

[9] Dussel, E (2016 ) 10 tesis de política. México: Siglo XXI y CREFAL. Tesis 12, pág. 94.

 

Foto de: http://www.resumenlatinoamericano.org/

Enviado por el autor.

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CUT de Chile se pronuncia ante acuerdo partidario por nueva Constitución

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE CHILE

CUT

DECLARACIÓN PÚBLICA

La Central Unitaria de Trabajadores, frente al anuncio durante la madrugada del día de hoy del “Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución” entre algunos partidos políticos de Oposición y Chile Vamos, señalamos lo siguiente:

1.- Todo aquello a lo que han debido obligarse los partidos hoy, ha sido fruto de la movilización. El anuncio, denominado “histórico”, no refleja más que el deber moral de una institucionalidad política que durante décadas -primero por efecto del Sistema Binominal y luego por la falta de convicción de las mayorías de impulsar sus propios compromisos de campaña- se había negado a enfrentar de manera decidida la necesidad de cambios profundos en nuestro país.

2.- Lamentamos que se intente reivindicar estos avances como un triunfo del pueblo, cuando no ha habido una sola palabra sobre el rol del movimiento social organizado en este avance. Mientras se repudia en toda su magnitud los hechos de violencia y se nos asigna, interesadamente, una responsabilidad en ello a los actores que nos hemos movilizado, se le resta la misma fuerza al respeto a los Derechos Humanos y la condena a la violencia de la que han sido objeto poblaciones enteras. Hacemos un llamado a los parlamentarios a aclarar si se perseguirán o no los responsables de estas violaciones.

3.- A dos semanas, al menos, de haber entregado a los partidos de Oposición el Pliego de los Trabajadores y Trabajadoras de Chile, ningún partido hasta el día de hoy ha dado respuesta a lo señalado ahí́. La ausencia de diálogo con los actores sociales organizados no solo le resta legitimidad al acuerdo alcanzado es, además, una preocupante señal de defensa corporativa de la institucionalidad que los cobija. Nos preguntamos, legítimamente, si este acuerdo se construye con la convicción de superar la desigualdad y los abusos o si es más bien un balón de oxígeno para un Congreso en crisis.

4.- A nuestro juicio, la única manera de contar con las garantías de que este acuerdo se construye desde el genuino convencimiento de avanzar en transformaciones profundas, es sumar al reconocimiento de que debe ser el pueblo quien decida el mecanismo sobre el cual debatir la nueva Constitución Política; una agenda realmente social, donde las prioridades sean: Un Plan de Protección al Empleo, Salario Mínimo de 500 mil pesos líquidos, Pensión Mínima igual al Salario Mínimo propuesto, gratuidad en el transporte a estudiantes y adultos mayores, entre otros. La única manera de construir un proceso constituyente con mínimos de confianza es asumir una Agenda Social potente, que responda a lo que la ciudadanía espera y que nos dé esperanzas a todos que vienen tiempos reales de cambios.

5.- Sabemos que nos jugamos en el Plebiscito el real carácter histórico de este acuerdo y no seremos neutrales ante este desafío, pero hacemos un llamado, tal como está́ planteado para el proceso ratificatorio, a hacer obligatoria la participación en este Plebiscito de Entrada, así como a realizarlo con celeridad. La ciudadanía espera que el Plebiscito sea con urgencia y no puede esperar hasta el mes de abril.

6.- Hacemos un llamado a nuestras estructuras y afiliadas a estar en estado de alerta. Se ha logrado un paso muy significativo al reconocer hoy el camino Constituyente como el camino para construir una nueva Constitución; pero el movimiento sindical representado en la CUT, no está́ disponible para aceptar que ello sea a costa de un acuerdo en el Congreso para legislar una agenda anti derechos, como la que se encuentra hoy en el Parlamento o una Agenda Social mezquina -como la propuesta por el Gobierno- y sin una clara posición de los partidos de condena frente a las muertes, violaciones a hombres y mujeres, violencia contra niños, niñas y adolescentes, perdidas de visión, danos oculares y los miles de detenidos y golpeados en las marchas y poblaciones de nuestro país.

La verdadera paz social se construye con justicia social, pero parte por la condena y el NO a la impunidad frente a los apremios vividos en estos 28 días de movilización.

COMITÉ EJECUTIVO CUT – CHILE

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES – CUT

Compartido con SURCOS por Rodrigo Aguilar Arce

Fotos: http://www.colegiodeprofesores.cl/